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y a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal
desde la vigencia de la presente Ley, se entenderá referida
a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, a la
Comisión de Defensa de la Libre Competencia y a la Comisión
de Fiscalización de la Competencia Desleal, respectivamente.
En el caso de la Comisión de Reglamentos Técnicos y
Comerciales, toda mención hecha en la legislación vigente se
entenderá referida a:
1. El Servicio Nacional de Acreditación, respecto
del reconocimiento de la competencia técnica de
entidades de evaluación de la conformidad;
2. La Comisión de Normalización y de Fiscalización
de Barreras Comerciales No Arancelarias,
respecto de la aprobación de normas técnicas
peruanas, la fiscalización de restricciones
paraarancelarias y la administración de la
infraestructura oficial de firma electrónica; y,
3. El Servicio Nacional de Metrología, respecto de la
aprobación de normas metrológicas peruanas.
SEXTA.- Vigencia del actual Reglamento de
Organización y Funciones del INDECOPI.-
El actual Reglamento de Organización y Funciones
del INDECOPI, aprobado por Decreto Supremo Nº 077-
2005-PCM, seguirá vigente hasta que se apruebe el
Reglamento de la presente Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Actividad procesal de las Salas del
Tribunal del INDECOPI.-
Las actuales Salas de Defensa de la Competencia
y de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de
la Competencia y de la Propiedad Intelectual seguirán
conociendo las apelaciones presentadas contra las
resoluciones de primera instancia hasta que el Consejo
Directivo determine la creación de las Salas especializadas
del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual que correspondan,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 12º de la
presente Ley.
SEGUNDA.- Acciones necesarias para facilitar
la implementación de Acuerdos de Promoción
Comercial.-
A efectos de adecuar su estructura organizativa
a las disposiciones de la presente Ley y garantizar el
cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú,
tanto en el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con
los Estados Unidos de América como en los otros acuerdos
de libre comercio que se suscriban, en los ámbitos de la
protección de la propiedad intelectual y la defensa de
la competencia, facúltese al INDECOPI a ejecutar las
acciones de personal y contratación de bienes y servicios
que requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones,
quedando para ello exceptuado de las normas sobre
limitaciones de gasto, austeridad, racionalidad y disciplina
presupuestaria contenidas en la Ley Nº 29142, así como
de las limitaciones establecidas en la Ley Nº 28411.
Las acciones que apruebe el Consejo Directivo del
INDECOPI al amparo de la presente disposición no
generarán, en ningún caso, egresos al Tesoro Público,
debiendo financiarse con cargo a recursos directamente
recaudados.
El INDECOPI queda obligado, bajo responsabilidad
de su titular, a informar trimestralmente a la Comisión
de Presupuesto del Congreso de la República y a la
Contraloría General de la República acerca de las
acciones ejecutadas al amparo de la presente Disposición
Transitoria.
TERCERA.- Período de designación de funcionarios
de confianza del INDECOPI.-
Los períodos de designación de los vocales de las
Salas del Tribunal y de los miembros de Comisión que se
indican en la presente Ley regirán para los funcionarios
mencionados que sean designados o ratificados a
partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, y
se computarán a partir de la fecha de designación o
ratificación correspondiente.
En el plazo de sesenta (60) días calendario contados
desde la publicación de la presente Ley, el actual Directorio
del INDECOPI ratificará a los miembros de Comisión actuales
o designará a su reemplazo, de ser el caso. En el caso de
los vocales de las Salas del Tribunal, dicha ratificación o
designación podrá ser realizada, en el mismo período, por el
Presidente de la República mediante Resolución Suprema
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, a
propuesta del Consejo Directivo del INDECOPI.
Tratándose de los actuales Jefes de Oficina, en
el mismo período, el actual Directorio del INDECOPI
evaluará su designación como Directores de la Propiedad
Intelectual, o su reasignación funcional.
CUARTA.- Designación de miembros del Consejo
Directivo representantes de MINCETUR y PRODUCE.-
Una vez vigente la presente Ley, los Ministerios de
Comercio Exterior y Turismo y de la Producción procederán
a proponer a los dos integrantes que deberán completar
el número legal de miembros del Consejo Directivo, los
que serán designados mediante Resolución Suprema
refrendada por la Presidencia del Consejo de Ministros
conforme lo establece el Artículo 4º de la presente Ley.
A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto
Legislativo, el vencimiento del plazo de designación de
los integrantes del Consejo Directivo del INDECOPI será
escalonado. El Reglamento fija los criterios y plazos para
lograr la renovación progresiva de los integrantes del
Consejo Directivo.
Por excepción, los mandatos de los miembros
integrantes del primer Consejo Directivo del INDECOPI
se sujetan a los plazos siguientes:
a) Los representantes actualmente designados a
propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros
y del Ministerio de Economía y Finanzas, que a la
fecha de entrada en vigencia del presente Decreto
Legislativo venían integrando el Directorio del
INDECOPI, concluyen su período al cumplirse cinco
(5) años desde la fecha en que fueron designados.
b) Los representantes que sean designados a
propuesta del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo y del Ministerio de la Producción,
concluyen su período en un plazo de cinco (5)
años, a partir de la fecha en que se haga efectiva
su designación.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26º y 26ºBIS
del Decreto Ley Nº 25868.-
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción
de sus Artículos 26º y 26ºBIS, los que permanecerán
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán
las competencias de la Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de
Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y
del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación
todas las normas complementarias y reglamentarias de
las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la
fecha de promulgación de la presente Ley.
SEGUNDA.- Reglamentación de la presente Ley.-
El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros,
expedirá el Reglamento de la presente Ley en el plazo
de noventa (90) días calendario contados a partir de su
publicación en el diario oficial El Peruano.
TERCERA.- Vigencia de la presente Ley.-
La presente Ley entrará en vigencia a los sesenta (60) días
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano,
salvo lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria
y en su Segunda y Tercera Disposiciones Transitorias que
regirán a partir del día siguiente de su publicación.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veinticuatro días del mes de junio del año dos mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
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DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1034
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
POR CUANTO:
Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo
104º de la Constitución Política del Perú, mediante Ley Nº
29157, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar sobre diversas materias relacionadas con la
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial
Perú ­ Estados Unidos de América, y con el apoyo a la
competitividad económica para su aprovechamiento,
publicada el 20 de diciembre de 2007, el Congreso de la
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar, entre otras materias, para la mejora del marco
regulatorio;
Que, luego de más de quince años de aplicación
del Decreto Legislativo Nº 701, Ley contra las Prácticas
Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre
Competencia, el diagnóstico evidencia que esta norma
presenta una serie de deficiencias y vacíos, requiriéndose
por ello una reforma integral;
Que, en ese sentido, resulta pertinente la dación de
una nueva ley de control de conductas anticompetitivas
que precise su finalidad en consonancia con el objetivo
previsto en el acuerdo de promoción comercial antes
mencionado; clarifique su ámbito de aplicación (subjetivo,
objetivo y territorial); destaque el principio de primacía
de la realidad; establezca conceptos claros y criterios
de análisis que generen mayor predictibilidad en su
aplicación al establecer las conductas consideradas
como anticompetitivas, como prohibir de manera absoluta
aquellas conductas colusorias consideradas a nivel
internacional como inherentemente anticompetitivas;
redefina y mejore sustancialmente el procedimiento
administrativo, incorporando plazos razonables y
realistas, la preclusión en el ofrecimiento de pruebas pero
sin afectar el derecho de defensa, un mejor tratamiento
de las medidas cautelares y una diferenciación más
clara entre el rol instructor y el resolutivo; dote de mayor
capacidad disuasiva el esquema de sanciones, mejorando
los criterios para establecerlas, incrementando el tope
para casos de infracciones muy graves y desarrollando
la facultad de la autoridad de competencia para dictar
medidas correctivas; entre otros.
