Decreto Supremo que aprueba la Política de Seguridad y Defensa Nacional

DECRETO SUPREMO

N° 012-2017-DE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece en su artículo 44, que son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, el artículo 163 del mismo cuerpo de leyes establece que el Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional, la cual es integral y permanente, se desarrolla en los ámbitos interno y externo, y dispone que toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional. Asimismo, en su artículo 164, establece que la dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través de un sistema cuya organización y funciones las determina la Ley;

Que, la Novena Política de Estado del Acuerdo Nacional aprobada en el año 2002 por las fuerzas políticas y sociales, refiere que la “Política de Seguridad Nacional” es un compromiso del Estado para mantener una política que garantice la independencia, soberanía, integridad territorial y salvaguarda de los intereses nacionales;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 001-B-2004-DE-SG, se aprobó la Política de Estado para la Defensa y la Seguridad Nacional, en la cual se determinó los objetivos y políticas para garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales; no obstante, su clasificación de carácter “Secreto”, no hizo posible una implementación integral, articulada y coordinada por parte de las entidades del Estado;

Que, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, incorporó como una de las prioridades del Eje Estratégico 3: Estado y Gobernabilidad, la “Operatividad y Eficacia del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional” y determinó como uno de sus lineamientos de política en materia de Seguridad y Defensa Nacional, optimizar el funcionamiento del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, para defender los intereses permanentes del Perú;

Que, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM aprueba las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, define las políticas nacionales en diversas materias y reconoce la política en materia de Seguridad y Defensa Nacional, la cual tiene como uno de sus lineamientos, el fomentar la participación activa de todos los sectores, niveles de Gobierno y de la sociedad en su conjunto, en el logro de los objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno; asimismo, las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas;

Que, el Decreto Legislativo N° 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional, dispone que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es el ente rector del Sistema de Defensa Nacional y el órgano del más alto nivel de decisión política y de coordinación estratégica que, entre sus funciones, aprueba los Objetivos y la Política de Seguridad y Defensa Nacional, así como las normas y lineamientos técnicos para la implementación y evaluación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional;

Que, el Decreto Legislativo N° 1134 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 006-2016-DE, le asigna como función rectora, la de dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política de Seguridad y Defensa Nacional, en concordancia con lo dispuesto por el Presidente de la República en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, así como con los acuerdos adoptados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional;

Que, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el Decreto Supremo N° 061-2016-PCM, dispuso la fusión de la ex Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), al Ministerio de Defensa, correspondiendo al Vice Ministerio de Políticas para la Defensa asumir las funciones de SEDENA, conforme lo dispone la Resolución Ministerial N° 850-2017-DE/SG, que establece, entre otras funciones: “Formular y proponer al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional los Objetivos y Política de Seguridad y Defensa Nacional”;

Que, bajo ese marco normativo, el Ministerio de Defensa ha formulado la Política de Seguridad y Defensa Nacional, de carácter multidimensional, con el objeto de fortalecer el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional, a fin de promover el desarrollo del país y garantizar la seguridad de la Nación, la plena vigencia de los derechos fundamentales, el bienestar de la población y la consolidación del estado constitucional de derecho; todo lo cual contribuye a la paz, desarrollo integral y justicia social;

Que, en ese sentido, el Ministerio de Defensa ha presentado al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Política de Seguridad y Defensa Nacional, para su aprobación;

Que, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en sesión ordinaria realizada el 06 de julio del 2017, aprobó la Política de Seguridad y Defensa Nacional; la cual contiene tres (03) objetivos y veintinueve (29) lineamientos, que orientan la actuación de todos los actores involucrados que interactúan de manera articulada y participativa en las actividades de Seguridad y Defensa Nacional;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú, y en el inciso 3) del artículo 11° de la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional

Apruébese la Política de Seguridad y Defensa Nacional, cuyo texto en Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

La Política de Seguridad y Defensa Nacional es de cumplimiento obligatorio por las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno, acorde con el ámbito de sus competencias y funciones.

Artículo 3.- Financiamiento

La implementación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional se financia con cargo al presupuesto institucional autorizado de los pliegos correspondientes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y conforme a la normatividad vigente.

Artículo 4. Publicación

Publíquese el presente Decreto Supremo y su Anexo en el Diario Oficial El Peruano; así como, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Defensa (www.mindef.gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente norma.

Artículo 5. Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, la Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Implementación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional

Facúltese al Ministerio de Defensa a dictar las normas complementarias que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en la Política de Seguridad y Defensa Nacional, aprobada en el artículo 1 del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Derogación del Decreto Supremo N° 001-B-2004-DE-SG

Deróguese el Decreto Supremo N° 001-B-2004-DE-SG, que aprueba la Política de Estado para la Defensa y la Seguridad Nacional, así como las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto Supremo.

Asimismo, facúltese a las demás entidades públicas involucradas a adecuar sus normas y servicios para la implementación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

Presidente de la República

Mercedes Aráoz Fernández

Presidenta del Consejo de Ministros

Jorge Nieto Montesinos

Ministro de Defensa

Ricardo Luna Mendoza

Ministro de Relaciones Exteriores

Claudia María Cooper Fort

Ministra de Economía y Finanzas

Carlos Basombrío Iglesias

Ministro del Interior

Enrique Javier Mendoza Ramírez

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DEL ESTADO PERUANO

2017

TABLA DE CONTENIDO

I. ANTECEDENTES

1.1. Entidad rectora

II. BASE NORMATIVA

III. FUNDAMENTACIÓN

IV. DIAGNÓSTICO

4.1. Metodología

4.2. Identificación del problema

4.2.1 Capacidad militar de las FFAA.

4.2.2 Protección de la Amazonia, presencia en la Antártida y combate a la minería Ilegal.

4.2.3 Capacidad para la lucha contra el terrorismo.

4.2.4 Capacidad para combatir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

4.2.5 Capacidad para combatir la corrupción.

4.2.6 Capacidad para efectivizar la modernización de la gestión Pública.

4.2.7 Cultura de Seguridad Nacional.

4.2.8 Identidad nacional en los ciudadanos.

4.2.9 Capacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana.

4.2.10 Capacidad de gestión de riesgo de desastres.

4.2.11 Hacinamiento penitenciario y resocialización de sentenciados.

4.2.12 Competitividad de la economía peruana.

4.2.13 Inversión en ciencia y tecnología.

4.2.14 Infraestructura para enfrentar ataques a los sistemas de información: Ciberseguridad.

4.2.15 Capacidad de atender el abastecimiento energético.

4.2.16 Capacidad para desacelerar el deterioro del ambiente.

4.2.17 Capacidad para el desarrollo de tecnologías.

4.2.18 Capacidad para la gestión del territorio.

4.2.19 Capacidad para combatir la pobreza y desigualdad social

4.2.20 Capacidad para el manejo de los conflictos sociales.

V. POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

5.1. Objetivos de la Política.

5.2. Lineamientos de la Política.

VI. ARTICULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA

VII. ARTICULACIÓN DE INTERVENCIÓN SELECCIONADA

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y

DEFENSA NACIONAL

I. ANTECEDENTES

La Constitución Política del Perú establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; asimismo, refiere que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia, el desarrollo integral y equilibrado de la Nación, así como, garantizar la seguridad de esta última mediante el Sistema de Defensa Nacional.

En el Foro del Acuerdo Nacional, desarrollado en el año 2002, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática, se asumió, a través de la Novena Política denominada Política de Seguridad Nacional, el compromiso de mantener una Política de Seguridad Nacional que garantice la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales.

Este Foro considera que la Seguridad Nacional involucra a la sociedad en su conjunto, a los organismos de conducción del Estado, en especial a las Fuerzas Armadas, en el marco de la Constitución y las leyes; asume el compromiso de prevenir y afrontar cualquier amenaza externa o interna que ponga en peligro la paz social, la seguridad integral y el bienestar general, para lo cual propone que el Estado:

a) Fomente la participación activa de toda la sociedad en su conjunto, para el logro de objetivos de la Política de Seguridad Nacional.

b) Garantice la plena operatividad de las Fuerzas Armadas, orientada a la disuasión, defensa y prevención de conflictos, así como al mantenimiento de la paz.

c) Impulse la enseñanza de los conceptos básicos de la Seguridad Nacional en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.

d) Fomente la participación activa en la protección de la Antártida, el medio ambiente, el desarrollo de la Amazonía y la integración nacional.

e) Establezca y mantenga una estrecha coordinación entre el Sistema de Defensa Nacional y la política exterior, para la definición y defensa de los intereses permanentes del Estado.

Con este antecedente se aprueba la Política del Estado para la Defensa y la Seguridad Nacional, mediante Decreto Supremo N° 001-B-2004-DE-SG, en la cual se determinó los objetivos y políticas para garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales.

En el año 2007, la aprobación de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, uniformiza las definiciones y contenidos de las políticas públicas de gobierno; clasificándolas en políticas nacionales y sectoriales, especificando que las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas.

Asimismo, establece que las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República.

Adicionalmente, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario, aprobado en 2011, incorporó como una de las prioridades del eje denominado Estado y Gobernabilidad, la “Operatividad y Eficacia del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional” y determinó los siguientes lineamientos de política en materia de Seguridad y Defensa Nacional:

a) Garantizar la plena operatividad de unas Fuerzas Armadas orientadas a la disuasión, defensa y prevención de conflictos; así como, al mantenimiento de la paz y su proyección internacional en coordinación con la acción diplomática.

b) Impulsar la enseñanza de los conceptos de Seguridad Nacional en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.

c) Garantizar la presencia efectiva del Estado en las zonas susceptibles a la violencia terrorista y al tráfico ilícito de drogas.

d) Proteger y conservar la Antártida, el medio ambiente, el desarrollo de la Amazonía y la integración nacional.

e) Optimizar el funcionamiento del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional1, para defender los intereses permanentes del Perú.

En ese mismo eje, se estableció otro lineamiento de política denominado: “Fortalecer la política de seguridad en el ámbito hemisférico y promover una política de paz y seguridad en el ámbito regional, con el fin de establecer un sistema de seguridad cooperativa que permita evitar conflictos armados, reducir el armamentismo y reorientar los recursos nacionales a la lucha contra la pobreza, consolidando una zona de paz sudamericana y contribuyendo así a un clima de paz y seguridad mundial”.

De otro lado, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM aprueba las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, define las políticas nacionales en diversas materias y reconoce la política en materia de Seguridad y Defensa Nacional, que cuenta con los siguientes lineamientos:

a) Fomentar la participación activa de todos los sectores, niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto, en el logro de los objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional.

b) Fomentar el orgullo y la identidad nacional.

c) Impulsar el establecimiento y la consolidación de fronteras vivas como auténticos polos de desarrollo.

En el ámbito internacional, se forjó un concepto de Seguridad más amplio, que modifica el enfoque que priorizaba la defensa del territorio a través de las armas a otro que incorpora la protección de la persona humana respaldándose en acciones de desarrollo.

