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NORMAS LEGALES
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Artículo 3º. Justificación de la expropiación
La razón de necesidad pública declarada por la
presente Ley es la operación y mantenimiento de una obra
de infraestructura pública de saneamiento, que contribuirá
con la continuidad de la prestación de los servicios de
saneamiento por parte de la empresa de Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), beneficiando
a la población de la ciudad de Lima y de la Provincia
Constitucional del Callao.
Artículo 4º. Trámite de la expropiación
1. El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento es el sujeto activo de la expropiación
materia de la presente Ley, facultándosele para
que lleve a cabo los trámites correspondientes
de conformidad con la Ley 27117, Ley General de
Expropiaciones.
2. La empresa de Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima (Sedapal) es la beneficiaria
de la expropiación dispuesta por la presente Ley.
Artículo 5º. Pago de la indemnización
justipreciada
1. El pago de la indemnización justipreciada que
se establezca como consecuencia del trato
directo, de los procesos judiciales o arbitrales
correspondientes, será asumido por la empresa
de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
Lima (Sedapal), previa la tasación realizada por
el área de valuaciones de la Dirección Nacional
de Construcción del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, debiendo ser
abonado en dinero y en moneda nacional.
2. Para el pago de la indemnización justipreciada a
que se refiere el párrafo precedente, la empresa
de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
Lima (Sedapal) incorpora en su presupuesto
correspondiente al año fiscal 2013 los recursos
respectivos, aprobados por el Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado (Fonafe).
3. Para el caso del trato directo al que se refiere
el artículo 9 de la Ley 27117, Ley General de
Expropiaciones, el precio a pagar por indemnización
justipreciada al propietario afectado por la obra a
que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, es
el monto del valor de tasación actualizado, más un
porcentaje de 5% de dicho valor.
Artículo 6º. Plazo para iniciar la expropiación
El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, en su condición de sujeto activo, tendrá
un plazo de dos años, contados a partir de la fecha de
entrada en vigencia de la presente Ley, para iniciar el
proceso de expropiación del inmueble señalado en el
artículo 2 de la presente Ley.
Artículo 7º. Posesión provisoria
A fin de cumplir con la finalidad de la expropiación, el
juez o el árbitro de la causa, según sea el caso, puede
otorgar la posesión provisoria del bien a expropiarse, a
favor del beneficiario, siempre que:
a) El sujeto activo lo solicite expresamente.
b) El sujeto activo acredite la petición adjuntando el
certificado de consignación en dinero del monto
resultante de la indemnización justipreciada. De no
ser posible determinar en esta etapa el monto de la
compensación, bastará la consignación del monto
del valor de tasación comercial actualizado.
c) La posesión provisoria sea estrictamente
necesaria para los fines de la operación de la
planta de tratamiento de lodos de los estanques
reguladores de la planta La Atarjea, a la que se
refiere el artículo 1 de la presente Ley.
d) El sujeto activo haya notificado perentoriamente
a los propietarios, ocupantes o posesionarios del
bien a expropiar, para la desocupación inmediata
y conforme a los términos que establece el
procedimiento expropiatorio.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Excepción
Para efectos de la presente Ley, se exceptúa lo previsto
en el artículo 3 y en los párrafos 10.2 y 10.3 del artículo
10 de la Ley 27117, Ley General de Expropiaciones, así
como toda norma que pueda limitar su aplicación.
SEGUNDA. Estudio de Impacto Ambiental
En caso la planta de tratamiento de lodos de los
estanques reguladores de la planta de La Atarjea no
obtenga la aprobación por la autoridad competente del
Estudio de Impacto Ambiental, la propiedad del terreno
revertirá a favor del actual propietario, sujeto a la
devolución de la indemnización justipreciada pagada.
Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la
República para su promulgación.
En Lima, a los diecinueve días del mes de diciembre
de dos mil doce.
