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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 1 de noviembre de 2012
477771
En caso el trabajador no tenga derecho de latencia,
por motivo de no alcanzar los meses de aporte mínimo
requeridos, el periodo entre la fecha de cese del último
vínculo laboral y el de inicio del vínculo laboral actual no
podrá exceder de los dos (02) meses.
Artículo 12°.- REMISIÓN DE INFORMACIÓN
Las Entidades Prestadoras de Salud se encuentran
obligadas a remitir, a solicitud de la nueva EPS, la
información referida a las condiciones, limitaciones y
exclusiones de la cobertura del plan de salud, así como
al reporte de las prestaciones de salud recibidas por el
titular y sus derechohabientes durante su vigencia, dentro
del plazo máximo de noventa (90) días calendario, para
efectos de la inscripción a que se refiere el artículo 3° de
la Ley N° 29561, sin perjuicio de lo dispuesto en el cuarto
párrafo del artículo 10° del presente Reglamento.
Las clínicas, hospitales, centros médicos, laboratorios y
médicos tratantes deberán facilitar el acceso a los documentos
médicos relacionados, así como brindar copia de los mismos
a solicitud de la Entidad Prestadora de Salud, dispensándolos
del secreto profesional, de conformidad a lo previsto en el
artículo 25° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- SUPERVISIÓN Y SANCIÓN
La Superintendencia Nacional de Aseguramiento en
Salud (SUNASA) se encargará de supervisar el adecuado
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento,
así como sancionar a las Entidades Prestadoras de Salud
que incurran en infracción al mismo, de conformidad a la
tipología establecida en su Reglamento de Infracciones y
Sanciones vigente.
Segunda.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias surgidas en cuanto a la aplicación de la
continuidad de cobertura de preexistencias previstas en la Ley
N° 29561 y el presente Reglamento, serán sometidas a los
mecanismos alternativos de solución de controversias a cargo
del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia
Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA).
Tercera.- TRANSVERSALIDAD DE COBERTURA EN
EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN
SALUD
Una vez concluida la adecuación de los planes de
salud a lo dispuesto en la Ley N° 29344, Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud, la continuidad de
cobertura de preexistencias se aplicará de modo transversal
a todas las IAFAS consideradas en el artículo 7° de la misma,
de conformidad a lo previsto en los artículos 89° y 100° del
Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en
Salud aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-SA.
861637-4
TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Determinan
dependencias
que
tramitarán y resolverán las solicitudes
y reclamaciones que se inicien ante
las Autoridades Administrativas de
Trabajo
DECRETO SUPREMO
Nº 017-2012-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 192º de la Constitución Política del Perú
establece el principio de unidad del Estado peruano, por el
cual, los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la
economía regional, fomentan las inversiones, actividades
y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con
las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo;
Que, la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en
el Expediente Nº 0020-2005-PI/TC, fundamentos jurídicos
del 34 al 79, desarrolla, entre otros, los principios de
unidad, taxatividad y residualidad, que vinculan la relación
entre los distintos niveles de gobierno: nacional, regional y
local. En consecuencia, los gobiernos regionales y locales
vinculan su actuación a las políticas y planes nacionales,
a su vez, el gobierno nacional asume las competencias
que no hubieran sido atribuidas de manera expresa a los
gobiernos regionales y locales;
Que, el Decreto Supremo Nº 001-93-TR establece
competencias y atribuciones administrativas de la Autoridad
Administrativa de Trabajo Nacional y Regional; norma
que se expidió antes de la entrada en vigencia del marco
normativo que regula el proceso de descentralización;
Que, asimismo, la Ley Nº 29381, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, dispone en su artículo 7º, numeral 7.3, que el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene por
competencia exclusiva el resolver en instancia de revisión
los procedimientos y materias que se determinen por
norma legal o reglamentaria;
Que, la mencionada Ley Nº 29381 dispone en su artículo
