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tal antinomia debe resolverse aplicando la norma más
favorable conforme lo dispone el artículo 139°.11 de la
Constitución. Esta situación: reconocimiento de colisión
de disposiciones vigentes, ha sido resuelta en ese sentido
por los dos Acuerdos Plenarios antes indicados.
En efecto, el segmento etáreo analizado tiene diversas
y contradictorias disposiciones jurídico penales. Cabe
señalar lo dispuesto en los artículos 176°-A CP, 179°-
A CP y 175° CP (Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ116,
FJ 7), que reconocen lo constante de nuestro sistema
punitivo: que el sujeto pasivo de diversos tipos legales
que integran el Derecho penal sexual y que se refieren a
adolescentes fijan como edad entre catorce años y menos
de dieciocho años, casos en los que la protección penal
viene condicionada por la presencia de otros elementos
adicionales ­que se requieren en el supuesto de los niños
o niñas-, como el engaño o el aprovechamiento de una
situación de prevalencia, superioridad o dominio en sus
diversas manifestaciones del autor del hecho sobre la
víctima. Esa lógica, como se denuncia en este Acuerdo
Plenario, ha sido alterada por el numeral 3) del artículo
173° CP.
7°. Que, por otro lado, no puede dejar de reconocerse
que el numeral 3) del artículo 173° CP es claro desde
una perspectiva o método gramatical de interpretación
de la ley penal: se sanciona como delito de agresión
sexual agravada, de menores de edad, a los que tienen
acceso carnal, sin interesar la voluntad de la víctima,
cuando ésta tiene entre catorce años de edad y menos
de dieciocho. Empero, como postula la doctrina, la
interpretación gramatical o literal no suele ser suficiente;
debe ser complementada con la interpretación lógico-
sistemática, que busca el sentido de los términos legales
a partir de su ubicación dentro de la ley y su relación con
otros preceptos, desde la perspectiva de la necesaria
coherencia del ordenamiento jurídico. Los términos
legales no pueden interpretarse de manera aislada sino
en relación al contexto en que se les utiliza, de modo que
eviten las contradicciones cuando el legislador olvide el
orden sistemático.
En atención a lo anteriormente expuesto, y si bien no
puede desbordarse el sentido literal posible de las leyes
­la interpretación gramatical opera como límite-, cabe
aquí incorporar, más allá de una interpretación restrictiva,
una determinación o un juicio de validez concreta de
una norma, en la medida en que su texto, aisladamente
apreciado, contradice otras disposiciones legales vigentes
que regulan un ámbito común del fenómeno social
regulado.
En este caso ya no se trata de reducir el ámbito
del sentido literal propio de los términos del numeral 3)
del artículo 173° CP: interpretación restrictiva, sino de
entender que se presenta un supuesto de contradicción
normativa intrasistemática, que obliga al juzgador a la
aplicación de la ley más favorable, tal como establece el
artículo 139°.11 de la Constitución. La existencia de dos
consideraciones simultáneas sobre la integralidad de un
mismo fenómeno objeto de regulación jurídica -de reglas
contradictorias aplicables al caso- obliga al juzgador a
optar, desde los principios ­que también son enunciados
jurídicos-, por la norma más benigna, para lo cual se
acude a una fuente del Derecho con autoridad y prestigio,
como es el citado artículo 139°.11de la Constitución, y que
por lo demás es una norma valida que exige cumplimiento
pleno.
8°. Que, en tal virtud, el enjuiciamiento jurídico o
subsunción, de concreción de la norma, necesariamente
abstracta y general, al caso objeto de análisis: agresión
sexual con violencia o grave amenaza de una persona
entre catorce años de edad y menos de dieciocho,
se decanta por el artículo 170° CP, con exclusión del
numeral 3) del artículo 173° CP. Ésta es la significación
y el contenido correcto que en lo sucesivo han de tener
presente los jueces, que precisa cuál es la norma válida
para la subsunción objeto de análisis; su validez se afirma,
básicamente, en que supone la afirmación de un principio
reconocido universalmente por el Derecho Constitucional
y Penal. Se invoca, pues, una razón autoritativa.