VÍCTOR ISLA ROJAS
Presidente del Congreso de la República
MARCO TULIO FALCONÍ PICARDO
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce
días del mes de enero del año dos mil trece.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros
888965-3
LEY Nº 29981
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL
(SUNAFIL), MODIFICA LA LEY 28806, LEY
GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO,
Y LA LEY 27867, LEY ORGÁNICA DE
GOBIERNOS REGIONALES
CAPÍTULO I
CREACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE FISCALIZACIÓN LABORAL (SUNAFIL)
Artículo 1. Creación y finalidad
Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo
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técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, responsable de promover,
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento
jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo,
así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones
y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.
Artículo 2. Personería jurídica
La Sunafil tiene personería jurídica de derecho público
interno, con autonomía para el ejercicio de sus funciones.
Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de
Lima.
Artículo 3. Ámbito de competencia
La Sunafil desarrolla y ejecuta todas las funciones
y competencias establecidas en el artículo 3 de la Ley
28806, Ley General de Inspección del Trabajo, en el
ámbito nacional y cumple el rol de autoridad central y
ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo, de
conformidad con las políticas y planes nacionales y
sectoriales, así como con las políticas institucionales
y los lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
Los gobiernos regionales, en el marco de las funciones
establecidas en el artículo 48, literal f), de la Ley 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, desarrollan y
ejecutan, dentro de su respectivo ámbito territorial, todas
las funciones y competencias señaladas en el artículo 3
de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo,
con relación a las microempresas, sean formales o no y de
acuerdo a como lo defina el reglamento, en concordancia
con las políticas y planes nacionales y sectoriales, así
como con las normas que emita el ente rector del sistema
funcional.
Artículo 4. Funciones generales de la Sunafil
La Sunafil tiene las funciones siguientes:
a) Supervisar el cumplimiento de la normativa
sociolaboral,
ejecutando
las
funciones
de fiscalización dentro del ámbito de su
competencia.
b) Aprobar las políticas institucionales en materia de
inspección del trabajo, en concordancia con las
políticas nacionales y sectoriales.
c) Formular y proponer las disposiciones normativas
de su competencia.
d) Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas
legales, reglamentarias, convencionales y las
condiciones contractuales, en el orden sociolaboral,
que se refieran al régimen de común aplicación o a
regímenes especiales.
e) Imponer las sanciones legalmente establecidas por
el incumplimiento de las normas sociolaborales,
en el ámbito de su competencia.
f) Fomentar y brindar apoyo para la realización
de actividades de promoción de las normas
sociolaborales, así como para el desarrollo de las
funciones inspectivas de orientación y asistencia
técnica de los gobiernos regionales.
g) Prestar orientación y asistencia técnica
especializada dentro de su ámbito de
competencia.
h) Ejercer la facultad de ejecución coactiva, respecto
de las sanciones impuestas en el ejercicio de sus
competencias.
i) Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas
legales, reglamentarias, convencionales y las
condiciones contractuales en el régimen laboral
privado, en el orden sociolaboral.
En caso de los trabajadores que prestan servicios
en entidades públicas sujetas al régimen laboral
de la actividad privada, la Sunafil coordina con la
Autoridad Nacional del Servicio Civil.
j) Suscribir convenios de gestión con los gobiernos
regionales en materia de su competencia.
k) Otras funciones que le señala la ley o que le
son encomendadas por el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo dentro de su ámbito de
competencia.
Artículo 5. Sanciones que impone la
Superintendencia
Por aplicación de la normativa vigente, la Sunafil
impone las sanciones establecidas en materia sociolaboral,
así como las normas específicas cuya fiscalización le
corresponde.
Artículo
6.
Ejecución
coactiva
de
la
Superintendencia
La Sunafil cuenta con competencia en el ámbito
nacional para efectuar procedimientos de ejecución
coactiva respecto de las sanciones pecuniarias
impuestas en el marco de sus competencias y de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley 26979, Ley de Procedimiento
de Ejecución Coactiva, normas modificatorias y
complementarias.
CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN DE LA SUNAFIL
Artículo 7. Estructura orgánica
La Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral, para el cumplimiento de sus fines, cuenta con la
estructura orgánica básica siguiente:
a) Alta
dirección:
Consejo
Directivo
y
Superintendente.
b) Tribunal de Fiscalización Laboral.
c) Órganos de línea.
d) Órganos de apoyo.
e) Órganos desconcentrados.
La estructura detallada de su organización y funciones
se establece en el reglamento de organización y funciones
en el marco de la normativa vigente.
Artículo 8. Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el órgano máximo de la entidad.
Es responsable de aprobar las políticas institucionales y la
dirección de la entidad. Está integrado por cinco miembros
designados para un período de tres años, mediante
resolución suprema refrendada por el Ministro de Trabajo
y Promoción del Empleo.
Artículo 9. Integrantes del Consejo Directivo
9.1 El Consejo Directivo está conformado de la
siguiente manera:
a) Dos representantes del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, uno de los cuales lo
preside.
b) Un representante de la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (Sunat).
c) Un representante de la Presidencia del Consejo de
Ministros a propuesta de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil (Servir).
d) Un representante del Seguro Social de Salud
(EsSalud).
e) Un representante designado por la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales.
9.2 Los miembros del Consejo Directivo pueden ser
removidos mediante resolución suprema refrendada por el
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, de acuerdo
a las siguientes causales de vacancia:
a) Fallecimiento.
b) Incapacidad permanente.
c) Renuncia aceptada.
d) Impedimento legal sobreviniente a la designación.
e) Falta grave en el ejercicio de las funciones.
f) Inasistencia injustificada a tres sesiones
consecutivas o cinco no consecutivas del Consejo
Directivo en el período de seis meses, salvo
licencia autorizada.
g) Por pérdida de la confianza de la autoridad que
los designó, comunicada al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
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En caso de vacancia, la entidad a la que le corresponde
designa un reemplazante para completar el período
correspondiente.
Artículo 10. Funciones del Consejo Directivo
Las funciones del Consejo Directivo son las
siguientes:
a) Aprobar la política, planes, políticas y estrategias
institucionales concordantes con los lineamientos
técnicos del sector.
b) Velar por el cumplimiento de sus objetivos y
metas.
c) Aprobar los planes y presupuestos institucionales
con arreglo a las políticas del sector en la materia.
d) Evaluar el desempeño y resultados de gestión de
la Sunafil.
e) Otras funciones que le señala la ley o establece su
reglamento.
Artículo 11. Superintendente
El Superintendente es la máxima autoridad ejecutiva
de la entidad y el titular del pliego presupuestal. Es
designado por un período de tres años pudiendo ser
renovada su designación por un período adicional. Se le
designa por resolución suprema, a propuesta del Ministro
de Trabajo y Promoción del Empleo.
Artículo 12. Funciones del Superintendente
El Superintendente ejerce las funciones siguientes:
a) Representar a la Superintendencia.
b) Ejecutar las políticas en materia de inspección del
trabajo.
c) Aprobar las normas de regulación de
funcionamiento interno.
d) Conducir el manejo administrativo institucional.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo
Directivo.
f) Designar y remover a los directivos de la
Superintendencia.
g) Otras funciones que establecen la presente Ley y
normas reglamentarias.
Artículo 13. Requisitos para ser designado
Superintendente
Para ser designado Superintendente se requiere:
a) Ser peruano y ciudadano en ejercicio.
b) Tener título profesional, acreditar al menos grado
académico de maestría y contar con no menos de
diez años de experiencia profesional.
c) Acreditar no menos de cinco años de experiencia
en un cargo de gestión ejecutiva y cinco años de
experiencia en materia sociolaboral.
d) No tener inhabilitación vigente para contratar con
el Estado ni para el ejercicio de la función pública
en el momento de ser postulado para el cargo.
e) No haber sido declarado insolvente o haber
ejercido cargos directivos en personas jurídicas
declaradas en quiebra durante, por lo menos, el
año previo a la designación.
f) Gozar de conducta intachable públicamente
reconocida.
