Imponen medida disciplinaria de destitución a juez de paz de Primera Nominación del distrito de Chupuro, provincia de Huancayo, de la Corte Superior de Justicia de Junín
INVESTIGACIÓN DEFINITIVA
Nº 1542-2024-JUNÍN
Lima, doce de octubre de dos mil veintiséis.-
VISTO:
La propuesta de destitución del señor Julio Darío Ríos Huamán, en su actuación como juez de paz de Primera Nominación del Distrito de Chupuro, Provincia de Huancayo, de la Corte Superior de Justicia de Junín, contenida en la resolución número siete, de fecha nueve de julio de dos mil veintiséis, expedida por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, de fojas noventa y dos a cien.
CONSIDERANDO:
Primero. Antecedentes.
Mediante resolución número siete, de fecha nueve de julio de dos mil veintiséis, de fojas noventa y dos a cien, el Jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial resolvió: i) Proponer ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se imponga la medida disciplinaria de destitución al señor Julio Darío Ríos Huamán, por el cargo atribuido en su contra; y ii) poner dicha resolución en conocimiento de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Junín, de la Jefatura de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Junín, de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP), de la Gerencia de Administración de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y de la Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia General del Poder Judicial.
Segundo. Competencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Conforme al artículo cincuenta y cuatro de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, la destitución se impone en caso de comisión de faltas muy muy graves y es impuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, requiriéndose el voto de más de la mitad del número total de sus integrantes; siendo este, por lo tanto, el órgano competente para pronunciarse sobre la propuesta formulada por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. La citada norma establece textualmente:
“Artículo 54. Destitución
La destitución se impone en caso de la comisión de faltas muy graves, o cuando el juez de paz es condenado o inhabilitado por la comisión de un delito doloso. Consiste en su separación definitiva del ejercicio del cargo y acarrea la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público, sea honorario o remunerado, por un período de cinco (5) años.
La destitución es impuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, requiriéndose el voto de más de la mitad del número total de sus integrantes”.
Tercero. Trámite del procedimiento administrativo disciplinario.
3.1. Mediante Oficio Nº 511-2024-UDAJUP-P-CSJJU/PJ, recibido el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, obrante a fojas uno, la Jefa de la Unidad de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Junín, señora María Elena Aquino Ojeda, puso en conocimiento de la Jefatura de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de la mencionada Corte Superior la queja verbal interpuesta el veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, por el señor Arturo Poma Ramos, a través de su abogado Miguel Ángel Fabián Falcón, cuestionando la emisión, por parte del investigado, de la resolución sin número, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veinticuatro.
3.2. Mediante resolución número uno, de fecha veintitrés de mayo de dos mil veinticinco, de fojas siete a nueve, el Órgano de Control dispuso la realización de actuaciones previas de investigación preliminar.
3.3. Mediante resolución número dos, de fecha doce de agosto de dos mil veinticinco, de fojas diecisiete a veinticuatro, la Jefatura de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Junín abrió procedimiento administrativo disciplinario contra el investigado, atribuyéndole el siguiente cargo:
“Haber expedido la Resolución s/n. 2024 por la que declaró la anulación o dejó sin efecto las escrituras de transferencia posesoria y constancias de posesión, sin tener competencia para ello; excediendo sus atribuciones funcionales. Al hacerlo, habría incumplido el deber de poner en conocimiento de la autoridad competente la presunta comisión de un delito, vulnerado el debido proceso y los principios de la Ley de Justicia de Paz”.
Deberes inobservados:
El artículo cinco de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, establece:
“Artículo 5. Deberes
El juez de paz tiene el deber de:
(...)
5. Desempeñar sus funciones con dedicación y diligencia.
(...)
10. Poner en conocimiento de la autoridad competente la presunta comisión de un delito detectado en el ejercicio de su función.
(…)”.
A ello se suma la prohibición contenida en el artículo siete, inciso seis, de la misma ley:
“Artículo 7. Prohibiciones.
El juez de paz tiene prohibido:
(...)
