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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 19 de julio de 2012
470850
Artículo Décimo Segundo.- DESIGNAR al doctor
VICTOR ALBERTO ALCOCER ACOSTA, Fiscal Provincial
Provisional del Distrito Judicial de Ica; en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Parcona.
Artículo Décimo Tercero.- DESIGNAR al doctor
CESAR ARMANDO PECHO PECHE, Fiscal Adjunto
Superior Provisional del Distrito Judicial de Ica; en el
Despacho de la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada
de Nazca.
Artículo Décimo Cuarto.- Hacer de conocimiento
la presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ica, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales
mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación
816471-5
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1829-2012-MP-FN
Lima, 18 de julio del 2012
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad del servicio y estando a las
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- NOMBRAR al doctor EDGARD
MARCELINO MAMANI ESPINOZA, como Fiscal Adjunto
Superior Provisional del Distrito Judicial de Tacna,
designándolo en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Superior Penal de Tacna.
Artículo Segundo.- NOMBRAR a la doctora ROXANA
BERTHA TICONA CCALLI, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Judicial de Tacna, designándola en
el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Tacna, con reserva de su plaza de origen.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Judicial de Tacna, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales
mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación
816471-6
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1830-2012-MP-FN
Lima, 18 de julio del 2012
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad del servicio y estando a las
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- NOMBRAR al doctor NEYSSER
MONDRAGON CERVERA, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Judicial de Huánuco, designándolo
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en
Materia Ambiental de Leoncio Prado.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Judicial de Huánuco, Coordinación
de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental a
Nivel Nacional, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al Fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación
816471-7
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1831-2012-MP-FN
Lima, 18 de julio del 2012
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad del servicio y estando a las
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- NOMBRAR a la doctora
KATHERINE YESSENIA OCOLA GADEA, como Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho,
designándola en el Despacho de la Oficina Desconcentrada
de Control Interno de Ayacucho.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Judicial de Ayacucho, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de
Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación
816471-8
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1832-2012-MP-FN
Lima, 18 de julio del 2012
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad del servicio y estando a las
facultades concedidas por el artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del doctor FRANCISCO BERNAL PAREDES, como Fiscal
Superior Provisional del Distrito Judicial de Junín; en el
Despacho de la Primera Fiscalía Superior Mixta de La
Merced, materia de la Resolución Nº 351-2011-MP-FN,
de fecha 07 de marzo del 2011; sin perjuicio del resultado
de las acciones de control que correspondan.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Judicial de Junín, Gerencia General,
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación
816471-9
Convierten fiscalías en Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios y en
Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1833-2012-MP-FN
Lima, 18 de julio del 2012
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 19 de julio de 2012
470851
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por los artículos
158º y 159º de la Constitución Política del Perú y el artículo
1° del Decreto Legislativo Nº 052, el Ministerio Público es
el organismo constitucionalmente autónomo que tiene
como funciones principales la defensa de la legalidad,
los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la
representación de la sociedad en los procesos judiciales,
para los efectos de defender a la familia, a los menores e
incapaces y el interés social, velar por la moral pública,
la persecución del delito y la reparación civil; velar por la
prevención del delito, por la independencia de los órganos
jurisdiccionales, por la recta administración de justicia y las
demás funciones que le señalan el ordenamiento jurídico