En la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”2, suscrita por nuestro país en el año 2003 en la ciudad de México, se determinó que la seguridad hemisférica se ve afectada de diferentes formas; por esa razón, la seguridad tiene un carácter multidimensional que comprende al terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre estos delitos, la pobreza extrema, los desastres de origen natural, la trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética, y el acceso y posesión por terroristas de armas de destrucción masiva y sus medios vectores.

Finalmente, para la formulación de los objetivos y lineamientos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, se consideraron los lineamientos del Plan de Gobierno.

1.1. ENTIDAD RECTORA

El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es el ente rector del Sistema de Defensa Nacional, que aprueba los Objetivos y la Política de Seguridad y Defensa Nacional; así como, las normas y los lineamientos técnicos para su implementación y evaluación.

II. BASE NORMATIVA

Constitución Política del Perú.

Ley N° 26839, Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica.

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su modificatoria.

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 28044, Ley General de Educación.

Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y su modificatoria.

Ley N° 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal.

Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado.

Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

Decreto Legislativo N° 1129, Decreto Legislativo que regula el Sistema de Defensa Nacional.

Decreto Legislativo N° 1131, Decreto Legislativo que crea la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional.

Decreto Legislativo Nº 1134, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa.

Decreto Supremo N° 105-2002-PCM, Precisan que el Presidente de la República preside el Acuerdo Nacional e institucionalizan el Foro del Acuerdo Nacional.

Decreto Supremo N° 001-B-2004-DE-SG, Decreto Supremo que aprueba la Política de Estado de la Seguridad y Defensa Nacional.

Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, Define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.

Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021.

Decreto Supremo N° 089-2011-PCM, Autorizan al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN a iniciar el proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Decreto Supremo N° 008-2012-JUS, Aprueba el Reglamento de Política Criminal.

Decreto Supremo N° 012-2013-IN, Aprueba el Política Nacional del Estado Peruano en Seguridad Ciudadana.

Decreto Supremo N° 005-2014-JUS, Aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016.

Decreto Supremo N° 010-2014-JUS, Aprueban el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y Deberes Fundamentales al 2021.

Decreto Supremo N° 011-2014-IN, Decreto Supremo que aprueba Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Decreto Supremo N° 006-2016-DE, Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa.

Decreto Supremo Nº 061-2016-PCM, que aprueba la adscripción de organismos públicos y la modificación de la dependencia, adscripción o fusión de instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros a diversos ministerios.

III. FUNDAMENTACIÓN

Desde la promulgación del Decreto Supremo N° 001-B-2004-DE-SG, que aprueba la Política de Estado de la Seguridad y Defensa Nacional se han producido diversos cambios en materia de Seguridad en el ámbito mundial, regional y nacional. En el ámbito mundial, transitamos a un mundo cada vez más multipolar donde no existe una potencia hegemónica a nivel mundial, sobre todo luego de la crisis económica del año 2008. Las tradicionales potencias occidentales han reducido su poder y presencia internacional, mientras que países regionales han logrado alcanzar niveles sostenidos de crecimiento económico, convirtiéndose en potencias emergentes en el orden mundial.

Desde los primeros años del siglo XX, el terrorismo se ha convertido en la principal amenaza a la seguridad mundial. En muchos casos, esto ha degenerado en una serie de situaciones violentas que han desencadenado en conflictos y guerras, sobre todo, en el continente africano y asiático.

A nivel regional en los últimos lustros, lo que más destaca es el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en torno a la delimitación marítima entre Perú y Chile; y, las negociaciones de paz entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

A nivel nacional, las amenazas a la seguridad nacional se han modificado desde el año 2004. Podemos destacar la presencia de remanentes terroristas en el VRAEM y su relación cada vez más estrecha con las organizaciones criminales de la zona, sobre todo aquellas vinculadas al tráfico ilícito de drogas. Esta situación ocasiona que uno de los temas prioritarios sea el combate a las organizaciones terroristas y criminales en dicha zona. Además, los altos índices de victimización y percepción de inseguridad ciudadana, por la delincuencia común y el crimen organizado, han convertido a la falta de seguridad en el principal problema del país.

Por otro lado, en las primeras décadas del siglo XX han aparecido nuevos enfoques de la seguridad. En la Declaración sobre Seguridad en las Américas, realizada en la Conferencia Especial de la Seguridad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del año 2003, se reconoce que las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional; y, que el concepto de las amenazas tradicionales debe ampliarse.

Además, desde el año 1994, la Organización de las Naciones Unidas ha impulsado el enfoque de seguridad humana. La idea de seguridad humana apareció por primera vez en el Informe sobre Desarrollo Humano de 1994 del Programa de las Naciones Unidas, donde se planteó una noción de seguridad diferente a la defensa del Estado soberano y sus intereses. La seguridad humana relaciona la seguridad ya no con los Estados sino con las personas y las preocupaciones de la vida cotidiana, se entiende como una condición de “libertad respecto al miedo y libertad respecto a las necesidades” de las personas. La seguridad humana se divide en siete dimensiones relacionadas con diversos tipos de amenazas: seguridad económica, seguridad alimentaria, de la salud, del medio ambiente, personal, comunitaria y política.

Dentro de estos cambios en el contexto de la seguridad, donde el escenario ha cambiado y han aparecido dos nuevos enfoques, el multidimensional y el de seguridad humana, también se han promulgado diversas normas que hacen necesario actualizar los lineamientos y objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional. Diversas entidades que componen el Sector Defensa han actualizado o modificado sus leyes y se ha promulgado una ley que regula el Sistema de Defensa Nacional.

En este sentido, se puede apreciar que la Política de Seguridad y Defensa Nacional aprobada el año 2004, se dio bajo las siguientes normas:

Decreto Legislativo Nº 743 – Dictan Ley del Sistema de Defensa Nacional, del 08 de noviembre de 1991.

Ley Nº 27860 – Ley del Ministerio de Defensa, del 12 de noviembre de 2002.

Decreto Legislativo Nº 440 – Ley Orgánica del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del 27 de setiembre de 1987.

Decreto Legislativo Nº 437 – Ley de Organización y Funciones del Ejército Peruano, del 27 de setiembre de 1987.

Decreto Legislativo Nº 438 – Ley Orgánica de la Marina de Guerra del Perú, del 27 de setiembre de 1987.

Decreto Legislativo Nº 439 – Ley Orgánica de la Fuerza Aérea del Perú, del 27 de setiembre de 1987.

Dichas normas a la fecha no se encuentran vigentes, habiéndose modificado la normativa, conforme al siguiente detalle:

Normativa del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional:

Ley Nº 28478 – Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, del 27 de marzo de 2005. (Derogada a la fecha)

Decreto Legislativo Nº 1129 – Regula el Sistema de Defensa Nacional, del 07 de diciembre de 2012.

Normativa del Ministerio de Defensa:

Ley Nº 29075 – Ley que establece la naturaleza jurídica, función, competencias y estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, del 01 de agosto de 2007. (Derogada a la fecha)

Ley Nº 29605 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, del 22 de octubre de 2010. (Derogada a la fecha)

Decreto Legislativo Nº 1134 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, del 10 de diciembre de 2012.

Normativa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

Decreto Legislativo Nº 1136 – Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del 10 de diciembre de 2012.

Normativa del Ejército del Perú

Decreto Legislativo Nº 1137 – Ley del Ejército del Perú, del 10 de diciembre de 2012.

Normativa de la Marina de Guerra del Perú

Decreto Legislativo Nº 1138 – Ley de la Marina de Guerra del Perú, del 10 de diciembre de 2012.

Normativa de la Fuerza Aérea del Perú

Decreto Legislativo Nº 1139 – Ley de la Fuerza Aérea del Perú, del 10 de diciembre de 2012.

Por lo expuesto, es necesario incorporar a las Políticas de Gobierno la reforma del Sistema de Defensa Nacional, con el objeto de fortalecer su constitución y funcionamiento para promover el desarrollo del país y garantizar la seguridad de la Nación, la plena vigencia de los derechos fundamentales, el bienestar de la población y la consolidación del estado constitucional de derecho; todo lo cual contribuye a la paz, desarrollo integral y justicia social.

IV. DIAGNÓSTICO

4.1. Metodología

El problema público de seguridad nacional demandó considerar un conjunto de fenómenos sociales, políticos, económicos, diplomáticos, tecnológicos, ambientales y militares que amenazan al Estado y a la población; poniendo en riesgo la continuidad de la Nación y truncando las opciones de desarrollo de las personas. De esta forma, se desarrolló una metodología con enfoque sistémico e integral, que contribuyó a afrontar el problema y estructurar la problemática para convertirlos en aspectos necesarios para diseñar la Política Nacional.

Esta labor se inició mediante la conformación de un grupo de trabajo con profesionales especializados en materia de Seguridad Nacional, con quienes se desarrolló grupos de análisis, tomando como base el estudio de la realidad, segmentándola en siete ejes (socio-humano, político-económico, ambiental, tecnológico, informacional, geoestratégico y energético) a fin de poder estudiar los múltiples fenómenos que pueden constituir amenazas a la Seguridad Nacional e identificar su nivel de impacto, probabilidades de ocurrencia, estructura del problema, y niveles de importancia que son relevantes en la definición de la problemática pública (Ver Gráfico N°1).

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Gráfico N° 1

De esta forma, cada grupo desarrolló la labor de análisis y se establecieron los parámetros sobre los cuales se desenvuelve el eje, definiendo su contenido, lo que permitió que se pueda identificar los sectores involucrados para tomar sus productos como fuentes de información. Definido ello, se inició la exploración documental, tomando los principales instrumentos que han producido los sectores como son las políticas, planes, estrategias u otros instrumentos que sirvieron de fuente para tomar conocimiento de los principales problemas que los afectan.

Los fenómenos como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la corrupción, los conflictos sociales, la contaminación ambiental, el riesgo ocasionado por los desastres de origen natural y otros, una vez determinados, fueron analizados de manera particular, a fin de determinar su centro de acción y su dinámica crítica. Se analizaron sus patrones, desenvolvimiento y niveles de expansión, verificando los marcos sobre los que impactan y el grado con el que lo hacen, facilitando su entendimiento para reconocer sus formas de gestión y posibilidades de solución.

Luego de analizar el desenvolvimiento de cada factor problemático, se determinó si cada uno de estos, de manera independiente o en conjunto, tuvo riesgos elevados o moderados que, de producirse, podrían configurar amenazas a la Seguridad Nacional, lo cual demandó el desarrollo de una graduación dentro de una escala valorativa que comprendía un enfoque mixto, puesto que recogía una perspectiva objetiva y otra subjetiva para definir las implicancias de cada evento capaz de ser portador de política sobre la Seguridad Nacional (Ver Gráfico N°2).

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Gráfico N° 2

Con el constructo concluido, se desarrolla la acción en una lógica “articuladora” del sistema. Asimismo, se determina la respuesta estructural a la problemática, lo que llevó a las premisas estructurales que son las primeras alternativas de solución de los problemas identificados, los mismos que serán descritos en la narrativa de la política, que explica los problemas y su solución de manera sistémica (Ver Gráfico N°3).

