Imponen la medida disciplinaria de destitución a jueza de paz de Segunda Nominación del distrito de Yauyos, provincia de Jauja, de la Corte Superior de Justicia de Junín
INVESTIGACIÓN DEFINITIVA
Nº 1286-2024-JUNÍN
Lima, doce de octubre de dos mil veintiséis.-
VISTO:
La propuesta de destitución de la señora Fanny Carola Altamirano Rivera, en su actuación como jueza de paz de Segunda Nominación del Distrito de Yauyos, Provincia de Jauja, de la Corte Superior de Justicia de Junín, contenida en la resolución número diecisiete, de fecha nueve de junio de dos mil veintiséis, expedida por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, de fojas doscientos sesenta y cuatro a doscientos ochenta y ocho.
CONSIDERANDO:
Primero. Antecedentes.
1.1. Mediante resolución número diecisiete, de fecha nueve de junio de dos mil veintiséis, de fojas doscientos sesenta y cuatro a doscientos ochenta y ocho, la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial propone al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial imponga la medida disciplinaria de destitución a la investigada Fanny Carola Altamirano Rivera, en su actuación como jueza de paz de Segunda Nominación del Distrito de Yauyos, Provincia de Jauja, de la Corte Superior de Justicia de Junín.
1.2. La Jefa dela Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena mediante Oficio Nº 000346-2026-ONAJUP-CE-PJ, de fojas trescientos doce a trescientos trece, acompaña el Informe Nº 000045-2026-ONAJUP-CE-PJ, de fecha trece de julio de dos mil veintiséis, de fojas trescientos catorce a trescientos veintitrés, en el que opina que es jurídicamente viable y razonable acoger la propuesta de destitución formulada por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial contra la jueza de paz investigada, sin perjuicio de mantener la prescripción y absolución ya declaradas.
Segundo. Competencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
2.1. El segundo párrafo del artículo cincuenta y cuatro de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz1 establece que la destitución es impuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. De la misma manera, el segundo párrafo del artículo veintinueve del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa número doscientos noventa y siete guion dos mil quince guion CE guion PJ2, dispone que este tipo de sanción es impuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
2.2. Asimismo, el numeral treinta y ocho del artículo siete del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Corte Suprema de Justicia de la República y Órganos de Gobierno y Control Nacionales, que comprende a la Corte Suprema de Justicia de la República, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia con menos de seis Salas Superiores; y al Centro de Investigaciones Judiciales, aprobado por Resolución Administrativa número cero cero cero trescientos veintiuno guion dos mil veintiuno guion CE guion PJ, de fecha veintisiete de setiembre de dos mil veintiuno, en su sección “Consejo Ejecutivo del Poder Judicial”3 establece como atribución de este Órgano de Gobierno: “Resolver en primera instancia administrativa las propuestas de destitución y separación formuladas por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial contra los jueces de paz y auxiliares jurisdiccionales”.
Tercero. Hecho infractor imputado.
3.1. Mediante resolución número dos, de fecha tres de julio de dos mil veinticinco, de fojas sesenta a setenta y dos, se abrió procedimiento administrativo disciplinario contra la investigada Fanny Carola Altamirano Rivera, en su actuación como jueza de paz de Segunda Nominación del Distrito de Yauyos, Provincia de Jauja, de la Corte Superior de Justicia de Junín, entre ellos, por los siguientes cargos:
En relación al primer cargo:
“6.3. Realizar actos notariales fuera de su jurisdicción, tal como lo señalan sus funciones establecidos en el artículo 17 de la Ley de Justicia de Paz, Ley 29824, (…):
(…)
6.3.5. Acta sobre “Autorización de Viaje” de menores en el cual se advierte (…), otra autorización solicitado por Cesia Karen Ramirez Mandujano con domicilio en Jr. San Martín 768 Jauja, advirtiéndose que no corresponde a su jurisdicción, de fecha 09 de setiembre de 2024, (…).