6. Conocer, influir o interferir de manera directa o indirecta en causas a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén siendo conocidas o hayan sido resueltas por la justicia ordinaria o la jurisdicción especial”.
Asimismo, el párrafo final del artículo catorce del Reglamento para el Otorgamiento de Certificaciones y Constancias Notariales por Jueces de Paz, aprobado por Resolución Administrativa Nº 341-2014-CE-PJ, dispone:
“Artículo 14°.- Constancia de posesión
(…)
En caso que con posterioridad al otorgamiento de la constancia de posesión, el juez de paz tome conocimiento que existe una controversia en sede judicial o administrativa sobre la posesión o propiedad del bien inmueble, o que el solicitante lo posee como arrendatario, mutuario, cuidador, partidario u otra condición similar, oficia al Ministerio Público acompañando la Declaración Jurada del solicitante para que formule la acción penal correspondiente”.
Y los principios contemplados en el artículo V del Título Preliminar de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz:
“Artículo V. Principios
Los procedimientos que se tramitan ante el juez de paz se sustentan en los principios de oralidad, concentración, simplicidad, igualdad, celeridad y gratuidad”.
Tipificación:
La conducta se subsume en la falta muy grave prevista en los incisos tres y cinco del artículo cincuenta de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, cuyo texto establece:
“Artículo 50. Faltas muy graves
Son faltas muy graves:
(...)
3. Conocer, influir o interferir, directa o indirectamente, en causas a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén siendo conocidas o hayan sido resueltas por la justicia ordinaria o la jurisdicción especial.
(...)
5. No poner en conocimiento de la autoridad competente la presunta comisión de un delito detectado en el ejercicio de su función.
(…)”.
Norma concordante, en los mismos términos, con el artículo veinticuatro, incisos tres y cinco, del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa Nº 297-2015-CE-PJ.
3.4. El investigado presentó su informe de descargos mediante escrito de fecha nueve de octubre de dos mil veinticinco, de fojas treinta y cuatro a treinta y seis.
3.5. De fojas cincuenta y seis a sesenta y ocho, obra el Acta de Registro de Audiencia Única, de fecha diez de octubre de dos mil veinticinco, llevada a cabo ante la jueza de control instructora, señora Iris Edith Gómez Bazalar, con la asistencia del investigado, quien reiteró y amplió sus argumentos de defensa.
3.6. De conformidad con el artículo cincuenta y seis, numeral cincuenta y seis punto uno, del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz: “56.1 En caso los hechos demostrados en la audiencia única ameriten la sanción de destitución, el juez contralor informa al Jefe de la ODECMA a fin de que este remita lo actuado al Jefe de la OCMA, quien puede proponer dicha sanción al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial”.
3.7. Culminada la instrucción, la jueza de control emitió el Informe Final de Instrucción de fecha cinco de mayo de dos mil veintiséis, de fojas setenta a setenta y ocho, en el que determinó la responsabilidad disciplinaria del investigado y propuso se le imponga la medida disciplinaria de destitución.
3.8. Mediante resolución número cinco, de fecha veintidós de junio de dos mil veintiséis, de fojas ochenta a ochenta y uno, la Jefatura de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Junín dispuso elevar el expediente a la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para el pronunciamiento correspondiente.
3.9. Mediante resolución número siete, de fecha nueve de julio de dos mil veintiséis, de fojas noventa y dos a cien, la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial resolvió proponer al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la destitución del investigado, conforme a los fundamentos que se examinan más adelante.
3.10. Mediante Oficio Exp. Nº 1542-2024-JN-ANC/PJ, de fecha doce de agosto de dos mil veintiséis, a fojas ciento veintinueve, la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial elevó la propuesta de destitución al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el cual mediante resolución de fecha trece de agosto de dos mil veintiséis, a fojas ciento treinta, se avocó al conocimiento de la Investigación Definitiva Nº 1542-2024-Junín y dispuso su remisión a la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) para la emisión del informe técnico correspondiente.