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Gráfico Nº 3

La fase de socialización, con todos los sectores y organismos públicos involucrados, abordó los problemas identificados y los marcos de respuesta programática, expresados en los objetivos y lineamientos de política, lo que permitió clasificarlos conforme a los intereses de los actores en una adaptación dual de la política. De esta manera, se determinó que la política tendría mejor nivel de receptividad al compatibilizar con los grandes enfoques estratégicos que se vienen desarrollando en el Estado; también, conjugará con las políticas sectoriales y que, al mismo tiempo, se constituirá como el instrumento orientador que sirve de referencia para que, de manera transversal, todos los niveles de gobierno ajusten sus instrumentos políticos y de planeamiento estratégico en lo que se refiere a temas que amenazan a la Seguridad Nacional (Ver Gráfico N° 4).

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Gráfico N° 4

El nivel de impacto como respuesta a la problemática, ratificó la necesidad de contar con una política pública, en materia de seguridad y defensa nacional, que plantee propuestas de solución a la Seguridad Nacional de manera concreta para garantizar el bienestar de la población y fortalecer el desarrollo nacional.

4.2. Identificación del Problema

En la literatura, sobre los problemas que por su magnitud afectan a los objetivos de la Seguridad Nacional, existe un amplio consenso en considerar que requieren ser atendidos, entre otros: la inseguridad ciudadana, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de armas, la deficiente calidad de los servicios de justicia, la corrupción, la inadecuada gestión del Estado, los conflictos sociales, las actividades de la minería informal y la minería ilegal, la contaminación ambiental, la vulnerabilidad ante desastres, los escasos niveles de desarrollo tecnológico y la pobreza.

La Política de Seguridad y Defensa Nacional identifica como sujetos de la Seguridad y Defensa Nacional al Estado y a la persona humana; y, como objetos de la misma, a la soberanía, la independencia y la integridad territorial, el Estado de derecho y los intereses nacionales (correspondientes al sujeto “Estado”), además la paz social y la protección de los derechos fundamentales (correspondientes al sujeto “persona humana”).

La problemática de la Seguridad Nacional incide en el desarrollo de otros problemas, generando efectos capaces de agravarla, incluso por la acción inadecuada o la inacción en su tratamiento. Así, se analizará en particular los siguientes problemas:

4.2.1 Capacidad militar de las Fuerzas Armadas

4.2.2 Protección de la Amazonía, presencia en la Antártida y combate a la minería ilegal

La Novena Política de Estado del Acuerdo Nacional (2002) y los lineamientos de Política de Seguridad Nacional establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - CEPLAN (2011), identificaron la necesidad de la protección de la Amazonía y la presencia en la Antártida.

Los retos ambientales más importantes en el Perú son reducir la frecuencia de males transmitidos por el agua, enfermedades causadas por la contaminación atmosférica urbana y en locales cerrados, y minimizar la vulnerabilidad de los desastres de origen natural. Estas categorías de daños al ambiente tienen un costo económico aproximado de 4% del PBI, y afectan principalmente a los más pobres.

Durante décadas, la política extractiva del país ha sido desordenada y sin una adecuada visión de desarrollo, basada principalmente en la obtención y exportación de materias primas. Desde la década de 1970 se ha llevado a cabo actividades de exploración, explotación y transporte de petróleo en los denominados Lotes 1-AB y 8, ubicados en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Los pueblos amazónicos afectados comparten los impactos generados por la explotación del Lote 1-AB y del Lote 83.

Los recursos naturales en la Amazonía peruana han generado el interés de empresas nacionales y extranjeras por invertir en la exploración y explotación de hidrocarburos. Frente a esta situación el Estado debe fortalecer las entidades encargadas de fiscalizar y supervisar las actividades extractivas y la protección del medio ambiente; dotándolas de presupuesto y capacidades técnicas.

Por otro lado, dentro de las actividades que generan un mayor deterioro a la Amazonía peruana se encuentra la minería ilegal, que está presente en diversas regiones del país, especialmente en Cusco, Madre de Dios y Puno. En Madre de Dios, la minería aluvial de oro ha devastado miles hectáreas de bosques y ha ocasionado árboles muertos en pie, lagunas y pantanos destruidos y un gran movimiento de tierras que altera los sistemas de drenaje y produce pérdidas de hábitat para muchas especies4.

El acelerado incremento de la minería ilegal, durante la última década, habría generado que las exportaciones de oro ilegal superen en valor al narcotráfico, convirtiéndose en una de las principales actividades económicas ilícitas del país.

La lucha frontal contra la minería ilegal, para erradicar las conductas delictivas en torno a esta y resguardar el medio ambiente, requiere continuar la implementación de medidas concretas, coordinadas y articuladas al más alto nivel y con participación de la sociedad civil en procura y salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas a gozar de un ambiente sano y equilibrado.

En la década de 1980, el Perú se adhirió al Tratado Antártico que es el eje del Sistema del Tratado Antártico, régimen de cooperación internacional que administra los asuntos de la Antártida. Nuestra presencia en dicho continente busca profundizar la investigación científica y la protección del ambiente5, habiéndose logrado avances limitados en este aspecto.

Por otro lado, es necesario ampliar labores conjuntas entre las Fuerzas Armadas de la región, la integración de agendas en temas de seguridad, la promoción del intercambio de experiencias, el combate a las amenazas a la seguridad internacional y el despliegue de tareas de vigilancia y control de la Amazonía; cuya protección se ha convertido en tema de interés mundial debido a su capacidad de disminuir los efectos adversos que origina el cambio climático al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono.

Debido a que la Amazonía representa un porcentaje significativo dentro del territorio de nuestro país, el Estado ha asumido compromisos tanto a nivel nacional como internacional para fortalecer el control y la protección de la Amazonía, y promover el desarrollo y ocupación ordenada, respetando los ecosistemas y la entidad social y cultural de las comunidades nativas.

De igual forma, se incrementará la participación de nuestro país en acciones de política internacional destinadas a generar conocimiento científico y aspirar al mejor desarrollo de los intereses nacionales en la Antártida.

4.2.3 Capacidad para la lucha contra el terrorismo

4.2.4 Capacidad para combatir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos

El informe de monitoreo de cultivo de Coca 2015 elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, destaca importantes avances referidos a la variación de la distribución y la presencia de hoja de coca. Los resultados muestran que la extensión total ocupada por coca en el contexto nacional se redujo durante el año 2015 por cuarto año consecutivo.

Al 31 de diciembre de 2015, el espacio ocupado alcanzó las 40,300 hectáreas (ha), es decir 6,1% menos en comparación con el registrado en el año 2014 (42,900 ha) y, este a su vez, 13,9 % menos en comparación con el registrado en el año 2013 (49 800 ha). Las mayores extensiones se concentran en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) con 18,845 ha y en La Convención y Lares, con 10,342 ha, que en conjunto representan 68.0% del espacio total ocupado a nivel nacional7 (Ver Gráfico N° 5).

EXTENSIÓN CULTIVADA CON COCA A NIVEL NACIONAL 2000 – 2015 (HA)

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FUENTE: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC

Gráfico Nº 5

El impacto económico y social de la problemática del consumo de drogas en el Perú es significativo, ya que el costo de la misma ha sido estimado en US$ 444,7 millones anuales, lo que corresponde a cerca de US$ 16 per cápita, estas cifras representan el 0,2 % del PBI. De este costo anual, US$ 245,4 millones corresponden al alcohol, US$ 192,3 millones a las drogas ilegales y US$ 7 millones al tabaco8.

La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012 – 2016 contemplaba la destrucción de las pistas de aterrizaje clandestinas, la intervención de avionetas y la incautación de dinero transfronterizo, entre otras operaciones policiales. La nueva Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021, prioriza el fortalecimiento del accionar articulado de las instituciones competentes en lucha contra las drogas y enfatizaría las actividades de prevención para evitar que las personas se involucren en la cadena del tráfico ilícito.

Los efectos del tráfico ilícito de drogas son una amenaza permanente para la seguridad y salud de las personas, ya que generan perjuicio para la imagen exterior del país y un distorsionador de la dinámica económica, por estar vinculados a actos de corrupción y operaciones financieras de lavado de activos. Esta situación se ve agravada por su nexo con organizaciones terroristas, las cuales son financiadas por el narcotráfico para su resurgimiento político con la reactivación de su ideología en las universidades y gremios en general que buscan insertarse en la actividad pública, a través de organismos de fachada. Por ello, resulta indispensable actuar de manera multidisciplinaria para promover el proceso integral de reforma normativa, así como el lineamiento, concordancia y coherencia de los indicadores de los planes nacionales destinados a luchar contras estos actos ilícitos, y sus conexos.

4.2.5 Capacidad para combatir la corrupción

Según el Índice de Percepción de Corrupción – IPC, elaborado por Transparencia Internacional, en el año 2016 el Perú se ubica en la posición 101; 13 puestos debajo del año 2015 (puesto 88), de un total de 176 países evaluados. Sin embargo, la puntuación del IPC 2015 descendió en dos puntos, respecto al año 2014 y este, a su vez, 3 puestos debajo respecto del año 2014 (puesto 85).

El índice de la percepción de la corrupción en el Perú, en comparación con otros países de la región, muestra que es una problemática que merece particular preocupación (Ver Gráfico N° 6).

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE

LA CORRUPCIÓN 2016

La Puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).

FUENTE: Transparency International América - 2016

Gráfico N° 6

La corrupción no se desarrolla como un fenómeno unitario ni unidireccional, no se concentra en un solo sector económico o en una sola institución y tampoco se explica por un solo factor; por el contrario, tiene diferentes formas de aparecer de manera diversa en el escenario social, político y económico de nuestro país relacionándose con actividades criminales e ilícitas9.

Existen avances facilitados por normas jurídicas y acciones ejecutivas del Estado para la lucha contra la corrupción, como por ejemplo, el fortalecimiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción a través del incremento de su presupuesto, también con la creación de la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI, encargada de ordenar procesos de incautación y administración de bienes nacionales. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN-Anticorrupción, es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil que viene realizando importantes esfuerzos de articulación, coordinación de acciones y propuestas de políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.

El registro de sancionados y destituidos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil –SERVIR, la creación del Sistema Nacional de Obras - INFOBRAS, registro de obras para monitoreo de su avance y cumplimiento; la incorporación del Perú a la Sociedad de Gobierno Abierto10 y con ella la creación de una Comisión de Gobierno Abierto son esfuerzos que se suman y no deben estar aisladas.

El escaso porcentaje de denuncias de corrupción se debe a la falta de conocimiento acerca de los medios de denuncia y a la falta de confianza en las instituciones encargadas de canalizar las denuncias y judicializarlas. Esto tendría un asidero en que la participación ciudadana sigue siendo deficiente y no logra insertarse activamente en los avances que se centran en la creación de campañas como la ha sido “Yo denuncio la corrupción”, cuya implementación del Centro de Orientación al Denunciante y elaboración de un Manual del Denunciante, no se ha realizado adecuadamente.

Tampoco se tiene resultados tangibles por la aplicación de las siguientes leyes:

Ley N° 30521, que modifica la Ley N° 30161, Ley que regula la presentación de Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado con la finalidad de extender la referida obligación a todos los Funcionarios Públicos, Empleados de Confianza y Servidores Públicos para incrementar los alcances de la fiscalización que realiza la Contraloría General de la República.

