background image
El Peruano
Jueves 1 de enero de 2015
543820
Distritos Judiciales del país", que en anexo adjunto forma
parte integrante de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la
presente Directiva en la Página Web del Poder Judicial
(www.pj.gob.pe).
Artículo Tercero.- Disponer que las Presidencias y
Administraciones Distritales de las Cortes Superiores
de Justicia del país y la Gerencia General efectúen las
acciones correspondientes, para el cumplimiento de la
presente decisión.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control
de la Magistratura del Poder Judicial, Presidencias y
Administraciones Distritales de as Cortes Superiores
de Justicia del país y a la Gerencia General, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
S.
ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Presidente
1183938-1
ORGANOS AUTONOMOS
JURADO NACIONAL
DE ELECCIONES
Declaran fundada en parte apelación
interpuesta por la organización política
Alianza para el Progreso contra la R.J.
Nº 160-2013-J/ONPE
ReSoluCión nº 554-2014-Jne
expediente nº J-2013-01087
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS
ELECTORALES
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dos de julio de dos mil catorce.
VISTO en audiencia pública del 15 de abril de 2014, el
recurso de apelación interpuesto por David Abraham Toso
Arcaya, personero legal titular de la organización política
de alcance nacional Alianza para el Progreso, en contra
de la Resolución Jefatural Nº 160-2013-J/ONPE, del 19
de agosto de 2013, y oídos los informes orales.
AnTeCeDenTeS
A) expediente nº J-2011-00735
Procedimiento efectuado por la Oficina Nacional
de Procesos electorales
Informe sobre exceso de aportaciones durante el
2010
En junio de 2011, se emitió el informe sobre exceso de
aportaciones recibidas por el partido político Alianza para
el Progreso durante el 2010 de parte de la Universidad
César Vallejo S. A. C., en la cual se concluyó que el citado
partido político había recibido durante el primer semestre
del 2010 aportaciones en efectivo de S/.160 000,00
(ciento sesenta mil y 00/100 nuevos soles) según lo
declarado, además de S/.282 744,00 (doscientos ochenta
y dos mil setecientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos
soles) por concepto de publicidad política emitida en su
favor a través de Radio Programas del Perú, entre el 19
de agosto y el 1 de octubre de 2010. Por ende, el total
de aportaciones ascendió a la suma de S/.442 744,00
(cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y
cuatro y 00/100 nuevos soles), y el exceso fue de S/.226
744,00 (doscientos veintiséis mil setecientos cuarenta y
cuatro y 00/100 nuevos soles).
Respecto del tercer aporte, generado en la orden de
publicidad 255-I, se señaló que sería materia de un informe
adicional una vez definido el costo real de la publicidad
electoral, pues existía discrepancia de si el costo era de
S/.712 800,00 (setecientos doce mil ochocientos y 00/100
nuevos soles) (según estimación del informe técnico: 396
avisos por 30 segundos cada uno, y el costo por segundo
de S/.60,00) o de S/.178 200,00 (ciento setenta y ocho
mil doscientos y 00/100 nuevos soles) (de acuerdo con el
contrato privado 341159, en la cantidad de 396 avisos por
30 segundos cada uno).
Inicio de procedimiento e imposición de sanción
Mediante la Resolución Jefatural Nº 130-2011-
J/ONPE, de fecha 4 de julio de 2011 (fojas 128 al 129
del Expediente Nº J-2011-00735), la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (en adelante ONPE) dispuso iniciar
procedimiento sancionador contra el partido político
Alianza para el Progreso por la presunta infracción del
artículo 30 de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos Políticos
(en adelante LPP), al recibir de la Universidad César
Vallejo S.A.C. dos aportes que superaron el límite legal
permitido durante el ejercicio 2010. Para ello se señaló
que el exceso era de S/.226 744,00 (doscientos veintiséis
mil setecientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles).
Con fecha 25 de agosto de 2011, la ONPE emitió la
Resolución Jefatural Nº 160-2011-J/ONPE (fojas 79 al
84 del Expediente Nº J-2011-00735), mediante la cual
se sancionó al citado partido político con una multa
ascendente a S/.2 267 440,00 (dos millones doscientos
sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y 00/100
nuevos soles), suma que equivale a diez veces el monto
del exceso de parte de la Universidad César Vallejo S. A.
C. durante el 2010.
Contra dicha decisión, el partido político Alianza para
el Progreso, a través de su personero legal, interpuso, con
fecha 9 de setiembre de 2011, recurso de reconsideración,
el mismo que fue declarado infundado mediante la
Resolución Jefatural Nº 197-2011-J/ONPE, de fecha 17
de octubre de 2011 (fojas 32 al 38 del Expediente Nº J-
2011-00735). En razón de dicho fallo es que se interpuso
el recurso de apelación el 25 de octubre de 2011.
Posición del Pleno del Jurado nacional de
elecciones
A través de la Resolución Nº 0815-2011-JNE, del 12
de diciembre de 2011, publicada en el portal electrónico
institucional el 21 de diciembre del 2011, el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones declaró nulas las Resoluciones
Jefaturales 130, 160 y 197-2011-J/ONPE, emitidas por la
ONPE, para que emita nuevo pronunciamiento tomando
en consideración los siguientes parámetros:
1. No podrá, en cumplimiento de la presente resolución,
incorporar nuevas causales o imputaciones a las
formuladas en la resolución en virtud del cual se dispuso
dar inicio al procedimiento administrativo sancionador.
Dicho en otros términos, el organismo electoral solo
podrá imputar al partido político Alianza para el Progreso
las mismas faltas señaladas en la Resolución Jefatural Nº
130-2011-J/ONPE, de fecha 4 de julio de 2011.
2. No podrá, en cumplimiento de la presente resolución,
suprimir o eliminar las causales o infracciones identificadas
en la Resolución Jefatural Nº 130-2011-J/ONPE, de fecha
4 de julio de 2011 y en virtud de las cuales se dispuso
iniciar el procedimiento administrativo sancionador.
3. Deberá circunscribir los alcances de su investigación
y de la resolución que expida en cumplimiento del
presente pronunciamiento, a dilucidar el monto del tercer
aporte inicialmente identificado y valorizado por el citado
organismo electoral. Es decir, la ONPE deberá limitarse
a lo siguiente: a) determinar el monto del tercer aporte
realizado por la Universidad César Vallejo S.A.C.; b)
establecer, sumando el tercer monto a los dos (2) primeros
previamente identificados, el monto total del exceso en los
aportes individuales realizados por la Universidad César
Vallejo S.A.C. durante el 2010; y c) determinar la cuantía
de la sanción a imponerse al partido político Alianza para
el Progreso.
4. Si bien el artículo 34 de la LPP dispone que la ONPE
tenga un plazo de ocho (8) meses contados a partir del
recibo de la documentación de la organización política,
para pronunciarme sobre su regularización y adecuación
background image
El Peruano
Jueves 1 de enero de 2015
543821
y, de ser el caso, imponer las sanciones correspondientes.
Si bien el partido político Alianza para el Progreso entregó
su informe anual en el mes de abril de 2011, por lo que
el plazo que tendría la ONPE para imponer una sanción
vencería el mes de diciembre de 2011, conviene mencionar
que el procedimiento administrativo sancionador se inició
el mes de junio de 2011, lo que supone la interrupción del
plazo antes mencionado, el mismo que será reiniciado a
partir del día siguiente de la notificación de la presente
resolución a la ONPE. Atendiendo a que no se computará
el plazo entre los meses de julio y diciembre de 2011, la
Oficina Nacional de Procesos Electorales tendrá, como
máximo, hasta el mes de junio de 2012, para tramitar,
resolver y notificar su decisión de sanción al partido
político Alianza para el Progreso.
B) expediente nº J-2012-01135
el informe sobre exceso de aportaciones
En el mes de marzo de 2012, en cumplimiento de la
Resolución Nº 0815­2011­JNE, emitida por el pleno del
Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE emitió un nuevo
informe sobre el exceso de aportaciones recibidas por el
partido político Alianza para el Progreso, durante el año
2010, de parte de la Universidad César Vallejo S.A.C.,
en la cual se concluyó lo siguiente (fojas 108 a 117 del
Expediente Nº J. 2012-1135):
1. El partido político Alianza para el Progreso recibió
durante el primer semestre del año 2010 aportaciones en
efectivo de la Universidad César Vallejo S.A.C., por un
monto total de S/. 160 000,00 (ciento sesenta mil y 00/100
nuevos soles).
2. El partido político Alianza para el Progreso recibió
durante el año 2010 aportaciones de la Universidad
César Vallejo S.A.C., en especie, por un monto de S/.
995 544,00 (novecientos noventa y cinco mil quinientos
cuarenta y cuatro y 00/100) que resulta de la suma de
S/. 282 744,00 (doscientos ochenta y dos mil setecientos
cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) y S/. 712 800,00
(setecientos doce mil ochocientos y 00/100 nuevos soles),
que fueron utilizados en la publicidad política emitida en
su favor entre el 19 de agosto y el 1 de octubre de 2010.
3. El total de aportaciones, en efectivo y en especie,
recibidas por el partido político antes citado, durante el
año 2010, asciende a la suma de S/. 1 155 544.00 (un
millón ciento cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta
y cuatro y 00/100 nuevos soles), suma que proviene de
las aportaciones en efectivo por un monto de S/. 160
000,00 (ciento sesenta mil y 00/100 nuevos soles), y de
las aportaciones en especie ascendente a la suma de S/.
995 544 (novecientos noventa y cinco quinientos cuarenta
y cuatro y 00/100 nuevos soles).