8º, numeral 8.2, literales a), b) y g) que el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo tiene como competencia
compartida con los gobiernos regionales: i) la garantía y
promoción del ejercicio de los derechos fundamentales
en el ámbito laboral; ii) el establecimiento de normas,
lineamientos, mecanismos y procedimientos que permitan
la promoción del empleo y formación profesional; y, iii) el
ejercicio de funciones ejecutoras en materia de trabajo y
promoción del empleo en aquellos casos específicos de
alcance nacional o supra regional;
Que, se requiere una norma reglamentaria que
sustituya al Decreto Supremo Nº 001-93-TR, adecuando la
regulación al marco de la descentralización y las relaciones
administrativas entre la Autoridad Administrativa de Trabajo
Nacional y Regional;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, el numeral
3) del artículo 11º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, el artículo 11º de la Ley Nº 29381, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, y los artículos 6º y 7º literal d) de su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 004-2010-TR;
DECRETA:
Artículo 1º.- De la tramitación de las negociaciones
colectivas y de los órganos competentes para atender
los supuestos del artículo 68º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado
por Decreto Supremo Nº 010-2003-TR
En el trámite de las negociaciones colectivas, se
observa lo siguiente:
a) Las Zonas de Trabajo o Desconcentradas, cuando
corresponda, reciben el pliego de reclamos y lo elevan
a la Subdirección de Negociaciones Colectivas para su
sustanciación, en un plazo de veinticuatro (24) horas.
b) La Sub-Dirección de Negociaciones Colectivas es
la instancia competente para tramitar el procedimiento de
negociación colectiva hasta su culminación, con sujeción a
las normas legales vigentes sobre la materia, procediendo
igualmente a registrar los convenios colectivos celebrados.
c) La Dirección de Prevención y Solución de Conflictos
Laborales, u órgano que haga sus veces, según sea el
caso, absuelve en segunda y última instancia los recursos
administrativos que se planteen contra los autos expedidos
en primera instancia.
d) La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo resuelve, en condición de árbitro obligatorio, cuando
se verifiquen los supuestos establecidos en el artículo 68º del
Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas
de Trabajo aprobado por
Decreto Supremo Nº 010-2003-TR,
siempre que éstos sean de alcance regional o local. Esta
actuación arbitral se sujeta a las directivas expedidas por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
e) La Dirección General de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo es competente para
resolver en el caso de los supuestos regulados en el artículo
68º del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones
Colectivas de Trabajo aprobado por
Decreto Supremo Nº
010-2003-TR, cuando éstos revistan alcance nacional o
supra regional.
Se configura una huelga con efecto o alcance nacional
o supra regional:
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 1 de noviembre de 2012
477772
e.i) Cuando la huelga se prolongue excesivamente y
comprometa gravemente a una empresa o sector productivo,
siempre que la huelga afecte el interés social o sus efectos sobre
una empresa o cadena de producción de ámbito supra regional
presenten una temporalidad irrazonable y desproporcionada en
función de los objetivos perseguidos por quienes la ejerciten.
e.ii) Cuando la huelga se prolongue excesivamente y
derive en hechos de violencia.
e.iii) Cuando la huelga se prolongue excesivamente y
asuma características graves por su magnitud o consecuencias,
las mismas que serán determinadas en cada caso concreto en
función de criterios sociales, económicos y jurídicos.
Artículo 2º.- De las competencias territoriales de los
gobiernos regionales
La Dirección de Prevención y Solución de Conflictos,
u órgano que haga sus veces en el Gobierno Regional
correspondiente, resuelve en primera instancia los siguientes
procedimientos, siempre que sean de alcance local o regional:
a) La terminación de la relación de trabajo por causas
objetivas;
b) La suspensión temporal perfecta de labores por caso
fortuito o fuerza mayor;
c) La impugnación a la modificación colectiva de las
jornadas, horarios de trabajo y turnos;
d) La designación de delegados de los trabajadores;
e) La inscripción en el registro sindical de sindicatos,
federaciones y confederaciones;
f) El inicio y trámite de la negociación colectiva; y,
g) La declaratoria de improcedencia o ilegalidad de la
huelga.