3.11. Con Oficio Nº 000438-2026-ONAJUP-CE-PJ de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiséis, a fojas ciento treinta y tres, la Jefa de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) remitió al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el Informe Nº 000059-2026-ONAJUP-CE-PJ de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis, en el cual concluye que corresponde acoger la propuesta de destitución del investigado.
Cuarto. Análisis de la propuesta de destitución.
4.1. Los fundamentos de la propuesta de destitución formulada por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial son los expuestos en la resolución número siete, de fecha nueve de julio de dos mil veintiséis.
4.2. De la lectura de la propuesta de destitución en contraste con los actuados, los hechos acreditados son los siguientes:
i. El investigado ejerce el cargo de juez de paz de Primera Nominación del Distrito de Chupuro, desde mayo de dos mil veintiuno; cuenta con grado de instrucción secundaria completa y se dedica a la agricultura; y, declaró en audiencia única conocer la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, su Reglamento y el Reglamento sobre Actuaciones Notariales de los Jueces de Paz; así como, haber recibido capacitaciones de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Junin, sobre sus competencias, funciones y obligaciones; como obra de fojas cincuenta y seis a sesenta y ocho.
ii. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en ejercicio de la función notarial prevista en el artículo diecisiete, inciso tres, de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro: “3. Escrituras de transferencia posesoria de bienes de un valor de hasta cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal y que se ubiquen dentro de su jurisdicción”, el investigado autorizó una escritura pública de transferencia de derecho posesorio sobre un bien inmueble ubicado en el Distrito de Chupuro, otorgada por el señor Óscar Julián Ramos Aylas a favor de la señora María Jesús Rozas de Poma.
iii. El dieciséis de noviembre de dos mil veinticuatro, mediante resolución sin número, el investigado declaró de oficio la anulación de dicha escritura de transferencia y de la respectiva constancia de posesión, consignando en la propia resolución que las partes lo habrían sorprendido con documentos falsos, sin sustento legal; sin que conste que puso este hecho en conocimiento del Ministerio Público.
iv. Mediante resolución sin número, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro, el propio investigado dejó sin efecto su resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veinticuatro; circunstancia que invocó en su defensa como evidencia de ausencia de perjuicio.
v. En su escrito de descargo, de fojas treinta y cuatro a treinta y seis; y, en su declaración en audiencia única, de fojas cincuenta y seis a sesenta y ocho, el investigado atribuyó la emisión de la resolución cuestionada, al asesoramiento de abogados, cuyos nombres no pudo identificar, quienes le habrían proporcionado como sustento la Resolución Nº 02-2021-JP, expedida por el juez de paz de Primera Nominación de San Agustín de Cajas, mediante la cual dicho juzgado de paz declaró de oficio, en un caso similar, la nulidad de otra transferencia de derecho posesorio.
4.3. Al analizar el cargo imputado al investigado, la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial concluyó, en el considerando cuarto de la resolución número siete, que la actuación del investigado contravino la prohibición prevista en el artículo siete, inciso seis, de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, “4.7. (…), toda vez que el investigado conoció y resolvió, mediante la declaración de anulación de oficio, una controversia jurídica cuyo conocimiento correspondía de manera exclusiva y excluyente al Juez Civil, encontrándose legalmente impedido de emitir pronunciamiento sobre dicha materia”. Asimismo, respecto de la omisión de comunicar al Ministerio Público los indicios de falsedad documental advertidos en la propia resolución cuestionada, sostuvo que dicha conducta omisiva “4.9. (…), se tipifica como falta MUY GRAVE prevista en el artículo 50°, numeral 5), de la Ley Nº 29824, (…)”. Finalmente, concluyó que ambas conductas -la anulación de oficio sin competencia y la omisión de comunicar el presunto delito- constituyen, en conjunto, una transgresión del deber genérico de “desempeñar sus funciones con dedicación y diligencia”, previsto en el artículo cinco, inciso cinco, de la citada ley; así como, de los principios del artículo V de la misma norma (numeral 4.10).