La conclusión asumida, propia de una sentencia de
principio y no meramente de especie, cabe enfatizarlo: es
compatible, desde el resultado final de la interpretación,
subsunción y aplicación de la ley penal, con los principios,
valores y garantías previstos en la Constitución ­no se
puede olvidar el carácter normativo de la Constitución, la
efectividad de los principios y derechos consagrados en
ella, y la función jurisdiccional de la Corte Suprema de
Justicia-. Es obvio, consecuentemente, que el sentido y
el espíritu de todo el ordenamiento jurídico son definidos
finalmente por la Constitución. Ésta fija el criterio de
favorabilidad ante contradicciones de normas vigentes
­aquí invocado expresamente-, así como reconoce la
aplicación imperativa del principio de proporcionalidad.
La justicia material no tendría lugar si se evade estas
premisas y, como corolario, se aplica un precepto legal
incoherente con las demás disposiciones de la ley sin
atender a una regla superior destinada a superar las
antinomias normativas.
Estos marcos de decisión están ceñidos a los límites y
base dogmática que permite la Constitución y el resto del
ordenamiento jurídico. La evaluación que aquí se efectúa
­siempre imprescindible para dilucidar un conflicto de
alcances significativos- (i) no es una ceñida a parámetros
de oportunidad o de calidad ­perspectivas autónomas
de política criminal-, (ii) ni pierde conexión con el texto
constitucional, cuyas normas y principios se invocan;
(iii) respeta el principio de separación de poderes ­no
crea una respuesta jurídica al margen de una regla de
Derecho-, y (iv) asume una fórmula reconocida para cubrir
un supuesto de vacío o de incoherencia normativa.
Sr.
SAN MARTÍN CASTRO
819396-1
Acuerdo plenario en materia penal
sobre audiencia de tutela e imputación
suficiente
I PLENO JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIO
DE LAS SALAS PENALES
PERMANENTE Y TRANSITORIA
ACUERDO PLENARIO N° 2-2012/CJ-116
F
undamento
:
artículo
116° tuo loPJ
a
sunto
: a
udiencia
de
tutela
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imPutación
suficiente
Lima, veintiséis de marzo de dos mil doce.-
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
República y los Jueces Supremos de lo Penal de este
Máximo Tribunal de Justicia Ordinario, reunidos en Pleno
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:
ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de
la Corte Suprema de Justicia de la República, con la
autorización del Presidente del Poder Judicial mediante
Resolución Administrativa N° 053-2012-P-PJ, y el
concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo
la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron
realizar el I Pleno Jurisdiccional Extraordinario Penal -
que incluyó el Foro de "Participación Ciudadana"- de los
Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar
Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia
penal.
2°. El I Pleno Jurisdiccional Extraordinario Penal
se realizó en tres etapas. La primera etapa tuvo como
finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad
civil del país, quienes intervinieron con sus valiosos
aportes en la identificación y análisis de los tres problemas
hermenéuticos y normativos seleccionados. Para ello se
habilitó el Foro de "Participación Ciudadana" a través del
portal de internet del Poder Judicial, de suerte que se logró
una amplia participación de la comunidad jurídica y de
diversas instituciones del país a través de sus respectivas
ponencias y justificación.
3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de
la Audiencia Pública, que se llevó a cabo el doce de
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marzo del presente año. En ella, los representantes
de la comunidad jurídica e instituciones acreditadas
sustentaron y debatieron sus respectivas ponencias
ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas
Penales, interviniendo en el análisis del tema del presente
Acuerdo Plenario, los señores Giammpol Taboada Pilco
(Juez de Investigación Preparatoria de La Libertad); Julio
Cesar Espinoza Goyena (Representante del Instituto de
Ciencia Procesal Penal); Eduardo Remi Pachas Palacios
y Mario Pablo Rodríguez Hurtado, profesores de derecho
procesal penal.
4°. La tercera etapa del I Pleno Jurisdiccional
Extraordinario Penal comprendió el proceso de discusión y
formulación de los Acuerdos Plenarios, con la designación
de Jueces Supremos Ponentes para cada uno de los
tres temas seleccionados. Esta fase culminó el día de la
Sesión Plenaria realizada en la fecha con participación
de todos los Jueces integrantes de las Salas Penales
Permanente y Transitoria (a excepción del doctor Pariona
Pastrana, quien se encontraba de vacaciones), con igual
derecho de voz y voto. Es así, como finalmente se expide
el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo
dispuesto en el Artículo 116° de la LOPJ, que faculta a
las Salas Especializadas del Poder Judicial a pronunciar
resoluciones vinculantes con el fin de concordar criterios
jurisprudenciales de su especialidad.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de
la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la
votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente
Acuerdo Plenario.
