Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y del artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico

DECRETO SUPREMO

Nº 036-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobó medidas con el objeto de impulsar la ejecución de Proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la participación del sector privado, mediante la suscripción de Convenios con los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales;

Que, mediante la Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, se modificó la Ley Nº 29230, incluyéndose dentro de sus alcances a las Universidades Públicas, la posibilidad de que las empresas privadas puedan financiar y/o ejecutar Proyectos de inversión en general, la posibilidad de financiar los Certificados de Inversión Pública Regional y Local - CIPRL con Recursos Determinados provenientes de Fondos, así como la inclusión del mantenimiento de los Proyectos en el marco de dicha Ley, entre otros;

Que, mediante la Ley Nº 30138, Ley que dicta medidas complementarias para la ejecución de Proyectos en el marco de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, se modificó la Ley Nº 29230 estableciendo regulación adicional respecto de los Fondos, entre otros;

Que, mediante el artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, a ejecutar Proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, en materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad, incluyendo su mantenimiento, mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 29230;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1238, se modificó la Ley Nº 29230 y el artículo 17 de la Ley Nº 30264, respecto de los Convenios de inversión regional y local, la supervisión del Proyecto, el control posterior, el mantenimiento del Proyecto de inversión pública, el informe previo de la Contraloría General de la República, la responsabilidad por incumplimiento, modificaciones a los Convenios de inversión, la inclusión de las materias de cultura, saneamiento, deporte y ambiente en el marco del artículo 17 de la Ley Nº 30264, así como la inclusión y exclusión de materias;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 409-2015-EF se aprobó el Reglamento del artículo 17 de la Ley Nº 30264, que incorpora a las entidades del Gobierno Nacional en los alcances de la Ley Nº 29230 y de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado;

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1250, se modificó la Ley Nº 29230 y el artículo 17 de la Ley Nº 30264, respecto de los convenios de inversión, la selección de la empresa privada, la supervisión del proyecto, las condiciones para la emisión de CIPRL, la responsabilidad por incumplimiento, solución de controversias, así como la inclusión de las materias electrificación rural, pesca, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones y justicia, en el marco del artículo 17 de la Ley Nº 30264, entre otros.

Que, en cumplimiento de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1250, resulta necesario aprobar el Reglamento de la Ley Nº 29230 y el artículo 17 de la Ley Nº 30264, que establezca las disposiciones que permitan la aplicación adecuada del mecanismo en los distintos niveles de gobierno;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y del artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico

Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y del artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, compuesto por ocho (8) títulos, ciento veintisiete (127) artículos, nueve (9) Disposiciones Complementarias Finales, cuatro (4) Disposiciones Complementarias Transitorias y un (1) Anexo.

Artículo 2.- Vigencia

El presente Decreto Supremo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

DEROGATORIA

Única.- Deróguese el Decreto Supremo Nº 409-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y del artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI

Presidente del Consejo de Ministros

Encargado del Despacho del

Ministerio de Economía y Finanzas

Reglamento de la Ley Nº 29230,

Ley que impulsa la inversión pública regional

y local con participación del sector privado,

y del artículo 17 de la Ley Nº 30264,

Ley que establece medidas para promover

el crecimiento económico

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias para la aplicación del mecanismo de Obras por Impuestos de acuerdo a la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado; y el artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

2.1 El presente Reglamento es de aplicación a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Juntas de Coordinación Interregional, Mancomunidades Regionales, Mancomunidades Municipales y Universidades Públicas en el marco de la Ley Nº 29230.

2.2 Asimismo, es aplicable a las entidades públicas del Gobierno Nacional que ejecuten Proyectos en el marco de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nº 30264.

Artículo 3. Principios

El mecanismo de Obras por Impuestos se desarrolla con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables. Estos principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación del mecanismo de Obras por Impuestos en todas sus fases, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en la aplicación del mecanismo:

a. Libertad de concurrencia. Las entidades públicas promueven el libre acceso y participación de empresas privadas en los procesos de selección que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de empresas privadas y entidades privadas supervisoras.

b. Igualdad de trato. Todas las empresas privadas y entidades privadas supervisoras deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus propuestas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

c. Transparencia. Las entidades públicas proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las fases del mecanismo de Obras por Impuestos sean comprendidas por las empresas privadas garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

d. Competencia. Los procesos de selección incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

e. Eficacia y Eficiencia. El proceso de selección y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad Pública, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

f. Enfoque de gestión por resultados. En la toma de decisiones, las entidades públicas priorizan la finalidad pública que se pretende alcanzar sobre formalismos que resulten innecesarios o que puedan ser subsanados en el proceso, actuando de acuerdo a lo siguiente:

i. Entre dos o más alternativas legalmente viables, se debe optar por aquella que permita la ejecución oportuna del Proyecto.

ii. En todas las fases del Proyecto, las entidades públicas deben dar celeridad a sus actuaciones, evitando acciones que generen retrasos basados en meros formalismos.

iii. En caso de controversias durante la ejecución del Proyecto, cuando se cuenten con pruebas, evaluaciones o elementos de juicio que permitan determinar que es más conveniente en términos de costo beneficio, optar por el trato directo en lugar de acudir al arbitraje, la Entidad Pública debe optar por resolver dichas controversias mediante trato directo.

iv. Las entidades del Estado no pueden solicitar información o documentación que ya se encuentra en su poder o que haya sido puesta en su conocimiento.

v. Otras reglas de simplificación administrativa establecidas en la normatividad vigente.

g. Responsabilidad fiscal. Las entidades públicas deben, en todas las fases, velar por el manejo responsable de las finanzas públicas, sujetarse a los límites de deuda y al cumplimiento de las reglas fiscales.

h. Confianza legítima. La Entidad Pública tiene el deber de cumplir con las disposiciones normativas vigentes, no pudiendo actuar de manera arbitraria conforme lo dispuesto en la Ley Nº 27444. Asimismo, la Entidad Pública no puede variar irrazonable, inmotivada o intempestivamente la aplicación de la normativa vigente o realizar acto material distinto a aquel esperado por la Empresa Privada o Entidad Privada Supervisora respecto del correcto cumplimiento de las disposiciones y procedimientos relacionados al mecanismo de Obras por Impuestos.

Artículo 4. Desconcentración y delegación de facultades

4.1 El Titular de la Entidad Pública es responsable de aprobar, autorizar y supervisar los procedimientos aplicables al mecanismo de Obras por Impuestos.

4.2 El Titular de la Entidad Pública del Gobierno Nacional, puede delegar mediante resolución las atribuciones que le otorgan en otros jerárquicamente dependientes de él o en la máxima autoridad administrativa de los órganos adscritos o descentralizados, Proyectos especiales, programas u otros organismos dependientes del sector, con excepción de la aprobación de la lista de Proyectos priorizados, la autorización de contratación directa y la nulidad de oficio.

4.3 En el caso del Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidades Públicas, el Titular de la Entidad Pública, mediante resolución, puede desconcentrar en otros jerárquicamente dependientes de él, las facultades que la presente norma le otorga, excepto la resolución del recurso de apelación, la declaratoria de nulidad de oficio, la autorización de contratación directa, la suscripción del Convenio con la Empresa Privada y sus adendas, así como la aprobación de los mayores trabajos de obra.

Artículo 5. Funciones de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada

5.1 La DGPPIP es competente, en el marco de Obras por Impuestos, para canalizar las consultas o interpretaciones de carácter general referidas al mecanismo de Obras por Impuestos en coordinación con las Direcciones Generales competentes del MEF.

5.2 Asimismo, realiza el seguimiento de los Proyectos para lo cual puede solicitar información a las entidades públicas que utilicen este mecanismo, las mismas que deberán remitir la información solicitada por ésta en un plazo máximo de quince (15) Días a partir de la recepción de dicha solicitud, bajo apercibimiento de informar a la Contraloría General de la República.

Artículo 6. Asistencia técnica de ProInversión

6.1 Las entidades públicas pueden solicitar asistencia técnica a ProInversión bajo la modalidad de asesoría o encargo, previo Acuerdo del Consejo Regional, Concejo Municipal, Consejo Universitario o resolución del Titular de la Entidad Pública del Gobierno Nacional.

6.2 El convenio de asistencia técnica lo suscribe el Director Ejecutivo de ProInversión y el Titular de la Entidad Pública. En caso de encargo, se requiere previamente el acuerdo del Consejo Directivo de ProInversión.

6.3 En el marco de la asistencia técnica bajo la modalidad de asesoría, ProInversión puede absolver preguntas para la aclaración y explicación del desarrollo de las distintas fases del mecanismo Obras por Impuestos.

6.4 En el marco de la asistencia técnica bajo la modalidad de encargo, ProInversión realiza el proceso de selección de la Empresa Privada y/o Entidad Privada Supervisora.

Artículo 7. Fases del mecanismo

El mecanismo de Obras por Impuestos se sujeta las siguientes fases:

a. Fase de priorización, que tiene como objetivo la elección de Proyectos que se llevarán a cabo mediante el mecanismo de Obras por Impuestos,

b. Fase de actos previos, que tiene como objetivo realizar todo acto que permita llevar a cabo el proceso de selección en la siguiente fase,

c. Fase de proceso de selección, que tiene como objetivo la selección de la Empresa Privada, así como también la Entidad Privada Supervisora,

d. Fase de ejecución, que tiene como objetivo la ejecución del Convenio de la Empresa Privada, Contrato de la Entidad Privada Supervisora, y la emisión de los CIPRL y CIPGN.

Artículo 8. Relación entre la Entidad Pública y la Empresa Privada

La relación entre la Empresa Privada y la Entidad Pública, generada en aplicación de la Ley Nº 29230, Ley Nº 30264 y este Reglamento, califica como un contrato de construcción cuando el Proyecto sea mayoritariamente de infraestructura, de corresponder.

Artículo 9. Transferencia del Proyecto

La Entidad Pública del Gobierno Nacional que ejecuta proyectos de competencia de un Gobierno Regional, Gobierno Local o Universidad Pública, ejecutados mediante el mecanismo de obras por impuestos, deben transferirlos a las entidades que delegaron sus competencias. Estas procederán a determinar el mecanismo o entidad que se hará cargo de la operación y su mantenimiento del proyecto y/o servicio, conforme a las normas vigentes.

TÍTULO II

DE LA FASE DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

CAPÍTULO I

DE LA LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS

Artículo 10. Elaboración y aprobación de la lista de Proyectos priorizados

10.1 Corresponde a la Entidad Pública aprobar la lista de Proyectos priorizados, los cuales deben estar en armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaración de viabilidad en el marco de Invierte.pe. Tratándose de las entidades públicas del Gobierno Nacional, podrán adicionalmente incluir investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

10.2 Para la aplicación del numeral precedente, deberá considerarse lo siguiente:

a. La lista de Proyectos priorizados a ejecutarse en el marco de la Ley Nº 29230 debe ser aprobada por el Consejo Regional, Concejo Municipal o Consejo Universitario. Esta facultad es indelegable.

b. La lista de Proyectos priorizados a ejecutarse en el marco de la Ley Nº 30264 debe ser aprobada por resolución del Titular de la Entidad Pública del Gobierno Nacional. Esta facultad es indelegable.

10.3 El sector privado puede solicitar a la Entidad Pública la priorización de Proyectos que se encuentren viables en el marco de Invierte.pe.

Artículo 11. Priorización de Proyectos que incluyen mantenimiento y/u operación

Es un requisito para el desarrollo del mantenimiento y/u operación, para proyectos de saneamiento, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos que éstos se encuentren incluidos en la lista de Proyectos priorizados.

Artículo 12. Publicación de la lista de Proyectos priorizados

12.1 La lista de Proyectos priorizados es remitida a ProInversión de modo que la publique en su portal institucional dentro de los tres (3) Días de recibida. Las entidades públicas deben actualizar dichas listas periódicamente y como mínimo una vez al año.

12.2 ProInversión actualiza la lista de Proyectos priorizados publicada en su portal institucional, retirando aquellos Proyectos que cuenten con un Convenio suscrito. ProInversión requiere a las Entidades Públicas la debida actualización de la lista de Proyectos priorizados.

12.3 ProInversión no publica los Proyectos de las entidades públicas del Gobierno Nacional que no cuenten con opinión de Capacidad Presupuestal. Asimismo, ProInversión no publica aquellos Proyectos del Gobierno Regional, Gobierno Local y Universidad Pública que tengan un monto de inversión mayor al límite establecido de acuerdo al artículo 97.

Artículo 13. De la priorización de los componentes del Proyecto

La Entidad Pública puede priorizar Proyectos que se encuentren parcialmente ejecutados y cuyos componentes hayan sido liquidados, siempre que la ejecución del saldo de los componentes de infraestructura y/o equipamiento tenga por finalidad la culminación del Proyecto. Para lo cual, selecciona a una Empresa Privada para el financiamiento y ejecución de dichos componentes.

Artículo 14. Capacidad Presupuestal para entidades públicas de Gobierno Nacional

14.1 Tratándose de Proyectos a ejecutarse en el marco de la Ley Nº 30264, de manera previa a la emisión de la resolución que aprueba la lista de Proyectos priorizados, la oficina de presupuesto de la Entidad Pública, o la que haga sus veces, solicita a la DGPP la opinión favorable respecto a la Capacidad Presupuestal con la que se cuenta para el financiamiento de los Proyectos, y su operación y/o mantenimiento de ser el caso. Dicha opinión debe sustentarse con información de la programación de gastos corrientes y de inversión de la Entidad Pública, por un periodo mínimo de cinco (5) años, que acredite su Capacidad Presupuestal en los años fiscales correspondientes. La opinión se emite dentro de los diez (10) Días de requerida.

14.2 Dentro de los cinco (5) Días de recibida la opinión favorable sobre la Capacidad Presupuestal, la oficina de presupuesto de la Entidad Pública comunicará al Titular a fin que emita la resolución que aprueba la lista de Proyectos priorizados.

14.3 La Entidad Pública puede modificar la lista de Proyectos priorizados, previa opinión de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces. En caso, dicha modificación supere la Capacidad Presupuestal autorizada previamente por la DGPP, debe solicitar nuevamente opinión de Capacidad Presupuestal.

14.4 Para el caso de Proyectos financiados con recursos provenientes de Fondos, el análisis de la Capacidad Presupuestal se realiza sobre los saldos disponibles no asignados. Para ello, la DGETP remite la información necesaria a la DGPP, sobre la base de la información proporcionada por la secretaría técnica o consejo directivo del Fondo, en un plazo máximo de cuatro (4) Días, contados a partir de recibir dicha información.

CAPÍTULO II

DE LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS

POR EL SECTOR PRIVADO

Artículo 15. Propuestas del sector privado

15.1 El sector privado propone a las entidades públicas Proyectos para su desarrollo mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Estas propuestas tienen el carácter de petición de gracia a que se refiere el artículo 112 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En consecuencia, el derecho del proponente se agota con la presentación de la propuesta ante la Entidad Pública, sin posibilidad de cuestionamiento o impugnación del pronunciamiento en sede administrativa o judicial. Las propuestas privadas mantienen su carácter de petición de gracia hasta la Convocatoria.

15.2 El sector privado envía al Titular de la Entidad Pública, una carta de intención para desarrollar un Proyecto, la cual contiene la identificación del proponente y la descripción de la propuesta incluyendo lo siguiente:

a. Nombre y tipología del Proyecto que pretende desarrollar de competencia de la Entidad Pública;

b. Idea preliminar o hipótesis del problema o situación negativa que afecta a la población;

c. Objetivo y características;

d. Beneficios del Proyecto y sustento de su importancia y consistencia con los planes de la Entidad Pública;

e. Monto de inversión estimado;

f. Plazo y cronograma estimado de ejecución del Proyecto; y,

g. Tiempo y costo estimado de la elaboración de la ficha técnica o de los estudios de preinversión del Proyecto;

h. Declaración Jurada de los poderes con los que cuenta el representante legal.

15.3 La Entidad Pública evalúa la propuesta contenida en la carta de intención y, dentro del plazo de veinte (20) Días de recibida la propuesta, a través de su Titular comunica por escrito a la Empresa Privada si la misma es relevante para la Entidad Pública por cumplir con las políticas y planes del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local o Universidad Pública, según corresponda. La Entidad Pública puede requerir a la Empresa Privada información adicional, convocar a exposición o realizar consultas sobre la propuesta, la cual debe entregar dicha información o absolver las consultas dentro del plazo de diez (10) Días, sujetando la reanudación del cómputo del plazo que tiene la Entidad Pública al cumplimiento de los requerimientos.

15.4 Sólo una vez recibida dicha comunicación, la Empresa Privada desarrolla la ficha técnica o el estudio de preinversión de conformidad con la normatividad de Invierte.pe. Concluido dicho estudio, la Empresa Privada presenta a la Entidad Pública la información siguiente:

a. Propuesta de ficha técnica o estudio de preinversión elaborado conforme a las normas técnicas, metodologías y parámetros de Invierte.pe.

b. Contratos de servicios y/o comprobantes de pago que sustenten los costos de elaboración de la ficha técnica o del estudio de preinversión que se presente.

15.5 Para la aplicación de lo dispuesto en el presente Capítulo, no resulta de aplicación lo establecido en el literal g) del artículo 11 de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 16. Rechazo de propuestas del sector privado

Las propuestas de Proyectos son rechazadas cuando coinciden, total o parcialmente, con: i) Proyectos en formulación o viables; ii) Proyectos priorizados conforme a la Ley Nº 29230 y al presente Reglamento; o, iii) Proyectos que ya se encuentren en ejecución por cualquier modalidad permitida por el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 17. Viabilidad de Proyectos propuestos por el sector privado

17.1 Presentada la propuesta de ficha técnica o de estudio de preinversión, la Entidad Pública procede a su registro en el Banco de Inversiones y evaluación conforme a la normatividad de Invierte.pe. El registro del Proyecto se realiza en un plazo de cinco (5) Días de presentada la propuesta, indicando que será ejecutado en el marco del presente Reglamento. Asimismo, el registro no implica la aceptación de la prioridad y pertinencia técnica del Proyecto, ni tampoco el reconocimiento del costo de la ficha técnica o del estudio de preinversión.

17.2 La Entidad Pública, con opinión técnica del órgano competente, puede proponer modificaciones y/o ampliaciones en el contenido y diseño de la propuesta. La opinión técnica debe ser emitida dentro de los quince (15) Días de solicitada.

La Empresa Privada proponente cuenta con diez (10) Días para expresar su conformidad o disconformidad a las modificaciones y/o ampliaciones señaladas por la Entidad Pública. Una vez aceptadas las modificaciones por la Empresa Privada, la Entidad Pública le otorga un plazo prudencial, de acuerdo al caso, para incorporarlas al Proyecto. En caso de disconformidad, la propuesta es rechazada por el Titular de la Entidad Pública.