de la Nación; asimismo, le corresponde conducir desde el
inicio la investigación del delito, incluyendo aquellos que
impliquen la violación de los derechos humanos;
Que, los delitos de corrupción de funcionarios revisten
una particular gravedad, en la medida en la que implican
faltar a la confianza que el Estado otorga a cada de uno de
los funcionarios y servidores públicos, situación que exige
un tratamiento adecuado por parte de los organismos
estatales y, de forma particular, de aquellos que, como
el Ministerio Público, asumen un rol preponderante en
defensa de los valores democráticos, de la legalidad,
de los derechos de los ciudadanos y la persecución del
delito, lo cual obliga a adoptar las medidas adecuadas
para enfrentar dichos delitos;
Que, la situación mencionada produce una profunda
afectación de la labor estatal y del modo en el cual ésta
debe ser desarrollada en beneficio de la colectividad y
acarrea consecuencias irremediables para la sociedad,
imponiendo una cultura de corrupción, deshonestidad y,
en muchos casos, de percepción de inacción por parte
del Estado, lo cual genera que la respuesta deba ser
rotunda y contundente para su prevención, persecución
y sanción;
Que, conforme con lo establecido en el artículo II
de la Convención Interamericana contra la Corrupción,
aprobada mediante Resolución Legislativa Nº 28357 y
ratificada mediante el artículo 1º del D.S. Nº 075-2004-
RE, el Perú ha asumido el compromiso de promover y
fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción;
Que, como exigencia de la Constitución Política del
Perú, de la normatividad interna aplicable, así como
de los compromisos internacionales asumidos por el
Estado, entre ellos, la Convención Interamericana contra
la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, el Ministerio Público tiene el deber
de evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las
medidas administrativas pertinentes, a fin de determinar si
son adecuadas para una eficaz lucha contra la corrupción
de funcionarios, especialmente en aquellos delitos que
revistan gravedad, complejidad y que tengan repercusión
nacional, en los cuales es necesario adoptar medidas
adicionales a las ya previstas, dada la especialidad que
su tratamiento, investigación y sanción conlleva;
Que, con fecha 02 de noviembre del 2011, el Poder
Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la
República han celebrado un Convenio Marco Tripartito de
Cooperación Interinstitucional, en virtud del cual se establece
un marco de mutua cooperación entre dichas instituciones
para que, dentro del ámbito de sus competencias y tomando
como premisa el respeto de la autonomía en el ejercicio de
las funciones que constitucionalmente les corresponden,
promuevan y desarrollen una acción interinstitucional
articulada que permita afianzar el proceso de armonización
de políticas públicas encaminadas a la prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción;
Que, complementando el Convenio indicado en el
considerando anterior, con fecha 17 de Julio del año en
curso, las instituciones mencionadas han suscrito un
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional,
el cual tiene como objeto la implementación de acciones
concretas entre las mismas, para la actuación conjunta,
eficaz y eficiente en casos de corrupción de funcionarios,
con especial énfasis en los delitos calificados como
graves, complejos y de repercusión nacional;
Que, el artículo 16º del Código de Procedimientos
Penales, modificado por el Decreto Legislativo Nº 983,
establece un tratamiento especial para el caso de los
delitos especialmente graves y particularmente complejos
o masivos, y siempre que tengan repercusión nacional,
que sus efectos superen el ámbito de un Distrito Judicial o
que se cometan por organizaciones delictivas;
Que, en el marco del Convenio en mención, el
Ministerio Público ha asumido el compromiso de designar
a los Fiscales Especializados en Delitos de Corrupción
de Funcionarios, encargados del conocimiento de delitos
contra la administración pública, siempre que sean
graves, complejos y que tengan repercusión nacional, o
cuyos efectos superen el ámbito de un Distrito Judicial o
que se cometan por organizaciones delictivas;
Que, en tal sentido, debe precisarse los siguientes
aspectos:
1. En cuanto al delito grave, debe considerarse como
tal a aquel cuya pena privativa de la libertad a aplicarse
sea no menor de cinco años o que atenten contra bienes
jurídicos de notoria importancia.
Al respecto, para efectos de la presente resolución,
debe considerarse como graves a los siguientes delitos:
· Colusión agravada (artículo 384º, segundo párrafo,
del Código Penal) y peculado doloso (artículo 387º,
segundo y tercer párrafo, del Código Penal).
· Los demás delitos previstos en la Sección IV del
Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, sobre
corrupción de funcionarios.