Interviene como Ponente el señor S
an
M
artín
C
aStro
.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
6°. Los rasgos generales o características esenciales
de la acción de tutela jurisdiccional penal, normada en
el artículo 71° del Nuevo Código Procesal Penal ­en
adelante, NCPP­ han sido abordados en el Acuerdo
Plenario N° 4-2010/CJ-116.
Los derechos fundamentales que se protegen son
aquellos previstos en el citado artículo 71° NCPP. Uno
de ellos es el: conocimiento de los cargos formulados en
contra del imputado (artículo 71°.2, `a'). Debe entenderse
por `cargos penales', aquella relación o cuadro de hechos
­acontecimiento histórico­, de relevancia penal, que
se atribuye al imputado y que, prima facie, justifican la
inculpación formal del Ministerio Público.
El artículo 336°.2, `b' NCPP, sobre este extremo,
fija como contenido de la Disposición de Formalización
y Continuación de la Investigación Preparatoria ­en
adelante, DFCIP­, "los hechos y la tipificación específica
correspondiente. El Fiscal podrá, si fuera el caso,
consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de
investigación, indicando los motivos de esa calificación".
7°. Es evidente, por lo demás, que el nivel de precisión
de los hechos ­que no de su justificación indiciaria
procedimental­, atento a la propia naturaleza jurídica de
la DFCIP y del momento procesal de ejercicio o promoción
de la acción penal por el Fiscal, debe ser compatible
­cumplidos todos los presupuestos procesales­ con el
grado de sospecha inicial simple, propia de la necesidad
de abrir una instancia de persecución penal ­es decir,
que impulse el procedimiento de investigación­. Tal
consideración, como se sabe, ha de estar alejada de
las meras presunciones, y fundada en puntos de partida
objetivos y asentada en la experiencia criminalística de
que, en pureza, existe un hecho de apariencia delictiva
perseguible ­presupuesto jurídico material­ atribuible a
una o varias personas con un nivel de individualización
razonable y riguroso.
Lo expuesto explica que una de las características
del hecho investigado es su variabilidad durante el
curso de la etapa de investigación preparatoria ­o,
mejor dicho, `delimitación progresiva del posible objeto
procesal'­, y que el nivel de precisión del mismo ­relato
del hecho histórico y del aporte presuntamente delictivo
de los implicados por la Fiscalía­ tiene un carácter más
o menos amplio o relativamente difuso. No es lo mismo
un delito flagrante, que uno referido a sucesos complejos
y de determinación inicial algo incierta y, por tanto, de
concreción necesariamente tardía. En iguales términos,
como no podía ser de otro modo, se ha pronunciado la STC
N° 4726-2008-PHC/TC, del 19 de marzo de 2009, aunque
es de aclarar que el nivel de detalle del suceso fáctico
está en función a su complejidad y no necesariamente a
su gravedad.
8°. En nuestro nuevo sistema procesal penal no
corresponde al órgano jurisdiccional, como en otros
contados modelos procesales, un amplio control de los
presupuestos jurídico-materiales en sede de investigación
penal preparatoria, cuyo señorío ejerce a plenitud el
Ministerio Público ­distinto es el caso, por cierto, de las
otras etapas o fases procesales­ (verbigracia: artículo
15°.3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal).
Bastaría, en principio, la mera afirmación por el Fiscal
de un suceso aparentemente típico para la configuración
formalmente válida del proceso penal ­el acto de
imputación, si bien procesal, no es jurisdiccional­. Sólo
en definidos momentos y precisos actos procesales
está reservado al órgano jurisdiccional intervenir para
enmendar presuntos desafueros del Fiscal a propósito
de la expedición de la DFCIP. Este sería el caso, por
ejemplo, de la delictuosidad del hecho atribuido y de los
presupuestos procesales, en que el NCPP prevé vías
específicas para su control jurisdiccional ­el supuesto
más notorio es el de la excepción de improcedencia de
acción: artículo 6°.1, `b' NCPP­.