Artículo 14. Causales de vacancia del cargo de
Superintendente
Son causales de vacancia del cargo de Superintendente
las siguientes:
a) Fallecimiento.
b) Incapacidad permanente.
c) Renuncia aceptada.
d) Impedimento legal sobreviniente a la designación.
e) Remoción por falta grave aprobada por el Consejo
Directivo.
f) Pérdida de la confianza de la autoridad que lo
designó.
En caso de vacancia, se designa un reemplazante
para completar el período correspondiente, con los
mismos procedimientos y requisitos señalados.
Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral
El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano
resolutivo con independencia técnica para resolver en las
materias de su competencia.
El Tribunal constituye última instancia administrativa
en los casos que son sometidos a su conocimiento,
mediante la interposición del recurso de revisión. Expide
resoluciones que constituyen precedentes de observancia
obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter
general el sentido de la legislación bajo su competencia.
El Tribunal está integrado por tres vocales designados
mediante resolución suprema, refrendada por el Ministro
de Trabajo y Promoción del Empleo, los cuales son
elegidos mediante concurso público.
Los vocales del Tribunal permanecen en el cargo
durante tres años, renovables por un período adicional,
debiendo permanecer en el cargo hasta que los nuevos
integrantes hayan sido nombrados.
La creación de salas adicionales fijando sede y jurisdicción
requiere autorización mediante decreto supremo.
Artículo 16. Requisitos para ser designado Vocal
del Tribunal
Son requisitos para ser designado Vocal del Tribunal
de Fiscalización Laboral los siguientes:
a) Ser peruano y ciudadano en ejercicio.
b) Tener título profesional, acreditar al menos
grado académico de maestría y contar con no
menos de diez años de experiencia profesional.
De preferencia se debe contar con estudios
de especialización en derecho constitucional,
administrativo o laboral.
c) Acreditar no menos de cinco años de experiencia
en un cargo de gestión ejecutiva y cinco años de
experiencia en materia sociolaboral.
d) No tener inhabilitación vigente para contratar con
el Estado ni para el ejercicio de la función pública
en el momento de ser postulado para el cargo.
e) No haber sido declarado insolvente o haber
ejercido cargos directivos en personas jurídicas
declaradas en quiebra durante, por lo menos, un
año previo a la designación.
f) Gozar de conducta intachable públicamente
reconocida.
Artículo 17. Causales de vacancia del cargo de
Vocal del Tribunal
Son causales de vacancia del cargo de Vocal del
Tribunal de Fiscalización Laboral las siguientes:
a) Fallecimiento.
b) Incapacidad permanente.
c) Renuncia aceptada.
d) Impedimento legal sobreviniente a la designación.
e) Falta grave determinada por el Consejo Directivo.
f) Inasistencia injustificada a tres sesiones
consecutivas o cinco no consecutivas, en el
período de seis meses.
CAPÍTULO III
ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN
Artículo 18. Ente rector
La Sunafil es la autoridad central del Sistema de
Inspección del Trabajo a que se refiere la Ley 28806,
Ley General de Inspección del Trabajo; y como ente
rector de ese sistema funcional dicta normas y establece
procedimientos para asegurar el cumplimiento de las
políticas públicas en materia de su competencia que
requieren de la participación de otras entidades del
Estado, garantizando el funcionamiento del Sistema con
la participación de los gobiernos regionales y de otras
entidades del Estado según corresponda.
Artículo 19. Mecanismos de articulación y
coordinación
La Sunafil establece mecanismos de articulación y
coordinación intersectorial con otras entidades del Poder
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Ejecutivo e intergubernamental con gobiernos regionales
y gobiernos locales, con la finalidad de:
a) Coordinar la implementación de las políticas
nacionales y sectoriales de su competencia.
b) Implementar mecanismos de seguimiento,
supervisión, evaluación y monitoreo, así como
indicadores de gestión para la mejora continua.
c) Celebrar convenios interinstitucionales de
asistencia técnica y ejecutar acciones de
cooperación y colaboración mutua.
d) Informar semestralmente a los consejos regionales
de trabajo acerca de los resultados de gestión del
conjunto del Sistema en el ámbito regional.
e) Desarrollar acciones de capacitación y difusión de
la normatividad del sector Trabajo.