17.3 Una vez aprobada la ficha técnica o el estudio de preinversión y en caso requiera de un mayor nivel de estudio al presentado para declarar la viabilidad, la Empresa Privada debe presentar una propuesta de dicho estudio a solicitud de la Entidad Pública. Dicha solicitud no condiciona el resultado de la evaluación correspondiente.

17.4 Durante la evaluación de las distintas etapas del Proyecto, el proponente no puede realizar unilateralmente modificaciones o ampliaciones a la propuesta presentada.

17.5 Si el Proyecto es declarado viable, se incluirá en la lista de Proyectos priorizados, de acuerdo al artículo 10, en un plazo máximo de veinte (20) Días.

17.6 Las entidades públicas por un plazo de un (1) año, no podrán declarar viable Proyectos cuya priorización haya sido propuesta por el sector privado y que hayan sido rechazados.

Artículo 18. Determinación de los costos de la ficha técnica o del estudio de preinversión

Corresponde al Comité Especial evaluar y determinar el gasto a ser reembolsado por la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión hasta por un monto que no debe exceder del cinco por ciento (5%) del Monto de Inversión del Proyecto, previamente acreditado por la Empresa Privada. En caso el Comité Especial no se llegase a conformar, dicha función le corresponde a la UF o la que haga sus veces en la Entidad Pública.

Artículo 19. Reembolso de gastos por la ficha técnica o los estudios de preinversión

19.1 Las entidades públicas reconocen a la Empresa Privada adjudicataria el gasto por la ficha técnica o estudios de preinversión a través de los CIPRL o CIPGN.

19.2 En caso la empresa adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversión constituye un requisito que debe cumplir el adjudicatario a más tardar en la fecha de suscripción del Convenio.

19.3 El reembolso no resulta procedente en los casos en que el Proyecto sea rechazado o que la Empresa Privada que propuso el Proyecto no se presente al proceso de selección correspondiente o se presente con una propuesta inválida.

19.4 Si la Entidad Pública utiliza la ficha técnica o los estudios de preinversión presentados para la ejecución del Proyecto declarado viable, bajo una modalidad distinta a lo dispuesto en el mecanismo de Obras por Impuestos, debe reconocer y pagar los costos de la elaboración de la ficha técnica o de los estudios de preinversión a la Empresa Privada, con cargo a su presupuesto institucional, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública. En este caso, el reembolso se realiza una vez suscrito el contrato o previamente al inicio de su ejecución por administración directa. En caso de incumplimiento, la Empresa Privada podrá comunicarlo al órgano de control institucional de la Entidad Pública.

En este caso, la Entidad Pública reconoce el gasto acreditado por la Empresa Privada en la elaboración de la ficha técnica o del estudio de preinversión con cargo a su presupuesto institucional.

TÍTULO III

DE LA FASE DE ACTOS PREVIOS

CAPÍTULO I

DEL COMITÉ ESPECIAL

Artículo 20. Designación del Comité Especial

20.1 El proceso de selección de la Empresa Privada se realizará por un Comité Especial designado para tal efecto. El Comité Especial está integrado por tres (3) miembros, de los cuales dos (2) deben contar con conocimiento técnico en el objeto del proceso de selección. Cuando la Entidad Pública no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto del proceso de selección, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras entidades a fin de que integren el Comité Especial.

Los integrantes del comité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado, salvo conflicto de intereses. Para estos efectos, la renuncia se presenta por escrito detallando las razones que sustentan el conflicto de intereses. Incurre en responsabilidad aquel que alega un conflicto de intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones.

20.2 El Titular de la Entidad Pública designa a los integrantes titulares y suplentes del Comité Especial, mediante resolución, en un plazo de cuatro (4) Días a partir de:

i. La presentación de una carta simple de una Empresa Privada interesada en ejecutar un Proyecto de la lista priorizada,

ii. La aprobación de la lista de Proyectos priorizados en caso de Proyectos propuestos por el sector privado de acuerdo al Capítulo II del Título II, para lo cual no se requiere la presentación de la carta simple al que se refiere del literal anterior.

20.3 En caso de no ocurrencia de los supuestos indicados en el numeral anterior, el Titular de la Entidad Pública mediante resolución puede decidir llevar a cabo el proceso de selección y designar a los integrantes titulares y suplentes del Comité Especial.

20.4 En caso que las entidades públicas encarguen el proceso de selección a ProInversión, el Comité Especial estará conformado por tres (3) representantes de dicho organismo público, los mismos que serán designados por su Director Ejecutivo en un plazo máximo de cuatro (4) Días después de la suscripción del Convenio de Encargo.

Artículo 21. Suplencia y remoción del Comité Especial

Los integrantes suplentes del Comité Especial solo actúan ante la ausencia de su respectivo titular. Los integrantes del Comité Especial solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio o situación justificada, mediante documento debidamente motivado. En el mismo documento puede designarse al nuevo integrante.

Artículo 22. Funciones del Comité Especial

22.1 El Comité Especial es competente, entre otras funciones, para:

i. Determinar el costo de la ficha técnica o del Estudio de Preinversión a ser reembolsado.

ii. En el caso de la entidades públicas del Gobierno Nacional, solicitar a la Oficina de Presupuesto de la Entidad Pública, o la que haga sus veces, que efectúe la Certificación Presupuestaria de la Entidad Pública para el financiamiento del (los) Proyecto(s) de conformidad a la Ley Nº 30264.

iii. Elaborar las Bases del proceso de selección

iv. Consolidar la documentación necesaria para que el Titular de la Entidad Pública presente la solicitud de Informe Previo a la Contraloría General de la República, cuando corresponda.

v. Someter las Bases a la aprobación del Titular de la Entidad Pública o a la aprobación del Director Ejecutivo de ProInversión, de corresponder.

vi. Convocar y llevar a cabo el proceso de selección de la Empresa Privada.

vii. Absolver consultas y observaciones e integrar las Bases.

viii. Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio, modificando el calendario inicial.

ix. Evaluar las propuestas y otorgar la Buena Pro.

x. Consolidar la información necesaria para el perfeccionamiento del convenio.

22.2 El Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio de enfoque de gestión por resultados para el desarrollo del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio, o hasta la cancelación del proceso.

22.3 En el desempeño de sus funciones el Comité Especial puede solicitar apoyo a los órganos o dependencias competentes de la Entidad Pública, los que están obligados a brindárselo, bajo responsabilidad.

22.4 En caso de existir discrepancia de naturaleza procedimental respecto del proceso de selección, entre la opinión de los distintos órganos de la Entidad Pública y el Comité Especial, prevalece la decisión del Comité Especial.

Artículo 23. Impedimentos para integrar un Comité Especial

Se encuentran impedidos de integrar un Comité Especial:

a. El Titular de la Entidad Pública o Autoridad a quien se le delegue las competencias de acuerdo con el artículo 4.

b. Todos los servidores públicos que tengan atribuciones de control o fiscalización tales como regidores, consejeros, auditores y otros de naturaleza similar.

Artículo 24. Quórum, acuerdo y responsabilidad

24.1 El Comité Especial actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad Pública. Todos los miembros del Comité Especial gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de aquellos que hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante.

24.2 Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité Especial se sujeta a las siguientes reglas:

a. El quórum para el funcionamiento del Comité Especial se da con la presencia del número total de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los Titulares, se procede a su reemplazo con el respectivo suplente.

b. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por parte de ninguno de los integrantes.

24.3 Los acuerdos que adopten el Comité Especial y los votos discrepantes, con su respectiva fundamentación, constan en actas que deben ser suscritas por estos.

24.4 Las decisiones del Comité Especial se formalizan mediante circulares y se notifican a cada participante, postor o adjudicatario conforme lo establezcan las bases.

CAPÍTULO II

DE LAS BASES

Artículo 25. Elaboración de las bases

El Comité Especial elabora las Bases de los procesos de selección de la Empresa Privada utilizando obligatoriamente los documentos estandarizados que apruebe la DGPPIP del MEF, en un plazo máximo de diez (10) Días contados a partir de su designación. En caso de agrupamiento de Proyectos en el proceso de selección, dicho plazo será de quince (15) Días.

Artículo 26. Contenido de las bases

26.1 Las Bases del proceso de selección deben contener, como mínimo, lo siguiente:

- Base legal del proceso;

- Calendario del proceso de selección;

- Términos de referencia;

- Requerimientos técnicos;

- Periodicidad de las valorizaciones;

- Ficha técnica o estudio de preinversión que sustenta la declaratoria de viabilidad y/o el Estudio Definitivo, de corresponder, del Proyecto a ejecutar;

- Procedimiento del recurso de apelación;

- Documento que sustente la disponibilidad del terreno para el desarrollo de la infraestructura, cuando corresponda;

- Garantías que debe presentar la Empresa Privada;

- Formato para que la Empresa Privada indique expresamente cuál será la empresa que contratará para la ejecución del Proyecto, así como la empresa ejecutora de la operación y/o mantenimiento, de corresponder;

- Sistema de evaluación y de calificación de propuestas;

- Factor de competencia del proceso de selección de la Empresa Privada;

- Plazo del Convenio y cronograma referencial de ejecución del Proyecto o Proyectos y de la operación y/o mantenimiento, cuando corresponda;

- Modelo del Convenio.

26.2 Cuando el Proyecto involucre la participación de una o más empresas ejecutoras para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio, distintas de la Empresa Privada, será suficiente que dichas empresas se encuentren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, según los registros que correspondan.

26.3 El Monto Total de Inversión Referencial para realizar la convocatoria está compuesto por el Monto de Inversión del Proyecto, incluyendo los costos de supervisión cuando corresponda, determinado en la ficha técnica o el estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad del Proyecto, o en el último nivel de estudio actualizado, así como por el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversión en caso el Proyecto haya sido propuesto por el sector privado, el cual se debe determinar conforme a lo previsto en el artículo 18. En caso la Entidad Pública cuente con el Estudio Definitivo según corresponda, se deberá contemplar el monto de inversión señalado en estos, sin considerar el costo de elaboración de tales documentos.

26.4 El Monto Total de Inversión Referencial, el costo de operación y/o el costo de mantenimiento de ser el caso, serán recogidos en la convocatoria y en las Bases del proceso de selección y deberán reflejar los requerimientos técnicos solicitados para el Proyecto.

26.5 Si el Proyecto cuenta con un nuevo monto de inversión registrado en el Banco de Inversiones de Invierte.pe en fecha posterior a su declaratoria de viabilidad y priorización, dicho monto es recogido en el Monto Total de Inversión Referencial en la convocatoria y en las Bases del proceso de selección, requiriendo únicamente la autorización del Titular de la Entidad Pública, para todos los casos.

26.6 El Monto Total de Inversión Referencial, así como los costos de operación y/o mantenimiento, de corresponder, señalados en los párrafos precedentes se expresan a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

26.7 En el caso de Proyectos priorizados a propuesta del sector privado, si la Empresa Privada que propuso la priorización del Proyecto no presenta propuesta válida en el proceso de selección, el monto de la ficha técnica o de los estudios de preinversión no será considerado en el Monto Total de Inversión para la adjudicación de la Buena Pro. En dicho caso el Convenio es suscrito, únicamente, por el Monto de Inversión del Proyecto determinado en la ficha técnica o en el estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad o Estudio Definitivo, incluyendo los costos de supervisión, mantenimiento y/u operación, de corresponder.

Artículo 27. Actualización del monto de supervisión

Antes de proceder a la convocatoria del proceso de selección, la Entidad Pública puede actualizar los costos estimados para la contratación de la Entidad Privada Supervisora, conforme a los procedimientos establecidos por la Entidad Pública.

Artículo 28. Reconocimiento de la inversión

Mediante el mecanismo de Obras por Impuestos la Entidad Pública reconoce a la Empresa Privada el Monto Total de Inversión determinado en el Estudio Definitivo o sus modificatorias que apruebe la Entidad Pública.

Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Pública mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabajos de obra conforme al artículo 72. La Entidad Pública, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un menor trabajo de obra o disminución del Monto Total de Inversión.

Artículo 29. Fórmulas de reajuste

La elaboración y aplicación de fórmulas polinómicas serán determinadas en el Estudio Definitivo que apruebe la Entidad Pública o el aprobado por las adecuaciones al Estudio Definitivo a partir del Plan de Trabajo. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Artículo 30. Certificación Presupuestaria y/o Compromiso de Priorización de Recursos para entidades públicas del Gobierno Nacional

30.1 Para entidades públicas del Gobierno Nacional, la Certificación Presupuestaria es emitida para los Proyectos que se ejecuten en el año fiscal en curso. Para tales efectos, la oficina de presupuesto de la Entidad Pública, o la que haga sus veces, debe sustentar la existencia del crédito presupuestario suficiente para el financiamiento de los CIPGN con cargo a su presupuesto institucional aprobado para el año fiscal en curso.

La carta de Compromiso de Priorización de Recursos emitida por el Titular de la Entidad Pública para Proyectos que se ejecuten parcial o totalmente en años fiscales siguientes, debe contener el compromiso de la Entidad Pública de priorizar, bajo responsabilidad, en la fase de programación presupuestaria los recursos necesarios para financiar el pago de los CIPGN en los años fiscales inmediatos siguientes y por todo el periodo de ejecución del Proyecto, así como de su mantenimiento y/u operación de ser el caso, para lo cual debe tener en cuenta el tope máximo a que se refiere la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1250. La carta de compromiso de priorización de recursos debe ser remitida para conocimiento de la DGPP por la oficina de presupuesto de la Entidad Pública, o la que haga sus veces, la cual es considerada como parte de los documentos para la sustentación de la formulación presupuestaria y en el plazo que establezca dicha Dirección General para la mencionada etapa del proceso presupuestario.

30.2 Es requisito previo para convocar el proceso de selección, bajo sanción de nulidad, contar con la Certificación Presupuestaria y/o compromiso de priorización de recursos. Para tal efecto, el Comité Especial, dentro de los cinco (5) Días de designado, solicitará a la oficina de presupuesto de la Entidad Pública dicha certificación y/o compromiso de priorización de recursos, indicando los datos del Proyecto.

30.3 El responsable de la oficina de presupuesto de la Entidad Pública o el que haga sus veces, dentro del plazo de cinco (5) Días, debe otorgar la Certificación Presupuestaria y/o compromiso de priorización de recursos, suscrito por el Titular de la Entidad Pública, a fin que el Comité Especial continúe con los procedimientos para la realización del proceso de selección.

30.4 En caso de incrementos en el monto de inversión durante la fase de ejecución del Proyecto, la Entidad Pública debe contar con la Certificación Presupuestaria y/o compromiso de priorización de recursos conforme al mismo procedimiento indicado en los párrafos anteriores, previo a la suscripción de la adenda al Convenio. De no contar con la Certificación Presupuestaria y/o compromiso de priorización de recursos, la Empresa Privada podrá continuar con la ejecución del Proyecto original sin considerar el incremento o solicitar la resolución del Convenio. En ambos casos, se emite el CIPGN a favor de la Empresa Privada únicamente por el monto de inversión efectivamente ejecutado conforme al Convenio y adendas suscritas, siempre que haya contado con la Certificación Presupuestaria y/o compromiso de priorización correspondiente.

Artículo 31. Informe Previo de la Contraloría General de la República

31.1 Previamente a la aprobación de las Bases del proceso de selección de la Empresa Privada por el Titular de la Entidad Pública o Director Ejecutivo de ProInversión, según corresponda, debe solicitarse la emisión del Informe Previo al que alude el literal l) del artículo 22 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Para tal efecto, el Comité Especial debe consolidar toda la información requerida para que el Titular presente la solicitud de Informe Previo dentro de cinco (5) Días contados a partir de que el Comité Especial culmine con la elaboración de las Bases.

31.2 En caso de encargo del proceso de selección de la Empresa Privada, la Entidad Pública entregará a ProInversión los documentos exigidos por la Contraloría General de la República para el informe previo, dentro de los cinco (5) Días de requerida. Recibida la información completa, dentro de los tres (3) Días posteriores, el Director Ejecutivo de ProInversión solicitará el Informe Previo a la Contraloría General de la República.

Artículo 32. Aprobación de las bases

Dentro de los cinco (5) Días de recibido el Informe Previo, el Comité Especial somete las respectivas bases a la aprobación del Titular de la Entidad Pública, o el Director Ejecutivo de ProInversión, en caso se le haya encargo el proceso de selección.

TÍTULO IV

DE LA FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 33. Etapas del proceso de selección

El proceso de selección de la Empresa Privada y de la Entidad Privada Supervisora contempla las etapas siguientes:

i. Convocatoria,

ii. Presentación de expresión de interés,

iii. Formulación de consultas y observaciones,

iv. Absolución de consultas y observaciones,

v. Integración de bases,

vi. Presentación de propuestas,

vii. Calificación y evaluación de propuestas,

viii. Otorgamiento de la buena pro.

Artículo 34. Cómputo de plazos

Los plazos en el proceso de selección desde su convocatoria hasta el perfeccionamiento del Convenio, se computan en Días hábiles. El plazo excluye el día inicial e incluye el día de vencimiento.

En caso de que más de un postor presente su expresión de interés, debe mediar un plazo mínimo de veintidós (22) días entre la convocatoria y la presentación de propuestas.

Artículo 35. Prórrogas, postergaciones y suspensiones

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que será notificada a todos los participantes y/o postores en el domicilio o correo electrónico señalado. Las circulares emitidas por el Comité Especial integran el proceso de selección, siendo vinculantes para todos los participantes o postores, y serán publicadas en el portal institucional de la Entidad Pública y de ProInversión.

Artículo 36. Requisitos e impedimentos

36.1 Podrán participar en los procesos de selección para el financiamiento y/o ejecución de los Proyectos a que se refiere la Ley Nº 29230 y la Ley Nº 30264, las personas jurídicas nacionales o extranjeras, incluidas aquéllas que hayan suscrito contratos o Convenios de estabilidad, que cumplan con los requisitos legales, técnicos y económicos que se establezcan en las Bases del proceso de selección correspondiente.

36.2 Están impedidas de participar en el proceso de selección todas aquellas personas jurídicas que se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

36.3 En caso que la Empresa Privada o uno de los integrantes de un Consorcio, y la Empresa Ejecutora se encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista conforme lo señalado en el párrafo precedente, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio, se considerará inválido y no surte efectos.

Artículo 37. Participación en Consorcio

37.1 Podrán participar empresas privadas en Consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente o llevar una contabilidad independiente. Para tal efecto, será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio, la que se perfeccionará mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripción del Convenio.