4. Las aportaciones efectuadas por la Universidad
César Vallejo S.A.C. al partido político Alianza para el
Progreso durante el año 2010, que asciende a la suma
de S/. 1 155 544,00 (un millón ciento cincuenta y cinco
mil quinientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles),
exceden en S/. 939 544,00 (novecientos treinta y nueve
mil quinientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) el
tope máximo permitido por la LPP.
5. Finalmente, en el mencionado informe se señala
que el citado partido político recibió durante el año 2010
aportaciones en exceso que, de acuerdo con el artículo 36
de la LPP y el artículo 81, numeral 1, del Reglamento de
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, están
sujetas a una multa no menor de diez veces ni mayor de
treinta veces el monto de la contribución recibida.
inicio de procedimiento e imposición de sanción
en el año 2012
Mediante la Resolución Jefatural Nº 075-2012-J/
ONPE, de fecha 17 de abril de 2012 (fojas 175 a 177 del
Expediente Nº J-2012-01135), y teniendo en cuenta el
informe antes detallado, la ONPE dispuso nuevamente
iniciar procedimiento sancionador contra el partido político
Alianza para el Progreso por la presunta infracción del
artículo 30 de la LPP, al recibir aportes que superaron el
límite legal permitido durante el ejercicio 2010. Para ello
se señaló que el exceso de aportaciones recibido por la
Universidad Cesar Vallejo S.A.C. era de S/. 939 544,00
(novecientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y
cuatro y 00/100 nuevos soles).
Con fecha 3 de mayo de 2012, el partido político Alianza
para el Progreso, absolvió el traslado (fojas 180 a 188 del
Expediente Nº J-2012-01135) de la Resolución Jefatural
Nº 075-2012-J/ONPE, luego de lo cual la ONPE emitió,
con fecha 28 de junio de 2012, la Resolución Jefatural
Nº 107-2012-J/ONPE (fojas 50 a 57 del Expediente Nº
J-2012-01135), a través de la cual sancionó al citado
partido político con una multa ascendente a S/. 9 395
440,00 (nueve millones trescientos noventa y cinco mil
cuatrocientos cuarenta y 00/100), suma que equivale a
diez veces el monto del exceso de parte de la Universidad
César Vallejo S.A.C. durante el año 2010.
Recurso de reconsideración y nulidad de la
Resolución Jefatural nº 107-2012-J/onPe
Con fecha 17 de julio de 2012, el partido político Alianza
para el Progreso interpuso recurso de reconsideración y
dedujo la nulidad del acto de notificación y la nulidad de
la Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ONPE e ineficacia
del acto administrativo que contiene y, finalmente, solicitó
la prescripción de la acción sancionadora (fojas 62 a 79
del Expediente Nº J-2012-01135), sobre la base de los
siguientes argumentos:
1. En cuanto a la notificación de la Resolución Jefatural
Nº 107-2012-J/ONPE, esta deviene en nula, toda vez que
se efectuó fuera del plazo extraordinario concedido por el
Jurado Nacional de Elecciones, mediante la Resolución
Nº 0815-2011-JNE, que dispuso que la entidad tramite,
resuelva y notifique su decisión de sanción al partido
político, como máximo hasta junio de 2012. En virtud de
dicho exceso en la notificación, la acción sancionadora de
la ONPE prescribió.
2. En cuanto al fondo de la controversia, señala que
en ninguna de las cláusulas del Contrato Nº 341159
se estipula que parte de la publicidad contratada se
va a utilizar a favor del partido político Alianza para el
Progreso; además, se tiene la comunicación efectuada
por la Universidad César Vallejo, a través de la cual se
señala que nunca realizó comunicación alguna con el
citado partido político sobre aportes de publicidad.
3. La universidad antes señalada ni el grupo Radio
Programas del Perú se comunicaron con la tesorera
del partido político sobre el referido contrato, o alguna
modificación o adenda al mismo, menos aún sobre algún
aporte.
4. César Acuña Peralta tiene la calidad de persona
natural distinta a la persona jurídica de Alianza para el
Progreso y carece de facultades para contratar, pues solo
la tiene el personero del partido político.
Resolución Jefatural nº 152-2012-J/onPe, del 28
de agosto de 2012
Con fecha 28 de agosto de 2012, la ONPE, a través de
la Resolución Jefatural Nº 152-2012-J/ONPE (fojas 28 a
34), declaró infundado el recurso de reconsideración, bajo
los siguientes argumentos:
1. Respecto a la nulidad deducida
La Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ONPE fue
notificada dentro del plazo establecido por el artículo 24
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General (en adelante LPAG), que señala que toda
notificación debe practicarse a más tardar dentro del plazo
de cinco días, a partir de la expedición del acto que se
notifique. En ese sentido, al estar debidamente notificada,
y dentro de los plazos legales, no es posible amparar la
solicitud de prescripción.
2. Respecto al fondo de la controversia
a. La ONPE, siguiendo su proceso de investigación
y de sanción, dentro del marco del literal c del artículo
36 de la LPP, determinó, previo informe, la existencia
de contribuciones individuales superiores a los topes
establecidos en el artículo 30 del cuerpo legal antes citado,
motivo por el cual impuso la multa correspondiente.
b. La ONPE, no está calificando los hechos
sucedidos como contratos de naturaleza civil, laboral o
comercial u otros, pues no tiene competencia para ello.
Lo que ha hecho es una aplicación exclusiva de la ley
de la materia.
background image
El Peruano
Jueves 1 de enero de 2015
543822
c. No es necesario acreditar el consentimiento o
recepción de parte de la tesorera del partido político
Alianza para el Progreso, por cuanto el Contrato Nº
341159 y la orden de Publicidad Nº 255, fueron suscritos
por el señor César Acuña Peralta, persona que reúne la
calidad de presidente de la Universidad César Vallejo y
presidente - fundador del partido político antes citado.
d. El análisis de la infracción cometida está centrado
en el hecho material e inobjetable de que el partido político
recibió aportes en exceso por parte de la Universidad
César Vallejo.
Recurso de apelación contra la Resolución
Jefatural nº 152-2012-J/onPe
Con fecha 4 de setiembre de 2012, el partido político
Alianza para el Progreso a través de su apoderado y
personero legal, interpuso recurso de apelación contra la
decisión de la ONPE, de declarar infundado el recurso de
reconsideración, y en consecuencia, confirmar la sanción
de multa impuesta (fojas 1 a 26 del Expediente Nº J-2012-
01135).
Los fundamentos alegados en el recurso de apelación
son los siguientes:
Respecto a la nulidad
1. Solicita la nulidad de la Resolución Jefatural Nº 107-
2012-J/ONPE, toda vez que dicha resolución fue emitida
el 28 de junio de 2012 y notificada el 2 de julio de 2012,
esto es, fuera del plazo concedido por el Jurado Nacional
de Elecciones.
2. Desde la fecha de presentación de sus descargos,
vale decir, el 5 de agosto de 2011, hasta la supuesta
expedición de la Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/
ONPE, a través de la cual, le impone la sanción de multa,
transcurrió más de un año, contraviniendo lo dispuesto en
la LPP, que establece el plazo de ocho meses contados a
partir del recibo de la documentación de la organización
política, para pronunciarse sobre su regularización y
adecuación y, de ser el caso, imponer las sanciones
correspondientes.
3. No se ha tenido en cuenta que el Código Civil es
de aplicación supletoria a las relaciones y situaciones
jurídicas reguladas por otras leyes; no hacerlo atenta
directamente contra el principio de legalidad, incurriendo
en causal de nulidad.
Respecto al fondo de la controversia
1. En el caso de autos jamás existió aceptación
por parte del partido político respecto al aporte de la
Universidad César Vallejo, toda vez que, tal como lo
informa el gerente comercial del grupo Radio Programas
del Perú S.A. a la ONPE, no ha suscrito ningún tipo de
contrato publicitario con el partido político Alianza para el
Progreso.
2. Está acreditado que ni la universidad antes
mencionada ni el grupo Radio Programas del Perú S.A.
informaron a la tesorera sobre el referido contrato o alguna
modificación o adenda, menos aún de algún aporte.
3. El partido político tampoco realizó a través de
su tesorera, que es la única persona autorizada por el
Reglamento de Financiamiento y Supervisión de fondos
partidarios, aceptación alguna del supuesto aporte
realizado.
4. Si bien es cierto, César Acuña Peralta es el
presidente del partido político, carece de facultades para
contratar publicidad a nombre de este, pues la atribución
que le confiere el artículo 21, numeral 9, del Estatuto
Partidario, es la de aprobar y autorizar la difusión de las
propuestas y planteamientos del partido a través de los
medios de comunicación, mas no contratar.
5. En ninguna parte del Contrato Nº 341159 se
establece que la publicidad era para el partido político,
por lo que la Orden Nº 255-1 no se pudo ejecutar en el
marco del contrato antes citado.
Posición del Pleno del Jurado nacional de
elecciones
A través de la Resolución Nº 1169-2012-JNE, del 19
de diciembre del 2012, publicada en el portal electrónico
institucional el 8 de febrero de 2013, el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones declaró fundado el recurso de
apelación interpuesto por el partido político Alianza para el
Progreso, y en consecuencia, declaró nula la Resolución
Jefatural Nº 152-2012-J/ONPE, del 28 de agosto de 2012,
que declaró infundadas las nulidades deducidas contra la
Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ONPE, que sancionó
al citado partido político por infracción de las normas
sobre financiamiento de los partidos políticos, así como
la Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ONPE, que impuso
una multa allí establecida al partido político Alianza para
el Progreso. En virtud de lo expuesto, dispuso que la
ONPE emita nueva resolución respetando el principio de
prohibición de la reforma en peor.
