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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 9 de enero de 2013
485765
PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS
Aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública
DECRETO SUPREMO
Nº 004-2013-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, establece que corresponde al Presidente del
Consejo de Ministros coordinar las políticas nacionales
de carácter multisectorial, así como formular, aprobar
y ejecutar las políticas nacionales de modernización
de la administración pública y las relacionadas con la
estructura y organización del Estado, y coordinar y dirigir
la modernización del Estado;
Que, dicha Ley establece que los Sistemas
Administrativos tienen por finalidad regular la utilización
de los recursos en las entidades de la administración
pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso;
Que, la misma norma crea el Sistema de Modernización
de la Gestión Pública como un Sistema Administrativo
y precisa que el Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los
Sistemas Administrativos, con excepción del Sistema
Nacional de Control y es responsable de reglamentar y
operar los Sistemas Administrativos;
Que, la Cuarta Política de Estado del Acuerdo Nacional
"Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado",
establece el compromiso de construir y mantener un
Estado eficiente, eficaz, moderno y trasparente al servicio
de las personas y de sus derechos y que promueva el
desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los
servicios públicos;
Que, mediante la Ley Nº 27658 - Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado se declara al
Estado peruano en proceso de modernización con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un
Estado democrático, descentralizado y al servicio
ORGANOS AUTONOMOS
CONTRALORIA GENERAL
RR. N°s. 008 y 012-2013-CG.- Dan por concluida
designación y designan Vicecontralor General de la
República
485837
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Res. N° 1912.- Aprueban expedición de duplicado de Grado
Académico de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería
Civil de la Universidad Nacional de Ingenieria
485838
JURADO NACIONAL
DE ELECCIONES
Res. N° 1154-2012-JNE.- Declaran infundado recurso
de apelación y confirman el Acuerdo de Concejo N°
0042-2012-A-MPA, que rechazó pedido de vacancia
de ciudadano al cargo de alcalde de la Municipalidad
Provincial de Ambo
485838
Res. N° 1180-2012-JNE.- Renuevan inscripción de
Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión
Pública S.A.C. en el Registro Electoral de Encuestadoras
485840
Res. N° 008-2013-JNE.- Declaran en sesión permanente
al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y a diversos
Jurados Electorales Especiales durante el desarrollo del
Proceso de Consulta Popular de Revocatoria del Mandato
de Autoridades Municipales convocado para el 17 de
marzo de 2013
485841
MINISTERIO PUBLICO
RR. N°s. 002, 003 y 004-2013-MP-FN-JFS.- Aceptan
renuncia, dan por concluida designacion y designan
fiscales en diversos Distritos Judiciales
485842
Res. N° 3424-2012-MP-FN.- Conforman equipos de
trabajo con Fiscales de todos los niveles jerárquicos en
el Distrito Judicial de Lambayeque para fortalecer la lucha
frontal contra la delincuencia organizada
485842
RR. N°s. 063, 064, 065 y 066-2013-MP-FN.- Aceptan
renuncias, dan por concluidas designaciones, nombran,
dan por concluidos nombramientos y designan fiscales en
diversos Distritos Judiciales
485843
SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS
DE FONDOS DE PENSIONES
Res. N° 9469-2012.- Autorizan al Banco Santander Perú
el cierre de dos oficinas especiales en el departamento de
Lima y la Provincia Constitucional del Callao
485845
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO
REGIONAL DE PIURA
Ordenanza N° 251-2012/GRP-CR.- Ordenanza que
aprueba modificación en conformación del Consejo
Regional de la Micro y Pequeña Empesa de la Región
Piura - COREMYPE
485846
Ordenanza N° 252-2012/GRP-CR.- Aprueban la
modificación del Cuadro para Asignación de Personal
(CAP) de la Dirección Regional de Agricultura aprobado
mediante Ordenanza Regional N° 112-2006/GRP-CR
485847
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS
Ordenanza N° 375-CDLO.- Modifican el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad, aprobado
con Ordenanza N° 370-CDLO
485848
SEPARATA ESPECIAL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
RR. N°s. 264, 265 y 266-2012-OS/CD.- Procedimiento
para la supervisión de los planes de contigencias
operativos en el sector eléctrico - Procedimiento para
supervisar las condiciones de prestación del servicio
público de eléctricidad en los Sistemas Aislados -
Procedimiento para la supervisión de la calidad de
atención telefónica de las empresas de distribución
eléctrica
485701
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 9 de enero de 2013
485766
del ciudadano, estableciéndose que el proceso de
modernización del Estado debe ser desarrollado de
manera coordinada entre el Poder Ejecutivo, a través de
la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros (SGP-PCM) y el Poder Legislativo,
a través de la Comisión de Descentralización,
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización
de la Gestión del Estado del Congreso de la República,
con la participación de otras entidades cuando por la
materia a desarrollar ello sea necesario;
Que, el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Presidencia del Consejo de Ministros establece que
son funciones de la PCM desarrollar, en coordinación con
el Poder Legislativo, el proceso de modernización de la
gestión del Estado, siendo la SGP-PCM la encargada de
coordinar y dirigir dicho proceso, así como de formular y
evaluar las propuestas para su mejora;
Que, el Decreto Supremo Nº 109-2012-PCM que
aprueba la "Estrategia de Modernización de la Gestión
Pública (2012-2016)" establece que la Presidencia del
Consejo de Ministros a través de la SGP-PCM, en su
calidad de rector del proceso de Modernización de la
gestión pública y en coordinación con otras entidades
cuando ello sea necesario, tendrá a su cargo la articulación,
seguimiento y evaluación de dicha estrategia;
Que, en razón de lo antes señalado, se hace necesario
aprobar la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública;
Que, en concordancia y bajo los objetivos de la
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública,
resulta necesario la derogatoria del Decreto Supremo
Nº 025-2010-PCM que establece la Política Nacional de
Simplificación Administrativa por cuanto sus objetivos han
sido recogidos en la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública aprobada por la presente norma.
De conformidad con los dispuesto en el inciso 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1º.- Aprobación de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
Apruébese la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública, la cual forma parte integrante
del presente Decreto Supremo como Anexo, siendo el
principal instrumento orientador de la modernización de la
gestión pública en el Perú, que establecerá la visión, los
principios y lineamientos para una actuación coherente y
eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el
desarrollo del país.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.
La Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública es de aplicación a las Entidades de la
Administración Pública, que se señalan a continuación:
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y
Organismos Públicos;
2. Los Gobiernos Regionales;
3. Los Gobiernos Locales;
4. Los Organismos a los que la Constitución Política
del Perú y las leyes confieren autonomía:
5. Las mancomunidades municipales;
Artículo 3º.- Rol de la Secretaría de Gestión Pública
de la Presidencia del Consejo de Ministros.
La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de
la Secretaría de Gestión Pública, en su calidad de rector
del proceso de Modernización de la Gestión Pública y en
coordinación con otras entidades cuando por la materia
a desarrollar ello sea necesario, tendrá a su cargo la
articulación, seguimiento y evaluación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
Artículo 4º.- Financiamiento
La implementación de las medidas y acciones
efectuadas en el marco de lo dispuesto en la presente
norma, se financia con cargo al Presupuesto Institucional
autorizado de los pliegos correspondientes, para
los fines establecidos en el mismo, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público y conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Artículo 5º.- Publicación.
Publíquese el presente Decreto Supremo y su Anexo,
en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional
de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.
gob.pe).
Artículo 6º.- Refrendo.
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros.
Disposiciones Complementarias Finales
Primera.- La Presidencia del Consejo de Ministros a
través de la Secretaría de Gestión Pública, elaborará en
un plazo máximo de treinta (30) días calendarios el Plan
Nacional de Simplificación Administrativa.
Segunda.- La Secretaría de Gestión Publica procederá
a elaborar en un plazo no mayor a sesenta (60) días
hábiles contados a partir de la publicación del presente
Decreto Supremo, el Plan de Implementación de la
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública,
que precisará las acciones, metas, indicadores, plazos y
entidades públicas responsables para la implementación
de los objetivos y lineamientos contenidos en el Anexo que
forma parte integrante del presente Decreto Supremo. El
Plan de implementación será posteriormente aprobado
por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante
Resolución Ministerial.
Disposición Complementaria Derogatoria
Única.- Deróguese el Decreto Supremo Nº 025-2010-
PCM.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho
días del mes de enero del año dos mil trece.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros
ANExO
POLíTiCA NACiONAL DE MODERNizACióN
DE LA GESTióN PÚbLiCA AL 2021
SECRETARíA DE GESTióN PÚbLiCA
PRESiDENCiA DEL CONSEJO DE MiNiSTROS
Diciembre 2012
índice de contenido
Introducción
1. Justificación de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública
1.1. Situación general
1.2. Principales deficiencias de la gestión pública
en el Perú
2. Fundamentos de la política: visión, alcance,
objetivo y principios
2.1. La visión: un Estado moderno al servicio de
las personas
2.2. Alcance de la política
2.3. Objetivos de la política
2.4. Principios orientadores de la política de
modernización
3. La apuesta central: una gestión pública orientada a
resultados al servicio del ciudadano
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NORMAS LEGALES
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485767
3.1. Componentes de la Gestión Pública orientada
a Resultados
a) Planeamiento de Estado: Políticas de
Estado y de gobierno
b) Planeamiento estratégico
3.2. Pilares centrales de la Política de
Modernización de la gestión pública
1. Políticas Públicas, Planes Estratégicos y
Operativos
2. Presupuesto para resultados
3. Gestión por procesos, simplificación
administrativa y organización institucional
4. Servicio civil meritocrático
5. Sistema de información, seguimiento,
evaluación y gestión del conocimiento
3.2. Ejes transversales de la Política de
Modernización
1. Gobierno abierto
2. Gobierno Electrónico
3. Articulación interinstitucional
3.3. Desarrollo y sostenibilidad del proceso:
Gestión del cambio (cultural)
4. Lineamientos para la modernización de la gestión
pública
4.1. Lineamientos para las entidades públicas en
general
4.2. Lineamientos para los ministerios y entes
rectores de sistemas funcionales
4.3. Lineamientos para los entes rectores de
sistemas administrativos
5. El rol del ente rector del sistema de modernización
de la gestión pública
introducción
Los esfuerzos por mejorar la gestión pública en el Perú
son numerosos y de todo tipo, pero no necesariamente
responden a una orientación estratégica y se desarrollan
de manera aislada y desarticulada. Por tanto, no habrían
cambiado sustantivamente el desempeño global del
Estado.
La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia
del Consejo de Ministros (SGP), como ente rector del
Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión
Pública, está impulsando un proceso de Modernización
de la Gestión Pública a fin de promover en el Perú una
Administración Pública eficiente, enfocada en resultados
y que rinda cuentas a los ciudadanos.
Con ese propósito, la SGP inició la formulación
concertada de la Política Nacional de Modernización de
la Gestión Pública (PNMGP), proceso que involucró a una
serie de actores y un conjunto de esfuerzos. El proceso
comenzó con la elaboración del "Marco Conceptual sobre
Reforma y Modernización del Estado", así como con la
realización de un "Diagnóstico sobre la Situación de la
Reforma y Modernización del Estado en el Perú". Para
ello, se realizaron tres talleres en los que se recogieron
opiniones y aportes de expertos, autoridades y funcionarios
públicos acerca de las principales necesidades y
prioridades de modernización de la gestión pública.
A partir de esos insumos se inició el diseño de la
PNMGP. En esta etapa se llevaron a cabo dos talleres
descentralizados que tuvieron por objetivo recoger
información respecto a la problemática en materia de
gestión pública que enfrentan los gobiernos regionales
y locales y discutir con ellos las distintas alternativas de
solución a esa problemática para ser incorporadas en
la Política. El primer taller se centró en el análisis de los
problemas, causas, efectos y alternativas de solución
aplicables a los gobiernos regionales, mientras que el
segundo, se enfocó en los mismos aspectos referidos a
las municipalidades provinciales y distritales. En ambos
talleres las autoridades y funcionarios de los gobiernos
descentralizados tuvieron la oportunidad de interactuar
con representantes de los sistemas administrativos
nacionales. La información recabada en dichos talleres
sirvió como insumo para la elaboración de la propuesta
de lineamientos de la PNMGP.
Esta propuesta fue luego debatida con los miembros del
Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Modernización
de la Gestión Pública (GTI) conformado por iniciativa de
la SGP, en el que participaron algunos de los principales
actores del proceso de modernización, especialmente los
representantes de los sistemas administrativos tales como
MEF (Dirección de Inversión Pública y de Presupuesto,
entre otras instancias del Vice ministerio de Hacienda),
OSCE, Contraloría General de la República, así como
instituciones involucradas en el proceso de modernización
tales como la Secretaría de Descentralización, SERVIR,
AMPE, ANGR y ONGEI. Finalmente, los lineamientos
de la PNMGP fueron presentados en el Seminario
Internacional "Modernización de la Gestión Pública en el
Perú" organizado por la SGP. En tal oportunidad, más de
300 expertos nacionales e internacionales, autoridades
y funcionarios públicos discutieron la propuesta, así
como sobre las experiencias y lecciones de procesos de
modernización emprendidos en América Latina y otras
regiones.
Producto de ese proceso se ha aprobado la presente
PNMGP, como principal instrumento orientador de la
modernización de la gestión pública en el Perú, que
establece la visión, los principios y lineamientos para una
actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio
de los ciudadanos y el desarrollo del país. La PNMGP
está dirigida a todas las entidades públicas del Poder
Ejecutivo nacional, Organismos Autónomos, así como
a los Gobiernos Regionales y Locales, sin afectar las
autonomías que les confiere la ley, entidades todas que
están llamadas a formular planes y emprender acciones
de modernización de su gestión a fin de mejorar su
desempeño al servicio de los ciudadanos.
La PNMGP está organizada en cinco secciones. En la
primera se presenta la justificación de la política, basada
en el diagnóstico realizado. En la segunda presenta la
visión de la PNMGP y se establece el alcance, el objetivo
y los principios orientadores. En la tercera se presenta
el marco conceptual de una "gestión pública orientada
a resultados", enfoque principal hacia el que la PNMGP
busca conducir la gestión en el Estado y se desarrollando
cinco elementos fundamentales o pilares de la Gestión para
Resultados y tres ejes transversales que deben acompañar
su desarrollo. La cuarta sección contiene los lineamientos
estratégicos dirigidos a las entidades del sector público
para el proceso de modernización de la gestión pública,
que han sido agrupados en tres categorías: los dirigidos
a las entidades públicas en general, los lineamientos para
los ministerios y entes rectores de sistemas funcionales y
finalmente, los lineamientos para los entes rectores de los
sistemas administrativos. En la sección final, se presenta
el rol que en este proceso debe tener el ente rector de la
PNMGP.
1. Justificación de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública
1.1. Situación general
En los últimos diez años, el Perú logró una de las
tasas más altas de crecimiento económico de la región.
El Ingreso Nacional Bruto por persona casi se triplicó
1
,
y las tasas de pobreza se redujeron a la mitad. Desde
2010, el Perú se ubica en el grupo de países de ingresos
medio alto. Este crecimiento económico fue acompañado
por un crecimiento parecido de los ingresos del Estado.
Desde 2005, la recaudación fiscal se incrementó en 13%
por año
2
, y el presupuesto público del año fiscal 2013 se
1
El INB per cápita (anteriormente PIB per cápita) es el ingreso nacional bruto
convertido a dólares de los Estados Unidos mediante el método Atlas del Banco
Mundial, dividido por la población a mitad de año. Creció de 2050 USD en 2002
a 5500 USD en 2011. Banco Mundial, http://datos.bancomundial.org/indicador/
NY.GNP.PCAP.CD .
2
Según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Pública (SUNAT).V
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NORMAS LEGALES
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Lima, miércoles 9 de enero de 2013
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proyecta en más del doble del presupuesto de apertura
del año 2006, incrementándose de S/.53,929 millones a
S/.108,419 millones
3
.
Sin embargo, este fuerte crecimiento económico y
presupuestal no fue acompañado por un crecimiento
similar de la capacidad del Estado de gastar bien lo que
recauda y de generar las condiciones para un crecimiento
sostenible que conlleve a un desarrollo económico y
social. Si bien en años recientes el Perú ha escalado
seis posiciones en el Índice Global de Competitividad
2012-2013 elaborado por el Foro Económico Mundial,
avanzando 31 posiciones en la variable de estabilidad
macroeconómica, aún mantiene un desempeño deficiente
en pilares claves como innovación (puesto 117 sobre
144), instituciones (puesto 105), educación primaria y
salud (puesto 91). En lo que respecta a las instituciones,
resalta el bajo desempeño mostrado en aspectos como
confianza en los políticos (127) y carga de la regulación
gubernamental (128), por mencionar sólo algunos de los
más relevantes.