37.2 La promesa de Consorcio debe contener, como mínimo, la información que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su representante común y el porcentaje de participación de cada integrante. Este porcentaje debe estar acorde con la participación del consorciado en el Proyecto que financiará y/o ejecutará. El Convenio debe incluir una cláusula donde se especifique el porcentaje de participación de cada empresa consorciada.

37.3 Los integrantes del Consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad Pública, por las consecuencias derivadas de su participación, durante la ejecución del convenio de inversión.

Artículo 38. Costos del proceso de selección

Los costos del proceso de selección se financian con cargo al presupuesto institucional de la Entidad Pública.

Artículo 39. Intervención de notario público o juez de paz

39.1 Es obligatoria la participación del Notario Público o Juez de Paz para la presentación de propuestas y adjudicación de la buena pro, de corresponder, en los casos que se presente más de una expresión de interés; y para el otorgamiento de la buena pro para los casos en los que se haya presentado más de un postor.

39.2 En los casos en los que exista una sola expresión de interés y/o un solo postor, la presentación y evaluación de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza sin necesidad de contar con la participación de notario público o juez de paz.

39.3 La entidad puede convocar a un representante del Sistema Nacional de Control en calidad de veedor.

Artículo 40. Del Registro en el SEACE

En aplicación del principio de transparencia, luego de suscrito el Convenio, debe registrarse en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) la convocatoria, las Bases con todos sus anexos, la absolución de consultas y observaciones, las Bases integradas, la evaluación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro, así como el Convenio y/o Contrato de Supervisión tanto del proceso de la Empresa Privada como de la Entidad Privada Supervisora. Para tal efecto, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) deberá habilitar en el SEACE los registros correspondientes.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

DE LA EMPRESA PRIVADA

Artículo 41. Convocatoria y publicación

41.1 Dentro de los tres (3) Días de aprobadas las Bases, el Comité Especial procede a realizar la convocatoria del proceso de selección de la Empresa Privada.

41.2 La convocatoria se realiza a través de su publicación en un diario de circulación nacional, por única vez, y debe contener como mínimo la siguiente información:

- Descripción del objeto del Convenio que refleje su finalidad;

- Código de Invierte.pe y/o Código Unificado del Proyecto;

- Monto total de inversión referencial;

- Costo del mantenimiento y/o de operación de corresponder;

- Calendario del proceso de selección;

- Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y los otros documentos del proceso de selección.

En caso de Proyectos, cuyo monto de inversión referencial no superen las ciento veinte (120) UIT, será suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad pública y de Proinversión.

Artículo 42. Publicidad de las bases

Las bases y toda documentación relevante para el proceso de selección se publican en el portal institucional de la Entidad Pública a cargo del proceso de selección y en el portal institucional de ProInversión, el mismo día de la publicación de la convocatoria.

Artículo 43. Presentación de expresiones de interés

Una vez convocado el proceso de selección, las empresas privadas tienen un plazo de diez (10) Días para presentar su expresión de interés de acuerdo al modelo contenido en las Bases.

Artículo 44. Consultas y observaciones

44.1 Las consultas y observaciones a las bases se realizan en idioma español y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés. Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa del mecanismo previsto en la Ley Nº 29230, la Ley Nº 30264, u otra normativa que tenga relación con el objeto del proceso de selección.

44.2 Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su expresión de interés.

44.3 Las especificaciones técnicas consignadas en las bases de un proceso de selección, pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolución, coordinar con el órgano competente de la Entidad Pública, quien puede disponer las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial o desnaturalizar su objeto original.

44.4 El plazo para la absolución simultánea de consultas y observaciones por parte del Comité Especial no excederá de cinco (5) Días contado desde el vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés. La absolución se realiza por escrito de manera motivada, precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen, las cuales se notifican a través del pliego absolutorio que se publica en el portal institucional de la Entidad Pública y de ProInversión.

Artículo 45. Integración de bases

Al día siguiente de absueltas las consultas y/u observaciones, o transcurrido el plazo para su presentación sin haber recibido alguna, el Comité Especial procede a la integración de las bases y a su publicación en su portal institucional y en el portal de ProInversión. Las Bases integradas se configuran como reglas definitivas del proceso, las cuales no están sujetas a cuestionamiento ni modificación durante el proceso de selección, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública, salvo el supuesto regulado en el artículo 47.

Artículo 46. Modificación del monto de inversión producto de las consultas u observaciones

Cuando las bases integradas incluyan modificaciones en el Monto Total de Inversión Referencial, dicho exceso debe encontrarse dentro del límite establecido de acuerdo al artículo 97 y debe enviarse copia de la misma a la Contraloría General de la República, para los fines de control, siendo que dicha remisión no suspende el proceso de selección. Para el caso de las entidades públicas del Gobierno Nacional, cuando en las bases integradas se modifique el Monto Total de Inversión, el exceso debe encontrarse dentro del límite al que se refiere el artículo 99.

Artículo 47. Rectificación de bases integradas

Dentro de los tres (3) Días siguientes de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada que presentó la expresión de interés, puede rectificar la incorrecta integración de las bases. En este caso, el Comité Especial luego de corregir las bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal institucional de la Entidad Pública y de ProInversión, modificando el calendario del proceso de selección.

Artículo 48. Presentación de propuestas

A los seis (6) Días de publicadas las bases integradas o su rectificación, en el lugar, fecha y hora indicado en las bases, se realiza la presentación de las propuestas económicas y técnicas.

Artículo 49. Evaluación de la propuesta económica y técnica

49.1 La evaluación de las propuestas económicas y la verificación de los requisitos legales, técnicos y económicos mínimos establecidos en las bases del proceso de selección, se realiza por el Comité Especial en un plazo máximo de cuatro (4) Días a partir de la presentación de las propuestas.

El Comité Especial revisa las propuestas económicas presentadas por los postores, y selecciona la más favorable al Estado, respecto a la cual se revisa la propuesta técnica. El Comité Especial sólo revisa la propuesta técnica del Postor cuya propuesta económica fue seleccionada, y determina si ésta responde a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia especificados en las bases.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Económica siguiente a la seleccionada inicialmente, y así sucesivamente.

49.2 El Comité Especial adjudica la buena pro al postor cuya propuesta económica sea la menor y cuya propuesta técnica cumpla con los requisitos técnicos mínimos establecidos en las bases.

49.3 La propuesta económica, para que se considere válida no debe superar el noventa por ciento (90%) como límite inferior o el ciento diez por ciento (110%) como límite máximo.

Las propuestas económicas no deben exceder el monto de inversión referencial consignado en las Bases, cuando el proceso de selección es convocado para la ejecución de Proyectos propuestos por el sector privado en el marco del Capítulo II del Título II de este Reglamento.

49.4 Cuando la propuesta económica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto Total de Inversión Referencial, para que el Comité Especial pueda adjudicar la buena pro, debe contar con la aprobación del Titular de la Entidad Pública, salvo que el Postor acepte reducir su propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversión Referencial.

En el caso de las entidades públicas del Gobierno Nacional, deben contar con la Certificación Presupuestaria otorgada por la oficina de presupuesto de la Entidad Pública y/o compromiso del Titular, de lo contrario se rechaza la oferta.

Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas dicho exceso debe encontrarse dentro del límite de emisión de CIPRL y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado bajo este mismo mecanismo.

Artículo 50. Adjudicación de la Buena Pro

50.1 A más tardar al día siguiente de concluida la evaluación, se otorga la Buena Pro al postor de la propuesta válida ganadora.

50.2 Cuando se hayan presentado dos (2) o más postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) Días de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

Artículo 51. Cancelación del proceso de selección

51.1 El Titular de la Entidad Pública puede cancelar el proceso de selección mediante resolución debidamente motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor, desaparición de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripción del Convenio. Para lo cual debe comunicar su decisión al día siguiente y por escrito al Comité Especial.

51.2 En caso de agrupamiento de Proyectos, el Titular de la Entidad Pública también puede cancelar parcialmente el proceso de selección, hasta antes de la presentación de propuestas.

Artículo 52. Proceso de selección desierto y nuevo proceso de selección

52.1 El proceso de selección es declarado desierto cuando, aún ampliado el plazo por el Comité Especial, no se presente ninguna carta de expresión de interés o ninguna propuesta válida.

52.2 En estos supuestos, el Comité Especial podrá convocar a un nuevo proceso de selección. La nueva presentación de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) Días, contados desde la nueva convocatoria.

52.3 La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad Pública y de ProInversión el mismo día de su emisión.

Artículo 53. De la apelación

53.1 Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública y los postores únicamente darán lugar a la interposición del recurso de apelación, el cual debe ser presentado dentro de los ocho (8) Días de otorgada la Buena Pro. Mediante el recurso de apelación se podrán impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del Convenio. Por esta vía no se pueden impugnar las bases ni su integración. El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Titular de la Entidad Pública.

53.2 La garantía por interposición del recurso de apelación se otorga a favor de la Entidad Pública, o de ProInversión en caso de encargo. Esta garantía es equivalente al tres por ciento (3%) del monto total de inversión referencial del proceso de selección.

53.3 Cuando el recurso se declare fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haber emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución dentro del plazo legal, se procede a devolver la garantía al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) Días de solicitado.

53.4 Cuando el recurso es declarado infundado o improcedente o el apelante se desista, se procede a ejecutar la garantía.

TITULO V

DE LA FASE DE EJECUCIÓN

CAPÍTULO I

PERFECCIONAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN

DEL CONVENIO

Artículo 54. Obligación de suscribir el Convenio

54.1 Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad Pública como la Empresa Privada, están obligados a suscribir el Convenio.

El Convenio es suscrito por el Titular de la Entidad Pública y el representante de la Empresa Privada, dentro de los quince (15) Días de haber quedado consentida la buena pro y la Empresa Privada adjudicataria haya presentado la totalidad de los requisitos para perfeccionar el Convenio. De ser necesario, dicho plazo será prorrogado por única vez hasta en quince (15) Días.

Previo a la firma del Convenio la Entidad Pública debe actualizar en el Banco de Inversiones de Invierte.pe la modalidad de ejecución de los Proyectos indicando su ejecución mediante el mecanismo establecido en la Ley Nº 29230, en caso no haya procedido conforme a lo establecido en el artículo 17.

54.2 En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del Proyecto si previamente no se ha cumplido con lo siguiente:

a. Que la Entidad Pública haya contratado a la Entidad Privada Supervisora o, en caso corresponda, que haya designado al supervisor del Estudio Definitivo en caso corresponda; y,

b. Que se haya suscrito el Convenio correspondiente.

54.3 En los casos que transcurran tres (3) o más meses desde la fecha de entrega de los terrenos o lugar donde se ejecute el Proyecto, salvo que se establezca lo contrario en las Bases y los documentos del proceso, y la Entidad Pública no los hubiese entregado, o en un plazo de tres (3) meses la Entidad Pública no hubiese contratado a la Entidad Privada Supervisora de acuerdo a los plazos establecidos para iniciar las labores de supervisión de la obra, la Empresa Privada puede resolver el Convenio.

Artículo 55. Requisitos para el perfeccionamiento del Convenio

55.1 Para perfeccionar el Convenio, la Empresa Privada seleccionada debe presentar, además de lo previsto en las bases del proceso de selección, los documentos siguientes:

1. Garantías,

2. Contrato de construcción y/o locación de servicios celebrado(s) con el(los) ejecutor(es) del Proyecto,

3. Contrato de Consorcio, de ser el caso,

4. Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio expedido por los registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la firma del convenio computada desde la fecha de emisión.

55.2 El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario público, de cada una de las empresas privadas integrantes.

El contenido mínimo del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) Identificación del nombre o razón social de las empresas privadas integrantes del Consorcio.

b) Designación del representante común del Consorcio, con facultades para actuar en su nombre y representación, en todos los actos del proceso de selección, suscripción y ejecución del Convenio hasta la conformidad de recepción y liquidación. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Pública los actos realizados por personas distintas al representante común.

c) El domicilio común del Consorcio, donde se remitirá las comunicaciones hechas por la Entidad Pública, siendo éste el único válido para todos los efectos.

d) Los porcentajes de participación de cada una de las empresas integrantes del Consorcio.

Lo indicado no excluye la información adicional que los consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su administración interna.

La conformación y participación de los consorciados, puede ser modificada previa autorización de la Entidad Pública para lo cual debe suscribirse una adenda al Convenio. Los nuevos miembros del consorcio deben cumplir con todos los requisitos establecidos en las Bases y el Convenio.

Para modificar la información contenida en los literales b) y c), todos los integrantes del Consorcio deben suscribir el acuerdo que dispone la modificación adoptada, el cual surtirá efectos a partir de la fecha que se comunique a la Entidad Pública.

Artículo 56. De las garantías

56.1 Las bases del proceso de selección establecen la forma de presentación de las garantías que otorga la Empresa Privada, pudiendo ser únicamente mediante carta fianza.

56.2 Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad Pública o ProInversión, según sea el caso. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

56.3 Como requisito previo al perfeccionamiento del Convenio, la Empresa Privada entrega a la Entidad Pública la garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversión adjudicado. Esta debe mantenerse vigente hasta la recepción del Proyecto. En caso el Monto Total de Inversión adjudicado incluya el costo de supervisión, solo es necesaria la entrega de la garantía de fiel cumplimiento antes mencionada.

La Empresa Privada mantiene vigente la garantía de fiel cumplimiento por un (1) año adicional después de la recepción del Proyecto, por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de inversión. La Entidad Pública procederá a devolver a la Empresa Privada la garantía inicial.

56.4 Cuando el mantenimiento forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada adjudicataria, ésta entrega a la Entidad Pública de manera previa a la emisión de conformidad de la recepción, una garantía adicional por este concepto, equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto total de las actividades de mantenimiento y se mantiene vigente hasta el cumplimiento de las obligaciones garantizadas.

Cuando la operación forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada adjudicataria, ésta entrega a la Entidad Pública de manera previa a la emisión de conformidad de la recepción, una garantía adicional por este concepto, equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto total de las actividades de operación y se mantiene vigente hasta el cumplimiento de las obligaciones garantizadas.

La Entidad Pública podrá aceptar que el ganador de la buena pro presente esta garantía con una vigencia de un (1) año con el compromiso de la empresa adjudicataria de renovar su vigencia periódicamente cada año hasta el cumplimiento total de las prestaciones garantizadas o consentimiento de la liquidación final del mantenimiento y/u operación.

56.5 Las garantías se ejecutan en los supuestos siguientes:

a. Cuando la Empresa Privada no la hubiere renovado antes de los cinco (5) Días a su vencimiento.

b. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución del Convenio por causas imputables a la Empresa Privada quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el Convenio.

c. Cuando la Empresa Privada no efectúe los pagos por el financiamiento de la supervisión, en caso dicha obligación esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantía hasta por el monto correspondiente. Dichos recursos son destinados al pago de las labores de supervisión.

d. Otros supuestos previstos en el Reglamento y en el Convenio respectivo.

Artículo 57. Garantías para el caso de Consorcio

57.1 Las garantías que presente el Consorcio para la interposición del recurso impugnativo, para el perfeccionamiento del Convenio o durante la ejecución, además de cumplir los requisitos de las bases y el Convenio, deben consignar expresamente la razón social de las empresas privadas integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Pública.

57.2 Las empresas privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de la Entidad Pública de ejecutar las garantías mencionadas en el párrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantía. Las empresas privadas integrantes de un Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES APLICABLES AL CONVENIO

Artículo 58. Vigencia y plazo de ejecución del Convenio

58.1 El Convenio inicia con su suscripción y culmina con la liquidación y cancelación del monto total de inversión mediante CIPRL o CIPGN. Durante la ejecución del Convenio, los plazos se computan en días calendario, salvo disposición contraria de este Reglamento.

58.2 El plazo de ejecución del Proyecto comienza a regir desde el día siguiente a que se cumplan las condiciones previstas en el numeral 54.2 del artículo 54 o desde la fecha establecida en el Convenio, según sea el caso.

Artículo 59. Modificaciones al Convenio

59.1 Las modificaciones al Convenio se materializan mediante la suscripción de adendas, siendo únicamente necesario la autorización y suscripción del Titular de la Entidad Pública y el representante de la Empresa Privada.

59.2 El Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas deben considerar el tope máximo de capacidad anual publicado por el MEF, vigente a la fecha de suscripción de la adenda.

59.3 Las entidades públicas del Gobierno Nacional deben, previamente a la suscripción de la adenda, contar con opinión favorable de su oficina de presupuesto, o quien haga sus veces que acredite la existencia de crédito presupuestario o Compromiso de Priorización de Recursos conforme lo señalado en el artículo 30.

59.4 Cuando no resulten aplicables los mayores trabajos de obra, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al Convenio siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del Convenio que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar la finalidad del Convenio de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto del Convenio.

Artículo 60. Responsabilidad de la Entidad Pública por modificaciones en la fase de ejecución

La Entidad Pública es la única autorizada y responsable frente a la Empresa Privada de las modificaciones que ordene y apruebe en el Proyecto de inversión pública respecto de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los documentos de trabajo.

Artículo 61. Autorizaciones, licencias y saneamiento físico legal

La Entidad Pública es responsable del saneamiento del terreno, de las expropiaciones e interferencias, así como la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la ejecución del Proyecto, salvo que en las bases y Convenio se acuerde que la Empresa Privada será encargada de dicha gestión, en cuyo caso los trámites y pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestión y pago a nombre de la Entidad Pública, serán realizados y cubiertos por la Empresa Privada y los montos que correspondan estarán incluidos en el Estudio Definitivo.

Artículo 62. De la validez de los actos

62.1 Iniciada o culminada la ejecución del Convenio, conforme a la Ley Nº 29230, la Ley Nº 30264 y este Reglamento, y como producto de una evaluación o control posterior se detectara que existen declaraciones de viabilidad otorgadas por la Entidad Pública, que no se enmarcan en la normatividad de Invierte.pe, así como documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley y el Reglamento, pese haber sido verificados, revisados o evaluados por la Entidad Pública, esto no será causal para que no se otorgue el CIPRL o CIPGN sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios públicos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resulta aplicable ante la infracción de los supuestos a los que se refiere el artículo 36.

62.2 En atención al principio de confianza legítima, las nuevas autoridades de las entidades públicas no pueden desconocer la emisión de los CIPRL, CIPGN, pagos o documentos derivados de la ejecución de proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, bajo responsabilidad. En caso de incumplimiento, la Empresa Privada comunica el hecho a la Contraloría General de la República y reporta el incumplimiento al Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de realizar el seguimiento de los proyectos de inversión en el Invierte.pe.

Las entidades públicas que incumplan con emitir los documentos para la emisión del CIPRL o CIPGN conforme el artículo 14 de la Ley Nº 29230, no pueden suscribir nuevos convenios de inversión, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública.