Dicha resolución se sustentó, fundamentalmente, en
los siguientes argumentos:
1. Mediante Resolución Jefatural Nº 130-2011-J/
ONPE, de fecha 4 de julio de 2011, la ONPE dispuso se
inicie procedimiento sancionador contra el partido político
Alianza para el Progreso, por la presunta comisión de la
infracción tipificada en el artículo 30 de la LPP. Luego, en
ejercicio de sus potestades sancionatorias, le impuso,
mediante Resolución Jefatural Nº 160-2011 ­J/ONPE,
una multa de S/. 2 267 440,00 (dos millones doscientos
sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y 00/100) debido
a que se estableció que el referido partido político había
recibido aportes en exceso, y por tanto, con infracción del
artículo 30 de la Ley Nº 28094.
2. Tanto el recurso de reconsideración como el de
apelación contra la referida sanción, fueron desestimados,
primero mediante Resolución Jefatural Nº 197-2011-J/
ONPE que declaró infundado el recurso, y luego mediante
Resolución Nº 0815-2011-JNE, que declaró nulas todas
las resoluciones expedidas por la Jefatura de la ONPE.
Por ello, en virtud de dichas decisiones ­expedidas en
revisión­ la Jefatura de la ONPE ha vuelto a expedir
una nueva resolución, la Resolución Jefatural Nº 107-
2012-J/ONPE, de fecha 28 de junio de 2012, esta vez
imponiendo sanción al partido político impugnante por S/.
9 395 440,00 (nueve millones trescientos noventa y cinco
mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 nuevos soles).
3. El partido político Alianza para el Progreso, según
las normas procedimentales respectivas, ejerció su
derecho a impugnar; no obstante, el resultado de dicho
ejercicio resulto ser más gravoso. En efecto, la sanción
inicial consistente en una multa de S/. 2 267 440,00 (dos
millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos
cuarenta y 00/100), resultó, luego del ejercicio de su
derecho a impugnar, en una sanción ascendente a una
suma mayor, hecho que, como se ha indicado, implica
claramente una infracción del principio de la prohibición
constitucional de la reformatio in peius.
4. En efecto, dado que la prohibición de reforma
peyorativa o reformatio in peius, se orienta precisamente
a salvaguardar el ejercicio del derecho a recurrir de las
personas que se hallan sometidas a un procedimiento
sancionador, no puede soslayarse, en el presente caso,
el hecho de que el partido político sancionado luego de
ejercer su derecho a interponer recursos, vio agravada su
situación, pues el monto de la multa que le había sido
impuesta fue sustancialmente incrementada, afectándose
con ello sus derechos constitucionales al debido proceso,
en particular la prohibición de reforma peyorativa o
reformatio in peius.
En contra de dicha decisión, con fecha 11 de marzo
de 2013, Manuel Daría Cabrera Espinoza ­ Chueca,
procurador público a cargo de los asuntos judiciales de
la ONPE, interpuso recurso extraordinario por afectación
de los derechos al debido proceso y a la tutela procesal
efectiva.
Mediante el Auto Nº 2, del 25 de abril de 2013,
publicado en el portal electrónico institucional el 27 de
mayo de 2013, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
declaró improcedente el recurso extraordinario interpuesto
por la ONPE, debido a que el citado medio impugnatorio
no resulta admisible si se interpone contra una decisión
que declara la nulidad del acuerdo, una decisión y del
procedimiento administrativo, y a que "[...] si bien el Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones limitó los alcances del
ejercicio de la potestad sancionadora de la ONPE, en
el sentido de que estableció que la multa que pudiese
imponerse a la organización política Alianza para el
Progreso no podría superar el monto de S/. 2 267 440,00
(dos millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos
cuarenta y 00/100), independientemente del monto total
en exceso en los aportes individuales realizados por la
background image
El Peruano
Jueves 1 de enero de 2015
543823
Universidad César Vallejo durante el 2010, ello no enerva
el hecho de que, en estricto, este órgano colegiado no se
ha pronunciado sobre el fondo de la controversia jurídica,
es decir, no se ha dilucidado si, efectivamente, Alianza
para el Progreso ha infringido o no las normas sobre
financiamiento de organizaciones políticas."
C) expediente nº J-2013-01087
Posición de la Oficina Nacional de Procesos
electorales
A través de la Resolución Jefatural Nº 160-2013-J/
ONPE, del 19 de agosto de 2013, la ONPE sancionó al
partido político "Alianza para el Progreso" con una multa
de S/. 9 395 440,00 (nueve millones trescientos noventa y
cinco mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 nuevos soles),
que equivale a diez veces el monto de la contribución
recibida en exceso, de parte de la Universidad César
Vallejo S.A.C., durante el año 2010 (fojas 237 al 242 del
Expediente Nº J-2013-01087).
Dicha decisión se sustentó, fundamentalmente, en los
siguientes argumentos:
1. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no
ha emitido un pronunciamiento sobre el fondo en el
procedimiento sancionador seguido en contra del partido
político Alianza para el Progreso.
2. El Jurado Nacional de Elecciones no ha declarado
nula la Resolución Jefatural Nº 075-2012-J/ONPE, que
fue la que dio inicio al procedimiento sancionador contra
el partido político Alianza para el Progreso.
3. La ONPE ha llevado a cabo y circunscrito su
actividad de investigación para verificar el monto del
tercer aporte recibido por el partido político Alianza para el
Progreso, conforme a lo ordenado por el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones a través de la Resolución Nº 815-
2011-JNE.
4. La ONPE no puede sancionar tomando en
consideración un parámetro distinto a la suma identificada
como exceso, ya que ello supondría renunciar y
desnaturalizar las competencias de verificación y control
del citado organismo.
5. La sanción impuesta es la mínima que permite el
artículo 36 de la LPP.
6. No procede invocar el principio de reforma en peor
porque la Resolución Jefatural Nº 160-2011-J/ONPE,
que impuso la multa de S/. 2 267 440,00 (dos millones
doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y
00/100 nuevos soles), fue declarada nula, por el propio
Jurado Nacional de Elecciones, con la Resolución
Nº 0815-2011-JNE, lo cual impide una relación entre
los procedimientos sancionadores iniciados en su
oportunidad.
Consideraciones del apelante
Con fecha 27 de agosto de 2013, David Abraham Toso
Arcaya, personero legal titular del partido político Alianza
para el Progreso, interpone recurso de apelación en contra
de la Resolución Jefatural Nº 160-2013-J/ONPE (fojas
01 al 25 del Expediente Nº J-2013-01087), alegando,
fundamentalmente, lo siguiente:
Sobre la invalidez de la tramitación del procedimiento
por haber operado la prescripción
1. El plazo máximo de treinta días señalado en
el artículo 91 del Reglamento de Financiamiento y
Supervisión de Fondos Partidarios que tiene la jefatura
de la ONPE para emitir la resolución correspondiente, se
encuentra comprendido dentro del plazo de ocho meses
que confiere el artículo 34 de la LPP.
2. Vencido el plazo de ocho meses al que hace
referencia el artículo 34 de la LPP, el cual es perentorio,
la gerencia de supervisión de fondos partidarios no tenía
capacidad legal para emitir informe alguno estableciendo
responsabilidad al partido político Alianza para el
Progreso.
3. Del Informe Técnico/CE ERM-10 Nº 05-GSFP/
ONPE, de fecha 13 de abril del 2011, se advierte que
el partido político Alianza para el Progreso cumplió con
hacer entrega de la información a la que se refiere el
tercer párrafo del artículo 34 de la LPP, el 22 de octubre
de 2010, por lo que el plazo para iniciar el procedimiento
administrativo sancionador venció el
21 de junio de 2011.
No obstante, esto último se produjo recién, a través de
la Resolución Jefatural Nº 130-2011-J/ONPE, de fecha
4 de julio de 2011; mientras que la Resolución Jefatural
Nº 160-2011-J/ONPE, que impone la sanción es del
25
de agosto de 2011. Así, conforme puede advertirse, el
procedimiento administrativo sancionador en contra del
partido político Alianza para el Progreso se inició cuando
ya había operado la prescripción.
4. Si bien las Resoluciones Jefaturales Nº 130-2011-
J/ONPE y Nº 160-2011-J/ONPE, fueron declaradas nulas
por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a través
de la Resolución Nº 815-2011-JNE, ello se debió por
otras violaciones al principio de legalidad, por lo que los
vicios de nulidad referidos a la prescripción subsisten a
la fecha.
Sobre la nulidad de la Resolución Nº 815-2011-JNE
1. La Resolución Nº 815-2011-JNE, resulta lesiva del
principio de legalidad, ya que desconocen y contravienen
lo dispuesto en el artículo 34 de la LPP, el artículo 91 del
Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos
Partidarios, el artículo 136, numeral 1, y el artículo 233
de la LPAG.
2. La Resolución Nº 0815-2011-JNE, parte de una
premisa errada, porque el partido político Alianza para el
Progreso presentó su informe anual en octubre del 2010,
no así en abril del 2011.
3. La prórroga del plazo señalado en el artículo 34 de
la LPP, establecida en la Resolución Nº 815-2011-JNE,
contraviene lo dispuesto en los artículos 136, numerales 1
y 3, de la LPAG, que establece los requisitos especiales y
concurrentes para habilitar una prórroga, los cuales no se
cumplen en el presente caso.
4. La Resolución Nº 815-2011-JNE, en esencia,
implicaba conceder una prórroga para que se emita
una resolución de sanción, antes que para ampliar los
alcances de la investigación que le correspondía realizar
a la ONPE, lo que implica una afectación al principio de
imparcialidad.
5. La prórroga del plazo otorgada a través de la
Resolución Nº 815-2011-JNE, no había sido solicitada por
ninguna de las partes.