4.4. Del análisis de la propuesta de destitución, en contraste con los actuados, se tiene por acreditado que la anulación de oficio de un acto jurídico de transferencia de derecho posesorio, no se encuentra comprendida entre las materias que el artículo dieciséis de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, faculta conocer al juez de paz. Dicha norma establece taxativamente:
“Artículo 16. Competencia.
El juez de paz puede conocer las siguientes materias:
1. Alimentos y procesos derivados y conexos a estos, (...).
2. Conflictos patrimoniales por un valor de hasta treinta (30) Unidades de Referencia Procesal.
3. Faltas. (...).
4. Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, (...).
5. Sumarias intervenciones respecto de niñas, niños y adolescentes (...).
6. Otros derechos de libre disponibilidad de las partes.
7. Las demás que correspondan de acuerdo a ley”.
Como se aprecia, la declaración de nulidad de un instrumento público no figura entre dichas materias, tratándose de una controversia reservada a la justicia civil ordinaria, conforme a los artículos doscientos veinte y doscientos veintiuno del Código Civil -que regulan la nulidad y la anulabilidad del acto jurídico- y al artículo cuatrocientos setenta y cinco, inciso uno, del Código Procesal Civil, que reserva al juez civil el conocimiento de las pretensiones que, por su naturaleza o complejidad, carecen de una vía procedimental propia.
4.5. Asimismo, está acreditado que el investigado omitió poner en conocimiento del Ministerio Público los indicios de falsedad documental que la propia resolución cuestionada reconoce haber advertido, pese al deber establecido en el artículo cinco, inciso diez, de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz; y, en el párrafo final del artículo catorce del Reglamento para el Otorgamiento de Certificaciones y Constancias Notariales por Jueces de Paz, aprobado por Resolución Administrativa Nº 341-2014-CE-PJ, el cual dispone que, ante una controversia sobre la posesión o propiedad de un inmueble advertida con posterioridad al otorgamiento de una constancia, el juez de paz debe oficiar al Ministerio Público, acompañando la declaración jurada del solicitante, para que formule la acción penal correspondiente.
4.6. Se suma a lo anterior que, la invocación en la propia defensa del investigado, de un precedente similar de otro juez de paz (Resolución Nº 02-2021-JP de San Agustín de Cajas) no lo exime de responsabilidad, en tanto un acto irregular de otro juez de paz no constituye precedente vinculante, ni fuente de competencia para el ejercicio de facultades jurisdiccionales que la ley no le confiere. Cabe precisar, además, que dicha resolución fue presentada por la defensa a partir de su aparición en un proceso de desalojo (Expediente Nº 00160-2021-0-1501-JR-CI-05 tramitado ante el Quinto Juzgado Civil de Huancayo), en el que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín, mediante auto de vista contenido en la resolución número catorce, de fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, obrante de fojas cuarenta y seis a cincuenta, empleó dicha nulidad únicamente como hecho acreditante de la falta de legitimidad para obrar del demandante, precisando expresamente que “3.4. (…), la validez o cuestionamiento de la resolución que declara la nulidad de oficio de la transferencia de derecho posesorio, no es materia de análisis ni pronunciamiento en este proceso”. Es decir, la Sala Civil de Huancayo no controló ni convalidó la legalidad de dicho proceder; se limitó a valorarlo como un medio de prueba para un extremo distinto (la legitimidad para obrar), sin emitir pronunciamiento alguno sobre si el juez de paz tenía o no competencia para declarar dicha nulidad de oficio. Ello confirma que el antecedente invocado por el investigado nunca fue objeto de un control judicial de legalidad que pudiera servirle de sustento.
4.7. Ante la materialidad de los hechos probados, el investigado sostiene en su defensa que actuó por indicación de terceros cuyos nombres desconoce, por desconocimiento del ámbito jurídico; y, que no ocasionó perjuicio al haber dejado sin efecto su propia resolución el veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro. Sin embargo, dichos argumentos no desvirtúan que el investigado ejerció una atribución jurisdiccional que la ley reserva a la justicia civil ordinaria, ni que omitió su deber de comunicar al Ministerio Público los indicios de un ilícito penal que él mismo reconoció haber advertido; la revocación posterior de la resolución cuestionada puede valorarse como una circunstancia atenuante, mas no elimina la consumación de la infracción ni la omisión ya producida.