Corresponde a la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo expedir la resolución de segunda
instancia, relativa a los recursos administrativos planteados
contra las resoluciones de primera instancia.
Artículo 3º.- De las competencias territoriales del
gobierno nacional
La Dirección General de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo resuelve en instancia única
los supuestos que se detallan a continuación, siempre que
éstos sean de alcance supra regional o nacional:
a) La terminación de la relación de trabajo por causas
objetivas;
b) La suspensión temporal perfecta de labores por caso
fortuito o fuerza mayor;
c) La impugnación a la modificación colectiva de las
jornadas, horarios de trabajo y turnos;
d) El inicio y trámite de la negociación colectiva; y,
e) La declaratoria de improcedencia o ilegalidad de la
huelga.
A efectos del presente artículo, debe entenderse con
carácter supra regional o nacional todo aquel supuesto que
involucre a trabajadores de una empresa o sector productivo
con centros de trabajo en más de una región.
En el caso de los incisos d) y e) también se adquiere
carácter supra regional o nacional cuando la actividad
económica desarrollada por la empresa o sector productivo
tiene un efecto o impacto notorio en la economía de más de
una región o a nivel nacional.
Son supuestos de esta causal, entre otros, las siguientes
actividades o servicios:
- Transporte aéreo, servicios aeronáuticos y
administración aeroportuaria.
- Carga y transporte acuático, administración portuaria
y servicios portuarios.
- Producción y suministro inter-regional de energía
eléctrica, gas y petróleo.
- Suministro supra-regional de agua.
- Los de naturaleza estratégica vinculados con la
defensa o seguridad nacional.
- Las actividades que producen bienes o servicios
determinantes para una cadena productiva de ámbito inter-
regional o nacional.
Artículo 4º.- Del recurso de revisión
Contra lo resuelto en segunda instancia por las
direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo,
acorde al artículo 2º del presente Decreto Supremo, procede
la interposición del recurso de revisión, cuyo conocimiento
es competencia de la Dirección General de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
En el caso del registro de organizaciones sindicales y
de la designación de los delegados de los trabajadores,
procede el recurso de revisión contra las resoluciones de
segunda instancia regional que deniegan el registro.
Son requisitos para la procedencia de dicho recurso
que el acto administrativo impugnado se sustente en una
interpretación incorrecta de las fuentes del derecho, en
especial, de la jurisprudencia establecida por el Poder
Judicial y el Tribunal Constitucional, o haya incumplido
las directivas o lineamientos de alcance nacional emitidos
por las Direcciones Generales del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo o se haya apartado de los
precedentes administrativos dictados por ellas.
La resolución de intervención, a la que se hace referencia
en el artículo 2º del presente Decreto Supremo, dictada al
amparo del referido artículo 68º del
Texto Único Ordenado
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por
Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, por el cual la autoridad
administrativa de trabajo regional asume competencia de
intervención, puede ser impugnada mediante recurso de
revisión ante la Dirección General de Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo.
Las resoluciones emitidas por la instancia de revisión
se publican en el Diario Oficial El Peruano y constituyen
precedentes administrativos vinculantes para todas las
instancias administrativas regionales.
Artículo 5º.- De los plazos y demás normas
procedimentales aplicables al recurso de revisión
La Dirección General de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo se sujeta a las reglas
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, en la tramitación del recurso de revisión detallado
en el artículo 4º, con excepción de los supuestos sobre
declaratoria de improcedencia o ilegalidad de la huelga
de alcance supra regional o nacional, el cual debe
ser interpuesto dentro de los tres (03) días hábiles de
expedida la resolución que declara la improcedencia o
ilegalidad de la huelga, debiendo la Dirección General de
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
resolver dentro de tres (03) días hábiles siguientes a la
interposición del recurso.