6. La Resolución Nº 815-2011-JNE, al disponer
una prórroga para que la ONPE emita un nuevo
pronunciamiento, vulnera las reglas sobre la prescripción,
en sede administrativa, previstas en el artículo 233 de la
LPAG.
Sobre la nulidad de la Resolución Nº 160-2013-J/
ONPE
1. La Resolución Nº 160-2013-J/ONPE, resulta
lesiva de los principios de legalidad y de imparcialidad,
por cuanto se emitió sin previamente haber emitido un
pronunciamiento sobre el escrito presentado el 14 de
agosto del 2013, en la que se precisaba que la jefatura
de la ONPE carecía de facultades para imponer sanción
alguna, al haber prescrito la misma.
2. La Resolución Nº 160-2013-J/ONPE, resulta
lesiva del derecho a la debida motivación, debido a que
no se pronuncia ni alude a los argumentos de defensa
presentados por el partido político Alianza para el Progreso
durante el procedimiento administrativo sancionador.
3. La Resolución Nº 160-2013-J/ONPE se ha limitado
a desvirtuar los argumentos del Jurado Nacional de
Elecciones contenidos en la Resolución Nº 1169-2012-
JNE, sin tomar en cuenta que el sujeto contra el que se
tramita el procedimiento sancionador es el partido político
Alianza para el Progreso.
4. Al haberse declarado, a través de la Resolución Nº
0815-2011-JNE, la nulidad de las resoluciones jefaturales
anteriores, la Resolución Jefatural Nº 160-2013-J/ONPE,
debió de efectuar nuevamente un análisis integral sobre
el fondo de la controversia, y no limitarse a sustentar su
posición en el informe del gerente comercial del Grupo
RPP.
5. El Informe del Gerente Comercial del Grupo RPP
que sirve de sustento de la Resolución Nº 160-2013-J/
ONPE, es apócrifo y carece de validez legal.
6. No resulta suficiente el dicho o afirmación del
gerente comercial del grupo RPP, para darle validez a
sus declaraciones y, sobre la base de ello, sustentar una
sanción administrativa.
background image
El Peruano
Jueves 1 de enero de 2015
543824
7. La Orden de Publicidad Nº 255-1 no constituye
un medio de prueba idóneo para establecer ninguna
responsabilidad.
8. Se contraviene el principio de reforma en peor,
conforme lo ha indicado el Jurado Nacional de Elecciones
en la Resolución Nº 1169-2012-JNE, ya que, como
consecuencia del ejercicio de su derecho a impugnar
una decisión administrativa, se ha visto colocado en
una situación más gravosa a aquella que ameritó la
impugnación misma.
Sobre el fondo de la pretensión: la sanción impuesta
1. Se le atribuye responsabilidad objetiva al partido
político Alianza para el Progreso, lo que resulta contrario
al principio de culpabilidad, toda vez que se le imputa
haberse beneficiado con la difusión de propaganda
electoral, en un medio de comunicación, contratada por
un tercero, en este caso, la Universidad César Vallejo
S.A.C., sin que haya mediado previa intervención o
aceptación del órgano o representante competente de la
organización política.
2. Sustentar la sanción única y exclusivamente en
virtud del exceso en los aportes permitidos por particulares
resultaría contrario al principio de causalidad.
3. Lo que se sanciona con el tipo imputado en el presente
caso, es la aceptación o el recibo de aportaciones privadas
en exceso, por lo tanto, si la tesorera de la organización
política no tuvo participación en la celebración del negocio
jurídico, no podía haber conocido no solo la aportación,
sino tampoco el importe de las mismas, a efectos de
dilucidar si es que ello suponía un exceso. Dicho en otros
términos, sin la intervención o aceptación de la tesorera de
la organización política, no puede imputarse, en estricto,
la infracción prevista en el artículo 30 de la LPP, ya que el
partido político, como tal, no ha expresado válidamente su
voluntad de aceptar o recibir la donación.
4. La transferencia a título gratuito de publicidad es,
en el fondo, una donación, modalidad contractual que
requiere, para su perfeccionamiento, de la aceptación o
consentimiento por parte del beneficiario (artículo 1352 del
Código Civil), que solo podía manifestada por la tesorera
del partido político Alianza para el Progreso.
El informe de fiscalización
A través del Informe Nº 322-2013-DNFPE/JNE, del 10
de octubre de 2013, remitido por Alberto Takao Kuroiwa
Bermejo, Director Nacional de Fiscalización y Procesos
Electorales encargado del Jurado Nacional de Elecciones
(fojas 636 al 640 del Expediente Nº J-2013-01087), se
concluye que se encuentra acreditada la comisión de
la infracción imputada, por lo que resulta proporcional y
válida la sanción impuesta.
CueSTioneS en DiSCuSión
Las materias controvertidas en el presente caso
consisten en determinar lo siguiente:
1. Si había operado el plazo de prescripción para el
inicio del procedimiento administrativo sancionador en
contra de la organización política de alcance nacional
Alianza para el Progreso.
2. Si la Resolución Nº 160-2013-J/ONPE ha vulnerado
el derecho a la debida motivación respecto de la
organización política de alcance nacional Alianza para el
Progreso.
3. Si con la imposición de la multa en la Resolución
Nº 160-2013-J/ONPE, se ha vulnerado el principio que
proscribe la reforma en peor.
4. Si se incurre en la conducta imputada.
CONSIDERANDOS
Sobre la alegada prescripción para el inicio del
procedimiento administrativo sancionador
1. El recurrente alega que el plazo para iniciar el
procedimiento administrativo sancionador venció el 21 de
junio de 2011, habida cuenta que la organización política
de alcance nacional Alianza para el Progreso cumplió con
entregar la información a la que se refiere el tercer párrafo
del artículo 34 de la LPP, el 22 de octubre de 2010. En ese
sentido, la parte apelante entiende que el plazo previsto
en el artículo 91 del Reglamento de Financiamiento
y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado por
Resolución Jefatural Nº 060-2005-J-ONPE, se encuentra
comprendido dentro del plazo de ocho meses al que se
refiere el artículo 34 de la LPP.
2. Al respecto, cabe mencionar que el artículo 34 de la
LPP establece expresamente lo siguiente:
"
Artículo 34.- Verificación y control
Los partidos políticos, los movimientos de alcance
regional o departamental y las organizaciones políticas
de alcance provincial y distrital deben prever un sistema
de control interno que garantice la adecuada utilización
y contabilización de todos los actos y documentos de
los que deriven derechos y obligaciones de contenido
económico, conforme a los estatutos.
La verificación y control externos de la actividad
económico-financiera de los partidos políticos, los
movimientos de alcance regional o departamental y las
organizaciones políticas de alcance provincial y distrital
corresponden exclusivamente a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE), a través de la Gerencia de
Supervisión de Fondos Partidarios.
Los partidos políticos, los movimientos de alcance
regional o departamental y las organizaciones políticas de
alcance provincial y distrital presentan ante la Gerencia
de Supervisión de Fondos Partidarios,
en el plazo de
seis (6) meses contados a partir del cierre de cada
ejercicio anual, un informe financiero. Asimismo, la
Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios puede
requerir a los partidos y organizaciones políticas para que,
en el plazo que les indique, presenten una relación de
las aportaciones a que se refiere el artículo 30, que
contiene el importe de cada una de ellas y, en su caso, los
nombres y direcciones de las personas que las han
realizado.
La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios
, en
el plazo de ocho meses contados desde la recepción
de la documentación señalada en el párrafo anterior,
se pronunciará sobre la regularidad y adecuación a lo
dispuesto en la presente ley, aplicando, en su caso, las
sanciones respectivas de acuerdo a lo establecido en el
artículo 36 de la presente ley." (Énfasis
Por su parte, el artículo 91 del Reglamento, invocado
por la parte apelante, señala que:
"
Artículo 91.- Análisis y decisión de la jefatura de
la onPe
Con la información recibida de la Gerencia, el/la Jefe/
Jefa de la ONPE toma la decisión correspondiente.
Puede disponer que sean realizadas actuaciones
complementarias que sean indispensables para resolver
el procedimiento.
El plazo máximo que tiene el/la Jefe/Jefa de la ONPE
para pronunciarse, es de treinta (30) días."
3. Una interpretación sistemática y unitaria de ambas
disposiciones o enunciados normativos permite extraer
las siguientes normas:
a. El deber de las organizaciones políticas de presentar
los informes financieros, en lo que se refiere al artículo 34
de la LPP, es de periodicidad anual. Por lo tanto, el hecho
de que la organización política realice entregas o informes
parciales durante el mismo ejercicio anual, no enerva el
deber normativo-legal de esta última ­entiéndase, la
organización política­ de elaborar y remitir a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, el informe anual, una
vez concluido el ejercicio correspondiente.
b. Como consecuencia del deber antes mencionado, el
plazo de seis (6) meses para entregar el informe anual, se
computa a partir del cierre del inmediatamente anterior.
c. El plazo de ocho meses que posee la Gerencia
de Supervisión de Fondos Partidarios para evaluar la
regularidad y adecuación del informe anual presentado
por las organizaciones políticas, se computa a partir del
recibo de dicho informe. Por lo tanto, dicho plazo no inicia
a partir del día siguiente de culminado el ejercicio anual o
de recibido el informe parcial que remita la organización
política antes del vencimiento del citado ejercicio anual.
d. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios no
tiene competencia para imponer sanciones por infracción
de las normas sobre financiamiento a las organizaciones
políticas.
background image
El Peruano
Jueves 1 de enero de 2015
543825
e. El periodo que tiene la jefatura de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales para emitir un pronunciamiento
sobre la adecuación y regularidad del informe financiero
anual, se computa a partir del día siguiente de recibido el
informe que remite la Gerencia de Supervisión de Fondos
Partidarios.
f. Los plazos que tiene, por un lado, la Gerencia de
Supervisión de Fondos Partidarios, para evaluar el informe
financiero anual que presentan las organizaciones políticas
y, por otro, la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, para pronunciarse sobre dicho informe emitido
por la Gerencia, son distintos y sucesivos. Es decir, para
que inicie el cómputo del plazo de la jefatura de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, resulta preciso que la
Gerencia haya emitido el informe respectivo.