2. En relación al proceso complejo, debe considerarse
como tal aquel en el que se presentaren cualesquiera de
las circunstancias establecidas en el apartado tercero
del artículo 342º del Nuevo Código Procesal (sea que se
presenten sólo alguna de ellas o en su conjunto) las que,
a saber, son las siguientes:
· Requerimiento de actuación de una cantidad
significativa de actos de investigación.
· Comprensión de investigación de numerosos
delitos.
· Involucramiento de una cantidad importante de
imputados o agraviados.
· Investigación de delitos perpetrados por imputados
integrantes o colaborares de bandas u organizaciones
delictivas.
· Demanda de realización de pericias que comportan la
revisión de una nutrida documentación o de complicados
análisis técnicos.
· Necesidad de realización de gestiones de carácter
procesal fuera del país
· Revisión de la gestión de personas jurídicas o
entidades del Estado.
3. Debe entenderse como delito de repercusión
nacional a aquel que, independientemente del lugar en
que se hubiere cometido, trasciende a la generalidad de
la colectividad o a gran parte de ella, generando un daño
o puesta en peligro determinante a los bienes jurídicos de
especial importancia objeto de tutela penal, o a los recursos
o bienes del Estado, produciendo una grave perturbación
de la actividad estatal y, por ende, de la Nación en general,
o que sus efectos superen el ámbito de un Distrito Judicial.
4. Asimismo, en relación a la organización delictiva
debe considerarse como tal a aquel grupo estructurado
y permanente, no formado fortuitamente para la comisión
inmediata de un delito, jerarquizado o colegiado o
desconcentrado, o en red criminal nacional o internacional,
compuesto por tres o más personas, que actúen
concertadamente con el propósito de cometer delitos
graves, destinada a obtener beneficios económicos o
de otra índole y que, eventualmente, podrían utilizar la
violencia u otros tipos de intimidación;
Que, conforme a lo establecido por el artículo 80º-A
de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal de
la Nación, según lo estime conveniente, podrá designar,
cuando las circunstancias lo requieran y por la complejidad
de los casos, un equipo de Fiscales Provinciales Penales
y Adjuntos para que bajo la coordinación de un Fiscal
Superior se avoque a la investigación preliminar y
participe en el proceso penal en la etapa correspondiente.
En estos supuestos, podrá igualmente designar un Fiscal
Superior para que intervenga en las etapas procesales de
su competencia;
Que, en tal sentido, y a efectos de llevar a cabo la
designación indicada y dado el alcance nacional de los
delitos en mención, es necesaria la conversión de una
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 19 de julio de 2012
470852
Fiscalía Superior y una Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Lima, en una Fiscalía Superior Nacional y una Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, encargadas del conocimiento
de los casos respectivos, teniendo, asimismo, la finalidad
de diseñar la política pública de la institución en la materia,
incluyendo el desarrollo de acciones que garanticen la
adecuada coordinación y articulación con otras entidades
estatales, así como la prevención del delito de corrupción
de funcionarios. Dichas Fiscalías deben ser dotadas de
los recursos humanos y logísticos necesarios para tal
fin, así como para efectuar una investigación fiscal y un
proceso jurisdiccional rápido, seguro y eficaz;
Estando a lo dispuesto por los artículos 64º y 80º-A del
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Conviértase la Primera Fiscalía
Superior Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Lima, en la Fiscalía Superior Nacional
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Artículo Segundo.- Conviértase la Primera Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de Lima, en la Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios, la que contará con una Coordinación
Supraprovincial.
Artículo Tercero.- La competencia objetiva y funcional
de las Fiscalías materia de la presente resolución,
comprenderán los delitos contra la Administración Pública
cometidos por funcionarios públicos, atendiendo a su
gravedad y complejidad, y cuando sus efectos tengan
repercusión nacional o superen el ámbito de un Distrito
Judicial, debiendo tenerse en cuenta los casos establecidos
en la parte considerativa de la presente resolución, incluyendo
aquellos derivados de las acciones de control llevadas a cabo
por la Contraloría General de la República, así como cuando
se trate de delitos cometidos por organizaciones criminales,
siempre que concurran las circunstancias antes descritas.