Ley N° 30514, que incorpora el literal j) al artículo 9 de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, modificada por la Ley N° 29876, mediante el cual se establece que no resulta exigible la conciliación extrajudicial a las acciones legales indemnizatorias ejercidas por la Contraloría General de la República.

Ley N° 30304, que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos.

Decreto Legislativo N° 1104, que perfecciona la Ley de Pérdida de Dominio; la Ley N° 30111, que incorpora la pena de multa para los delitos cometidos por funcionarios públicos; la Ley N° 30270 que modifica el artículo 21, inciso b), y el artículo 4 de la Ley N° 26367; la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, otorgando facultades para la suspensión de magistrados, entre otros.

Por último, los avances del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, a cargo del CAN-Anticorrupción, se deberían ver reflejados en el fortalecimiento de las estructuras funcionariales, como por ejemplo en los órganos de control, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, hecho que bloquea cualquier política pública saludable.

4.2.6 Capacidad para efectivizar la modernización de la gestión pública

Con el objeto de hacer más eficiente y efectiva la gestión pública, se aprobó la Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021; el plan de implementación, iniciado en 2013, ha tenido avances favorables. Sin embargo, aún persisten los problemas de articulación con el Sistema de Presupuesto Público en los gobiernos regionales y locales, los cuales cuentan con inadecuados procesos de producción de bienes y servicios; limitada infraestructura, equipamiento y gestión logística; inadecuada política y gestión de recursos humanos por la diversidad de regímenes laborales; limitaciones en la evaluación de resultados e impactos en el seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades; y la débil articulación intergubernamental e intersectorial propiciada en ocasiones por intereses políticos ajenos a la reforma administrativa.

Uno de los más graves problemas de la gestión pública, que afecta el sistema político, es la corrupción de sus autoridades y funcionarios ya que desnaturaliza la adecuada intervención del Estado a través de sus entidades públicas.

4.2.7 Cultura de Seguridad Nacional

Existe poco conocimiento por parte de los ciudadanos sobre el concepto de Seguridad Nacional. Lo más grave de esto es que algunas autoridades regionales y locales han mostrado escasos conocimientos en el tema, lo que podría explicar la ausencia de los siguientes aspectos:

i. Precaria educación sobre la Seguridad Nacional en los niveles de educación secundaria, educación técnica y universitaria.

ii. Falta de voluntad en impulsar la educación en las entidades educativas y en temas de Seguridad y Defensa Nacional con un enfoque integral que promueva la cohesión nacional.

iii. Deficiente difusión de la información sobre el significado, la correcta confección y el uso apropiado de los símbolos patrios.

iv. Ausente difusión del rol del Estado para promover la adhesión ciudadana y la confianza en las instituciones en un entorno de paz, orden y respeto al Estado de derecho.

El enfoque de una cultura de Seguridad Nacional que valorice e incorpore la nueva visión y enfoque de la Seguridad y Defensa Nacional, es una responsabilidad política y jurídica del Estado con la ciudadanía en todas las dimensiones sobre las cuales la seguridad y defensa se desarrollan.

Esto se debe a que el Perú, a lo largo de su vida republicana, no ha consolidado una cultura de Seguridad Nacional, lo que se ve reflejado en que la ciudadanía no tiene un concepto estandarizado e interiorizado del significado y los alcances de la Seguridad Nacional; debido a que este ha sido identificado únicamente con aspectos militares, sin lograr comprender la naturaleza diversa de los problemas que enfrenta y el alcance de las dimensiones en las cuales se desarrolla.

Por otro lado, un amplio sector de la población no cuenta con una adecuada educación que promueva la paz social, lo cual incrementa los comportamientos delictivos, al igual que la indiferencia de las autoridades regionales, municipales y de la propia ciudadanía, quienes evitan involucrarse en esta problemática. Por ambas razones, se uniformizarán los conceptos de la materia y se promoverá su difusión en el sistema educativo, para fortalecer la convivencia pacífica, el compromiso, orgullo y la identidad nacional de los peruanos.

La imagen del Perú se impulsará para proyectar al mundo una nación que se desarrolla de manera pacífica, que busca vigorizar su relaciones de cooperación, integración e identificación de intereses comunes con los estados del orbe; poniendo énfasis en los estados vecinos, con la finalidad de incrementar los niveles de confianza que coadyuven a garantizar la paz y estabilidad en la región, fomentando el principio de solución pacífica de controversias entre estados y el respeto a sus respectivos instrumentos jurídicos internos.

Todo ello afianzará los principios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario conforme a la Constitución y los Tratados Internacionales. En ese sentido, la comunidad peruana en el exterior se constituye en una herramienta de gran importancia para tal fin, por lo que se impulsará su organización para afianzar su identidad y compromiso en provecho de los intereses nacionales, pues además de representar la décima parte de la población peruana, que contribuye con sus remesas de una manera considerable al PBI nacional, constituye un elemento clave de relación e interacción con los países donde radican sus integrantes.

4.2.8 Identidad nacional en los ciudadanos.

En el Perú, el fortalecimiento de la identidad nacional se relaciona más con el conocimiento de los personajes que con los acontecimientos históricos; en ese sentido, adquiere particular importancia la propuesta de informar y formar a la población mediante el conocimiento de las reseñas históricas de los personajes nacionales ilustres, que han marcado un hito en la historia del Perú o que, con su ejemplo de vida, se pueden convertir en un modelo a seguir. Por su parte, la cultura es el conjunto de todas las formas, modelos o patrones explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta.

Un componente de la afirmación de la identidad nacional está relacionado con la escala de orgullo e identidad nacional de los peruanos; es importante consolidar una nación respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario, tradiciones y diversidad étnica y cultural, reafirmada en valores para permitir el desarrollo nacional armónico y abierto al mundo. Incluso para los peruanos residentes en el extranjero, cuya población se calcula en aproximadamente 3.5 millones, de las cuales unos 2.4 millones salieron del país en los últimos 22 años. Los hogares que han migrado conforman una población de más de 2.8 millones de personas.

Resulta clara la importancia del rol que cumple la identidad nacional en el desarrollo y bienestar de una Nación, en tanto que ello está relacionado directamente con la autoestima del colectivo nacional. Los esfuerzos por fortalecer la identidad y orgullo nacional se realizan en otros contextos como son la cultura y la imagen del país, que requieren estar articulados para llegar a todos los peruanos.11. (Ver Gráfico N° 7).

RESUMEN DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE INGRESO Y SALIDA, 2008-2016

FUENTE: Base de Datos MIGRACIONES 05/08/2016.

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Gráfico Nº 7

4.2.9 Capacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana

El Acuerdo Nacional, que busca construir una democracia basada en la justicia y el diálogo, establece en su séptima política: “La erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana”, planteando objetivos específicos para esta política.

En el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-IN, establece como visión: “País seguro, inclusivo, al servicio de las personas, donde los peruanos desarrollan sus máximas potencialidades”, para cuyo fin se plantea diversos objetivos estratégicos.

Según el INEI, la inseguridad ciudadana ha llegado a un punto en que el 30.8% de la población de 15 años a más de edad ha sido afectada por delitos relevantes tales como robo agravado, hurto agravado, homicidio, lesiones por armas de fuego, extorsiones, secuestros y violaciones, correspondiente al año 2015 (Ver Gráfico N° 8).

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, VICTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO,

SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2011-2015

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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de

Programas Estratégicos 2011 – 2015

Gráfico Nº 8

La alta percepción de inseguridad12 se agrava ante la deficiente calidad y cobertura del servicio policial, deficiente calidad y acceso a los servicios de justicia, falta de educación para la convivencia pacífica, falta de comunicación estratégica y el incremento de delitos como el crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, trata de personas y tráfico de armas. La ausencia de planes y tareas definidas a través de las entidades públicas y privadas; además, por la alta incidencia de la corrupción, desempleo y descontento social, incide en la percepción de inseguridad. (Ver gráfico N° 9).

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PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS

FUENTE: IX Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción en Perú 2015 – Proética

Gráfico N° 9

4.2.10 Capacidad de gestión de riesgo de desastres

Los desastres, como los producidos por el Fenómeno El Niño en las últimas décadas, suman pérdidas económicas de 6,500 millones de dólares13. Solo el sismo ocurrido en Ica el 15 de agosto de 2007, produjo daños que ascendieron a 3,977.8 millones de soles en desmedro del erario y desarrollo nacional14. Asimismo, el reciente Fenómeno El Niño Costero ha dejado pérdidas económicas de al menos 3,100 millones de soles, 800,000 personas entre damnificadas y afectadas, así como daños a 153.329 viviendas, 7.500 kilómetros de vías terrestres, 509 puentes, 1.250 escuelas y un centenar de centros de salud.

En un esquema proyectado para los próximos 50 años a más, se estima que los desastres de origen natural a nivel nacional generarán una pérdida y afectación patrimonial al Estado de US$ 458,234 millones, como valores expuestos de la infraestructura pública.

La Política N°32 de Gestión del Riesgo de Desastres y la Política N° 34 de Ordenamiento Territorial del Acuerdo Nacional, así como la promulgación de la Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres - SINAGERD y la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establecen un enfoque integral y descentralizado, principalmente para la prevención y reducción del riesgo, así como la preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Pese a ello, no se ha completado el proceso de implementación del SINAGERD. Por otro lado, las autoridades de los gobiernos regionales y locales, evidencian muy poco conocimiento del funcionamiento del SINAGERD y su articulación con el Sistema de Defensa Nacional, así como con el Sistema de Seguridad Ciudadana.

El Perú se caracteriza por poseer condiciones geográficas y climáticas diversas, así como por la presencia de la Cordillera de los Andes y la ubicación del Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. Ante ello, el Gobierno ha venido impulsando la formulación y la adopción de políticas que logren una sociedad segura y resiliente ante la ocurrencia de fenómenos de origen natural. Por tal motivo, se ha aprobado el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD 2014-2021), cuya ejecución haría posible la reducción de la vulnerabilidad de la población y permitiría alcanzar las metas establecidas.

4.2.11 Hacinamiento penitenciario y resocialización de sentenciados

El análisis de la problematización de la precariedad de la Seguridad Nacional mostró un alto índice de hacinamiento penitenciario, lo que limita o afecta la rehabilitación de los sentenciados y procesados, incrementando los niveles de peligrosidad e impidiendo la resocialización de los reclusos15.

El sistema penitenciario, de acuerdo con el marco jurídico vigente, tiene por objeto tanto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del condenado a la sociedad, como asegurar las condiciones adecuadas para su reclusión. Sin embargo, estas acciones superan el alcance del Instituto Nacional Penitenciario - INPE, pues requieren la articulación de otras instituciones como el Poder Judicial, el Congreso de la República, el Ministerio del Interior, entre otros16.

La lentitud de los procesos judiciales y la tendencia a elevar las penas privativas, y recortar beneficios penitenciarios y ampliar las conductas punibles están contribuyendo a un descontrolado crecimiento de la población penal; todo esto dificulta la labor del INPE ya que esta situación contribuye con el hacinamiento, además que se cuenta con una inadecuada y deficiente infraestructura penitenciaria.