4. A partir de las normas que claramente se
desprenden de las disposiciones citadas por el propio
recurrente, siendo que incluso podrían extraerse de
una interpretación literal y semántica de las mismas, se
puede concluir que el plazo para iniciar el procedimiento
administrativo sancionador no había prescrito o vencido
el 21 de junio de 2011, puesto que todavía se encontraba
vigente el plazo para que la Gerencia de Supervisión de
Fondos Partidarios emita un pronunciamiento sobre la
regularidad o adecuación del informe financiero anual
remitido por la organización política. Por tal motivo, dicho
extremo del recurso de apelación debe ser desestimado.
5. Sin perjuicio de lo expuesto en el considerando
anterior, este órgano colegiado considera necesario
absolver la interrogante: ¿cuál es el plazo para iniciar el
procedimiento administrativo sancionador?
Adviértase que la LPP regula un plazo de ocho meses,
pero para que la Gerencia de Supervisión de Fondos
Partidario analice la regularidad y adecuación a la LPP del
informe financiero anual que presente una organización
política. Tomando en cuenta que dicha gerencia no tiene
la titularidad de la potestad sancionadora, no puede
comprenderse dentro de dicho plazo, aquel que se tiene
para iniciar un procedimiento administrativo sancionador,
puesto que la gerencia en cuestión solo podría recomendar
el inicio del citado procedimiento y la imposición de la
sanción correspondiente.
Por su parte, el artículo 91 del Reglamento prevé un
plazo de treinta días hábiles para que el jefe de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales emita pronunciamiento,
sin embargo, no se precisa si dicho plazo está referido a la
determinación de abrir o no procedimiento administrativo
sancionador o si alude al periodo en el cual se debe
tramitar y concluir dicho procedimiento.
6. De considerarse que el plazo previsto en el artículo
91 del Reglamento hace referencia al plazo para el
inicio del procedimiento administrativo sancionador, la
consecuencia práctica sería la duplicación del periodo
de incertidumbre jurídica del particular, en este caso,
la organización política. Efectivamente, tendría que
computarse el plazo de treinta días para el inicio del
procedimiento sancionador, más los treinta días hábiles
que, como máximo, podría demorar la tramitación y
resolución del citado procedimiento (artículo 142 de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General), además del plazo de cinco días que se tiene
para notificar tanto el inicio del procedimiento como lo que
se decida en este (artículo 24 de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General).
Por su parte, si se considera que el plazo previsto
en el artículo 91 del Reglamento alude al plazo para
iniciar, tramitar y resolver el procedimiento administrativo
sancionador, nos encontraríamos ante un único plazo, de
tal manera que durante los treinta días a los que hace
referencia dicho artículo, el jefe de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales deberá emitir y notificar la
resolución que dispone el inicio del procedimiento
administrativo sancionador, disponer la realización de
actuaciones complementarias (lo que podría implicar
el requerimiento de documentación complementaria),
y resolver el procedimiento en cuestión. A dicho plazo,
podría adicionarse los cinco días que, como máximo se
tienen para notificar la resolución (artículo 24 de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General).
Entre ambas interpretaciones, este órgano colegiado
estima que debe optarse por la segunda de ellas, por
cuanto resulta más favorable a los principios de economía
y celeridad procesal, además de optimizar el principio de
seguridad jurídica, ya que importa la exigencia de que se
resuelva la situación jurídica del particular en el menor
plazo posible.
Sobre la alegada vulneración del derecho a la
debida motivación
7. El recurrente alega que, al haberse declarada la
nulidad de las resoluciones anteriormente emitidas por la
Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Resolución
Jefatural Nº 160-2013-J/ONPE, debió de haber efectuado,
nuevamente, un análisis integral sobre el fondo de la
controversia.
8. Al respecto, debe precisarse que este Supremo
Tribunal Electoral no ha emitido pronunciamiento sobre
el fondo de la controversia en el presente caso, ni en la
Resolución Nº 00815-2011-JNE, del 12 de diciembre de
2011 (Expediente Nº J-2011-00735), ni en la Resolución Nº
1169-2012-JNE, del 19 de diciembre de 2012 (Expediente
Nº J-2012-01135). Por lo tanto, no puede concluirse que
este órgano colegiado cuenta con un pronunciamiento,
con calidad de cosa juzgada electoral, en la que concluya
que la organización política de alcance nacional Alianza
para el Progreso infringió 30 de la LPP, en lo relativo al
monto máximo de aportes privados realizados por una
misma persona natural o jurídica, ni por el exceso en
los aportes por S/. 226 744,00 (doscientos veintiséis mil
setecientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles),
ni por S/. 939 544,00 (novecientos treinta y nueve mil
quinientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles).
No obstante que este Supremo Tribunal Electoral
haya declarado la nulidad de las resoluciones jefaturales
anteriores, debe recordarse que ello se debió a
transgresiones de naturaleza procedimental: primero,
porque no se realizó un análisis integral del exceso de los
aportes durante todo el ejercicio anual y, luego, porque se
había transgredido el principio de proscripción de reforma
en peor.
9. En ese sentido, al haberse circunscrito las nulidades
a infracciones de índole procedimental y no haberse
efectuado un análisis sobre la valoración de fondo
realizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
este órgano colegiado considera que resulta admisible
que el citado organismo constitucional autónomo, en
la resolución impugnada, a efectos de salvaguardar
el derecho a la debida motivación de Alianza para el
Progreso, se remita al análisis de fondo efectuado en
las resoluciones que fueron anuladas, por vicios de
procedimiento, por el Supremo Tribunal Electoral, siendo
que, en todo caso, debió profundizar dicho análisis ante
las nuevas alegaciones, argumentos o documentos,
relativos a la infracción imputada, presentados por la
organización política.
10. Asimismo, debe tomarse en consideración que nos
encontramos ante la misma la organización política, ante
la misma imputación, sustancialmente ante los mismos
o similares documentos que sustentan la imposición de
la sanción impuesta por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, y ante pronunciamientos sucesivos que se
emiten como consecuencia de nulidades sustentadas en
vicios procedimentales, por lo que la reiteración expresa
de una motivación expuesta en más de una oportunidad,
dirigida a un caso concreto y a un mismo destinatario,
resultaría inoficiosa, por lo que su omisión no constituiría,
per se, una vulneración al derecho a la debida motivación
de la parte apelante.
Así, es preciso recordar que no toda transgresión
de los derechos al debido procedimiento o a la debida
motivación acarrearán necesariamente la nulidad de la
decisión administrativa o de todo el procedimiento, sino
solo aquellas que revistan de singular gravedad y que
anulen la posibilidad del ejercicio de los derechos que
comprende el debido proceso (derecho de defensa,
derecho a la prueba, derecho de acceso a los recursos,
etc.).
11. Atendiendo a ello, corresponde dar cuenta de la
fundamentación relevante expuesta tanto en la resolución
impugnada como en los pronunciamientos anteriores
emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
relacionados al presente caso:
a. Resolución Nº 160-2013-J/ONPE, del 19 de agosto
de 2013 (fojas 71 al 76)
"Que, como primer punto debemos considerar que
el JNE no ha declarado nula la Resolución Jefatural Nº
background image
El Peruano
Jueves 1 de enero de 2015
543826
075-2012-J/ONPE, la cual da inicio al procedimiento
sancionador contra APP, advirtiéndose que dicho partido
recibió como aportes en exceso la suma de: Novecientos
Treinta y Nueva Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro y 00/100
nuevos soles (S/, 939, 544.00);
[...]
Que adicionalmente a lo mencionado, la ONPE cursó
el Oficio Nº 040-2012-JAVC-GSFP/ONPE, al Gerente
Comercial del Grupo RPP, Sr. Benjamín Otero Santa
María, en el que se le consulta lo siguiente: nombre de la
persona que solicitó la emisión de la Orden de Publicidad
Nº 255-1, transmitida a favor de APP; documentación
dirigida a la UCV o a APP acreditando el cumplimiento de
la orden de la publicidad antes citada y documentación de
carácter contable o tributario referida a dicha orden, por
concepto de servicios de publicidad electoral contratados
por la UCV. En respuesta a la ONPE, el Grupo RPP,
mediante Oficio GC-025-2012 de fecha 21 de junio de
2012, contesta que: "las coordinaciones para la emisión
de la orden de publicidad Nº 255-1 fueron coordinadas
directamente con la Universidad César Vallejo", asimismo,
se menciona que dicha universidad fue informada de
los horarios de transmisión de publicidad (se adjunta
documento de horarios de transmisión teniendo como
cliente a la UCV y como línea de producto a APP);
Que, con los documentos emitidos por el Gerente
Comercial del Grupo RPP se ha probado fehacientemente
el aporte de la UCV a APP. [...]
[...]
Que, de este modo, consideramos que no hay forma
de que la ONPE sancione teniendo en cuenta un monto
distinto a la suma identificada como exceso, sanción
que al aplicarse se encuentra dentro del Principio de
Razonabilidad, recogido en el numeral 1.4 de la Ley Nº
27444, lo contrario significaría renunciar y desnaturalizar
la competencia de verificación y control que la ONPE
tiene asignada;
Que, al respecto, debe considerarse que la sanción
a imponerse es la mínima permitida por ley, como es 10
veces la contribución recibida, de acuerdo al literal c) del
artículo 36 de la Ley Nº 28094."
b. Resolución Jefatural Nº 160-2011-J/ONPE, del 26
de agosto de 2011 (fojas 79 al 84).