Que, sobre la base de dicho contenido, una nueva
ley que prohíba y sancione el abuso de la posición de
dominio y las prácticas colusorias horizontales y verticales
fortalecerá sustancialmente el marco regulatorio de
defensa de la libre competencia, lo que, a su vez,
incentivará la eficiencia económica en los mercados,
promoverá la competitividad económica del país y
mejorará el bienestar de los consumidores, estableciendo
un ambiente apropiado para las inversiones;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con
cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA
LA LEY DE REPRESIÓN
DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Finalidad de la presente Ley.-
La presente Ley prohíbe y sanciona las conductas
anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia
económica en los mercados para el bienestar de los
consumidores.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación subjetivo.-
2.1. La presente Ley se aplica a las personas
naturales o jurídicas, sociedades irregulares,
patrimonios autónomos u otras entidades de
derecho público o privado, estatales o no, con o
sin fines de lucro, que en el mercado oferten o
demanden bienes o servicios o cuyos asociados,
afiliados, agremiados o integrantes realicen
dicha actividad. Se aplica también a quienes
ejerzan la dirección, gestión o representación
de los sujetos de derecho antes mencionados,
en la medida que hayan tenido participación en
el planeamiento, realización o ejecución de la
infracción administrativa.
2.2. Las personas naturales que actúan en nombre
y por encargo de las personas jurídicas,
sociedades irregulares, patrimonios autónomos
o entidades mencionadas en el párrafo anterior,
con sus actos generan responsabilidad en éstas,
sin que sea exigible para tal efecto condiciones
de representación civil.
2.3. A los efectos de la presente Ley, cuando se
haga referencia a cualquiera de las personas,
sociedades irregulares, patrimonios autónomos
o entidades antes mencionadas, se utilizará el
término "agente económico". También se utilizará
este término para referirse a empresas de un
mismo grupo económico.
Artículo 3º.- Ámbito de aplicación objetivo.-
Se encuentra fuera de aplicación de la presente Ley
aquella conducta que es consecuencia de lo dispuesto
en una norma legal. El cuestionamiento a dicha norma
se realizará mediante las vías correspondientes y no
ante la autoridad de competencia prevista en la presente
Ley. El Estado podrá asumir las acciones que considere
necesarias para contribuir a mejorar las condiciones de
oferta de los productos en beneficio de los consumidores.
No obstante ello, discrecionalmente, la autoridad
de competencia podrá emitir informes con relación a
las conductas referidas en el párrafo anterior con el fin
de evaluar sus efectos sobre la libre competencia y el
bienestar del consumidor.
Artículo 4º.- Ámbito de aplicación territorial.-
La presente Ley es de aplicación a las conductas que
produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos en
todo o en parte del territorio nacional,
aún cuando dicho
acto se haya originado en el extranjero.
Artículo 5º.- Primacía de la realidad.-
En la aplicación de esta Ley, la autoridad administrativa
determinará la verdadera naturaleza de las conductas
investigadas, atendiendo a las situaciones y relaciones
económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan
en la realidad. La forma de los actos jurídicos utilizados
por los contratantes no enerva el análisis que la autoridad
efectúe sobre la verdadera naturaleza de las conductas
subyacentes a dichos actos.
TÍTULO II
MERCADO RELEVANTE Y POSICIÓN DE DOMINIO
Artículo 6º.- El mercado relevante.-
6.1. El mercado relevante está integrado por el
mercado de producto y el mercado geográfico.
6.2. El mercado de producto relevante es, por lo
general, el bien o servicio materia de la conducta
investigada y sus sustitutos. Para el análisis
de sustitución, la autoridad de competencia
evaluará, entre otros factores, las preferencias de
los clientes o consumidores; las características,
usos y precios de los posibles sustitutos; así
como las posibilidades tecnológicas y el tiempo
requerido para la sustitución.
6.3. El mercado geográfico relevante es el conjunto
de zonas geográficas donde están ubicadas
las fuentes alternativas de aprovisionamiento
del producto relevante. Para determinar las
alternativas de aprovisionamiento, la autoridad de
competencia evaluará, entre otros factores, los
costos de transporte y las barreras al comercio
existentes.
Artículo 7º.- De la posición de dominio en el
mercado.-
7.1. Se entiende que un agente económico goza de
posición de dominio en un mercado relevante
cuando tiene la posibilidad de restringir, afectar o
distorsionar en forma sustancial las condiciones
de la oferta o demanda en dicho mercado, sin
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que sus competidores, proveedores o clientes
puedan, en ese momento o en un futuro
inmediato, contrarrestar dicha posibilidad, debido
a factores tales como:
(a) Una participación significativa en el mercado
relevante.
(b) Las características de la oferta y la demanda
de los bienes o servicios.
(c) El desarrollo tecnológico o servicios
involucrados.
(d) El acceso de competidores a fuentes de
financiamiento y suministro así como a redes
de distribución.
(e) La existencia de barreras a la entrada de tipo
legal, económica o estratégica.
(f) La existencia de proveedores, clientes o
competidores y el poder de negociación de
éstos.
7.2. La sola tenencia de posición de dominio no
constituye una conducta ilícita.
TÍTULO III
DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS
Capítulo I
Sobre la Naturaleza de las Prohibiciones
Artículo 8º.- Prohibición absoluta.-
En los casos de prohibición absoluta, para verificar
la existencia de la infracción administrativa, es suficiente
que la autoridad de competencia pruebe la existencia de
la conducta.
Artículo 9º.- Prohibición relativa.-
En los casos de prohibición relativa, para verificar la
existencia de la infracción administrativa, la autoridad de
competencia deberá probar la existencia de la conducta y
que ésta tiene, o podría tener, efectos negativos para la
competencia y el bienestar de los consumidores.
Capítulo II
Del Abuso de la Posición de Dominio
Artículo 10º.- El abuso de la posición de dominio.-
10.1. Se considera que existe abuso cuando un agente
económico que ostenta posición dominante en
el mercado relevante utiliza esta posición para
restringir de manera indebida la competencia,
obteniendo beneficios y perjudicando a
competidores reales o potenciales, directos o
indirectos, que no hubiera sido posible de no
ostentar dicha posición.
10.2. El abuso de la posición de dominio en el mercado
podrá consistir en conductas de efecto exclusorio
tales como:
a) Negarse injustificadamente a satisfacer
demandas de compra o adquisición, o a
aceptar ofertas de venta o prestación, de
bienes o servicios;
b) Aplicar, en las relaciones comerciales o
de servicio, condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes que coloquen de
manera injustificada a unos competidores
en situación desventajosa frente a otros.
No constituye abuso de posición de
dominio el otorgamiento de descuentos y
bonificaciones que correspondan a prácticas
comerciales generalmente aceptadas, que
se concedan u otorguen por determinadas
circunstancias compensatorias, tales como
pago anticipado, monto, volumen u otras
que se otorguen con carácter general, en
todos los casos en que existan iguales
condiciones;
c) Subordinar la celebración de contratos a la
aceptación de prestaciones adicionales que,
por su naturaleza o arreglo al uso comercial,
no guarden relación con el objeto de tales
contratos;
d) Obstaculizar de manera injustificada a
un competidor la entrada o permanencia
en una asociación u organización de
intermediación;
e) Establecer, imponer o sugerir contratos de
distribución o venta exclusiva, cláusulas de
no competencia o similares, que resulten
injustificados;
f) Utilizar de manera abusiva y reiterada
procesos judiciales o procedimientos
administrativos, cuyo efecto sea restringir la
competencia;
g) Incitar a terceros a no proveer bienes o
prestar servicios, o a no aceptarlos; o,
h) En general, aquellas conductas que impidan
o dificulten el acceso o permanencia de
competidores actuales o potenciales en el
mercado por razones diferentes a una mayor
eficiencia económica.
10.3. La presente Ley se aplica inclusive cuando
la posición de dominio deriva de una ley u
ordenanza, o de un acto, contrato o reglamento
administrativo.
10.4. Las conductas de abuso de posición de dominio
constituyen prohibiciones relativas.
10.5. No constituye abuso de posición de dominio el
simple ejercicio de dicha posición sin afectar a
competidores reales o potenciales.
