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SEXTA.- Creación de la Comisión Permanente de
Seguimiento de las Acciones del Gobierno frente a la
Minería Ilegal
Dispóngase la creación de la Comisión Permanente
de Seguimiento de las Acciones del Gobierno frente
a la Minería Ilegal y del Desarrollo del Proceso de
Formalización, la misma que dependerá de la Presidencia
del Consejo de Ministros ­ PCM y estará conformada por
un representante titular y un alterno de:
1. La Presidencia de Consejos de Ministros, quien la
presidirá;
2. El Ministerio de Energía y Minas;
3. El Ministerio del Ambiente;
4. El Ministerio de Cultura;
5. El Ministerio del Interior;
6. El Ministerio de Defensa;
7. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria ­ SUNAT; y,
8. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
Asimismo, podrán ser invitados a participar en la
Comisión, otras entidades públicas con competencias
vinculadas a la problemática de la minería ilegal y en
pequeña escala.
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
1. Establecer la Estrategia Nacional para la Interdicción
de la Minería Ilegal.
2. Dar seguimiento al Proceso de Formalización
establecido en la presente norma.
3. Elaborar informes semestrales sobre el avance
y resultados de la implementación de las acciones
establecidas en los Decretos Legislativos emitidos en el
marco de la Ley Nº 29815, en sus aspectos productivos,
económicos, sociales y ambientales.
4. Recomendar ajustes y mejoras a la Estrategia
Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal y al
Proceso de Formalización establecido en el presente
Decreto Legislativo.
5. Elaborar propuestas de desarrollo alternativo y
remediación en las zonas afectadas por la minería ilegal.
6. Desarrollar programas sociales para la erradicación
del trabajo infantil y prostitución de menores en las zonas
donde se realiza actividades mineras.
7. Otras que sean determinadas por la Comisión.
SÉTIMA.- De la Comercialización del Oro
El Poder Ejecutivo, con el fin de promover la
formalización de los Pequeños Productores Mineros
y Productores Mineros Artesanales, podrá, mediante
Decreto Supremo refrendado por los Ministros de
Economía y Finanzas y de Energía y Minas, emitir las
normas complementarias referidas a la comercialización
del oro proveniente de la actividad minera de los
Productores anteriormente mencionados.
OCTAVA.- Aplicación del Anexo 1º del Decreto
Legislativo Nº 1100
Para los casos establecidos en el Anexo Nº 1
del Decreto Legislativo Nº 1100, son aplicables las
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº
006-2012-EM.
NOVENA.-
Emisión
de
Disposiciones
Complementarias
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio
de Energía y Minas o por el Ministerio del Ambiente, según
sus competencias, podrán establecerse disposiciones
complementarias a la presente norma.
DÉCIMA.- Coexistencia de Sustancias Metálicas y
No Metálicas
En caso que en una concesión minera coexistan
sustancias metálicas y no metálicas explotables, el titular
de concesión minera metálica podrá celebrar con personas
en proceso de formalización, contratos de explotación o
de cesión minera para explotar sustancias no metálicas
en dicha concesión minera.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho
día del mes de abril del año dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
MANUEL PULGAR VIDAL
Ministro del Ambiente
LUIS ALBERTO PEIRANO FALCONÍ
Ministro de Cultura
LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas
DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior
JOSÉ URQUIZO MAGGIA
Ministro de la Producción
778570-2
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1106
DECRETO LEGISLATIVO
DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO
DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS
A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO
Que, el Congreso de la República por Ley Nº 29815
y de conformidad con el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar sobre materias específicas, entre las
que figuran la modificación de la legislación sustantiva
y procesal que regula la investigación, procesamiento y
sanción de personas, naturales y jurídicas, vinculadas con
el lavado de activos y otros delitos relacionados al crimen
organizado con particular énfasis en la minería ilegal;
Que, actualmente asistimos a un preocupante
incremento de la criminalidad vinculada con las actividades
de minería ilegal, las cuales además de dañar gravemente
el ecosistema, la vida y la salud de las personas,
representan también una considerable desestabilización
del orden socio económico, pues estas actividades ilícitas
se encuentran estrechamente ligadas con el blanqueo
de activos o de capitales, que buscan dar una apariencia
de legalidad a bienes de origen delictivo e introducirlos
indebidamente al tráfico económico lícito;
Que, el lavado de activos se convierte hoy en un
factor que desestabiliza el orden económico y perjudica
de manera grave el tráfico comercial contaminando el
mercado con bienes y recursos de origen ilícito;
Que, sin perjuicio de otros delitos de especial
gravedad e incidencia social, las actividades de minería
ilegal representan una considerable fuente del delito de
lavado de activos que actualmente constituye uno de los
fenómenos delictivos más complejos del Derecho penal
económico y es, sin duda, uno de los más lesivos del
orden jurídico-social, por lo que la lucha del Estado contra
estas actividades ilícitas debe abordarse de forma integral,
tanto en un plano de prevención, como de represión;
Que, la legislación actual sobre lavado de activos
requiere innegablemente perfeccionarse tanto en
términos de tipicidad como de procedimiento, el cual debe
caracterizarse por contener reglas que faciliten y viabilicen
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la efectiva persecución penal y eventual sanción de los
responsables de estos delitos;
Que, es necesario que el Estado cuente con los
instrumentos legales que coadyuven a la lucha contra
la criminalidad en sus diversas formas, dentro de la cual
se insertan, con particular incidencia, las actividades de
minería ilegal, lo que justifica indiscutiblemente establecer
una nueva normatividad sustantiva y procesal para la
lucha contra el delito de lavado de activos y otros delitos
vinculados a la minería ilegal o al crimen organizado;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º
de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la
República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO
DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO
DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS
A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO
Artículo 1º.- Actos de conversión y transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos
o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir,
con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su
incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa
de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y
con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.
Artículo 2º.- Actos de ocultamiento y tenencia
El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia,
recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes,
efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía
presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su
origen, su incautación o decomiso, será reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor
de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta
días multa.
Artículo 3º.- Transporte, traslado, ingreso o salida
por territorio nacional de dinero o títulos valores de
origen ilícito
El que transporta o traslada dentro del territorio
nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce
o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación
de su origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar
o salir del país tales bienes con igual finalidad, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho
ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa.
Artículo 4º.- Circunstancias agravantes y
atenuantes
La pena será privativa de la libertad no menor de diez
ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta días multa, cuando:
1. El agente utilice o se sirva de su condición de
funcionario público o de agente del sector inmobiliario,
financiero, bancario o bursátil.