El bajo desempeño del Estado se refleja en la poca
confianza de la población en el Estado y bajos niveles de
satisfacción ciudadana. Según el Latinobarómetro 1995-
2011
4
, los niveles de satisfacción con la democracia en el
Perú se encuentran por debajo del promedio de la región
(31% en el Perú versus 39% en promedio en América
Latina). Además, aún persisten marcadas desigualdades
sociales y territoriales
5
; según el mismo Latinobarómetro,
apenas el 14% de los peruanos considera que la
distribución de la riqueza en el país es justa, lo que se
refleja en un grado alto de insatisfacción con el sistema
político y económico, y altos niveles de conflictividad
social que afectan la gobernabilidad democrática. Así, a
septiembre del 2012, la Defensoría del Pueblo reporta
167 conflictos sociales activos y 71 conflictos latentes
6
.
Desde hace mucho tiempo en el Perú, la ciudadanía
exige un mejor Estado, presente, activo y efectivo en todo
el territorio nacional.
A pesar de que en los últimos años la recaudación
fiscal y el presupuesto público se han incrementado
sustancialmente, las entidades públicas siguen teniendo
una limitada capacidad de gestión, lo cual les impide
proveer con eficacia, eficiencia y transparencia servicios
públicos de calidad a los ciudadanos.
Así por ejemplo, a pesar que desde el año 2005, el
presupuesto para el sector educación se incrementó
aproximadamente en S/.6000 millones hacia el 2011
7
,
menos del 30% de los alumnos del segundo grado
alcanza el rendimiento esperado en comprensión lectora
y únicamente el 13% lo hace en matemáticas
8
. Por otro
lado, pese a que la brecha global de inversión en redes
viales asciende a US$ 7,375 millones
9
y que sólo el 64%
de las viviendas tiene acceso a red pública de agua y
54% dispone de desagüe
10
, los tres niveles de gobierno
ejecutaron el 2011, en conjunto, menos del 70% de los
recursos disponibles para inversión pública
11
.
Buscando acercar el Estado a los ciudadanos más
homogéneamente en todo el país, hace una década
se inició un profundo proceso de transformación, que
significó la transferencia de funciones y recursos desde
el nivel central a los gobiernos regionales y locales para
que, en ejercicio de su autonomía política, económica y
administrativa sirvieran de manera más cercana y efectiva
a la ciudadanía. El proceso de descentralización satisfizo
aspiraciones y necesidades largamente postergadas,
y también ha generado nuevas expectativas por mayor
inclusión y oportunidades para el desarrollo.
Sin embargo, esta transferencia de funciones y el
incremento de recursos
12
no han sido acompañados
por mejores capacidades descentralizadas de gestión.
Iniciar el proceso de descentralización en un contexto
como el antes descrito ha significado que las limitaciones
mostradas por las entidades del Gobierno Central se vean
reproducidas a nivel descentralizado. Como consecuencia
de ello, las entidades públicas nacionales, regionales y
locales no muestran en general, tener las capacidades
de gobierno y de gerencia suficientes para proveer más y
mejores bienes y servicios públicos a todos los ciudadanos
en todo el país, según su necesidad.
"Perú tiene uno de los Estados más disfuncionales
de América Latina. Muchas instituciones estatales no
funcionan, y en algunas zonas, ni siquiera existen.
En muchas partes del interior, los servicios públicos
(educación, salud, agua potable, infraestructura) no llegan,
y si llegan, son plagados por la corrupción y la ineficiencia.
Los gobiernos locales y regionales carecen de un mínimo
de capacidad administrativa. Y la seguridad y la justicia
--funciones básicas del Estado-- no son ni mínimamente
garantizadas"
13
.
Las deficiencias del Estado tienen impacto en la vida
de los ciudadanos y en las actividades empresariales, lo
que tiene consecuencias en el bienestar de las personas,
en la competitividad empresarial, en la legitimidad de los
gobiernos y, por lo tanto, en el sistema democrático y sus
instituciones. Tomando en cuenta las consecuencias que
tienen las deficiencias de desempeño del Estado en la vida
de las personas y en la competitividad y gobernabilidad
democrática del país, es que se requiere una política
integradora de modernización de la gestión pública, para
asegurar que todas las entidades de los tres niveles de
gobierno actúen de manera articulada y consistente en
dirección de mejorar el desempeño general del Estado en
el servicio a sus ciudadanos.
1.2. Principales deficiencias de la gestión pública
en el Perú
Como se ha mostrado, existen deficiencias en la
prestación de los servicios públicos, las cuales terminan
incidiendo negativamente en la percepción ciudadana
sobre la gestión pública y el desempeño del Estado en el
Perú. Frente a ello, ¿cuáles son los principales problemas
de gestión que deben ser resueltos? Del "Documento de
identificación de la problemática y mapeo de actores" se
pueden identificar los siguientes
14
:
· Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y
problemas de articulación con el sistema de presupuesto
público: No queda claro el rol efectivo del CEPLAN
ni las políticas u objetivos prioritarios del Gobierno.
Asimismo, se ha identificado problemas en la definición
de objetivos ­no necesariamente recogen demandas de
la población y las brechas que se pretenden cubrir no se
estiman adecuadamente-. Por otra parte, no se asegura
el alineamiento entre las políticas públicas nacionales
y sectoriales con las territoriales de responsabilidad
3
Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
4
Corporación Latinobarómetro: Informe de Prensa Latinobarómetro 1995-2011.
Lima, 2012.
5
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Perú
muestra un índice de Gini de 48.1, donde 0 representa una equidad perfecta,
mientras que 100 significa una inequidad perfecta.
6
Defensoría del Pueblo: Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 103.
Septiembre 2012.
7
Vargas Mas, Carlos (2012), Dirección General de Presupuesto Público-MEF:
Presentación en el Primer Taller Descentralizado de Políticas de Modernización
sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública. Chiclayo, 17 y 18 de mayo de
2012.
8
Ministerio de Educación: Evaluación Censal de Estudiantes, 2011.
9
Instituto Peruano de Economía (2009): El Reto de la Infraestructura al 2018 "La
Brecha de Inversión en Infraestructura en el Perú 2008".
10
INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
11
Según el Balance General del Sector Público, el Estado dejó de gastar el 22% del
total del Presupuesto Público 2011. En el rubro de inversión pública, en sus tres
niveles, dejó de invertir el 32.7% (Cuenta General de la República del 2011).
12
Al respecto, cabe señalar que si bien el proceso de descentralización ha implicado
un incremento significativo de los recursos de los gobiernos descentralizados,
estos recursos aún son insuficientes. De acuerdo al Informe Anual del Proceso
de Descentralización 2011 de la PCM, hasta fines de 2011 se habían transferido
el 92.4% de las funciones previstas en la LOGR a los gobiernos regionales y a la
Municipalidad de Lima; Sin embargo, esta transferencia acelerada de funciones
en muchos de los casos no había sido acompañada de la necesaria transferencia
de recursos para la prestación de servicios asociados a tales funciones.
13
Levitsky, Steven: "Una paradoja peruana". En: http://www.larepublica.pe/
columnistas/aproximaciones/una-paradoja-peruana-12-05-2012. 13 de mayo
2012.
14
Ideas extraídas del "Documento de identificación de la problemática y mapeo de
actores" elaborado por la consultora AC Pública para la Secretaría de Gestión
Pública. Lima, Julio de 2012.
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 9 de enero de 2013
485769
de los gobiernos descentralizados, así como de los
Planes de Desarrollo Concertado (PDC), los Planes
Estratégicos Institucionales (PEI) y los Planes Operativos
Institucionales (POI), ni la vinculación de éstos con los
documentos de gestión y los programas presupuestales.
Ello, en la práctica, no logra utilizar el planeamiento
como herramienta efectiva de gestión y no articula el
plan y el presupuesto público. Otro aspecto a resaltar
es que existen limitaciones en cuanto a las capacidades
de las entidades para identificar y priorizar programas y
proyectos de envergadura y alto impacto en la calidad de
vida de los ciudadanos.
A nivel del presupuesto público, aunque se ha logrado
avances a través de la implementación progresiva del
presupuesto para resultados, aún existen problemas
pendientes en tanto en ciertos sectores persiste una
asignación inercial de recursos (monto asignado el año
anterior y negociación con el MEF por incrementos).
Asimismo, debe mencionarse que el gobierno nacional
tiene el 70% del gasto corriente total, las regiones el 19%
y los gobiernos locales, el 11%. Adicionalmente, existe
poca predictibilidad de los recursos transferidos como
consecuencia del canon y las regalías.
Además, no siempre la asignación de los recursos
responde a una definición clara de las prioridades del país
y a una objetiva determinación de metas de productos o
servicios que cada entidad debe ofrecer, así como de sus
respectivos costos. Ello hace que en el nivel operativo no
necesariamente exista coherencia entre los insumos que
van a ser adquiridos y los servicios que serán provistos
con ellos, con lo cual los presupuestos no siempre se
dirigen a cerrar las brechas o déficits existentes de
infraestructura y servicios públicos, ni responden a las
prioridades ciudadanas.
· Deficiente diseño de la estructura de organización
y funciones: En muchas instituciones públicas su
estructura de organización y funciones (agrupamiento de
actividades y asignación de responsabilidades dentro de
la entidad) no necesariamente viene siendo congruente
con las funciones que deben cumplir ni tampoco con los
objetivos que puedan haberse fijado como resultado de
sus procesos de planeamiento estratégico-operativo
y de su presupuestación. Ello puede deberse a que
las organizaciones fueron diseñadas bajo un modelo
de gestión funcional, con estructuras jerárquicas,
estamentales y sin claridad en los procesos que deben
realizar para entregar los bienes y servicios públicos de su
responsabilidad con la calidad y pertinencia requeridos.
Además los lineamientos y los modelos vigentes para la
formulación de documentos de gestión ­ROF, CAP, etc.-
imponen normas uniformes de organización para la gran
diversidad de entidades existentes, en especial en el caso
de los Gobiernos Regionales, para los que su Ley Orgánica
establece un modelo único y demasiado detallado de
organización que no considera la heterogeneidad
15
de las
realidades regionales.
· Inadecuados procesos de producción de bienes
y servicios públicos: Los procesos dentro de las
organizaciones se deben definir como una secuencia
de actividades que transforman una entrada en una
salida, añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena.
Sin embargo, la mayor parte de entidades no cuenta
con las capacidades o los recursos para trabajar en la
optimización de sus procesos de producción de bienes
y servicios públicos. En ese sentido, no se estudia de
manera rigurosa y estructural cómo optimizar, formalizar
y automatizar cada uno de los procesos internos a lo largo
de la cadena de valor. Por otra parte, uno de los problemas
neurálgicos en esta materia, es la desarticulación de los
principales sistemas administrativos, además de ser
complejos, engorrosos y en muchos casos, de difícil
cumplimiento, sobre todo para los Gobiernos Locales más
pequeños con menores capacidades institucionales ­no
están diseñados considerando la gran heterogeneidad
de instituciones públicas existente en el país-. De allí que
en las actividades de los funcionarios, prime el criterio de
cumplimiento de sus funciones ­vinculado estrictamente
con la normatividad establecida en los documentos de
gestión-, en detrimento de la búsqueda de la satisfacción
del ciudadano destinatario de los servicios públicos.
· Infraestructura, equipamiento y gestión logística
insuficiente: Las capacidades de gestión de las entidades
públicas también se ven limitadas por una deficiente
infraestructura y equipamiento. Es así que en muchos
casos la infraestructura es precaria, y el equipamiento
y mobiliario son obsoletos. Además muchas entidades
tienen varias sedes de trabajo y a su personal disperso
y fraccionado entre ellas, lo cual trae una serie de costos
de gestión y coordinación como resultado de pérdidas
de tiempo en traslados para sostener reuniones o
tramitar documentos. Adicionalmente a esto, están las
carencias de planificación y gestión de tecnologías de
información en tanto actualmente, las áreas a cargo de
éstas son percibidas como únicamente responsables del
soporte técnico y no como un área que puede aportar al
planeamiento y gestión de la institución, en cuanto a la
identificación y gestión de las necesidades tecnológicas
para apoyar las funciones sustantivas de la institución
y con ello, coadyuvar a la consecución de sus metas y
resultados de gestión.
· Inadecuada política y gestión de recursos humanos:
Explicada por la coexistencia de distintos regímenes
laborales y por la falta de un marco legal e institucional
que, en lugar de otorgar la flexibilidad que se necesita para
atender las diferentes necesidades de recursos humanos
de entidades heterogéneas, trata de estandarizar todos
los aspectos críticos de una adecuada gestión de
recursos humanos -por ejemplo, estandariza los sueldos e
incentivos, o es muy inflexible para contratar y desvincular
personal a plazo fijo o en las condiciones en las que se
puede contratar personal de naturaleza temporal-. Ello
se expresa en una inadecuada determinación de los
perfiles de puestos y el número óptimo de profesionales
requeridos por cada perfil ­bajo un enfoque de carga
de trabajo y pertinencia para el logro de resultados-, lo
que se ve exacerbado por inadecuados procesos de
planificación, selección, contratación, evaluación del
desempeño, incentivos, desarrollo de capacidades y
desincorporación de las personas. Estos problemas se
potencian por la ausencia de políticas de capacitación
y de desarrollo de capacidades y competencias, ya sea
porque las autoridades no valoran la gestión del personal
o porque la entidad no cuenta con recursos para ello.
A ello habría que agregarle la ausencia de políticas
claras de desarrollo de capacidades, ya que se le
trata como un conjunto de cursos dictados de manera
improvisada y la entrega de información y herramientas a
los funcionarios públicos, sin ningún tipo de seguimiento ni
evaluación de desempeño. Estos esfuerzos además, son
generalmente decididos de manera unilateral por cada
sector y organizados por sus necesidades de corto plazo.
· Limitada evaluación de resultados e impactos, así
como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos,
productos y resultados de proyectos y actividades: Como
consecuencia de la falta de un sistema de planificación que
defina objetivos claros y mesurables tomando en cuenta
las brechas de necesidades de la población por cerrar,
las entidades no cuentan con tableros de indicadores
cuantitativos y cualitativos para monitorear su gestión en
los diferentes niveles de objetivos y responsabilidad sobre
los mismos. Además, se identifica que la información
para la toma de decisiones no necesariamente pasa por
procesos rigurosos de control de calidad; los datos no
están centralizados en bases consolidadas, ordenadas
y confiables, sino que se encuentran dispersos entre
diferentes áreas, personas y en bases de datos
desvinculadas; además, hay información que se procesa
a mano ­lo cual puede llevar a error humano-.
15
"La heterogeneidad existente se agrava en el caso de los gobiernos regionales
por la superposición de tres diseños organizacionales diferentes: el que resulta
de la descentralización, la estructura central basada en las antiguas CTAR
y las direcciones regionales sectoriales que les fueron adscritas". Eduardo
Ballón. Secretario Técnico de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
"Comentarios a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública"
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485770
Esta situación lleva a que existan altos costos de
transacción y coordinación para obtener información o
que la calidad de la información no sea adecuada, lo que,
a su vez, dificulta el acceso a información para evaluar
la gestión y sus resultados, y tomar con oportunidad las
decisiones que de ello se deriven.
· Carencia de sistemas y métodos de gestión
de la información y el conocimiento: La gestión del
conocimiento implica la transferencia del conocimiento
y el desarrollo de competencias necesarias al interior
de las instituciones para compartirlo y utilizarlo entre
sus miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se
encuentra en el exterior de estas
16
. Relacionado con el
problema anterior, actualmente, en el Estado no existe
de manera institucionalizada un sistema de gestión de
la información y el conocimiento, ni existe un sistema de
recojo y transferencia de buenas prácticas; las lecciones
aprendidas de la propia experiencia no se registran, por lo
que se repiten los mismos errores y se buscan soluciones
a problemas que ya habían sido resueltos, generando
pérdidas de tiempo, ineficiencias, además de que las
mejores prácticas no se aplican, ni se comparten.
· Débil articulación intergubernamental e intersectorial:
La coordinación como proceso apunta a vincular entre
sí a diversas entidades y agentes públicos con el fin de
complementar sus recursos y capacidades, y articular
objetivos y acciones en espacios intersectoriales e
intergubernamentales
17
. Esta es una necesidad inevitable
en el contexto del proceso de descentralización en curso,
en el que tres niveles de gobierno deben coordinar
y complementarse a través de múltiples materias de
competencia compartida. Sin embargo, la coordinación
intergubernamental e intersectorial dentro del Estado
peruano es escasa, difícil, costosa y muy poco efectiva.
Nuestro marco legal incluye diversos mecanismos
de coordinación, tanto a nivel intergubernamental como
intersectorial
18
. Sin embargo, varios de ellos muestran
limitaciones de diseño legal, no han logrado consenso
para su implementación o en la práctica, han resultado
poco eficaces para conseguir una efectiva coordinación y
articulación interinstitucional e intergubernamental en los
asuntos que les han sido encargados por sus normas de
creación.
2. Fundamentos de la política: visión, alcance,
objetivo y principios
2.1. La visión: un Estado moderno al servicio de
las personas
Los ciudadanos demandan un
Estado Moderno, al
servicio de las personas, lo cual implica una transformación
de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus
servicios o intervenciones como expresiones de derechos
de los ciudadanos. Con ese sentido, la presente política
caracteriza ese Estado Moderno como aquél orientado al
ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo
y abierto (transparente y que rinde cuentas).