4.2.12 Competitividad de la economía peruana17

En lo que corresponde a la competitividad, el Perú se encuentra dentro del conjunto de países que basan su competitividad en la eficiencia, junto con Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Panamá. Ningún país de la región está en la etapa final (competitividad basada en la innovación) y sólo Chile, México y Uruguay se encuentran en la etapa de transición hacia ese nivel.

A nivel interno, el Consejo Nacional de la Competitividad, siguiendo el enfoque sistémico, ha desarrollado un Índice de Competitividad Regional - ICR, herramienta que muestra la heterogeneidad y el potencial de las regiones para ingresar a la economía global lo cual permite orientar el diseño de políticas públicas. La economía peruana creció en promedio 4.7%, por encima del 2.4% de América Latina y el Caribe en el período 2011-2015 a pesar del complicado entorno internacional, la inversión total como porcentaje del PBI en el Perú figura entre las más altas de la región. Así, alcanzaría el 25.7% del PBI al cierre de 201518.

De acuerdo con el Índice Global de Competitividad, el Perú tiene un fuerte atraso en su dotación de infraestructura física; respecto a carreteras, puertos, aeropuertos, saneamiento urbano, energía y telecomunicaciones que limita su desarrollo económico y productivo. El Instituto Peruano de Economía - IPE, estima en sus investigaciones el déficit de inversión en infraestructura, el cual señala que las mayores necesidades de inversión se encuentran en la ampliación y el mejoramiento de las redes viales, la generación de energía eléctrica para sostener el crecimiento de la economía y la expansión de la telefonía celular; también, son importantes las inversiones en puertos, ferrocarriles, agua potable y alcantarillado.

Estas inversiones, que representan el 30% del PBI nacional, son mucho mayores que la capacidad de inversión del Estado; por ello, será necesaria la participación del sector privado.

El Perú se encuentra clasificado por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) en el grupo de economías reforzadoras de la eficiencia; sin embargo, aún tiene retos pendientes en los pilares básicos de institucionalidad, infraestructura, instrucción (educación primaria y secundaria) e innovación. Es por esa razón que el Consejo Nacional de la Competitividad -CNC ha priorizado para el periodo 2014-2018, la atención de reformas estructurales en las cuatro “i” de la competitividad.

4.2.13 Inversión en ciencia y tecnología

Las externalidades producidas por la Ciencia Tecnología e Innovación, en adelante CTI en la economía y la sociedad permiten una mayor acumulación de riqueza, que los países pueden distribuir en educación, salud, vivienda, etc.; así como, adelantos tecnológicos que permiten la reducción de enfermedades, mejoras en la educación, reducción de impacto negativo en el ambiente, entre otros. Los programas de formación con orientación a la investigación que ofrecen las universidades no están alineados con las necesidades sociales, económicas y ambientales, y presentan escasos aportes a la solución de los problemas de dicho sector. Así mismo, los Institutos Superiores Tecnológicos presentan débiles lazos de cooperación con las empresas y sus programas no responden a las necesidades económicas. Por último, las empresas y el sector público demandan servicios de CTI desde el exterior en lugar de recurrir al mercado interno.

La falta de capacidades técnicas y recursos económicos viene limitando las posibilidades de que los centros de investigación puedan atender los problemas recurrentes de los sectores sociales, económicos y ambientales; a esto, se suma la poca vinculación entre ellos y con centros de investigación internacionales que les permita compartir y adquirir conocimientos.

Se ha referido en párrafos anteriores que la problemática de Seguridad Nacional se ve afectada por la falta de tecnología adecuada, la que a su vez responde a la poca inversión en ciencia y tecnología19; todo esto, ha precarizado el desarrollo en tecnologías en las instituciones académicas, sectores público y privado del país limitando la modernización de la gestión pública que involucra las acciones de transparencia, vigilancia y desarrollo en los factores productivos y la competitividad. Los limitados incentivos para la CTI se dan porque las empresas no cuentan con suficientes mecanismos de financiamiento para sus actividades de innovación tecnológica; también, el Estado no ha implementado instrumentos financieros suficientes para promover la innovación tecnológica. Ni el mercado, ni el Estado han generado mecanismos suficientes que permitan a las empresas peruanas, en especial a las medianas y pequeñas, tener acceso a tecnologías existentes o participar de procesos de transferencia tecnológica.

El Perú no cuenta con un sistema adecuado para atraer y retener talentos, menos para quienes están relacionados con la actividad científica; además, existe un reducido número de programas de formación, empresas innovadoras, centros de investigación, centros de extensión tecnológica, etc., en los cuales pueden insertarse profesionales con altos niveles de formación. Es más, los salarios y asignaciones económicas son limitados y el nivel y prestigio de los centros no constituyen incentivos que atraigan talentos. Ante esta situación, el Estado no ha desarrollado incentivos para el sistema que contribuyan a la atracción y retención de talentos.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONCYTEC, como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología SINACYT, presenta serias debilidades relacionadas con su capacidad operativa, caracterizada por limitados recursos para cumplir sus actividades, falta de claridad en sus funciones e inestabilidad en su ubicación funcional (Ver Gráfico N° 10).

Investigadores con grado de doctores requeridos por campo de especialización

(Número de investigadores y graduados)

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Fuente: UNESCO, CONCYTEC

Gráfico N° 10

Estas brechas de capital humano se ven reflejadas en el ranking global de competitividad 2015 - 201620, donde se aprecia que el Perú se ubica en el puesto 69 sobre un total de 143 países evaluados, respecto a la disponibilidad de científicos e ingenieros. Asimismo, en el subíndice de vinculación en actividades de investigación y desarrollo entre la universidad y la industria, el Perú aparece en el puesto 110. Ambos datos reflejan la debilidad del país para afrontar las necesidades de innovación.

La ausencia de nuevas tecnologías en el mantenimiento del orden interno, orden público, seguridad ciudadana21, protección de la infraestructura crítica y gestión del riesgo de desastres no permite una articulación en tiempo real; por la falta de un ente rector que plasme estas acciones a través de tecnologías de la información y comunicaciones que contribuyan a garantizar la Seguridad Nacional.

4.2.14 Infraestructura para enfrentar ataques a los sistemas de información: Ciberseguridad

Las tecnologías de la información están cada vez más integradas a la operación de infraestructura física, incluida la infraestructura crítica, por lo que hay un mayor peligro de que se pueda dañar o interrumpir el funcionamiento de las mismas, poniendo en riesgo la economía y la vida cotidiana de millones de personas. A la luz de estos riesgos y sus potenciales consecuencias, proteger el ciberespacio y su infraestructura se convierte en un asunto de Seguridad Nacional.

Los esfuerzos aislados y la falta de reconocimiento del problema público debilitan la defensa sincronizada a nivel público – privado, además, la carencia de tecnologías de última generación y la ausencia de un ente rector especializado agravan esta situación; a pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría de Gobierno Digital y el Sistema de Coordinación de Emergencias en Redes Teleinformáticas de la Presidencia del Consejo de Ministros - PeCERT.

El ciberespacio y su infraestructura son susceptibles a una amplia gama de riesgos de amenazas tanto físicas como cibernéticas, por lo que una serie de actores podría aprovechar estas vulnerabilidades para robar información e interrumpir, poner en peligro o destruir la capacidad de prestar servicios; asimismo, el ciberespacio es particularmente difícil de proteger debido a la capacidad de estos actores de actuar virtualmente desde cualquier parte del mundo. De acuerdo con el consorcio Anti-Phishing Working Group - APWG, el Perú es el quinto país en el mundo con mayor tasa de infección de malware o software malicioso22, con el agravante que el daño o vulneración se realice a sistemas de diversas entidades públicas, donde el contenido de información es reservado, lo cual pone en grave peligro la gobernabilidad del Estado. Esto se refleja en los resultados mostrados en el Índice Global de Ciberseguridad 201423, el cual mide el nivel de compromiso de los Estados en relación con la ciberseguridad y en el que nuestro país obtuvo un índice de 0.32 sobre un máximo de 1, colocándose en la única región por encima de Paraguay, Bolivia y Venezuela.

Por otro lado, habiéndose alcanzado un elevado nivel de informatización a nivel nacional, concordante con la tendencia global, se impulsará la creación de un Sistema Nacional de Ciberseguridad, con la participación del sector privado y la sociedad en su conjunto, que promuevan la formación de especialistas para la defensa del ciberespacio.

En este amplio contexto, se fortalecerá las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para incrementar sus capacidades militares/policiales y sus recursos humanos, con la finalidad de garantizar la paz internacional y el orden interno; a través de la integración de sistemas relacionados con la seguridad para disuadir, enfrentar, combatir eficazmente y eliminar a las organizaciones terroristas y de narcotraficantes.

Debido a que el Desarrollo Nacional es una prioridad, se generará las condiciones que permitan la participación efectiva de las Fuerzas Armadas en el desarrollo económico y social del país y, en la gestión de riesgo de desastres, lo cual también favorecerá la consolidación de sus vínculos con la sociedad, a fin de proteger y promover el impulso a la consecución de los intereses nacionales.

4.2.15 Capacidad para atender el abastecimiento energético

El abastecimiento energético seguro y confiable para todos los sectores sociales y productivos representa un aspecto fundamental para asegurar el normal funcionamiento y el crecimiento económico sostenible del país. Así, se tiene que, dado su alcance, el sector energía tiene una estrecha relación con la Seguridad Nacional; sin embargo, existen múltiples problemas que pueden impedir el adecuado abastecimiento energético. Por un lado, los problemas de carácter físico pueden generar una interrupción permanente del suministro de energía, producto del agotamiento de un recurso esencial, como es el caso de la interrupción temporal debido a un conflicto geopolítico o un desastre natural; por otro lado, puede ponerse en peligro el abastecimiento energético a causa de conflictos sociales.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo identificó, en marzo de 2015, que si bien la gran mayoría de los conflictos socio-ambientales estaban relacionados con el sector minería, las actividades relacionadas con hidrocarburos y energía representaban la segunda y tercera causa, respectivamente, de este tipo de conflicto24; estos conflictos pueden originar el estancamiento de proyectos energéticos, así como la paralización de los existentes. También existen factores económicos externos, producto de la volatilidad en el precio de la energía, además de factores políticos internacionales ocasionados cuando un estado exportador de energía busca usar esta condición para obtener influencia política sobre los estados importadores que dependen de este suministro; todo esto puede comprometer seriamente el abastecimiento energético nacional.

Es por ello, que la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040 tiene como objetivos contar con un abastecimiento energético competitivo, así como una matriz energética diversificada con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética, además de lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos, entre otros25.

Habiéndose establecido la sólida relación entre la seguridad y el desarrollo, y teniendo en cuenta que este último tiene como elemento fundamental el soporte energético, se debe priorizar el abastecimiento energético para un desarrollo sostenible; es decir, se debe priorizar el desarrollo que satisfaga las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de desarrollo de las futuras generaciones.