Corresponde a la Dirección General de Trabajo, en forma
exclusiva como autoridad nacional, la determinación de los
criterios interpretativos a que se refiere el artículo VI del
Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Artículo 6º.- De la nulidad de los actos
administrativos
Son vicios del acto administrativo que causan su
nulidad, los detallados en el artículo 10º de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
entre ellos los que contradicen los precedentes
administrativos de carácter vinculante dictados por las
direcciones generales del Sector Trabajo y Promoción
del Empleo, al amparo del artículo VI del Título Preliminar
del dispositivo legal antes mencionado, y aquellos que
vulneran las reglas de competencia territorial de ámbito
nacional.
Artículo 7º.- De la publicidad de las resoluciones
administrativas
Es deber de los directores de prevención y solución
de conflictos, los directores subregionales, los directores
regionales de trabajo y promoción del empleo, la Dirección
General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo y del despacho Viceministerial de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicar
en el portal web del gobierno regional o nacional, según
corresponda, las resoluciones administrativas que pongan
fin a la segunda instancia administrativa, dentro de los cinco
(05) días hábiles siguientes a su expedición, de acuerdo a
las siguientes materias:
a) Las resoluciones referidas en el artículo 2º del
presente Decreto Supremo; y,
b) Las resoluciones del procedimiento administrativo
sancionador de la inspección del trabajo relativas a:
b.1) Libertad de trabajo;
b.2) Trabajo infantil;
b.3) Igualdad y no discriminación;
b.4) Libertad sindical;
b.5) Jornada de Trabajo y descansos remunerados;
b.6) Primacía de la realidad;
b.7) Contratación sujeta a modalidad y estabilidad en
el trabajo; y,
b.8) Seguridad y salud en el trabajo.
Artículo 8º.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 1 de noviembre de 2012
477773
Artículo 9º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES
Primera.- El incumplimiento del presente Decreto
Supremo configura falta administrativa grave por parte
de funcionarios de la Autoridad Administrativa de Trabajo
regional y nacional.
La Dirección General de Trabajo supervisa el
cumplimiento de las disposiciones de la presente norma, en
caso verifique el incumplimiento por parte de la autoridad
regional, elabora un informe que se remite para el inicio del
procedimiento disciplinario correspondiente, sin perjuicio de
su remisión a la oficina de control institucional. La autoridad
regional inicia el procedimiento disciplinario dentro de
los treinta (30) días hábiles de recibido el informe, bajo
responsabilidad administrativa.
Segunda.- Facúltese al Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo a emitir las disposiciones
complementarias del presente Decreto Supremo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
Única.- Deróguese el Decreto Supremo Nº 001-93-TR,
así como todas las normas que se opongan al presente
dispositivo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
Única.- Los Gobiernos Regionales adecuarán
sus Textos Únicos Ordenados de Procedimientos
Administrativos (TUPA) a lo establecido en el presente
Decreto Supremo, en un plazo no mayor de sesenta
(60) días hábiles desde la entrada en vigencia del
presente Decreto Supremo, bajo responsabilidad. Sin
perjuicio de ello, los administrados podrán ejercer los
derechos establecidos desde la entrada en vigencia de
la presente norma.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún
días del mes de octubre del año dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
861637-5
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Autorizan a Escuela de Conductores
Integrales A & A Sociedad Anónima
Cerrada - ECON A & A S.A.C. la
ampliación de local
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 3964-2012-MTC/15
Lima, 16 de octubre de 2012
VISTO:
El expediente N° 2012-038652 presentado por la empresa
denominada ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES A
& A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECON A & A S.A.C., y;
CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento Nacional de Licencias de
Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº
040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, regula las
condiciones, requisitos y procedimientos para la obtención
de la autorización y funcionamiento de las Escuelas