2. El agente cometa el delito en calidad de integrante
de una organización criminal.
3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias
involucrados sea superior al equivalente a quinientas
(500) Unidades Impositivas Tributarias.
La pena será privativa de la libertad no menor de
veinticinco años cuando el dinero, bienes, efectos o
ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito
de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de
personas.
La pena será privativa de la libertad no menor de
cuatro ni mayor de seis años y de ochenta a ciento diez
días multa, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o
ganancias involucrados no sea superior al equivalente
a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias. La misma
pena se aplicará a quien proporcione a las autoridades
información eficaz para evitar la consumación del delito,
identificar y capturar a sus autores o partícipes, así
como detectar o incautar los activos objeto de los actos
descritos en los artículos 1º, 2º y 3º del presente Decreto
Legislativo.
Artículo 5º.- Omisión de comunicación de
operaciones o transacciones sospechosas
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o
profesionales, omite comunicar a la autoridad competente,
las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere
detectado, según las leyes y normas reglamentarias,
será reprimido con pena privativa de la libertad no menor
de cuatro ni mayor de ocho años, con ciento veinte a
doscientos cincuenta días multa e inhabilitación no menor
de cuatro ni mayor de seis años, de conformidad con los
incisos 1), 2) y 4) del artículo 36º del Código Penal.
La omisión por culpa de la comunicación de
transacciones u operaciones sospechosas será reprimida
con pena de multa de ochenta a ciento cincuenta días
multa e inhabilitación de uno a tres años, de conformidad
con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36º del Código
Penal.
Artículo 6º.- Rehusamiento, retardo y falsedad en
el suministro de información
El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad
competente, la información económica, financiera,
contable, mercantil o empresarial que le sea requerida,
en el marco de una investigación o juzgamiento por
delito de lavado de activos, o deliberadamente presta
la información de modo inexacto o brinda información
falsa, será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de dos ni mayor de cuatro años, con cincuenta a
ochenta días multa e inhabilitación no mayor de tres años
de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36º
del Código Penal.
Si la conducta descrita se realiza en el marco de una
investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos
vinculado a la minería ilegal o al crimen organizado, o si el
valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados
es superior al equivalente a quinientas (500) Unidades
Impositivas Tributarias, el agente será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
cinco años, con ochenta a ciento cincuenta días multa e
inhabilitación no mayor de cuatro años, de conformidad
con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36º del Código
Penal.
Artículo 7º.- Reglas de investigación
Para la investigación de los delitos previstos en el
presente Decreto Legislativo, el Fiscal podrá solicitar al
Juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto
de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva
bursátil. La información obtenida en estos casos sólo será
utilizada en relación con la investigación de los hechos
que la motivaron.
Artículo 8º.- Consecuencias accesorias aplicables
a personas jurídicas
Si los delitos contemplados en los artículos 1º, 2º y
3º del presente Decreto Legislativo fueren cometidos en
ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o
utilizando su organización o servicios, para favorecerlos
o encubrirlos, el juez deberá aplicar, según la gravedad y
naturaleza de los hechos o la relevancia de la intervención
en el hecho punible, las siguientes consecuencias
accesorias de manera alternativa o conjunta:
1. Multa con un valor no menor de cincuenta ni mayor
de trescientas Unidades Impositivas Tributarias.
2. Clausura definitiva de locales o establecimientos.
3. Suspensión de actividades por un plazo no mayor
de tres años.
4. Prohibición de realizar en el futuro actividades, de
la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido,
favorecido o encubierto el delito.
5. Cancelación de licencias, derechos y otras
autorizaciones administrativas o municipales.
6. Disolución de la persona jurídica.
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Simultáneamente a la medida impuesta, el juez
ordenará a la autoridad competente que disponga la
intervención de la persona jurídica para salvaguardar los
derechos de los trabajadores y de los acreedores, hasta
por un periodo de dos años.
El cambio de la razón social o denominación de la
persona jurídica o su reorganización societaria, no impide
la aplicación de estas medidas.
Artículo 9º.- Decomiso
En todos los casos el Juez resolverá la incautación
o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias
involucrados, conforme a lo previsto en el artículo 102º
del Código Penal.
Artículo 10º.- Autonomía del delito y prueba
indiciaria
El lavado de activos es un delito autónomo por lo que
para su investigación y procesamiento no es necesario
que las actividades criminales que produjeron el dinero,
los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas,
se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial
o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia
condenatoria.
El conocimiento del origen ilícito que tiene o que
debía presumir el agente de los delitos que contempla el
presente Decreto Legislativo, corresponde a actividades
criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico
ilícito de drogas, el terrorismo, los delitos contra la
administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la
trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito
de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo,
los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de
generar ganancias ilegales, con excepción de los actos
contemplados en el artículo 194º del Código Penal. El
origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del
delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada
caso.
También podrá ser considerado autor del delito y por
tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado
de activos, quien ejecutó o participó en las actividades
criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o
ganancias.
Artículo 11º.- Prohibición de beneficios
penitenciarios
Quienes incurran en la agravante contemplada
en el segundo párrafo del artículo 4º del presente
Decreto Legislativo no podrán acogerse a los beneficios
penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la
educación, semilibertad y liberación condicional.
Artículo 12º.- Facultades especiales para la lucha
contra el lavado de activos vinculado especialmente a
la minería ilegal y otras formas de crimen organizado
1. En el marco de la lucha eficaz contra el lavado de
activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u
otras formas de crimen organizado, el Juez, a solicitud del
Fiscal o del Procurador Público, podrá ordenar:
a) La interceptación, incautación y ulterior apertura
de todo tipo de correspondencia que reciba o remita
el imputado, aun bajo nombre supuesto, o de aquella
correspondencia que, en razón de especiales
circunstancias, se presumiese que emana de él o de
la que él pudiere ser el destinatario, cuando existen
motivos razonablemente fundados para inferir que existe
información útil para la investigación. Para esta diligencia
también podrá solicitar a las empresas de mensajería
especializada, públicas o privadas, que suministren la
relación de envíos hechos por solicitud del imputado o
dirigidos a él. Si la documentación se encuentra en clave o
en otro idioma, inmediatamente ordenará el desciframiento
por peritos en criptografía o su traducción.
b) La interceptación y grabación de comunicaciones
telefónicas, radiales, electrónicas u otras formas de
comunicación, cuando existan suficientes elementos de
convicción de la presunta comisión del delito. Para tales
efectos, las empresas telefónicas o de telecomunicaciones
están obligadas a prestar las facilidades necesarias para
la realización de la diligencia y a guardar secreto acerca
de la misma, salvo que sean citados como testigos. La
medida también puede dirigirse contra terceros que reciben
o realizan comunicaciones por cuenta del investigado o
cuando éste utiliza la comunicación de terceros.