Capítulo III
De las Prácticas Colusorias Horizontales
Artículo 11º.- Prácticas colusorias horizontales.-
11.1. Se entiende por prácticas colusorias horizontales
los acuerdos, decisiones, recomendaciones o
prácticas concertadas realizadas por agentes
económicos competidores entre sí que tengan
por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la
libre competencia, tales como:
(a) La fijación concertada, de forma directa o
indirecta, de precios o de otras condiciones
comerciales o de servicio;
(b) La limitación o control concertado de la
producción, ventas, el desarrollo técnico o
las inversiones;
(c) El reparto concertado de clientes,
proveedores o zonas geográficas;
(d) La concertación de la calidad de los
productos, cuando no corresponda a normas
técnicas nacionales o internacionales y
afecte negativamente al consumidor;
(e) La aplicación concertada, en las relaciones
comerciales o de servicio, de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes,
que coloquen de manera injustificada a unos
competidores en situación desventajosa
frente a otros;
(f) Concertar injustificadamente la subordinación
de la celebración de contratos a la aceptación
de prestaciones adicionales que, por su
naturaleza o arreglo al uso comercial, no
guarden relación con el objeto de tales
contratos;
(g) La negativa concertada e injustificada
de satisfacer demandas de compra o
adquisición, o de aceptar ofertas de venta o
prestación, de bienes o servicios;
(h) Obstaculizar de manera concertada e
injustificada la entrada o permanencia de
un competidor a un mercado, asociación u
organización de intermediación;
(i) Concertar injustificadamente una distribución
o venta exclusiva;
(j) Concertar o coordinar ofertas, posturas o
propuestas o abstenerse de éstas en las
licitaciones o concursos públicos o privados
u otras formas de contratación o adquisición
pública previstas en la legislación pertinente,
así como en subastas públicas y remates; u,
(k) Otras prácticas de efecto equivalente que
busquen la obtención de beneficios por
razones diferentes a una mayor eficiencia
económica.
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11.2. Constituyen
prohibiciones
absolutas
los
acuerdos horizontales inter marca que no sean
complementarios o accesorios a otros acuerdos
lícitos, que tengan por objeto:
a) Fijar precios u otras condiciones comerciales
o de servicio;
b) Limitar la producción o las ventas, en
particular por medio de cuotas;
c) El reparto de clientes, proveedores o zonas
geográficas; o,
d) Establecer posturas o abstenciones en
licitaciones, concursos u otra forma de
contratación o adquisición pública prevista
en la legislación pertinente, así como en
subastas públicas y remates.
11.3. Las prácticas colusorias horizontales distintas
a las señaladas en el numeral 11.2 precedente
constituyen prohibiciones relativas.
Capítulo IV
De las Prácticas Colusorias Verticales
Artículo 12º.- Prácticas colusorias verticales.-
12.1. Se entiende por prácticas colusorias verticales
los acuerdos, decisiones, recomendaciones o
prácticas concertadas realizados por agentes
económicos que operan en planos distintos
de la cadena de producción, distribución o
comercialización, que tengan por objeto o efecto
restringir, impedir o falsear la libre competencia.
12.2. Las conductas ilícitas verticales podrán consistir
en los supuestos tipificados a modo de ejemplo
en los numerales 10.2 del Artículo 10º y 11.1
del Artículo 11º de la presente Ley, según
corresponda.
12.3. La configuración de una práctica colusoria
vertical requiere que al menos una de las partes
involucradas tenga, de manera previa al ejercicio
de la práctica, posición de dominio en el mercado
relevante.
12.4. Las prácticas colusorias verticales constituyen
prohibiciones relativas.
TÍTULO IV
DE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA
DE LA LIBRE COMPETENCIA
Artículo 13º.- Las autoridades de competencia.-
13.1. En primera instancia administrativa la autoridad
de competencia es la Comisión, entendiendo
por ésta a la Comisión de Defensa de la Libre
Competencia del INDECOPI.
13.2. En segunda instancia administrativa la autoridad
de competencia es el Tribunal, entendiendo por
éste al Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual del
INDECOPI.
Artículo 14º.- La Comisión.-
14.1. La Comisión es el órgano con autonomía técnica
y funcional encargado del cumplimiento de la
presente Ley con competencia exclusiva, salvo
que dicha competencia haya sido asignada o se
asigne por ley expresa a otro organismo público.
14.2. Son atribuciones de la Comisión:
a) Declarar la existencia de una conducta
anticompetitiva e imponer la sanción
correspondiente;
b) Dictar medidas cautelares;
c) Dictar medidas correctivas respecto de las
conductas anticompetitivas;
d) Expedir Lineamientos que orienten a los
agentes del mercado sobre la correcta
interpretación de las normas de la presente
Ley;
e) Sugerir a la Presidencia del Consejo Directivo
del INDECOPI, emitir opinión, exhortar o
recomendar a las autoridades legislativas,
políticas o administrativas sobre la
implementación de medidas que restablezcan
o promuevan la libre competencia, tales
como la eliminación de barreras a la entrada,
la aplicación de regulación económica a
un mercado donde la competencia no es
posible, entre otros; y,
f) Las demás que le asignen las disposiciones
legales vigentes.
Artículo 15º.- La Secretaría Técnica.-
15.1. La Secretaría Técnica de la Comisión es el
órgano con autonomía técnica que realiza la labor
de instructor del procedimiento de investigación
y sanción de conductas anticompetitivas y que
emite opinión sobre la existencia de la conducta
infractora.
15.2. Son atribuciones de la Secretaría Técnica:
a) Efectuar investigaciones preliminares;
b) Iniciar de oficio el procedimiento de
investigación y sanción de conductas
anticompetitivas;
c) Tratándose de una denuncia de parte, decidir
la admisión a trámite del procedimiento
de investigación y sanción de conductas
anticompetitivas,
pudiendo
declarar
inadmisible o improcedente la denuncia,
según corresponda;
d) Solicitar a la Comisión el dictado de una
medida cautelar;
e) Instruir el procedimiento sancionador,
realizando investigaciones y actuando
medios probatorios, y ejerciendo para tal
efecto las facultades y competencias que
las leyes han atribuido a las Comisiones del
INDECOPI;
f) Excepcionalmente y con previo acuerdo de la
Comisión, podrá inmovilizar por un plazo no
mayor de diez (10) días hábiles prorrogables
por otro igual, libros, archivos, documentos,
correspondencia y registros en general de
la persona natural o jurídica investigada,
tomando copia de los mismos. En iguales
circunstancias, podrá retirarlos del local en
que se encuentren, hasta por quince (15)
días hábiles, requiriendo de autorización
judicial para proceder al retiro, conforme al
proceso especial previsto en el literal c) del
numeral 15.3 del presente Artículo;
g) Realizar estudios y publicar informes;
h) Elaborar propuestas de Lineamientos;
i) Canalizar el apoyo administrativo que
requiera la Comisión;
j) Realizar actividades de capacitación y
difusión de la aplicación de las normas de
defensa de la libre competencia; y,
k) Otras que le asignen las disposiciones
legales vigentes.
15.3. Para el desarrollo de sus investigaciones, la
Secretaría Técnica se encuentra facultada para:
(a) Exigir a las personas naturales o jurídicas,
sociedades
irregulares
y
patrimonios
autónomos, la exhibición de todo tipo de
documentos, incluyendo los libros contables
y societarios, los comprobantes de pago,
la correspondencia interna o externa y los
registros magnéticos incluyendo, en este caso,
los programas que fueran necesarios para su
lectura; así como solicitar información referida
a la organización, los negocios, el accionariado
y la estructura de propiedad de las empresas.
(b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios
que se designe para el efecto, a las
personas materia de investigación o a sus
representantes, empleados, funcionarios,
asesores y a terceros, utilizando los medios
técnicos que considere necesarios para
generar un registro completo y fidedigno de
sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar
grabaciones magnetofónicas, en vídeo, disco
compacto o cualquier otro tipo de instrumento
electrónico.
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NORMAS LEGALES
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(c) Realizar inspecciones, con o sin previa
notificación, en los locales de las personas
naturales o jurídicas, sociedades irregulares
y patrimonios autónomos y examinar los
libros, registros, documentación y bienes,
pudiendo comprobar el desarrollo de
procesos productivos y tomar la declaración
de las personas que en ellos se encuentren.
En el acto de la inspección podrá tomarse
copia de los archivos físicos, magnéticos
o electrónicos, así como de cualquier
documento que se estime pertinente o tomar
las fotografías o filmaciones que se estimen
necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el
apoyo de la fuerza pública.
La Secretaría Técnica deberá obtener
autorización judicial previa para proceder
al descerraje en caso hubiera negativa
a la entrada en los locales o éstos
estuvieran cerrados, así como para copiar
correspondencia privada que pudiera estar
contenida en archivos físicos o electrónicos,
conforme al proceso especial que a
continuación se detalla:
(i) La Secretaría Técnica solicitará al Juez
Penal de Turno una cita para obtener
una autorización especial de descerraje
o copia de correspondencia privada,
sin mencionar el nombre de la persona
natural o jurídica, sociedad irregular o
patrimonio autónomo que será materia
de inspección sin previo aviso.