Por tal motivo, la previsión del crecimiento energético se hará bajo el fomento de nuevos proyectos de fuentes renovables, priorizando el abastecimiento hidroeléctrico, respetando los compromisos asumidos por el Estado, especialmente en aspectos referidos a la seguridad ambiental; pero, también incentivando el empleo de tecnologías de consumo de gas natural y su uso en actividades domiciliarias, transporte, comercio e industria. Esta previsión que fue desarrollada en forma continua, suficiente, segura e inclusiva, así como, la protección de las fuentes de producción y transporte de energía, permitirán evitar riesgos que afecten el crecimiento económico del Estado.

4.2.16 Capacidad para desacelerar el deterioro del ambiente

Los recursos naturales y biodiversidad del Perú representan un gran potencial para el desarrollo del país y la aplicación de estrategias de seguridad para protegerla. El Perú tiene una compleja geografía donde coexisten alrededor de 31 millones de habitantes con una enorme diversidad de paisajes, especies y culturas; lo convierten en uno de los diez países más biodiversos del mundo, es el noveno país en el mundo y el segundo en América Latina en extensión de bosques naturales. Sin embargo, cada año se pierde aproximadamente 150,000 hectáreas de bosques, el equivalente a 10 veces la superficie de toda la Provincia Constitucional del Callao26.

La minería, particularmente la ilegal, es uno de los principales componentes en esta problemática, específicamente en el caso de la minería aluvial que utiliza el mercurio para la amalgamación del oro que es evaporado y arrastrado al suelo y a los cuerpos de agua por efecto de las lluvias. Se calcula que en los últimos 20 años más de 3,000 toneladas de mercurio han sido arrojadas a los ríos amazónicos contaminando el agua, a los organismos acuáticos y a las poblaciones humanas que consumen el agua y el pescado27.

La destrucción actual de zonas forestales por el tráfico ilegal de recursos forestales se refleja en el valor de las actividades de tala ilegal, equivalente a 1.5 veces el valor de las exportaciones madereras legales28. Por otro lado, según el Tyndall Centre for Climate Change Research29 de Inglaterra, el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras30. La sobrepesca, la contaminación del aire y agua, y la inadecuada disposición de residuos sólidos también representan graves problemas que no son atendidos de manera oportuna y eficiente.

En el contexto de la implementación del Tratado de Libre Comercio suscrito entre el Perú y Estados Unidos, mediante la Ley N° 2926331 se modificaron diversos artículos del Código Penal, en el capítulo dedicado a los delitos contra la ecología, y se introdujeron nuevos ilícitos punibles. Así, por ejemplo, en el capítulo sobre delitos contra los recursos naturales se configura delitos como el tráfico ilegal de especies de fauna silvestre protegidas y de especies acuáticas de fauna protegidas. También se encuentra penada la extracción ilegal de especies acuáticas, la depredación de la fauna silvestre protegida, el tráfico ilegal de recursos genéticos, además, de la obstrucción de procesos de investigación, de verificación, supervisión o auditoría; sin embargo, debido a la poca eficacia de las sanciones establecidas en el Código Penal, la intensidad y frecuencia del tráfico ilegal de recursos forestales siguen en alza.

Los retos del medio ambiente son cada vez más complejos, globales y de efecto prolongado. La utilización masiva de combustibles fósiles, la ganadería y agricultura intensiva/extensiva, la desaparición acelerada de los bosques y selvas, así como la gran expansión urbana han disparado los indicadores medioambientales, principalmente los relacionados a los gases de efecto invernadero (CO2, CFC, metano y otros), y han llevado a una serie de alteraciones y desequilibrios en el entorno en pocas décadas. Los efectos ya son evidentes e incluso persistentes en muchas especies biológicas:

4.2.17 Capacidad para el desarrollo de tecnologías

El desarrollo económico, el funcionamiento de los gobiernos y nuestra vida cotidiana en general dependen cada vez más de las tecnologías. Al constituir ámbitos tan vastos e importantes, el desarrollo e innovación en ciencia y tecnología representa un aspecto con fuerte incidencia en la Seguridad Nacional.

Por un lado, el desarrollo de las tecnologías genera nuevos espacios de vulnerabilidad en los Estados y en las personas puesto que, al ser cada vez más dependientes de ellas, la información y el normal desarrollo de sus actividades podrían estar en riesgo, por lo que, la adecuada implementación de las tecnologías para la protección en este ámbito es fundamental para la Seguridad Nacional.

El Perú invierte solo el 0.15% de su PBI en ciencia y tecnología, mientras que el promedio regional es de 0.5% y en el caso de Brasil, país que más invierte en este rubro en la región que asciende al 1% de su PBI. De igual forma, el número de patentes de residentes en nuestro país durante el año 2014 fue de 54, de un total latinoamericano es de 7 543, es decir, solamente el 0.71% del total. Además, solo el 0.8% de nuestras exportaciones puede calificarse de alta tecnología frente a un promedio regional de 4.3%, y 3.5% son consideradas de mediana tecnología frente a un promedio de 9.5%32 en la región.

Según The World Economic Forum, en el noveno y el duodécimo pilares de competitividad, correspondientes a la preparación tecnológica y la innovación, respectivamente, el Perú obtiene calificaciones de 3,3 y 2,8, en una escala del 1 al 7, lo que lo ubica en los puestos 92 y 117 a nivel mundial33, respectivamente.

Los esfuerzos por revertir esta situación son relativamente recientes y se encuentran expresados en la Política en Inversión Pública en Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020, cuyo principal obstáculo es la escasa vinculación entre las organizaciones generadoras de conocimiento y tecnologías con los agentes involucrados en la transferencia y difusión de conocimientos.

El bajo número y diversidad de organizaciones o instituciones, centros de formación técnica, oficinas de enlace de universidades, centros de transferencia de tecnologías, oficinas de patentes, servicios de intermediación tecnológica, escuelas de negocios y otros, orientadas a promover servicios de asistencia para facilitar a los productores o empresas el uso y explotación de nuevas tecnologías en las diferentes comunidades y regiones del país, representa también un problema que impide el desarrollo científico y tecnológico34 al cual se le suma la falta de financiamiento.

De otro lado, resulta necesario contar con autonomía productiva y diversificada de energía, ciencia y tecnología que permitirá afirmar la Seguridad Nacional, lo cual involucra el incremento de la investigación científica articulando los sectores público, privado y académico, en la búsqueda de eficiencia y efectividad colectiva a través del fomento del estudio y desarrollo de “clústeres”, acción conjunta que también permitirá fortalecer las empresas y entidades del Estado relacionadas con la Seguridad Nacional.

4.2.18 Capacidad para la gestión del territorio

El proceso de regionalización en el Perú tiene como sustento normativo la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783 y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867; sin embargo, su implementación no ha sido completada hasta el momento y la organización territorial del país no ha seguido criterios técnicos. Las regiones actualmente existentes no tienen una unidad o articulación territorial, económica ni social.

Parte importante de los problemas identificados responde a que el territorio nacional no ha sido integrado sistémicamente debido a la inadecuada gestión territorial, lo que impide el desarrollo planificado y la identificación de la infraestructura crítica nacional para el desarrollo de sus actividades económicas y humanas. Estas variables negativas influyen en la generación y el escalamiento de la conflictividad política y social, que se produce entre otras causas, por la incompleta delimitación territorial, así como por el indebido aprovechamiento de los recursos naturales. Estas situaciones constituyen riesgos de fragmentaciones internas y dificultan las posibilidades de desarrollo y la generación de oportunidades para la población, lo que impide avanzar en la configuración de un sólido proceso de conexión entre los ámbitos urbano y rural, así como en la consolidación de la Nación.

La Amazonía tampoco ha sido integrada sistémicamente, lo que impide el desarrollo planificado y la identificación de la infraestructura que reconozca los ecosistemas, la diversidad, y la identidad social y cultural de las comunidades nativas; todo lo mencionado influye en la generación de conflictividad política y social, que se produce por la incompleta delimitación territorial y por el indebido aprovechamiento de los recursos naturales, con el consecuente riesgo de fragmentaciones internas y el encarecimiento de posibilidades de desarrollo y de generación de oportunidades para la población.

Existe una evidente conexión entre recursos naturales y seguridad. Los primeros han sido fuentes de conflicto, es así que pasan a ser estratégicos y pueden provocar tensión entre quienes los poseen y quienes los demandan. Este tema va a ir en aumento en la medida en que los recursos se vayan agotando por las mayores demandas entre las economías más desarrolladas y emergentes, y como consecuencia de la degradación del ambiente.

Para superar la situación adversa que presenta la gestión territorial, se llevará a cabo el proceso estratégico para el ordenamiento territorial que propenda a mejorar la capacidad de gestión y abastecimiento de servicios del Estado, y a garantizar el desarrollo inclusivo y articulado entre los distintos niveles de gobierno con las mancomunidades regionales y la sociedad en su conjunto integrando las zonas fronterizas y mejorando la infraestructura del país, identificando los ámbitos prioritarios para el bienestar del Estado-Nación; al mismo tiempo, se propenderá a que estos cambios positivos coadyuven a garantizar la seguridad humana, la reducción de la pobreza en el país y a cerrar la brecha social.

4.2.19 Capacidad para combatir la pobreza y desigualdad social

A pesar de las tasas históricas de crecimiento mayores al 6%, este crecimiento ha sido heterogéneo al interior del país. Por ejemplo, las regiones de Cusco e Ica han crecido en el periodo 2001-2011 a tasas anuales ligeramente menores al 9%, mientras que Huancavelica y Pasco a tasas próximas al 3%. Estas diferencias implican que Cusco e Ica en un periodo de aproximadamente ocho años han duplicado sus valores agregados brutos regionales, mientras que Huancavelica y Pasco (de seguir con sus tasas históricas de crecimiento) lo harán en el 2025 aproximadamente.

Esta heterogeneidad en el crecimiento, explica también las diferencias observadas en la pobreza regional, lo que evidencia una alta correlación entre el crecimiento económico y la pobreza. De este modo, no es sorpresa que el medio millón de niños que aún padecen de desnutrición infantil, se encuentren concentrados principalmente en las áreas rurales, el altiplano y la selva.

De acuerdo con el mapa de pobreza, gran parte del país mantiene aún niveles de pobreza por encima del 18.1%, observándose tan solo siete departamentos con un nivel de pobreza por debajo del 10% (Ver Gráfico N° 11 y Gráfico N° 12).

PERÚ: GRUPOS DE DEPARTAMENTOS CON NIVELES DE POBREZA

ESTADÍSTICAMENTE SEMEJANTES 2016

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 2007 - 2016

Gráfico N° 11

GRUPO DE DEPARTAMENTOS CON NIVELES DE POBREZA TOTAL,

SEMEJANTES ESTADISTICAMENTE, 2016

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FUENTE: INEI, ENAHO 2016

Gráfico N° 12

NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA (PATRÓN OMS), SEGÚN DEPARTAMENTO

El nivel de desnutrición crónica en niños próximos a cumplir los cinco años, es un indicador de los efectos acumulativos del retardo en el crecimiento, y se determina al comparar la talla del niño con la esperada para su edad y sexo. Además, sirve como indicador alternativo (proxy) para medir los problemas de desarrollo en la niñez, por su estrecha relación con problemas de aprendizaje y deserción escolar. (Ver Gráfico N° 13).

