Declaran ilegal la paralización de labores convocada por la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial - FENASIPOJ - PERÚ

Presidencia

Resolución administrativa de la presidencia del poder judicial

r.a Nº 486-2019-P-PJ

Lima, 20 de setiembre de 2019

VISTOS:

El Oficio N° 154-2019-CDN-FENASIPOJ-PERÚ-SG, recibido el 04 de setiembre de 2019, mediante el cual la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial – FENASIPOJ-PERÚ, comunica que en Asamblea Nacional de Emergencia de Delegados de la FENASIPOJ-PERÚ llevada a cabo el 26 de agosto de 2019, se acordó acatar la huelga nacional de cuarenta y ocho (48) horas, para los días miércoles 25 y jueves 26 de setiembre de 2019, conforme a su plataforma de lucha; el Informe N° 223-2019-GRHB-GG-PJ, de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar, así como el Memorando N° 495-2019-OAL-GG-PJ, de la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia General; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 28°, ha previsto que el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, y cautela su ejercicio democrático garantizando la libertad sindical, fomentando la negociación colectiva y promoviendo formas de solución pacífica de los conflictos laborales, disponiendo que sea el Estado el que regule el derecho de huelga de los trabajadores a fin que su ejercicio se efectúe en armonía con el interés social, señalando sus excepciones;

Que, la Ley N° 30745 – Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, en su artículo 1°, respecto de su ámbito de aplicación, establece que comprende a todos los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial; a su vez, en su artículo 37°, prevé que el derecho de huelga se ejerce una vez agotados los mecanismos de negociación o mediación, para tal efecto los representantes de los trabajadores deberán notificar a la Entidad sobre el ejercicio del referido derecho con una anticipación no menor de diez (10) días;

Que, asimismo, la Resolución Administrativa N° 216-2018-CE-PJ, de fecha 19 de julio de 2018, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 30745, Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, dispone en el segundo párrafo de su artículo 93°, que el derecho a huelga se aplica de acuerdo a lo señalado en todo lo pertinente en la Ley N° 30745, y supletoriamente a lo regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2003-TR, en adelante el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo;

Que, el artículo 86º del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, establece que la huelga de los trabajadores comprendidos en el Régimen Laboral Público, se sujetará a las normas contenidas en dicho texto legal en cuanto le sean aplicables, disponiendo que la declaración de la ilegalidad de la huelga debe ser efectuada por el Sector correspondiente; asimismo, el Tribunal Constitucional en el fundamento 46 de su Sentencia recaída en los Expedientes N°s 0003, 004 y 023-2013-PI/TC, señaló que: “el reconocimiento a todos los trabajadores de los derechos de sindicación, huelga y negociación colectiva que realiza el artículo 28° de la Ley Fundamental también comprende a los trabajadores públicos”;

Que, en el literal i) del artículo 83° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, se establece que, son servicios públicos esenciales: “los de administración de justicia por declaración de la Corte Suprema de Justicia de la República”, regulación que guarda consonancia con la Resolución Administrativa de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República N° 006-2003-SP-CS, publicada el 01 de noviembre de 2003, que declaró como servicio público esencial la administración de justicia ejercida en el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos;

Que, igualmente, para la declaratoria de huelga se deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 73° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, esto es: “a) que tenga por objeto la defensa de los derechos o intereses de los trabajadores en ella comprendidos; b) que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los Estatutos y que en todo caso representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en su ámbito. El acta de Asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de este, por el Juez de Paz de la localidad. Tratándose de sindicatos de actividad o gremio cuya Asamblea este conformada por delegados, la decisión será adoptada en Asamblea convocada expresamente y ratificada por las bases; c) que sea comunicada al empleador y a la Autoridad Trabajo por lo menos con una anticipación de cinco (05) días útiles de antelación o con diez (10) días tratándose de servicios públicos esenciales, acompañando copia del Acta de Votación; d) que la negociación colectiva no haya sido sometida arbitraje”;

Que, la plataforma de lucha presentada por FENASIPOJ-PERÚ versa sobre los siguientes puntos, los cuales han sido absueltos por la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General, a través del Informe N° 223-2019-GRHB-GG-PJ:

(i) Respeto irrestricto de la vigencia de la Ley N° 30745, Ley de la Carrera del Trabajador Judicial y sus disposiciones reglamentarias – tránsito inmediato de los trabajadores del Poder Judicial.