4.8. Corresponde tener en cuenta que el juez de paz ejerce el cargo como juez lego. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz establece:
“Artículo IV. Motivación de decisiones, cultura y costumbres
El juez de paz debe motivar sus decisiones de acuerdo a su leal saber y entender, no siendo obligatorio fundamentarlas jurídicamente.
El juez de paz, preservando los valores que la Constitución Política del Perú consagra, respeta la cultura y las costumbres del lugar”.
Concordantemente, los artículos cinco y seis del Reglamento de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2013-JUS, precisan:
“Artículo 5°.- Criterios para la decisión del Juez de Paz.
El Juez de Paz resuelve y concilia de acuerdo a su leal saber y entender, pudiendo emplear usos, costumbres y tradiciones locales, sin transgredir los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, así como las leyes vigentes si resulta necesario.
Artículo 6°.- Leal saber y entender.
6.1. El término “leal saber y entender” (...) implica que el Juez de Paz debe resolver los conflictos y controversias siendo fiel al conocimiento que tenga de los hechos y a su sentido común en relación a ellos, buscando la solución más justa y considerando las costumbres propias del lugar donde ejerce su labor.
(…)”.
Esta condición es, además, expresamente reconocida como principio propio del régimen disciplinario del juez de paz. La Exposición de Motivos del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa Nº 297-2015-CE-PJ, señala que, junto con los principios contenidos en el artículo sesenta y tres del Reglamento de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz ; y, en el artículo doscientos treinta del Decreto Supremo Nº 006-2026-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, resultan también aplicables al procedimiento disciplinario del juez de paz los principios inherentes a este sistema especial de justicia, entre ellos el “pluralismo legal y pertinencia cultural”, “respeto de los derechos lingüísticos”, “presunción de juez lego”, “inmediación”, “tuitividad”, “oficialidad”, “especialidad”, “riesgo y responsabilidad compartidos”, “carácter local de la justicia de paz”, “objetividad” y “concentración”.
La propia Exposición de Motivos desarrolla dicho principio en términos que inciden directamente en el estándar de imputación aplicable:
“Artículo 6°.- Principios que orientan el régimen disciplinario del juez de paz
(…)
c) Presunción de juez lego.- El juez de paz tiene derecho a que se presuma su condición de lego en derecho, salvo prueba en contrario por ser abogado o haber estudiado derecho a nivel universitario. En consecuencia:
c.1 El juez contralor a cargo del procedimiento disciplinario debe evaluar si éste comprendía la complejidad jurídica, a nivel normativo y conceptual, de la conducta que se le imputa y proceder a sancionarlo solo en caso exista dolo manifiesto.
(…)”.
En el presente caso no consta que el investigado sea abogado o haya cursado estudios universitarios de Derecho; por lo que, la presunción de juez lego no queda desvirtuada por esa vía específica. Corresponde entonces evaluar si su conducta satisface el estándar de dolo manifiesto que exige el literal c.1 antes citado.
Del propio expediente se advierte que dicho dolo manifiesto se encuentra acreditado. El investigado no incurrió en la anulación de oficio por un desconocimiento espontáneo de sus límites funcionales: antes de emitir su resolución, buscó y obtuvo el asesoramiento de abogados -cuyos nombres no identificó- y se procuró como sustento la Resolución Nº 02-2021-JP de otro juez de paz; conducta que solo se explica si el propio investigado era consciente de que la decisión excedía el ámbito ordinario de sus atribuciones y requería un respaldo adicional. Es decir, si comprendía la complejidad jurídica, a nivel normativo y conceptual, de la conducta que finalmente adoptó. A ello se suma que, en su propia resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veinticuatro, consignó expresamente haber advertido que las partes fueron sorprendidas con documentos falsos; y, pese a ese conocimiento efectivo del indicio delictivo, omitió comunicarlo al Ministerio Público. La búsqueda deliberada de un respaldo jurídico previo, a sabiendas de que la decisión excedía su competencia ordinaria, unida al conocimiento efectivo y no comunicado de un indicio de delito, exceden el ámbito de un error de comprensión propio del juez lego y configuran dolo manifiesto en los términos exigidos por la Exposición de Motivos del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz.