·
Orientado al ciudadano: El Estado asigna sus
recursos, diseña sus procesos y define sus productos
y resultados en función de las necesidades de los
ciudadanos. En tal sentido, sin perder sus objetivos
esenciales, es flexible para adecuarse a las distintas
necesidades de la población y a los cambios sociales,
políticos y económicos del entorno. Por lo tanto, se expresa
en una gestión pública en la que funcionarios públicos
calificados y motivados se preocupan por entender y
responder a las necesidades de los ciudadanos.
·
Eficiente: El Estado genera mayor valor público
a través de un uso racional de los recursos con los
que cuenta, buscando proveer a los ciudadanos lo que
necesitan, al menor costo posible, con un estándar
de calidad adecuado y en las cantidades óptimas que
maximicen el bienestar social.
·
Unitario y Descentralizado: El Estado busca
satisfacer las necesidades de la ciudadanía adaptando
sus políticas a las diferentes necesidades y condicionantes
existentes en cada espacio territorial, a través de
gobiernos descentralizados autónomos en su ámbito de
competencias y sujetos a políticas, rectorías y normas
nacionales que garanticen los derechos que corresponden
a todos por igual.
·
inclusivo: El Estado busca asegurar en todas sus
acciones que todos los ciudadanos tengan igualdad de
oportunidades en el acceso a sus servicios y en la elección
de sus opciones de vida, buscando cerrar las brechas
existentes. Procura brindar a todos los ciudadanos,
servicios de calidad y en la cantidad necesaria para
satisfacer sus necesidades.
·
Abierto: El Estado es transparente y accesible a
los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana, la
integridad pública y rinde cuentas de su desempeño.
Un Estado Moderno con tales atributos será capaz de
garantizar a todos los ciudadanos un creciente acceso
a bienes y servicios públicos de calidad, de manera
equitativa, oportuna y pertinente; permitiendo así reducir
las brechas sociales y económicas existentes como
resultado de un crecimiento desigual del país, y ejerciendo
con responsabilidad su rol promotor de desarrollo del
país.
Con esa visión de Estado Moderno, planteamos
emprender un proceso de cambio y reforma integral de la
gestión pública, a nivel gerencial y operacional, que pueda
afrontar la debilidad estructural del aparato estatal para
cumplir sus objetivos y así, pasar de una administración
pública que se mira a sí misma, a una enfocada en la
obtención de resultados para los ciudadanos. En tal
sentido es que se plantea el impulso del proceso de
modernización de la gestión pública, sostenido y
con perspectiva de largo plazo
, implicando para todas
las entidades la realización de acciones orientadas a
incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la
gestión pública, de modo que ésta pueda cumplir con
sus funciones institucionalmente asignadas destinadas a
servir más y mejor a los ciudadanos.
2.2. Alcance de la política
Modernizar la gestión pública es una responsabilidad
de todas las autoridades, funcionarios y servidores del
Estado en cada uno de sus organismos y niveles de
gobierno. En ese sentido, cualquier esfuerzo que apunte
a elevar los niveles de desempeño de las entidades del
Estado a favor de los ciudadanos, debe involucrar a los
diversos sectores y niveles de gobierno.
Por lo tanto, la modernización de la gestión pública
es una política de Estado que alcanza a todas las
entidades públicas que lo conforman, sin afectar los
niveles de autonomía que les confiere la ley. Compromete
al Poder Ejecutivo, organismos autónomos, gobiernos
descentralizados, instituciones políticas y la sociedad
civil, a través de sus distintas organizaciones.
2.3. Objetivos de la política
La Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública tiene el siguiente
objetivo general:
Orientar, articular e impulsar en todas las
entidades públicas, el proceso de modernización
16
Bulmaro, Adrián (2010):La gestión de conocimiento en las relaciones académico-
empresariales. Un nuevo enfoque para analizar el impacto del conocimiento
académico. Tesis Phd. Universidad Politécnica de Valencia, España.
17
Molina, Carlos e Isabel Licha (2005): Coordinación de la política social: Criterios
para avanzar. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington DC.
18
Se pueden mencionar el Consejo de Coordinación Intergubernamental
(CCI), Comisiones Interministeriales (CIAEF, CIAS), consejos directivos con
representación intergubernamental en organismos nacionales, Comisiones
Intergubernamentales sectoriales, Consejos de Coordinación Regional y Local
(CCR y CCL), Juntas de Coordinación Interregional, mancomunidades regionales
y de municipalidades.
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hacia una gestión pública para resultados que
impacte positivamente en el bienestar del ciudadano
y el desarrollo del país.
Para lograrlo se plantea los siguientes
objetivos
específicos:
1. Promover que las entidades públicas en los tres
niveles de gobierno cuenten con objetivos claros, medibles,
alcanzables y acordes con las Políticas Nacionales y
Sectoriales.
2. Conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute
los recursos presupuestales para financiar los resultados
que los ciudadanos esperan y valoran.
3. Redefinir a nivel nacional, regional y local,
las competencias y funciones de las entidades en
concordancia con el proceso de descentralización.
4. Implementar la gestión por procesos y promover
la simplificación administrativa en todas las entidades
públicas a fin de generar resultados positivos en la
mejora de los procedimientos y servicios orientados a los
ciudadanos y empresas.
5. Promover que el sistema de recursos humanos
asegure la profesionalización de la función pública a fin
de contar con funcionarios y servidores idóneos para el
puesto y las funciones que desempeñan.
6. Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en
la transformación de los insumos, en los productos y
resultados que los ciudadanos demandan.
7. Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento
integrado al sistema de seguimiento, monitoreo y
evaluación de la gestión pública, que permita obtener
lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y establezcan
mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión.
8. Promover el gobierno electrónico a través del uso
intensivo de las tecnologías de información y comunicación
(TIC) como soporte a los procesos de planificación,
producción y gestión de las entidades públicas permitiendo
a su vez consolidar propuestas de gobierno abierto.
9. Asegurar la transparencia, la participación, la
vigilancia y la colaboración ciudadana en el debate de las
políticas públicas y en la expresión de opinión sobre la
calidad de los servicios públicos y el desempeño de las
entidades.
10. Promover, apoyar y participar en espacios de
coordinación interinstitucional con entidades del mismo
nivel como de otros niveles de gobierno, para multiplicar
la capacidad de servicio del Estado en beneficio de los
ciudadanos mediante la articulación de políticas, recursos
y capacidades institucionales.
11. Articular las Políticas Públicas Nacionales y
Sectoriales, las cuales se analizan, diseñan, aprueban,
implementan, evalúan y mejoran promoviendo el debate
y la participación ciudadana.
12. Fomentar la creación de mecanismos de
articulación necesarios para lograr una coordinación
eficiente entre las entidades públicas de los tres niveles
de gobierno.
13. Promover la descentralización de las funciones,
responsabilidades, capacidades y recursos de las
entidades públicas en los tres niveles de gobierno a fin
de prestar de manera eficaz, eficiente y transparente
los bienes y servicios públicos que los ciudadanos
demandan.
14. Articular, simplificar y actualizar los sistemas
y promover un funcionamiento que considere la
heterogeneidad de las entidades públicas en lo referente
a sus funciones, tamaño y capacidades.
2.4. Principios orientadores de la política de
modernización
Los principios orientadores de la gestión pública son
los siguientes:
a) Orientación al ciudadano
La razón de ser de la gestión pública es servir a los
ciudadanos. Ello significa que el Estado y sus entidades
deben definir sus prioridades e intervenciones a partir de
las necesidades ciudadanas y en función de ello, establecer
las funciones y los procesos de gestión que permitan
responder más y mejor a esas necesidades con los recursos
y capacidades disponibles en cada momento presente. Ello
implica invertir el orden de razonamiento habitual en la gestión
pública en el Perú: de un enfoque de oferta, supeditado a la
racionalidad del Estado, sus organizaciones y servidores, a
un enfoque de demanda, que parte de las necesidades y
preferencias ciudadanas y busca agregar valor público en
todas las intervenciones estatales.
Esta apuesta requiere inevitablemente de flexibilidad
por parte del Estado para adaptarse a la diversidad de las
preferencias y demandas de los ciudadanos, asociadas a
sus múltiples realidades sociales, económicas, culturales
y territoriales. Necesita por lo tanto, un Estado dialogante,
abierto a escuchar y entender las necesidades de los
ciudadanos, y a consensuar con ellos las respuestas que
a través de sus políticas públicas, puede ofrecer a esas
necesidades en cada situación.
b) Articulación intergubernamental e intersectorial
Las entidades públicas deben planificar y ejecutar sus
acciones de manera articulada, tanto a nivel de los sectores,
de los sistemas administrativos como entre los niveles de
gobierno, fomentando la comunicación y la coordinación
continuas, asociando sus recursos y capacidades o
cooperando entre sí de otras formas posibles, para poder
responder a las demandas ciudadanas con eficiencia y de
manera oportuna. En ese sentido:
· Se debe evitar la ambigüedad, duplicidad y superposición
de funciones entre entidades y niveles de gobierno. Para ello,
en el marco del proceso de descentralización, es necesario
delimitar y respetar cuidadosamente las competencias de
cada nivel de gobierno.
· El Gobierno Nacional y sus instituciones deben enfocarse
en fortalecer sus capacidades de planeamiento, formulación
de políticas nacionales, y seguimiento y evaluación de
resultados de manera que contribuyan efectivamente a la
provisión descentralizada de bienes y servicios, a través
del establecimiento de políticas, reglas, lineamientos,
capacidades y recursos, para que los Gobiernos Regionales
y Locales puedan cumplir con sus respectivas competencias
de servicio a la población. El Gobierno Nacional podrá
organizar la provisión de bienes y servicios a través de
organismos desconcentrados, cuando ello resulte ser lo más
conveniente para aprovechar economías de escala o para
asegurar el logro de objetivos de equidad.
· Los Gobiernos Regionales y Locales deben fortalecer
sus capacidades para el diseño, ejecución y evaluación
de las políticas, programas, proyectos y actividades de su
competencia, en el marco de las políticas nacionales y de
las prioridades específicas de sus ciudadanos.
c) Balance entre flexibilidad y control de la
gestión
Las entidades deben desarrollar una gestión ágil, eficaz,
eficiente y oportuna, para lo cual deben tener la posibilidad
de responder oportunamente a la heterogeneidad y
coyunturas propias del medio donde intervienen. Ello
será posible en tanto tengan la posibilidad de adaptar
oportunamente sus estructuras organizacionales, así
como sus procesos y procedimientos -sobre todo los
vinculados a los sistemas administrativos- de manera que
se asegure la prestación de servicios públicos según las
necesidades de los ciudadanos.
Todo ello, se debe lograr sin descuidar el control sobre
el uso correcto de los recursos y bienes públicos, pero
con un enfoque más centrado en los resultados que en el
solo control de los procesos e insumos, que en muchos
casos termina promoviendo el simple cumplimiento de
la legalidad y la realización de procesos de gestión que
no aportan valor público. Se requiere por lo tanto, un
equilibrio entre la flexibilidad necesaria para gestionar y
la necesaria regulación y control que garanticen el uso
correcto de los recursos públicos.
d) Transparencia, rendición de cuentas y ética
pública
Los funcionarios públicos deben servir a los intereses
de la Nación, procurar aumentar la eficiencia del Estado
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para brindar una mejor atención a los ciudadanos y
actuar con probidad, idoneidad, veracidad, justicia,
equidad, lealtad y respeto al Estado de Derecho y a la
dignidad de las personas. El Estado, sus autoridades y
servidores deben rendir oportunamente cuentas a la
ciudadanía, garantizar la transparencia en la actuación de
las entidades públicas y generar canales adecuados para
permitir el acceso ciudadano permanente a la información
pública. Asimismo, deben promover la participación
ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos de
interés público.
e) innovación y aprovechamiento de las
tecnologías
Para alcanzar los resultados que la ciudadanía
espera, se requiere que las entidades públicas avancen
en un proceso constante de revisión y renovación de
los procesos y procedimientos mediante los cuales
implementan sus acciones. Ello las llevará seguramente,
a implementar nuevas propuestas de servicios o
procedimientos que innoven su gestión para responder
mejor a las expectativas de los ciudadanos y empresas.
Ese proceso constante de innovación debe incorporar el
aprovechamiento intensivo de tecnologías apropiadas ­
no sólo a nivel de dependencias prestadoras de servicios,
sino también de aquéllas responsables de sistemas
administrativos-, de manera que dichas tecnologías
contribuyan al cambio y mejora de la gestión pública.
f) Principio de sostenibilidad
La gestión pública se sustenta en la integración
equilibrada de las políticas sociales, ambientales y
económicas del desarrollo nacional, así como en la
satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras
generaciones de ciudadanos.
El diseño y la implementación de las políticas públicas
y de los planes estratégicos y operativos deben asegurar
la gobernanza ambiental
19
.
3. La apuesta central: una gestión pública orientada
a resultados al servicio del ciudadano
La gestión pública moderna es una
gestión orientada a
resultados al servicio del ciudadano. Esto es una gestión
en la que funcionarios públicos calificados y motivados se
preocupan-en el marco de políticas públicas de Estado,
nacionales, regionales y locales, según las competencias
que corresponden a cada nivel de gobierno- por entender
las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los
procesos de producción o actividades (como conjunto de
acciones que transforman los insumos en productos en
la "cadena de valor"
20
) como los de soporte (los sistemas
administrativos), con el fin de trasformar los insumos en
productos (seguridad jurídica, normas, regulaciones,
bienes o servicios públicos) que arrojen como resultado la
mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus
derechos y al menor costo posible.
Una gestión pública orientada a resultados efectiva se
alcanzará cuando las entidades estén en capacidad de:
i) Establecer objetivos claros y articulados, a nivel
sectorial así como territorial (nacional, regional y local),
expresados en metas de producción (cantidades de
servicios de una determinada calidad) que brindarán como
resultado un mayor nivel de satisfacción al ciudadano.
ii) Reasignar los recursos presupuestales para
maximizar los niveles de producto y resultados esperados.
Es decir, formular el presupuesto en función de los
objetivos establecidos en los planes.
iii) Desarrollar y optimizar los procesos de producción
o trabajo (la "cadena de valor") y los de soporte (que
alimentan a los anteriores), con el fin de alcanzar los
niveles de producción de bienes y servicios públicos de
calidad esperados por la población, con la mayor eficacia
y eficiencia posibles en el uso de los recursos.
iv) Reordenar o reorganizar a nivel nacional, regional
y local, las competencias y funciones contenidas en
la estructura funcional actual adecuándolos a una
organización basada en procesos de la cadena de valor.
v) Establecer un sistema de indicadores de desempeño
y resultados que le permitan monitorear y evaluar si los
insumos se están transformando en los productos cuyos
resultados son los que los ciudadanos demandan, y si
están aplicando los procesos más eficaces y eficientes. La
información que provea el monitoreo y desempeño deberá
capitalizarse en un sistema de Gestión del Conocimiento
que permita establecer procesos de Cambio Cultural o de
Mejora Continua de la Calidad, sobre la base de las mejores
prácticas internacionales ("benchmark") y nacionales, y a
través de la sistematización y el almacenamiento de la
información relativa a los estándares de trabajo que mejor
funcionaron o los procesos más eficaces y eficientes, de
los formatos más amigables, los términos de referencia o
el alcance de los proyectos, los contratos más seguros,
los precios y costos pactados, los perfiles profesionales
que mejor se desempeñaron, las empresas consultoras
con las que se trabajó y una evaluación de su desempeño
y otros aspectos recogidos durante la gestión.
Asimismo, para lograr una gestión pública moderna
orientada a resultados, las entidades deben:
i) Desarrollar canales para lograr mayor transparencia,
accesibilidad y participación de todos los ciudadanos y
rendición de cuentas por el Estado;
ii) Desarrollar y emplear intensivamente tecnologías
de información y comunicación (TIC) que permitan acercar
los servicios del Estado a los ciudadanos y empresas,
y optimizar los procesos de todos y cada uno de los
organismos que conforman la Administración Pública;
iii) Coordinar y cooperar entre sí, a fin de articular y
complementar objetivos, acciones, recursos y capacidades
institucionales en función de maximizar el rendimiento
de dichos recursos y capacidades y a través de estos,
el desempeño y los servicios del Estado a favor de los
ciudadanos; y finalmente;
iv) Fomentar un cambio cultural en las instituciones
públicas que permita sostener el esfuerzo de
modernización, el cual deberá partir por entender la
necesidad de cambiar la gestión pública hacia una gestión
por resultados. En ese sentido, la gestión del cambio
constituye el motor que hará posible sostener este salto
de una gestión centrada en sí misma a una que enfoque
su accionar en el ciudadano.
Ahora bien, el modelo de gestión orientada a resultados
es un proceso sustentado en cinco componentes,
los cuales posteriormente, servirán de pilares para la
propuesta central de la política de modernización de la
gestión pública.
