Logo El Peruano
Fecha de publicación: 21/11/2026
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia declarado en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén del departamento de La Libertad

Confirman la Resolución N° 00934-2026-JEE-CONV/JNE

RESOLUCIóN N° 4525-2026-JNE

Expediente N° ERM.2026065310

KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCIÓN - CUSCO

JEE LA CONVENCIÓN (ERM.2026061397)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026 APELACIÓN

Lima, 30 de octubre de 2026

VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don Jordi Gustavo Villavicencio Colquehuanca, personero legal titular de la organización política Ahora Nación - AN (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución N° 00934-2026-JEE-CONV/JNE, del 21 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de La Convención (en adelante, JEE), que declaró infundada la solicitud de nulidad de la votación realizada en la Mesa de Sufragio N° 017510, instalada en la Institución Educativa Javier Pérez de Cuéllar, del centro poblado de Kepashiato, distrito de Kumpirushiato, provincia de La Convención, departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

PRIMERO.ANTECEDENTES

1.1. Mediante escrito presentado el 7 de octubre de 2026, el señor recurrente solicitó la nulidad de la votación realizada el 4 del mismo mes y año, en la Mesa de Sufragio N° 017510. Así pues, invocó el literal b del artículo 363 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), y el literal a del artículo 36 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM), por presunto fraude y graves irregularidades que habrían favorecido a la organización política Juntos por el Perú.

1.2. El pedido se sustentó en la declaración jurada de doña Lucinda Vásquez Surco, personera de la organización política Ahora Nación - AN en la mesa cuestionada, sobre el llenado de actas por el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en los impedimentos para reclamar o grabar y en la validación de votos que se consideraban viciados; así como en una fotografía del cartel de resultados con un remarcado en la cifra distrital de la organización política Juntos por el Perú; en el acta de recepción de la denuncia verbal de don Lucio Huacac Andrade, del 5 de octubre de 2026; y en las capturas de publicaciones e imágenes relativas a presuntos actos de inducción al voto. Asimismo, se mencionó un soporte audiovisual en CD y se solicitó incorporar el informe de fiscalización del local y de la mesa de sufragio.

1.3. El 11 de octubre de 2026, el señor recurrente presentó una ampliación con documentos sobre el presunto parentesco entre doña María del Carmen Meza Huamán, presidenta de la Mesa N° 017517, y don David Meza Huamán, identificado como candidato de la organización política Juntos por el Perú. Sostuvo que dicho vínculo constituía un indicio de control del local de votación.

1.4. El 15 de octubre de 2026, don Richard Wilson Berríos Gutiérrez, personero legal de la organización política Juntos por el Perú, contradijo el pedido. Cuestionó la suficiencia de las pruebas, la identificación de una alteración de votos y la vinculación de los hechos atribuidos a otras mesas con la Mesa de Sufragio N° 017510. Por su parte, mediante escrito, del 18 del mismo mes y año, don Vladimir Horacio León Vidal, personero legal titular de la organización política Alianza Electoral Venceremos, solicitó declarar improcedente o, subsidiariamente, infundado el pedido de nulidad.

1.5. El 20 de octubre de 2026, el señor recurrente adjuntó la declaración jurada de doña Nikool Slim Chávez Luque, personera de la organización política Acción Popular en la Mesa de Sufragio N° 017510, de fecha 6 del mismo mes y año, con certificación de firma y verificación biométrica. En dicha declaración, refirió el llenado de actas por el personal de la ONPE, amenazas a personeros, validación de votos cuestionados y entrega de comida a miembros de mesa.

1.6. Mediante la Resolución N° 00934-2026-JEE-CONV/JNE, del 21 de octubre de 2026, el JEE declaró infundado el pedido de nulidad. Consideró que el remarcado no demostraba una alteración fraudulenta; que las declaraciones e imágenes no acreditaban suficientemente los actos denunciados ni su incidencia en la Mesa de Sufragio N° 017510; y que no correspondía admitir las nuevas pruebas de la ampliación con fecha valor del 11 de octubre de 2026 ni la declaración de doña Nikool Slim Chávez Luque presentada el 20 del mismo mes y año, conforme a sus considerandos 3.16 y 3.17. Dispuso remitir copias de las piezas pertinentes al Ministerio Público. La resolución fue notificada, el 22 de dicho mes y año, al señor recurrente mediante la Notificación N° 545984-2026-CONV, así como a los personeros de las organizaciones políticas Juntos por el Perú, Alianza Electoral Venceremos y Progresemos, mediante las Notificaciones N° 545999, N° 546001 y N° 546003-2026-CONV, respectivamente.