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Fuente: INEI, ENDES (2015)

Gráfica N° 13

Esta desigualdad que revelan los datos citados nutre en buena cuenta los conflictos sociales, creándose una situación que podría derivar en violencia e inestabilidad política, que en ocasiones produce ingobernabilidad en algunos departamentos y provincias del país35.

Por su parte, el Índice de Desarrollo Humano evidencia que en el caso peruano las mayores carencias se ubican en la tasa de alfabetización, la esperanza de vida y la calidad de la educación (Ver Gráfico N° 14).

Gráfico N°14

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

FUENTE: Informe sobre Desarrollo Humano 2016 – PNUD

De acuerdo con estos resultados36, los principales retos del crecimiento con inclusión abarcan: i) reducir la pobreza rural, que es el doble del promedio nacional; ii) reducir la desnutrición crónica, que alcanza a un tercio de los niños de zonas rurales, iii) promover el desarrollo infantil temprano y en particular la asistencia en zonas rurales a la educación inicial; iv) promover el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, reduciendo las brechas de acceso y calidad del sistema educativo, la anemia, el trabajo infantil y la tasa de embarazos adolescentes; v) mejorar la calidad de la educación pública, ampliar la cobertura en educación inicial y articularla con los siguientes niveles educativos para mejorar el desempeño educativo y cerrar las brechas en la educación rural e intercultural bilingüe, vi) reducir sustancialmente las brechas de acceso a los servicios de salud de calidad; vii) reducir las brechas en el acceso a agua potable, saneamiento, infraestructura vial y electricidad de los distritos más pobres del país; viii) articular las políticas y programas de desarrollo e inclusión social a políticas y programas de fomento al desarrollo productivo y empleabilidad; y ix) promover la protección y el bienestar de los adultos mayores.

El aumento de la pobreza en el Perú puede convertirse en un problema de Seguridad Nacional, con repercusiones económicas y sociales en tanto los índices de pobreza y extrema pobreza no reduzcan sus cifras y sean ocasionados por el aumento de desempleo. Esta situación podría provocar un aumento del descontento social, de la conflictividad social o el aprovechamiento de corrientes e ideologías antisistema, entre otros.

4.2.20 Capacidad para el manejo de los conflictos sociales.

Durante los últimos años se ha apreciado una deficiente gestión de los conflictos sociales y un descuido notable en la participación activa del Estado, principalmente, en la etapa preventiva del conflicto lo cual permitiría evitar una escalada que dificulte la gobernabilidad y principio de autoridad. La Defensoría del Pueblo, en sus informes mensuales, muestra la cantidad de conflictos sociales que han surgido, que se mantienen vigentes y en otros casos que se solucionan a nivel nacional. De acuerdo con la estadística de los últimos cuatro años, el promedio anual es de 205 conflictos sociales latentes a nivel nacional (Ver Gráfico N° 15 A):

CONFLICTOS SOCIALES POR AÑO

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* Al mes de marzo de 2016

FUENTE: Defensoría del Pueblo

Gráfico N.̊ 15 A

Asimismo, durante el mes de enero 2017, la principal competencia (entre varias que coexisten) en la atención de los conflictos sociales registrados recae en el Gobierno Nacional, con 139 casos (65,0%); en los gobiernos regionales con 42 casos (19,6%); y en los gobiernos locales con 19 casos (8,9%). Respecto al promedio de conflictos sociales, explica una tendencia preocupante, revelando que, a pesar de los esfuerzos de gestión, este promedio no baja de los 200 conflictos mensuales vigentes según el siguiente cuadro (Ver Gráfico N° 15 B):

PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES, SEGÚN PRINCIPAL COMPETENCIA DEL GOBIERNO, ENERO 2017 (Número de casos)

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FUENTE: Defensoría del Pueblo - SIMCO

Gráfico N° 15 B

Estudios realizados por el Consorcio de Investigación Económica y Social - CIES37, determinaron que la institucionalidad del Estado funciona de manera fragmentada y “compartimentalizada”, agravada por un órgano de gestión de conflictos que se ha reciclado a través de sucesivos gobiernos, ampliando sus facultades con el incremento de más metodologías, más personal y recursos, pero con la misma perspectiva política (de defensa del gobierno), y no de transformación de conflictos.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM), es responsable de dirigir, en el ámbito de sus competencias, el proceso de diálogo con los diversos actores sociales, representantes de instituciones privadas y funcionarios públicos, con el objeto de prevenir controversias, diferencias y conflictos sociales; sin embargo, su efectividad aún no es percibida por la población y tampoco se refleja en los reportes que mensualmente emite la Defensoría del Pueblo.

V. POLITICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

La Política de Seguridad y Defensa Nacional ha sido formulada de conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado, sobre la base de la adecuación del concepto de seguridad nacional; los objetivos nacionales, el fortalecimiento del Sistema de Defensa Nacional, dentro del marco del Decreto Legislativo Nº 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional; así como, el Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y guarda concordancia con el Plan de Gobierno.

La aprobación de esta Política de Seguridad y Defensa Nacional, busca garantizar el orden interno, contribuyendo al normal funcionamiento de la institucionalidad del Estado, alcanzar niveles de desarrollo sostenible en beneficio de la seguridad humana. Contiene objetivos y lineamientos, que orientarán la actuación de todos los actores involucrados que interactúan de manera articulada y participativa en las actividades de Seguridad y Defensa Nacional.

Esta articulación intersectorial e intergubernamental logrará establecer mecanismos de cooperación, colaboración y coordinación para la atención de demandas sociales, diálogo, capacidad de conciliación y oportunidad para desarrollar soluciones normativas, sociales y económicas.

5.1. Objetivos de la Política. -

En el marco de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, se utilizó el enfoque de seguridad multidimensional, se han elaborado los siguientes objetivos:

Objetivo N.° 1

El primer objetivo está relacionado con el conjunto de previsiones y acciones que el Estado genera y ejecuta permanentemente para garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial, así como la protección de los intereses nacionales: “Garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la protección de los intereses nacionales”.

Objetivo N.° 2

El segundo objetivo está relacionado con el conjunto de previsiones y acciones que el Estado adopta permanentemente para garantizar la estabilidad y el normal funcionamiento de la institucionalidad político-jurídica: “Garantizar el Orden Interno contribuyendo al normal funcionamiento de la institucionalidad político-jurídica del Estado”.

Objetivo N.° 3

El tercer objetivo está relacionado con el Desarrollo Humano, que es el proceso de creación, ampliación o incremento racional, sostenido y sustentable de las condiciones económicas, sicosociales, políticas, científicas, tecnológicas, ambientales y militares, que permitan alcanzar crecientes niveles de bienestar general: “Alcanzar niveles de desarrollo sostenible que contribuyan a garantizar la seguridad nacional”.

5.2. Lineamientos de Política

Los lineamientos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional son el conjunto de orientaciones aprobadas en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, para ser implementadas por el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. Cada lineamiento está orientado a alcanzar los Objetivos de la Política, y está relacionado a un sector determinado que lo ejecutará según sus políticas, planes, programas y proyectos, considerando además sus capacidades administrativas y presupuestales.

En la formulación de los lineamientos, según la metodología desarrollada, en lo que corresponde a la alineación de los marcos referenciales, se ha considerado como criterio político al análisis de las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, las políticas nacionales y sectoriales, y la concepción Estratégica de Seguridad y Defensa Nacional. Asimismo, se ha considerado como criterio técnico, el análisis del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del CEPLAN y los planes, programas y proyectos sectoriales, que nos permiten tener una misma orientación del objetivo de país, maximizando esfuerzos articulados interinstitucionales e intergubernamentales, para la implementación de la política.

Luego del consenso y aprobación respectiva, se realizó la redacción del lineamiento y sus alcances fueron factores determinantes para consolidar y asegurar su aprobación e inclusión en la política, desarrollando tres (3) objetivos y veintinueve (29) lineamientos.

OBJETIVO N° 1

GARANTIZAR LA SOBERANÍA, LA INDEPENDENCIA, LA INTEGRIDAD TERRITORIAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES.

Lineamientos

1. Fomentar la participación activa, articulada e integral de los poderes del Estado, las entidades públicas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la sociedad en su conjunto, para garantizar la Seguridad y Defensa Nacional.

2. Controlar y proteger el territorio de la República, considerando que el Perú es un país marítimo, andino, amazónico, presente en la cuenca del Pacífico, con proyección bioceánica y que promueve su presencia activa y permanente en la Antártida.

3. Alcanzar el nivel de capacidades militares, para el cumplimiento de los roles constitucionales de las Fuerzas Armadas, impulsando su modernización y procurando que las inversiones en Defensa Nacional incluyan transferencia de tecnología y compensaciones industriales.

4. Participar activamente en los organismos internacionales competentes en temas de seguridad global, hemisférica y regional; promover el principio de la solución pacífica de controversias entre los Estados y el respeto a los principios de derecho internacional; así como promover las medidas de confianza mutua, y proteger y proyectar nuestros intereses nacionales a través de organismos y mecanismos de cooperación bilaterales y multilaterales.

5. Fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional, impulsando su especialización y el empleo de herramientas y tecnología avanzada que permiten mejorar su desempeño frente a las amenazas externas a la Seguridad Nacional

6. Promover el fortalecimiento de los valores de identidad y compromiso con la Nación de las comunidades peruanas en el exterior.

7. Proteger los activos críticos nacionales (ACN) contra todo tipo de amenazas, así como los sistemas de información, de las amenazas que, desde el ciberespacio, atenten contra la Seguridad y Defensa Nacional.

8. Promover la educación en Seguridad y Defensa Nacional en todas las etapas y niveles del Sistema Educativo, contribuyendo a la afirmación de una cultura de paz y seguridad, dentro del marco del respeto al Orden Constitucional.

9. Fortalecer la identidad nacional, promoviendo el reconocimiento, el respeto y la valoración de la historia del Perú, sus héroes, su cultura y sus tradiciones.

OBJETIVO N° 2

GARANTIZAR EL ORDEN INTERNO CONTRIBUYENDO AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA Y JURÍDICA DEL ESTADO.

Lineamientos

1. Fortalecer el Estado de Derecho, la paz social, la estabilidad interna, así como la promoción y la protección de los derechos humanos,

2. Impulsar mecanismos que permitan consolidar la gobernabilidad, la institucionalidad democrática y fomentar el equilibrio de poderes y la adecuada la representatividad política.

3. Fortalecer los sistemas de seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres, de inteligencia nacional y otros que coadyuven a garantizar la Seguridad Nacional.

4. Fortalecer la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el crimen organizado, la criminalidad y la delincuencia en todas sus modalidades, empleando los recursos tecnológicos, humanos y logísticos necesarios

5. Fortalecer el sistema de Inteligencia Nacional, impulsando su especialización y el empleo de herramientas y tecnología avanzada que permiten mejorar su desempeño frente a las amenazas internas a la Seguridad Nacional

6. Alcanzar el nivel de capacidad policial, que permita mayor eficiencia en el cumplimiento de los roles que la Constitución Política asigna a la Policía Nacional del Perú, impulsando su modernización y procurando inversiones en la seguridad ciudadana, incluyendo la especialización técnica, profesional y el uso de tecnología avanzada.