Artículo 63. Responsabilidad de la Empresa Privada

63.1 La Empresa Privada es responsable de ejecutar correctamente la totalidad de las obligaciones derivadas de la ejecución del Convenio. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del Convenio para conseguir los objetivos públicos previstos.

63.2 La Empresa Privada es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción del Proyecto.

63.3 Los documentos del proceso de selección establecen el plazo máximo de responsabilidad de la Empesa Privada, conforme a las disposiciones del presente artículo.

63.4 En todos los casos, los convenios incluirán una cláusula de no participación en prácticas corruptas, lo cual se configura como causal de resolución.

CAPÍTULO III

EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

SUBCAPÍTULO I

DE LOS ESTUDIOS

Artículo 64. Documentos de trabajo

64.1 Si antes de iniciar la ejecución del Proyecto la Empresa Privada identifica la necesidad de realizar modificaciones en la fase de ejecución, y siempre que el Proyecto siga siendo viable conforme a la normatividad de Invierte.pe, debe presentar a la Entidad Pública su propuesta de modificaciones mediante un Documento de Trabajo. Éste debe contener los estudios y/o actividades requeridos para sustentar la actualización de los parámetros, dimensionamiento, diseño, plazo y demás aspectos que sustentan la viabilidad del Proyecto, así como la variación estimada en el Monto Total de Inversión del Proyecto.

64.2 En un plazo máximo de quince (15) Días hábiles, el Titular de la Entidad Pública, con el pronunciamiento favorable del órgano competente, aprueba el Documento de Trabajo y autoriza a la Empresa Privada que inicie las actividades previstas en dicho documento. En caso no se apruebe el Documento de Trabajo la Empresa Privada puede optar por continuar con la ejecución del Proyecto original o por comunicar mediante carta notarial la resolución del Convenio.

64.3 Las modificaciones resultantes del Documento de Trabajo, incluyendo las propuestas de estudios que lo sustenten, aprobado por la Entidad Pública, deberán ser registradas en el Banco de Inversiones de acuerdo a la normatividad de Invierte.pe.

64.4 Lo dispuesto en el presente artículo no aplica en caso el Proyecto haya sido propuesto por la Empresa Privada adjudicataria en el marco del Título II del presente Reglamento.

64.5 Si como resultado de la aplicación en el presente artículo o por variaciones del Proyecto durante la fase de ejecución se requiere un nivel de estudio mayor con el cual se otorgó la viabilidad, la Empresa Privada seleccionada realiza dicho nivel de estudios de acuerdo a la normatividad de Invierte.pe previa autorización de la Entidad Pública.

64.6 En caso se verifique que el proyecto requiera ser reformulado, en el marco de Invierte.pe, producto de la aplicación del presente artículo, y se identifique que el proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, la Empresa Privada puede optar por resolver el convenio o llevar a cabo la ejecución del proyecto reformulado. En caso de resolución, la Entidad Pública reconoce los costos de elaboración de los estudios realizados.

64.7 A efectos de reconocer a la Empresa Privada el costo de elaboración de los estudios requeridos en el Documento de Trabajo aprobados por la Entidad Pública, la Empresa Privada debe sustentar dichos costos mediante comprobantes de pago respectivos emitidos por la empresa o terceros que ésta contrate, según sea el caso hasta el límite de cinco por ciento (5%) del Monto Total de Inversión.

64.8 Corresponde a la Entidad Pública evaluar y determinar el gasto a ser reembolsado por la elaboración de los estudios, previamente acreditados de manera razonable por la Empresa Privada.

Artículo 65. Elaboración del Estudio Definitivo, expedientes de operación y/o mantenimiento

65.1 La elaboración del Estudio Definitivo, y cuando corresponda el expediente de operación y/o mantenimiento, es responsabilidad de la Empresa Privada que financia la ejecución del Proyecto en los casos en que la Entidad Pública no cuente con dichos documentos, dentro de los plazos establecidos.

65.2 El expediente de mantenimiento y/u operación es elaborado y presentado por la Empresa Privada a la Entidad Pública para su aprobación, en el plazo de treinta (30) días hábiles antes de la recepción del proyecto, conjuntamente con la garantía a la que hace referencia el artículo 56.

65.3 El Estudio Definitivo y/o expediente de mantenimiento y/u operación, deben guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentan la viabilidad del Proyecto.

65.4 Si en el marco de la ejecución del Convenio, la Empresa Privada presenta para la aprobación de la Entidad Pública un Estudio Definitivo modificando el plazo establecido en las Bases o propuesta técnica, se requerirá previamente la opinión favorable de la Entidad Privada Supervisora o del supervisor designado por la Entidad Pública.

65.5 En caso se verifique que el proyecto requiera ser reformulado, en el marco de Invierte.pe, producto de la aplicación del presente artículo, y se identifique que el proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, la Empresa Privada puede optar por resolver el convenio o llevar a cabo la ejecución del proyecto reformulado. En caso de resolución, la Entidad Pública reconoce los costos de elaboración de los estudios realizados.

Artículo 66. Reconocimiento de las variaciones en fase de ejecución

Las variaciones o modificaciones al convenio durante la fase de ejecución producto de la elaboración del estudio definitivo y/o documento de trabajo, se aprueban por el Titular de la Entidad Pública y se incorporan al Monto Total de Inversión, para su reconocimiento en el CIPRL o CIPGN. Para tal efecto, la Entidad Pública y la Empresa Privada firman la respectiva adenda al Convenio.

Artículo 67. Supervisión de los estudios

La Entidad Pública supervisa la elaboración del Estudio Definitivo y/o expediente de operación y/o mantenimiento y los aprueba una vez culminados estos, pudiendo realizar dicha supervisión a través de una Entidad Privada Supervisora. Una vez elaborado el Estudio Definitivo y/o expediente de operación y/o mantenimiento, la Empresa Privada es la responsable de presentarlo a la Entidad Pública para su aprobación por parte del órgano que ejerza dichas funciones, conforme a sus normas de organización interna. Dicha aprobación debe realizarse en un plazo no mayor de treinta (30) Días hábiles.

SUBCAPÍTULO II

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Artículo 68. Obligación de la Empresa Privada de ejecutar el Convenio con el Ejecutor del Proyecto propuesto

68.1 Es responsabilidad de la Empresa Privada que celebra el Convenio, ejecutar sus obligaciones con el Ejecutor del Proyecto propuesto.

68.2 Excepcionalmente y de manera justificada la Empresa Privada que suscribió el Convenio puede solicitar a la Entidad Pública autorización escrita para la sustitución del Ejecutor del Proyecto. El reemplazante debe reunir iguales o superiores requisitos a los establecidos en las Bases, a las del ejecutor reemplazado.

68.3 La sustitución del Ejecutor del Proyecto debe solicitarse a la Entidad Pública quince (15) Días antes que se culmine la relación contractual entre la Empresa Privada y el Ejecutor del Proyecto a ser sustituido, y será autorizada por el funcionario de la Entidad Pública que cuente con facultades para la suscripción del Convenio, dentro de los cinco (5) Días siguientes de presentada la solicitud.

68.4 En caso culmine la relación contractual entre la Empresa Privada y el ejecutor inicial del Proyecto y la Entidad Pública no haya aprobado la sustitución del Ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, la Entidad Pública le aplica a la Empresa Privada una penalidad establecida en el convenio, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada día de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

Artículo 69. Avances y valorizaciones del Proyecto

69.1 En caso de proyectos cuya ejecución, sin considerar el plazo de elaboración de Estudio Definitivo, sea superior a cinco (5) meses, se emiten los CIPRL o CIPGN trimestralmente conforme el avance en la ejecución del Proyecto.

69.2 Los CIPRL o CIPGN trimestrales son emitidos previa conformidad de calidad de la Entidad Privada Supervisora y la conformidad de avance del Proyecto de la Entidad Pública.

69.3 Para la emisión de los CIPRL o CIPGN se debe tener en cuenta que los avances ejecutados en cada periodo trimestral, son formulados y valorizados mensualmente por el Ejecutor del Proyecto con la opinión favorable de la Entidad Privada Supervisora.

La Empresa Privada solicita la emisión del CIPRL o CIPGN a la Entidad Pública dentro de los cinco (5) Días, contados a partir del primer día del período siguiente al de la valorización.

La Entidad Pública emite la conformidad de avance del Proyecto dentro de los siete (7) Días de haberse verificado la aprobación de las valorizaciones correspondientes al trimestre, siendo sujeto a subsanación conforme lo previsto en el artículo 74.

69.4 El último CIPRL o CIPGN se emitirá una vez efectuada la recepción del proyecto y por el monto de la liquidación aprobada por la entidad pública.

Artículo 70. Suspensión del plazo de ejecución

Ante eventos no atribuibles a la Entidad Pública o Empresa Privada que originan la paralización del Proyecto, las partes pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución vía adenda hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales y costos.

Artículo 71. Ampliación de plazos

71.1 La ampliación de plazo convenido procede por cualquiera de las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución del Proyecto vigente al momento de la solicitud de ampliación:

a. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la Empresa Privada.

b. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores trabajos de obra. En este caso, la empresa amplía el plazo de la garantía que hubiere otorgado.

c. Otras causales previstas en el Convenio.

71.2 Para que proceda la ampliación de plazo de conformidad con lo establecido por el numeral precedente, la Empresa Privada debe solicitarla a la Entidad Pública de acuerdo al procedimiento siguiente:

i El Ejecutor del Proyecto debe anotar en el cuaderno de obra o registro respectivo, el inicio y final de la circunstancia que determina la ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) Días siguientes de concluida la circunstancia invocada, la Empresa Privada solicita y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante la Entidad Privada Supervisora.

ii La Entidad Privada Supervisora emite informe dando su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad Pública y a la Empresa Privada en un plazo no mayor de cinco (5) Días hábiles de recibida la solicitud.

iii La Entidad Pública resuelve sobre la ampliación y notifica su decisión a la Empresa Privada en un plazo máximo de cinco (5) Días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del citado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad de su Titular. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo indicado, se tiene por aprobado lo informado por la Entidad Privada Supervisora.

71.3 Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo será sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los quince (15) Días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad Pública debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada.

Artículo 72. Mayores trabajos de obra

72.1 Una vez elaborado el Estudio Definitivo por la Empresa Privada o modificado mediante un Documento de Trabajo, y aprobado por la Entidad Pública, se encuentra prohibida la aprobación de adicionales por errores o deficiencias en el Estudio Definitivo.

72.2 Aprobado el Estudio Definitivo, de manera excepcional, la Entidad Pública puede modificar el monto de inversión del Proyecto al autorizar a la Empresa Privada la ejecución de mayores trabajos de obra por modificaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales de ejecución del Proyecto, siempre que éstas resulten necesarios para alcanzar la finalidad del Convenio.

72.3 La Entidad Pública reconoce las variaciones por mayores trabajos de obra, las cuales no deben exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total de inversión considerado en el Convenio inicial, sin contar el monto de supervisión. Las que excedan dicho límite no serán asumidas por la Entidad Pública.

72.4 La necesidad de ejecución de mayores trabajos de obra debe anotarse en el cuaderno de obra o el registro correspondiente, por el Ejecutor del Proyecto. Al día siguiente la Entidad Privada Supervisora comunica a la Entidad Pública sobre la necesidad de elaborar el expediente de los mayores trabajos de obra. Dentro de los diez (10) Días hábiles de haber tomado conocimiento, la Entidad Pública autoriza a la Empresa Privada a elaborar el expediente de los mayores trabajos de obra.

72.5 La elaboración del expediente de los mayores trabajos de obra será responsabilidad de la Empresa Privada. Dicho documento será remitido a la Entidad Privada Supervisora, la cual evalúa y emite opinión en un plazo no mayor de cinco (5) Días e informa a la Entidad Pública y a la Empresa Privada. En caso que la Entidad Privada Supervisora presente observaciones al expediente, la Empresa Privada debe incorporar o subsanar las mismas y remitir nuevamente el expediente a la Entidad Privada Supervisora para su evaluación en un plazo no mayor de cinco (5) Días. En caso de opinión favorable, ésta debe ser informada a la Entidad Pública y a la Empresa Privada.

72.6 Los mayores trabajos de obra son autorizados y aprobados únicamente por resolución del Titular de la Entidad Pública para su ejecución, dentro del plazo de diez (10) Días de recibido el informe de la Entidad Privada Supervisora. El documento que aprueba dicho expediente es notificado a la Empresa Privada al día siguiente de su emisión. Los mayores trabajos de obra aprobados durante la ejecución deben cumplir con la normatividad de Invierte.pe.

72.7 Notificado el expediente aprobado, la Empresa Privada está obligada a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción a los mayores trabajos, dentro del plazo máximo de diez (10) Días desde su notificación. Ampliadas las garantías, la Entidad Pública y la Empresa Privada deben firma de la adenda al Convenio.

CAPÍTULO IV

CULMINACIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL

Artículo 73. Culminación del Proyecto

En la fecha de la culminación del Proyecto, el Ejecutor del Proyecto anota tal hecho en el cuaderno de obra, o en el registro correspondiente, y la Empresa Privada solicita la recepción del mismo.

La Entidad Privada Supervisora, en un plazo no mayor de diez (10) Días posteriores a la anotación señalada, comunica a la Entidad Pública, ratificando o no lo indicado por la Empresa Privada, previa anotación en el cuaderno de obra de los alcances de su informe.

Artículo 74. Recepción del Proyecto

74.1 La recepción del Proyecto tiene como finalidad verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en el Estudio Definitivo y realizar las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de sus instalaciones y equipos.

74.2 Una vez comunicada la culminación del Proyecto, en un plazo no mayor de veinte (20) Días, en la fecha notificada, la Entidad Privada Supervisora, el funcionario designado en el Convenio como responsable de dar la conformidad de recepción del Proyecto, la Empresa Privada y el Ejecutor del Proyecto a través de sus representantes, verifican de forma conjunta la culminación del Proyecto.

74.3 Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción del Proyecto por parte de la Entidad Pública, teniéndose por concluida en la fecha indicada en el cuaderno de obra, o registro correspondiente. La Entidad Privada Supervisora procede a emitir la conformidad de calidad del Proyecto, y la Entidad Pública a través del funcionario antes indicado procede a emitir la conformidad de recepción del Proyecto dentro de los tres (3) Días siguientes de transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior. Ambas conformidades pueden estar contenidas en un mismo documento.

74.4 De existir observaciones por la Entidad Privada Supervisora o Entidad Pública, éstas se consignarán en un Acta o Pliego de Observaciones y no se emitirá la conformidad respectiva. A partir del día siguiente, la Empresa Privada dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución del Proyecto para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor de la Empresa Privada ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, la Empresa Privada solicita nuevamente la recepción del Proyecto, dejándose constancia en el cuaderno de obras o registro correspondiente, a través de la empresa ejecutora, lo cual será verificado por la Entidad Privada Supervisora e informado a la Entidad Pública dentro de los tres (3) Días siguientes de la anotación. En un plazo no mayor de cinco (5) Días, la Entidad Pública y la Entidad Privada Supervisora verifican el cumplimiento de la subsanación de éstas, no pudiendo formular nuevas observaciones. De haberse subsanado las observaciones se emitirán las conformidades correspondientes.

De existir observaciones y persistir la discrepancia, ésta puede resolverse por trato directo entre las partes. En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a someter la controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) Días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad Pública o al vencimiento del plazo en que éste debió realizarse.

74.5 En caso la Entidad Pública no participe en el acto o no emita la Conformidad de Recepción, esto no impide que la Entidad Privada Supervisora expida la Conformidad de Calidad del Proyecto.

74.6 Si la Entidad Pública no emite pronunciamiento de las conformidades correspondientes en el plazo, según corresponda, y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar por la falta de pronunciamiento oportuno, la conformidad de recepción o la conformidad de avance del proyecto se tendrá por otorgada siempre que la Entidad Privada Supervisora haya otorgado la conformidad de la calidad del Proyecto o de sus avances.

Artículo 75. Liquidación del Convenio

75.1 La Empresa Privada debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) Días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución del Proyecto, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción del Proyecto. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) Días de recibida, la Entidad Pública debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por la Empresa Privada o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar a la Empresa Privada para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) Días siguientes.

75.2 En caso la Empresa Privada no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad Pública elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo de la Empresa Privada. La Entidad Pública notifica la liquidación a la Empresa Privada para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) Días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

75.3 Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) Días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

75.4 En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo de treinta (30) Días hábiles, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

75.5 Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en el presente Reglamento. La Entidad Pública emite el CIPRL o CIPGN por el monto no controvertido.

75.6 No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Artículo 76. Efectos de la liquidación

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el Convenio y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción del Proyecto por la Entidad Pública hasta treinta (30) Días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de la Empresa Privada previsto en el Convenio, de acuerdo al artículo 63.

Artículo 77. Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada

Con la liquidación, la Empresa Privada debe entregar a la Entidad Pública los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligación a cargo de la Empresa Privada, cuyo costo es reconocido a través de la entrega de CIPRL o CIPGN.

La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La presentación de la Declaratoria de Fábrica mediante escritura pública, se sujeta a lo establecido en las Bases y el Convenio respectivo.

CAPÍTULO V

DEL MANTENIMIENTO

Artículo 78. Prestaciones de mantenimiento

78.1 Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa Privada, se financia y/o realiza, de acuerdo a las condiciones generales establecidas en las bases y el Convenio, en concordancia con los parámetros sectoriales vigentes. Dichas condiciones deben reflejarse y detallarse en un expediente de mantenimiento que considere la información prevista en el Estudio Definitivo. El expediente de mantenimiento contiene como mínimo las actividades, la periodicidad, el cronograma y los costos del mantenimiento a efectos de alcanzar el nivel de servicio o estándar de calidad correspondiente.

78.2 El expediente de mantenimiento es elaborado y presentado por la Empresa Privada antes de la recepción total del Proyecto. Dicho expediente debe contar con la conformidad de la unidad ejecutora previamente a su aprobación por el órgano resolutivo competente de la Entidad Pública que ejerza dicha función conforme a sus normas de organización interna.

78.3 El plazo máximo para el mantenimiento de un Proyecto de la Entidad Pública del Gobierno Nacional efectuado por la Empresa Privada será de cinco (5) años.

78.4 El plazo máximo para el mantenimiento de un Proyecto del Gobierno Regional, Local y Universidades Públicas será fijado conforme al numeral 79.3 del artículo 79.

78.5 Culminado cada periodo de mantenimiento previsto en el Expediente de Mantenimiento, la Empresa Privada, en un plazo no mayor de cinco (5) Días, comunica a la Entidad Pública la culminación del periodo de mantenimiento de modo que el funcionario designado en el Convenio como responsable de dar la conformidad de recepción del mantenimiento del proyecto, la Empresa privada Supervisora o el Supervisor, la Empresa Privada, el Ejecutor del proyecto, a través de sus representantes, verifiquen de forma conjunta la ejecución del mantenimiento y emitan la conformidad correspondiente.