Para tales efectos, el titular de la entidad y los
responsables de los órganos de línea sostendrán
reuniones de trabajo periódicas con gobiernos regionales
y gobiernos locales.
CAPÍTULO IV
RÉGIMEN ECONÓMICO Y LABORAL
Artículo 20. Régimen laboral
Los trabajadores de la Sunafil están sujetos al régimen
laboral de la actividad privada hasta que se implemente la
carrera pública.
El personal inspectivo en todos los niveles ingresa por
concurso público a la carrera del inspector de trabajo y
está sujeto a procesos de evaluación anual.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
emite las disposiciones necesarias para implementar
los procedimientos señalados, así como los de
sanción.
Constituye falta grave del servidor o funcionario del
sistema funcional de inspección laboral, sin perjuicio
de las establecidas en otras leyes, omitir, retrasar
injustificadamente o rehusar el cumplimiento de las
disposiciones técnicas emitidas por el ente rector. El
procedimiento administrativo disciplinario es tramitado
por el respectivo órgano jerárquico del servidor o
funcionario, o de otro organismo, de acuerdo al marco
legal correspondiente.
Artículo 21. Recursos
Son recursos de la Sunafil los siguientes:
a) Los que le asigne la ley anual de presupuesto del
sector público.
b) Los ingresos recaudados a consecuencia del
cumplimiento de sus funciones.
c) Los provenientes de la cooperación técnica
internacional no reembolsable, de conformidad
con la normativa vigente.
d) Los demás recursos que se le asigne.
Los recursos a que se refiere el literal b) se encuentran
bajo la normativa presupuestal vigente y se aplican
prioritariamente al fortalecimiento de las actividades de
promoción, difusión, capacitación, asistencia técnica,
investigación, entre otras, vinculadas al óptimo ejercicio
de las funciones de la Sunafil y del sistema funcional a su
cargo. No menos del 30% de los recursos son destinados
al fortalecimiento de las actividades inspectivas, al
desarrollo de la infraestructura necesaria y al óptimo
desempeño de las funciones bajo responsabilidad de los
gobiernos regionales.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Transferencia de funciones
Transfiérase a la Sunafil los órganos, unidades
orgánicas y cargos del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, referidas a la supervisión y fiscalización del
cumplimiento de la normativa sociolaboral. La Sunafil
asume el acervo documentario, los bienes, los pasivos,
los recursos y el personal correspondientes a dichas
dependencias, dentro del plazo de ciento veinte días
hábiles desde la vigencia de la presente Ley.
La Sunafil, los gobiernos regionales, las entidades
públicas o privadas que deben garantizar el cumplimiento
de normas sociolaborales, incluidas las de administración
de fondos de seguridad social, están facultados
para suscribir convenios con el objeto de que la
Superintendencia fiscalice dichas normas. La fijación de
aranceles se establece en dichos convenios, de ser el
caso.
SEGUNDA. Transferencia presupuestal
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
a efectos de implementar lo dispuesto en la presente
norma, transfiere a la Sunafil los recursos presupuestales
que correspondan a las funciones transferidas, mediante
resolución del titular y con cargo a su presupuesto
institucional.
TERCERA. Medidas en materia de contratación de
personal
Exonérase a la Sunafil de las restricciones
presupuestarias vigentes en materia de ingreso de
personal en el sector público por servicios personales,
por un período de un año a partir de la vigencia de la
presente norma, a efectos de que la mencionada entidad
contrate a su personal en el marco de las normas que
regulan el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 y
los procedimientos de concurso público para su ingreso.
CUARTA. Implementación de la Superintendencia
en el ámbito nacional
En el plazo mencionado en la primera disposición
complementaria, transfiérese a la Sunafil el acervo
documentario de los expedientes de inspección en trámite
ante los gobiernos regionales que, de acuerdo a la presente
Ley, son de competencia de la Superintendencia.