de Conductores, tal como lo dispone el artículo 43º que
establece las condiciones de acceso, así como el artículo
51º que señala los requisitos documentales;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 179-2012-
MTC/15 de fecha 12 de enero de 2012, se autorizó a la
empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES
INTEGRALES A & A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- ECON A & A S.A.C., con RUC N° 20490509179 y con
domicilio en PP.JJ Cesar Vallejo Mz H Lt. 22, Distrito
Paucarpata, Provincia y Departamento de Arequipa,
para funcionar como Escuela de Conductores Integrales,
en adelante La Escuela, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir
Vehículos Automotores y no Motorizados de Transporte
Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-
MTC, en adelante El Reglamento; a efectos de impartir
los conocimientos teóricos - prácticos requeridos para
conducir vehículos motorizados de transporte terrestre,
propugnando una formación orientada hacia la conducción
responsable y segura a los postulantes para obtener una
Licencia de Conducir:
Que, mediante Resolución Directoral N° 2470-2012-
MTC/15 de fecha 26 de junio de 2021, se autorizó a La
Escuela para impartir los cursos de capacitación para
obtener licencia de conducir de la Clase A Categoría I;
Que, mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2012,
La Escuela, presentó solicitud ampliación de local para
funcionar como Escuela de Conductores Integrales, en
los locales ubicados en la Av. León Velarde N° 603 con
acceso por el Jr. Gonzales Prada N° 287 y Parcela 01,
Unidad Catastral 31117, carretera Tambopata, distrito y
Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios;
al amparo de El Reglamento;
Que, mediante Oficio N° 2937-2012-MTC/15.03 de
fecha 23 de abril de 2012, notificado en la citada fecha,
la Dirección de Circulación y Seguridad Vial requirió a
La Escuela, la subsanación de su solicitud, al haberse
advertido diversas observaciones, otorgándosele para ello
un plazo de diez (10) días hábiles, el cual es respondido
mediante Parte Diario N° 054014 de fecha 08 de mayo de
2012;
Que, con fecha 25 de mayo de 2012, la Dirección
General de Transporte Terrestre, en adelante la DGTT,
realizó la inspección ocular a los locales ofertados por La
Escuela, con participación del señor Luis Alberto Orozco
Gómez;
Que, mediante Resolución Directoral N° 2072-2012-
MTC/15 de fecha 30 de mayo de 2012, notificada el 07
de junio del presente año, la DGTT declaró improcedente
la solicitud formulada por La Escuela, fundamentándose
en el que circuito ofertado por la recurrente no cumple
con los requisitos mínimos ya que no existen señales
preventivas, reguladoras ni informativas del Reglamento
de Tránsito, amparándose en lo sostenido en el informe
N° 02-2012-MTC/15.AFLL de fecha 28 de mayo de 2012
suscrito por el Inspector de la DGTT, señor Antonio Flores
Llacsahuanga;
Que, mediante escrito de fecha 26 de junio de 2012,
ampliado con escrito presentado el 16 de julio de 2012, La
Escuela interpuso recurso de apelación contra la Resolución
Directoral N° 2072-2012-MTC/15, argumentándose
que no ha sido notificada válidamente con la resolución
impugnada, habiendo tomado conocimiento de la misma
mediante una solicitud de acceso a la información pública
presentada el 22 de junio de 2012 y entregada con el
oficio N° 1474-2012-MTC/04.02 de fecha 22 de junio de
2012 por la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión
Documental;
Que, con fecha 01 de agosto de 2012, se llevó a cabo
el informe oral solicitado por La Escuela, ratificando los
fundamentos expuestos en su recurso de apelación contra
la Resolución Directoral N° 2072-2012-MTC/15;
Que, mediante Resolución Vice Ministerial N° 659-
2012-MTC/02 de fecha 09 de agosto de 2012, en su
artículo 1, se resuelve declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por la empresa denominada
ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES A & A
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECON A & A S.A.C.,
y en consecuencia declararla nulidad de la Resolución
Directoral N° 2072-2012-MTC/15, por encontrarse incursa
en la causal establecida en el numeral 1 del artículo 10°
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, debiendo retrotraerse el procedimiento
administrativo hasta la fecha de la emisión del Informe N°
02-2012-MTC/15.AFLL a fin que la DGTT efectué una nueva
evaluación y emita el acto administrativo correspondiente,