(…)
6.5. Habría realizado actuaciones que no son de su competencia, tal como el acta de conciliación por mutuo acuerdo celebrado entre Torres De la Cruz Raúl Enrique y por otra parte Ortega Torres Richard Jonathan sobre compra venta de un terreno ascendente a la suma de S/ 60,000.00 (sesenta mil y 00/100 soles) de fecha 21 de octubre del 2024, (…), inobservando sus funciones establecidos en el artículo 17 de la Ley de Justicia de Paz, Ley 29824”.
Con los cargos señalados, habría incumplido con lo establecido en los numerales cinco y ocho del artículo cinco de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz que dispone: “5. Desempeñar sus funciones con dedicación y diligencia” y “8. Inhibirse de conocer o seguir conociendo casos en los que peligre o se ponga en duda su imparcialidad y/o independencia”, concordante con el numeral seis del artículo siete de la misma ley que dispone: “6. Conocer, influir o interferir de manera directa o indirecta en causas a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén siendo conocidas o hayan sido resueltas por la justicia ordinaria o la jurisdicción especial”. Incurriendo en falta muy grave regulada en el inciso tres del artículo veinticuatro del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa N.-° 297-2015-CE-PJ, que dispone: “3. Conocer, influir o interferir, directa o indirectamente, en causas a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén siendo conocidas o hayan sido resueltas por la justicia ordinaria o la jurisdicción especial”.
3.2. Debe precisarse que mediante la resolución número diecisiete, de fecha nueve de junio de dos mil veintiséis, la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, en otros extremos, declaró la prescripción de la acción o de la facultad del órgano de control para el inicio de procedimiento administrativo disciplinario a la investigada Altamirano Rivera, respecto al extremo de los cargos referidos a la admisión de una demanda en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós y a la certificación de una declaración jurada de fecha quince de marzo de dos mil veintitrés, en las que los recurrentes no domiciliaban dentro de su ámbito de competencia, disponiendo el archivo de estos extremos.
3.3. Asimismo, en la parte resolutiva de dicha resolución se absolvió a la investigada Altamirano Rivera, respecto a haber realizado los siguientes actos notariales fuera de su jurisdicción: i) los relacionados a los ciudadanos Jhelve Álvarez Rosales y Cristean Cantalicio Sedano Sedano; ii) el acta de conciliación por mutuo acuerdo de fecha veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro, celebrado entre Rebeca Tumialán Huatuco con Eva Sanguinetti Palomino; iii) la autorización de viaje de menor de fecha uno de noviembre de dos mil veinticuatro, solicitada por Jenny Rosario Esteban Rivera; y, iv) el acta de conciliación por mutuo acuerdo de fecha veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, celebrada entre Elvis Laureano Valenzuela con Kesley Crisóstomo Maldonado.
3.4. Por lo tanto, únicamente corresponde pronunciamiento respecto al extremo del primer cargo, en el extremo a haber emitido la autorización de viaje de fecha nueve de noviembre de dos mil veinticuatro, solicitada por una ciudadana que no residía dentro del ámbito de su competencia; y, por el segundo cargo, referido a haber realizado un acta de conciliación por la compraventa de un inmueble valorizado en sesenta mil soles, excediendo los límites de su competencia.
Cuarto. Argumentos de defensa de la jueza de paz investigada.
4.1. En su escrito de fecha veinticuatro de julio de dos mil veinticinco, de fojas setenta y seis a ochenta y cuatro vuelta, la investigada Fanny Carola Altamirano Rivera señala que la imputación respecto a haber resuelto mediante conciliación, no ha tenido en cuenta que:
i) No existe un instrumento normativo específico, emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que delimite de manera clara la competencia notarial y jurisdiccional del juzgado de paz; lo que genera un margen de razonabilidad y criterio en la actuación de los jueces de paz.
ii) El artículo treinta y cuatro, numeral 34.2, del Reglamento de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, excepcionalmente permite conocer conciliaciones fuera de los límites de la cuantía y el territorio.
iii) No se cumple con la tipicidad disciplinaria; por cuanto, esta exige conocer o intervenir en “causas” a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo; siendo que el término “causas” se refiere a procesos judiciales que suponen la existencia de “litis”; mientras que los hechos investigados se tratan de actos notariales de carácter no contencioso realizados a solicitud de parte, sin contradicción.