Sobre el particular, el Poder Ejecutivo, ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 30745, Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, habiendo dispuesto el señor Presidente del Poder Judicial, a través de la Resolución Administrativa N° 219-2019-P-PJ de fecha 08 de abril de 2019, para que el señor Procurador Público del Poder Judicial, en defensa de los intereses de este poder del Estado, intervenga en el proceso de inconstitucionalidad signado con el Expediente N° 29-2018-PI/TC; asimismo, si bien es cierto la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial y su Reglamento, aprobado por Resolución Administrativa N° 216-2019-CE-PJ, entraron en vigencia el 04 de abril y 26 de julio de 2018 respectivamente, no es menos cierto que ambos documentos normativos establecen y regulan un régimen exclusivo para los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial. En ese sentido, las disposiciones ahí contenidas serán de aplicación de los trabajadores inmersos en dicho régimen laboral. No obstante ello, la Gerencia General del Poder Judicial está realizando los trámites y actualización de los instrumentos de gestión necesarios para su concreción.

(ii) La inmediata emisión del Decreto Supremo (continuidad de la Escala Remunerativa para el año 2019)

Para la atención del presupuesto, el Presidente del Poder Judicial y dos Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, se reunieron con el Presidente del Consejo de Ministros (PCM) y con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) y Ministro de Economía y Finanzas (MEF); así como, con los representantes de las tres Federaciones del Poder Judicial, en la última semana de agosto, en donde los funcionarios del MEF han precisado que no hay una cifra definida, por cuanto están evaluando la propuesta de Escala Remunerativa presentada por el Poder Judicial que tiene un costo de 771 millones de soles, de acuerdo a lo comunicado mediante Oficio N° 5178-2019-P-PJ de fecha 11 de junio de 2019, remitido al Ministerio de Economía y Finanzas.

(iii) La inmediata implementación y actualización de instrumentos de gestión, para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial.

Si bien el Poder Ejecutivo, ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 30745, Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, se ha elaborado proyectos de normas internas alineadas a la Ley en mención, las que han sido puestas de conocimiento a las representaciones sindicales de segundo grado del Poder Judicial para sus aportes y comentarios.

(iv) Se exige al Poder Judicial y Ministerio de Economía y Finanzas, mejora remunerativa de los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo N° 1057 (CAS).

A través del Oficio N° 6867-2019-P-PJ de fecha 01 de agosto de 2019, dirigido al señor Doctor Carlos Oliva Neyra, Ministro de Economía y Finanzas, se solicitó la asignación de recursos presupuestales adicionales ascendente a S/. 46 418 459 para financiar la nivelación de ingresos del personal contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS), con el personal contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, a fin de que el malestar y descontento no afecte el servicio de administración de justicia.

(v) Respeto irrestricto de los convenios colectivos

El Poder Judicial es respetuoso de los convenios colectivos celebrados y suscritos con las organizaciones sindicales de este poder del Estado.

(vi) Se exige al Presidente del Poder Judicial, gestione ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 1745/2017-PJ. Reforma Constitucional del artículo 145° de la Constitución Política del Estado, presentado con el Oficio N° 5727-2017-SG-CS-PJ.

Corresponde al Poder Legislativo, la tramitación del proyecto de ley, respecto a la reforma de presentación del proyecto de presupuesto que presenta el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, para luego sustentarlo al Congreso, conforme a lo normado en el artículo 145° de nuestra Carta Magna.

(vii) Se exige al Ministerio de Economía y Finanzas, la asignación presupuestal no menor del 4% del Presupuesto General de la República a favor del Poder Judicial.