QUINTA. Expedientes en trámite
Las órdenes de inspección y los expedientes
administrativos sancionadores de inspección, a cargo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en trámite
a la fecha de vigencia de la presente norma continúan
gestionándose de acuerdo a lo dispuesto por las normas
reglamentarias pertinentes.
Los expedientes administrativos sancionadores
de inspección a cargo de las direcciones o gerencias
regionales de trabajo y promoción del empleo de los
gobiernos regionales continúan con el trámite respectivo
hasta su culminación, de acuerdo a las disposiciones de
la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.
SEXTA. Adecuación de la normativa en materia
inspectiva vigente
Toda mención efectuada en la normativa vigente
respecto de órganos competentes para la inspección del
trabajo o la función inspectiva entiéndase referida a la
Sunafil, de acuerdo a las precisiones que establece su
reglamento de organización y funciones.
SÉTIMA. Vigencia
La presente Ley entra en vigencia a partir de la
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones
de la Sunafil, salvo lo dispuesto en las disposiciones
complementarias finales y transitorias que entran en
vigencia desde su publicación.
OCTAVA. Reglamento
El Poder Ejecutivo aprueba el Reglamento y las normas
complementarias en un plazo no mayor de sesenta días
hábiles a partir del inicio de su vigencia.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
PRIMERA. Instrumentos de gestión
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
y demás instrumentos de gestión de la Sunafil son
aprobados en un plazo no mayor de ciento veinte días
hábiles posteriores a la vigencia de la presente Ley. La
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política remunerativa de la Sunafil es aprobada por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y por el
Ministerio de Economía y Finanzas dentro de este plazo.
SEGUNDA. Administración transitoria del sistema
funcional
La administración del Sistema Funcional de Inspección
del Trabajo, establecido por la Ley 28806, Ley General
de Inspección del Trabajo y su Reglamento, continúa a
cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
mientras se ejecute lo dispuesto en las disposiciones
complementarias transitorias de la presente Ley.
Asimismo, en tanto se apruebe el texto único de
procedimientos administrativos de la Sunafil, mantienen
su vigencia los procedimientos aprobados en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, así como la de aquellas
funciones transferidas, de ser el caso.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
mediante resolución ministerial determina la fecha de
culminación del proceso de transferencia y adecuación a
la presente norma.
TERCERA.
Facultad
disciplinaria
de
la
Superintendencia
La Sunafil asume la facultad sancionadora respecto
de las faltas administrativas disciplinarias cometidas por
el personal transferido antes de la vigencia de la presente
Ley.
CUARTA. Matriz de competencias y funciones
En el marco del proceso de descentralización, en un
plazo no mayor de treinta días hábiles, el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo propone la adecuación
de la matriz de delimitación de competencias y asignación
de funciones en materia de inspección del trabajo en todos
los niveles de gobierno a la Secretaría de Gestión Pública
y a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia
del Consejo de Ministros.
QUINTA. Competencias inspectivas
Para efectos del artículo 3, mediante decreto
supremo, con el voto favorable del Consejo de Ministros,
se establece la definición especial de microempresa, para
efectos del ejercicio de la función inspectiva.
SEXTA. Inspectores sujetos a la carrera del
inspector del trabajo
Los inspectores que a la fecha de inicio de la vigencia
de la presente Ley hayan ingresado por concurso público
y/o que se encuentran en la carrera del inspector del
trabajo establecida en la Ley 28806, Ley de Inspección
del Trabajo, se incorporan a la Sunafil sin más requisitos
que los antes mencionados.