(ii) Recibida la solicitud, el Juez programará,
en un plazo no mayor de tres (3) días
hábiles, y bajo responsabilidad, una
reunión con la Secretaría Técnica, en la
que podrá estar presente un Fiscal.
(iii) En el despacho del Juez, y en la hora
programada, el Secretario Técnico
explicará al Juez y, de ser el caso,
también al Fiscal, las razones de su
solicitud de autorización especial de
descerraje o copia de correspondencia
privada, presentando la información
o exhibiendo los documentos que
evidencian la existencia de indicios
razonables de la comisión de una
infracción administrativa por parte de la
persona o empresa que será materia de
inspección, la que será identificada en el
acto así como el lugar donde se realizará
la inspección. En dicha reunión, si el Juez
estima que la solicitud resulta justificada,
la declarará procedente, emitiendo en
el acto la resolución correspondiente,
levantándose un Acta suscrita por todos
los presentes.
(iv) En la resolución mencionada en el
párrafo anterior se señalará el nombre,
denominación o razón social de la persona
o empresa que será inspeccionada por
la Secretaría Técnica así como el lugar
donde se encuentra ubicado el local
o locales materia de inspección, y se
motivará y especificará los alcances de
la autorización correspondiente, la que
podrá comprender, entre otros, la revisión
y copia de los correos electrónicos
recibidos o remitidos por los directivos,
administradores
o
representantes
de la persona o empresa materia de
investigación.
(v) En un plazo no mayor de tres (3) días
de culminada la visita de inspección, la
Secretaría Técnica elaborará un informe
dando cuenta de los pormenores de la
diligencia, la que será remitida al Juez y,
de ser el caso, al Fiscal que estuvo en la
reunión.
(vi) Tanto el Juez como el Fiscal antes
mencionados deberán guardar reserva
absoluta del proceso especial, bajo
responsabilidad, desde el inicio de la
reunión en la que se evalúe la solicitud
de autorización especial de descerraje
y/o copia de correspondencia privada
presentada por la Secretaría Técnica
hasta el momento en que reciban de
ésta el informe a que se refiere el párrafo
anterior.
(vii) En caso de negativa, la Secretaría
Técnica se encuentra habilitada para
formular una segunda solicitud de
autorización especial de descerraje o
copia de correspondencia privada.
Artículo 16º- El Tribunal.-
16.1. El Tribunal es el órgano encargado de revisar en
segunda y última instancia los actos impugnables
emitidos por la Comisión o la Secretaría
Técnica.
16.2. El Tribunal, a través de su Secretaría Técnica,
está facultado para, de oficio, actuar medios
probatorios que permitan esclarecer los hechos
imputados a título de infracción.
Artículo 17º.- Del OSIPTEL.-
La aplicación de la presente Ley al mercado de los
servicios públicos de telecomunicaciones estará a cargo
del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en
Telecomunicaciones ­ OSIPTEL de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las
Funciones y Facultades del OSIPTEL. En tal sentido,
las instancias competentes, las facultades de éstas y
los procedimientos que rigen su actuación serán los
establecidos en su marco normativo.
TÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
Capítulo I
De la Postulación
Artículo 18º.- Formas de iniciación del
procedimiento.-
18.1. El procedimiento sancionador de investigación
y sanción de conductas anticompetitivas se
inicia siempre de oficio, bien por iniciativa de la
Secretaría Técnica o por denuncia de parte.
18.2. En el procedimiento trilateral sancionador
promovido por una denuncia de parte,
el denunciante es un colaborador en el
procedimiento de investigación, conservando la
Secretaría Técnica la titularidad de la acción de
oficio.
18.3. El procedimiento sancionador podrá ser
iniciado cuando la conducta denunciada se está
ejecutando, cuando exista amenaza de que se
produzca e, inclusive, cuando ya hubiera cesado
sus efectos.
Artículo 19º- Requisitos de la denuncia de parte.-
La denuncia de parte que imputa la realización de
conductas anticompetitivas, deberá contener:
(a) Nombre, denominación o razón social del
denunciante, su domicilio y los poderes
correspondientes, de ser el caso.
(b) Indicios razonables de la presunta existencia de
una o más conductas anticompetitivas.
(c) Identificación de los presuntos responsables,
siempre que sea posible.
(d) El comprobante de pago de la tasa por derecho
de tramitación del procedimiento sancionador.
Esta tasa está exceptuada del límite en cuanto
al monto establecido en la Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Artículo 20º.- Actuaciones previas a la admisión a
trámite por denuncia de parte.-
Presentada la denuncia de parte y con anterioridad a
la resolución de inicio del procedimiento de identificación
y sanción de conductas anticompetitivas, la Secretaría
Técnica podrá realizar actuaciones previas con el fin
de reunir información o identificar indicios razonables
de la existencia de conductas anticompetitivas. Estas
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actuaciones previas se desarrollarán en un plazo no
mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados
desde la presentación de la denuncia.
Artículo 21º.- Resolución de inicio del
procedimiento.-
21.1. La Secretaría Técnica se pronunciará sobre
la admisión a trámite de una denuncia de
parte luego de verificar el cumplimiento de los
requisitos formales exigidos en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos ­ TUPA del
INDECOPI, la competencia de la Comisión y la
existencia de indicios razonables de infracción a
la presente Ley.
21.2. La resolución de imputación de cargos o de inicio
del procedimiento deberá contener:
a) La identificación de agente o agentes
económicos a los que se imputa la presunta
infracción;
b) Una sucinta exposición de los hechos que
motivan la instauración del procedimiento, la
calificación jurídica de la posible infracción
y, en su caso, las sanciones que pudieran
corresponder;
c) La identificación del órgano competente para
la resolución del caso, indicando la norma
que le atribuya dicha competencia; y,
d) La indicación del derecho a formular
descargos y el plazo para su ejercicio.
21.3. La resolución de inicio del procedimiento se
informará a la Comisión en un plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles y, en este mismo plazo, se
notificará a los agentes económicos denunciados
y a quienes presentaron la denuncia de parte, las
que se consideran apersonadas al procedimiento
por dicha presentación, de ser el caso.
21.4. La resolución que declare inadmisible o
improcedente la denuncia es impugnable ante el
Tribunal en el plazo de quince (15) días hábiles.
21.5. Admitida a trámite la denuncia, si la Secretaría
Técnica lo considera pertinente, publicará
una nota sucinta sobre su objeto, de manera
que cualquiera con interés legítimo pueda
apersonarse al procedimiento o simplemente
aportar información a la investigación. Dicha nota
se publicará en la página web del INDECOPI, en
el Diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios
de mayor circulación en el territorio nacional.
Artículo 22º.- Plazo para la presentación de
descargos.-
22.1. El denunciado o denunciados podrán contestar
los cargos imputados en la resolución de inicio
del procedimiento en un plazo de treinta (30)
días hábiles, presentando los argumentos que
estime convenientes y ofreciendo las pruebas
correspondientes.
22.2. Durante el plazo mencionado en el párrafo
precedente, otras partes con interés legítimo
pueden
apersonarse
al
procedimiento,
expresando los argumentos y ofreciendo
las pruebas que resulten relevantes, previo
cumplimiento de los requisitos para formular una
denuncia de parte.
Capítulo II
De las Medidas Cautelares
Artículo 23º.- Medidas cautelares.-
23.1. Antes de iniciarse el procedimiento sancionador
o en cualquier etapa dentro de éste, la Comisión
podrá dictar, a solicitud de la Secretaría Técnica
o a pedido de quien haya presentado una
denuncia de parte o de tercero con interés
legítimo que también se haya apersonado al
procedimiento, una medida cautelar destinada
a asegurar la eficacia de la decisión definitiva,
lo cual incluye asegurar el cumplimiento de las
medidas correctivas que se pudieran dictar en la
resolución final.
23.2. La Comisión podrá adoptar la medida cautelar
innovativa o no innovativa, genérica o específica,
que considere pertinente, en especial la orden de
cesación de actividades, la obligación de contratar,
la imposición de condiciones, la suspensión de
los efectos de actos jurídicos, la adopción de
comportamientos positivos y cualesquiera otras
que contribuyan a preservar la competencia
afectada y evitar el daño que pudieran causar las
conductas a que el procedimiento se refiere.
23.3. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la
intensidad, proporcionalidad y necesidades del
daño que se pretenda evitar.
23.4. Cuando la medida cautelar se otorgue antes de
iniciarse un procedimiento sancionador, dicha
medida caducará si no se inicia un procedimiento
sancionador dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes de su notificación.