2. La orden judicial se emitirá cuando estas medidas
sean indispensables y absolutamente necesarias para el
debido esclarecimiento de los hechos investigados.
3. Estas medidas se realizarán de forma
estrictamente reservada y sin conocimiento del
afectado. En el caso previsto en el inciso a) del numeral
1 del presente artículo, la medida se prolongará por el
tiempo estrictamente necesario, el cual no será mayor
al período de la investigación; en el caso previsto en
el inciso b) del citado numeral, la medida no podrá
extenderse por un plazo mayor a los treinta (30) días
naturales y excepcionalmente podrá prorrogarse por
plazos sucesivos previa solicitud del Fiscal y posterior
decisión judicial debidamente motivada.
4. El Juez resolverá, mediante trámite reservado y
de modo inmediato, teniendo a la vista los recaudos que
justifiquen el requerimiento fiscal. La denegación de la
solicitud podrá ser apelada por el Fiscal e igualmente se
tramitará de forma reservada por el Superior Tribunal, sin
trámite alguno e inmediatamente.
Artículo 13º.- Audiencia de control judicial
1. Una vez ejecutadas las diligencias previstas en
el anterior artículo y realizadas las investigaciones
inmediatas en atención a los resultados de las mismas,
siempre que los fines de la investigación lo permitan
y no se ponga en peligro la vida o la integridad física
de terceras personas, se pondrá en conocimiento
del afectado todo lo actuado, quien podrá solicitar el
control judicial en el plazo de tres (3) días de notificado,
con la finalidad de revisar la legalidad de las medidas
adoptadas.
2. La audiencia judicial se realizará dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes y contará con
la presencia del Fiscal, del Procurador Público y del
imputado junto con su abogado defensor, así como de
las demás partes procesales. Asimismo, podrán asistir los
efectivos policiales y demás personas que intervinieron en
la diligencia.
3. El Juez evaluará si las diligencias y actuaciones se
realizaron dentro del marco de la orden judicial emitida
y verificará los resultados, haciendo valer los derechos
del afectado. Para tal fin, podrá, si lo estima conveniente,
interrogar directamente a los comparecientes y, después
de escuchar los argumentos del Fiscal, decidirá de plano
sobre la validez de la medida.
Artículo 14º- Entrega vigilada
1. Cuando sea necesario para los fines de una
investigación por el delito de lavado de activos, vinculado
especialmente a la minería ilegal u otras formas de
crimen organizado, y siempre que existan motivos
razonablemente fundados para estimar que se produce
el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda
falsificada, insumos químicos o cualquier otro bien de
carácter delictivo, o cuando haya información de agente
encubierto acerca de la existencia de una actividad criminal
continua en ese sentido, el Fiscal, de oficio o a instancia
del Procurador Público, podrá disponer la realización de
entregas vigiladas de objetos cuya posesión, transporte,
enajenación, compra, alquiler o simple tenencia se
encuentre prohibida.
2. A estos efectos se entiende como entrega vigilada
la técnica en virtud de la cual se permite que mercancías
ilícitas o sospechosas circulen dentro del territorio nacional
o entren o salgan de él, sin interferencia de las autoridades
y bajo la vigilancia de agentes especializados.
3. Cuando participe un agente encubierto, éste sólo
está facultado para entregar por sí o por interpuesta
persona el objeto de la transacción ilegal, o facilitar su
entrega por iniciativa del investigado.
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4. Para asegurar el éxito de esta diligencia, el Fiscal
podrá disponer que la autoridad policial realice acciones
de inteligencia y/o vigilancia especial.
5. Durante el procedimiento de entrega vigilada se
utilizarán, si fuere posible, los medios técnicos idóneos
que permitan establecer la intervención del investigado.
6. Rige en lo pertinente la audiencia de control judicial
prevista en el artículo 13º.
Artículo 15º.- Búsqueda selectiva en bases de
datos
Para la lucha contra el lavado de activos vinculado
especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen
organizado, la autoridad policial, por iniciativa propia o a
instancia del Fiscal, podrá realizar las comparaciones
de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas
u otras similares, siempre y cuando se trate del simple
cotejo de informaciones de acceso público.
Cuando se requiera efectuar una búsqueda
selectiva en las bases de datos, que implique el acceso
a información confidencial referida al investigado o,
inclusive, la obtención de datos derivados del análisis
cruzado de las mismas, deberá mediar autorización del
Juez y se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los
artículos 12º y 13º.
Artículo 16º.- Actuación excepcional de las Fuerzas
Armadas en auxilio del Ministerio Público
En los lugares de difícil acceso que implique además
la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional
del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el
Fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede
excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas
Armadas para las acciones de interdicción de la minería
ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen
organizado.
Las Fuerzas Armadas en el marco de lo dispuesto por
la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo
Nº 1100 y el presente Decreto Legislativo, colaborará con
el Ministerio Público para asegurar el cumplimiento de la
presente norma.
La intervención de las Fuerzas Armadas no implica
en modo alguno la restricción, suspensión, ni afectación
de los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución Política del Perú.
Artículo 17º.- Colaboración eficaz
En el marco de la lucha contra el delito de lavado de
activos, el Ministerio Público podrá celebrar acuerdos de
beneficios y colaboración eficaz con quien se encuentre o
no sometido a una investigación o proceso penal, o con
quien haya sido sentenciado, a fin de que preste a las
autoridades su colaboración y brinde información eficaz
para la acción de la justicia penal.
Para tales efectos, serán de aplicación los presupuestos,
alcances y procedimiento establecidos en la Ley Nº 27378,
Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el
ámbito de la criminalidad organizada.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES
Primera.- Mejora del control de operaciones
sospechosas
Las instituciones sometidas al control y supervisión de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, estarán obligadas
a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes,
orientadas a evitar que en la realización de sus
operaciones se produzca el ocultamiento, manejo,
inversión o aprovechamiento en cualquier forma de
dinero u otros bienes provenientes de la minería ilegal,
así como de cualquier otra actividad de crimen organizado
o destinados a su financiación, o para dar apariencia de
legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones
y fondos vinculados con las mismas.