78.6 Dicha conformidad deberá realizarse en un plazo máximo de diez (10) Días siguientes de recibido la comunicación de la Empresa Privada. En caso de existir observaciones, la Empresa Privada procede a absolver las observaciones en un plazo máximo a diez (10) Días. Subsanadas las observaciones, la Empresa Privada solicita la conformidad de los servicios prestados a la Entidad Pública, y en un plazo máximo de cinco (5) Días, la Entidad Pública verifica la subsanación de éstas no pudiendo formular nuevas observaciones. De haberse subsanado las observaciones, se emite las conformidades correspondientes.

78.7 De existir observaciones y persistir la discrepancia, ésta puede resolverse por trato directo entre las partes. En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a someter la controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) Días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad Pública o al vencimiento del plazo en que éste debió realizarse.

78.8 En caso la supervisión se realice por una Entidad Privada Supervisora, la opinión de ésta última debe ser considerada para la emisión de la conformidad. Dicha opinión debe realizarse dentro del plazo considerado para la opinión de la Entidad Pública.

Artículo 79. Financiamiento del mantenimiento

79.1 Los costos en los que incurra la Empresa Privada por la elaboración del expediente de mantenimiento son reconocidos hasta por un monto que no debe exceder del cinco porciento (5%) respecto al monto total de mantenimiento estimado para el Proyecto, en el CIPRL o CIPGN que se emita luego de que la Entidad Pública haya dado conformidad al mismo. Para tal efecto, la Empresa Privada debe acreditar de manera sustentada dichos costos mediante los documentos técnicos y los comprobantes de pago respectivos emitidos por las personas naturales o jurídicas que realizaron dicho expediente.

79.2 En caso de entidades públicas del Gobierno Nacional, adicionalmente, el mantenimiento será financiado por Recursos Determinados provenientes de Fondos a que se refiere el artículo 8 de la Ley Nº 29230 y la Ley Nº 30264, de acuerdo con la normatividad que regula a cada Fondo. En este caso, se hace mención expresa en las bases del proceso de selección, así como en el Convenio.

79.3 En caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas, estos podrán incluir el mantenimiento del Proyecto a ser realizado en el marco de la Ley Nº 29230 y el presente Reglamento, dentro del límite establecido en la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 y, cuando corresponda, en la normatividad vigente que regula los usos del Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones.

Artículo 80. Variaciones de las actividades de mantenimiento

80.1 Las variaciones o modificaciones al costo del mantenimiento previsto en el expediente de mantenimiento, que se produzcan durante su ejecución siempre que se deriven por eventos de fuerza mayor, caso fortuito o modificaciones de los niveles de servicios a solicitud de la Entidad Pública, serán reconocidas en el CIPRL o CIPGN previa autorización del Titular de la Entidad Pública y, cuando corresponda, opinión de la Entidad Privada Supervisora, firmándose la adenda respectiva.

80.2 Para las entidades públicas del Gobierno Nacional, además se requiere Certificación de Crédito presupuestaria y/o Compromiso del Titular de priorización de recursos.

Artículo 81. Supervisión del mantenimiento

81.1 La supervisión está a cargo de la Entidad Pública que verifica el avance y calidad de las actividades de mantenimiento previstas en el expediente de mantenimiento.

81.2 En caso se requiera, la Entidad Pública puede contratar los servicios de una Entidad Privada Supervisora con cargo a su presupuesto institucional o con cargo a la emisión de CIPRL o CIPGN.

81.3 Culminado el plazo establecido en el Convenio para el mantenimiento del Proyecto, la Entidad Pública debe encargarse del mismo.

CAPÍTULO VI

INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Artículo 82. Responsabilidad por incumplimiento de la Entidad Pública

82.1 En caso de incumplimiento de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Nº 29230, las entidades públicas no podrán suscribir nuevos Convenios de inversión hasta su subsanación. Para ello, la Empresa Privada pondrá en conocimiento de dichos sucesos a la Contraloría General de la República y al Titular de la Entidad Pública, para los fines correspondientes.

82.2 Corresponde al Titular de la Entidad Pública hacer cumplir a los funcionarios designados en el Convenio las obligaciones señaladas en la presente norma.

El incumplimiento injustificado de los deberes de función establecidos en la Ley y presente Reglamento, da lugar al inicio del procedimiento sancionador o disciplinario contra el funcionario responsable de la falta cometida, independientemente al régimen laboral al que pertenezca.

Artículo 83. Responsabilidad por incumplimiento de la Empresa Privada

83.1 En caso de retraso injustificado de la Empresa Privada en la ejecución de sus obligaciones derivadas del Convenio, la Entidad Pública le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.

83.2 El cálculo de la penalidad por mora se realizará en función del monto y plazo vigente, esto es, el monto y plazo del Convenio que está definido en el expediente técnico aprobado por la Entidad Pública y que pueda haberse afectado por las variaciones correspondientes a los mayores trabajos de obra, reducciones o ampliaciones de plazo.

83.3 El Convenio establece las penalidades aplicables a la Empresa Privada por el incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo, las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.

83.4 Las penalidades se deducen del CIPRL o CIPGN trimestral o a la culminación del Proyecto en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

83.5 Es responsabilidad de toda Empresa Privada que participa al amparo de la Ley y el presente Reglamento conocer de antemano las reglas y procedimientos establecidos en dicha normativa, no sólo durante el respectivo proceso de selección y la etapa de ejecución convenida, sino también en los procedimientos administrativos que lo habilita para contratar con el Estado.

El hecho que la Entidad Pública no supervise los procesos, no exime a la Empresa Privada de cumplir con sus obligaciones ni de la responsabilidad que le pueda corresponder, según las disposiciones del presente Reglamento.

83.6 El monto íntegro de las penalidades aplicadas constituye ingreso del Tesoro Público.

Artículo 84. Resolución del Convenio

84.1 La Entidad Pública puede aprobar la resolución del Convenio cuando la Empresa Privada:

a) Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio, la Ley y el presente Reglamento.

b) Haya llegado al monto máximo de la penalidad.

c) Paralice injustificadamente la ejecución del Proyecto, pese haber sido requerido.

d) Haber realizado o admitido la realización de prácticas corruptas en relación al proyecto conforme lo previsto en el numeral 63.4 del artículo 63.

84.2 La Empresa Privada puede resolver el Convenio cuando la Entidad Pública no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el plazo de ejecución del Proyecto, o incumpla injustificadamente con solicitar la emisión del CIPRL o CIPGN u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisión, pese a haber sido requerida según el procedimiento indicado en el numeral 84.4 del presente artículo.

84.3 Cualquiera de las partes puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los límites de emisión del CIPRL o CIPGN que imposibilite de manera definitiva la continuación del Convenio.

84.4 Ante el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en Convenio, la ley y el presente Reglamento, la parte afectada debe requerir a la otra, mediante carta notarial, que las ejecute en el plazo máximo diez (10) Días, bajo apercibimiento de resolver el Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) Días, de oficio o a pedido de la Empresa Privada.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte afectada puede resolver el Convenio, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolución del Convenio. El Convenio queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

Artículo 85. Efectos de la resolución del Convenio

85.1 La resolución del Convenio determina la inmediata paralización del Proyecto, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible.

85.2 La parte que notifica la resolución del Convenio debe precisar en su carta notarial, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar del Proyecto, con una anticipación no menor de tres (3) Días. En esa fecha, las partes y la Entidad Privada Supervisora se reúnen, en presencia de notario de considerarlo necesario, y se levanta el acta donde se detalla los avances del Proyecto realmente ejecutados y se realiza el inventario de equipamientos o mobiliarios respectivos. Si alguna de las partes no se presenta, la otra lleva adelante la constatación e inventario y levanta el acta, documento que tiene pleno efecto legal. Seguidamente, en un plazo no mayor a tres (3) Días, la Entidad Pública y la Entidad Privada Supervisora emiten la conformidad de recepción y la conformidad de calidad respectivamente de lo realmente ejecutado del Proyecto, para su reconocimiento mediante el CIPRL o CIPGN.

85.3 Culminado dicho acto, el Proyecto queda bajo responsabilidad de la Entidad Pública y se procede a su liquidación.

85.4 Cuando la resolución sea por incumplimiento de la Empresa Privada, en la liquidación se consignan y se hacen efectivas las penalidades que correspondan y se ejecuta la totalidad de la garantía.

85.5 El gasto incurrido en la resolución del Convenio, como los notariales, de inventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la causal de resolución.

85.6 En caso surgiese alguna controversia sobre la resolución del Convenio, cualquiera de las partes puede recurrir a los medios de solución establecidos en el Convenio, dentro del plazo de treinta (30) días calendario siguientes de la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del Convenio queda consentida.

CAPÍTULO VII

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Artículo 86. Trato Directo

86.1 Las controversias que surjan entre la Entidad Pública y la Empresa Privada sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes. El acuerdo al que se llegue tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de la transacción.

La finalidad del trato directo es que las partes logren resolver de manera eficiente y eficaz sus controversias durante la ejecución del Proyecto, desde el inicio del Convenio hasta su liquidación.

86.2 La Entidad Pública, conforme el Principio de Enfoque de Gestión por Resultados, prefiere el trato directo como mecanismo de solución de controversias respecto a la conciliación y el arbitraje.

86.3 A solicitud de cualquiera de las partes, ProInversión emite un Informe Técnico sobre la controversia presentada como criterio orientador para la toma de decisiones antes o durante el desarrollo de los mecanismos de solución de controversias.

Artículo 87. Concilición y arbitraje

87.1 La Entidad Pública y la Empresa Privada pueden someter sus controversias a la conciliación o arbitraje, según lo pactado en el Convenio.

87.2 En caso de no prosperar el trato directo, las partes pueden iniciar el arbitraje ante una institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional. Ambas partes se someten incondicionalmente a las normas del Reglamento antes mencionado, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en el Convenio.

87.3 Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliación la controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad Pública o por quien este haya delegado tal función evalúa la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio considerando criterios de costo-beneficio y ponderando los costos y riesgos de no adoptar un acuerdo conciliatorio. Dicha evaluación debe estar contenida en un informe técnico legal.

87.4 El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

TÍTULO VI

DEL CIPRL Y CIPGN

Artículo 88. Características del CIPRL y el CIPGN

El CIPRL y CIPGN tendrán las siguientes características:

a. Se emite a la orden de la Empresa Privada con indicación de su número de Registro Único del Contribuyente (RUC), seguido del nombre de la Entidad Pública del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local o Universidad Pública correspondiente.

b. Indicación de su valor expresado en Soles (S/).

c. Tendrá carácter cancelatorio contra el pago a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría.

d. Puede ser fraccionado.

e. Es negociable, salvo cuando la Empresa Privada sea la ejecutora del Proyecto.

f. Tiene una vigencia de diez (10) años a partir de su emisión para su aplicación contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría.

g. Indicación de la fecha de emisión y fecha de vencimiento.

h. No aplica para el cobro de la comisión de recaudación correspondiente a la SUNAT.

Artículo 89. Fuentes de financiamiento del CIPRL o CIPGN

89.1 En el caso de Gobierno Regional y Gobierno Local, la autorización para emitir los CIPRL se realiza con cargo a los recursos de los que dispone el Tesoro Público. El financiamiento del pago por parte del Gobierno Regional y Gobierno Local a la DGETP se efectúa con cargo a los Recursos Determinados provenientes del Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 97, así como los provenientes de Fondos a que se refiere el artículo 8 de la Ley Nº 29230. En el caso de la Universidad Pública, dicho financiamiento es con cargo a los recursos provenientes del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras.

89.2 En el caso de las entidades públicas del Gobierno Nacional, el financiamiento de los CIPGN se realiza con cargo a los Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados o Recursos Determinados, según corresponda.

Artículo 90. De las condiciones para la emisión del CIPRL o CIPGN

90.1 La conformidad de recepción del Proyecto o la conformidad de los avances del proyecto y la conformidad de la calidad del Proyecto o de sus avances son condiciones necesarias para la emisión de los respectivos CIPRL o CIPGN. Para otorgar dichas conformidades se consideran los componentes del Proyecto objeto del Convenio suscrito entre la Empresa Privada y la Entidad Pública, incluyendo el costo de elaboración de los estudios en fase de ejecución y de ser el caso, la ficha técnica o los estudios de preinversión que hayan sido desarrollados por la Empresa Privada. El resultado de la evaluación para el otorgamiento de dichas conformidades se regirá de acuerdo a lo establecido en los artículos 69 y 74, según corresponda.

90.2 Los costos de los estudios en fase de ejecución y de ser el caso, de la ficha técnica o de los estudios de preinversión elaborados por la Empresa Privada, serán reconocidos en el primer CIPRL o CIPGN, para lo cual es suficiente la aprobación de la Entidad Pública de los respectivos estudios, conforme a los dispuesto en los artículos 19, 64 y 65. Asimismo, para el reconocimiento del costo de la supervisión en el CIPRL o CIPGN, es necesaria sólo la conformidad del servicio de supervisión emitida por la Entidad Pública.

Los costos de ejecución de las actividades de operación y/o mantenimiento realizadas por la Empresa Privada, de acuerdo a las condiciones establecidas en las Bases, el Convenio y los Expedientes de Operación y/o Mantenimiento por parte de la Entidad Pública son reconocidos por la Entidad Pública mediante CIPRL o CIPGN, para lo cual es necesaria la conformidad respectiva.

Asimismo, los costos de elaboración de dichos expedientes, serán reconocidos en el primer CIPRL o CIPGN que se emita durante la prestación de dichas actividades, en concordancia con el presente numeral.

90.3 Para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, la Entidad Pública deberá indicar en el Convenio que suscriba con la Empresa Privada, los cargos de los funcionarios que serán responsables de otorgar las conformidades correspondientes, cuyas funciones deben estar vinculadas al objeto del Proyecto. Asimismo, en el Convenio se deberá indicar el cargo de los funcionarios que serán responsables de solicitar la emisión de los CIPRL o CIPGN a la DGETP, así como de realizar las afectaciones presupuestales y financieras que correspondan para dicho fin. En caso el nombre del cargo de los funcionarios encargados se modifique posteriormente, siempre y cuando sigan cumpliendo las mismas funciones, el funcionario a cargo de la suscripción del convenio a través de un oficio debe comunicar a la DGETP esta modificación, a fin de ser considerados en los trámites correspondientes.

Artículo 91. Emisión de los CIPRL o CIPGN

91.1 Luego de otorgadas las conformidades de recepción o la conformidad de avance y la conformidad de calidad del Proyecto o de cada uno de los avances ejecutados, o de las conformidades de operación y/o mantenimiento, dentro de un plazo no mayor a tres (3) Días, la Entidad Pública solicita a la DGETP la emisión de los CIPRL o CIPGN con indicación de los datos señalados en los literales a y b del artículo 88 y el número del registro administrativo en el SIAF-SP de la respectiva afectación presupuestal y financiera, acompañado de las conformidades de recepción, de calidad, o avance correspondientes autenticadas por un fedatario.

El registro SIAF-SP se hace con cargo a los recursos del presupuesto institucional en el año fiscal correspondiente con base al Convenio y adendas suscritos, para lo cual, en los casos que corresponda, deberá incorporar en su presupuesto, previamente, dichos recursos.

Es requisito indispensable para la emisión de los CIPRL o CIPGN que en la solicitud de la Entidad Pública o, de ser el caso, de la Empresa Privada, se precise si el CIPRL o CIPGN requerido es Negociable o No Negociable.

91.2 Para la emisión del último CIPRL o CIPGN se requiere que la Entidad Pública remita a la DGETP la resolución de aprobación de liquidación en el que se sustenta el monto resultante de la liquidación. Para ello no es necesario la presentación de documentación que ya haya sido remitida por la Entidad Pública previamente para la emisión del CIPRL o CIPGN.

91.3 El Titular de la Entidad Pública es responsable del cumplimiento del registro en el SIAF-SP, de la afectación presupuestal y financiera para la emisión del CIPRL o CIPGN luego de otorgadas las conformidades de recepción y de calidad del Proyecto o de sus avances.

91.4 El incumplimiento de los deberes establecidos conlleva a la responsabilidad sanción prevista en la Ley Nº 29230 y demás disposiciones legales vigentes.

La DGETP emite los CIPRL o CIPGN dentro de los seis (6) Días de recibida la solicitud de la Entidad Pública o, de ser el caso, de la Empresa Privada en el marco de lo dispuesto por el presente artículo.

Toda solicitud de subsanación de errores u omisiones en los requisitos de forma o por omisión de presentación de la documentación respectiva, necesariamente deberá formularse, por única vez, dentro del plazo de tres (3) Días de recibida la solicitud. La Entidad Pública solicitante deberá remitir la información requerida dentro del plazo de tres (3) Días de recibida la comunicación de la DGETP. En tanto no se reciba la información adicional, la DGETP suspende el cómputo del plazo.

Los CIPRL o CIPGN serán emitidos por el monto total invertido por la Empresa Privada en el Proyecto o en cada uno de los avances del mismo, así como por el correspondiente a las actividades de operación y/o mantenimiento de ser el caso, conforme a lo dispuesto en las Bases y el Convenio y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 66, 79 y 127, respectivamente.

Una vez emitido el CIPRL o CIPGN, la DGETP comunica a la Entidad Pública para que el funcionario encargado recoja el CIPRL o CIPGN dentro de los cinco (5) Días de haber sido emitido, en tanto se implemente de acuerdo a Ley, su emisión electrónica, y lo entregue, a más tardar en el plazo de cinco (5) Días a la Empresa Privada, la cual deberá presentar la factura correspondiente.

91.5 La Entidad Pública o, de ser el caso, la Empresa Privada, será responsable por la veracidad de la información consignada en la solicitud a que se refiere el numeral 91.1 del presente artículo.

91.6 Al término de cada ejercicio, la Empresa Privada o la empresa a la que se haya transferido el CIPRL o CIPGN solicitará a la DGETP la emisión de nuevos CIPRL o CIPGN equivalentes a la tasa efectiva anual de dos por ciento (2%) del valor de los CIPRL o CIPGN emitidos y que no hayan sido utilizados en el año fiscal correspondiente según lo dispuesto en el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley Nº 29230, para lo cual deberá remitir copia de los CIPRL o CIPGN no utilizados e informar paralelamente de ello a la Entidad Pública para que ésta, en un plazo no mayor de cinco (5) Días, realice el registro en el SIAF-SP de la afectación presupuestal y financiera respectiva.