23.5. Tratándose de solicitudes de parte, la Comisión
podrá aceptarlas o desestimarlas en un plazo no
mayor de treinta (30) días hábiles, prorrogables
por una sola vez y por el mismo plazo. No son
exigibles, a quien presente la solicitud, medidas
de aseguramiento civil como contracautela o
similares. La Comisión podrá conceder medidas
cautelares distintas a las solicitadas, siempre
que considere que se ajusten de mejor manera
a la intensidad, proporcionalidad y necesidad del
daño que se pretende evitar.
23.6. En cualquier momento del procedimiento, de
oficio o a instancia de parte, se podrá acordar
la suspensión, modificación o revocación de las
medidas cautelares.
23.7. Las resoluciones que imponen medidas cautelares
son apelables ante el Tribunal en el plazo de
cinco (5) días hábiles. La apelación de medidas
cautelares se concederá sin efecto suspensivo,
tramitándose en cuaderno separado, y sin perjuicio
de lo establecido en el Artículo 216º de la Ley del
Procedimiento Administrativo General. El Tribunal
se pronunciará sobre la apelación en un plazo no
mayor de treinta (30) días hábiles.
23.8. El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas
a la Comisión para el dictado de medidas
cautelares.
Artículo 24º.- Requisitos para el dictado de medidas
cautelares.-
Para el otorgamiento de una medida cautelar, la
Comisión deberá verificar el cumplimiento concurrente de
los siguientes requisitos:
(a) El pago de la tasa por derecho de trámite
ascendente a media (1/2) Unidad Impositiva
Tributaria;
(b) La verosimilitud de la denuncia;
(c) El peligro en la demora del pronunciamiento final;
y,
(d) La posibilidad de lo pedido.
Capítulo III
Del Compromiso de Cese y la Solicitud
de Exoneración de Sanción
Artículo 25º.- Del Compromiso de Cese.-
25.1. Dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días
hábiles contados desde la fecha de notificación
de la imputación de cargos o resolución de
inicio del procedimiento, el presunto o presuntos
responsables podrán ofrecer un compromiso
referido al cese de los hechos investigados o a
la modificación de aspectos relacionados con
ellos.
25.2. La solicitud de compromiso de cese se tramitará
en cuaderno aparte, siendo accesorio del
expediente principal.
25.3. Para evaluar la solicitud de compromiso de cese,
y en ejercicio de una facultad discrecional, la
Secretaría Técnica tomará en consideración
el cumplimiento concurrente de las siguientes
condiciones:
(a) Que la totalidad o una parte de los agentes
económicos investigados efectúe un
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reconocimiento de todos o algunos de
los cargos imputados en la resolución de
admisión a trámite. Dicho reconocimiento
debe resultar verosímil a la luz de los medios
de prueba que obren en el expediente
principal o que hayan sido aportados por
las partes en el marco del procedimiento de
aprobación del compromiso de cese;
(b) Que sea verosímil que la conducta
anticompetitiva imputada y reconocida por los
agentes económicos investigados no haya
causado, o no cause, una grave afectación al
bienestar de los consumidores. Para ello se
podrá tomar en cuenta, de modo indiciario,
el tamaño del mercado relevante, la duración
de la conducta, el bien o servicio objeto
de la conducta, el número de empresas o
consumidores afectados, entre otros factores;
y,
(c) Que los agentes económicos investigados
ofrezcan medidas correctivas que permitan
verificar el cese de la práctica anticompetitiva
denunciada y que garanticen que no habrá
reincidencia.
Adicionalmente,
podrán
ofrecerse medidas complementarias que
evidencien el propósito de enmienda de los
infractores.
25.4. La Secretaría Técnica evaluará la propuesta y,
en caso de estimarla satisfactoria, propondrá
a la Comisión la suspensión del procedimiento
administrativo principal, sugiriendo las medidas
pertinentes con el objeto de verificar el
cumplimiento del compromiso. La Comisión decide
la aprobación o denegatoria de la propuesta,
siendo su pronunciamiento inimpugnable debido
a su naturaleza eminentemente discrecional.
25.5 En caso de incumplimiento del compromiso se
reiniciará el procedimiento, de oficio o a petición
de parte. El referido incumplimiento será tratado
como una infracción grave, por lo que la Comisión
podrá imponer al denunciado una multa de hasta
mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias.
25.6. Las declaraciones e información que los
investigados aporten en el procedimiento de
solicitud de compromiso de cese no podrán
ser utilizadas en el expediente principal del
procedimiento de investigación y sanción de
la conducta anticompetitiva, bajo sanción de
nulidad de este último.
25.7. La aprobación del compromiso de cese no
elimina ni limita la responsabilidad civil de
los denunciados por los daños y perjuicios
ocasionados, de ser el caso.
Artículo 26º.- Exoneración de sanción.-
26.1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
precedente, cualquier persona podrá solicitar
a la Secretaría Técnica que se le exonere de
sanción a cambio de aportar pruebas que ayuden
a identificar y acreditar la existencia de una
práctica ilegal. De estimarse que los elementos
de prueba ofrecidos son determinantes para
sancionar a los responsables, la Secretaría
Técnica podrá proponer, y la Comisión aceptar,
la aprobación del ofrecimiento efectuado. Para
ello la Secretaría Técnica cuenta con todas las
facultades de negociación que fuesen necesarias
para establecer los términos del ofrecimiento.
26.2. El compromiso de exoneración de sanción será
suscrito por el interesado y la Secretaría Técnica
y contendrá la obligación de guardar reserva
sobre el origen de las pruebas aportadas. El
incumplimiento de la obligación de reserva
generará en el funcionario las responsabilidades
administrativas y penales previstas para el caso de
información declarada reservada por la Comisión.
La suscripción del compromiso y el cumplimiento
de lo acordado por parte del interesado, lo exonera
de sanción respecto de la conducta llevada a cabo,
no pudiendo la Comisión, ni ninguna otra autoridad
administrativa o jurisdiccional, seguirle o iniciarle
procedimiento administrativo o proceso judicial por
los mismos hechos.
26.3. Si son varios los agentes económicos que
solicitan la exoneración de sanción, sólo el
primero que haya aportado pruebas de la
existencia de la conducta anticompetitiva y de
la identidad de los infractores, será beneficiado
con la exoneración. Otros agentes económicos
que aporten información relevante podrán ser
beneficiados con la reducción de la multa, si
dicha información es distinta a la que posee la
autoridad de competencia, ya sea por propias
investigaciones o por la solicitud de exoneración
presentada con anterioridad. La Secretaría
Técnica analizará en cada caso la pertinencia de
la reducción de la multa.
26.4. La aprobación de exoneración de sanción
no elimina ni limita la responsabilidad civil de
los denunciados por los daños y perjuicios
ocasionados, de ser el caso.
Capítulo IV
De la Instrucción
Artículo 27º.- Período de prueba.-
El período de prueba no podrá exceder de siete (7)
meses contados a partir del vencimiento del plazo para
la contestación. Los gastos de actuación de las pruebas
son de cargo de las partes que las ofrecen y no tienen
naturaleza tributaria.
Artículo 28º.- Medios de prueba.-
28.1. La Secretaría Técnica podrá actuar, o las partes
ofrecer, los siguientes medios probatorios:
a) Documentos;
b) Declaración de parte;
c) Testimonios;
d) Inspecciones;
e) Pericias; u,
f) Otras pruebas si a criterio de la Secretaría
Técnica
son
necesarias
para
el
esclarecimiento de los hechos denunciados
o imputados.
28.2. En caso fuera necesario realizar una inspección,
ésta será efectuada por la Secretaría Técnica o
por el funcionario designado por ésta para dicho
efecto. Siempre que se realice una inspección
deberá levantarse un acta que será firmada
por quien se encuentre a cargo de ella, así
como por los interesados, quienes ejerzan su
representación o por el encargado del almacén,
oficina o establecimiento correspondiente.
28.3. Tanto para la actuación de las pruebas como para
la realización de las diligencias, la Secretaría
Técnica o el funcionario designado por ésta podrá
requerir la intervención de la Policía Nacional, sin
necesidad de notificación previa, para garantizar
el cumplimiento de sus funciones;
28.4. Los medios probatorios deberán ser costeados
por quien los ofrezca. Los costos de aquellos
que sean ordenados por la autoridad podrán
ser distribuidos entre el imputado y quien haya
presentado la denuncia de parte, de ser el caso,
al finalizar el procedimiento y dependiendo de su
resultado.