iv) La referencia al artículo diecisiete de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro resulta imprecisa para cuestionar la celebración del acta de conciliación de compraventa de un terreno de sesenta mil soles, puesto que ésta, únicamente, regula funciones notariales del juez de paz, no aplicables a un acta de conciliación judicial.
v) Se afecta el principio de tipicidad al usar el término “jurisdicción” para evaluar la validez de los actos por temas de territorio, cuando lo correcto es hablar de “competencia territorial” de los jueces de paz.
4.2. La investigada, en la audiencia única llevada a cabo el veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, de fojas ciento veintiséis a ciento treinta y siete; y, el veinticinco de setiembre del mismo año, de fojas ciento cincuenta a ciento sesenta y nueve, señaló lo siguiente:
vi) No ser abogada de profesión; y, que en su último período como jueza de paz, asistió a una o dos capacitaciones virtuales.
vii) No realizó una compra venta por sesenta mil soles, sino una acta de conciliación en la que la partes asumieron un acuerdo sobre un dinero ya entregado, para luego formalizarlo notarialmente; realizado excepcionalmente.
Quinto. Trámite del procedimiento administrativo disciplinario.
5.1. Mediante Resolución de Jefatura Nº 050-2024-J-ODANC-JUNÍN-PJ, de fecha cinco de noviembre de dos mil veinticuatro, de fojas uno a dos, la Jefatura de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Junín dispuso la realización de una visita inopinada (extraordinaria), de carácter preventivo, al Juzgado de Paz de Segunda Nominación del Distrito de Yauyos, a cargo de la señora Fanny Carola Altamirano Rivera; visita en la que se dejó constancia de diversas irregularidades, como aparece del acta de fecha seis de noviembre de dos mil veinticuatro, obrante de fojas tres a seis.
5.2. Luego, respecto a las irregularidades encontradas en el referido juzgado de paz, se abrió procedimiento administrativo disciplinario a la investigada mediante resolución número dos, de fecha tres de julio de dos mil veinticinco, de fojas sesenta a setenta y dos.
5.3. Culminadas las investigaciones, mediante la resolución número siete, de fecha veinte de enero de dos mil veintiséis (fecha correcta de la mencionada resolución), de fojas ciento setenta y seis a ciento ochenta y siete, se impuso a la investigada las sanciones de amonestación por faltas leves y de suspensión por falta grave, respecto a algunos de los hechos que le fueron atribuidos como cargos; las que fueron confirmadas por resolución número once, de fecha veinte de abril de dos mil veintiséis, de fojas doscientos diecinueve a doscientos treinta y cinco.
5.4. Finalmente, mediante Informe Final de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiséis, de fojas ciento ochenta y nueve a ciento noventa y ocho, la magistrada contralora Iris Edith Gómez Bazalar propone la imposición de sanción de destitución contra la jueza de paz investigada, remitiendo el expediente disciplinario a la Jefatura de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Junín, quien a su vez mediante resolución número catorce de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiséis, de fojas doscientos cuarenta y nueve a doscientos cincuenta, lo remite a la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que mediante resolución número diecisiete, de fecha nueve de junio de dos mil veintiséis, de fojas doscientos sesenta y cuatro a doscientos ochenta y ocho, declaró la absolución y la prescripción de algunos de los extremos de los cargos, en tanto, propone al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la imposición de la medida disciplinaria de destitución por otros dos cargos.
5.5. La Jefatura de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) mediante Oficio Nº 000346-2026-ONAJUP-CE-PJ, de fojas trescientos doce a trescientos trece, acompaña el Informe Nº 000045-2026-ONAJUP-CE-PJ, de fecha trece de julio de dos mil veintiséis, de fojas trescientos catorce a trescientos veintitrés, en el que opina que resulta jurídicamente viable y razonable acoger la propuesta de imponer la medida disciplinaria de destitución contra la investigada Fanny Carola Altamirano Rivera, en su actuación como jueza de paz de Segunda Nominación del Distrito de Yauyos, Provincia de Jauja, de la Corte Superior de Justicia de Junín.