91.7 Una vez recibida la solicitud a que se refiere el numeral precedente, la DGETP deberá requerir a la SUNAT la información sobre el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la Renta calculado en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio anterior de las Empresas privadas que hayan suscrito un Convenio de la empresa a la que se haya transferido el CIPRL o CIPGN.

Asimismo, la DGETP deberá verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley Nº 29230. Para tales efectos, la SUNAT deberá proporcionar la información solicitada a la DGETP dentro de los siete (7) Días siguientes de recibida la solicitud.

91.8 La DGETP emitirá los CIPRL o CIPGN anterior dentro de los diez (10) Días siguientes de recibida la información señalada en el numeral precedente.

91.9 El reconocimiento efectuado por la DGETP del dos por ciento (2%) al que se hace referencia en el numeral 91.6 del presente artículo no constituye ingreso gravado con el Impuesto a la Renta.

91.10 Los CIPRL o CIPGN podrán ser emitidos de manera electrónica, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas, así como los aspectos relacionados al registro, control y negociabilidad de los mismos, que serán establecidos mediante Resolución Directoral de la DGETP.

91.11 En caso la Entidad Pública no hubiese solicitado la emisión de los CIPRL o CIPGN, la Empresa Privada puede solicitar a la DGETP la emisión de los CIPRL o CIPGN indicando que ha cumplido con todos los requisitos previos para dicho fin e informar de ello. La DGETP en un plazo no mayor de cinco (5) días de recibida la solicitud de la Empresa Privada para la emisión del CIPRL o CIPGN deberá solicitar a la Entidad Pública que ésta, en un plazo no mayor de dos (2) días de notificada, realice el registro en el SIAF-SP de la afectación presupuestal y financiera conforme a lo antes señalado.

Artículo 92. Emisiones especiales de CIPRL o CIPGN

92.1 Los CIPRL o CIPGN deben emitirse por avances del Proyecto, conforme a lo siguiente:

a. En caso de Proyectos cuyo plazo de ejecución, sin considerar plazo de elaboración de Estudio Definitivo, sea mayor a cinco (5) meses, se debe realizar la entrega de los CIPRL o CIPGN trimestralmente, por avances en la ejecución del Proyecto, situación que debe ser comunicada a la Empresa Privada desde la convocatoria al proceso de selección correspondiente. El último CIRPL o CIPGN puede ser emitido por periodos menores a tres (3) meses.

b. En las Bases del proceso de selección correspondiente se determinan los criterios para definir los avances del Proyecto. En el respectivo Convenio que se suscriba con la Empresa Privada se señala cada uno de los avances para la entrega de los CIPRL o CIPGN.

c. El costo de elaboración del Estudio Definitivo, el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversión y, de ser el caso, los costos resultantes de la aplicación del Documento de Trabajo, serán reconocidos con el primer o único CIPRL o CIPGN que se emita, siendo suficiente la respectiva conformidad de la Entidad Pública, cuando corresponda. El CIPRL o CIPGN mencionado debe siempre considerar un monto de inversión de obra.

d. El costo de supervisión es reconocido mediante CIPRL o CIPGN, cuando la empresa privada lo financie, siendo suficiente la conformidad del servicio de supervisión emitida por la Entidad Pública.

e. En caso que el mantenimiento y/o operación sea parte del compromiso de la Empresa Privada, se debe realizar la entrega de los CIPRL o CIPGN de acuerdo a lo que se establezca en el Expediente de Mantenimiento y el Convenio.

f. Si en las Bases y en el Convenio no se contempló la emisión de los CIPRL o CIPGN por avance en la ejecución del Proyecto, las partes podrán suscribir una modificación al Convenio con las adecuaciones correspondientes.

g. Para la emisión de los CIPRL o CIPGN por avances en la ejecución del Proyecto serán de aplicación las disposiciones establecidas en la Ley Nº 29230 y la Ley Nº 30264 y en el presente Reglamento. En estos casos, se deberán emitir las conformidades de recepción y de calidad sobre los avances del Proyecto.

92.2 Los CIPRL o CIPGN podrán emitirse en caso de Consorcios, conforme a lo siguiente:

a. Las Bases deberán incluir como parte de la documentación a adjuntar por las empresas la promesa formal de Consorcio y el compromiso de formalizar dicha promesa en caso de obtener la Buena Pro.

b. La referida promesa debe contener, como mínimo, la información que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su representante común y el porcentaje de participación de cada integrante. Este porcentaje deberá estar acorde con la participación del consorciado en el Proyecto que financiará y/o ejecutará, por ser determinante para establecer el monto del CIPRL o CIPGN a ser emitido a su favor por la DGETP.

c. El formato del Convenio, que es parte integrante de las Bases, deberá incluir una cláusula opcional sobre los Consorcios donde se especifique el porcentaje de participación de cada empresa consorciada.

Artículo 93. Utilización del CIPRL o CIPGN

93.1 La Empresa Privada o la empresa a la cual se transfiere el CIPRL o CIPGN según corresponda, utiliza los CIPRL o CIPGN, única y exclusivamente, para sus pagos a cuenta y de regularización de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría a su cargo, incluyendo los intereses moratorios del artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y sus modificatorias, de ser el caso. Los CIPRL o CIPGN no podrán ser aplicados contra el pago de multas.

Cuando el importe a pagar de los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta sea inferior al monto de los CIPRL o CIPGN, el exceso podrá ser aplicado a solicitud de la Empresa Privada o la empresa a la cual se transfiere el CIPRL o CIPGN, según corresponda, contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta que venzan posteriormente en el mismo ejercicio o en los ejercicios siguientes, teniendo en cuenta el límite a que se refiere el numeral 93.2 del presente artículo. En dichos casos, el monto del CIPRL o CIPGN no aplicado por exceder el indicado límite, no genera el derecho a que se refiere el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley Nº 29230.

Los CIPRL o CIPGN presentados para el pago del Impuesto a la Renta por cuyos saldos no se haya solicitado aplicación contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta que venzan posteriormente en el mismo ejercicio o en los ejercicios siguientes, se tendrán por utilizados parcialmente, debiendo la SUNAT comunicar y solicitar a la DGETP su fraccionamiento por el monto de los CIPRL o CIPGN aplicado para el pago del Impuesto a la Renta, así como por el saldo remanente, de manera que la DGETP proceda a entregar éste último a la Empresa Privada.

93.2. La Empresa Privada o la empresa a la cual se transfiere el CIPRL o CIPGN según corresponda, utilizará los CIPRL o CIPGN en el ejercicio corriente hasta por un porcentaje máximo de cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la Renta calculado en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio anterior, presentada a la SUNAT.

Para tal efecto:

a. Se considerará la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta original, sustitutoria o rectificatoria siempre que ésta última hubiere surtido efecto a la fecha de utilización de los CIPRL o CIPGN y se hubiere presentado con una anticipación no menor de diez (10) Días a dicha utilización.

b. Se entenderá por Impuesto a la Renta calculado al importe resultante de aplicar sobre la renta neta la tasa del citado impuesto a que se refiere el primer párrafo del artículo 55 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, o aquélla a la que se encuentre sujeta la Empresa Privada.

93.3. Si la Empresa Privada o la empresa a la cual se transfiere el CIPRL o CIPGN según corresponda, no ha generado Impuesto a la Renta calculado en el ejercicio anterior, no podrá hacer uso de los CIPRL o CIPGN en el ejercicio corriente contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta. En este caso, el límite dispuesto en el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley Nº 29230 será igual a cero (0).

93.4. El límite máximo de CIPRL o CIPGN que la Empresa Privada o la empresa a la cual se transfiere el CIPRL o CIPGN según corresponda, utiliza en cada ejercicio corriente para su aplicación contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta de tercera categoría a su cargo es cincuenta por ciento (50%) de dicho impuesto, conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley Nº 29230 y en el numeral 93.2 del presente artículo. El monto en que los pagos efectuados con CIPRL o CIPGN excedan dicho límite no será considerado como pago a cuenta ni de regularización del Impuesto a la Renta en el ejercicio fiscal corriente. Dicho exceso podrá ser aplicado por la SUNAT, a solicitud de la Empresa Privada o la empresa a la cual se transfiere el CIPRL o CIPGN en los ejercicios fiscales posteriores, sin tener derecho al dos por ciento (2%) adicional a que se refiere el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley Nº 29230.

Los CIPRL o CIPGN presentados para el pago del Impuesto a la Renta que excedan el límite antes mencionado y aquellos por cuyos saldos no se haya solicitado la aplicación posterior, se tendrán como utilizados parcialmente, debiendo la SUNAT comunicar y solicitar a la DGETP su fraccionamiento por el monto de los CIPRL o CIPGN aplicado para el pago del Impuesto a la Renta así como por el saldo remanente, de manera que la DGETP proceda a entregar éste último a la Empresa Privada.

93.5. La SUNAT deberá informar el estado de los CIPRL o CIPGN aplicados en los pagos conforme a lo dispuesto en el presente artículo y remitirlos a la DGETP.

93.6 Para poder utilizar los CIPRL o CIPGN, la Empresa Privada suscriptora de un Convenio o la empresa a la cual se transfiere el CIPRL o CIPGN según corresponda, deberá haber presentado a la SUNAT la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior, con una anticipación no menor de diez (10) Días a su utilización.

Artículo 94. Fraccionamiento del CIPRL o CIPGN

La Empresa Privada o la empresa a la cual se le transfieren el CIPRL o CIPGN, podrá solicitar a la DGETP el fraccionamiento del CIPRL o CIPGN, de acuerdo a sus necesidades, por montos iguales o menores al límite señalado en el numeral 93.4, tomando en cuenta también lo establecido en el numeral 93.1 del artículo 93.

Artículo 95. Devolución del CIPRL o CIPGN

La devolución de los CIPRL o CIPGN a que se hace referencia en el numeral 7.4 del artículo 7 de la Ley Nº 29230, se realizará mediante Notas de Créditos Negociables a través de la SUNAT, sin que ello implique devolución de pago indebido o en exceso. Dicha devolución no está afecta a intereses moratorios.

Artículo 96. Pérdida o deterioro del CIPRL o CIPGN

96.1 En caso de pérdida o deterioro, la DGETP procederá a emitir el duplicado del CIPRL o CIPGN a requerimiento de la Empresa Privada o la empresa a la cual se transfiere el CIPRL o CIPGN según corresponda, previa certificación de la SUNAT que dicho CIPRL o CIPGN no ha sido utilizado. La mencionada certificación debe ser emitida por la SUNAT en un plazo máximo de diez (10) Días.

96.2 En los casos de pérdida de CIPRL o CIPGN negociable, la Empresa Privada o la empresa a la cual se transfiere el CIPRL o CIPGN, según corresponda, debe presentar el documento por el cual se declara la ineficacia del Certificado, de conformidad con el artículo 102 de la Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores.

Artículo 97. Del límite de emisión del CIPRL

97.1 El límite de emisión de los CIPRL a que hace referencia la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230 para las entidades públicas se calcula y se actualiza anualmente, conforme a lo siguiente:

a. Para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, dicho límite comprende la suma de los flujos transferidos por concepto de Recursos Determinados provenientes del Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en los dos (2) últimos años previos al año en el que se está realizando el cálculo, más el tope presupuestal por el mismo concepto incluido en el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente a la fecha del cálculo.

b. Para las Universidades Públicas, dicho límite comprende la suma de los flujos transferidos por concepto de Recursos Determinados provenientes del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, en los dos (2) últimos años previos al año en el que se está realizando el cálculo, más el tope presupuestal por el mismo concepto incluido en el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente a la fecha del cálculo.

Para a) y b), cuando se hayan suscrito Convenios, se descuenta la diferencia entre los montos de los Convenios suscritos y los montos de la fuente de financiamiento Recursos Determinados que hayan sido descontados por la DGETP para el repago de los CIPRL utilizados. Asimismo, al monto resultante, de corresponder, se le adiciona el monto de los Convenios resueltos.

97.2 Para efectos del límite a que se hace referencia en el numeral precedente, no se considera:

a. Los recursos provenientes de la colocación de bonos soberanos emitidos al amparo del Decreto de Urgencia Nº 040-2009 y sus modificatorias;

b. Los recursos comprometidos en fideicomisos especiales cuyo patrimonio está conformado con los recursos provenientes de los beneficios por eliminación de exoneraciones tributarias, así como en fideicomisos creados en el marco de operaciones de endeudamiento público;

c. Los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal;

d. Aquellos recursos comprometidos para operaciones de endeudamiento conforme a lo establecido por la Cuadragésima Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009;

e. Los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión Regional y Local-FONIPREL;

f. Los recursos del Fondo para la Reconstrucción del Sur – FORSUR;

g. Otros conceptos que se determine mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.

Asimismo, en el caso de los Gobiernos Regionales no se considerará dentro del límite de emisión de CIPRL los recursos que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley Nº 27506, Ley de Canon, se entregan a las Universidades Públicas de su circunscripción.

97.3 Para la determinación de límite de emisión del CIPRL para Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas, la DGETP y la DGPPIP remiten a la DGPP la información necesaria a más tardar el quince (15) de mayo de cada año. La DGPP calcula el límite de emisión del CIPRL en base a lo dispuesto en los numerales 97.1 y 97.2 del presente artículo. Posteriormente, la DGPP remite dicho cálculo a DGPMDF o el órgano de línea del MEF competente respecto del cumplimiento de las reglas fiscales subnacionales, hasta el treinta (30) de mayo de cada año.

97.4 Para el caso de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la DGPMDF o el órgano de línea competente del MEF respecto del cumplimiento de las reglas fiscales subnacionales, sobre la base del espacio total para asumir nuevas obligaciones establece la cota superior del límite de emisión del CIPRL alineado al cumplimiento de las Reglas Fiscales establecidas en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1275. Dicho cálculo es remitido a la DGPPIP a efectos de elaborar el dispositivo al que hace referencia la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1250.

97.5 Los topes máximos de capacidad anual para Gobierno Regional y Local, y para Universidades Públicas, son publicados mediante Decreto Supremo hasta el quince (15) de junio de cada año, no pudiendo ser superiores, en el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, al espacio total para asumir nuevas obligaciones, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230 y la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1250.

Artículo 98. De los CIPRL con cargo al presupuesto institucional de la Entidad Pública

98.1 Las modificaciones del monto de inversión, producidos durante la fase de ejecución del Proyecto, que superen el monto máximo para la emisión de los CIPRL establecido de acuerdo al artículo 97 del año en el que se produce la modificación, se financian con cargo al presupuesto institucional de la Entidad Pública, para lo cual se emitirá el CIPRL correspondiente a la culminación del Proyecto.

De acuerdo a lo establecido en la Décimo Sexta Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230, no podrán utilizarse para los fines señalados en el párrafo precedente, bajo responsabilidad del Titular del Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda, los recursos provenientes del Fondo Sierra Azul, Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) y del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), así como los recursos por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito.

98.2 En tales casos, la Entidad Pública firmará una adenda al Convenio con la Empresa Privada, previa aprobación a la variación del monto de inversión por parte de la Entidad Pública. Dicha adenda debe establecer que el pago se realiza dentro de los dos (2) años inmediatos siguientes contados desde la fecha de recepción del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la Ley. La Entidad Pública debe priorizar dentro de su presupuesto institucional el pago del CIPRL con cargo al presupuesto institucional dentro del tiempo establecido en la adenda, bajo responsabilidad.

98.3 La adenda al Convenio deberá señalar explícitamente el monto que se encuentra dentro del límite de emisión de CIPRL para el año respectivo y el monto que excede dicho límite, así como una programación de pago, para lo cual, la Entidad Pública deberá tomar en cuenta los compromisos asumidos y las obras que se encuentren en ejecución. Además, la Entidad Pública deberá precisar la fuente de financiamiento que financiará dichos pagos, bajo responsabilidad del Titular. Dichos Fondos deberán estar centralizados en la Cuenta Única del Tesoro Público.

98.4 La Entidad Pública, mediante solicitud suscrita por el Titular del pliego o del funcionario expresamente facultado, autoriza a la DGETP a deducir de la respectiva Asignación Financiera el importe con cargo a la cual se financia la emisión del CIPRL solicitado, indicando la fuente de financiamiento. El importe deducido es depositado en la cuenta que determine la DGETP.

Dicha solicitud se sujeta al procedimiento establecido en el artículo 91, en lo que resulte aplicable. Para ello no resulta necesaria la presentación de documentación que ya haya sido remitida por la Entidad Pública previamente para la emisión del CIPRL o CIPGN.

Artículo 99. Del límite anual de emisión del CIPGN

99.1 Para la Entidad Pública del Gobierno Nacional, el límite de emisión de los CIPGN corresponde al tope máximo de capacidad anual para la ejecución de proyectos de obras por impuestos conforme a lo establecido mediante Decreto Supremo al que se refiere la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1250.

99.2 Para tales efectos, la DGPPIP verifica que los montos correspondientes a los convenios suscritos remitidos al amparo de la Octava Disposición Complementaria y Final no superen el tope máximo de capacidad anual al que se refiere el párrafo anterior.

Para el cálculo de la capacidad anual establecida en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1250, DGPPIP determina dicha capacidad anual sobre la base de la información emitida por DGPMDF y elabora el dispositivo correspondiente.

99.3 La DGPPIP, a fin de garantizar el efectivo reconocimiento de las inversiones a la Empresa Privada, puede disponer medidas para evitar que los montos de los convenios de las entidades del Gobierno Nacional superen el tope máximo de capacidad anual.

Artículo 100. Del porcentaje de deducción de los Recursos Determinados

100.1 La DGETP deducirá de la transferencia anual futura de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, provenientes del Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones efectuada a favor del Gobierno Regional, Gobierno Local o Universidad Pública, un porcentaje de treinta por ciento (30%) del monto anual que se transfiera a cada uno de ellos por estos conceptos, a partir del año siguiente de utilizado el CIPRL, de acuerdo al artículo 93, hasta completar el monto total de los CIPRL utilizados. Para tales efectos, no se considera:

a. Los recursos provenientes de la colocación de bonos soberanos emitidos al amparo del Decreto de Urgencia Nº 040-2009 y sus modificatorias;

b. Los recursos comprometidos en fideicomisos especiales cuyo patrimonio está conformado con los recursos provenientes de los beneficios por eliminación de exoneraciones tributarias, así como en fideicomisos creados en el marco de operaciones de endeudamiento público;

c. Los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal;

d. Aquellos recursos comprometidos para operaciones de endeudamiento conforme a lo establecido por la Cuadragésima Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009;

e. Otros conceptos que se determine mediante resolución ministerial del MEF.

Tratándose de los Gobiernos Regionales no se considera los recursos que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley Nº 27506, Ley de Canon, se entregan a las Universidades Públicas de su circunscripción.