Los sujetos obligados establecidos a través de la
Ley Nº 27693 deberán reportar bajo responsabilidad de
forma inmediata y suficiente a la Unidad de Inteligencia
Financiera cualquier información relevante sobre manejo
de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o
características no guarden relación con la actividad
económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus
usuarios que por su número, por las cantidades transadas
o por las características particulares de las mismas,
puedan conducir razonablemente a sospechar que se está
utilizando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar
o invertir recursos provenientes de actividades delictivas
o destinados a su financiación.
Segunda.- Destino de bienes incautados o
decomisados
La administración del dinero, bienes, efectos o
ganancias ilegales que hayan sido incautados por los
delitos previstos en el presente Decreto Legislativo se
adecuará a lo establecido en las disposiciones sobre la
materia previstas en la legislación vigente.
Tercera.- Capacitación de Fiscales y otros
funcionarios
El Ministerio Público diseñará y pondrá en ejecución
un programa de capacitación contra el lavado de activos
vinculado a la minería ilegal y otras formas de crimen
organizado, así como a su financiamiento, destinado a
introducir habilidades y competencias en los fiscales en
los procesos de investigación, para la mayor eficacia.
Esta capacitación involucra a la Policía Nacional del
Perú Nacional del Perú y a los integrantes de las Fuerzas
Armadas que se estime pertinente.
Cuarta.- Coordinación interinstitucional
Las entidades del Estado, en los ámbitos nacional,
regional y local, y las empresas en las que el Estado
tiene participación, brindan su colaboración a la Unidad
de Inteligencia Financiera del Perú ­ UIF-Perú, para el
cumplimiento de su misión institucional, proporcionando
información y cualquier otra forma de cooperación
necesaria para combatir el delito de lavado de activos,
vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas
de crimen organizado.
Así mismo, la UIF-PERU mantendrá relaciones de
coordinación con el consejo de defensa jurídica del Estado,
a fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el
delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la
minería ilegal u otras formas de crimen organizado.
Quinta.- Financiamiento
Los gastos que demande la aplicación del
presente Decreto Legislativo se ejecutan con cargo
a los presupuestos institucionales de las entidades
competentes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación, con excepción
de la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria
que entrará en vigencia a los 60 días naturales.
Segunda.- Plazo para información de instrumentos
de gestión para detección de operaciones
sospechosas
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
14º de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de
Inteligencia Financiera ­ Perú, los sujetos obligados
deben informar a la Unidad de Inteligencia Financiera
en el plazo de noventa (90) días naturales computados
a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo,
sobre los mecanismos implementados para la detección
de operaciones inusuales y sospechosas, así como
sobre la elaboración del Manual donde conste el sistema
para detectar operaciones sospechosas de la comisión
del delito de lavado de activos y el financiamiento de
terrorismo.
Tercera.- Implementación del Registro
La inscripción en el Registro establecido en la Quinta
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley
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Nº 27693 deberá efectuarse en un plazo no mayor de
ciento veinte (120) días naturales computados a partir de
la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo.
En dicho plazo, la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
emitirá las disposiciones necesarias para el cumplimiento
de dicha obligación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS
Primera.- Modificaciones a la Ley Nº 27693, Ley
que crea la Unidad de Inteligencia Financiera
Modifíquense los artículos 3, 9, 10 numeral 10.2.3
inciso b), 10-A numeral 10-A.7 y 12 de la Ley Nº 27693,
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, los
cuales tendrán el siguiente tenor:
"Artículo 3.- Funciones y facultades de la UIF-
Perú
La UIF-Perú tiene las siguientes funciones y
facultades:
1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y
todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento
de sus funciones, a cualquier organismo público del
Gobierno Nacional, a los Gobiernos Regionales y
Locales, instituciones y empresas pertenecientes a
éstos, y en general a toda institución o empresa del
Estado sin excepción ni reserva alguna, y a todas las
personas naturales o jurídicas privadas, quienes están
obligados a proporcionar la información requerida bajo
responsabilidad. Dicha información debe ser de acceso
y manejo exclusivo del Director Ejecutivo de la UIF, para
lo establecer un procedimiento especial que resguarde
dicha información.
En los casos que la UIF-Perú considere necesario,
podrá solicitar acceso a base de datos, información
será proporcionada a través de enlace electrónico.
No puede oponerse a la UIF-Perú reserva alguna
en materia de acceso a la información, bajo
responsabilidad.
2. Inscribir a los sujetos obligados y a los oficiales de
cumplimiento que éstos designen, siempre que satisfagan
los requisitos establecidos en la presente Ley.
3. Solicitar, recibir, requerir ampliaciones y analizar
información sobre las operaciones sospechosas que le
reporten los sujetos obligados a informar por la Ley Nº
29038 y sus organismos supervisores, o las que detecte
de la información contenida en las bases de datos a las
que tiene acceso.
4. Recibir y analizar los Registros de Operaciones a
que hace referencia el artículo 9º o cualquier información
relacionada a éstos, los cuales deberán ser entregados
obligatoriamente por los sujetos obligados a la UIF-Perú
por el medio electrónico, periodicidad y modalidad que
ésta establezca.
5. Comunicar al Ministerio Público aquellas
operaciones que luego del análisis e investigación
respectivos, se presuma que estén vinculadas a
actividades de lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo, para que proceda de acuerdo a ley. Su
reporte tiene validez probatoria al ser asumido por el
Fiscal como elemento sustentatorio para la investigación
y proceso penal.
6. Cooperar en el ámbito de su competencia con
investigaciones internacionales y/o solicitar, recibir,
analizar y compartir información, a solicitud de autoridades
competentes de otros países que ejerzan competencias
análogas, en casos que se presuman vinculados a
actividades de lavado de activos y el financiamiento de
terrorismo, comunicando los resultados a la autoridad
requirente y realizando las acciones correspondientes en
el ámbito nacional.
7. Participar en el ámbito de su competencia en
investigaciones conjuntas con otras instituciones públicas
nacionales, encargadas de detectar, investigar y denunciar
la comisión de ilícitos penales que tienen la característica
de delito precedente del delito de lavado de activos y el
financiamiento de terrorismo.
8. Prestar la asistencia técnica que les sea requerida,
cuando se trate de investigaciones relacionadas con el
lavado de activos y el financiamiento de terrorismo.