La solicitud de asignación de presupuesto al Poder Judicial, se realiza conforme a las normas vigentes que rigen sobre la materia.

(viii) Se exige al Poder Judicial y Ministerio de Economía y Finanzas, la asignación de presupuesto para el pago total de las deudas sociales (sentencias judiciales) a favor de los trabajadores jurisdiccionales y administrativos; asimismo, la incorporación del representante de la FENASIPOJ-PERÚ, con derecho a voz y voto ante el Comité para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de Sentencias con Calidad de Cosa Juzgada y ante la Comisión Evaluadora de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales.

El Poder Judicial para el presupuesto del próximo ejercicio ha solicitado los recursos necesarios para la atención del pago de sentencias judiciales a favor de los trabajadores y ex trabajadores de este poder del Estado.

(ix) Lucha frontal contra la corrupción en la Derrama Judicial (elección universal, desvinculación inmediata y devolución de aportes)

A través de la Ley N° 24032 del 14 de diciembre de 1984, modificado por la Ley N° 30113 del 07 de noviembre de 2013, se crea la Derrama Judicial, para beneficio exclusivo de todos los servidores de este poder del Estado, la que se conforma con las aportaciones de sus beneficiarios y otros, y tiene por finalidad brindar ayuda económica a sus asociados (trabajadores del Poder Judicial) por motivos de fallecimiento, jubilación, invalidez total y permanente y otros.

Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 001-2011-JUS , se aprobó el Reglamento de la Ley N° 24032 – Derrama del Poder Judicial, modificada a través del Decreto Supremo N° 003-2019-JUS del 22 de enero de 2019, estableciéndose que la Derrama Judicial es persona jurídica de derecho privado con autonomía administrativa y económico – financiero, y tiene como objetivo atender la Seguridad y Bienestar Social de sus asociados y otorgar servicios de Previsión Social, Crédito Social, Cultura Social, Inversión Social y Vivienda Social, siendo un deber de los asociados aportar las cuotas mensuales. Asimismo, la Derrama Judicial tiene por finalidad proporcionar ayuda económica a sus asociados y comprende a todos los servidores del Poder Judicial.

La Derrama Judicial no forma parte de la estructura administrativa, ni funcional del Poder Judicial, como entidad pública estatal, independientemente de la conformación de sus representantes que deben ser acreditados ante la institución conforme a reglamentos y estatutos, por sus respectivas representaciones funcionales, por lo que, corresponde a su Directorio, como máximo órgano de decisión, dirección y representación de la Derrama Judicial, evaluar y pronunciarse sobre lo señalado por la organización sindical.

Que, estando a lo antes expuesto, consideramos que las exigencias contenidas en la plataforma de lucha, presentada por la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial – FENASIPOJ-PERÚ, en principio corresponden ser atendidos por otros organismos ajenos al Poder Judicial, precisando que nuestra entidad viene realizando los trámites ante las instancias respectivas para la concreción de la nueva escala remunerativa de los trabajadores del Poder Judicial sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 728, así como, la mejora salarial para los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo N° 1057 (CAS); de igual forma viene respetando el derecho a la libertad sindical de los representantes de los trabajadores, y los convenios colectivos suscritos; en tal sentido, consideramos que la paralización de labores solicitada por la FENASIPOJ-PERÚ, deviene en ilegal al no observarse el inciso a) del artículo 73° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2003-TR;

Que, de la revisión del Oficio N° 154-2019-CDN-FENASIPOJ-PERÚ-SG, se advierte que la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial – FENASIPOJ-PERÚ, adjunta copia del acta de Asamblea Nacional de Emergencia de Delegados de la FENASIPOJ-PERÚ, llevada a cabo el 26 de agosto de 2019, en donde se acuerda acatar la huelga nacional de cuarenta y ocho (48) horas para los días miércoles 25 y jueves 26 de setiembre de 2019, la misma que se encuentra refrendada por la Notaria de Lima Clara Carnero Ávalos, observando lo dispuesto en el inciso b) del artículo 73° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, sin embargo no se puede determinar que haya sido comunicada a la Autoridad de Trabajo, documento de relevancia debido a que la administración de justicia es un servicio público esencial;