Se precisa que la competencia de las Fiscalías
indicadas, es de carácter nacional; asimismo, el
conocimiento de los casos será asumido, previa evaluación
de la Fiscalía Superior Coordinadora.
Artículo Cuarto.- La Fiscalía Superior Nacional
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
cumplirá las funciones de Fiscalía Superior Coordinadora
de las Fiscalías materia de la presente resolución.
Artículo Quinto.- En los casos de concurso de delitos,
en los que se haya producido la comisión de algunos de
los delitos indicados en el artículo tercero de la presente
resolución, la competencia será determinada a favor de
la Fiscalía Superior Nacional y Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializadas en Delitos de Corrupción de
Funcionarios.
Artículo Sexto.- Conviértase la Segunda, Tercera,
Cuarta y Quinta Fiscalías Superiores Especializadas en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, en la
Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Fiscalías Superiores
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de
Lima, respectivamente, las que asumirán equitativamente la
carga procesal que no sea de conocimiento de la Primera
Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de Lima (convertida en la Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, mediante la presente resolución).
Artículo Séptimo.- Conviértase la Segunda y Tercera
Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, en la
Primera y Segunda Fiscalías Provinciales Corporativas
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Lima, respectivamente, asumiendo, en forma equitativa,
la carga derivada de la Primera Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de Lima (convertida en la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios), de conformidad con lo
establecido en el artículo 3º de la presente resolución.
Artículo Octavo.- La Gerencia General y la Gerencia
de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales
del Ministerio Público, llevarán a cabo las acciones
administrativas que correspondan, dentro de un plazo
máximo de 30 días hábiles. Las Fiscalías materia de
la presente resolución, se instalarán sobre la base del
personal fiscal, administrativo y asistentes en función
fiscal, así como de la infraestructura física y equipamiento,
con los que actualmente cuentan, sin perjuicio de los
recursos adicionales que les sean asignados.
Artículo Noveno.- Facúltese al Fiscal Superior Nacional
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y
al Gerente General del Ministerio Público, en cuanto sea de
su competencia, para que, en un plazo máximo de 30 días
hábiles, adopten las acciones y medidas administrativas que
sean necesarias para la debida organización, instalación y
funcionamiento de los Despachos respectivos.
Artículo Décimo.- Déjese sin efecto todas las disposiciones
y resoluciones que se opongan a la presente resolución.
Artículo Undécimo.- Hacer de conocimiento la
presente resolución, a la Presidencia del Poder Judicial,
Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Contraloría
General de la República, Presidencias de las Juntas de
Fiscales Superiores a nivel nacional, Gerencia General
y Gerencia de la Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales del Ministerio Público.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación
816471-10
SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS
DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan inscripción de personas
naturales
en
el
Registro
de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros
RESOLUCIÓN SBS N° 3492-2012
Lima, 13 de junio de 2012
EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES Y SEGUROS
VISTA:
La solicitud presentada por el señor Marcos Hover
Quiroz Fernández para que se autorice su inscripción
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros:
Sección II De los Corredores de Seguros: A. Personas
Naturales punto 3.- Corredores de Seguros Generales y
de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución SBS N° 1797­2011 de fecha 10 de
febrero de 2011, se establecieron los requisitos formales
para la inscripción de los Corredores de Seguros, en el
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros;
Que mediante Resolución Administrativa Nº 109-2010
se aprobó el Reglamento del Proceso de Evaluación de
los Postulantes al Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros;
Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en las normas
antes mencionadas;
Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 26 de
enero de 2012, convocada de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 14º del Reglamento del Proceso de Evaluación
de los Postulantes al Registro de Intermediarios y
Auxiliares de Seguros ha calificado a los postulantes a
corredores de seguros persona natural, concluyéndose el
proceso de evaluación; y,
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702,