SÉTIMA. Inspección laboral en las entidades
públicas
En tanto se implementan las funciones de supervisión
y fiscalización determinadas por el Decreto Legislativo
1023, la Sunafil coordina con la Autoridad Nacional del
Servicio Civil (Servir) a fin de establecer los mecanismos
para la aplicación de lo establecido en la presente Ley a
las entidades públicas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS
PRIMERA. Modificación de la Ley 28806
Modifícase los artículos 3, 13, 18, 19, 35, 39, 41 y 49
de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo,
los cuales quedan redactados de la siguiente manera:
"
Artículo 3°.- Funciones de la Inspección del
Trabajo
Corresponde a la Inspección del Trabajo el ejercicio de
la función de inspección y de aquellas otras competencias
que le encomiende el ordenamiento jurídico sociolaboral,
cuyo ejercicio no podrá limitar el efectivo cumplimiento
de la función de inspección, ni perjudicar la autoridad e
imparcialidad de los inspectores del trabajo.
Las finalidades de la inspección son las siguientes:
1. De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las
normas legales, reglamentarias, convencionales y
condiciones contractuales, en el orden sociolaboral,
ya se refieran al régimen de común aplicación, o a
los regímenes especiales:
(...)
f) De las prestaciones de salud y sistema
previsional:
f.1) Normas referidas al sistema nacional de
pensiones, al sistema privado de pensiones
y al régimen de prestaciones de salud.
(...)
Artículo 13°.- Trámites de las actuaciones
inspectivas
El órgano competente expide la correspondiente
orden de inspección designando al inspector o equipo de
inspección actuante y señala las actuaciones concretas
que deban realizar.
(...)
Artículo 18°.- Principios generales
El Sistema de Inspección del Trabajo se organiza con
sujeción a los principios de sistema único, polivalente e
integrado en dependencia técnica, orgánica y funcional
directa de la Autoridad Central de la Inspección del
Trabajo.
La implementación de la organización territorial de
la Inspección del Trabajo se llevará a cabo de acuerdo
con las disposiciones de la Autoridad Central del Sistema,
la que debe respetar el principio de especialización, así
como la unidad de función y de actuaciones inspectivas.
Artículo 19°.- Estructura orgánica
La estructura del Sistema de Inspección del Trabajo
es la siguiente:
a) La Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil) es el ente rector y la autoridad
central del Sistema de Inspección del Trabajo
de acuerdo al Convenio 81 de la Organización
Internacional del Trabajo.
b) Las unidades orgánicas de los gobiernos regionales
que dependen funcional y técnicamente de dicha
autoridad central en materia de inspección del
trabajo.
Corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo la elaboración, aprobación, supervisión y
evaluación de las políticas públicas destinadas a dar
cumplimiento a la normativa sociolaboral.
En aplicación de los principios de especialización,
trabajo programado y en equipo, podrán crearse
unidades y equipos de inspección especializados,
por áreas funcionales, materiales o por sectores de
actividad económica, de acuerdo a las necesidades de
funcionamiento de las intendencias regionales o zonales
de trabajo.
Mediante normas reglamentarias de desarrollo de
la presente Ley, se regulará la composición y estructura
orgánica y funcional de la Autoridad Central del Sistema
de Inspección del Trabajo, así como de sus órganos
territoriales, unidades y equipos especializados.
Artículo 35°.- Infracciones en materia de seguridad
social
Para efectos de la presente Ley, constituyen
infracciones en materia de seguridad social la omisión a la
inscripción en el régimen de prestaciones de salud y en los
sistemas de pensiones, sean estos públicos o privados,
sin perjuicio de las demás infracciones establecidas en la
normatividad específica sobre la materia.
En particular, tratándose del Texto Único Ordenado
de la Ley del Sistema Privado de Administración de
Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo
054-97-EF y la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema
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NORMAS LEGALES
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Privado de Pensiones, y demás normas modificatorias,
constituyen infracciones en materia de seguridad social el
incumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador
establecidas en las normas legales y reglamentarias
aplicables, incluyendo sin carácter limitativo la falta de
declaración, la falta de pago o la declaración o el pago
inoportunos o defectuosos de los aportes previsionales.
Artículo 39°.- Cuantía y aplicación de las sanciones
Las infracciones detectadas son sancionadas con una
multa máxima de:
a) Doscientas unidades impositivas tributarias (UIT),
en caso de infracciones muy graves.
b) Cien unidades impositivas tributarias (UIT), en
caso de infracciones graves.
c) Cincuenta unidades impositivas tributarias (UIT),
en caso de infracciones leves.