"Que, conforme a lo antes señalado, queda acreditado
que APP ha hecho uso de publicidad radial contratada por
la UCV, durante el año 2010, y transmitida a través del
Grupo RPP entre el 19 de agosto y el 1 de octubre del año
2010. Sin embargo, en cuanto al desconocimiento aludido
por el referido partido, éste queda desvirtuado toda vez
que con fecha 22 de noviembre de 2010, el Área de
Verificación y Control de la GSFP mediante Oficio Nº 189-
2010-JAVC-GSFP/ONPE dirigido a la tesorera del partido,
como parte del proceso de verificación y control, comunicó
que en la información de gastos de campaña electoral de
las Elecciones Regionales y Municipales 2010 presentada
por la referida organización política, no había incluido los
gastos de publicidad estimados por la supervisora de
medios contratada por la ONPE, adjuntándole el detalle
respectivo y solicitante información sobre dicho punto;
Que con fecha 7 de diciembre de 2010, mediante
Oficio Nº 1147-2010-GSFP/ONPE la GSFP comunica
a la tesorera de APP, que se había determinado que el
partido recibió aportaciones en especie por el equivalente
de Doscientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta
y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles (S/. 282,744.00),
provenientes de la UCV por concepto de publicidad
política, solicitándole informar las razones por las
cuales, dicha publicidad no fue incluida en la rendición
de cuentas presentada a la ONPE, extendiéndose estas
comunicaciones al presidente del partido mediante Oficios
Nros. 1163 y 1189-2010-GSFP/ONPE de fechas 16 y 28 de
diciembre de 2010, tal como consta en el "Informe sobre
exceso de aportaciones recibidas por el partido político
Alianza para el Progreso, durante el año 2010, de parte
de la Universidad César Vallejo", (en adelante el Informe
sobre exceso de aportaciones), debidamente notificado a
APP con fecha 5 de julio de 2011;
Que, el segundo aspecto del descargo formulado
por APP indica: "Por la misma razón expuesta
precedentemente, es decir, el desconocimiento de la
existencia de la Orden Nº 255, del Contrato Nº 341159, así
como de la existencia de las Facturas Nº 001-0080284,
001-0081194 y 001-0082086, así como de la modalidad
bajo la cual se había efectuado el uso de la publicidad, es
que la Tesorera del Partido no declaró dicha suma como un
aporte de la Universidad César Vallejo S.A.C. o el Grupo
"Radio Programas del Perú" (Grupo RPP) a nuestro favor,
pues no tuvo intervención alguna en dicha operación, es
más, en ningún momento el grupo "Radio Programas del
Perú" (Grupo RPP) la convocó para los fines a que se
contrae el último párrafo del artículo 55 y los incisos 2
y 4 del artículo 61 del "Reglamento de Financiamiento
y Supervisión de Fondos Partidarios", pues de haberlo
hecho seguramente que se habría percatado de la
imposibilidad de aceptar una donación de tal naturaleza".
Sobre esta precisión formulada por el partido político
Alianza para el Progreso, resulta cierto que de acuerdo a
nuestro ordenamiento legal, la publicidad solo puede ser
contratada por el tesorero del partido político (artículo 40
de la Ley Nº 28094), así también no existe la obligación de
los medios de comunicación de convocar a los tesoreros
de las organizaciones políticas para que estos cumplan
con sus obligaciones legales;
[...]
Que, al respecto, debe observarse que no se encuentra
en cuestión si APP ha suscrito o no contratos con el Grupo
Radio Programas del Perú (Grupo RPP) o con la UCV sino
la vulneración de las normas por parte del referido partido
político, al haber recibido aportaciones en exceso durante
el año 2010, de parte de la referida casa de estudios, [...]
Que, en cuanto al contrato de mutuo que menciona
haber celebrado APP con la UCV, el 5 de julio de 2011,
fecha en que fue notificada la indicada organización
política con el Informe sobre exceso de aportaciones, se
pretendería evadir hechos consumados (aporte recibido
y materializado), careciendo dicho acto jurídico de la
formalidad prevista en el artículo 44 del Reglamento,
citado por la propia apoderada y representante ley del
partido político, pues dicho acuerdo no cuenta con firmas
legalizadas ante notario público;
[...]
Que, por lo mencionado, la conversión de aportaciones
en exceso provenientes de la UCV a APP en una operación
de préstamo, carece de credibilidad y transparencia sobre
la forma de obtención del financiamiento privado por
parte de la mencionada organización política. Además
de las situaciones descritas, la GSFP ha observado
que el representante, fundador y presidente del partido
político Alianza para el Progreso (deudor) es la misma
persona que representa o que es propietaria de la UCV
(acreedor);"
c. Resolución Jefatural Nº 197-2011-J/ONPE, del 17
de octubre de 2011 (fojas 85 al 91)
"Que, en ese sentido, uno de los documentos
fundamentales que prueban la materialización del aporte
por concepto de publicidad, es la Orden de Publicidad
Nº 255, suscrita por el señor César Acuña Peralta, en
su calidad de representante de la universidad, dicho
documento tiene como observaciones lo siguiente: "Spot
de Campaña Política de Alianza para el Progreso", con
lo cual queda claro la persona jurídica que aporta y la
finalidad del mismo.
[...]
Que, de acuerdo a los fundamentos antes expuestos,
resulta irrelevante evaluar si el señor César Acuña Peralta
ha firmado carta u oficio en el cual autorice que se ceda
a APP el tiempo de publicidad contratado al Grupo RPP
por la universidad, como exponen los impugnantes, más
aún si en ningún momento han discutido la contratación y
pago de la publicidad hecha por la mencionada persona
jurídica, que es el punto central de la infracción;
[...]
background image
El Peruano
Jueves 1 de enero de 2015
543827
Que, asimismo, debe precisarse que la Gerencia de
Supervisión de Fondos Partidarios con Oficio Nº 1147-
2010-GSFP/ONPE, recibido el 9 de diciembre de 2010
por APP, menciona claramente que la publicidad política
contratada por la universidad a favor de APP constituye
una financiación en la modalidad de aporte en especie, y
que sin embargo no ha sido incluida en la información de
ingresos/aportaciones y gastos de campaña presentada
por el partido.
[...]
Que, al respecto, debemos decir que deben separarse
los supuestos regulados por la norma respecto al rubro
sobre publicidad. Así, tanto el artículo 40 de la Ley Nº
28094, Ley de Partidos Políticos, como el artículo 55
del reglamento, al determinar que el tesorero tiene, de
manera exclusiva, la atribución de contratar publicidad,
está referida a aquella que la organización política puede
contratar directamente, para hacer uso de su campaña
electoral, por ello, las normas mencionadas establecen
plazos, formas de contratación u otros aspectos, a fin
de regular una competencia electoral en igualdad de
condiciones y no está vinculada esta obligación, a la
publicidad ya contratada por terceros, y que estos la
destinen luego como un aporte en especie a favor de una
organización política.
[...]
Que, asimismo, debemos mencionar que de acuerdo
al artículo 21 del Estatuto del Partido Político Nacional
Alianza para el Progreso, el Presidente-Fundador Vitalicio
de este partido es el señor César Acuña Peralta, y de
acuerdo a la Partida Nº 11000289 de la Oficina Registral
Trujillo figura como Presidente del Directorio de la
Universidad César Vallejo S.A.C., el señor César Acuña
Peralta, directorio que fue elegido por el periodo febrero
2011-2014. En tal sentido, se puede concluir que existe
una vinculación directa entre la parte deudora y la parte
acreedora, con lo cual no estaríamos ante un contrato de
mutuo, en donde el mutuante es una persona totalmente
distinta al mutuatario, por lo que entre ellas existirían
obligaciones recíprocas, sino ante actos de administración
ejecutados bajo el control y supervisión de una misma
persona natural, al margen de que la representación en la
celebración del supuesto contrato de mutuo sea ejercida
por terceros;"
d. Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ONPE, del 28
de junio de 2012 (fojas 106 al 113)
"Que, al respecto, debemos señalar que no es
necesario acreditar consentimiento o recepción por
parte de la tesorera de APP, conforme lo señala el
descargo presentado, por cuanto el Contrato Nº 341159
y la Orden de Publicidad Nº 255 fueron suscritos por el
señor César Acuña Peralta, persona que tiene la calidad
de Presidente de la UCV y Presidente Fundador de APP.
Luego, al tener dicha universidad la calidad de cliente/
anunciador y por la suscripción del referido contrato se
obtuvo un bono a favor de la universidad, materializado
en la Orden de Publicidad Nº 255-1, por lo que ambas
órdenes se encontraban relacionadas; motivo por el
cual no resulta verosímil alegar el desconocimiento
de esta última. Lo anteriormente descrito consta en la
comunicación del Grupo RPP, de fecha 30 de noviembre
de 2010, remitida a la ONPE por el Gerente Comercial
Max Iglesias Dulanto;
Que, un argumento adicional sobre este punto, es que
resulta suficientemente acreditado que el señor César
Acuña Peralta, en su condición de "Presidente-Fundador"
de APP, contaba con la atribución de aprobar y autorizar la
difusión de las propuestas y planteamientos del partido a
través de los medios de comunicación, tal como consta en
el numeral 9, Artículo 21 del Estatuto partidario;
[...]