3.1. Componentes de la Gestión Pública orientada
a Resultados
a) Planeamiento de Estado: Políticas de Estado y
de gobierno
Las Políticas Públicas son diseños que sustentan
la acción pública. Basadas en políticas nacionales del
19
De conformidad con el artículo XI del Título Preliminar de la Ley Nº 28611, el
diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el principio
de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las políticas,
instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de manera
tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos
y privados, en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de
consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad
jurídica y transparencia.
20
Este concepto es usados desde algunas décadas a nivel internacional, con
adaptaciones, tanto por el sector privado como por el sector público siendo
Michael Porter en su obra "Competitive Advantage: Creating and Sustaining
Superior Performance" (1985) quien lo popularizara en el sector privado y luego,
a partir de estudios como "Creando Valor Público" (1998) de Mark Moore así
como de propuestas de organismos multilaterales como el Banco Interamericano
de Desarrollo y el Banco Mundial ente otros este concepto se fue adaptando al
ámbito público. Como se explicará más adelante, en el Perú este enfoque logra
un alcance nacional a partir del 2007 con las propuestas de presupuesto por
resultados, impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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Estado, los gobiernos de turno, establecen prioridades
de gobierno claras y pertinentes, tomando en cuenta
también las demandas y necesidades de la población,
que luego las entidades públicas expresarán en objetivos,
metas y los respectivos procesos que los convertirán en
productos institucionales: regulaciones, procedimientos
administrativos, bienes y servicios públicos, todos los
cuales tendrán un impacto positivo en el ciudadano, dados
determinados recursos disponibles.
En un Estado unitario y descentralizado, las Políticas
Públicas son las que permiten integrar y dar coherencia
a la intervención del Estado al servicio del ciudadano,
a través de los objetivos establecidos en los Planes
Gubernamentales
21
, los Sectoriales, así como en los
Planes Regionales y Locales de Desarrollo Concertado, y
en los Planes Estratégicos y Operativos de todas y cada
una las entidades del sector público en los tres niveles
de gobierno. De ese modo, el Estado busca actuar como
un todo coherente y articulado con el propósito de servir
mejor al ciudadano, brindándole un nivel de satisfacción
mayor al que este obtendría si cada entidad lo atendiera
de manera individual y en forma desarticulada.
b) Planeamiento estratégico
El Planeamiento Estratégico parte de considerar las
prioridades del país y de sus ámbitos de gobierno (central,
regional, local). Es además, un proceso en el que cada
institución, además de considerar los compromisos
políticos y los mandatos de los planes gubernamentales,
reflexionan rigurosamente sobre los temas del entorno:
i) sobre las oportunidades o sobre la justificación de una
necesaria intervención del Estado, así como sobre los
riesgos de un inadecuado accionar del sector público;
ii) sobre el entorno macro económico, legal, político e
institucional; iii) sobre las demandas que establecen los
ciudadanos a los que tienen que atender; iv) sobre las
formas en que la sociedad se organiza para resolver esas
demandas ciudadanas; y, v) sobre la forma como el Estado
ha venido satisfaciendo esas necesidades, mediante
qué políticas, qué estrategias, a través de qué agencias
involucradas, qué resultados e impactos ha logrado y qué
lecciones ha sacado del pasado.
Producto de ese proceso, el Plan Estratégico debe
contener tanto los objetivos gubernamentales como los
objetivos generales de la entidad, que se expresan como
los resultados que ésta espera alcanzar en relación a la
demanda ciudadana. Para llevar esto a la práctica, los
objetivos generales del Plan Estratégico deben reflejarse
en los Planes Operativos, que contienen objetivos más
específicos y metas claras de cantidad y calidad de
producción de bienes o servicios que permitirán articular el
presupuesto o programas presupuestales y así satisfacer
las demandas ciudadanas de la manera más eficaz y
eficiente.
c) Presupuesto para resultados
Un Estado moderno al servicio del ciudadano, además
de objetivos claros, requiere que sus presupuestos sean
asignados también con orientación a resultados, es
decir, en función a los productos que los ciudadanos
esperan recibir para satisfacer sus demandas. Sobre todo
considerando que los recursos son escasos, lo cual obliga
a priorizar. En ese proceso la transparencia y rendición de
cuentas son sumamente importantes en los procesos de
asignación y evaluación del destino de los recursos.
De ese modo, se contribuirá con una gestión orientada
a resultados y se podrá aspirar a dar un gran cambio
en la gestión pública, de una gestión que se mira a sí
misma, supeditada al proceso presupuestario, inercial,
a una gestión para la obtención de resultados para el
ciudadano. Ello facilitará el cierre de brechas de calidad
y cobertura de infraestructura y servicios públicos, con
mayor eficiencia económica, manteniendo el equilibrio
fiscal y fortaleciendo la articulación de todas las entidades
públicas en el territorio nacional.
En el país el proceso ha sido impulsado por el
Ministerio de Economía y Finanzas desde el 2007 a
través de los Programas Presupuestales, con los cuales
se busca contribuir "a una mayor eficiencia y eficacia
del gasto público a través de una completa vinculación
entre los recursos públicos asignados y los productos y
resultados propuestos para favorecer a la población"
22
La aplicación de esta estrategia requiere avanzar en el
cumplimiento de lo siguiente
23
:
1. Entidades verdaderamente comprometidas con
alcanzar sus resultados propuestos; el logro de lo que
llamamos la apropiación;
2. Declaración explícita sobre la responsabilidad en el
logro de resultados y productos que posibilite la rendición
de cuentas;
3. Producción de información de resultados, productos
y costos de insumos;
4. Hacer uso de la información generada en el proceso
de toma de decisiones de asignación presupuestaria, y
hacerlo con transparencia hacia las entidades y los
ciudadanos.
Como se aprecia, la propuesta de los Programas
Presupuestales se enmarca claramente con la gestión por
resultados y usa también el enfoque de cadena de valor.
De acuerdo con esta propuesta, la cadena de valor debe
ser interpretada la siguiente manera:
Concepto
Orientación
24
Resultado
Final
(Impacto)
Es un cambio en las condiciones,
cualidades o características inherentes a
una población identificada, en el entorno
en el que se desenvuelve o en las
organizaciones que la sirven, tanto del
sector público como privado. Corresponde
a un objetivo de política nacional.
Resultado Específico
(Resultado)
Es el cambio que se busca alcanzar para
solucionar un problema identificado sobre
una población objetivo, y que a su vez,
contribuye al logro de un resultado final.
El resultado específico no constituye un
fin en sí mismo.
Producto
Es el conjunto articulado (entregable)
de bienes y/o servicios que recibe la
población beneficiaria con el objetivo
de generar un cambio. Los productos
son la consecuencia de haber realizado,
según las especificaciones técnicas,
las actividades correspondientes en la
magnitud y el tiempo previstos.
Actividad
Es una acción sobre una lista específica y
completa de insumos, que en conjunto con
otras actividades garantizan la provisión
del producto.
Insumo
Bienes y servicios necesarios y suficientes
para llevar adelante la Actividad.
d) Gestión por procesos
Una gestión al servicio del ciudadano necesariamente
deberá cambiar el tradicional modelo de organización
funcional y migrar hacia una organización por procesos
contenidos en las "cadenas de valor" de cada entidad,
que aseguren que los bienes y servicios públicos de su
responsabilidad generen resultados e impactos positivos
para el ciudadano, dados los recursos disponibles. Los
procesos son definidos como una secuencia de actividades
que trasforman una entrada o insumo (una solicitud de
un bien o un servicio) en una salida (la entrega del bien
o el servicio), añadiéndole un valor en cada etapa de la
cadena (mejores condiciones de calidad/precio, rapidez,
facilidad, comodidad, entre otros).
21
Que se encuentran contenidos en el Plan Bicentenario 2021 (que aún no tiene
aprobación formal) y en los compromisos del Acuerdo Nacional.
22
"En camino de un presupuesto por resultados (PPR): una nota sobre los avances
recientes en la programación presupuestaria" MEF 2012.
23
Ibid.
24
Anexo 1 "Definiciones básicas para la identificación y diseño de programas
presupuestales" de la Directiva Nº 002-2012-EF/50.01 "Directiva para los
Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013"
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485774
Los procesos son de dos tipos. Por un lado, los que
resultan directamente de la producción de un bien o
servicio, denominados "procesos clave" de la cadena
de valor y por otro lado, los denominados "de soporte",
que sirven de manera transversal a todas las actividades,
tales como la administración central, la gestión financiera,
del personal, la infraestructura, el equipamiento y la
logística, que en el sector público están regulados por los
Sistemas Administrativos nacionales aplicables a todas
las entidades. En un modelo de gestión por resultados,
los dos tipos de procesos deben ser optimizados.
Las organizaciones modernas estudian rigurosamente
cómo optimizar, formalizar y automatizar cada uno de sus
procesos internos, como parte de la "cadena de valor". Los
recursos (insumos) esenciales para optimizar la cadena
de valor son el personal (conocimiento), la infraestructura
(instalaciones), los equipos, las técnicas y métodos, y las
finanzas.
e) Servicio civil meritocrático
La gestión de recursos humanos es un área crítica en
todo tipo de organización, puesto que son personas las
que definen los objetivos, formulan los planes y políticas,
asignan recursos y los gestionan a través de procesos. En
el sector privado, la gestión de recursos humanos consiste
en un sistema de empleo, en el que se trata de proveer y
administrar el personal idóneo para cumplir los fines de la
organización. En el sector público, la gestión de personal
implica dos dimensiones adicionales muy importantes:
en primer lugar, una diferente relación entre agente
(la entidad y su personal) y principal (los ciudadanos),
intermediada por autoridades políticas elegidas o
designadas (mandatarios) que constantemente deben
re-legitimarse ante los ciudadanos (mandantes)
25
;en
segundo lugar, los servidores del Estado están sometidos
al escrutinio público y deben ejercer sus responsabilidades
con integridad y neutralidad, asegurando además como
resultado el mayor valor público posible en beneficio de
las personas, lo que agrega complejidad a la definición de
sus perfiles y a la evaluación de su desempeño.
Por ello, son tres los atributos fundamentales del
servidor público: (i) la responsabilidad ante las autoridades
democráticamente elegidas, como representantes de
los ciudadanos; (ii) la independencia política que deben
tener respecto de los intereses específicos de políticos y
grupos de poder, dado que deben defender los intereses
de los ciudadanos y garantizar la neutralidad de la acción
pública; y (iii) la capacidad técnica para desarrollar
políticas públicas eficaces.
Cada uno de estos atributos es exigible en mayor o
menor medida, dependiendo del tipo de función y según
los servidores tengan una posición más o menos cercana
a la autoridad política de su entidad.
En muchos países se han venido ejecutando durante
las últimas décadas reformas del servicio civil, con el
objetivo de compatibilizar esas tres dimensiones. La
tendencia actual se dirige a buscar un mayor mérito y
flexibilidad
26
. Un mayor mérito significa profesionalización
y capacidad técnica del servicio público, y la mayor
flexibilidad se relaciona con un servicio más adaptable
al entorno, y por lo tanto, con mayor capacidad de
responder a los cambios estratégicos de gobierno así
como a las demandas y expectativas de los ciudadanos.
Los regímenes tradicionales de recursos humanos se
orientaron hacia la uniformidad y control central como
protección frente a la arbitrariedad, politización y búsqueda
de rentas en la administración pública. Sin embargo,
se ha comprobado que estos sistemas usualmente no
logran introducir mayor meritocracia y hacen más rígida
la gestión de las personas. Una mayor rigidez no eleva
el cumplimiento ni reduce la corrupción, pero sí puede
llevar a la ineficiencia y parálisis. Se ha evidenciado
la necesidad de la flexibilidad para dar espacio a los
gestores para dirigir las organizaciones, adaptarse a los
cambios y emprender prácticas innovadoras en beneficio
de los ciudadanos.
En ese sentido, la gestión de las personas en el sector
público debe ser integral, de manera que considere los tres
atributos fundamentales del servidor público de manera
alineada y articulada con la estrategia institucional.
f) Seguimiento, evaluación y gestión del
conocimiento
Un elemento imprescindible de la gestión por resultados
es el proceso continuo de recolección y análisis de datos
que tienen como objetivo el seguimiento y monitoreo
de los indicadores de insumo, proceso y producto, así
como la evaluación de los resultados e impactos de las
actividades, programas y proyectos desarrollados por
una entidad, con el propósito de mejorar o garantizar la
provisión de productos o servicios a los ciudadanos.
SiSTEMAS ADMiNiSTRATiVOS
POLíTiCAS DE ESTADO
Y DE GObiERNO
insumo
Actividad
Producto
Resultado
Específico
Resultado
Final
Procesos de producción de bienes y servicios
Procesos de soporte
D
E
M
A
N
D
A
S

D
E

L
O
S
C
i
U
D
A
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A
T
i
S
F
E
C
H
O
S
GESTióN POR RESULTADOS
Medicamentos
Médicos
Enfermeras
Equipamiento
infraestructura
Personal
administrativo
Atención
médica
Distribución de
medicamentos
Procesos
administrativos
Prestación de
salud
Población
sana
Mejores
estándares de
vida
Ejemplo de una cadena de valor
(usando la terminología de Presupuesto por Resultados)
25
En el sector privado la relación entre agente (la organización) y principal (los
propietarios) es más clara.
26
Longo, Francisco: Mérito y Flexibilidad. 2004
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485775
De esta forma se busca medir el desempeño de la
institución a través del grado de cumplimiento de sus
metas de asignación de los recursos, en función de las
prioridades establecidas a nivel funcional y territorial en
sus planes estratégico, operativo y presupuesto. En tal
sentido, se busca medir, con transparencia, la eficacia
en el cumplimiento de los objetivos, la eficiencia en el
uso de recursos y la calidad o el grado de satisfacción
percibida por los ciudadanos atendidos. Esta información
finalmente debe generar el conocimiento adecuado para
la mejora continua de la calidad de la acción del Estado en
el servicio al ciudadano.
La
gestión del conocimiento es una disciplina
emergente que tiene como objetivo generar, compartir
y utilizar el conocimiento tácito (know-how) y explícito
(formal) existente en un determinado colectivo u
organización, para dar respuestas a las necesidades de
los individuos y de las comunidades en su desarrollo. El
objetivo es administrar conocimiento y los aprendizajes
organizacionales para mejorar el funcionamiento de las
entidades, tomando en cuenta buenas prácticas propias o
de terceros para retroalimentar el diseño e implementación
de sus estrategias de acción y asegurar así resultados
positivos y relevantes. Cuando la gestión del conocimiento
se implementa formalmente en el sector público, los
sistemas se vuelven cada vez más interconectados, los
procesos se hacen más visibles y dinámicos, se pueden
optimizar los recursos y mejora la transparencia en el
manejo de los asuntos públicos.
3.2. Pilares centrales de la Política de Modernización
de la gestión pública
Estos 5 pilares han sido elaborados sobre la base de los
componentes del modelo antes descrito y complementados
por 3 ejes transversales que serán explicados más
adelante. Estos son: i) las políticas públicas nacionales y
el planeamiento, ii) el presupuesto para resultados, iii) la
gestión por procesos y la organización institucional, iv) el
servicio civil meritocrático y v) el seguimiento, monitoreo,
evaluación y la gestión del conocimiento. Como se
menciona, estos pilares deben ser apoyados por tres ejes
transversales: el gobierno abierto, el gobierno electrónico
y la articulación interinstitucional (gobierno colaborativo
multinivel); siendo animados por un proceso explícito de
gestión del cambio.
1. Políticas Públicas, Planes Estratégicos y
Operativos
El Estado cuenta con políticas públicas con objetivos
estratégicos claros
27
, que reflejan las prioridades de país.
Así, los distintos niveles de gobierno, comenzando por el
Nacional, dictan políticas y las instituciones públicas deben
reflejar las mismas en objetivos claros y con una ruta
clara de cómo lograrlos. El planeamiento es un sistema
articulado desde el nivel nacional y, es el CEPLAN, quien
está encargado de articular los objetivos estratégicos en
los distintos niveles de gobierno.
La Modernización de la Gestión Pública se enmarca
en el objetivo nacional del eje 3 del Plan Bicentenario "El
Perú hacia el 2021"; Lo que implica lograr que el Estado
se oriente al servicio de los ciudadanos y la promoción
del desarrollo, y que el ejercicio de la función pública sea
eficiente, democrático, transparente, descentralizado
y participativo, en el marco de una ciudadanía ejercida
a plenitud por las personas. Estado democrático y
descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y
articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres
niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el
desarrollo, garantizando la seguridad nacional.
a) Políticas Públicas Nacionales
El proceso de determinación de objetivos claros
empieza con el establecimiento de las Políticas Públicas
Nacionales, bajo la coordinación de CEPLAN. Luego
éstas se ven reflejadas en los planes sectoriales de
responsabilidad de los Ministerios, bajo la coordinación
de la PCM, y de manera articulada con los Gobiernos
Regionales y Locales. Las Políticas Públicas Nacionales
se enmarcan en políticas de Estado, y responden a
un Programa de Gobierno y a la identificación de los
problemas de la agenda pública, que deben priorizarse
tomando en cuenta las necesidades o demandas
ciudadanas.