9°. Es evidente, asimismo, que no puede cuestionarse
en vía de tutela jurisdiccional penal el nivel de los
elementos de convicción o su fuerza indiciaria para anular
la DFCIP, puesto que se trata de un presupuesto procesal
­bajo cargo exclusivo de la jurisdicción ordinaria (así,
STC N° 4845-2009-PHC/TC, del 7 de enero de 2010)­,
cuyo control está reservado al requerimiento fiscal que
da por conclusa la fase de investigación preparatoria
e inicia la etapa intermedia, en cuyo caso se exige, ya
no sospecha inicial simple, sino `sospecha suficiente'
­se ha de esperar una condena con fuerte probabilidad,
sospecha que a su vez alcanza a un convencimiento por el
órgano jurisdiccional de la existencia de los presupuestos
procesales y de la punibilidad de la conducta imputada­,
plenamente controlable en este caso (vid: artículos 344°.1,
346°.1, 350°.1,'a' y 352°.2 y 4 NCPP).
Así las cosas, se entiende que el parágrafo 14° del
Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116 limite el ejercicio de
la acción de tutela, a la que califica de "residual", a los
derechos taxativamente enumerados en el artículo 71°
NCPP, y que el parágrafo 18° fije como criterio base la
irrecurribilidad de la DFCIP.
10°. Ahora bien, la garantía de defensa procesal,
desarrollada por el artículo IX del Título Preliminar
del NCPP, incluye, aparte de los llamados `derechos
instrumentales' (derecho a la asistencia de abogado,
utilización de medios de prueba pertinente, a no
declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable),
los denominados `derechos sustanciales', que son
presupuestos básicos de su debido ejercicio, entre ellos la
comunicación detallada de la imputación formulada contra
el imputado. Su efectividad, sin duda, como correlato del
conocimiento de los cargos (artículo 72°.2, `a' NCPP),
requiere inexorablemente de que los hechos objeto de
imputación en sede de investigación preparatoria (vid:
artículo 342°.1 NCPP) tengan un mínimo nivel de detalle
que permita al imputado saber el suceso histórico que se
le atribuye y la forma y circunstancias en que pudo tener
lugar.
Tal dato es indispensable para que pueda ejercer una
defensa efectiva, la cual no puede quedar rezagada a la
etapa intermedia o a la etapa principal de enjuiciamiento:
la defensa se ejerce desde el primer momento de la
imputación (vid: artículo 139°.14 de la Constitución), que
es un hecho procesal que debe participarse a quien resulte
implicado desde que, de uno u otro modo, la investigación
se dirija contra él, sin que haga falta un acto procesal
formal para que le reconozca viabilidad.
Es evidente, a partir del modelo procesal asumido por
el NCPP, que el imputado, en un primer momento, deberá
acudir al propio Fiscal para solicitar las subsanaciones
correspondientes en orden a la precisión de los hechos
atribuidos ­este derecho de modo amplio lo reconoce el
artículo 71°.1 NCPP­.
11°. Muy excepcionalmente, ante la desestimación del
Fiscal o ante la reiterada falta de respuesta por aquél ­que
se erige en requisito de admisibilidad­, y siempre frente a
una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos
con entidad para ser calificados, de modo palmario, de
inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos, o porque
no se precisó el aporte presuntamente delictivo del
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imputado, cabría acudir a la acción jurisdiccional de tutela
penal.
En este caso la función del Juez de la Investigación
Preparatoria ­ante el incumplimiento notorio u ostensible
por el Fiscal de precisar los hechos que integran los cargos
penales­ sería exclusiva y limitadamente correctora
­disponer la subsanación de la imputación plasmada en
la DFCIP, con las precisiones que luego de la audiencia
sería del caso incorporar en la decisión judicial para evitar
inútiles demoras, pedidos de aclaración o corrección, o
cuestionamientos improcedentes­. Bajo ningún concepto
el auto judicial puede ser anulatorio y, menos, de archivo
o sobreseimiento anticipado de la investigación.
III. DECISIÓN
12°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales
Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
de la República, con la intervención del Presidente del
Poder Judicial, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
ACORDARON:
13°. E
stablEcEr
como doctrina legal, los criterios
expuestos en los fundamentos jurídicos 6° al 11°.