Si el monto de los CIPRL aplicados en los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría por parte de la Empresa Privada o la empresa a la que se transfirió el CIRPL resultase mayor a la transferencia anual futura a la que se hace referencia en el primer párrafo, la DGETP deducirá el monto restante en los años inmediatamente posteriores. Para este fin, la SUNAT deberá remitir a la DGETP los CIPRL aplicados en los pagos conforme a lo dispuesto en el presente numeral.

100.2 Las entidades públicas no deberán afectar los recursos que hayan priorizado para financiar la elaboración de la ficha técnica o de los estudios de preinversión y para la operación y/o mantenimiento de los Proyectos que tengan a su cargo, en caso que los Convenios suscritos al amparo de la Ley Nº 29230 impliquen montos significativos de deducción de sus Recursos Determinados, provenientes del Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones.

Artículo 101. De los intereses

El financiamiento, ejecución y mantenimiento de los Proyectos de Inversión Pública regulados en la Ley Nº 29230 y la Ley Nº 30264, no darán lugar al pago de intereses por parte de la Entidad Pública en favor de la Empresa Privada.

TÍTULO VII

DE LA SUPERVISIÓN

CAPÍTULO I

DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

Artículo 102. Características de la supervisión

102.1 La Entidad Pública es responsable de supervisar la ejecución del Proyecto materia del Convenio a través de una Entidad Privada Supervisora. Para dicho efecto, la Entidad Pública realiza el seguimiento de las labores de supervisión a cargo de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo previsto en las bases y el Contrato de Supervisión.

102.2 La Entidad Privada Supervisora puede ser una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, seleccionada y contratada por la Entidad Pública para supervisar la ejecución del Proyecto; y, de considerarlo necesario, desde la elaboración del Estudio Definitivo. Tratándose de personas jurídicas, éstas designan a una persona natural como supervisor permanente del Proyecto.

102.3 La Entidad Privada Supervisora debe contar con una experiencia mínima de cuatro (4) años como supervisor en Proyectos similares.

102.4 Para supervisar la ejecución de la operación y/o mantenimiento, la Entidad Pública puede contratar una Entidad Privada Supervisora o disponer que dicha función sea realizada por el responsable del área competente de la Entidad Pública.

102.5 El plazo inicial del Contrato de Supervisión debe estar vinculado al del Convenio y comprender hasta la emisión de la conformidad de servicio de supervisión, pudiendo ser prorrogado hasta la liquidación del Proyecto conforme el Contrato de Supervisión y sus modificatorias.

Artículo 103. Procedimiento para la contratación de la Entidad Privada Supervisora

103.1 El proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora está a cargo de la Entidad Pública, y se rige conforme a los procedimientos establecidos para la selección de la Empresa Privada en el presente Reglamento, en lo que resulte aplicable priorizando la finalidad pública que se pretende alcanzar sobre formalismos que resulten innecesarios o que puedan ser subsanados en el proceso. Para la aprobación de las bases del proceso de selección para la supervisión, no se requiere la emisión del Informe Previo al que se refiere la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230.

103.2 En caso la Entidad Pública decida contratar a la Entidad Privada Supervisora para que supervise la elaboración del Estudio Definitivo, el proceso de selección se lleva a cabo de manera simultánea al proceso de selección de la Empresa Privada que financia la ejecución del Proyecto.

103.3 El proceso de contratación de la Entidad Privada Supervisora puede contemplar alguno de los siguientes sistemas de contratación: a suma alzada, a precios unitarios, esquema mixto y tarifas. Estos sistemas se rigen conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

103.4 El puntaje de calificación se obtiene de la suma de los puntajes de la propuesta técnica y económica de cada Entidad Privada Supervisora, el cual tendrá una ponderación mínima de 80% para la propuesta técnica y máxima de 20% para la propuesta económica.

103.5 En caso de apelación, el impugnante del otorgamiento de la buena pro debe entregar a la Entidad Pública o ProInversión, según sea el caso, la garantía de apelación adjunta a su recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial del proceso de selección impugnado y debe tener un plazo mínimo de vigencia de treinta (30) días calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la vía administrativa, siendo obligación del impugnante realizar dichas renovaciones en forma oportuna. En el supuesto de que la garantía no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma, será ejecutada para constituir un depósito en la cuenta bancaria de la Entidad Pública o de ProInversión, el cual se mantendrá hasta el agotamiento de la vía administrativa

Artículo 104. Impedimentos de la Entidad Privada Supervisora

A la Entidad Privada Supervisora se le aplican los mismos impedimentos establecidos en el artículo 36. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vínculo con la Empresa Privada que financia la ejecución del Proyecto o su mantenimiento y/u operación, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria, y no debe haber participado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios para la ejecución del Proyecto.

CAPÍTULO II

DEL PERFECCIONAMIENTO, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÒN

Artículo 105. Perfeccionamiento y suscripción del Contrato de Supervisión

105.1 Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los diez (10) Días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad Pública la documentación para la suscripción del Contrato de Supervisión previsto en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) Días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad Pública para suscribir el Contrato de Supervisión.

105.2 En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el Contrato de Supervisión en los plazos antes indicados, el Comité Especial, a su sola discreción, puede otorgar un plazo adicional de máximo diez (10) Días hábiles.

En caso la Entidad Pública observe la documentación presentada para la suscripción del Contrato de Supervisión, en el plazo máximo de diez (10) Días , la Entidad Privada Supervisora tiene diez (10) Días hábiles para subsanar las observaciones. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el Contrato de Supervisión.

De no cumplir con la subsanación de las observaciones o perfeccionar el Contrato de Supervisión, pierde automáticamente la Buena Pro y el Comité Especial procederá a adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar, y así sucesivamente.

105.3 El Contrato de Supervisión será suscrito por la Entidad Pública, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en las bases.

105.4 Para suscribir el Contrato de Supervisión, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los documentos previstos en las Bases.

105.5 El titular de la Entidad Pública puede cancelar el proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora, en caso que el proceso de selección de la Empresa Privada sea cancelado.

Artículo 106. Garantía de fiel cumplimiento

106.1 El postor ganador debe entregar a la Entidad Pública la garantía de fiel cumplimiento del Contrato de Supervisión. Ésta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato de Supervisión original y mantenerse vigente hasta la liquidación final. La garantía de fiel cumplimiento debe tener las características establecidas en el numeral 56.

En caso las labores de supervisión sean financiadas con cargo a los recursos de la Entidad Pública y la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro y pequeña empresa, esta última puede optar por otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad Pública. Dicha retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del contrato.

106.2 Las garantías se ejecutan bajo las siguientes circunstancias:

a. Cuando la Entidad Privada Supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.

b. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, la Entidad Pública resuelve el Contrato de Supervisión por causa imputable a la Entidad Privada Supervisora. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad Pública, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

c. Ante la falta de pago de las penalidades aplicadas. La entidad pública puede ejecutar parcialmente por el monto adeudado.

d. Otros supuestos previstos en el Contrato de Supervisión

Artículo 107. Funciones y facultades de la Entidad Privada Supervisora

107.1 La Entidad Privada Supervisora es la única y exclusiva responsable de otorgar la conformidad de calidad del Proyecto o de sus avances hasta su culminación, salvo el supuesto establecido en el artículo 115.

107.2 La Entidad Privada Supervisora absuelve las consultas que formula la Empresa Privada y/o Ejecutor del Proyecto en el cuaderno de obras o registro correspondiente. Asimismo, absuleve las consultas y emite los informes técnicos respectivos a solicitud de la Entidad Pública.

107.3 La Empresa Privada y el Ejecutor del Proyecto brindan a la Entidad Privada Supervisora las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, estrictamente relacionadas con la ejecución del Proyecto y la elaboración del Estudio Definitivo.

Artículo 108. Financiamiento de la Entidad Privada Supervisora

108.1 El costo de contratación del servicio de supervisión de la Entidad Privada Supervisora puede ser financiado por la Empresa Privada con cargo a ser reconocido en el CIPRL o CIPGN. Siendo suficiente para su reconocimiento en el CIPRL o CIPGN la conformidad del servicio de supervisión emitida por el funcionario del área competente de la Entidad Pública, cuyo cargo se encuentra indicado en el convenio.

108.2 El financiamiento de dicho costo por parte de la Empresa Privada no implica una relación de subordinación por parte de la Entidad Privada Supervisora a la Empresa Privada.

108.3 En caso la Entidad Pública financie el costo de la supervisión, la contratación de la Entidad Privada Supervisora se realiza con cargo a los recursos de su presupuesto institucional.

Artículo 109. Del pago de la Entidad Privada Supervisora

109.1 Durante la ejecución de sus funciones, la Entidad Privada Supervisora presenta a la Entidad Pública el informe valorizado de los avances del servicio conforme al Contrato de Supervisión. Una vez recibido dicho informe, la Entidad Pública debe dar la conformidad del servicio de supervisión dentro de los cinco (5) Días hábiles posteriores a la presentación del informe valorizado, salvo que presente observaciones que deben ser notificadas a la Entidad Privada Supervisora dentro del mismo plazo, las mismas que serán subsanadas dentro de los cinco (5) Días hábiles de notificadas.

109.2 La Entidad Pública procede a cancelar el monto del servicio de supervisión dentro de los diez (10) Días siguientes de otorgada la conformidad de servicio de supervisión.

109.3 En caso que la Empresa Privada financie la supervisión, la Entidad Pública solicita a la Empresa Privada que cancele a la Entidad Privada Supervisora el monto establecido en el informe valorizado y la conformidad del servicio de supervisión. La Empresa Privada hará efectivo de manera automática el pago a la Entidad Privada Supervisora, en un plazo no mayor a quince (15) Días hábiles a partir de recibida la solicitud de la Entidad Pública, adjuntando la factura o comprobante de pago de la Entidad Privada Supervisora, sin posibilidad de cuestionamiento alguno.

109.4 Al día siguiente de haberse hecho efectiva la cancelación a la Entidad Privada Supervisora, la Empresa Privada deberá remitir a la Entidad Pública el comprobante de pago.

Artículo 110. Mayores prestaciones y ampliación de plazo en la supervisión

110.1 Las mayores prestaciones y la ampliación de plazo en el Contrato de Supervisión que se originen por variaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de ejecución, son aprobadas y/o autorizadas directamente por el Titular de la Entidad Pública, previo sustento técnico-legal de la unidad ejecutora. Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el Contrato original.

Dentro de los tres (3) Días siguientes a dicha aprobación se firma la adenda al Contrato de Supervisión original. En caso de mayores prestaciones, antes de la suscripción de la adenda la Entidad Privada Supervisora debe incrementar la garantía de fiel cumplimiento en proporción al adicional.

110.2 En caso de atrasos en la ejecución de la fase de ejecución del Proyecto por causas imputables a la Empresa Privada, respecto a la fecha consignada en el calendario de avance del Proyecto vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extensión del Contrato de Supervisión, lo que genera un mayor costo, la Empresa Privada asume el pago del mayor costo indicado, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del Convenio que no es reconocido en el CIPRL o CIPGN.

Artículo 111. Liquidación del Contrato de Supervisión

111.1. La Entidad Privada Supervisora presenta a la Entidad Pública la liquidación del Contrato de Supervisión, dentro de los treinta (30) Días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del Contrato de Supervisión. La Entidad Pública debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) Días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el supervisor.

Si la Entidad Pública observa la liquidación presentada por la Entidad Privada Supervisora, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de quince (15) Días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad Pública.

111.2. Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad Pública debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) Días siguientes, a costo de la Entidad Privada Supervisora; si este no se pronuncia dentro de los quince (15) Días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

Si la Entidad Privada Supervisora observa la liquidación practicada por la Entidad Pública, ésta debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) Días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad Privada Supervisora.

En el caso de que la Entidad Pública no acoja las observaciones formuladas por la Entidad Privada Supervisora, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

111.3. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo de treinta (30) Días hábiles, el sometimiento de esta controversia a los mecanismos de solución de controversias establecidos en el presente Reglamento, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.

Artículo 112. Responsabilidad de la Entidad Privada Supervisora

112.1 La Entidad Privada Supervisora es responsable por la calidad ofrecida del servicio prestado por un plazo que no puede ser inferior a un (1) año, contado a partir de la conformidad del servicio.

112.2 Los documentos del proceso de selección establecen el plazo máximo de responsabilidad de la Entidad Privada Supervisora, conforme a las disposiciones del presente artículo.

112.3 En todos los casos, los contratos incluirán una cláusula de no participación en prácticas corruptas, el cual configura como causal de resolución.

Artículo 113. Continuidad de la supervisión

113.1 La Entidad Pública debe mantener los servicios de supervisión para el adecuado y permanente control del Proyecto. En caso de resolución del Contrato Supervisión, sin perjuicio a que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los mecanismos de solución de controversias, la Entidad Pública está obligada a contratar por el saldo de la prestación a otra Entidad Privada Supervisora mediante el proceso de selección establecido en el artículo 103 o mediante el procedimiento de contratación directa establecido en el artículo 114.

113.2 En caso que la Entidad Pública convoque un nuevo proceso de selección, éste deberá iniciarse dentro de los diez (10) Días posteriores a la resolución del Contrato de Supervisión.

Artículo 114. Contratación directa

114.1 El Titular de la Entidad Pública, previo sustento técnico y legal, autorizar la contratación de la Entidad Privada Supervisora mediante el procedimiento de contratación directa. En la resolución de autorización se aprueban las especificaciones técnicas y económicas de contratación.

114.2 El procedimiento de contratación directa se lleva a cabo de acuerdo a lo siguiente:

i. Dentro de los cinco (5) Días de autorizada la contratación, el funcionario encargado de las contrataciones en la Entidad Pública invita a una o más Entidades Privadas Supervisoras para que oferten sus servicios conforme a las especificaciones técnicas y económicas aprobadas por el Titular. La invitación y la propuesta se realizan por cualquier medio de comunicación que permita acreditar su recepción.

ii. A los dos (2) Días de recibida la invitación, en el lugar, fecha y hora indicados, la Entidad Privada Supervisora presenta su propuesta ante la Entidad Pública sin requerir la presencia de notario público o juez de paz.

iii. La evaluación de la propuesta y verificación del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las especificaciones aprobadas, se realiza por el funcionario responsable de las contrataciones en un plazo máximo de dos (2) Días de recibida la propuesta.

Si la evaluación y verificación resulta favorable, se procede a la contratación directa mediante la suscripción del Contrato de Supervisión.

Además, para la contratación directa se debe verificar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 36.

114.3 El cumplimiento del procedimiento previsto en este artículo es responsabilidad del Titular de la Entidad Pública y de los funcionarios que intervengan en la decisión y su ejecución.

Artículo 115. Designación del personal interno para la supervisión temporal

115.1 Hasta por un plazo máximo de sesenta (60) Días calendario y durante la contratación de la nueva Entidad Privada Supervisora a la que se refiere el artículo 114, la Entidad Pública puede realizar la supervisión de la ejecución del proyecto a través de su personal interno, quien durante dicho periodo debe cumplir las funciones establecidas en el artículo 107, bajo responsabilidad.

115.2 Sin perjuicio de lo anterior, transcurrido dicho plazo, la Entidad Privada Supervisora contratada debe revisar lo actuado por la supervisión realizada por el personal interno de la Entidad Pública, incluyendo la Conformidad de Calidad que se hubiere otorgado. Si producto de la revisión se determina errores en la supervisión, corresponde a la Entidad Pública iniciar los procesos sancionadores o disciplinarios para dilucidar responsabilidad. En ningún caso genera efectos sobre los CIPRL o CIPGN emitidos.

115.3 En caso el Proyecto culmine durante la supervisión temporal, el personal interno es competente, bajo responsabilidad, para otorgar la Conformidad de Calidad y emitir pronunciamiento en la liquidación.

115.4 En ningún caso se puede iniciar la ejecución del Proyecto con la supervisión del personal interno mencionado en el presente artículo.

Artículo 116. Solución de controversias

Las controversias que surjan entre la Entidad Pública y la Entidad Privada Supervisora sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del Contrato de Supervisión, o sobre el pago de las prestaciones de supervisión, se resuelven mediante los mismos mecanismos de solución establecidos en el Capítulo VI del Título V del presente Reglamento.

TÍTULO VIII

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPÍTULO I

INVERSIÓN FINANCIADA CON CARGO A RECURSOS DETERMINADOS PROVENIENTES DE FONDOS

Artículo 117. Financiamiento con cargo a Recursos Determinados provenientes de Fondos

117.1 Con la finalidad de incluir a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que no perciben Recursos Determinados provenientes del Canon, Sobrecanon, Regalías y Rentas de Aduanas y Participaciones, o que de percibirlos, estos recursos no superen los Dos Millones Quinientos Mil Soles (S/ 2’500,000.00), y de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley Nº 29230, el monto del Proyecto podrá ser financiado con cargo a recursos de la fuente de financiamiento Recursos Determinados provenientes del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL).

117.2 En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que perciban Recursos Determinados provenientes del Canon, Sobrecanon, Regalías y Rentas de Aduanas y Participaciones por un monto mayor a los Dos Millones Quinientos Mil Soles (S/ 2’500,000.00), el citado Fondo podrán cofinanciar sus Proyectos de conformidad a lo establecido en sus Bases, manuales operativos o documentos de gestión. En este último supuesto, el CIPRL será financiado con los recursos provenientes del Fondo señalado anteriormente, y con los Recursos Determinados provenientes del Canon, Sobrecanon, Regalías y Rentas de Aduanas y Participaciones del Gobierno Regional y/o Gobierno Local.

117.3 Para la aplicación de lo antes dispuesto, en la solicitud de financiamiento que formule la autoridad correspondiente, de conformidad con la legislación que regula al respectivo Fondo, debe manifestarse en forma expresa la decisión de acogerse a lo dispuesto en el presente Capítulo. Para tales efectos, los Fondos deberán precisar en sus bases, manuales operativos o similares que en las solicitudes de financiamiento del Proyecto se indicará su realización mediante el mecanismo contemplado en la Ley Nº 29230 y sus modificatorias. Asimismo, deberán contemplar las disposiciones correspondientes en los casos en que no resulte seleccionada una Empresa Privada.

Artículo 118. Monto del CIPRL

118.1 Para los efectos de lo establecido en el artículo precedente, el monto del CIPRL a ser emitido no deberá ser mayor al importe del financiamiento para la ejecución del Proyecto que ha sido aprobado por el Fondo a favor del Gobierno Regional o Gobierno Local, de conformidad con la legislación que lo regula, salvo en los casos comprendidos en el segundo párrafo del artículo precedente.