Estas Políticas Públicas Nacionales son las que
permiten integrar y dar coherencia a toda la acción del
Estado al servicio del ciudadano, debiéndose reflejar en
los objetivos establecidos en los Planes Sectoriales, en los
Planes de Desarrollo Concertado Regionales y Locales, y
en los Planes Estratégicos y Operativos de todas y cada
una las entidades del sector público en los tres niveles de
gobierno. De ese modo el Estado buscará actuar como
un todo coherente y articulado con el propósito de servir
mejor a los ciudadanos y al desarrollo nacional.
En ese proceso, el Estado se encuentra en la obligación
de atender las demandas ciudadanas recogiendo
información respecto a sus necesidades, escuchando a
la población a través de los canales adecuados, así como
informándola acerca de las opciones posibles de política,
promoviendo el debate técnico y político entre los distintos
actores involucrados en el proceso de elaboración de
la política (grupos representativos de la sociedad que
tenga un legítimo interés, las universidades, los colegios
profesionales, las organizaciones no gubernamentales,
empresas privadas, etc.) Este debate permitirá evaluar si
las políticas responden genuinamente al interés público
y por ende, aumentan el bienestar de la sociedad; o si
sólo responden a los intereses particulares de un grupo o
segmento de la sociedad
28
.
27
Aunque debe establecerse esto con claridad en el marco del Plan Bicentenario
aprobado por CEPLAN y el Acuerdo Nacional.
28
Es importante dar a conocer cuáles han sido los criterios aplicados para evaluar
los pro y los contras de las diferentes alternativas de política consideradas, y
justificar las prioridades o la opción elegida sobre la base de análisis que
evalúen: a) el costo/beneficio; b) el costo/efectividad; y c) la viabilidad política,
considerando el grado de consenso necesario para llevar adelante la decisión. En
este análisis debe proyectarse los resultados esperados.
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Este proceso deberá ser aplicado también por los
Gobiernos Regionales y Locales que conforme a lo
que establecen la Constitución y sus respectivas Leyes
Orgánicas, tienen competencia para formular políticas en
los asuntos de su competencia y para el ámbito territorial
de su jurisdicción, siempre dentro del marco de las
políticas nacionales.
Para ello, los sectores del nivel nacional deben
desarrollar sus capacidades de rectoría enmarcada en los
alcances de las políticas sectoriales de su responsabilidad.
Dicha rectoría se refiere entre otros, a aspectos tales como
establecer estándares mínimos de cobertura y calidad de
servicios públicos en materias de competencia compartida
entre el nivel nacional y los gobiernos descentralizados;
fijar metas nacionales de resultados y proveer asistencia
técnica y según sea necesario, financiamiento para el
logro de dichos resultados; consolidar información sobre
la ejecución, evaluar los resultados y retroalimentar el
diseño de las políticas; gestionar el conocimiento sobre
buenas prácticas en la gestión y provisión de los bienes y
servicios públicos enmarcados en las políticas nacionales
de su responsabilidad,
Asimismo, el
CEPLAN debe brindar a todos los
niveles de gobierno, las políticas priorizadas del Gobierno
y los lineamientos requeridos para la articulación entre
las políticas públicas, el planeamiento estratégico y el
planeamiento operativo tanto a nivel sectorial como
territorial, para lo cual deberán ser fortalecidas sus
capacidades y recursos como rector del sistema de
planeamiento estratégico en el Estado.
b) Planeamiento de Desarrollo Concertado
El Plan de Desarrollo Concertado representa la
propuesta de desarrollo acordada por los actores claves
de la región para orientar el proceso de desarrollo regional
o local. Está direccionado por una visión compartida de
futuro y permite una lógica de conjunto del accionar de
los actores regionales y locales respecto al desarrollo
territorial, pensando en el largo y mediano plazo.
Los gobiernos regionales y locales conducen el
proceso participativo de planificación de desarrollo en
su ámbito territorial. Los planes de desarrollo concertado
deben retomar las prioridades de la población - son un
instrumento principal de participación de la ciudadanía
en la planificación del desarrollo - e identificar las
potencialidades de desarrollo, articulando verticalmente los
objetivos de desarrollo territorial entre los distintos niveles
de Estado (nacional, regional y local) y horizontalmente
los distintos planes estratégicos institucionales
c) Planeamiento Estratégico Institucional
El proceso de Planeamiento Estratégico se inicia
identificando al público objetivo al cual la institución
debe servir y determinando los bienes y servicios que
le corresponde producir o entregar. La base de este
análisis es el mandato legal que la entidad ha recibido,
la información recogida acerca de las necesidades de
la población, así como los compromisos asumidos por
el gobierno para su periodo de gestión, todos los cuales
servirán para determinar la misión de la entidad con
respecto al plan.
El siguiente paso del proceso será identificar el
tamaño de las "brechas" de satisfacción, cobertura y
calidad existente entre la "demanda ciudadana" y la "oferta
pública o privada" de los bienes y servicios públicos que le
corresponde atender a la entidad.
Luego de ese proceso, se determina la visión, los
objetivos estratégicos y los valores de la entidad. La
construcción colectiva y la consecuente internalización de
la "visión" por los funcionarios y servidores de la entidad la
convertirán en la idea unificadora de todos los esfuerzos.
Para estar en condiciones de definir los Objetivos
Estratégicos, las entidades deben estudiar sus fortalezas y
debilidades internas, así como analizar las oportunidades y
amenazas existentes en su entorno. Asimismo, en el caso
de los Gobiernos Regionales y Locales, deben asegurarse
que sus objetivos institucionales estén alineados con las
orientaciones de las políticas nacionales y sectoriales.
Sobre esta base, la entidad podrá diseñar las
estrategias para alcanzar los resultados e impactos a
lograr para cada objetivo en el periodo de gestión, para lo
cual se podrán seguir los siguientes pasos:
· Identificar las alternativas de proyectos y actividades
posibles para el cierre de las brechas identificadas;
· Seleccionar las mejores alternativas;
· Estimar el costo estratégico del cierre de las brechas
identificadas (incluyendo costos de inversión y gastos
corrientes) que se requeriría para alcanzar las metas
de satisfacción, cobertura y calidad que le brindarían
mayor satisfacción al ciudadano con eficacia, eficiencia
y trasparencia.
Así, el Planeamiento Estratégico debe dar la
dirección que debe tomar la entidad en el marco de sus
mandatos legales y ser la base para diseñar la estructura
organizacional y los procesos de gestión que permitan
alcanzar los objetivos planteados de la manera más
oportuna y eficiente.
d) Planeamiento Operativo Institucional
Anualmente, las entidades deben elaborar un "Plan
Operativo", que es la herramienta que permite poner en
marcha las estrategias institucionales. En él se detallan
las metas anuales de todos los objetivos y entregables y
se precisan todas las actividades o tareas necesarias para
alcanzar los productos a entregar. Asimismo, se establecen
los recursos, plazos, costos por actividad, estándares de
calidad, la logística necesaria, los planes de contingencia
frente a los riesgos. Por último, se determinarán los
indicadores cuantitativos y cualitativos de insumo-proceso-
producto que servirán para evaluar la gestión y determinar
si se han alcanzado o no los indicadores de resultado e
impacto establecidos (estos indicadores deben guardar
relación con los indicadores incluidos para los programas
presupuestales u otros indicadores de gestión, para evitar
duplicidades). Estos "tableros" de indicadores deberían
permitir posteriormente evaluar el desempeño institucional y
generar el conocimiento adecuado para la mejora continua de
la calidad de la acción del Estado al servicio del ciudadano.
Los procesos de Planeamiento Estratégico y
Planeamiento Operativo articulados entre sí y con los
planes de otras entidades a través de las Políticas
Públicas nacionales, aplican por igual a todas las
entidades del Estado, sean éstas gobiernos regionales,
locales, ministerios u organismos públicos.
Ahora bien, las políticas, planes y sus respectivos
objetivos también deberán estar articulados con el
presupuesto multianual con el que estima contar la entidad
en el periodo de gestión abarcado por el Plan Estratégico
Institucional (un periodo de gobierno), así como con los
presupuestos de inversión y gasto corriente anual. Ello
con el fin de alinear la gestión institucional de los recursos
con el logro de los resultados que mayor satisfacción
brinden al ciudadano.
2. Presupuesto para resultados
La Política de Modernización de la Gestión Pública
apoyará las reformas del sistema presupuestal que viene
implementando la Dirección General de Presupuesto
Público del MEF, sobre todo en lo referido a la mejora de
la eficiencia y eficacia de la gestión. Las reformas que
está impulsando el MEF están orientadas a conciliar tres
objetivos:
a) Mantener la disciplina fiscal;
b) Mejorar la eficiencia en la distribución de los
recursos; y
c) Mejorar la calidad del gasto asegurando eficiencia
y eficacia en las operaciones de todas las entidades y
agencias en los tres niveles de gobierno.
La reforma del Sistema de Presupuesto Público
impulsada por el MEF plantea lo siguiente:
· Lograr, a través de los Programas Presupuestales,
una mayor articulación del presupuesto con las políticas
públicas y prioridades nacionales y entre éstas y los
objetivos estratégicos y operativos de todas las entidades
en los tres niveles de gobierno.
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· Promover intervenciones orientadas a resultados,
migrando del enfoque inercial de asignación de recursos
hacia uno enfocado en productos y resultados. Para
ello, las entidades deberán buscar evidencia acerca de
la manera como las intervenciones y los productos que
se financian lograrán los resultados que brinden la mayor
satisfacción a la población. Ello exige expresar con claridad
los procesos a través de los cuales transformarán los
insumos disponibles en aquellos productos que tendrán
como resultado la mayor satisfacción del ciudadano y con
base en esos procesos, identificar los insumos requeridos
y sus costos.
· Emplear indicadores de desempeño complementados
con evaluaciones independientes en la gestión del
presupuesto. Esto con el fin de monitorear y evaluar si
la asignación de los recursos se realiza en función de las
prioridades establecidas a nivel sectorial y territorial; y,
además, medir, con transparencia, la eficacia y la eficiencia
con que las entidades públicas proveen los servicios y
logran los resultados esperados por los ciudadanos.
· Programar el logro de resultados con visión de
mediano plazo, realizando los previsiones de todos los
recursos necesarios para hacerlos posibles, los que a
su vez deberán ser consistentes con las disponibilidades
generales de gasto preestablecido (dentro del marco
presupuestal multianual). Para ello las entidades
establecerán metas de productos y de resultados para
varios años y estimarán los recursos de inversión,
operación y mantenimiento necesarios para alcanzarlas
dentro de los topes establecidos.
El Programa Presupuestal con Enfoque de
Resultados (PP) es la herramienta de priorización y de
transparencia en la información que permitirá identificar
a la población objetivo o beneficiaria de cada programa
específico y vincularla con los productos y resultados que
las entidades proveerán para satisfacer tales demandas.
Aunque no será posible aplicar esta metodología de
presupuesto a la totalidad del gasto de una entidad, dado
que existe un gasto que, por su naturaleza, contribuye de
manera indivisible al logro de resultados o no resulta en la
entrega de un producto o servicio (tales como los procesos
de soporte o las funciones de gobierno), sí es posible
adoptar progresivamente esta metodología para todo el
gasto programable (asociado a la cadena de valor).
Para la correcta implementación del presupuesto para
resultados, se debe lograr el equilibrio entre el rol rector
del Ministerio de Economía y Finanzas que brinda los
lineamientos y la asistencia técnica, y el rol de los sectores
responsables de formular los programas presupuestales y
los demás sistemas administrativos. Esta relación debe
ser de retroalimentación continua. Además, el sector
nacional responsable de cada programa presupuestal
debe coordinar desde el diseño del mismo, con los
Gobiernos Regionales y Locales en los asuntos de su
competencia, más aún en aquellos casos en los que las
responsabilidades de ejecución recaen en el ámbito de
competencia de unos u otros gobiernos descentralizados.
3. Gestión por procesos, simplificación
administrativa y organización institucional
En el marco de la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública, que plantea la implantación de la
gestión por resultados en la administración pública debe
también adoptarse, de manera paulatina, la gestión
por procesos en todas las entidades, para que brinden
a los ciudadanos servicios de manera más eficiente y
eficaz y logren resultados que los beneficien. Para ello
deberán priorizar aquellos de sus procesos que sean más
relevantes de acuerdo a la demanda ciudadana, a su Plan
Estratégico, a sus competencias y los componentes de los
programas presupuestales que tuvieran a su cargo, para
luego poder organizarse en función a dichos procesos.
a) Gestión por procesos
La optimización de los procesos de la cadena productiva
y el alineamiento correspondiente de los procesos de
soporte debe comenzar tomando las definiciones de la
estrategia en relación con cuál es el bien o servicio que
se tiene que producir y cuáles son las características o
atributos de ese producto que más valora el ciudadano
al cual está dirigido; luego se deben identificar todas y
cada una de las operaciones necesarias para producir
ese bien o servicio. Esto permitirá identificar y priorizar los
procesos que agregan valor, de manera que no se trabaje
sobre procesos innecesarios o irrelevantes.
Se deberán considerar además criterios como el grado
de contacto con el ciudadano (si es presencial o virtual), la
jerarquía de los procesos (macro-procesos, sub procesos
y procedimientos), los niveles de madurez de los procesos
(proceso estable, flexible y adaptable).
Finalmente, y luego de haber analizado las operaciones
individualmente, su secuencia y sus interrelaciones,
se adopta el proceso tecnológico de producción que
en conjunto y como un todo coherente, resulte el más
adecuado por su eficacia, eficiencia y transparencia en la
creación de valor para el ciudadano.
En el caso de los procesos de soporte, la normativa de
los Sistemas Administrativos debe ser tomada en cuenta
en el proceso de optimización, buscando una gestión lo
más ágil posible dentro de las restricciones normadas
y promoviendo de manera proactiva su mejora. Sin
embargo, se pueden identificar ventanas de oportunidad
de mejora que no impliquen modificaciones normativas,
sino un mejor uso de las herramientas disponibles.
Después de este proceso, las entidades podrán
documentar con claridad la relación entre los insumos-
procesos-productos-resultados e impactos de toda su
"cadena de valor". En los Manuales de Procedimientos
(MAPROs) quedará establecida la manera como la entidad
transforma los insumos disponibles en aquellos productos
que tendrán como resultado la mayor satisfacción del
ciudadano. Este trabajo de optimización de procesos
facilitará que las entidades estimen los costos unitarios
(fijos, variables y marginales) de los productos y resultados
ofrecidos al ciudadano.
b) Simplificación administrativa
En el desarrollo de la gestión por procesos es
importante continuar con los esfuerzos relacionados a
la simplificación administrativa, ya que ésta contribuye
a mejorar la calidad, la eficiencia y la oportunidad de
los procedimientos y servicios administrativos que la
ciudadanía realiza ante la administración pública.
La simplificación administrativa tiene por objetivo la
eliminación de obstáculos o costos innecesarios para la
sociedad, que genera el inadecuado funcionamiento de la
Administración Pública.
c) Organización institucional
La determinación de objetivos claros y la asignación
y uso eficiente de los recursos presupuestales orientados
a resultados, están relacionados y tienen que estar
alineados con la manera como las entidades públicas
se organizan. En otras palabras, una vez definidos los
objetivos prioritarios de la entidad, deben identificarse
los procesos relevantes y en función de ellos, la entidad
debe organizarse de manera adecuada para lograr
llevar adelante eficientemente esos procesos y alcanzar
los resultados esperados en la entrega (delivery) de los
bienes y servicios públicos de su responsabilidad.
El diseño organizacional de las entidades debe tomar
en cuenta los siguientes elementos:
· La existencia de estamentos básicos como la alta
dirección, gerencias intermedias, personal de análisis,
personal operativo y personal del soporte administrativo.
· Los mecanismos de coordinación como la
comunicación, los niveles jerárquicos, la estandarización
de procesos, productos, resultados, conocimiento, valores
y normas de conducta.
· Los criterios de diseño como la especialización
del trabajo, identificación de procesos de producción y
procesos de soporte, las capacidades y competencias
del personal, la agrupación de unidades, el tamaño de
las unidades, los enlaces entre las unidades, decisiones
centralizadas y las descentralizadas.
· Temas contingentes como la capacidad de responder
a los cambios en el entorno político, social y económico,
los grupos de interés, las relaciones de coordinación y de
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dependencia institucional, la antigüedad de la institución,
la tecnología, y las relaciones de Poder.
La
estructura organizacional formal deberá tomar en
cuenta entonces, lo señalado anteriormente, así como los
lineamientos normativos que para ello imparta la SGP.
4. Servicio civil meritocrático
El servicio civil es el conjunto de medidas
institucionales por las cuales se articula y gestiona a
los servidores públicos, que armoniza los intereses de
la sociedad y los derechos de los servidores públicos, y
tiene como propósito principal el servicio al ciudadano. En
este sentido, la reforma del servicio civil iniciada por la
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) se orienta a
mejorar el desempeño y el impacto positivo que el ejercicio
de la función pública debe tener sobre la ciudadanía
sobre la base de los principios de mérito e igualdad
de oportunidades como principales características del
servicio civil.