Artículo 29º.- Improcedencia de medios
probatorios.-
La Secretaría Técnica podrá rechazar los medios
probatorios propuestos por los agentes económicos
investigados, por quienes hayan presentado la denuncia
de parte o por terceros con interés legítimo que también
se hayan apersonado al procedimiento, cuando sean
manifiestamente impertinentes o innecesarios, mediante
resolución motivada.
Artículo 30º.- Actuaciones de instrucción.-
30.1. La Secretaría Técnica está facultada, en razón
de su competencia, a realizar de oficio cuantas
actuaciones probatorias resulten necesarias
para el examen de los hechos, recabando los
documentos, información u objetos que sean
relevantes para determinar, en su caso, la
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existencia o no de la infracción administrativa
que se imputa.
30.2. Si, como consecuencia de la instrucción
del procedimiento, resultase modificada la
determinación inicial de los hechos o de su
posible calificación, la Secretaría Técnica emitirá
una nueva resolución de imputación que sustituirá
como pliego de cargos a la resolución de inicio del
procedimiento, informando de ello a la Comisión
y notificando a las personas imputadas, así como
a las personas que hayan presentado la denuncia
de parte, si fuera el caso. En caso de emitirse esta
nueva resolución, se inicia un nuevo cómputo de
plazos para la formulación de los descargos y un
nuevo cómputo del plazo legal que corresponde
a la tramitación del procedimiento.
30.3. Un mes antes de finalizar el período de prueba,
la Secretaría Técnica informará a las partes de
dicha circunstancia.
30.4. Dentro de un plazo no mayor de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación a que
se refiere el numeral anterior, las partes que lo
consideren pertinente podrán presentar, como
pruebas adicionales, únicamente documentos,
de lo que se correrá traslado a todas las partes
del procedimiento.
30.5. Al finalizar el período de prueba, la Secretaría
Técnica informará a las partes que la etapa
probatoria a su cargo terminó, por lo que ya no
admitirá la presentación de medios probatorios
adicionales.
Capítulo V
De la Información Pública y Confidencial
Artículo 31º.- Acceso al expediente.-
En cualquier momento del procedimiento, y hasta
que éste concluya en sede administrativa, únicamente la
parte investigada, quien haya presentado una denuncia
de parte o terceros con interés legítimo que también se
hayan apersonado al procedimiento, tienen derecho a
conocer el estado de tramitación del expediente, acceder
a éste y obtener copias de los actuados, siempre que la
Comisión no hubiere aprobado su reserva por constituir
información confidencial.
Artículo 32º.- Información confidencial.-
32.1. A solicitud de parte o tercero con interés legítimo,
incluyendo a una entidad pública, la Comisión
declarará la reserva de aquella información que
tenga carácter confidencial, ya sea que se trate
de un secreto comercial o industrial, información
que afecte la intimidad personal o familiar,
aquella cuya divulgación podría perjudicar a su
titular y, en general, la prevista como tal en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
La solicitud de declaración de reserva sobre un
secreto comercial o industrial será concedida,
siempre que:
a) Dicha información sea un conocimiento que
tenga carácter de reservado o privado sobre
un objeto determinado;
b) Quienes tengan acceso a dicho conocimiento
tengan la voluntad e interés consciente
de mantenerlo reservado, adoptando las
medidas necesarias para mantener dicha
información como tal; y,
c) La información tenga un valor comercial,
efectivo o potencial.
32.2. Sólo podrán acceder a la información declarada
bajo reserva los miembros de la Comisión y los
vocales del Tribunal, sus Secretarios Técnicos
y las personas debidamente autorizadas por
éstos que laboren o mantengan una relación
contractual con el INDECOPI.
32.3. En los casos en que la Comisión o el Tribunal
conceda el pedido de reserva formulado,
tomará todas las medidas que sean necesarias
para garantizar la reserva de la información
confidencialidad, bajo responsabilidad.
32.4. Para que proceda la solicitud de declaración de
reserva, el interesado deberá precisar cuál es la
información confidencial, justificar su solicitud
y presentar un resumen no confidencial sobre
dicha información. Para evaluar si la información
tiene carácter confidencial, la Comisión evaluará
la pertinencia de la información, su no divulgación
previa y la eventual afectación que podría causar
su divulgación.
32.5. Tratándose de una visita de inspección o una
entrevista, y en el momento de realizarse esta
diligencia, el interesado podrá solicitar la reserva
genérica de toda la información o documentación
que esté declarando o suministrando a la
Secretaría Técnica. Ésta, con posterioridad,
deberá informar al interesado qué información
o documentación resulta pertinente para la
investigación, otorgando un plazo razonable
para que el interesado individualice, respecto
de la información pertinente, la solicitud de
confidencialidad conforme a lo establecido en el
párrafo anterior.
32.6. La autoridad podrá declarar de oficio la reserva
de información vinculada a la intimidad personal
o familiar.
32.7. Los procedimientos y plazos para la declaración
de reserva de información confidencialidad
serán establecidos por Directiva conforme lo
prevé la Ley de Organización y Funciones del
INDECOPI.
Capítulo VI
De la Conclusión del Procedimiento
en Primera Instancia
Artículo 33º.- El Informe Técnico.-
33.1. En un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles
contados desde el vencimiento del período de
prueba, la Secretaría Técnica emitirá un Informe
Técnico dando cuenta de lo siguiente:
(i) Hechos probados;
(ii) Determinación
de
la
infracción
administrativa;
(iii) Identificación de los responsables;
(iv) Propuesta de graduación de la sanción; y,
(v) Propuesta
de
medidas
correctivas
pertinentes.
33.2. En caso de que la Secretaría Técnica no
encuentre pruebas de la existencia de una
conducta anticompetitiva, propondrá a la
Comisión la declaración de inexistencia de
infracción administrativa.
33.3. El Informe Técnico será notificado a las partes
del procedimiento, quienes contarán con un
plazo de quince (15) días hábiles para formular
alegaciones y presentar escritos solicitando el
uso de la palabra ante la Comisión.
33.4. Vencido el plazo para formular alegaciones, la
Secretaría Técnica dispondrá de un plazo de
cinco (5) días hábiles para poner en conocimiento
de la Comisión lo actuado en el procedimiento,
su Informe Técnico, las alegaciones de las partes
respecto del Informe Técnico y, de ser el caso, las
solicitudes de uso de la palabra que se hubieran
presentado.
Artículo 34º.- La audiencia de informe oral.-
Una vez puesto en su conocimiento el Informe Técnico
y las alegaciones, la Comisión podrá, conforme a las
solicitudes formuladas o de oficio, citar a las partes a
audiencia de informe oral, considerando la necesidad de
dicha diligencia para contar con suficientes elementos de
juicio para resolver, con no menos de cinco (5) días de
anticipación.
Artículo 35º.- Preclusión en la presentación de
pruebas y alegatos finales.-
35.1. Excepcionalmente, la Comisión dispondrá la
actuación de medios probatorios adicionales
si, a su juicio, resultan pertinentes para el
esclarecimiento de los hechos denunciados.
35.2. Si la Comisión ordena la actuación de medios
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probatorios adicionales, las partes tendrán
derecho a presentar los suyos, abriéndose una
fase probatoria de treinta (30) días hábiles,
lo que será notificado a todas las partes del
procedimiento.
35.3. Concluida la fase probatoria mencionada en el
numeral anterior, la Comisión podrá citar a las
partes a una segunda audiencia de informe oral,
con no menos de cinco (5) días de anticipación.
35.4. Las partes podrán presentar alegatos finales
sólo hasta los diez (10) días hábiles siguientes
de realizado el informe oral a que se refiere el
numeral anterior. Las partes no podrán presentar
pruebas adicionales en sus alegatos finales.
35.5. Cualquier
documento
presentado
con
posterioridad al vencimiento del plazo antes
indicado no será tomado en consideración por la
Comisión.
Artículo 36º.- Resolución final.-
36.1. La Comisión tendrá un plazo de treinta (30)
días hábiles contados a partir del vencimiento
del plazo que tienen las partes para presentar
alegatos finales, para emitir su pronunciamiento.
36.2. La resolución de la Comisión será motivada y
decidirá todas las cuestiones que se deriven del
expediente. En la resolución no se podrá atribuir
responsabilidad a los involucrados por hechos
que no hayan sido adecuadamente imputados
en la instrucción del procedimiento.