118.2 En caso el Monto Total de Inversión durante la Fase de ejecución se incremente y el Gobierno Regional o Gobierno Local no cuente con Recursos Determinados provenientes del Canon, Sobrecanon, Regalías y Rentas de Aduanas y Participaciones, o de tenerlos, estos no superen los Dos Millones Quinientos Mil Soles (S/ 2’500,000.00), estos deberán financiar dicho incremento con cargo a los recursos provisionados por el Fondo de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 29230, previo análisis técnico en el marco de la normatividad de Invierte.pe. Si la provisión realizada por el Fondo no resulta suficiente para cubrir el monto del incremento, el Gobierno Regional y Gobierno Local deben financiar dicho saldo con recursos de su presupuesto institucional que correspondan, de acuerdo a la normatividad vigente.

118.3 El incremento, a que hace mención el párrafo anterior, será materia de reconocimiento mediante CIPRL cuando sea financiado por el Fondo o con Recursos Determinados provenientes del Canon, Sobrecanon, Regalías y Rentas de Aduanas y Participaciones.

Artículo 119. Financiamiento con cargo a Recursos Determinados provenientes de Fondos para entidades públicas del Gobierno Nacional

Los proyectos de las entidades públicas del Gobierno Nacional que se financian con recursos determinados provenientes de fondos se rigen por lo siguiente:

a. Para el financiamiento de Proyectos con cargo a recursos determinados provenientes de fondos se requiere contar con la certificación presupuestaria y/o compromiso de priorización de recursos establecido en el artículo 30.

b. El límite de emisión de los CIPGN con cargo a Recursos Determinados, está determinado por el monto asignado en los correspondientes Fondos.

c. Si el presupuesto asignado en el fondo no resultase suficiente para cubrir los incrementos en los montos de inversión que se puedan producir durante la fase de ejecución, y siempre que continúen siendo viables de conformidad con Invierte.pe, la Entidad Pública financia la diferencia no cubierta con cargo a su presupuesto institucional, sujetándose a la normatividad vigente.

d. La Entidad Pública puede financiar la operación y/o mantenimiento de los Proyectos señalados en la presente Disposición, con cargo a los recursos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios de su presupuesto institucional.

e. El costo de la contratación de la Entidad Privada Supervisora puede ser cubierto con cargo a los Recursos Determinados provenientes de fondos, de acuerdo a su regulación.

Artículo 120. Condiciones para la emisión del CIPRL o CIPGN

La DGETP emite los CIPRL o CIPGN con cargo a Fondos dentro de los tres (3) Días de recibida la solicitud de la Entidad Pública, previo registro de la afectación presupuestal y financiera en el SIAF-SP en base a la incorporación de los recursos en el presupuesto institucional en el año fiscal correspondiente, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados.

Artículo 121. Retención de recursos otorgados

En la oportunidad que corresponda efectuar la asignación financiera del Fondo, la DGETP retiene los montos que corresponda, por los recursos que fueron aprobados para la ejecución de los Proyectos beneficiados con el financiamiento del Fondo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Nº 29230, y los deposita en la cuenta que determine para dicho fin, de acuerdo a lo establecido en la Duodécima Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230.

CAPÍTULO II

MANCOMUNIDADES REGIONALES,

MANCOMUNIDADES MUNICIPALES

Y JUNTAS DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL

Artículo 122. Proyectos de alcance intermunicipal o interregional

122.1 Las disposiciones de la Ley Nº 29230, el presente Reglamento y las demás disposiciones que a su amparo se emitan, son de aplicación a los Proyectos que desarrollen las Mancomunidades Regionales, Mancomunidades Municipales o las Juntas de Coordinación Interregional. En este caso, la lista priorizada será aprobada por la Asamblea de la Mancomunidad Regional, el Consejo Directivo de la Mancomunidad Municipal o por la Presidencia Colegiada de la Junta de Coordinación Interregional, según sea el caso. Los gobiernos regionales y gobiernos locales conformantes de la Mancomunidad deben cumplir de manera independiente las reglas fiscales establecidas en el artículo 6 y la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1275.

122.2 El proceso de selección para la adjudicación de Proyectos de alcance intermunicipal o interregional será encargado a ProInversión por acuerdo del Consejo Directivo de la Mancomunidad Municipal o de la Presidencia Colegiada de la Junta de Coordinación Interregional, o por acuerdo de Asamblea de la Mancomunidad Regional, según sea el caso. El acuerdo de encargo del proceso de selección, será suscrito por el representante de la Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal o de la Junta de Coordinación Interregional, según sea el caso.

Para tal efecto, la Mancomunidad Regional o Mancomunidad Municipal deberá presentar a ProInversión el Acta en la que conste el acuerdo señalado en el párrafo precedente; el documento que acredite la vigencia de su inscripción en el Registro de Mancomunidades Regionales o Mancomunidades Municipales de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como la designación del Gerente General de la Mancomunidad o, en su defecto, del Presidente del Consejo Directivo de la Mancomunidad, quien actuará como su representante.

En el caso de la Junta de Coordinación Interregional, deberá presentar a ProInversión el Acta de la Presidencia Colegiada de la Junta de Coordinación Interregional en la que conste el acuerdo señalado en el primer párrafo del presente numeral, el documento que acredite la vigencia de su inscripción en el Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como la designación del representante de su Presidencia Colegiada, quien actuará como su representante.

122.3 En el acuerdo de encargo del proceso de selección a que se refiere el numeral precedente, se deberá indicar la proporción en que cada Municipalidad o Gobierno Regional integrante de la Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal o de la Junta de Coordinación Interregional, participará en el financiamiento de la ejecución de la obra mediante los CIPRL que se emitan a favor de la Empresa Privada.

122.4 El Convenio con la Empresa Privada, debe ser suscrito según lo siguiente:

- En el caso de las Mancomunidades Regionales, por cada Gobierno Regional Integrante de la Mancomunidad;

- En el caso de las Mancomunidades Municipales, por cada Gobierno Local integrante de la Mancomunidad Municipal; y,

- En el caso de las Juntas de Coordinación Interregional, por cada integrante de la Presidencia Colegiada de la Junta de Coordinación Interregional.

Además, deberá indicar la proporción en que participarán cada uno de sus integrantes, materia del acuerdo de encargo.

122.5 La emisión y entrega de los CIPRL por parte de la DGETP se sujeta a lo siguiente:

a. La Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal o Junta de Coordinación Interregional solicita a la DGETP la emisión de los CIPRL, indicando los registros SIAF-SP respecto de la afectación presupuestal y financiera que con cargo a la fuente Operaciones Oficiales de Crédito han efectuado cada uno de sus integrantes, por los montos correspondientes a su participación.

b. La DGETP emite los CIPRL a nombre de la Empresa Privada, con indicación del nombre de la Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal o Junta de Coordinación Interregional y del Gobierno Regional o Gobierno Local integrante de las mismas, sobre la base de los registros antes mencionados, y los entrega al representante de cada Gobierno Regional o Gobierno Local, debidamente acreditado.

c. El Gobierno Regional o Gobierno Local integrante registra los CIPRL como transferencias financieras a favor de la respectiva Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal o Junta de Coordinación Interregional.

d. La Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal o Junta de Coordinación Interregional receptora de dichas Transferencias Financieras lo incorpora en su presupuesto en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias y procede a efectuar el registro de ejecución de gasto para entregar dichos CIPRL a la Empresa Privada.

122.6 El representante de la Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal o de la Junta de Coordinación Interregional es responsable de todos los actos, procesos y obligaciones que la Ley Nº 29230 y el presente Reglamento establecen para el Gobierno Local o Gobierno Regional. Asimismo, todas aquellas responsabilidades, funciones y competencias que el presente Reglamento le asigna al Gobernador o Alcalde, serán ejercidas por la Presidencia Colegiada de la Junta de Coordinación Interregional, por la Asamblea de la Mancomunidad Regional, o por el Consejo Directivo de la Mancomunidad Municipal, según corresponda, salvo disposición expresa distinta.

122.7 Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, harán las transferencias correspondientes a las Juntas de Coordinación Interregional y a las Mancomunidades Regionales, Mancomunidades Municipales, respectivamente, para la contratación de la Entidad Privada Supervisora y para el financiamiento de los costos del proceso de selección, debiendo registrar dichas transferencias en el SIAF-SP de acuerdo a la normatividad vigente.

CAPÍTULO III

EJECUCIÓN CONJUNTA DE PROYECTOS

Artículo 123. Ejecución conjunta de Proyectos

Las entidades públicas pueden suscribir convenios para la ejecución conjunta de Proyectos en el marco de lo dispuesto en la Décimo Séptima Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230. Los gobiernos regionales y gobiernos locales deben cumplir de manera independiente las reglas fiscales establecidas en el artículo 6 y la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1275.

Artículo 124. Requisitos para la ejecución conjunta

124.1 Las entidades públicas que suscriban un Convenio de Ejecución Conjunta priorizan el Proyecto de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, indicando cada uno de los componentes que se compromete a financiar, incluyendo sus montos. La lista de Proyectos priorizados debe ser remitida a ProInversión para su publicación.

124.2 En caso de ejecución conjunta de proyectos con una Entidad Pública del Gobierno Nacional previo a la priorización se debe solicitarla opinión de Capacidad Presupuestal a la DGPP conforme al artículo 14, indicando los componentes del Proyecto que se compromete a financiar, para lo cual debe adjuntar el Convenio de Ejecución Conjunta.

Una vez obtenida la opinión favorable sobre la Capacidad Presupuestal, la Entidad Pública del Gobierno Nacional emite la resolución que aprueba la lista de Proyectos priorizados, dentro de los cinco (5) Días de recibida la opinión favorable de la DGPP.

124.3 La Entidad Pública responsable de llevar el proceso de selección debe actualizar en el Banco de Inversiones de Invierte.pe la modalidad de ejecución de los Proyectos indicando su ejecución mediante el mecanismo establecido en la Ley Nº 29230, así como indicar las entidades ejecutoras del Proyecto.

124.4 Previa a la aprobación de las Bases del proceso de selección se debe solicitar el informe previo de la Contraloría General de la República de acuerdo con el artículo 31. Asimismo, la Entidad Pública responsable de llevar el proceso de selección debe consolidar la documentación necesaria a fin de solicitar el informe previo. En caso la Entidad Pública del Gobierno Nacional ejecute proyectos con el Gobierno Regional o Gobierno Local en el marco del artículo 123, éste debe adjuntar los documentos presupuestales que sustenten la certificación presupuestaria y/o compromiso de priorización de recursos emitida por el Titular sobre el monto que asume en la ejecución conjunta.

Artículo 125. Contenido del convenio de Coejecución

125.1 El Convenio para la ejecución conjunta de Proyectos, además de establecer las cláusulas generales correspondientes, debe señalar como mínimo lo siguiente:

i. Plazo del Convenio

ii. Información detallada del Proyecto a ejecutarse bajo el mecanismo previsto en la Ley Nº 29230;

iii. La Entidad Pública que organizará y conducirá los procesos de las fases de actos previos, proceso de selección de la Empresa Privada y de la Entidad Privada Supervisora y la fase de ejecución.

iv. La unidad formuladora del Proyecto en el marco de Invierte.pe, el órgano encargado de declarar la viabilidad del Proyecto, así como las unidades ejecutoras correspondientes;

v. La identificación de los componentes del Proyecto, cuya ejecución se encuentra a cargo de cada Entidad Pública;

vi. Los porcentajes de participación de cada Entidad Pública en el financiamiento del Proyecto, tomando en cuenta los componentes que van a financiar;

vii. La Entidad Pública responsable de otorgar la conformidad de recepción del Proyecto o de sus avances;

viii. Las obligaciones de las entidades involucradas en la emisión de CIPGN y/o CIPRL;

ix. La entidad responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto. Asimismo se deberá precisar si alguno de estos componentes será asumido como objeto del proceso de selección

x. Las causales de resolución del Convenio;

xi. Solución de controversias y discrepancias

xii. Transferencia del Proyecto posterior a su ejecución

125.2 Cuando en la ejecución conjunta de Proyectos intervenga el Gobierno Nacional, los respectivos procesos de selección los conducirá el Comité Especial de la Entidad Pública del Gobierno Nacional. En caso que la ejecución sea entre el Gobierno Regional y Gobierno Local, el Comité Especial estará a cargo del Gobierno Regional.

125.3 Las entidades públicas deben remitir a ProInversión copia simple del Convenio de ejecución conjunta.

Artículo 126. De los procesos posteriores a la priorización para la ejecución conjunta

126.1 Los procesos posteriores a la priorización, serán conducidos por la entidad definida en el Convenio de Ejecución Conjunta conforme a los Títulos III, IV, V y VI del presente reglamento.

126.2 La solicitud del informe previo a la Contraloría General de la República debe ser solicitado por el Comité Especial de la Entidad Pública encargado de llevar el proceso de selección. Para ello debe solicitar a la entidad interviniente los documentos exigidos en el marco de la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230. El plazo de entrega de dicha información por parte de la misma debe ser en un máximo de siete (7) Días.

126.3 La conformidad de calidad del Proyecto o de sus avances es emitida por la Entidad Privada Supervisora. Una vez emitida la conformidad de calidad del Proyecto o de sus avances, la Entidad Pública a cargo de la ejecución del Convenio emitirá la conformidad de recepción del Proyecto o de sus avances y enviará un original de ambas conformidades a las entidades públicas que intervienen en la ejecución conjunta.

CAPÍTULO IV

OPERACIÓN EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL

Artículo 127. Operación de Proyectos de saneamiento para entidades públicas del Gobierno Nacional

127.1 En el marco del artículo 17 de la Ley Nº 30264, las Empresas Privadas pueden financiar Proyectos de las entidades públicas del Gobierno Nacional que incluyan su operación hasta por el plazo máximo de un (1) año. Para ello, es de aplicación lo establecido en el Capítulo V del Título V en todo lo que sea aplicable y lo que se establezca en el Convenio.

127.2 Las actividades de operación se realizan de acuerdo a lo establecido en las Bases, el Convenio y el Manual de Operación y documentos relacionados, no siendo necesaria la liquidación previa del Proyecto.

127.3 La supervisión de las actividades de operación se encuentra a cargo de la Entidad Pública u otra entidad competente de acuerdo a la legislación aplicable, pudiendo contratar a una Entidad Privada Supervisora de acuerdo los procedimientos establecidos en el presente Reglamento.

127.4 Los costos de operación y las labores de supervisión a cargo de la Entidad Privada Supervisora, se cancelan mediante la emisión del CIPGN respectivo, de acuerdo a lo establecido en el Convenio. Para la emisión de CIPGN se requiere la conformidad de calidad de operación, la cual puede incluir a la conformidad de calidad de mantenimiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Aprobación de documentos estandarizados

La DGPPIP, a propuesta de ProInversión, aprueba mediante Resolución Directoral el modelo de Bases de selección de la Empresa Privada y la Entidad Privada Supervisora, el modelo de Convenio de Ejecución Conjunta, así como otros instrumentos necesarios para la implementación de lo dispuesto por la presente norma.

Segunda.- De las Mancomunidades Regionales, Mancomunidades Municipales y Juntas de Coordinación Interregional

Las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II, no son de aplicación a las Mancomunidades Regionales, Mancomunidades Municipales ni a las Juntas de Coordinación Interregional.

Tercera.- De los Programas de Inversión

Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación para la ejecución de Programas de Inversión formulados, evaluados y declarados viables conforme a la normatividad de Invierte.pe y sus modificatorias.

Cuarta.- Emisión de normas complementarias

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Contabilidad Pública, la Dirección General de Política Promoción de la Inversión Privada, la Dirección General de Política de Ingresos Públicos y la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas pueden emitir las normas complementarias necesarias, en materia de su competencia, para la adecuada implementación de lo dispuesto por el presente Reglamento.

Quinta.- Adecuación de la normatividad de los Fondos

Los Fondos señalados en el Capítulo I del Título VIII del presente Reglamento, harán las adecuaciones que pudieran ser necesarias en las normas reglamentarias que los regulan, así como a sus Bases, manuales operativos o documentos similares a fin de implementar lo dispuesto en el presente Reglamento, en el marco de sus competencias.

Sexta.- De la suscripción de Convenios de Transferencia de competencia exclusiva de los Gobiernos Locales

Para el caso de los Proyectos de competencia exclusiva de los gobiernos regionales y locales, en las materias señaladas en el artículo 17 de la Ley Nº 30264, se podrán suscribir los Convenios previstos en la normatividad de Invierte.pe para su formulación, así como los Convenios que correspondan para su ejecución por parte de la Entidad Pública del Gobierno Nacional correspondiente, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Séptima.- Sistema de Información Obras por Impuestos

En un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, ProInversión implementa un Sistema de Información Obras por Impuestos que registre el estado de los Proyectos, en las distintas fases del proceso.

Octava.- Remisión de documentación a la DGPPIP

Las entidades públicas y las Empresas privadas deben remitir a la DGPPIP copia de los Convenios, Contratos de Supervisión y sus respectivas adendas dentro de los diez (10) Días de haber sido suscritos.

La DGPPIP remite una copia de los Convenios a la DGETP para el cumplimiento de las acciones correspondientes en el marco de sus competencias establecidas en la Ley Nº 29230 y Ley Nº 30264.

Novena.- Disposiciones complementarias

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la DGPPIP, puede emitir directivas, lineamientos y otras normas disposiciones complementarias referidas a la aplicación del mecanismo de Obras por Impuestos de obligatorio cumplimiento por las entidades públicas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Uso de documentos estandarizados

En tanto no se publique los documentos a que hace referencia la Primera Disposición Complementaria y Final de la presente norma, las entidades públicas seguirán utilizando los documentos aprobados existentes a la entrada en vigencia de este Reglamento, realizando las adecuaciones que correspondan.

Segunda.- Procesos en curso

Los procesos de selección que hayan sido convocados a la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento, se regulan por el marco normativo aplicable vigente antes de la entrada en vigencia del presente reglamento.

Los proyectos que ya cuenten con informe previo emitido por la Contraloría General de la República y que no hayan sido convocados a la entrada en vigencia del presente Reglamento, será suficiente para realizar la convocatoria de los procesos de selección, la adecuación de las bases al marco establecido por la presente norma. La adecuación de las bases no requiere de nuevo informe previo de la Contraloría General de la República

Tercera.- Aplicación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)

En todo lo referido al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) se debe entender referido al Sistema Nacional de Inversión Pública hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Cuarta.- Cálculo del límite de emisión CIPRL

El artículo 97 entra en vigencia a partir del cálculo del límite de emisión CIPRL correspondiente al quince (15) de junio de 2018. Para el cálculo del límite de emisión CIPRL correspondiente al quince (15) de marzo de 2017, se mantiene vigente el artículo 41 del Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y del artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, aprobado por Decreto Supremo Nº 409-2015-EF.

Anexo

Definiciones y siglas

1491544-2