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Fecha de publicación: 21/11/2026
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia declarado en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén del departamento de La Libertad

Dan por concluido nombramiento de fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Arequipa

Resolución de la Fiscalía de la Nación

N° 3670-2026-MP-FN

Lima, 20 de noviembre de 2026

VISTOS:

El oficio N° 005066-2026-MP-FN-PJFSAREQUIPA, de fecha 30 de octubre de 2026, el informe N° 21-2026-MP-FN-PJFSAREQUIPA, suscrito el 30 de octubre de 2026, el informe N° 000186-2026-MP-FN-UEDFAREQ-AGI, de fecha 29 de septiembre de 2026, el oficio N° 422-2026-ANC-MP-ADC-AR, de fecha 30 de septiembre de 2026, el reporte de quejas y denuncias N° 03417-2026-202000500, de fecha 11 de noviembre de 2026, y el informe N° 000028-2026-MP-FN-OREF-ARAA, de fecha 18 de noviembre de 2026, y;

CONSIDERANDO:

Mediante Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nºs. 2695-2023-MP-FN y 3834-2025-MP-FN, de fechas 17 de octubre de 2023 y 29 de diciembre de 2025, respectivamente, se nombró a la abogada Betty Rosaura Rojas Equiapaza, como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Arequipa, designándola en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa; laborando actualmente en mérito a la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024.

Los numerales 3 y 4 del artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052 y modificada por el artículo único de la Ley N° 31718, establecen que corresponde al Fiscal de la Nación el nombramiento de los fiscales provisionales de todos los niveles, así como la designación de los fiscales titulares y provisionales en el órgano fiscal respectivo.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020 (caso Casa Nina vs. Perú), ha señalado que “la provisionalidad no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria”. Dicha temporalidad es consustancial al nombramiento provisional y habilita al titular del Ministerio Público para gestionar la asignación y permanencia del personal fiscal, en aras de la correcta marcha de la institución.

El Tribunal Constitucional ha manifestado en reiterada jurisprudencia que la “(…) provisionalidad constituye una situación fáctica que no genera más derechos que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien no ostenta titularidad alguna (…)” (STC N° 2770-2010-PA/TC).

El artículo 2 de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, define el perfil requerido para el cargo al indicar que “está constituido por el conjunto de capacidades y cualidades personales y profesionales que aseguran que, en el ejercicio de sus funciones, los fiscales respondan idóneamente a los roles constitucionales de defensa de la legalidad, de los intereses públicos tutelados por el derecho, de representación de la sociedad en juicio y de investigación del delito”. La materialización de este perfil depende de una conducta ceñida a los principios de objetividad y probidad, que son esenciales para la confianza pública en la institución.

En esa línea, la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024, fijó las condiciones resolutorias para la vigencia de los nombramientos de fiscales provisionales. Dicha norma establece que podrá concluirse el nombramiento y designación, entre otros supuestos, cuando se presente: “(v) La afectación al principio de probidad que se erige como componente esencial del fiscal desde su nombramiento y designación; u otro motivo que termine dañando la imagen institucional” y “(vi) El incumplimiento o afectación a las condiciones que se requieren para su nombramiento como fiscal, o se transgreda el orden normativo aplicable a los fiscales”.

Mediante el oficio N° 005066-2026-MP-FN-PJFSAREQUIPA, y el informe N° 21-2026-MP-FN-PJFSAREQUIPA, ambos suscritos el 30 de octubre de 2026, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa informa sobre el presunto desempeño funcional deficiente de la abogada Betty Rosaura Rojas Equiapaza, fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Arequipa, designada en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa; ello en atención a las presuntas irregularidades comunicadas por el jefe inmediato de la referida fiscal, respecto a la tramitación de carpetas fiscales a cargo de la misma, entre ellas, la emisión de una disposición que declaró de oficio la nulidad del archivo de una investigación, pese a que la parte agraviada habría formulado previamente un requerimiento de elevación; asimismo, se advirtió la existencia de proyectos de disposiciones pendiente de subsanación de observaciones formuladas, así como investigaciones en las que no se habrían realizado actuaciones fiscales necesarias para impulsar su trámite; a ello se suma la inasistencia de la citada fiscal a audiencias previamente programadas y registradas en la agenda del Sistema de Gestión Fiscal, circunstancias que habrían generado cuestionamientos al jefe inmediato respecto del cumplimiento diligente de las obligaciones funcionales de la aludida fiscal. En esa línea, el Área de Gestión de Indicadores del Distrito Fiscal de Arequipa, a través del informe N° 000186-2026-MP-FN-UEDFAREQ-AGI, de fecha 29 de septiembre de 2026, remitió a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa el reporte comparativo de carga laboral y plazos fiscales de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, en el cual se evidenció que la fiscal adjunta provincial registra doscientos cuarenta y cuatro (244) casos en trámite, cuarenta y cinco (45) con plazos vencidos y doce (12) próximos a vencer, cifras que constituirían la mayor carga procesal pendiente y vencida de la fiscalía que integra la misma; de otro lado, conforme a lo mencionado por la Presidencia se habrían suscitado incidencias relacionadas con la actuación de jóvenes voluntarias que se encontraban bajo responsabilidad de la fiscal en cuestión, quienes habrían utilizado ambientes y equipos institucionales para fines personales, realizado actividades ajenas a las labores de apoyo asignadas y tomado fotografías de carpetas fiscales sin autorización; por tales razones, se solicita la conclusión de la abogada Betty Rosaura Rojas Equiapaza en el cargo y despacho antes descritos.

Adicionalmente, mediante el oficio N° 422-2026-ANC-MP-ADC-AR, de fecha 30 de septiembre de 2026, la Autoridad Desconcentrada de Control del Distrito Fiscal de Arequipa, remite el reporte de quejas y denuncias N° 00161-2026-1511010000, de fecha 30 de septiembre de 2026, correspondiente a la abogada Betty Rosaura Rojas Equiapaza; asimismo, del reporte de quejas y denuncias N° 03417-2026-202000500, actualizado con información al 11 de noviembre de 2026 y emitido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, se advierte que la referida fiscal registra nueve (9) quejas en trámite.

En consecuencia, al haberse configurado las condiciones resolutorias previstas en los numerales (v) y (vi) de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024; y en ejercicio de las prerrogativas de este Despacho para salvaguardar la integridad de la función fiscal, la confianza ciudadana y la imagen institucional del Ministerio Público, resulta oportuno concluir el nombramiento de la abogada Betty Rosaura Rojas Equiapaza, fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Arequipa, y su designación en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa; conforme al marco normativo antes citado y en mérito a la evaluación de los actuados contenida en el informe N° 000028-2026-MP-FN-OREF-ARAA, de fecha 18 de noviembre de 2026.

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 158 y 159 de la Constitución Política del Perú, y a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052 y modificada por el artículo único de la Ley N° 31718;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento de la abogada Betty Rosaura Rojas Equiapaza, como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Arequipa, y su designación en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa; materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nºs. 2695-2023-MP-FN, 2956-2024-MP-FN y 3834-2025-MP-FN, de fechas 17 de octubre de 2023, 30 de diciembre de 2024 y 29 de diciembre de 2025, respectivamente; sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento a la abogada Betty Rosaura Rojas Equiapaza que debe efectuar la correspondiente entrega de cargo, conforme a las disposiciones señaladas en la Directiva General N° 007-2002-MP-FN “Normas para la Entrega de Cargo”, aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 972-2002-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2002.

Artículo Tercero.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa, Gerencia General, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Integridad Institucional, Oficina de Imagen Institucional, Oficina de Control de la Productividad Fiscal, Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva y a la abogada mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS

Fiscal de la Nación

2577040-1