14°. P
rEcisar
que los principios jurisprudenciales
que contiene la doctrina legal antes mencionada deben
ser invocados por los jueces de todas las instancias
judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el
segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable
extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al
amparo del artículo 116° del citado Estatuto Orgánico.
15°. P
ublicar
el presente Acuerdo Plenario en el Diario
Oficial El Peruano. Hágase saber.
Ss.
SAN MARTÍN CASTRO
VILLA STEIN
LECAROS CORNEJO
PRADO SALDARRIAGA
RODRÍGUEZ TINEO
BARRIOS ALVARADO
SALAS ARENAS
PRÍNCIPE TRUJILLO
NEYRA FLORES
VILLA BONILLA
MORALES PARRAGUÉZ
819396-2
Acuerdo plenario en materia penal sobre
la necesidad de reevaluar la suspensión
de la prescripción dispuesta en el
Artículo 339º.1 del Código Procesal
Penal 2004
I PLENO JURISDICCIONAL
EXTRAORDINARIO PENAL
ACUERDO PLENARIO N° 3-2012/CJ-116
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2004
Lima, veintiséis de marzo de dos mil doce.
Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de
las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:
ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de
la Corte Suprema de Justicia de la República, con la
autorización del Presidente del Poder Judicial mediante
Resolución Administrativa N° 053-2012-P-PJ, y el
concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo
la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron
realizar el I Pleno Jurisdiccional Extraordinario Penal -
que incluyó el Foro de "Participación Ciudadana"- de los
Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar
Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia
penal.
2°. El I Pleno Jurisdiccional Extraordinario Penal
se realizó en tres etapas. La primera etapa tuvo como
finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad
civil del país, quienes intervinieron con sus valiosos
aportes en la identificación y análisis de los tres problemas
hermenéuticos y normativos seleccionados. Para ello se
habilitó el Foro de "Participación Ciudadana" a través del
portal de internet del Poder Judicial, de suerte que se logró
una amplia participación de la comunidad jurídica y de
diversas instituciones del país a través de sus respectivas
ponencias y justificación.
3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de
la Audiencia Pública, que se llevó a cabo el doce de
marzo del presente año. En ella, los representantes de la
comunidad jurídica e instituciones acreditadas sustentaron
y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno
de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales,
interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo
Plenario, los señores Alcides Chinchay Castillo (Fiscal
Adjunto Supremo en lo Penal); Gino Valdivia Guerola
(Fiscal Adjunto Provincial de Arequipa), y Eduardo Alcócer
Povis del Instituto de Ciencia Procesal Penal.
4°. La tercera etapa del I Pleno Jurisdiccional
Extraordinario Penal comprendió el proceso de discusión y
formulación de los Acuerdos Plenarios, con la designación
de Jueces Supremos Ponentes para cada uno de los
tres temas seleccionados. Esta fase culminó el día de la
Sesión Plenaria realizada en la fecha con participación
de todos los Jueces integrantes de las Salas Penales
Permanente y Transitoria (a excepción del doctor Pariona
Pastrana, quien se encontraba de vacaciones), con igual
derecho de voz y voto. Es así, como finalmente se expide
el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo
dispuesto en el Artículo 116° de la LOPJ, que faculta a
las Salas Especializadas del Poder Judicial a pronunciar
resoluciones vinculantes con el fin de concordar criterios
jurisprudenciales de su especialidad.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de
la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la
votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente
Acuerdo Plenario interviniendo como Ponente el señor
P
rado
S
aldarriaga
.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. El Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116 y la
suspensión de la prescripción de la acción penal por
formalización de la Investigación Preparatoria.
6°. El Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116, del
16 de noviembre de 2010, al analizar la naturaleza y
efectos de la configuración del artículo 339° inciso 1 "La
formalización de la investigación suspenderá el curso de
la prescripción de la acción penal" declaró expresamente
en su fundamento jurídico 27 lo siguiente: "La redacción y
el sentido del texto es claro, en cuanto regula la institución
de la `suspensión' con todas las consecuencias y matices
que conlleva y no es posible deducir que el legislador
quiso reglamentar un supuesto de `interrupción' de la
prescripción, porque la voluntad fue establecer que ese
acto del Fiscal es motivo de suspensión. En la práctica,