9. Regular, en coordinación con los organismos
supervisores de los sujetos obligados, los lineamientos
generales y específicos, requisitos, precisiones, sanciones
y demás aspectos referidos a los sistemas de prevención
de los sujetos obligados a reportar y de los Reportes de
Operaciones Sospechosas y Registro de Operaciones,
así como emitir modelos de Códigos de Conducta,
Manual de Prevención del delito de lavado de activos y
el financiamiento de terrorismo, Formato de Registro de
Operaciones, entre otros, conforme a los alcances de
lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. En
el caso de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y de
la Superintendencia del Mercado de Valores, la función de
regulación corresponderá a estas entidades y se ejercerá
en coordinación con la UIF-Perú.
10. Supervisar y sancionar en materia de prevención
del delito de lavado de activos y el financiamiento de
terrorismo, a aquellos sujetos obligados que carecen de
organismo supervisor.
11. Excepcionalmente, dada la urgencia de las
circunstancias o el peligro en la demora, y siempre
que sea necesario por la dimensión y naturaleza de la
investigación, podrá disponer el congelamiento de fondos
en los casos vinculados al delito de lavado de activos y el
financiamiento de terrorismo. En estos casos, se deberá
dar cuenta al Juez en el plazo de veinticuatro (24) horas
de dispuesta la medida, quien en el mismo término podrá
convalidar la medida o disponer su inmediata revocación.
Artículo 9.- Registro de Operaciones
9.1. Todo sujeto obligado a reportar para los efectos de
la presente Ley, debe llevar un Registro de Operaciones
que se sujetará a las reglas establecidas en el presente
artículo.
9.2. Los sujetos obligados a informar, conforme a
la presente Ley, deben registrar cada operación que
se realice o que se haya intentado realizar que iguale
o supere el monto que establezca la UIF-Perú, por los
siguientes conceptos:
a) Depósitos en efectivo: en cuenta corriente, en
cuenta de ahorros, a plazo fijo y en otras modalidades
a plazo.
b) Depósitos constituidos con títulos valores,
computados según su valor de cotización al cierre del día
anterior a la imposición.
c) Colocación de obligaciones negociables y otros
títulos valores de deuda emitidos por la propia entidad.
d) Compraventa de títulos valores -públicos o privados-
o de cuota partes de fondos comunes de inversión.
e) Compraventa de metales y/o piedras preciosas,
según relación que se establezca en el reglamento.
f) Compraventa en efectivo de moneda extranjera.
g) Giros o transferencias emitidos y recibidos (interno
y externo) cualesquiera sea la forma utilizada para
cursar las operaciones y su destino (depósitos, pases,
compraventa de títulos, etc.).
h) Compra venta de cheques girados contra cuentas
del exterior y de cheques de viajero.
i) Pago de importaciones.
j) Cobro de exportaciones.
k) Venta de cartera de la entidad financiera a
terceros.
l) Servicios de amortización de préstamos.
m) Cancelaciones anticipadas de préstamos.
n) Constitución de fideicomisos y todo tipo de otros
encargos fiduciarios y de comisiones de confianza.
o) Compra venta de bienes y servicios.
p) Operaciones a futuro pactadas con los clientes.
q) Otras operaciones que se consideren de riesgo o
importancia establecidas por la UIF-Perú.
9.3. Las características del Registro serán
especificadas por la UIF-Perú debiendo contener, por lo
menos en relación con cada operación, lo siguiente:
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 19 de abril de 2012
464386
a) La identidad y domicilio de sus clientes, habituales
o no, acreditada mediante la presentación del documento
en el momento de entablar relaciones comerciales y,
principalmente, al efectuar una operación, según lo
dispuesto en el presente artículo. Para tales efectos,
se deberá registrar y verificar por medios fehacientes la
identidad, representación, domicilio, capacidad legal,
ocupación y objeto social de las personas jurídicas y/o
naturales según corresponda, así como cualquier otra
información sobre la identidad de las mismas, a través
de documentos, tales como Documento Nacional de
Identidad, pasaporte, partida de nacimiento, licencia de
conducir, contratos sociales, estatutos u otros documentos
oficiales o privados, sobre la identidad y señas particulares
de sus clientes, según corresponda.
b) Los sujetos obligados deben adoptar medidas
razonables para obtener, registrar y actualizar
permanentemente la información sobre la verdadera
identidad de sus clientes, habituales o no, y las
operaciones comerciales realizadas a que se refiere el
presente artículo.
c) Descripción del tipo de operación, monto, moneda,
cuenta (s) involucrada (s) cuando corresponda, lugar (es)
donde se realizó la operación y fecha.
d) Cualquier otra información que la UIF-Perú
requiera.
9.4. El Registro de Operaciones debe ser llevado en
forma precisa y completa por los sujetos obligados, en el
día en que haya ocurrido la operación y se conservará
durante diez (10) años a partir de la fecha de la misma,
utilizando para tal fin medios informáticos, microfilmación
o medios similares. El Registro se conservará en un
medio de fácil recuperación, debiendo existir una copia
de seguridad, según las disposiciones que emita al
respecto la UIF-Perú. Las copias de seguridad estarán a
disposición de la UIF-Perú y del Ministerio Público dentro
de las 48 horas hábiles de ser requeridas, sin perjuicio de
la facultad de la UIF-Perú de solicitar esta información en
un plazo menor.
9.5. La obligación de registrar las operaciones no será
de aplicación cuando se trate de clientes habituales de
los sujetos obligados a informar, bajo responsabilidad de
estos últimos; siempre y cuando los sujetos obligados
tengan conocimiento suficiente y debidamente justificado
de la licitud de las actividades de sus clientes habituales,
previa evaluación y revisión periódica del Oficial de
Cumplimiento.
9.6. Las operaciones múltiples que en conjunto igualen
o superen determinado monto fijado por la UIF-Perú, serán
consideradas como una sola operación si son realizadas
por o en beneficio de determinada persona. En tales
casos, cuando los sujetos obligados o sus trabajadores
tengan conocimiento de estas operaciones, deberán
efectuar el Registro establecido en este artículo.
9.7. Sobre el Registro de Operaciones:
a) Los Registros de Operaciones deben estar a
disposición de los órganos jurisdiccionales o autoridad
competente, conforme a ley.
b) La UIF-Perú, cuando lo considere conveniente,
puede establecer que los sujetos obligados a informar
le alcancen directamente, el Registro de Operaciones o
parte de él mediante el medio electrónico, periodicidad y
modalidad que ésta establezca. Mediante Resolución de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones se regularan los
aspectos referidos a la presente obligación.
c) Los sujetos obligados que cuenten con los medios
informáticos suficientes, deberán interconectarse con la
UIF-Perú para viabilizar y agilizar el proceso de captación
y envío de la información. Mediante Resolución de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones se regularán los
aspectos referidos a la presente obligación.
d) En las operaciones realizadas por cuenta
propia entre las empresas sujetas a supervisión de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, no se requiere el
registro referido en este artículo.