36.3. La resolución se notificará a las partes
comprendidas en el procedimiento en un plazo
máximo de diez (10) días hábiles contados desde
su expedición.
Capítulo VII
Del Procedimiento en Segunda Instancia
Artículo 37º.- Recurso de apelación.-
37.1. La resolución final de la Comisión es apelable
por el imputado, por quien haya presentado
la denuncia de parte y por los terceros con
interés legítimo que se hayan apersonado al
procedimiento, ante el Tribunal, en el plazo de
quince (15) días hábiles. La Secretaría Técnica
podrá apelar la resolución que exculpa a los
investigados, así como la multa impuesta.
37.2. Asimismo, son apelables ante el Tribunal, en el
mismo plazo, los siguientes actos de la Secretaría
Técnica o la Comisión, según corresponda:
a) Los que determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento; y,
b) Los que puedan producir indefensión o
perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos.
37.3. La apelación será concedida por el órgano que emitió
el acto que se impugna y sin efecto suspensivo,
salvo que dicho órgano disponga lo contrario.
37.4. Contra los actos y resoluciones de la Secretaría
Técnica y la Comisión no cabe recurso de
reconsideración.
37.5. El recurso de apelación se tramita en un plazo
no mayor de ciento veinte (120) días hábiles. La
resolución del Tribunal se notificará a las partes
del procedimiento y a los terceros que se hayan
apersonado en un plazo máximo de diez (10)
días hábiles desde su expedición.
Artículo 38º.- Interposición del recurso de
apelación.-
38.1. El recurso se presentará ante el órgano que
expidió la resolución que se apela, el que lo
remitirá al Tribunal, junto con el expediente
principal, o en cuaderno por cuerda separada,
según corresponda, y una vez comprobado
que reúne los requisitos de admisibilidad y
procedencia, en el plazo de quince (15) días
hábiles. Frente a la declaración de inadmisible
o improcedencia del recurso se podrá interponer
recurso de queja ante el Tribunal.
38.2. Las partes interesadas en la determinación de
la existencia de una conducta infractora y la
imposición de una sanción sólo podrán apelar la
resolución final cuando ésta haya exculpado al
denunciado.
Artículo 39º.- Tramitación del recurso de
apelación.-
39.1. El Tribunal notificará a los interesados, en un
plazo de quince (15) días hábiles contados a
partir de la recepción del expediente, el arribo
de éste y el inicio del trámite del recurso de
apelación.
39.2. Los apelantes podrán presentar las alegaciones,
documentos y justificaciones que estimen
pertinentes, en un plazo de quince (15) días
hábiles contados a partir de la notificación
señalada en el numeral anterior.
39.3. A pedido de parte, o de oficio, el Tribunal citará a
audiencia de informe oral a las partes para que
expongan sus alegatos finales, con no menos de
cinco (5) días de anticipación.
39.4. Las partes podrán presentar alegatos finales sólo
hasta los cinco (5) días hábiles siguientes de
realizado el informe oral. Cualquier documento
presentado con posterioridad no será tomado en
consideración por el Tribunal.
Artículo 40º.- Resolución del Tribunal.-
La resolución del Tribunal no podrá suponer la
imposición de sanciones más graves para el infractor
sancionado, cuando éste recurra o impugne la resolución
de la Comisión.
Artículo 41º.- Cuestionamiento a las resoluciones
del Tribunal.-
Las resoluciones definitivas del Tribunal agotan la vía
administrativa. No cabe la interposición de recurso alguno
en la vía administrativa y únicamente podrá interponerse
contra ellas una demanda contenciosa administrativa en
los términos fijados en la legislación de la materia.
Capítulo VIII
Prescripción de la Infracción
Artículo 42º.- Plazo de prescripción de la infracción
administrativa.-
Las infracciones a la presente Ley prescribirán a los
cinco (5) años de realizado el último acto de ejecución
de la conducta infractora. La prescripción se interrumpe
por cualquier acto de la Secretaría Técnica relacionado
con la investigación de la infracción que sea puesto en
conocimiento del presunto responsable. El cómputo del
plazo se volverá a iniciar si el procedimiento permaneciera
paralizado durante más de noventa (90) días hábiles por
causa no imputable al investigado.
TÍTULO VI
SANCIÓN Y ELIMINACIÓN
DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS
Capítulo I
De la Sanciones por la Infracción Administrativa
Artículo 43º.- El monto de las multas.-
43.1. Las
conductas
anticompetitivas
serán
sancionadas por la Comisión, sobre la base de
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con las
siguientes multas:
a) Si la infracción fuera calificada como leve,
una multa de hasta quinientas (500) UIT,
siempre que dicha multa no supere el ocho
por ciento (8%) de las ventas o ingresos
brutos percibidos por el infractor, o su grupo
económico, relativos a todas sus actividades
económicas, correspondientes al ejercicio
inmediato anterior al de la expedición de la
resolución de la Comisión;
b) Si la infracción fuera calificada como grave, una
multa de hasta mil (1 000) UIT, siempre que
dicha multa no supere el diez por ciento (10%)
de las ventas o ingresos brutos percibidos por el
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infractor, o su grupo económico, relativos a todas
sus actividades económicas, correspondientes
al ejercicio inmediato anterior al de la resolución
de la Comisión; o,
c) Si la infracción fuera calificada como muy
grave, una multa superior a mil (1 000) UIT,
siempre que dicha multa no supere el doce
por ciento (12%) de las ventas o ingresos
brutos percibidos por el infractor, o su grupo
económico, relativos a todas sus actividades
económicas, correspondientes al ejercicio
inmediato anterior al de la resolución de la
Comisión.
43.2. En caso de tratarse de colegios profesionales o
gremios de empresas, o agentes económicos que
hubieran iniciado sus actividades después del 1
de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá
superar, en ningún caso, las mil (1 000) UIT.
43.3. Además de la sanción que a criterio de la
Comisión corresponde imponer a los infractores,
cuando se trate de una persona jurídica, sociedad
irregular, patrimonio autónomo o entidad, se
podrá imponer una multa de hasta cien (100)
UIT a cada uno de sus representantes legales
o a las personas que integran los órganos de
dirección o administración según se determine su
responsabilidad en las infracciones cometidas.
43.4. La reincidencia se considerará circunstancia
agravante, por lo que la sanción aplicable no
deberá ser menor que la sanción precedente.
43.5. Para calcular el monto de las multas a aplicarse
de acuerdo a la presente Ley, se utilizará la UIT
vigente a la fecha de pago efectivo o ejecución
coactiva de la sanción.
43.6. La multa aplicable será rebajada en un veinticinco
por ciento (25%) cuando el infractor cancele
su monto con anterioridad a la culminación
del término para impugnar la resolución de la
Comisión que puso fin a la instancia y en tanto
no interponga recurso impugnativo alguno contra
dicha resolución.
Artículo 44º.- Criterios para determinar la gravedad
de la infracción y graduar la multa.-
La Comisión tendrá en consideración para determinar
la gravedad de la infracción y la aplicación de las multas
correspondientes, entre otros, los siguientes criterios:
(a) El beneficio ilícito esperado por la realización de
la infracción;
(b) La probabilidad de detección de la infracción:
(c) La modalidad y el alcance de la restricción de la
competencia;
(d) La dimensión del mercado afectado;
(e) La cuota de mercado del infractor;
(f) El efecto de la restricción de la competencia
sobre los competidores efectivos o potenciales,
sobre otras partes en el proceso económico y
sobre los consumidores;
(g) La duración de la restricción de la competencia;
(h) La reincidencia de las conductas prohibidas; o,
(i) La actuación procesal de la parte.
Artículo 45º.- Prescripción de la sanción.-
45.1. La acción para exigir el cumplimiento de las
sanciones prescribe a los tres (3) años contados
desde el día siguiente a aquél en que la resolución
por la que se impone la sanción quede firme.
45.2. Interrumpirá la prescripción de la sanción, la
iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución coactiva. El cómputo
del plazo se volverá a iniciar si el procedimiento
de ejecución coactiva permaneciera paralizado
durante más de treinta (30) días hábiles por
causa no imputable al infractor.
Capítulo II
Medidas Correctivas
Artículo 46º.- Medidas correctivas.-
46.1. Además de la sanción que se imponga por
infracción a la presente Ley, la Comisión podrá
dictar medidas correctivas conducentes a
restablecer el proceso competitivo, las mismas
que, entre otras, podrán consistir en:
a) El cese o la realización de actividades,
inclusive bajo determinadas condiciones;
b) De acuerdo con las circunstancias, la
obligación de contratar, inclusive bajo
determinadas condiciones; o,
c) La inoponibilidad de las cláusulas o
disposiciones anticompetitivas de actos
jurídicos; o,
d) El acceso a una asociación u organización
de intermediación.