Para ello, el modelo se orienta a la profesionalización
de la función pública en todos los niveles, buscando
atraer a personas calificadas a los puestos clave de la
administración pública, y priorizando la meritocracia en el
acceso, promoción, evaluación y permanencia a través
de un sistema de gestión del capital humano del sector
público, acorde con las nuevas tendencias del empleo a
nivel mundial.
La Política de Modernización de la Gestión Pública
incorpora y se articula con la reforma del servicio civil que
se viene impulsando desde la creación de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil, SERVIR, la que ha definido el
sistema administrativo de gestión de recursos humanos
como un "sistema integrado de gestión cuyo desarrollo
permitirá atraer personas calificadas al sector público,
retener y promover su desarrollo; con la finalidad de cumplir
los objetivos institucionales y generar compromiso hacia
una cultura de servicio al ciudadano, en relación con estos
siete subsistemas de manera integral y consistente".
29
Los
objetivos centrales de la reforma son los
siguientes:
· Establecer un sistema de derechos y deberes para el
adecuado funcionamiento del empleo público.
· Contar con un personal idóneo para el cumplimiento
de los objetivos institucionales.
· Fortalecer la institucionalización del Sistema de
Gestión de personas del Estado.
En ese marco, corresponde a SERVIR formular
la política del sistema, ejercer la rectoría y resolver las
controversias. Las oficinas de recursos humanos de cada
entidad son las responsables de implementar las normas,
principios, métodos, procedimientos y técnicas del
sistema. Así, una responsabilidad importante del esfuerzo
por la modernización recaerá en las entidades públicas,
que deberán hacer una gestión de personal integral,
consistente y concordante con la política formulada por el
ente rector para cada uno de los subsistemas.
5. Sistema de información, seguimiento, evaluación
y gestión del conocimiento
a) Sistema de información
El sistema de información es un proceso para recoger,
organizar y analizar datos, con el objetivo de convertirlos en
información útil para la toma de decisiones. El sistema de
información para el seguimiento, monitoreo y evaluación
debe diseñar los procesos de recojo, sistematización y
análisis de la información, desde la etapa inicial de diseño
de los indicadores, hasta las evaluaciones de resultados
e impacto.
El sistema de información para el seguimiento y
la evaluación parte de los indicadores cuantitativos y
cualitativos, de resultado y de impacto, diseñados en
los Planes Estratégicos Institucionales. Estos deben ser
simples, mensurables, alcanzables, estar orientados a
resultados y referirse a un plazo determinado.
Establecidos los indicadores, éstos deben ser validados
empleando criterios técnicos que aseguren su calidad,
confiabilidad y transparencia en los procesos de toma de
decisiones. Entre los criterios a considerar se encuentran
la relevancia (miden lo que buscamos), la pertinencia
(seleccionamos un pequeño número de indicadores
claves), la economía (son fáciles de conseguir), la
oportunidad (si los vamos a tener en el momento en que
los necesitamos), si estamos en capacidad de obtenerlos,
y si son verificables. No se requiere de indicadores muy
sofisticados que luego no sean analizados. La información
debe ser generada con la finalidad de producir un insumo
para la toma de decisiones y el proceso de evaluación.
b) Seguimiento, monitoreo y evaluación
El seguimiento o monitoreo es un proceso organizado
para verificar que una actividad o una secuencia de
actividades transcurre como se había previsto dentro de
un determinado periodo de tiempo. Reporta las fallas en el
diseño y la implementación de los programas y proyectos,
permite comprobar si se está manteniendo la ruta hacia el
objetivo establecido. Estima la probabilidad de alcanzar los
objetivos planeados, identifica las debilidades que deben
ser atendidas y oportunamente recomienda cambios y
propone soluciones.
La evaluación es un proceso por el cual se determinan
cambios generados por una actividad o secuencia de
actividades, a partir de la comparación entre el estado
inicial y el estado actual utilizando herramientas cualitativas
y cuantitativas. La evaluación se divide en dos tipos: (i)
la evaluación de gestión, que debe explicar el proceso
de gestión y ejecución del plan, programa o proyecto y
medir la pertinencia de las acciones y la eficacia de los
resultados; (ii) la evaluación de impacto que debe analizar
los efectos esperados y no esperados, a la luz de los
objetivos de la institución en relación con las expectativas
de los ciudadanos. La evaluación es una herramienta que
va a permitir el aprendizaje y lograr procesos orientados
a la mejora continua, tanto de las actividades en marcha,
como de la programación, planificación y desarrollo de
políticas. Sirve de base para gestionar el conocimiento y
capitalizar las buenas prácticas de gestión.
Así se mejorarán: i) el estudio de las necesidades del
ciudadano; ii) la definición de los objetivos; iii) la gestión
de los procesos; iv) el costeo y la optimización de las
actividades de la cadena de valor; v) la estructura orgánica;
vi) la coordinación del trabajo; vii) la comunicación
entre las personas y el clima organizacional; viii) el
conocimiento, las capacidades y las competencias de los
servidores públicos; ix) los manuales, los procedimientos,
los formatos; x) los contratos; xi) los propios sistemas de
seguimiento, monitoreo, supervisión, control y evaluación;
xi) la transferencia del conocimiento, entre otros.
Por último, la generación de información debe contribuir
a la difusión y rendición de cuentas de los resultados
parciales y finales de la gestión de las entidades, así
como de los proyectos, programas y políticas que impulsa
la entidad.
c) Gestión del conocimiento
Las dimensiones del concepto de gestión del
conocimiento son:
· El proceso de producción del conocimiento por medio
de los aprendizajes organizacionales,
· El espacio de conocimiento (región, ciudad,
organización),
· Las herramientas y tecnologías de gestión del
conocimiento que guardan y documentan el conocimiento
organizacional,
· La sinergia como dinámica del proceso de desarrollo
de un sistema que aporta a la capacidad de respuesta
de las comunidades y los individuos frente a nuevos
problemas o desafíos en un medio inestable y cambiante,
y
· Los trabajadores del conocimiento.
A través de la gestión del conocimiento se busca:
· Administrar el flujo de información para brindar la
información correcta a la gente que la necesita, de tal
manera que pueda usarla rápidamente.
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485779
· Formular e implementar una estrategia de alcance
organizacional para el desarrollo, adquisición y aplicación
del conocimiento.
· Promover el mejoramiento continuo de los procesos
de cadena de valor, enfatizando la generación y utilización
del conocimiento.
· Monitorear y evaluar los logros obtenidos mediante
la aplicación del conocimiento.
· Divulgación del conocimiento (por ejemplo: lecciones
aprendidas, mejores prácticas, etc.) para que todos los
miembros de la organización y del sistema puedan utilizar
el conocimiento en el contexto de sus actividades diarias.
· Asegurar que el conocimiento esté disponible en el
sitio donde es más útil para la toma de decisiones.
· Facilitar la efectiva y eficiente generación de nuevo
conocimiento (por ejemplo: actividades de investigación y
desarrollo, aprendizaje a partir de casos históricos, etc.);
· Apoyar la adquisición de conocimiento de fuentes
externas y desarrollar la capacidad de asimilarlo y
utilizarlo.
· Asegurar que toda persona en la organización sepa
donde se encuentra disponible el conocimiento en la
entidad.
La gestión del conocimiento es un aspecto clave de
la Política de Modernización de la Gestión Pública ya que
permite identificar, analizar y compartir el conocimiento
disponible y requerido sobre la gestión y su relación con
los resultados. Más aún, la gestión del conocimiento es
un proceso cuyo alcance no debe circunscribirse a cada
organización pública, sino que debe ser capitalizado por
el conjunto del Estado a través de la sistematización e
intercambio de experiencias en redes interinstitucionales
de aprendizaje.
3.2. Ejes transversales de la Política de
Modernización
Tres ejes transversales atraviesan y apoyan el
desarrollo de una gestión pública orientada a resultados: el
Gobierno Abierto, el Gobierno Electrónico y la articulación
interinstitucional (gobierno colaborativo multinivel).
1. Gobierno abierto
Un gobierno abierto es aquel que se abre al escrutinio
público, es accesible a los ciudadanos que lo eligieron,
es capaz de responder a sus demandas y necesidades, y
rinde cuentas de sus acciones y resultados. Asimismo, es
un gobierno en el cual las organizaciones de la sociedad
civil y los ciudadanos pueden: (i) obtener fácilmente
información relevante y comprensible; (ii) interactuar con
las instituciones públicas y fiscalizar la actuación de los
servidores públicos; y (iii) participar en los procesos de
toma de decisiones
30
.
Un gobierno abierto es aquel que garantiza y promueve
la transparencia, la participación ciudadana, la integridad
pública y que aprovecha el poder de la tecnología para
elevar sus niveles de eficacia y garantizar la rendición de
cuentas.
El reto está en asegurar que la información sea
accesible, relevante, completa, confiable y objetiva a lo
largo del tiempo. La accesibilidad implica abrir canales
de comunicación con la ciudadanía para debatir las
políticas públicas, y recibir opiniones sobre la calidad de
los servicios públicos y el desempeño de las agencias
públicas
31
. Finalmente, la colaboración, consiste en la
co-creación de "valor público" entre gobierno, sociedad y
personas.
Un gobierno abierto se expresa, en la incorporación
de criterios de interculturalidad e inclusión en el diseño
de sus políticas públicas o en las prácticas democráticas
y de transparencia de sus autoridades y administraciones.
La innovación tecnológica es un medio que permite
generar mayor accesibilidad y potenciar la capacidad de
la sociedad para diseñar herramientas de transparencia,
participación y colaboración, por medio del uso de
tecnologías de información y comunicación para mejorar
la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos.
En Septiembre de 2011 el gobierno peruano manifestó
su voluntad para incorporarse a la Alianza para el Gobierno
Abierto y suscribió la Declaración Sobre Gobierno
Abierto comprometiéndose a aumentar la disponibilidad
de información sobre las actividades gubernamentales,
promover y apoyar la participación ciudadana, aplicar
los más altos estándares de integridad profesional en
el gobierno, y a aumentar el acceso y el uso de nuevas
tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.
Dentro del marco de la participación peruana en la
Alianza para el Gobierno Abierto, se aprobó el Plan de
Acción de Gobierno Abierto, el cual se centra en cuatro
grandes retos: i) la revisión y mejora del marco normativo
y de los mecanismos de implementación en materia
de transparencia y acceso a la información, rendición
de cuentas y lucha contra la corrupción; ii) promover la
participación y la vigilancia ciudadana informada y alerta;
iii) aumentar la integridad pública garantizando un servicio
civil moderno e íntegro, sistemas de adquisiciones y
contrataciones blindadas contra la corrupción y un control
efectivo y disuasivo; y iv) mejorar la calidad de los servicios
públicos, en especial de aquellos dirigidos a los sectores
de la población que viven en condiciones de pobreza, y
garantizar mecanismos de información y denuncias para
monitorear su desempeño.
La consolidación de un Gobierno Abierto en el país
es un proceso en construcción, que requiere liderazgo y
voluntad política, así como del esfuerzo de autoridades,
políticos, líderes de la sociedad civil y de toda la
ciudadanía.
2. Gobierno Electrónico
El gobierno electrónico se refiere al uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
en los órganos de la administración pública para mejorar
la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos,
orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e
incrementar sustantivamente la transparencia del sector
público y la participación de los ciudadanos
32
.
Es una
herramienta fundamental para la modernización de la
gestión pública, en tanto complementa y acompaña la
gestión por procesos, apoya el seguimiento y la evaluación,
y permite impulsar el gobierno abierto.
De hecho, el gobierno electrónico "ha pasado de ser
el concepto que inició la revolución tecnológica en las
administraciones públicas a convertirse en la herramienta
necesaria que está permitiendo la readecuación y cambio
en las instituciones, centrándose en el ciudadano, no
sólo impulsando una modernización institucional a través
del uso intensivo de TIC en sus procesos internos, sino
utilizándolo en el mejoramiento de la entrega de los
servicios y trámites a los ciudadanos y empresas"
33
.
En un contexto como el peruano, donde el déficit de
infraestructura sumado a otros factores inciden en un
insuficiente uso de TIC, el reto para impulsar el gobierno
electrónico implica asegurar el desarrollo de propuestas
para atender tanto a ciudadanos y empresas que tienen
acceso a las TIC como a aquellos que tienen un nivel de
acceso limitado a las mismas
34
.
29
SERVIR: La Reforma del Servicio Civil como parte de la reforma y modernización
del Estado. 2012
30
OECD (2005): Effective Open Government: Improving public access to government
information. Paris: OECD Publishing.
31
OECD (2005): Modernising Government: The way forward. Paris: OECD
Publishing.
32
CLAD, Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico.
33
D.S. 066-2010-PCM que aprueba el "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la
Información en el Perú, La Agenda Digital Peruana 2.0".
34
Para afrontar este reto, se pueden aprovechar las tendencias de la telefonía móvil
como medio de acceso a información y servicios del Estado.
29
SERVIR:
La Reforma del Servicio Civil como parte de la reforma y modernización del
Estado. 2012
30
OECD (2005): Effective Open Government: Improving public access to government
information. Paris: OECD Publishing.
31
OECD (2005): Modernising Government: The way forward. Paris: OECD
Publishing.
32
CLAD, Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico.
33
D.S. 066-2010-PCM que aprueba el "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la
Información en el Perú, La Agenda Digital Peruana 2.0".
34
Para afrontar este reto, se pueden aprovechar las tendencias de la telefonía móvil
como medio de acceso a información y servicios del Estado.
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485780
Los enfoques del gobierno electrónico pueden ser
analizados tanto desde una mirada del ciudadano /
usuario, como desde la mirada interna e institucional.
Desde la mirada del ciudadano / usuario ­generalmente
el más avanzado-, les toca a las instituciones abordar
aspectos de trabajo en las ventanillas únicas de atención
al ciudadano o empresas, las definiciones alrededor de
los servicios públicos en línea y el aprovechamiento de
los diferentes canales ­presencial, telefónico, virtual,
otros- de acuerdo con las necesidades y posibilidades de
los ciudadanos y empresas, permitiendo un mayor acceso
a información y a servicios públicos organizados. Otro
aspecto que debe seguir siendo abordado es el trabajo
sobre las plataformas web institucionales y las vinculadas
a la transparencia de información, entre otros temas
que son parte del cambio que se puede impulsar en las
instituciones públicas.
En cuanto al enfoque interno, las instituciones públicas
pueden aplicar las TIC en distintos ámbitos vinculados a su
gestión institucional como son las diversas herramientas
de información y de gestión de bases de datos que
optimizan las labores; las herramientas para optimizar los
procesos internos; y la interacción e interoperabilidad
35
entre las entidades del sector público. En la misma línea,
como se plantea en la Agenda Digital Peruana 2.0, contar
con una plataforma de interoperabilidad "(...) permite
interactuar y gestionar la diversidad de componentes
con la utilización de diversos productos de múltiples
proveedores en diferentes organizaciones, de forma que
cada institución pueda obtener la información previamente
definida y estandarizada que le sirva de base para
implementar en forma masiva servicios públicos en línea a
través de portales en Internet y telefonía móvil". Implicará
también diseñar e implementar bases y almacenes de
datos integrados a nivel nacional y a través de todas las
entidades públicas para también facilitar el intercambio de
información para tomar decisiones entorno a la gestión
institucional ­aspectos de planificación, seguimiento y
evaluación, etc.
En el marco de todo lo expuesto, se vuelve
indispensable asegurar la articulación de las propuestas
de la Política Nacional de Modernización con las
estrategias y políticas de Gobierno Electrónico
36
en el
ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros, de
manera que se asegure la consecución coordinada y
efectiva de los objetivos de mejora de la gestión pública
y del desempeño del sector público establecidos en
la presente Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública.
3. Articulación interinstitucional
Un Estado unitario y descentralizado requiere articular
y alinear la acción de sus niveles de gobierno -y el gran
número de entidades que los componen-, cada uno en el
ejercicio de sus respectivas competencias, de manera de
asegurar el logro de objetivos y metas de conjunto que
contribuyan a equiparar las oportunidades de desarrollo
a las que pueden acceder sus ciudadanos en cualquier
lugar del país.
Un Estado unitario y descentralizado es entonces
un Estado complejo y más interdependiente entre sus
partes. En un escenario como éste, para que las políticas
públicas se mantengan coordinadas hasta llegar a los
ciudadanos, se requiere poner en juego mecanismos
efectivos de coordinación y cooperación entre los
niveles de gobierno y las entidades que componen la
organización del Estado.
Esos mecanismos de coordinación y cooperación se
expresan en dos ejes de relación interinstitucional:
· Vertical: entre entidades de distintos niveles de
gobierno, nacional, regional y local;
· Horizontal: entre entidades de un mismo nivel de
gobierno, en el nivel nacional entre sectores, y a nivel
descentralizado, entre gobiernos regionales y locales.
En nuestra legislación vigente están previstos una
serie de mecanismos de coordinación interinstitucional,
tanto a nivel vertical como horizontal.