7. Promover la construcción de un sistema de integridad coordinado e integral en el país para luchar contra la pequeña, mediana y gran corrupción en todas sus modalidades.

8. Contribuir al fortalecimiento y modernización del Sistema de Administración de Justicia, para garantizar la seguridad jurídica y la celeridad en la resolución de los conflictos, y en las acciones contra las amenazas a la seguridad nacional.

9. Promover un proceso integral de reforma y adecuación de las normas vigentes del ordenamiento jurídico, referidas a las amenazas a la Seguridad Nacional, en particular el terrorismo, la ciberdelincuencia, el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, el tráfico ilícito de flora y fauna silvestre, la tala ilegal, la minería ilegal e informal, la trata de personas y el lavado de activos, entre otras.

10. Fortalecer y modernizar el Sistema Penitenciario, poniendo énfasis en la desarticulación de las organizaciones criminales al interior de los establecimientos penitenciarios, y en la efectiva reinserción social de las personas que hayan cumplido sus sentencias.

11. Alcanzar el nivel de capacidad de la Autoridad Marítima, que permita mayor eficiencia en el cumplimiento de los mandatos legales para el control y vigilancia de las actividades acuáticas, impulsando su equipamiento con polivalencia de los medios navales, así como su especialización y tecnificación.

12. Impulsar el desarrollo de tecnologías de prevención, vigilancia y gestión de respuestas oportunas para el apoyo al mantenimiento del orden interno, la protección de la infraestructura crítica nacional y la gestión del riesgo de desastres, promoviendo la articulación sectorial entre los niveles de gobierno y tomando en cuenta la gestión de la continuidad operativa.

13. Fomentar la prevención y la adecuada gestión de conflictos sociales con un enfoque de diálogo y sostenibilidad, para fortalecer la gobernabilidad, fomentar las inversiones responsables y garantizar los derechos ciudadanos con la participación activa de los tres niveles de gobierno.

OBJETIVO N° 3

ALCANZAR NIVELES DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE CONTRIBUYAN A GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL.

Lineamientos

1. Reducir las brechas de desigualdad fomentando e impulsando con un enfoque de seguridad humana que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, focalizando la intervención en áreas críticas, zonas vulnerables y de difícil acceso.

2. Promover el desarrollo de proyectos de energía renovable y limpia, a través de la exploración y explotación de fuentes alternativas de energía que aseguren el abastecimiento energético.

3. Promover el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, priorizando las tecnologías de la información y comunicación, la energía, la alimentación, la salud, el medio ambiente, la acuicultura, la agricultura, la industria de la Defensa, entre otras áreas estratégicas, con la participación de la comunidad académica y de las entidades especializadas públicas y privadas.

4. Promover el desarrollo de la infraestructura pública de utilidad estratégica, que contribuya a garantizar la Seguridad Nacional, con prioridad en el acceso universal al agua potable y al saneamiento.

5. Promover la participación integral de las entidades públicas y privadas en el desarrollo económico y social de las poblaciones aisladas y vulnerables, orientado a la erradicación de la pobreza extrema, con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

6. Asegurar la protección y la conservación del ambiente, la explotación sostenible de los recursos naturales, el desarrollo y la ocupación ordenada del territorio nacional, en especial de la Amazonía, con respeto a los usos asignados, los ecosistemas, la diversidad y la identidad cultural de las comunidades.

7. Asegurar la investigación, desarrollo y uso de la tecnología aeroespacial, como recurso básico para el desarrollo socio-económico del País, cuyas aplicaciones redundan en el beneficio de todos los sectores del Estado, tales como: comunicación satelital para la extensa demografía y diversa geografía de nuestro territorio, prevención y atención de desastres naturales, estudio y protección de los recursos naturales, combate de ilícitos y para la Defensa y Seguridad Nacional.

VI. ARTICULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA

La Política de Seguridad y Defensa Nacional ha establecido tres objetivos que se desarrollan en varias dimensiones a través de lineamientos, los que serán incorporados en primer término en las políticas y planes sectoriales (articulación horizontal), y luego, en las políticas y planes regionales y locales (articulación vertical)38.

Así como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales39 establece que las políticas de los gobiernos regionales deben guardar concordancia con las políticas nacionales de Estado; de la misma forma, la Ley Orgánica de Municipalidades40 aprueba sus políticas locales en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales. De esta forma se configuran los mecanismos generales de coordinación, lo que permitirá la ejecución, en forma ordenada y planificada, de la Política de Seguridad y Defensa Nacional en los ámbitos subnacionales.

Los componentes del Sistema de Defensa Nacional - SIDENA, que llevan la acción ejecutiva en la implementación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, son los Ministerios, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Locales, por lo que deben planear, programar, ejecutar y supervisar las acciones de Seguridad y Defensa Nacional. Por tanto, estos actores son los primeros responsables de articular y coordinar, interinstitucional e intergubernamentalmente, los objetivos y lineamientos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, involucrando al sector privado, académico y a la sociedad civil.

En este sentido, se formularán mecanismos de coordinación que comprendan:

a) Los lineamientos técnicos de implementación de la Política que describirán la articulación en los 3 niveles de gobierno.

b) Las directivas que detallen los procedimientos (fases, roles de los actores y metodología para elaborar indicadores y matrices).

c) Los Convenios Marco Interinstitucionales, de los cuales se desprenderán los Convenios Específicos que comprometen acciones de consenso, obligaciones y objetivos.

d) Las Comisiones Intergubernamentales, Intersectoriales, o Interregionales que son espacios para desarrollar las relaciones interinstitucionales que permiten definir y dar seguimiento en forma ordenada a la intervención, según territorio y escenarios, de las políticas, planes, estrategias y acciones.

e) El programa de monitoreo y evaluación según los objetivos, metas e indicadores (matrices) de las acciones, y actividades a desarrollar en la etapa de implementación y evaluación de la política.

f) El Plan de Desarrollo de Capacidades, que sirven de acompañamiento a la Política, para fortalecer las capacidades de los funcionarios que serán responsables de la implementación y evaluación de la política.

g) Los planes de difusión, para divulgar a nivel nacional la política, determinando etapas, actores receptores de la política y usuarios de la política.

h) Las matrices de objetivos, metas y evaluación, lo que permitirá consensuar y evaluar el avance de la política, rediseñando los vacíos o deficiencias que se presentan durante el proceso de implementación (Ver gráfico N° 17):

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(Elaboración propia)

Gráfico N.̊ 17

Estos mecanismos facilitarán que el Sistema de Defensa Nacional garantice la Seguridad Nacional, a través del desarrollo de la concepción, planeamiento, dirección, preparación, ejecución y supervisión de acciones que, de manera multidimensional, articulen - interinstitucional e intergubernamentalmente - los procedimientos y operaciones técnicas que se desprendan de los mecanismos de coordinación. En este sentido, se vinculan con todos los sistemas funcionales involucrados en la Política de Seguridad y Defensa Nacional, particularmente:

- El Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza

- El Sistema Nacional de Gestión Ambiental

- El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos

- El Sistema Nacional de Desarrollo Social

- El Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud

- El Sistema Nacional de Gestión Forestal y Fauna Silvestre

- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

- El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Asimismo, se vincula con el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - SINASEC, el cual tiene por objeto coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social, y con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - SINAGERD, que tiene como finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastres.

Considerando que el Sistema de Defensa Nacional garantiza la Seguridad Nacional en el marco de una gestión pública moderna, surge la vinculación con el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. (Ver gráfico N° 18)

ARTICULACIÓN DE SISTEMAS FUNCIONALES Y ADMINISTRATIVOS CON EL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL - SIDENA

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Gráfico N° 18

Asimismo, el Planeamiento Estratégico Integral de la Seguridad y Defensa Nacional, que es el proceso permanente y dinámico mediante el cual se establecen los lineamientos de política de Seguridad y Defensa Nacional en el largo plazo - además se encuentra ligado a la Política de Seguridad y Defensa Nacional - se vincula con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico para coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional a fin de promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país.

En el caso concreto de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, para su articulación vertical y horizontal se identifica el lineamiento de política a implementar (considerando la etapa de socialización de la política) y su relación con los sectores se da a través de las competencias y funciones atribuidas por su ley orgánica (nacional, regional y local) (Ver gráfico N° 19).

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(Elaboración propia)

Gráfico N° 19

Identificado el sector responsable del lineamiento a implementar, a través de la articulación vertical, se identifica al gobierno subnacional (territorial), como se demuestra en el ejemplo siguiente (Ver gráfico N° 20):

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(Elaboración propia)

Gráfico N.̊ 20

Identificadas las fases de articulación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, corresponde estructurar su proceso de implementación. Para este diseño se ha considerado el proceso interno y externo del desplazamiento de la política, dependiendo de los actores responsables de su ejecución.

Toda política pública tiene como objetivo dar solución a las situaciones problemáticas generadas por necesidades o expectativas - que por su importancia se encuentran en la agenda política y cuyo alcance depende de la dimensión o dimensiones - en las cuales le corresponde actuar conforme a la realidad que se presente en un ámbito territorial, lo cual determinará la manera como se brindará la Seguridad Nacional.

Conforme a los lineamientos propuestos, la participación exitosa del sector público a través de los componentes del Sistema de Defensa Nacional dependerá del involucramiento del sector privado y la sociedad civil; es decir, si los efectos del lineamiento de política para lo cual fue diseñada no son percibidos por el ciudadano es porque la política presenta fallas en su contenido o su articulación, y ello fundamentará los cambios y/o correcciones necesarias después de realizar un minucioso análisis del proceso evaluativo.

El Decreto Legislativo N° 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional, establece, en su artículo 15°, que las entidades que conforman el Sistema de Defensa Nacional deben contar con Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional, que dependen de la más alta autoridad de su entidad.

Actualmente, se tiene implementadas en los ministerios, organismo adscritos y gobiernos regionales, Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional - OSDENA, muchas de las cuales dependen de la Secretaría General de los ministerios u organismos públicos y muy pocas dependen del titular del pliego de cada entidad pública.

El Decreto Supremo N.° 037-2013-PCM, que aprueba el Reglamento el Sistema de Defensa Nacional, establece las funciones de las OSDENA; siendo estas las encargadas de asesorar a la Alta Dirección de sus entidades en el planeamiento, programación, ejecución y supervisión de la política, y estrategias de Seguridad y Defensa Nacional, en el ámbito de su competencia. En este sentido, las OSDENA cumplen una importante labor de articulación al interior de los ministerios, organismos públicos y gobiernos subnacionales.

VII. ARTICULACIÓN DE INTERVENCIÓN SELECCIONADA

Para realizar la articulación del Sistema, se ha dividido a las regiones por zonas territoriales, lo que permitirá una mayor eficiencia en la racionalización de los recursos y la ejecución de las actividades, buscando la sinergia entre gobiernos regionales y desarrollando capacidades que permitan el dominio de la implementación de los lineamientos en las entidades públicas a las que pertenecen, con un adecuado asesoramiento a los titulares de la entidad y su alta dirección. (Ver gráfico N° 21).

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(Elaboración propia)

Gráfico N.̊ 21

1600032-1