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 230 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, basta acreditar la relación causal
entre la infracción y la actuación del administrado para
imputarle la misma, no significando que esta imputación
enerve la necesidad de realizar el correspondiente
procedimiento para el deslinde de responsabilidades, tal
como sucediera en el presente caso;
Que, de acuerdo a lo expuesto, el requisito de tipicidad
previsto en la Ley de Partidos Políticos, para proceder a la
imposición de la sanción, es la acreditación del aporte en
exceso, sin que sea necesario demostrar su recepción por
parte de los representantes de APP;"
12. En ese sentido, tomando en cuenta que: a)
independientemente de las nulidades dispuestas por este
órgano colegiado, la organización política recurrente fue
notificada de todas las resoluciones antes mencionadas,
b) a pesar de que no se ha emitido, a la fecha, un
pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, no es
la primera oportunidad que este órgano colegiado conoce
del presente procedimiento, y c) la organización política
recurrente, como ocurrió en los medios impugnatorios
que ameritaron los pronunciamientos anteriores de este
Supremo Tribunal Electoral, ha realizado defensa sobre el
fondo de la imputación en mérito de la cual se le impone
la sanción; se concluye que lo que se presenta en el caso
concreto, más que una alegada transgresión a la debida
motivación, es una discrepancia con los parámetros o
criterios interpretativos y argumentos utilizados por la
Oficina Nacional de Procesos Electorales para justificar
la imposición de la sanción, por lo que corresponde
desestimar dicho argumento del recurso de apelación, en
aras de favorecer la emisión de un pronunciamiento sobre
el fondo de la pretensión.
Sobre la alegada contravención al principio de
proscripción de la reforma en peor
13. El recurrente sostiene que se transgrede el
principio de prohibición de la reforma en peor y, con ello,
lo resuelto por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
en la Resolución Nº 1169-2012-JNE, que declaró nula
la Resolución Jefatural Nº 152-2012-J/ONPE, del 28
de agosto de 2012, y dispuso que la Oficina Nacional
de Procesos Electorales emita una nueva resolución
respetando el principio antes mencionado.
Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos
Electorales alega que no procede invocar la contravención
al principio de prohibición de la reforma en peor, toda
vez que el citado principio tiene como finalidad evitar
que el pronunciamiento del órgano que va a conocer en
grado de reconsideración o apelación, sea más gravoso
o perjudicial para el administrado. Agrega que, ambos
supuestos mencionados no se presentan pues en el
primer caso, conforme al artículo 36 de la Ley de Partidos
Políticos, la Jefatura de la ONPE sanciona como única
instancia administrativa, además que no podría haber
una Resolución Jefatural más gravosa que otro, pues la
Resolución Jefatural Nº 160-2011-J/ONPE que impuso a
multa de S/.2 267 440,00 (dos millones doscientos sesenta
y siete mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 nuevos soles
fue declarada nula con la Resolución Nº 0815-2011-JNE,
lo cual impide una relación entre los procedimientos
sancionadores iniciados en su oportunidad.
14. Ahora bien, efectivamente, el presupuesto de
aplicación del principio de proscripción de la reforma en
peor lo constituye el hecho de que exista una primera
sanción, emitida por el órgano de primera instancia.
Así, lo que se persigue con dicho principio es evitar que
el órgano revisor o de segunda instancia, en virtud del
control jurisdiccional de forma y fondo de la resolución
impugnada, agrave la situación jurídica del impugnante a
través de la imposición de una sanción más intensa, sea
dentro del misma infracción en virtud de la cual se impuso
la sanción primigenia o modificando dicha infracción para
imponer una sanción más grave.
15. Recuérdese que la prohibición de la reformatio in
peius o reforma peyorativa, tal como lo ha señalado este
Supremo Tribunal Electoral, se erige como una garantía
frente al poder punitivo del Estado, teniendo como esencia
una naturaleza evidentemente penal; sin embargo,
proyecta sus efectos también al ámbito administrativo.
En efecto, «la prohibición de la reforma peyorativa o
reformatio in peius, como la suele denominar la doctrina,
es una garantía implícita en nuestro texto constitucional
que forma parte del debido proceso judicial (cf. Exp.
1918-2002-HC/TC) y está orientada precisamente a
salvaguardar el ejercicio del derecho de recurrir la
decisión en una segunda instancia sin que dicho ejercicio
implique correr un riesgo mayor de que se aumente la
background image
El Peruano
Jueves 1 de enero de 2015
543828
sanción impuesta en la primera instancia. En este sentido,
(...) la garantía constitucional de la prohibición de reforma
peyorativa o reformatio in peius debe entenderse como
una garantía que proyecta sus efectos también en el
procedimiento administrativo sancionador y, en general,
en todo procedimiento donde el Estado ejercite su poder
de sanción y haya establecido un sistema de recursos
para su impugnación» (Exp. Nº 1803-2004-AA/TC).
Así, la prohibición de la reformatio in peius es una
garantía que establece límites al poder sancionador del
Estado en un doble sentido. Por un lado, la actividad
del órgano revisor queda limitada a lo propuesto por
el impugnante, quedando a salvo de que la instancia
revisora exceda los términos en que fue propuesto el
recurso, y por otro lado, que no se adopte una decisión o
se imponga una sanción que termine siendo más gravosa
para el recurrente.
16. Al respecto, este órgano colegiado en la Resolución
Nº 1169-2012-JNE, expuso lo siguiente:
"[...]
8. Aquí, cabe destacar que el partido político Alianza
para el Progreso, según las normas procedimentales
respectivas, ejerció su derecho a impugnar; no obstante,
el resultado de dicho ejercicio resulto ser más gravoso.
En efecto, la sanción inicial consistente en una multa
de S/. 2 267 440,00 (dos millones doscientos sesenta y
siete mil cuatrocientos cuarenta y 00/100), resultó, luego
del ejercicio de su derecho a impugnar, en una sanción
ascendente a una suma mayor, hecho que, como se ha
indicado, implica claramente una infracción del principio
de la prohibición constitucional de la reformatio in peius.
[...]"
17. Por su parte ONPE a través de la resolución
cuestionada ha señalado como uno de sus argumentos
para señalar que no se ha infringido el principio de
reforma en peor, que la Jefatura de la ONPE sanciona
como única instancia administrativa, por lo que no
puede ser considerada como una decisión emitida en
vía de reconsideración o apelación ya que se trata de
procedimientos sancionadores distintos en lo que no
existe conexión.
18. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que el
procedimiento sancionador iniciado por la ONPE se trata
de uno e indivisible, pues está referido a un mismo partido
político (Alianza para el Progreso), respecto de un mismo
ejercicio anual (2010), y respecto a los mismos hechos e
infracción.
19. De otro lado, se tiene que tanto la organización
política recurrente como el organismo electoral han hecho
énfasis a la nulidad declarada por este Supremo Tribunal
Electoral. Al respecto, debe tenerse en cuenta que
existen casos en los que el recurso es interpuesto con la
finalidad de que se celebre un nuevo juicio, toda vez que
se advierten vicios en el procedimiento que invalidan de
algún modo la decisión, tal como sucedió en el presente
caso, en el que hasta en dos oportunidad se declaró la
nulidad.
Dicha declaración de nulidad nos dice tácitamente
de que "todo" se repetirá, con lo cual las partes incluso
el tribunal, recobraría la plenitud de sus derechos y
facultades para así libremente ejercer su criterio y su
discrecionalidad.
20. En relación a ello, el profesor argentino Sergio A.
Militello, sostiene que se erigen dos posibilidades: a) si
nos atenemos al hecho de que el nuevo juicio presupone
plena libertad de los intervinientes estos podrán actuar sin
ningún tipo de limitación o atadura proveniente del hecho
de haber existido un juicio anterior anulado; b) si por el
contrario damos prioridad al hecho de que el nuevo juicio
es producto de un recurso, interpuesto por la defensa,
debemos admitir que la nueva sentencia o acto que se
dicte no podrá empeorar la situación del recurrente en
comparación con la sentencia que recurrió.
21. Ahora bien, teniendo en cuenta ello, se advierte
que en palabras del propio Tribunal Constitucional
Peruano este es el espíritu que subyace por ejemplo
en la Ley Nº 27457, que modificó el artículo 300 del
Código de Procedimiento Penales. Esta ley es clara en
definir que si solo el sentenciado solicita la nulidad de
la sentencia condenatoria, entonces el ius puniendi del
estado, cuyo poder se expresa en la actuación de la
instancia decisoria ha encontrado límite: el quantum de la
pena no podrá der aumentado. Distinto, como es lógico,
será el caso en que el propio estado haya mostrado su
disconformidad con el establecimiento de la pena, a través
de un recurso impugnatorio, pues en tal circunstancia el
juez de segunda instancia queda investido incluso de la
facultad de aumentar la pena siempre que ello no importe
la afectación del derecho de defensa, esto es, siempre
que no se sentencia sobre la base de un supuesto que no
haya sido materia de acusación.
22. Teniendo en cuenta este panorama, y tal como lo
hemos señalado en el considerando 15 de la presente
resolución, si bien la prohibición de la reformatio in peius o
reforma peyorativa tiene una naturaleza penal también lo
es que sus efectos se proyectan al ámbito administrativo,
por lo que estando a que en el caso de autos, se advierte
que el procedimiento sancionador iniciado al partido
político Alianza para el Progreso tiene un único origen (la
existencia de aportaciones que superarían el límite legal
permitido), en el cual la consecuencia final, ha sido más
gravosa al recurrente, pues luego de ejercer su derecho
de defensa vio incrementada sustancialmente la multa
impuesta, este órgano colegiado considera que se ha
realizado una aplicación indebida, tal como se señaló
en la Resolución Nº 1169-2012-JNE, de la reformatio
in peius, por ello, y estando a los argumentos antes
expuestos, corresponde amparar este extremo del recurso
de apelación.