Sexto. Del debido procedimiento administrativo disciplinario.
6.1. El Tribunal Constitucional se ha referido al debido procedimiento administrativo en los siguientes términos: “4. (…), el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto -por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139 de la Constitución (STC 4289-2004-AA/TC)”4.
6.2. El Tribunal Constitucional también ha señalado: “21. (…). Implica, por ello, el sometimiento de la actuación administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no pueden significar restricciones a las posibilidades de defensa del administrado y menos aún condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser ejercitadas en la práctica”5.
6.3. El Texto Único Ordenado de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, Ley del Procedimiento Administrativo General , aprobado por Decreto Supremo número cero cero cuatro guion dos mil diecinueve guion JUS, aplicable al caso por razón de temporalidad, en el artículo IV, numeral 1.2, del Título Preliminar, establece que el principio del debido procedimiento es uno de los que rigen el procedimiento administrativo. En ese sentido: “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, (…); a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente (…)”.
6.4. Como previamente ya se ha señalado, mediante resolución número diecisiete, de fecha nueve de junio de dos mil veintiséis, de fojas doscientos sesenta y cuatro a doscientos ochenta y ocho, la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, en uno de sus extremos declaró la absolución de los cargos referidos a haber realizado actos notariales fuera de su competencia territorial, correspondientes a los descritos en los literales b), d), e) y g) del cuarto considerando, numeral 4.3. de dicha resolución6; así como, la prescripción de la acción disciplinaria de los hechos descritos en los literales a) y c) también contenidos en el aludido fundamento de la resolución número diecisiete7 expedida por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
Sétimo. Principales actuados.
7.1. Respecto al primer cargo, a fojas veintitrés, parte inferior izquierda, obra copia del documento denominado “AUTORIZACIÓN”, documento en el que se verifica que se declara expresamente: “Yo, RAMÍREZ MANDUJANO CESIA KAREN, identificada con DNI Nº 45756324, con domicilio en Jr. San Martín # 768- Jauja, Distrito Jauja, Provincia de Jauja, Región Junín (…)”. Documento mediante el cual, dicha persona autoriza el viaje de su menor hijo, de iniciales N.D.G.R., desde el martes doce de noviembre de dos mil veinticuatro hasta el domingo diecisiete de noviembre del mismo año.
7.2. Respecto al segundo cargo, a fojas treinta y tres, se tiene el documento denominado “ACTA DE CONCILIACIÓN POR MUTUO ACUERDO” de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, en el que se da cuenta que se hicieron presentes en el Juzgado de Paz de Segunda Nominación del Distrito de Yauyos, el señor Torres de la Cruz Raúl Enrique identificado con Documento Nacional de Identidad número 20642952 y el señor Ortega Torres Richard Jonathan identificado con Documento Nacional de Identidad número 42667445, para realizar un acta de conciliación por mutuo acuerdo.
7.3. En el apartado “Tercero” de este último documento, se señala que el señor Torres de la Cruz Raúl Enrique manifiesta su voluntad de transferir, en calidad de compraventa, una parte del terreno ubicado en el jirón San Lorenzo número ciento setenta, Distrito y Provincia de Jauja del Departamento de Junín, que había adquirido el quince de enero de dos mil dieciséis, mediante donación.
7.4. En el apartado “Cuarto” se señala que: “Ambas partes manifiestan de forma voluntaria que la compraventa del terreno descrito en la anterior clausula asciende a la suma de S/ 60,000.00 (SESENTA MIL CON 00/100 SOLES); en razón que, declaran expresamente que la suma pactada es el real y justo precio del bien transferido; además, si alguna diferencia hubiese, se hacen mutua y recíproca donación (…)”.
Octavo. De la responsabilidad disciplinaria de la investigada.
8.1. Respecto al cargo de haber emitido la autorización de viaje fuera del ámbito de su competencia del juzgado de paz a su cargo.