La multa máxima por el total de infracciones detectadas
no podrá superar las trescientas unidades impositivas
tributarias (UIT) vigentes en el año en que se constató
la falta.
La sanción que se imponga por las infracciones que
se detecten a las empresas calificadas como micro o
pequeñas empresas conforme a ley se reducen en 50%.
La aplicación de las mencionadas sanciones y la
graduación de las mismas, es efectuada teniendo en
cuenta las circunstancias del caso concreto y los criterios
de razonabilidad y proporcionalidad.
Artículo 41°.- Atribución de competencias
sancionadoras
La Sunafil ejerce la competencia sancionadora y aplica
las sanciones económicas que correspondan, de acuerdo
a su competencia. Es primera y segunda instancia en los
procedimientos sancionadores.
Los gobiernos regionales, por intermedio de los
órganos competentes en materia inspectiva y de acuerdo
a su competencia, son primera y segunda instancia en los
procedimientos sancionadores.
El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con
carácter excepcional y con competencia sobre todo el
territorio nacional, los procedimientos sancionadores en
los que se interponga recurso de revisión. Las causales
para su admisión se establecen en el reglamento.
El pronunciamiento en segunda instancia o el
expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según
corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía
administrativa.
Artículo 49°.- Medios de impugnación
Los medios de impugnación previstos en el
procedimiento sancionador son los siguientes:
a) Recurso de apelación: se interpone contra
la resolución que pone fin al procedimiento
administrativo dentro del tercer día hábil posterior
a su notificación.
b) Recurso de revisión: es de carácter excepcional,
se interpone dentro del quinto día hábil de resuelto
el procedimiento en segunda instancia, y solo
se sustenta en las causales establecidas en el
reglamento.
Contra el auto que declara inadmisible o improcedente
alguno de los recursos se puede interponer queja por
denegatoria dentro del segundo día hábil de notificado.
El Reglamento determina las demás condiciones para
el ejercicio de los recursos impugnativos."
SEGUNDA. Modificación de la Ley 27867
Modifícase el literal f) del artículo 48 de la Ley 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el cual queda
redactado de la siguiente manera:
"
Artículo 48°.- Funciones en materia de trabajo,
promoción del empleo y la pequeña y microempresa
(...)
f. Conducir y ejecutar los procedimientos de
promoción del empleo y fomento de la pequeña
y microempresa, así como los procedimientos de
supervisión, control e inspección de las normas
de trabajo respecto de las microempresas
aplicando las sanciones que correspondan de
acuerdo a ley en el ámbito de su competencia.
(...)"
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
ÚNICA. Derogación
Deróganse o déjanse sin efecto, según el caso, las
normas que se opongan a la presente Ley.
Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la
República para su promulgación.
En Lima, a los diecinueve días del mes de diciembre
de dos mil doce.
VÍCTOR ISLA ROJAS
Presidente del Congreso de la República
MARCO TULIO FALCONÍ PICARDO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce
días del mes de enero del año dos mil trece.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros
888965-4
PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS
Modifican el Reglamento de la Ley
del Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú
DECRETO SUPREMO
Nº 007-2013-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27067, Ley del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú ­ CGBVP, modificada por
las Leyes Nºs. 27140 y 27227, establece que el CGBVP
es un organismo público adscrito a la Presidencia del
Consejo de Ministros;
Que, mediante Decreto Supremo N° 031-99-PCM,
modificado por Decretos Supremos N° 002-2005-PCM,
N° 106-2010-PCM y N° 059-2011-PCM, se aprobó el
Reglamento de la Ley del Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú;
Que, conforme a ley, dicho Organismo desarrolla
trascendentales funciones en materia de prevención,
control y extinción de incendios en favor de la sociedad,
que son ejercidas por personal voluntario capacitado y
mediante el empleo de los recursos logísticos, económicos,