Análisis del caso concreto
23. Cuando nos encontramos ante el ejercicio de
potestades fiscalizadoras que pueden conllevar al
inicio y tramitación de un procedimiento sancionador o
disciplinario, constituye un deber inherente a toda entidad
pública proceder con la debida diligencia, lo que supone
que se efectúe una investigación exhaustiva en torno a
las presuntas irregularidades e infracciones cometidas,
así como un alto nivel de precisión en torno a qué tipos de
infracciones implicaría cada conducta.
24. Lo expuesto en el considerando anterior reviste de
singular relevancia en casos como el que motiva la emisión
de la presente resolución, debido a que la determinación
de la sanción aplicable y la cuantía de la misma operan de
manera aritmética. Efectivamente, la determinación de la
sanción mínima aplicable está supeditada por el exceso
en los aportes, por lo que la dilucidación de aquel exceso
tiene relación directa con la sanción a imponerse.
25. Ahora bien, debe atenderse también al principio
de seguridad jurídica y al derecho a la tutela procesal
efectiva, que implican que no resulta constitucionalmente
legítimo que se extienda indeterminadamente en el
tiempo la duración de la tramitación de los procedimientos
administrativos sancionadores, máxime si dicha extensión
es producto de nulidades previas generadas por vicios en
la tramitación de dichos procedimientos.
26. En el presente caso, nos encontramos ante
un proceso que se inició como consecuencia de una
irregularidad que se produjo en el año 2010, con motivo
del proceso de Elecciones Regionales y Municipales de
aquel año. Así, se aprecia claramente que el procedimiento
disciplinario se ha extendido por un periodo que excede los
límites que imponen la razonabilidad y proporcionalidad.
Atendiendo a ello, este órgano colegiado considera
que corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo
en el presente caso.
27. Al respecto, para este Supremo Tribunal Electoral, el
hecho de que el tesorero no haya formulado una oposición
específica, inmediata y oportuna respecto de los aportes
de los cuales se vio favorecida la organización política, al
no haber procedido a efectuar el pago por devolución de
lo que representaba la publicidad contratada, y al no haber
comunicado inmediatamente al medio de comunicación
que no había aceptado dicha publicidad a su favor, permite
concluir que existió una aceptación tácita de la misma, por
lo que se configura la infracción imputada por la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Y es que debe recordarse que las infracciones no se
configuran únicamente por la realización de una conducta
comisiva, sino también por una conducta omisiva, como
es el caso, materializada por el órgano competente
de la organización política, es decir, el tesorero de la
organización política recurrente.
28. Si bien este órgano colegiado coincide con la
Oficina Nacional de Procesos Electorales tanto en la
infracción imputada como en el monto respecto del cual
background image
El Peruano
Jueves 1 de enero de 2015
543829
se produjo el exceso en los aportes privados, discrepa con
la determinación de la cuantía de la sanción impuesta.
29. Conforme se ha indicado en los considerados
precedentes, el ejercicio de las funciones de fiscalización
y sanción deben suponer un mínimo deber de diligencia
y exhaustividad. Por lo tanto, no cabe la aplicación rígida
y estricta del principio de legalidad, más aún en el caso
del ejercicio de potestades sancionadoras, si la pena,
así sea el mínimo previsto en la norma, es impuesta
luego de un considerable periodo de tiempo, no por un
hecho imputable a la organización política, sino a la
Administración Electoral.
30. Atendiendo a lo expuesto, este Supremo Tribunal
Electoral considera que si bien resultaba procedente y
necesario que se determine la cuantía que representaba
el exceso en los aportes privados, el límite para la
determinación del monto de la sanción se encontraba en
la primera que fue impuesta, ello en la medida que no
hacerlo, tal como sucedió en el presente caso, implicaría
una evidente trasgresión de la reformatio in peius.
31. Por ello, y estando a los fundamentos antes
expuestos en la presente resolución en especial en
los considerandos 13 al 19, y teniendo en cuenta los
argumentos esbozados por la organización política de
alcance nacional Alianza para el Progreso en su recurso
de apelación, corresponde estimar en parte el citado
medio impugnatorio, debiéndose, en consecuencia,
confirmar la determinación de la infracción imputada por
la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
32. Sin embargo, y tal como ya se ha señalado en el
considerando 22, ha quedado demostrada la aplicación
indebida, de la reformatio in peius, por ello, y atendiendo
a que en el marco de un Estado constitucional y
democrático de derecho, debe tomarse en consideración
principios esenciales tales como los de razonabilidad
y proporcionalidad, este Supremo Tribunal considera
necesario aplicarlos en la determinación de la cuantía de
la sanción.
33. Por ello y en mérito a lo señalado en los
considerandos 24 al 25, y 30, resulta necesario establecer
como monto de la sanción impuesta aquella que fuera
establecida primigeniamente, esto es, la multa ascendente
a S/.2 267 440,00 (dos millones doscientos sesenta y siete
mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 nuevos soles).
Cuestiones adicionales
34. Este Supremo Tribunal Electoral no debe dejar
de mencionar que en casos análogos como el que nos
ocupa, el cobro a los partidos políticos no ha prosperado
debido a la deficiencia en la actual legislación, tal como se
ha podido verificar del informe remitido por la ONPE.
En efecto del Informe Nº 000031-2014-JANRFP-
SGTN-GSFP/ONPE, del 23 de junio de 2014 (fojas 667 a
669), elaborado por la Jefatura del Área de Normatividad
y Regulación de Finanzas Partidarias, se aprecia la
relación de los informes de la Gerencia de Supervisión
de Fondos Partidarios y las resoluciones definitivas de
sanción impuestas a las organizaciones políticas por
parte de la ONPE en los últimos cuatro años (2010-2014),
en dicha información, se puede verificar que en relación a
los procedimientos sancionadores iniciados en contra de
las organizaciones políticas, la ejecución de las sanciones
impuestas (multas pecuniarias) no se han efectivizado
debido al actual marco legal, el cual resulta muy débil y
permisivo.
En este contexto es que este órgano colegiado recuerda
la importancia de que el Congreso de la República, evalúe,
discuta y apruebe la propuesta legislativa de una nueva
Ley de Partidos Políticos, la cual ha sido presentada por el
sistema electoral, y a través de la cual se plantea un mayor
control de las finanzas partidarias, lo que implica un cuadro
de sanciones más severo, con multas efectivas para las
infracciones cometidas por las organizaciones políticas,
y sanciones especificas en casos de incumplimiento del
pago de las multas impuestas.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Único.- Declarar FUNDADO EN PARTE el
recurso de apelación interpuesto por David Abraham Toso
Arcaya, personero legal titular de la organización política
de alcance nacional Alianza para el Progreso, REVOCAR
la Resolución Jefatural Nº 160-2013-J/ONPE, del 19 de
agosto de 2013, en el extremo que sancionó a la citada
organización política, REFORMÁNDOLA determinar que
la sanción de multa a imponerse asciende a la suma
de S/.2 267 440,00 (dos millones doscientos sesenta y
siete mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 nuevos soles, y
CONFIRMANDOLA en lo demás que contiene.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TÁVARA CÓRDOVA
CHÁVARRY VALLEJOS
AYVAR CARRASCO
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Samaniego Monzón
Secretario General
1183707-1
Convocan a ciudadano para que asuma
cargo de regidor del Concejo Provincial
de Jaén, departamento de Cajamarca
ReSoluCión nº 3711-2014-Jne
expediente nº J-2014-0591
JAÉN - CAJAMARCA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, cinco de diciembre de dos mil catorce.
VISTO en audiencia pública de la fecha el recurso
de apelación presentado por Francisco Guerrero Juape
en contra del Acuerdo de Concejo Nº 057-2014-CPJ/SE,
de fecha 5 de mayo de 2014, que desestimó el recurso
de reconsideración interpuesto en contra del Acuerdo de
Concejo Nº 004-2014-MPJ/SE, de fecha 16 de enero de
2014, el cual, a su vez, rechazó la solicitud de vacancia
de Jhonny Héctor Velásquez Tello en el cargo de regidor
de la Municipalidad Provincial de Jaén, departamento de
Cajamarca, por las causales establecidas en los artículos
11 y 22, numeral 9, concordante con el artículo 63, de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y oído
el informe oral.
AnTeCeDenTeS
Solicitud de vacancia
El 9 de octubre de 2013 (fojas 677 a 900, incluidos
anexos), Francisco Guerrero Juape y Jorge Gonzáles
Baca solicitaron la vacancia de Johnny Héctor Velásquez
Tello y Gílmer Ananías Fernández Rojas, regidor y alcalde,
respectivamente, de la Municipalidad Provincial de Jaén.
Con relación al regidor Jhonny Héctor Velásquez
Tello, se alega que ejerció funciones administrativas y
transgredió las restricciones de contratación en la entidad
edil de la cual forma parte, y se invocan las causales
previstas en los artículos 11 y 22, numeral 9, concordante
con el artículo 63, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades (en adelante LOM).
En tal sentido, con relación a la causal de ejercicio
de funciones ejecutivas o administrativas, sostiene,
sustancialmente, lo siguiente:
a) Con fecha 24 de marzo de 2010, la Municipalidad
Provincial de Jaén y el estudio jurídico Velásquez Tello
y Abogados, representado por el regidor Jhonny Héctor
Velásquez Tello, celebraron el Convenio Nº 048-2010, en
virtud del cual se encargó a éste último la gestión para
la formalización de propiedad de los sectores urbanos y
asentamiento de la provincia de Jaén por un periodo de
dos años a partir de su suscripción (fojas 717 a 719).
b) Durante el año 2011 Jhonny Héctor Velásquez
Tello, pese a su condición de regidor, asumió funciones
administrativas al ingresar a la Municipalidad Provincial