Los mecanismos de Coordinación vertical son:
· El Consejo de Coordinación Intergubernamental,
previsto en la LOPE como espacio de diálogo y
concertación de políticas nacionales que conciernen a los
tres niveles de gobierno;
· Los Consejos nacionales o instancias directivas de
organismos nacionales especializados, para los cuales
está normada la participación de representantes de
diversos sectores del nivel nacional y de los gobiernos
regionales y locales;
· Las Comisiones Intergubernamentales sectoriales,
previstas en el DS 047-2009-PCM que aprueba el Plan
Anual de Transferencias Sectoriales 2009, para el
desarrollo de la gestión descentralizada de las materias
sectoriales de competencia compartida entre dos o más
niveles de gobierno;
· Los Consejos de Coordinación Regional
(CCR) y Local (CCL), previstos en la LOGR y LOM
respectivamente, como principales espacios de
participación ciudadana a nivel regional y local, de los
cuales también son miembros los alcaldes provinciales
en el caso de los CCR, y los alcaldes distritales en el
caso de los CCL provinciales.
Los mecanismos de Coordinación horizontal son:
· Las Comisiones Interministeriales, tales como el
CIAEF, CIAS y otras;
· Las Juntas de Coordinación Interregional,
previstas en la LOGR y la Ley de Incentivos para
la Integración y Conformación de Regiones, como
espacios de coordinación de proyectos, planes
y acciones conjuntas entre dos o más gobiernos
regionales;
· Las Asociaciones de gobiernos descentralizados,
tales como ANGR, AMPE, REMURPE, MUNIRED y
decenas de otras asociaciones de municipalidades,
como organizaciones de representación, a través de sus
autoridades, de intereses compartidos por agrupaciones
de gobiernos descentralizados;
· Las Mancomunidades de gobiernos regionales
y de municipalidades, creadas por leyes específicas
como nuevas formas de institucionalidad compartida
entre dos o más gobiernos regionales o en su caso,
municipalidades, para la prestación conjunta de servicios
públicos, inversión compartida en proyectos de interés
común e incluso, implementación colaborativa de políticas
públicas, aportando a la generación de confianza entre
las entidades involucradas que contribuya a la integración
territorial.
Por diversas limitaciones de diseño legal o de
consensos insuficientes para su funcionamiento efectivo,
varios de estos mecanismos no han logrado ser eficaces
para aportar a una efectiva coordinación y articulación
interinstitucional e intergubernamental en los asuntos que
les han sido encargados por sus normas de creación. Más
allá de ello, una limitación principal común a la mayoría de
esos mecanismos es que en su diseño y funcionamiento
no diferencian dos planos o dimensiones de coordinación
y cooperación interinstitucional cuyos objetivos y actores
son distintos:
· Plano político: entre autoridades de uno o más
niveles de gobierno, para la concertación y alineamiento
de prioridades de política;
35
Entendida como "la habilidad de organizaciones y sistemas dispares y diversos
para interactuar con objetivos consensuados y comunes y con la finalidad de
obtener beneficios mutuos" Definición tomada del documento "Bases para una
Estrategia Iberoamericana de Interoperabilidad"
36
En el año 2006 se aprobó la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico a
través del resolución ministerial Nº 274- 2006-PCM, documento marco del
gobierno electrónico en el país ­que viene siendo actualizado por la ONGEI- y
que planteaba como Objetivo General "Desarrollar capacidades y servicios
de alta disponibilidad asociados a procesos, en los que participen una o más
instituciones, y sean accedidos desde una ventanilla única de forma que permita
reducir los tiempos de procesamiento de solicitudes, propicien el desarrollo de los
ciudadanos, mejoren la competitividad institucional y la transparencia del Estado,
mediante el uso de TICs."V
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· Plano de gestión: entre administraciones
(representadas por funcionarios) de uno o más niveles
de gobierno, para la articulación y cooperación en la
implementación y gestión de políticas públicas.
Por su naturaleza especializada, es muy difícil que
los sectores del Gobierno Nacional puedan articularse
en políticas multisectoriales para converger sobre grupos
de población con múltiples necesidades que conviven
en territorios específicos; para ello es que se crean
los gobiernos descentralizados más cercanos a las
necesidades diversas de la población. El funcionamiento
eficaz de mecanismos institucionalizados de encuentro,
diálogo y coordinación entre gobiernos y administraciones
de uno o más niveles de gobierno deberá posibilitar una
articulación intersectorial efectiva a nivel del gobierno
nacional que debería correlacionarse con una articulación
territorial también efectiva entre las entidades de distintos
niveles de gobierno que convergen en la implementación
de políticas, programas o proyectos en cada ámbito
territorial.
Ello permitirá que el Estado peruano transite
progresivamente hacia un
modelo de gobierno
multinivel en el que los tres niveles de gobierno se
reconocen unos a otros, en su respectivo rol y como
conformantes de un mismo Estado; y producto de ello
desarrollen relaciones de coordinación y complementación
en un esquema flexible de interrelación y colaboración
en distintas formas y sentidos, que en la práctica admite
múltiples traslapes de competencias tanto horizontales
como verticales.
Con esta perspectiva, en el marco de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública las
entidades de los tres niveles de gobierno deberán
impulsar, apoyar y constituir espacios y mecanismos
de coordinación interinstitucional, así como diversas
iniciativas y formas posibles de cooperación
interinstitucional que contribuyen a expandir la
capacidad de desempeño de conjunto del Estado en el
servicio a sus ciudadanos.
3.3. Desarrollo y sostenibilidad del proceso:
Gestión del cambio (cultural)
Implementar la gestión por resultados implicará en
el Estado peruano una nueva cultura de gestión pública,
reemplazando la ahora dominante que concentra su
atención en la formalidad de sus procesos de gestión
interna y en el control de los insumos y procedimientos
utilizados para ello, por una gestión pública que priorice
la entrega de bienes y servicios públicos a los ciudadanos
y los resultados en la calidad de vida y oportunidades de
desarrollo para éstos que se derivan de esos bienes y
servicios públicos.
Para tener éxito en el proceso de transformación
que les va a exigir constituirse en una entidad moderna,
las instituciones deberán seguir los principios del
enfoque de gestión del cambio. Éste es un proceso
planificado que permite alcanzar y consolidar, a través
de distintas etapas, la visión de lo que se quiere que
la entidad llegue a ser a situación futuro a partir de su
situación actual.
El cambio debe ser un proceso liderado por directivos,
con una filosofía participativa; el plan de cambio debe ser
diseñado por equipos de funcionarios, con las técnicas
propias del trabajo en equipo y los grupos de calidad.
Las ocho etapas
37
que deben seguir las Instituciones para
transformarse son:
· Analizar la situación de la entidad tanto externa
como internamente, y crear un sentido de importancia o
urgencia del cambio.
· Formar un potente grupo de agentes del cambio:
crear un equipo de trabajo para liderar el cambio,
compuesto por personas influyentes en la organización,
cuyo poder puede ser dado por el cargo que ocupan, su
liderazgo o su experiencia. Es fundamental que cuente
con personas de diferentes áreas y diferentes niveles
de la institución.
· Crear una visión para el cambio
: proponer una
visión general compartida por el grupo líder del cambio y
luego apropiada por el conjunto de la organización. Todos
deben comprender, interiorizar y compartir la visión. Es
importante determinar los valores fundamentales para
el cambio; elaborar un breve resumen que capture "lo
que se ve" como futuro de la gestión pública orientada
a resultados y generar una estrategia para ejecutar esa
visión.
· Comunicar la visión
: tanto la visión como la estrategia
de cambio se deben comunicar frecuentemente y con
fuerza, e incluirlas dentro de todo lo que se haga y no solo
en reuniones puntuales.
· Eliminar los obstáculos: durante el proceso es
necesario evaluar constantemente las barreras que
existen. Siempre es pertinente identificar a quienes tienen
una mayor resistencia al cambio y ayudarles a ver lo que
necesitan.
· Asegurase de tener logros a corto plazo: se deben
contemplar metas a corto plazo que permitan presentar
victorias que motiven y generen confianza en que el
proceso de cambio se ha iniciado y continuará. Incluir
etapas de éxito asegurado, que no impliquen un gran
gasto y donde sea posible reconocer el esfuerzo de las
personas que han ayudado a alcanzar los objetivos.
· Construir sobre el cambio
: tener en mente el objetivo
a largo plazo; después de cada logro se debe analizar
los aciertos y los puntos por mejorar. De allí se deben
crear nuevas metas para aprovechar el impulso obtenido
involucrando a más líderes del cambio.
· Anclar el cambio en la cultura organizacional:
se debe garantizar que los esfuerzos se vean en
todos los aspectos de la gestión, hablar acerca de los
avances cada vez que se dé la oportunidad y resaltar
el éxito en los procesos de cambio, tanto interna como
externamente.
4. Lineamientos para la modernización de la
gestión pública
Los lineamientos de la Política se han organizado en
tres grupos:
· El
primero está dirigido a todas las entidades
públicas en todos los niveles de gobierno. Contiene
orientaciones y recomendaciones de aplicación general
respecto a lo que debería hacer cada una de ellas para
servir mejor al ciudadano, desarrollar una gestión pública
para resultados y contribuir al desarrollo nacional, regional
y/o local.
· El
segundo grupo está dirigido específicamente
a los ministerios y organismos nacionales rectores
de
sistemas funcionales, que de manera articulada
deben formular políticas nacionales, así como apoyar
y supervisar su aplicación coherente.
· El
tercer grupo está dirigido específicamente a
los entes rectores de los
sistemas administrativos
nacionales, adoptando una visión equilibrada sobre el
control que deben ejercer en relación con la autonomía
que necesitan las entidades sujetas a los sistemas,
de manera que su normativa contribuya a una gestión
pública al servicio del ciudadano.
Un aspecto que será fundamental para lograr
avanzar en estos lineamientos es el compromiso y la
responsabilidad que cada entidad en los tres niveles de
gobierno frente a la implementación de las propuestas de
modernización en su gestión.
4.1. Lineamientos para las entidades públicas en
general
37
John Kotter: "Leading Change", Harvard Business Review Press, 1996.
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Pilares Centrales /Ejes
transversales
Lineamientos
1. Planeamiento
Nacional, de
Desarrollo
Concertado (si lo
hubiere), Estratégico
Institucional y
Operativo
Establecer objetivos institucionales claros,
medibles, alcanzables y acordes con las
Políticas Nacionales y Sectoriales.
· Identificar al/los público/s objetivo al/los cual/es
cada institución debe servir;
· Establecer la "Misión"(razón de ser) de la entidad
y conocer la demanda ciudadana a la que debe
responder en correspondencia con esa misión;
· Determinar los bienes y servicios que le
corresponde producir para satisfacer la
demanda;
· Determinar el tamaño de las "brechas" de
satisfacción, cobertura y calidad entre la "demanda
ciudadana" y la "oferta pública o privada";
· Identificar y estudiar las fortalezas y debilidades
internas de la entidad;
· Formular la "Visión", los "Objetivos Estratégicos"
y las principales líneas de acción de la Entidad
Pública;
· Analizar y elegir las alternativas de acción
más adecuadas para el cierre de la brechas
identificadas;
· Diseñar las "Estrategias" para alcanzar los
resultados e impactos que se establecen para
los próximos años;
· Detallar y programar las actividades o tareas
necesarias para alcanzar los resultados e
impactos;
· Diseñar los indicadores cuantitativos y
cualitativos de producto que servirán para
analizar el desempeño en el logro de los
resultados e impactos.
2. Presupuesto para
resultados
Disponer, asignar y ejecutar los recursos
presupuestales para financiar los resultados
que los ciudadanos esperan y valoran.
· Implementar Programas Presupuestales en el
marco de sus competencias, para una mayor
articulación del presupuesto con las políticas
públicas y prioridades nacionales, y con los
objetivos estratégicos y operativos de la entidad.
· Programar el logro de resultados con visión de
mediano plazo consistente con las previsiones
de recursos disponibles en el marco presupuestal
multianual.
· Diseñar y emplear indicadores de desempeño
(producto y resultado) y evaluaciones
independientes (resultado e impacto) en la
gestión del presupuesto.
Pilares Centrales /Ejes
transversales
Lineamientos
3. Gestión por
procesos,
simplificación
administrativa
y organización
institucional
Redefinir a nivel nacional, regional y
local, las competencias y funciones de las
entidades en concordancia con el proceso de
descentralización.
· Estudiar rigurosa y estructuradamente cómo
optimizar, formalizar y automatizar cada uno
de sus procesos internos, a lo largo de toda
la "cadena de valor", sobre la base de los
resultados esperados.
· Estudiar rigurosa y estructuradamente como
optimizar los procesos internos de soporte,
tomando en cuenta la normativa de los Sistemas
Administrativos.
· Documentar con claridad la "cadena de
valor" en los Manuales de Procedimientos
(MAPROs).
· Diseñar los indicadores cuantitativos y
cualitativos de eficiencia de gestión (insumo-
proceso-producto).
· Adecuar la infraestructura y tecnologías
para dar soporte eficiente a los procesos
de planificación, producción de bienes y
servicios públicos y gestión a cargo de la
entidad.
Adecuar la organización institucional en
función de los procesos de la cadena de valor y
a la normativa de los sistemas administrativos
del Estado.
· Evaluar la existencia de estamentos
básicos como la alta dirección, la gerencia
intermedia, analistas, personal operativo y
apoyo administrativo; las necesidades de
coordinación y de niveles jerárquicos; la
especialización del trabajo, los procesos
de producción y soporte; las capacidades
y competencias; el tamaño y agrupamiento
de unidades; las decisiones que se
manejan centralmente y aquellas que se
descentralizan.
· Revisar y adecuar la estructura organizacional.
· Revisar y evaluar las unidades de trabajo,
el grado de especialización del trabajo y
dividir el trabajo según: los procesos de
producción y soporte, las decisiones que
se manejan centralmente y aquellas que se
descentralizan.
· Establecer mecanismos de coordinación.
FE DE ERRATAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos
constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que conforme
a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la publicación de Fe de Erratas de las
Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles siguientes
a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante la expedición de otra
norma de rango equivalente o superior.
2. Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda revisar
debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de Erratas.
3. La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo el título "Dice"
y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título "Debe Decir"; en tal sentido, de
existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden antes de consignar el siguiente error a
rectificarse.
4. El archivo se adjuntará en un disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser
remitido al correo electrónico
normaslegales@editoraperu.com.pe
LA DiRECCióN
DIARIO OFICIAL
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NORMAS LEGALES
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485783
Pilares Centrales /Ejes
transversales
Lineamientos
4. Servicio civil
meritocrático
El sistema de recursos humanos asegura la
profesionalización de la función pública a
fin de contar con funcionarios y servidores
idóneos para el puesto y las funciones que
desempeñan.
· Impulsar las reformas que viene implementando
la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el
marco de la nueva Ley del Servicio Civil.
· Planificar las necesidades de personal de
acuerdo con los resultados del planeamiento
estratégico y operativo.
· Establecer el tamaño de planta óptimo, es decir la
cantidad adecuada de personal para las diferentes
áreas que conformarán la organización.
· Contar con perfiles de puesto tipo y un
clasificador de puestos a nivel de la
administración pública.
· Desarrollar cada uno de los 8 sub sistemas de
gestión de personas en la administración pública
(Planificación de políticas de recursos humanos,
organización del trabajo y su distribución, gestión
del empleo, gestión del rendimiento, gestión
de la compensación, gestión del desarrollo y la
capacitación, gestión de las relaciones humanas
y resolución de controversias).
5. Sistema de
información,
seguimiento,
evaluación y gestión
del conocimiento
Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia
en la transformación de los insumos, en los
productos y resultados que los ciudadanos
demandan
· Implementar, de acuerdo con los lineamientos
del ente rector, un sistema de información para
el seguimiento, monitoreo y evaluación, en el
que se establezcan los procesos de recojo,
sistematización y análisis de la información,
desde la etapa inicial de determinación de la
línea de base de los indicadores, hasta las
evaluaciones de procesos, de resultados y de
impacto.
· Definir indicadores cuantitativos y cualitativos
de resultado y de impacto. Estos deber ser
simples, mensurables, alcanzables, estar
orientados a resultados y referirse a plazos
determinados.
· Validar los indicadores empleando criterios
técnicos que aseguren su calidad, aplicabilidad,
confiabilidad y transparencia.
· Hacer seguimiento a las actividades y evaluar
los resultados de los Planes Operativos y
Presupuestos Institucionales.
· Monitorear las políticas, planes, programas
y proyectos, y realizar evaluaciones de sus
resultados e impactos.
Desarrollar un Sistema de Gestión del
Conocimiento integrado al Sistema de
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación que
permita obtener las lecciones aprendidas de
los éxitos y fracasos y establezca las mejores
prácticas para un nuevo ciclo de gestión.
· Sistematizar los aprendizajes institucionales a
partir de las lecciones que aporten los sistemas
de seguimiento y evaluación.
· Desarrollar y facilitar la efectiva y eficiente
generación de nuevo conocimiento (por ejemplo:
actividades de investigación y desarrollo,
aprendizaje a partir de casos históricos, etc.);
· Adquirir conocimiento de fuentes externas y
desarrollar la capacidad de asimilarlo, utilizarlo
y adaptarlo a la institución.