8.1.1. Conforme se ha señalado, en el documento denominado “AUTORIZACIÓN”, a fojas veintitrés, se verifica que se consigna expresamente: “Yo, RAMÍREZ MANDUJANO CESIA KAREN, identificada con DNI Nº 45756324, con domicilio en Jr. San Martín # 768- Jauja, Distrito Jauja, Provincia de Jauja, Región Junín (…)”, documento de fecha nueve de setiembre de dos mil veinticuatro, mediante el cual, dicha persona autoriza el viaje de su menor hijo de iniciales N.D.G.R., desde el martes doce de noviembre de dos mil veinticuatro hasta el domingo diecisiete de noviembre del mismo año.
8.1.2. En el artículo diecisiete de la Ley de Justicia de Paz se establece que: “En los centros poblados donde no exista notario, el juez de paz está facultado para ejercer (...) funciones notariales (...)”. Asimismo, el artículo cuatro del Reglamento para el Otorgamiento de Certificaciones y Constancias Notariales por Jueces de Paz, aprobado por Resolución Administrativa Nº 341-2014-CE-PJ, señala: “La Justicia de Paz tiene carácter netamente local tanto para la solución de conflictos como para el ejercicio de funciones notariales, de acuerdo a lo establecido por los artículos I y IV del Título Preliminar, los artículos 8° y 17° de la Ley de Justicia de Paz, así como los artículos 5° y 6° de su Reglamento”. De modo que, los jueces de paz otorgan certificaciones y constancias notariales siempre que la persona natural o jurídica que solicite la certificación o constancia, domicilie de manera permanente en su ámbito de competencia territorial; además, que la certificación o constancia se refiera a algún hecho que se realice en su ámbito de competencia territorial.
8.1.3. Resulta claro que los jueces de paz ejercen funciones, dentro del ámbito de competencia establecida al juzgado de paz a su cargo, en este caso, en el Distrito de Yauyos; así, la solicitante Cesia Karen Ramírez Mandujano declaró en el documento de autorización de viaje de su menor hijo, tramitado ante el juzgado de paz a cargo de la investigada, que domicilia en el jirón San Martín Nº 768 – Jauja, Distrito Jauja, Provincia de Jauja; esto es, fuera de la competencia territorial. Por lo que, no resulta atendible el argumento respecto a la no existencia de un instrumento normativo que delimite de manera clara la competencia notarial y jurisdiccional del juzgado de paz.
8.1.4. Respecto a que el tipo disciplinario no se encuentra debidamente establecido, al imputar a la investigada conocer o intervenir en “causas” a sabiendas de estar legalmente impedida de hacerlo, cuando el término “causas” se refiere a procesos judiciales que suponen la existencia de “litis”, mientras que los hechos investigados se tratan de actos notariales de carácter no contencioso realizados a solicitud de parte, sin contradicción, se debe precisar que los juzgados de paz no ejercen únicamente competencia jurisdiccional, de modo que los pedidos diversos, como solicitudes, procedimientos, trámites, deben entenderse en su acepción amplia de “causas”. En el mismo sentido, cuando el tipo imputado señala haber realizado actos notariales fuera de su “jurisdicción”, dicho término se encuentra referido a la acepción de dicha palabra como competencia territorial del juzgado de paz; por lo que, no resulta atendible, en estos extremos, los cuestionamientos señalados por la investigada.
8.1.5. De este modo, se concluye que la investigada Fanny Carola Altamirano Rivera realizó el documento denominado “AUTORIZACIÓN”, el cual por la misma información que contiene permite verificar que se encontraba fuera de su jurisdicción; esto es, fuera de su competencia territorial; y, en consecuencia, ha incurrido en la comisión de falta muy grave regulada en el inciso tres del artículo veinticuatro del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 297-2015-CE-PJ: “3. Conocer, influir o interferir, directa o indirectamente, en causas a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo, (…)”.
8.2. Respecto al cargo de haber realizado un acta de conciliación sobre compra venta de un terreno, ascendente a la suma de sesenta mil soles, lo que no se encontraba dentro de su competencia.