1.7. Asimismo, obra el escrito, de fecha 21 de octubre de 2026, de don Walter Víctor Ortiz Huamán, personero legal titular de la organización política Progresemos, quien solicitó intervenir como litisconsorte afectado y reiteró los cuestionamientos sobre el llenado de actas, la actuación frente a los personeros y la entrega de alimentos. Se acompañaron las actas de instalación, sufragio y escrutinio de la Mesa de Sufragio N° 017510. Mediante escrito, del 22 del mismo mes y año, el personero de la organización política Juntos por el Perú cuestionó la oportunidad de dicha intervención y reiteró su oposición a la nulidad.

SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS

2.1. El 25 de octubre de 2026, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 00934-2026-JEE-CONV/JNE. Así pues, solicitó revocar la decisión, admitir y valorar la documentación rechazada, y declarar fundada la nulidad de la Mesa de Sufragio N° 017510, sobre la base de los siguientes agravios:

a) El JEE habría valorado aisladamente las pruebas, sin examinar el contexto de presunto fraude en el local de votación ni su conexión con la Mesa de Sufragio N° 017510. Considera contradictorio desestimar la nulidad y remitir, a la vez, copias al Ministerio Público.

b) No se incorporó ni valoró el informe de fiscalización solicitado desde el escrito inicial. Alega que, en el Expediente N° ERM.2026061316, el Decreto N° 00001, del 15 de octubre de 2026, requirió información sobre varias mesas, incluida la N° 017510, y que el Decreto N° 00002, del 19 del mismo mes y año, dejó sin efecto el requerimiento respecto de esta última.

c) Cuestiona el rechazo de las partidas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentadas con la ampliación y de la declaración de la personera de la organización política Acción Popular. Sostiene que son documentos de conocimiento posterior o de corroboración de hechos oportunamente denunciados, e invoca el derecho a la prueba, el impulso de oficio y la interoperabilidad. Además, denuncia que no se valoraron el escrito de la organización política Progresemos ni las actas adjuntas.

d) Las declaraciones de las personeras de las organizaciones políticas Ahora Nación - AN y Acción Popular, el escrito de la organización política Progresemos y la ausencia de firmas de personeros en el acta de escrutinio acreditarían el impedimento para reclamar, grabar y suscribir el acta, así como la intervención indebida de personal de la ONPE. También considera probados actos de entrega de alimentos e inducción al voto.

e) El remarcado de la cifra setenta y dos (72) del cartel se correspondería con una declaración fiscal-policial de don Lucio Huacac Andrade, del 6 de octubre de 2026, sobre un cambio de sesenta y tres (63) a setenta y dos (72) votos. Añade que la comparación de resultados provinciales y distritales de esta y otras siete (7) mesas revelaría un patrón de disminución de votos en blanco y de votos para la organización política Ahora Nación - AN, con incrementos para la organización política Juntos por el Perú.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)

En la Constitución Política del Perú

1.1. El numeral 4 del artículo 178 indica que corresponde a este Supremo Tribunal Electoral administrar justicia en materia electoral.

1.2. El artículo 181 menciona que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprecia los hechos con criterio de conciencia y resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.

En la LOE

1.3. El artículo 363 prescribe que:

Artículo 363.- Los Jurados Electorales Especiales pueden declarar la nulidad de la votación realizada en las Mesas de Sufragio, en los siguientes casos:

a) Cuando la Mesa de Sufragio se haya instalado en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes de las establecidas por esta Ley, o después de las doce (12.00) horas, siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio;

b) Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato;

c) Cuando los miembros de la Mesa de Sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores, con el objeto indicado en el inciso anterior;

[…]

En la LEM

1.4. El literal a del artículo 36, modificado por la Ley N° 32657, establece lo siguiente:

Artículo 36.- El Jurado Nacional de Elecciones, de oficio o a pedido de parte, puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en uno o más distritos electorales cuando:

a. Se comprueben graves irregularidades, por infracción de la ley, que hubiesen modificado los resultados de la votación.