A su vez, el propio régimen disciplinario exige ponderar la condición de juez lego al momento de valorar la responsabilidad del juez de paz. El artículo sesenta y cuatro, numeral 64.2, del Reglamento de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2013-JUS, dispone:
“Artículo 64°.- Reglamentación del procedimiento disciplinario del Juez de Paz
(…)
64.2. El procedimiento disciplinario del Juez de Paz debe garantizarle el adecuado ejercicio de su derecho de defensa y un debido proceso con la ponderación de su grado de instrucción, su cultura, costumbres y tradiciones, así como su lengua materna y el nivel de conocimiento que tiene del idioma castellano, de ser el caso”.
Y el artículo sesenta y tres, literal k), del mismo reglamento, sobre el principio de proporcionalidad, añade:
“Artículo 63°.- Principios del procedimiento disciplinario de los Jueces de Paz
(…)
k) Proporcionalidad.- Las sanciones disciplinarias deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos, las condiciones personales del investigado, así como las circunstancias de la comisión, debiendo considerarse, en los casos que sea necesario, las particularidades que corresponden a la Justicia de Paz.
(…)”.
Esta condición constituye una garantía real a favor del juez de paz, mas no una dispensa absoluta de responsabilidad: la presunción de juez lego cede frente a la acreditación de dolo manifiesto, como ocurre en el presente caso.
4.9. Frente a dicho estándar, en el presente caso se advierte que el investigado ejercía el cargo de juez de paz desde mayo de dos mil veintiuno; esto es, contaba con aproximadamente tres años y seis meses de experiencia en la función, al momento de emitir la resolución cuestionada, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veinticuatro; y, entre la autorización de la escritura de transferencia posesoria en ejercicio de su función notarial, de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós; y, dicha resolución transcurrieron, además, cerca de dos años y nueve meses. No se trata, por lo tanto, de un error cometido en los primeros meses de gestión, sino de una decisión adoptada por un juez de paz con una trayectoria ya consolidada en el cargo. A ello se suma que, el investigado contaba con instrucción secundaria completa; y, además, declaró conocer expresamente la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz; su reglamento y el Reglamento para el Otorgamiento de Certificaciones y Constancias Notariales por Jueces de Paz; y, también declaró en audiencia única, haber sido capacitado por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Junin sobre sus competencias, funciones y obligaciones. Este conjunto de circunstancias, unido a la búsqueda deliberada de asesoría legal y de un precedente, antes de emitir la resolución cuestionada, descarta un error de comprensión propio del juez lego y confirma la existencia de dolo manifiesto.
4.10. En consecuencia, se ha determinado la responsabilidad disciplinaria del investigado; y conforme también a la opinión de la Jefatura de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP), corresponde aprobar la sanción de destitución propuesta por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 1126-2026 de la quincuagésima sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, realizada con la participación de las señoras Tello Gilardi y Barrios Alvarado, y de los señores Bustamante Zegarra, Cáceres Valencia y Zavaleta Grández; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo ochenta y dos del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De conformidad con la ponencia del señor Cáceres Valencia. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Imponer la medida disciplinaria de destitución al señor Julio Darío Ríos Huamán, en su actuación como juez de paz de Primera Nominación del Distrito de Chupuro, Provincia de Huancayo, de la Corte Superior de Justicia de Junín; con las consecuencias establecidas en el artículo cincuenta y cuatro de la Ley de Justicia de Paz. Inscribiéndose la medida disciplinaria impuesta en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.-
JANET TELLO GILARDI
Presidenta
2577094-1