8.2.1. Como ya se señaló, en el “ACTA DE CONCILIACIÓN POR MUTUO ACUERDO” de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, celebrado entre el señor Raúl Enrique Torres de la Cruz y el señor Richard Jonathan Ortega Torres, se precisa que el señor Torres de la Cruz manifiesta su voluntad de transferir en calidad de compra venta, una parte del terreno ubicado en el jirón San Lorenzo Nº 170, Distrito y Provincia de Jauja del Departamento de Junín; asimismo, se señala que ambas partes manifiestan de forma voluntaria que la compraventa del terreno asciende a la suma de sesenta mil soles.
8.2.2. La Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz establece en el inciso dos del artículo dieciséis, como materias de competencia del juez de paz, entre otros, los conflictos patrimoniales por un valor de hasta treinta Unidades de Referencia Procesal; en tanto que, la Cuarta Disposición Final de dicha ley dispuso modificar último párrafo del artículo quinientos cuarenta y siete del Código Procesal Civil, quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo 547.- Competencia
(…)
En el caso del inciso 7) del artículo 546, cuando la pretensión sea hasta diez Unidades de Referencia Procesal, es competente para sentenciar el Juez de Paz y hasta cincuenta Unidades de Referencia Procesal para resolver mediante conciliación; cuando supere esos montos, es competente el Juez de Paz Letrado”.
Dicho tratamiento en la misma ley, evidenció una regulación contradictoria interna entre el numeral 16.2 de su artículo dieciséis y la Cuarta Disposición Final de la misma ley.
8.2.3. La Ley número veintinueve mil ochocientos ochenta y siete, Ley que modifica el artículo 547 del Código Procesal Civil, modificado por la Cuarta Disposición Final de la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, publicada el veinte de junio de dos mil doce, modificó el Código Procesal Civil estableciendo que, en el caso del referido inciso siete del artículo quinientos cuarenta y seis, cuando la pretensión sea hasta diez Unidades de Referencia Procesal, es competente para sentenciar el juez de paz y hasta cincuenta Unidades de Referencia Procesal para resolver mediante conciliación; de modo que, al superarse dichos montos, resulta competente el juez de paz letrado.
8.2.4. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa Nº 340-2014-CE-PJ, de fecha uno de octubre de dos mil catorce, aprobando el “Reglamento para el Ejercicio de Competencias de Jueces de Paz en Conflictos Patrimoniales” en cuyo artículo cinco, en relación a la cuantía precisa que: “Conforme al artículo 547° del Código Procesal Civil y 16°, numeral 1 de la Ley de Justicia de Paz, en los conflictos cuya pretensión se puede estimar patrimonialmente, los jueces de paz son competentes: a) Para sentenciar, cuando la pretensión sea hasta diez (10) Unidades de Referencia Procesal; y b) Para resolver mediante conciliación, cuando la pretensión sea hasta cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal”.
8.2.5. Debe tenerse en cuenta que, la Resolución Administrativa Nº 000001-2024-CE-PJ, de fecha dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, publicada en el Diario Oficial El Peruano el dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, fijó el valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP) para el año dos mil veinticuatro (en el que se celebró la supuesta acta de conciliación), en la suma de quinientos quince soles; de modo tal que, cincuenta Unidades de Referencia Procesal equivalían a veinticinco mil setecientos cincuenta soles, para resolver mediante conciliación; siendo que en el presente caso, el “ACTA DE CONCILIACIÓN POR MUTUO ACUERDO” sobre promesa de compra venta, suponía la transferencia de parte de un inmueble por el monto de sesenta mil soles, cuantía que notoriamente excede el valor de la cuantía a la que la investigada estaba facultada para conocer.
8.2.6. Respecto al argumento de defensa referido por la investigada, en relación a que el artículo treinta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz permite conocer conciliaciones fuera de los límites de la cuantía y el territorio, se debe tener presente que el artículo siete -último párrafo- del Reglamento para el Ejercicio de Competencias de Jueces de Paz en Conflictos Patrimoniales, aprobado por Resolución Administrativa Nº 340-2014-CE-PJ precisa que la prórroga excepcional señalada en el Reglamento de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz se refiere únicamente a casos derivados de conflictos familiares. Por lo que, el presente caso no se encontraría comprendido dentro de la excepcionalidad alegada.
8.2.7. En relación a los argumentos de defensa, referidos a que no habría realizado una compra venta, como se alude en los fundamentos de cargo, sino un acta de conciliación en la que la partes asumieron un acuerdo sobre un dinero ya entregado, para luego formalizarlo notarialmente, se debe señalar que los cargos y sustento de los mismos por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial se refieren a la realización de un acta de conciliación, que excede el monto permitido como competencia a un juzgado de paz. No obstante ello, resulta sintomático que el mencionado documento contiene algunos elementos comunes al de un contrato de compra venta que, en su caso, tampoco estaría autorizada a realizar la investigada. Así, resulta irrelevante tal argumento, en tanto que respecto a este extremo, la realización de la infracción se satisface con el faccionamiento del acta de conciliación que la misma investigada reconoce haber realizado.
8.2.8. Por lo tanto, también se tiene acreditado que la investigada Fanny Carola Altamirano Rivera realizó el documento denominado “ACTA DE CONCILIACIÓN POR MUTUO ACUERDO”, de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, celebrado entre los señores Raúl Enrique Torres de la Cruz y Richard Jonathan Ortega Torres, sobre compra venta de un terreno, ascendente a la suma de sesenta mil soles, excediendo el monto que como competencia le correspondía; y, en consecuencia, incurrió en la comisión de falta muy grave regulada en el inciso tres del artículo veinticuatro del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 297-2015-CE-PJ: “3. Conocer, influir o interferir, directa o indirectamente, en causas a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén siendo conocidas o hayan sido resueltas por la justicia ordinaria o la jurisdicción especial”.
Noveno. Determinación de la medida disciplinaria a imponer.
9.1. Determinada la responsabilidad disciplinaria de la investigada, respecto de los cargos que le son imputados, ambos han sido calificados como faltas muy graves que, conforme al artículo cincuenta y cuatro de la Ley de Justicia de Paz y al artículo veintinueve del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, supone la sanción de destitución, corresponde analizar si la sanción propuesta por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, es proporcional al hecho imputado. En relación a ello, se debe tener en cuenta el principio de “juez lego”; así, conforme al artículo seis, inciso c), del Reglamento del Régimen Disciplinario de Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa número doscientos noventa y siete guion dos mil quince guion CE guion PJ, establece que: “c) (…) El juez de paz tiene derecho a que se presuma su condición de lego en derecho, salvo prueba en contrario por ser abogado o haber estudiado derecho a nivel universitario. En consecuencia: c.1 El juez contralor a cargo del procedimiento disciplinario debe evaluar si éste comprendía la complejidad jurídica, a nivel normativo y conceptual, de la conducta que se le imputa y proceder a sancionarlo solo en casos exista dolo manifiesto. (…)”.
9.2. La investigada es docente contratada en programas educativos y en las instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico Productiva, además de haberse desempeñado en el cargo entre los años dos mil uno a dos mil siete; y, dos mil veintidós al dos mil veinticinco; por lo que, podía comprender los alcances de sus competencias, deberes y funciones, al no suponer los hechos atribuidos como cargos una particular complejidad jurídica, pudiendo desprenderse la existencia de dolo manifiesto en su conducta.
9.3. Por lo tanto, se concluye que la investigada Fanny Carola Altamirano Rivera como jueza de paz de Segunda Nominación del Distrito de Yauyos, Provincia de Jauja, de la Corte Superior de Justicia de Junín, ante la acreditación de los cargos evaluados y al haberse determinado su responsabilidad disciplinaria en tales hechos; así como, también a la opinión emitida por la Jefatura de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP); y al no evidenciarse alguna atenuante para la graduación de la sanción a imponerse, corresponde aprobar la propuesta de destitución formulada en su contra.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 1125-2026 de la quincuagésima sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, realizada con la participación de las señoras Tello Gilardi y Barrios Alvarado, y de los señores Bustamante Zegarra, Cáceres Valencia y Zavaleta Grández; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo ochenta y dos del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De conformidad con la ponencia del señor Cáceres Valencia. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Imponer la medida disciplinaria de destitución a la señora Fanny Carola Altamirano Rivera, en su actuación como jueza de paz de Segunda Nominación del Distrito de Yauyos, Provincia de Jauja, de la Corte Superior de Justicia de Junín; con las consecuencias establecidas en el artículo cincuenta y cuatro de la Ley de Justicia de Paz. Inscribiéndose la medida disciplinaria impuesta en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.-
JANET TELLO GILARDI
Presidenta
1 Ley Nº 29824 – Ley de Justicia de Paz.
“Artículo 54. Destitución
(…).
La destitución es impuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, requiriéndose el voto de más de la mitad del número total de sus integrantes”.
2 Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa Nº 297-2015-CE-PJ.
“Artículo 29°. Destitución
(…)
La destitución es impuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, requiriéndose el voto de más de la mitad del número total de sus integrantes”.
3 Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Corte Suprema de Justicia de la República y Órganos de Gobierno y Control Nacionales, que comprende a la Corte Suprema de Justicia de la República, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia con menos de seis Salas Superiores; y al Centro de Investigaciones Judiciales, aprobado por Resolución Administrativa Nº 000321-2021-CE-PJ.
Sección “Consejo Ejecutivo del Poder Judicial”
“Artículo 7° Funciones y atribuciones.
Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial:
(…)
38. Resolver en primera instancia administrativa las propuestas de destitución y separación formuladas por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial contra Jueces de Paz y Auxiliares Jurisdiccionales.
(…)”.
4 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 5085-2006-PA/TC, fundamento jurídico 4.
5 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3741-2004-AA/TC, fundamento jurídico 21.
6 Cargos referidos a los siguientes hechos: “b) Las actuaciones de ciudadanos cuyos documentos nacionales de identidad – DNI consignan domicilios fuera del distrito de Yauyos; siendo estos i) Jhelve Álvarez Rosales, quien domicilia en el jirón Jorge Chávez Nº 520, Acolla, Jauja; y, ii) Cristean Cantalicio Sedano Sedano, con domicilio en Prolongación Centenario Nº 1604 San Gerónimo de Tunan (folio 30), (…). d) El acta de conciliación por mutuo acuerdo de fecha 27 de marzo de 2024 (folio 19), celebrada entre Rebeca Tumialán Huatuco, domiciliada en el pasaje Los Guindales distrito de El Tambo, con Eva Sanguinetti Palomino, domiciliada en el jirón La Unión Nº 1072, distrito de Paca, provincia de Jauja. e) Acta sobre “Autorización de Viaje” de menor de fecha 01 de noviembre de 2024, solicitada por Jenny Rosario Esteban Rivera, quien domicilia en la Carretera Rodar Mz. 15, lote 03, Callería, Coronel Portillo (folio 21). g) Acta de conciliación por mutuo acuerdo de fecha 25 de marzo de 2024, celebrada entre Elvis Laureano Valenzuela con Kesley Crisóstomo Maldonado, de la que se advierte que ambas partes domicilian en Apata, Jauja (folios 26 y 27)”.
7 Hechos referidos a: “a) La demanda presentada el 16 de noviembre de 2022 por Esther Clara Díaz Almerco contra William Yoel Mallma Ingaroca sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, de la que se advierte que la demandante domicilia en el distrito de Pancan Anexo de Huasquicha (folio 14 y 28-29). (…) c) El legajo de “Constancias y Certificados” de enero a julio de 2023 (folio 08), (…) la investigada ha emitido certificados domiciliarios que no corresponden a su competencia, así como constancias de tenencia de menores y de posesión de domiciliados en Jauja, constancia de convivencia y la declaración jurada de Rossana Maribel Rosales Alcántara, de fecha 15 de marzo de 2023 (folio 10), en la que informa que su pariente falleció en el hospital IREN de la provincia de La Concepción, afirmando la declarante domiciliar en la Asociación Túpac Amaru jirón Primavera Nº 113 – La Oroya”.
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