9.8. La UIF-Perú, por resolución motivada, puede
ampliar, reducir y/o modificar la relación de conceptos que
deban ser materia de registro, el contenido del Registro
en relación con cada operación o actividad, modificar el
plazo, modo y forma como deben llevarse y conservarse
los Registros, así como cualquier otro asunto o tema que
tenga relación con el Registro de Operaciones. El Registro
de Operaciones deberá llevarse de manera electrónica en
los casos que determine la UIF-Perú.
9.9. Las transacciones señaladas en el artículo 377º y
378º de la Ley Nº 26702, se rigen adicionalmente por lo
dispuesto en el presente artículo.
Artículo 10.- De la supervisión del sistema de
prevención de lavado de activos y de financiamiento
del terrorismo
10.2.3.- Auditoría Externa
(...)
b) Los organismos supervisores de los sujetos
obligados a informar, emitirán a la UIF-Perú Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) relacionados al tema
de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo,
cuando a través del ejercicio de sus funciones de
supervisión detecten indicios de lavado de activos o del
financiamiento del terrorismo. La UIF-Perú podrá solicitar al
organismo supervisor toda la información relacionada con
el caso reportado, conforme a los alcances de la presente
Ley. Por Resolución SBS, la UIF-Perú establecerá los
requisitos y características de dichos ROS.
(...).
Artículo 10-A.- De la garantía y confidencialidad
del Oficial de Cumplimiento
(...)
10-A.7. Para los supuestos del parágrafo anterior,
la Unidad de Inteligencia Financiera ­ UIF-Perú cuenta
con un cuerpo de peritos informantes quienes acudirán
a las audiencias judiciales para sostener la verificación
técnica de los informes elaborados por sus funcionarios y
de los reportes efectuados por el Oficial de Cumplimiento
correspondiente, cuyas identidades se mantienen en
reserva.
Artículo 12.- Del deber de reserva
12.1 Los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú
sobre las operaciones descritas en la presente Ley, así
como sus accionistas, directores, funcionarios, empleados,
trabajadores o terceros con vínculo profesional con los
sujetos obligados, bajo responsabilidad, están prohibidos
de poner en conocimiento de cualquier persona, entidad
u organismo, bajo cualquier medio o modalidad, el
hecho de que alguna información ha sido solicitada y/o
proporcionada a la UIF-Perú, de acuerdo a la presente
Ley, salvo solicitud del órgano jurisdiccional o autoridad
competente de acuerdo a ley o lo dispuesto por la presente
Ley.
12.2 La disposición señalada en el párrafo anterior
también es de aplicación para el Director Ejecutivo, los
miembros del Consejo Consultivo y el personal de la UIF-
Perú, del mismo modo es de aplicación para los Oficiales
de Enlace que designen las instituciones públicas y los
funcionarios de otras instituciones públicas nacionales
competentes para detectar y denunciar la comisión de
ilícitos penales con las que se realicen investigaciones
conjuntas, de conformidad con lo establecido en la
presente Ley.
12.3 Los sujetos mencionados en el párrafo
precedente, conjuntamente con los sujetos obligados
a informar y sus oficiales de cumplimiento, integran
el sistema de control del lavado de activos y/o del
financiamiento del terrorismo, y están todos sujetos al
deber de reserva.
12.4 En ningún caso por el solo pedido de información
se procederá por la entidad bancaria o financiera a cerrar
la o las cuentas de la persona a cuyo requerimiento se
formula la solicitud de información."
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 19 de abril de 2012
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Segunda.- Incorporación de la Quinta y Sexta
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la
Ley Nº 27693
Incorpórense la Quinta y Sexta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final a la Ley Nº 27693, en
los términos siguientes:
"Quinta: Registro de empresas y personas que
efectúan operaciones financieras o de cambio de
moneda
Créase el Registro de Empresas y Personas que
efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de
Moneda, el cual será supervisado y reglamentado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones.
La inscripción en el referido Registro es obligatoria
para:
a) Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la
compra y venta de divisas o moneda extranjera.
b) Las empresas de créditos, préstamos y empeño.
Para ejercer las actividades descritas en los
incisos precedentes, las correspondientes personas
naturales o jurídicas deberán inscribirse en el Registro,
conforme al procedimiento que para tal efecto señale la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones.
El incumplimiento de la inscripción generará
la cancelación de la licencia de funcionamiento o
autorización de actividad por la respectiva municipalidad,
sin perjuicio de que la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones disponga el cierre de los locales, conforme a
las atribuciones conferidas en la Ley Nº 26702.
Sexta: Prohibición de ejercer la actividad de
transferencia de fondos por empresas no autorizadas
El servicio de recepción y envío de órdenes de
transferencia de fondos solo podrá ser brindado por
las empresas debidamente autorizadas para ello por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, así como por las
Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por
la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito del Perú-FENACREP, ya sea como representante
de empresas de alcance internacional o en forma
independiente mediante contratos suscritos con empresas
corresponsales del exterior.
Asimismo, sólo podrán brindar el servicio postal
de remesas (giros postales) a través de un contrato de
concesión postal, los concesionarios postales que se
encuentren debidamente autorizados para tal efecto
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así
como el operador designado para el cumplimiento de las
obligaciones del Convenio Postal Universal.
El incumplimiento de esta disposición será sancionado
mediante la cancelación de la licencia de funcionamiento,
previa comunicación de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones o del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. La Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quedan
facultados para disponer el cierre de los locales de las
empresas que incumplan lo dispuesto en la presente
disposición."
Tercera.- Modificación de los artículos 17º y 18º
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM
Modifíquense el artículo 17º numeral 5 y el artículo 18º
del Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, en los términos
siguientes:
"Artículo 17.- Excepciones al ejercicio del derecho:
Información confidencial
El derecho de acceso a la información pública no
podrá ser ejercido respecto de lo siguiente:
(...)
5. La información referida a los datos personales cuya
publicidad constituya una invasión de la intimidad personal
y familiar. La información referida a la salud personal, se
considera comprendida dentro de la intimidad personal.
En este caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin
perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la
Constitución Política del Estado.
Por su parte, no opera la presente reserva cuando la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones requiera información
respecto a los bienes e ingresos de los funcionarios
públicos, o cuando requiera otra información pertinente
para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de
Inteligencia Financiera del Perú ­ UIF-Perú.
(...)"
"Artículo 18.- Regulación de las excepciones
Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17
son los únicos en los que se puede limitar el derecho
al acceso a la información pública, por lo que deben
ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de
una limitación a un derecho fundamental. No se puede
establecer por una norma de menor jerarquía ninguna
excepción a la presente Ley.
La información contenida en las excepciones
señaladas en los artículos 15, 16 y 17 son accesibles
para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el
Contralor General de la República; el Defensor del Pueblo
y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones.
Para estos efectos, el Congreso de la República
sólo tiene acceso mediante una Comisión Investigadora
formada de acuerdo al artículo 97 de la Constitución Política
del Perú y la Comisión establecida por el artículo 36 de la
Ley Nº 27479. Tratándose del Poder Judicial de acuerdo a
las normas que regulan su funcionamiento, solamente el
juez en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un
determinado caso y cuya información sea imprescindible
para llegar a la verdad, puede solicitar la información a
que se refiere cualquiera de las excepciones contenidas
en este artículo. El Contralor General de la República
tiene acceso a la información contenida en este artículo
solamente dentro de una acción de control de su
especialidad. El Defensor del Pueblo tiene acceso a la
información en el ámbito de sus atribuciones de defensa
de los derechos humanos. El Superintendente de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones tiene acceso a la información siempre que ésta
sea necesaria para el cumplimiento de las funciones de la
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú ­ UIF-Perú.
Los funcionarios públicos que tengan en su poder
la información contenida en los artículos 15, 16 y 17
tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo
responsables si esto ocurre.
El ejercicio de estas entidades de la administración
pública se enmarca dentro de las limitaciones que señala
la Constitución Política del Perú.
Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16
incluyen los documentos que se generen sobre estas
materias y no se considerará como información clasificada,
la relacionada a la violación de derechos humanos o
de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en
cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna
de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser
utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución
Política del Perú."
Cuarta.- Modificación de la Sexta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº
28306
Modifíquese la Sexta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley Nº 28306, en los términos
siguientes:
"Sexta: Obligación de declarar el ingreso y/o salida
de dinero en efectivo
6.1. Establézcase la obligación para toda persona,
nacional o extranjera, que ingrese o salga del país,
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 19 de abril de 2012
464388
de declarar bajo juramento instrumentos financieros
negociables emitidos "al portador" o dinero en efectivo
que porte consigo por sumas superiores a US$ 10,000.00
(Diez mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de
América), o su equivalente en moneda nacional u otra
extranjera.
6.2. Asimismo, queda expresamente prohibido para
toda persona, nacional o extranjera, que ingrese o salga del
país, llevar consigo instrumentos financieros negociables
emitidos "al portador" o dinero en efectivo por montos
superiores a US$ 30,000.00 (Treinta mil y 00/100 dólares
de los Estados Unidos de América) o su equivalente en
moneda nacional u otra extranjera. El ingreso o salida
de dichos importes deberá efectuarse necesariamente
a través de empresas legalmente autorizadas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones para realizar ese tipo
de operaciones.
6.3. En caso de incumplimiento de lo dispuesto
en los numerales precedentes, la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
dispondrá:
a.- La retención temporal del monto íntegro de dinero
en efectivo o de los instrumentos financieros negociables
emitidos "al portador" y la aplicación de una sanción
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor no
declarado, como consecuencia de la omisión o falsedad
del importe declarado bajo juramento por parte de su
portador.
b.- La retención temporal del monto de dinero en
efectivo o de los instrumentos financieros negociables
emitidos "al portador" que exceda los US $30,000.00
(treinta mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de
América).
El dinero retenido será depositado en una cuenta del
Banco de la Nación donde se mantendrá en custodia.
Los instrumentos financieros negociables emitidos "al
portador" también serán entregados al Banco de la Nación
en custodia.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria informará inmediatamente a
la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre la
retención efectuada.
Corresponde al portador acreditar ante la Unidad de
Inteligencia Financiera del Perú, el origen lícito del dinero
en un plazo máximo de setentidós (72) horas de producida
la retención.
6.4. La no acreditación del origen lícito del dinero o
de los instrumentos financieros negociables emitidos "al
portador" en el plazo establecido, se considera indicio de
la comisión del delito de lavado de activos, sin perjuicio
de la presunta comisión de otros delitos. En estos casos,
la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informará
al Ministerio Público para que proceda conforme a sus
atribuciones.
6.5. El dinero o los instrumentos financieros negociables
emitidos "al portador" retenidos como consecuencia de la
aplicación de la presente norma seguirá el procedimiento
establecido en las disposiciones previstas en la legislación
penal y en las leyes especiales.
6.6. Las obligaciones y prohibiciones establecidas
en la presente disposición no serán aplicables a los
instrumentos financieros negociables diferentes a los
emitidos "al portador", independientemente de su valor;
no obstante, los mismos deberán ser obligatoriamente
declarados bajo juramento al momento de su ingreso o
salida del país.
6.7. Mediante Decreto Supremo refrendado por
los Ministros de Economía y Finanzas, Justicia y
Derechos Humanos e Interior, previa opinión técnica
de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, se
aprobará el reglamento de lo dispuesto en la presente
Disposición, el cual contendrá los mecanismos
necesarios para su implementación y para el efectivo
control, fiscalización de lo dispuesto y devolución de
los bienes retenidos."
Quinta.- Incorporación del Artículo 9º-A a la Ley
Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia
Financiera ­ UIF-Perú
Incorpórese el Artículo 9º-A a la Ley Nº 27693, en los
términos siguientes:
"Artículo 9º-A.- De los organismos supervisores
9.A.1. Se consideran organismos supervisores
en materia de prevención del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo para efectos de lo dispuesto
en la presente Ley, aquellos organismos o instituciones
públicas o privadas que de acuerdo a su normatividad
o fines ejercen funciones de supervisión, fiscalización,
control, registro, autorización funcional o gremiales
respecto de los Sujetos Obligados a informar.
9.A.2. Son organismos de supervisión y control
en materia de prevención del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo, entre otros:
a) La Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
(SBS);
b) La Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV);
c) El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR);
d) El Ministerio de Energía y Minas (MINEM);
e) El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMDES);
f) El Ministerio de la Producción (PRODUCE);
g) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC);
h) La Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT);
i) La Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI);
j) La Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE);
k) El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones
l) Los Colegios de Abogados y de Contadores
Públicos, o cualquier otro que sustituya en sus funciones
a las instituciones antes señaladas;
m) Todo aquel organismo o institución pública o privada
que sea designado como tal por la UIF-Perú.