· Divulgar el conocimiento (lecciones aprendidas,
mejores prácticas, estrategias efectivas, etc.)
por medio de reportes, informes, publicaciones,
portal web, entre otros, para que todos los
miembros de la organización así como otras
entidades públicas puedan capitalizarlo para
mejorar su desempeño en el ejercicio de sus
responsabilidades.
· Asegurar que toda persona en la organización
sepa donde se encuentra disponible el
conocimiento en la entidad.
· Impulsar la creación de espacios específicos de
rendición de cuentas a la ciudadanía.
· Apoyar iniciativas de intercambio de
experiencias e inter aprendizaje con otras
entidades públicas.
Pilares Centrales /Ejes
transversales
Lineamientos
6. Gobierno abierto
Asegurar la transparencia, la integridad y la
ética pública, la participación y la colaboración
ciudadanas en el debate de las políticas públicas
y en la expresión de opinión sobre la calidad de
los servicios públicos y el desempeño de las
entidades.
· Institucionalizar y promover las prácticas
de buen gobierno, transparencia y acceso
a la información pública, integridad y ética
pública, rendición de cuentas, participación y
colaboración ciudadana.
· Asegurar que la información brindada al
ciudadano sea relevante, completa, confiable
y objetiva a lo largo del tiempo. Abrir canales
de comunicación con la ciudadanía para debatir
las políticas públicas y recibir opiniones sobre la
calidad de los servicios públicos y el desempeño
de la entidad.
· Impulsar la aplicación de las tecnologías de la
información como instrumento para facilitar el
acceso a la información.
· Diseñar portales de Datos Abiertos y crear
demanda para que sean utilizados.
7. Gobierno electrónico
Promover el gobierno electrónico a través del
uso intensivo de las tecnologías de información
y comunicación (TIC) como soporte a los
procesos de planificación, producción y gestión
de las entidades públicas permitiendo a su vez
consolidar propuestas de gobierno abierto.
· Facilitar el acceso de los ciudadanos a servicios
públicos en línea, organizados en forma sencilla,
cercana y consistente.
· Dar a los ciudadanos acceso a información
permanentemente actualizada sobre la
entidad.
· Integrar, en lo posible, los sistemas de
comunicación de la entidad a las plataformas
nacionales de gobierno electrónico, en
concordancia con el Plan Nacional de Gobierno
Electrónico.
8. Articulación
interinstitucional
Promover, apoyar y participar en espacios de
coordinación interinstitucional con entidades del
mismo nivel como de otros niveles de gobierno,
para multiplicar la capacidad de servicio del
Estado en beneficio de los ciudadanos mediante
la articulación de políticas, recursos y capacidades
institucionales.
4.2. Lineamientos para los ministerios y entes
rectores de sistemas funcionales
Lineamientos
1. Fortalecer su capacidad de formulación, rectoría, supervisión y evaluación
de las políticas públicas de su responsabilidad.
2. Promover el debate público abierto en el proceso de formulación de
Políticas Públicas, incluyendo a grupos representativos de la sociedad
que tengan un legítimo interés, a las Universidades, a los Colegios
Profesionales, a las ONGS, a las Empresas Privadas.
3. Articular las políticas públicas de su responsabilidad, tanto con las
competencias y funciones de los tres niveles de gobierno, como con los
objetivos y metas nacionales.
4. Coordinar con las instancias descentralizadas de gobierno desde el diseño
de las políticas nacionales y sectoriales que comprometan materias de
competencia compartida, a fin de asegurar la máxima capacidad de
servicio del Estado a los ciudadanos a través de la acción conjunta de los
tres niveles de gobierno, según corresponda.
5. Establecer espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional
con otros Ministerios, organismos del Gobierno Nacional y los Gobiernos
Regionales y Locales en el diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas de su responsabilidad, según corresponda.
6. Descentralizar funciones y responsabilidades, con el objetivo de prestar
de manera eficiente los bienes y servicios públicos. Evaluar previamente
las situaciones especiales en que, por economías de escala u objetivos
nacionales de nivelación y redistribución, resulte conveniente optar por
otras alternativas.
7. Transferir capacidades y recursos a los gobiernos regionales y locales
para una implementación eficiente y eficaz de las políticas nacionales y
sectoriales de su responsabilidad.
8. Fomentar el intercambio de experiencias y la difusión del conocimiento
sobre la implementación y evaluación de las políticas públicas de su
responsabilidad.
9. Simplificar, actualizar y difundir la normativa de su competencia, para
lograr la aplicación adecuada de las políticas nacionales.
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NORMAS LEGALES
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4.3. Lineamientos para los entes rectores de
sistemas administrativos
Lineamientos
1. Equilibrar el control y la flexibilidad, ejercer el control necesario para
asegurar el correcto uso de los bienes y recursos públicos, pero en el
marco de la flexibilidad necesaria que requieren las entidades públicas
para operar eficientemente
2. Implementar herramientas de gestión acordes a la heterogeneidad de las
entidades públicas y de sus requerimientos, en correspondencia con sus
funciones, tamaño y capacidades.
3. En correspondencia, concordar, simplificar y difundir la normativa
existente del Sistema, tomando en consideración la diversidad de las
entidades públicas en lo referente a sus funciones, tamaño y capacidades
institucionales.
4. Brindar asistencia técnica a las entidades y desarrollar las capacidades
de sus servidores a fin de garantizar una correcta implementación de la
normativa de los sistemas administrativos.
5. Articular el sistema de modernización de la gestión pública con los demás
sistemas administrativos, aprovechar las sinergias existentes y reducir los
procedimientos a cargo de cada entidad pública.
6. Desarrollar un plan de modernización del respectivo Sistema Administrativo
acorde con los presentes lineamientos (incluyendo su articulación con los
demás), en coordinación con el ente rector del Sistema Administrativo
de Modernización de la Gestión Pública, fijando un plazo para su
implementación dentro de los próximos dos años.
5. El rol del ente rector del sistema de modernización
de la gestión pública
El ente rector de un sistema administrativo es la
autoridad técnico-normativa a nivel nacional que,
según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tiene
atribuciones para dictar normas y establecer los
procedimientos relacionados a su ámbito. El Sistema
de Modernización de la Gestión Pública, sin embargo,
se diferencia de los demás sistemas administrativos
en que no regula un proceso específico de soporte
de la gestión. Se trata de un sistema que impulsa
reformas en todos los ámbitos de la gestión pública,
aplicables a todas las entidades y niveles de gobierno.
La adopción de las reformas depende de una serie
de factores ajenos al ámbito legal y administrativo,
como por ejemplo que cada entidad en los tres
niveles de gobierno asuman su responsabilidad ­en
el marco de sus competencias y funciones- frente a la
implementación de las propuestas de modernización
en su gestión. Otros factores son la voluntad política
de las autoridades de cada entidad y de los demás
sistemas administrativos, los recursos disponibles y
la capacidad institucional para generar y sostener el
proceso de cambio hacia el nuevo modelo de gestión.
El ente rector de la modernización debe ser una
institución promotora de la cultura de servicio al ciudadano
y de procesos de innovación de gestión en las entidades;
líder en la generación de conocimiento y normatividad
en la materia; articuladora de capacidades e información
para la modernización de la gestión; así como gestora y
facilitadora de las reformas legislativas e institucionales
necesarias para implementar la Gestión por Resultados
en todos los niveles de gobierno.
En ese marco, el ente rector también debería
promover la articulación de los sistemas administrativos.
Asimismo, deberá coordinar con la Oficina Nacional
de Gobierno Electrónico e Informática ­ONGEI
aquellos asuntos vinculados con el uso intensivo de
las Tecnologías de la Información y Comunicación
para asegurar la implementación de plataformas
nacionales para integrar los sistemas de información
y comunicación de las entidades de los tres niveles
de gobierno, entre otros aspectos vinculados al
gobierno electrónico, por ser aspectos claves para el
funcionamiento articulado y eficiente del Estado en su
conjunto.
Por todo ello, los instrumentos a ser aplicados por
este sistema administrativo no se limitan a la emisión
de normas y reglamentos, sino que deben buscar
apoyar a las entidades en la modernización de su
gestión. En este sentido, el ente rector debe desarrollar
principalmente instrumentos que incentiven y apoyen
los esfuerzos de modernización de la gestión en todos
los organismos públicos y niveles de gobierno, tales
como la formulación de lineamientos y orientaciones; la
realización de acciones de coordinación y articulación
entre los actores del proceso de modernización de
la gestión; la ejecución de programas y acciones de
desarrollo de capacidades; e incluso, la administración
de incentivos para alentar e impulsar la formulación
e implementación de propuestas de modernización.
Cabe destacar este último punto, que se refiere a la
administración de fondos concursables o transferencias
condicionadas, de tal manera que el ente rector pueda
financiar iniciativas y esfuerzos de las entidades
públicas, y acompañarlas con apoyo técnico. La
administración de tales fondos concursables o
transferencias condicionadas se efectuarán en el marco
de la normatividad vigente.
Las acciones a ser desarrolladas por el ente rector en
el ámbito de cada uno de los pilares de la modernización
de la gestión pública son las siguientes:
Pilares Centrales /Ejes
transversales
Acciones
1. Políticas Públicas,
Planes Estratégicos
y Operativos
· Promover y apoyar la institucionalización de
espacios de coordinación interinstitucional,
tanto en el nivel nacional como entre niveles de
gobierno, para el alineamiento de planes y la
articulación de políticas públicas.
· Promover el desarrollo de la gestión para
resultados en el conjunto de la administración
pública del país.
2. Presupuesto para
Resultados
· Promover la identificación de espacios de
mejora en la gestión institucional de los 3
niveles de gobierno con énfasis en los espacios
de implementación / operación vinculados a
los Programas Presupuestales con enfoque a
resultados.
3. Gestión por
procesos,
simplificación
administrativa
y organización
institucional
· Brindar lineamientos y asistencia técnica
metodológica para la optimización,
automatización y formalización de los
procesos internos y de soporte en las
entidades.
· Promover, orientar y supervisar la
implementación de los procesos de
simplificación administrativa.
· Ampliar la estrategia de Mejor Atención al
Ciudadano (MAC)
· Regulación y supervisión de los instrumentos
de gestión de las entidades públicas.
· Mejorar el acceso a la información pública y la
transparencia de las entidades.
· Aprobar lineamientos y manuales que faciliten
los procesos de modernización de gestión de
las entidades públicas.
4. Servicio civil
meritocrático
· Apoyar el proceso reforma estructural del
servicio civil, impulsado por SERVIR.
· Apoyar a SERVIR en la promoción e
implementación de políticas institucionales
de mejora del desempeño de los servidores
públicos.
5. Sistema de
información,
seguimiento,
evaluación y gestión
del conocimiento
· Definir los indicadores de seguimiento y
evaluación del proceso de modernización de la
gestión pública.
· Monitorear y evaluar periódicamente el avance
del proceso (de los indicadores).
· Producir y difundir un Ranking de Modernización
de las entidades públicas.
· Compilar, sistematizar y compartir las buenas
prácticas de gestión pública.
· Dar a conocer los avances, resultados y
desafíos del proceso de modernización de la
gestión pública: Observatorio de Modernización
de la Gestión Pública.
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 9 de enero de 2013
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Pilares Centrales /Ejes
transversales
Acciones
6. Gobierno abierto
· Promover la institucionalización de las prácticas
de buen gobierno: ética, transparencia y acceso
a la información pública, rendición de cuentas y
participación ciudadana en todo el Estado.
· Seguimiento a la implementación del
fortalecimiento de capacidades y sensibilización
en materia de ética de la gestión pública.
· Fortalecimiento y mayor difusión del ranking de
entidades cumplidoras en materia de Portales
de Transparencia Estándar, como incentivo al
mejor cumplimiento de la ley de transparencia
y acceso a la información pública.
· Implementación del Portal de Datos Abiertos.
· Promover y apoyar mecanismos efectivos
de consulta y participación ciudadana en la
implementación y evaluación de políticas
públicas priorizadas.
· Monitoreo y evaluación participativa del
cumplimiento de los compromisos del Plan de
Acción de Gobierno Abierto en los tres niveles
de gobierno.
7. Gobierno electrónico · Apoyar el proceso de adopción de prácticas de
gobierno electrónico que permitan brindar una
mejor atención al ciudadano.
· Establecer estándares para apoyar la
optimización de procesos de la Administración
Pública a partir de lineamientos para facilitar su
informatización a través del uso de TICs
· Coadyuvar al establecimiento del marco de
interoperabilidad del Estado peruano así como
los estándares de interoperabilidad entre
instituciones públicas.
· Coadyuvar los procesos que buscan la
implementación de servicios públicos en línea.
8. Articulación
interinstitucional
· Promover la reforma de la normativa de
los Sistemas Administrativos, a fin de que
conceda un mayor margen de autonomía a las
entidades públicas, considerando su diversidad
y en equilibrio con la regulación necesaria para
asegurar el buen uso de los recursos públicos.
· Trabajar con los entes rectores para su
articulación y desarrollar sinergias entre ellos.
886510-1
Crean Comisión Multisectorial de
Naturaleza Permanente denominada
"Comité Nacional de Humedales"
DECRETO SUPREMO
N° 005-2013-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Legislativa Nº 25353
de fecha 26 de noviembre de 1991, la República del
Perú aprobó la Convención sobre los Humedales de
Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat
de Aves Acuáticas ­ Convención RAMSAR, que es un
tratado intergubernamental que sirve de marco para la
acción nacional y la cooperación internacional en pro de
la conservación y el uso racional de los humedales y sus
recursos;
Que, mediante Carta de Entendimiento de fecha 24 de
enero de 1992, se estableció el Programa de Conservación
y Desarrollo Sostenido de Humedales Perú, que actuaba
como Comité Nacional de Humedales RAMSAR y estaba
presidido por el entonces Instituto Nacional de Recursos
Naturales ­ INRENA, en su condición de autoridad
administrativa ante la Convención RAMSAR;
Que, la Recomendación N° 5.7 de la Quinta Reunión
de la Conferencia de las Partes Contratantes de la
Convención RAMSAR, incita a las partes contratantes
a establecer o reconocer el establecimiento de comités
nacionales en función de las necesidades de cada parte,
a fin de que coordinen la aplicación de la Convención a
nivel nacional;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 054-96-
INRENA, se aprobó la Estrategia Nacional para la
Conservación de Humedales en el Perú, encaminada,
entre otros aspectos, a contribuir al fortalecimiento de las
instituciones involucradas en el manejo de humedales e
impulsar los mecanismos participativos necesarios para
la conservación de los humedales;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
establece en el literal j) del artículo 7º, que es función
específica del Ministerio del Ambiente, implementar
los acuerdos ambientales internacionales y presidir las
respectivas comisiones nacionales;
Que, el literal j) del artículo 11º del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-MINAM,
señala como una de las funciones del Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, actuar
como punto focal de la Convención sobre humedales
RAMSAR, supervisando el cumplimiento de sus
disposiciones;
Que, el literal c) del artículo 35º del citado Reglamento,
dispone como una de las funciones de la Dirección General
de Diversidad Biológica, formular, conducir y supervisar,
la política, planes, estrategias e instrumentos para la
gestión de los ecosistemas en el país, especialmente los
ecosistemas frágiles;
Que, el numeral 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que las
comisiones multisectoriales de naturaleza permanente,
son creadas con fines específicos para cumplir funciones
de seguimiento, fiscalización, o emisión de informes
técnicos, creándose formalmente mediante decreto
supremo refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros y los titulares de los sectores involucrados;
Que, en ese sentido, resulta conveniente la creación
de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente
denominada "Comité Nacional de Humedales", que
estará encargada promover la gestión adecuada de los
humedales a nivel nacional, así como el seguimiento a
la implementación de los compromisos derivados de la
Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas ­ Convención RAMSAR;
De conformidad con lo establecido por la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el numeral 8)
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú.
DECRETA:
Artículo 1º.- Objeto
Créase la Comisión Multisectorial de Naturaleza
Permanente denominada "Comité Nacional de
Humedales", adscrita al Ministerio del Ambiente -
MINAM, que tendrá por objeto promover la gestión
adecuada de los humedales a nivel nacional, así
como el seguimiento a la implementación de los
compromisos derivados de la Convención Relativa
a los Humedales de Importancia Internacional,
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas ­
Convención RAMSAR.
Artículo 2º.- Funciones
El Comité Nacional de Humedales, tendrá las
funciones siguientes:
a) Articular las acciones de coordinación multisectorial
e interinstitucional sobre aspectos relacionados a los
humedales y la Convención RAMSAR.
b) Monitorear la aplicación de la Estrategia Nacional
para la Conservación de Humedales en el Perú y su Plan
de Acción.
c) Revisar y proponer la modificación y adecuación
del marco legal vigente, a fin de que se mejore el
desempeño de la gestión ambiental para la conservación
de humedales.
d) Fomentar foros y otros espacios para la discusión
de temas referentes a la conservación de los humedales,
a fin de motivar el conocimiento y sensibilización de la
ciudadanía.