Que, la comunicación de inicio de la paralización de labores de cuarenta y ocho (48) horas por parte de la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial – FENASIPOJ-PERÚ, se realizó el 04 de setiembre de 2019, a través de la Mesa de Partes en lo Administrativo de la Corte Suprema, estando a que la medida de fuerza es para los días 25 y 26 de setiembre de 2019, y tratándose de servicios públicos esenciales, la mencionada organización sindical, ha presentado el escrito de visto de la presente resolución, con diez (10) días útiles de antelación, sin embargo, si bien ha señalado que los Sindicatos Bases realizarán las coordinaciones con los Presidente de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional para la implementación de órganos de emergencia, por los días miércoles 25 y jueves 26 de setiembre de 2019; al ser la administración de justicia un servicio público esencial, debió presentar la nómina de trabajadores de los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, que garantizarán su permanencia y servicio durante el periodo de paralización de labores, conforme a la normado en la Directiva N° 002-2004-CE-PJ sobre Conformación de Órganos de Emergencia, Jurisdiccionales y de Apoyo en caso de Ejercicio de Derecho de Huelga de los Trabajadores del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N° 046-2004-CE-PJ del 24 de marzo de 2004;

Que, el inciso d) de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone: “El pago de remuneraciones solo corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de ley expresa en contrario, o por aplicación de licencia con goce de haber de acuerdo a la normatividad vigente, el pago de remuneraciones por días no laborados. Asimismo, queda prohibido autorizar o efectuar adelantos con cargo a remuneraciones, bonificaciones, pensiones, o por compensación por tiempo de servicios”;

Que, de lo expuesto precedentemente, y conforme lo señala el Informe N° 223-2019-GRHB-GG-PJ, emitido por la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar y el Memorando N° 495-2019-OAL-GG-PJ, de la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia General del Poder Judicial, se colige que no se ha determinado que la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial – FENASIPOJ-PERU, haya cumplido con comunicar a la Autoridad de Trabajo, ni con presentar la nómina de trabajadores de los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, que garantizarán su permanencia y servicio durante el período de paralización de labores, en cumplimiento con el artículo 73° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y la Resolución Administrativa N° 046-2004-CE-PJ;

Que, en esa línea, cabe señalar que toda huelga es lícita desde el momento que la ley no la prohíbe; sin embargo, será ilegal, como en el presente caso, si se efectúa contrariando su propia reglamentación, dado que toda suspensión colectiva de la actividad laboral debe ser efectuada, conforme a las exigencias legales;

Que, la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial – FENASIPOJ-PERÚ, para su medida de fuerza convocada para el miércoles 25 y jueves 26 de setiembre de 2019, no ha observado la normativa antes reseñada, ni ha cumplido con los requisitos descritos, exigidos por ley; por lo que corresponde a la máxima autoridad de este Poder del Estado declarar la ilegalidad de la paralización de labores de cuarenta y ocho (48) horas;

Por lo tanto, de conformidad con las facultades conferidas en el inciso 4° del artículo 76° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar ilegal la paralización de labores convocada por la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial – FENASIPOJ-PERÚ, para los días miércoles 25 y jueves 26 de setiembre de 2019, en razón a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Disponer las acciones necesarias que permitan garantizar la atención de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, así como, la aplicación del descuento salarial por día no trabajado, la que se hará efectiva conforme a ley en las remuneraciones del mes de octubre próximo, para todos aquellos que no cumplan con su rutina laboral.

Artículo Tercero.- Notificar la presente resolución al Consejo Ejecutivo, a la Oficina de Control de la Magistratura, a la Gerencia General, a la Oficina de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la República y a la Oficina de Seguridad Integral del Poder Judicial, así como a los demás órganos administrativos y jurisdiccionales de este Poder del Estado que corresponda.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

JOSE LUIS LECAROS CORNEJO

Presidente del Poder Judicial

1810541-1