9.A.3. Los organismos de supervisión deberán
coordinar sus acciones de supervisión con la UIF-Perú.
9.A.4. Los organismos supervisores ejercerán la función
de supervisión del sistema de prevención del lavado de
activos y del financiamiento del terrorismo, en coordinación
con la UIF-Perú, de conformidad con lo señalado en la ley
y de acuerdo a sus propios mecanismos de supervisión,
los cuales deben considerar las responsabilidades y
alcances de los informes del Oficial de Cumplimiento, de
la Auditoría Interna y de la Auditoría Externa, así como las
responsabilidades de directores y gerentes.
9.A.5. La UIF-Perú, en coordinación con los organismos
supervisores, deberá expedir normas estableciendo
obligaciones, requisitos, infracciones, sanciones y
precisiones, respecto a todos los sujetos obligados.
9.A.6. Los organismos supervisores ejercerán la
función sancionadora en el ámbito de los sujetos obligados
a reportar bajo su competencia, para lo cual aplicarán las
normas reglamentarias y la tipificación de infracciones
que apruebe la UIF-Perú.
9.A.7. Para efectos del ejercicio de la función de
supervisión, la UIF-Perú podrá requerir a los organismos
supervisores la realización de visitas de inspección
conjuntas. Estas visitas también se podrán realizar a
solicitud del organismo supervisor competente, previa
conformidad de la UIF-Perú.
9.A.8. Respecto de aquellos sujetos obligados a
informar que carecen de organismo supervisor en materia
de prevención del lavado de activos y del financiamiento
del terrorismo, la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a
través de la UIF-Perú, actuará como tal.
9.A.9. Están bajo la supervisión de la UIF-Perú en
esta materia los notarios públicos y las cooperativas de
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 19 de abril de 2012
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ahorro y crédito no autorizadas para captar ahorros del
público. Para el ejercicio de la función de supervisión a
cargo de la UIF-Perú, la Superintendencia podrá contar
con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria, entidades que por convenio
incorporarán la revisión de los sistemas de prevención
de los sujetos obligados que sean objeto de acciones de
fiscalización en sus respectivos ámbitos de competencia.
9.A.10. La función de supervisión asignada a la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, a través de la UIF-
Perú, se ejerce sobre la base del análisis de riesgo que
aquélla haga de cada sector, de manera que se priorice
la supervisión sobre las actividades de mayor riesgo.
Aquellas actividades consideradas de menor riesgo
relativo serán monitoreadas en cuanto a sus obligaciones
de inscripción ante la UIF-Perú, registro de operaciones y
reporte de operaciones sospechosas.
9.A.11. Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos
precedentes, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá
indicar la institución pública, gremio o colegio profesional
que bajo responsabilidad estará obligado a realizar la
labor de supervisión en materia de prevención del lavado
de activos y del financiamiento del terrorismo.
Sexta.- Modificación de los artículos 16º del
Decreto Legislativo del Notariado, Decreto Legislativo
Nº 1049
Modifíquese el inciso o) e incorpórese el inciso p)
al artículo 16º del Decreto Legislativo Nº 1049 en los
términos siguientes:
"Artículo 16º.- Obligaciones del Notario
El notario está obligado a:
(...)
o) Aceptar y brindar las facilidades para las visitas de
inspección que disponga tanto su Colegio de Notarios,
el Tribunal de Honor y el Consejo del Notariado en el
correspondiente oficio notarial, así como la Unidad de
Inteligencia Financiera.
p) Cumplir con todas las normas pertinentes en materia
de prevención del lavado de activos y del financiamiento
del terrorismo, conforme a la legislación de la materia."
Sétima.- Modificación de los artículos 55º del
Decreto Legislativo del Notariado, Decreto Legislativo
Nº 1049
Modifíquese el artículo 55º del Decreto Legislativo del
Notariado, Decreto Legislativo Nº 1049 en los términos
siguientes:
"Artículo 55º.- Identidad del Otorgante
El notario dará fe de conocer a los otorgantes y/o
intervinientes o de haberlos identificado.
Es obligación del notario acceder a la base de datos
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -
RENIEC- en aquellos lugares donde se cuente con acceso
a Internet y sea posible para la indicada entidad brindar el
servicio de consultas en línea, para la verificación de la
identidad de los intervinientes mediante la verificación de
las imágenes, datos y/o la identificación por comparación
biométrica de las huellas dactilares. Cuando el notario
lo juzgue conveniente exigirá otros documentos y/o la
intervención de testigos que garanticen una adecuada
identificación.
El notario que diere fe de identidad de alguno de los
otorgantes, inducido a error por la actuación maliciosa
de los mismos o de otras personas, no incurrirá en
responsabilidad.
Asimismo, el notario público deberá dejar expresa
constancia en la escritura pública de haber efectuado las
mínimas acciones de control y debida diligencia en materia
de prevención del lavado de activos, especialmente
vinculado a la minería ilegal u otras formas de crimen
organizado, respecto a todas las partes intervinientes en
la transacción, específicamente con relación al origen
de los fondos, bienes u otros activos involucrados en
dicha transacción, así como con los medios de pago
utilizados."
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
Única.- Deróguese la Ley Nº 27765, Ley Penal contra
el Lavado de Activos, modificada por el Decreto Legislativo
Nº 986 y las demás normas que se opongan al presente
Decreto Legislativo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho
días del mes de abril del año dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa
DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Encargado del Despacho
del Ministerio de Economía y Finanzas
778570-3
PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS
Autorizan viaje del Ministro de la
Producción a Qatar y encargan su
Despacho al Ministro de Comercio
Exterior y Turismo
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 112-2012-PCM
Lima, 18 de abril de 2012
CONSIDERANDO:
Que, la United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD), es el cuerpo intergubernamental
permanente y principal órgano de la Asamblea General de
la ONU para los asuntos relacionados con el comercio, las
inversiones y el desarrollo. Tiene como objetivo principal
maximizar las oportunidades de comercio, inversión y
desarrollo de los países en desarrollo y asistirlos en sus
esfuerzos para participar equitativamente en la economía
global;
Que, la UNCTAD brinda apoyo a los países en
desarrollo en materia de comercio, de inversiones y
de financiación; así como ayuda a los países a sacar
provecho a las oportunidades comerciales, de inversión
de desarrollo, de modo que puedan participar plenamente
en la economía global;
Que, del 21 al 26 de abril del presente año, se realizará
en la ciudad de Doha, Qatar, la XIII Conferencia Ministerial
de la UNCTAD sobre "La Globalización centrada en