46.2. El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas
a la Comisión para el dictado de medidas
correctivas.
Capítulo III
Multas coercitivas
Artículo 47º.- Multas coercitivas por incumplimiento
de medidas cautelares.-
47.1. Si el obligado a cumplir una medida cautelar
ordenada por la Comisión o el Tribunal no
lo hiciera, se le impondrá automáticamente
una multa no menor de veinticinco (25) UIT
ni mayor de ciento veinticinco (125) UIT, para
cuya graduación se podrán tomar en cuenta
los criterios señalados en el Artículo 44º de la
presente Ley. La multa que corresponda deberá
ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días
hábiles, vencidos los cuales se ordenará su
cobranza coactiva.
47.2. En caso de persistir el incumplimiento a que
se refiere el párrafo anterior, la Comisión
podrá imponer una nueva multa, duplicando
sucesivamente el monto de la última multa
impuesta, hasta el límite de mil (1 000) UIT.
Las multas impuestas no impiden a la Comisión
imponer una sanción distinta al final del
procedimiento.
Artículo 48º.- Multas coercitivas por incumplimiento
de medidas correctivas.-
48.1. Si el obligado a cumplir una medida correctiva
ordenada por la Comisión en su resolución
final no lo hiciera, se le impondrá una multa
coercitiva equivalente al veinticinco por ciento
(25%) de la multa impuesta por infracción de la
conducta anticompetitiva declarada. La multa
coercitiva impuesta deberá ser pagada dentro
del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos
los cuales se ordenará su cobranza coactiva.
48.2. En caso de persistir el incumplimiento a
que se refiere el párrafo anterior, la Comisión
podrá imponer una nueva multa coercitiva,
duplicando sucesivamente el monto de la
última multa coercitiva impuesta, hasta que se
cumpla la medida correctiva ordenada y hasta
el límite de dieciséis (16) veces el monto de la
multa coercitiva originalmente impuesta.
48.3. Las multas coercitivas impuestas no tienen
naturaleza de sanción por infracción de la
conducta anticompetitiva.
TÍTULO VII
PRETENSIÓN DE INDEMNIZACIÓN
Artículo 49º.- Indemnización por daños y
perjuicios.-
Agotada la vía administrativa, toda persona que
haya sufrido daños como consecuencia de conductas
declaradas anticompetitivas por la Comisión, o, en su
caso, por el Tribunal, incluso cuando no haya sido parte en
el proceso seguido ante INDECOPI, y siempre y cuando
sea capaz de mostrar un nexo causal con la conducta
declarada anticompetitiva, podrá demandar ante el Poder
Judicial la pretensión civil de indemnización por daños y
perjuicios.
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 25 de junio de 2008
374682
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
ÚNICA.- Aplicación de la presente Ley a los
procedimientos en trámite.-
Las disposiciones de la presente Ley de naturaleza
procesal se aplicarán a los procedimientos en trámite
bajo el Decreto Legislativo Nº 701, en la etapa en que se
encuentren.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DEROGATORIAS
PRIMERA.- Derogación genérica.-
Esta Ley es de orden público y deroga todas las
disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior
rango, que se le opongan o contradigan.
SEGUNDA.- Derogación expresa.-
Quedan derogadas expresamente a partir de la
vigencia de la presente Ley, las siguientes normas:
a) El Decreto Legislativo Nº 701 y sus normas
modificatorias, complementarias, sustitutorias y
reglamentarias; y,
b) Los Artículos 232º y 233º y el Numeral 3 del
Artículo 241º del Código Penal.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Competencia primaria.-
El control de las conductas anticompetitivas se
encuentra regido por el principio de competencia
primaria, el cual corresponde al INDECOPI y
al OSIPTEL, según lo establecido en las leyes
respectivas. No podrá recurrirse al Poder Judicial sin
antes haber agotado las instancias administrativas
ante dichos organismos.
SEGUNDA.- Prácticas anticompetitivas en
contrataciones del Estado.-
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11º
del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones
del Estado, cuando el Tribunal de Contrataciones del
Estado identifique alguna conducta que pudiera constituir
una práctica anticompetitiva en los términos de esta Ley,
comunicará tal hecho al INDECOPI para que éste, a través
de sus órganos competentes, y de ser el caso, inicie el
procedimiento sancionador correspondiente y determine
la responsabilidad que pudiere existir.
Únicamente en caso de que el INDECOPI determinara
la existencia de una infracción y ésta quedara firme, el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
- OSCE procederá a la inscripción de los infractores en el
registro de inhabilitados para contratar con el Estado que
corresponda.
TERCERA.- Investigación de conductas con
efectos fuera del país.-
En el marco exclusivo de un acuerdo internacional, y
en aplicación del principio de reciprocidad, la Comisión
podrá investigar, de conformidad con la presente Ley,
conductas anticompetitivas desarrolladas en el territorio
nacional pero con efectos en uno o más países que
forman parte del referido acuerdo.
De igual modo, en el desarrollo de las investigaciones
llevadas a cabo con arreglo a un acuerdo internacional,
y en aplicación del principio de reciprocidad, la Comisión
podrá intercambiar información, incluyendo información
confidencial, con las autoridades competentes de los
países que formen parte de dichos Acuerdos.
CUARTA.- Vigencia.-
La presente Ley entrará en vigencia a los treinta (30)
días de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veinticuatro días del mes de junio del año dos mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
217892-3
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1035
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Es objetivo del Gobierno Peruano mejorar la
competitividad en diversos sectores económicos, así
como promover la inversión privada, buscando eliminar
las barreras al comercio que actualmente existen y que
afectan la real competencia entre productos nacionales y
extranjeros, a efectos de lograr una mayor eficiencia en la
toma de decisiones comerciales y adecuar la legislación
nacional a los estándares internacionales establecidos
por la Organización Mundial de Comercio - OMC;
El Congreso de la República por Ley Nº 29157, ha
delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar,
entre otras materias, sobre facilitación del comercio,
promoción de la inversión privada, así como mejora de
la competitividad de la producción agropecuaria, con
el objetivo de facilitar la implementación del Acuerdo
de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y su
Protocolo de Enmienda;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º
de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA
LEY DE ADECUACIÓN AL "ACUERDO SOBRE
LAS MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIONES
RELACIONADAS CON EL COMERCIO" DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO - OMC
Artículo 1º.- De la promoción de la inversión
privada en la Amazonía
Con el objeto de promover la inversión privada en ciertas
actividades manufactureras desarrolladas en la Amazonía,
sustitúyanse los Numerales 11.1 y 11.2 del Artículo 11º de la
Ley Nº 27037, cuyos textos serán los siguientes:
"11.1 Para efecto de lo dispuesto en el Artículo 12º y
el Numeral 13.2 del Artículo 13º de la presente Ley, se
encuentran comprendidas las siguientes actividades
económicas: agropecuaria, acuicultura, pesca, turismo,
así como las actividades manufactureras vinculadas al
procesamiento, transformación y comercialización de
productos primarios provenientes de las actividades antes
indicadas y la transformación forestal, siempre que dichas
actividades se realicen en la zona.
Para el caso de las actividades manufactureras a
que se refiere el párrafo anterior, los productos primarios
podrán ser producidos o no en la Amazonía.
11.2 Para el goce de los beneficios tributarios
señalados en los Artículos 12º, 13º, 14º y 15º de la
presente Ley, los contribuyentes deberán cumplir con
los requisitos que establezca el Reglamento, el cual
deberá tomar en cuenta el domicilio de su sede central,
su inscripción en los Registros Públicos, y que sus
activos y/o actividades se encuentren y se realicen en la
Amazonía, en un porcentaje no menor al 70% (setenta
por ciento) del total de sus activos y/o actividades."
Artículo 2º.- De la promoción de la inversión
privada en el sector agrario
A efecto de promover la inversión privada en algunas
actividades del sector agrario, y brindar facilidades
mediante la eliminación de trabas al comercio que
desincentivan la inversión, se dispone lo siguiente:
2.1 Sustitúyase los Numerales 2.2 y 2.3 del Artículo 2º
de la Ley Nº 27360, cuyos textos serán los siguientes: