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Fecha de publicación: 21/11/2026
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia declarado en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén del departamento de La Libertad

Dejan sin efecto la Resolución Administrativa Nº 000209-2020-CE-PJ, que aprobó el Procedimiento denominado “Control Virtual Penal de Procesados y Sentenciados Libres”, y el artículo segundo de la Resolución Administrativa Nº 000216- 2023-CE-PJ

RESOLUCIóN ADMINISTRATIVA

N° 000391-2026-CE-PJ

Lima, 20 de noviembre del 2026

VISTOS:

El Memorando Nº 000525-2026-GSJ-GG-PJ de la Gerencia de Servicios Judiciales; el Informe Nº 000243-2026-SSJAU-GSJ-GG-PJ de la Subgerencia de Servicios Judiciales y Atención al Usuario; el Informe Nº 000268-2026-SM-GMPP-GG-PJ de la Subgerencia de Modernización; el Memorando Nº 001583-2026-GMPP-GG-PJ de la Gerencia de Modernización, Planeamiento y Presupuesto; y el Informe Nº 001367-2026-GAJ-GG-PJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 209-2026-CE-PJ el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial amplió hasta el 15 de diciembre de 2026 el plazo establecido en la Disposición Transitoria 9.1 de la Directiva Nº 012-2025-CE-PJ, “Disposiciones para el Desarrollo de Documentos Normativos en el Poder Judicial”, Versión 004. Dicha prórroga tiene como objetivo la actualización integral de las normas internas de la institución.

Segundo. Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, establece en su artículo 16, numeral 2, que las entidades del sector público deben revisar periódicamente sus regulaciones para garantizar la eficiencia y simplificación administrativa. Asimismo, el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM señala que las instituciones aplican el modelo de gestión por resultados con el fin de optimizar sus procesos e identificar aspectos que contribuyan a la generación de valor público.

Tercero. Que, bajo dicho marco de optimización, el numeral 6.7.3 de la Directiva Nº 012-2025-CE-PJ regula la propuesta de derogación de aquellos documentos normativos que presenten obsolescencia o inaplicabilidad. En tales supuestos, corresponde a la unidad proponente sustentar el retiro formal de la norma para asegurar que el ordenamiento de la entidad sea predictible y coherente.

Cuarto. Que, a través del Informe Nº 000243- 2026-SSJAU-GSJ-GG-PJ, la Subgerencia de Servicios Judiciales y Atención al Usuario sustentó la necesidad de dejar sin efecto el Procedimiento denominado “Control Virtual Penal de Procesados y Sentenciados Libres”, aprobado por Resolución Administrativa Nº 000209-2020-CE-PJ; así como el artículo segundo de la Resolución Administrativa Nº 000216-2023-CE-PJ, que dispuso prorrogar la vigencia del citado Procedimiento.

Quinto. Que, la Subgerencia de Modernización, mediante el Informe Nº 000268-2026-SM-GMPP-GG-PJ, validó dicha solicitud al constatar que el aplicativo “Control Virtual Penal”, cuyo uso se encuentra regulado conforme al objetivo1 del Procedimiento “Control Virtual Penal de Procesados y Sentenciados Libres”, viene siendo utilizado en un número significativo de casos por motivos distintos de la causal expresamente prevista, situación que requiere una definición institucional uniforme; lo cual difiere del carácter excepcional por razones de salud debidamente acreditadas, conforme se estableció en la Resolución Administrativa Nº 000216-2023-CE-PJ, además de presentar limitaciones funcionales que afectan la confiabilidad y continuidad operativa del citado aplicativo; en tal sentido, se ha configurado la inaplicabilidad operativa y obsolescencia que genera inseguridad jurídica para los operadores del sistema de justicia.

Sexto. Que, la Gerencia de Modernización, Planeamiento y Presupuesto hizo suyo el referido informe a través del Memorando Nº 001583-2026-GMPP-GG-PJ. De igual modo, la Gerencia de Asesoría Jurídica concluyó que la propuesta es procedente y jurídicamente viable por cumplir de forma estricta con las directrices de modernización. Por lo tanto, corresponde formalizar el retiro de dicha norma del ordenamiento jurídico institucional.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N.° 1320-2026 de la quincuagésima novena sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 19 de noviembre de 2026, realizada con la participación de las señoras Tello Gilardi y Barrios Alvarado, y los señores Bustamante Zegarra, Cáceres Valencia y Zavaleta Grández; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución Administrativa Nº 000209-2020-CE-PJ del 6 de agosto de 2020, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprobó el Procedimiento denominado “Control Virtual Penal de Procesados y Sentenciados Libres”.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el artículo segundo de la Resolución Administrativa Nº 000216-2023-CE-PJ del 7 de junio de 2023, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que dispuso prorrogar la vigencia del Procedimiento denominado “Control Virtual Penal de Procesados y Sentenciados Libres” aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 000209-2020-CE-PJ, para los casos en que el juez, en forma excepcional y atendiendo razones de salud debidamente comprobada, autorice el registro en forma virtual.

Artículo Tercero.- Encargar a la Subgerencia de Modernización de la Gerencia General del Poder Judicial, la actualización del registro institucional de documentos normativos.

Artículo Cuarto.- Notificar la presente resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Presidencias de las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República, Miembros Integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia del país, Órgano de Control Institucional; y a la Procuraduría Pública del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JANET TELLO GILARDI

Presidenta

Consejo Ejecutivo

1 Establecer el procedimiento de control virtual para el registro de los procesados y sentenciados que gozan de libertad, sujetas al cumplimiento de reglas de conducta, mediante el uso del aplicativo Informático “Control Virtual Penal”; durante el Estado de Emergencia Nacional debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

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