[…]

En la Resolución N° 0838-2025-JNE1, que aprobó la regulación del trámite de pedidos de nulidad de votación de mesa de sufragio y de nulidad de elecciones

1.5. El numeral 1 de la parte resolutiva prescribe:

1. ESTABLECER las siguientes reglas referidas a los pedidos de nulidad de votación de mesas de sufragio basados en hechos pasibles de conocimiento directo de la mesa de sufragio:

1.1. Los pedidos de nulidad sustentados en los literales a, c y d del artículo 363 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, esto es, basados en hechos pasibles de conocimiento directo de la mesa de sufragio, deben ser planteados por los personeros de mesa ante la propia mesa de sufragio y, necesariamente, se debe dejar constancia de dichos pedidos en el acta electoral respectiva.

1.2. Los pedidos de nulidad planteados ante la mesa de sufragio, para ser tramitados, deben ser fundamentados ante el Jurado Electoral Especial por escrito, adjuntando el comprobante original del pago de la tasa correspondiente, en el plazo de tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de la elección. El escrito correspondiente debe ser suscrito por el personero legal inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas o el personero legal ante el Jurado Electoral Especial.

[…]

1.6. Los incisos 2.1, 2.2 y 2.3 del numeral 2 de la parte resolutiva señalan lo siguiente:

2.1. Los pedidos de nulidad sustentados en hechos externos a la mesa de sufragio, esto es, en los supuestos previstos en el literal b del artículo 363 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, deben ser presentados por escrito ante el respectivo Jurado Electoral Especial y estar suscritos por el correspondiente personero legal inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas o el personero legal ante el Jurado Electoral Especial. Además, debe adjuntarse el respectivo comprobante del pago de la tasa, en original [resaltado agregado].

2.2. Dichos pedidos se presentan dentro del plazo de tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de la elección.

2.3. El Jurado Electoral Especial, de ser el caso, solicita que en el plazo máximo de un (1) día calendario, se emita el informe de fiscalización sobre los hechos denunciados y resuelve en un plazo que no exceda los tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente de su presentación, bajo responsabilidad.

1.7. El numeral 3 de la parte resolutiva dispuso:

3. ESTABLECER las siguientes reglas referidas a los elementos de convicción de valoración inmediata:

3.1. Los elementos de convicción se presentan, en primera instancia, con la interposición del pedido de nulidad ante el Jurado Electoral Especial competente y no se admitirán aquellos que requieran actuación2 [resaltado agregado].

3.2. La presentación de los elementos de convicción de cargo corresponde a quien afirma el hecho o los hechos que configuran el pedido de nulidad.

3.3. El Jurado Electoral Especial dispone la incorporación de los informes de fiscalización emitidos por el órgano competente para su valoración.

3.4. El Jurado Electoral Especial valora los elementos de convicción de cargo de manera conjunta al momento de emitir pronunciamiento.

En la jurisprudencia del Pleno del JNE

1.8. En la Resolución N° 2972-2010-JNE, del 27 de octubre de 2010, sobre un pedido de nulidad de las elecciones realizadas en los distritos de Frías y Paimas, así como en la provincia de Ayabaca, departamento de Piura, en el marco de las Elecciones Municipales 2010, en la que, remitiéndose a su jurisprudencia preexistente, indicó lo siguiente:

1. Conforme lo ha manifestado este Colegiado en la Resolución N° 893-2009-JNE de fecha 21 de diciembre de 2009: “[…], las manifestaciones de algunos ciudadanos no pueden constituir mérito suficiente por sí solas para incidir negativamente en los derechos fundamentales de los electores, pues, en virtud de las declaraciones de algunos ciudadanos no se puede anular el principio de soberanía y voluntad popular, ni tampoco afectar el derecho fundamental a elegir a sus representantes de los pobladores […]. En adición a ello, cabe mencionar que la realización del proceso electoral y los actos que se expiden en dicho proceso (como las actas de escrutinio y de proclamación de resultados) se ven revestidas por los principios de presunción de legalidad y constitucionalidad, de forma que quien pretenda desvirtuar dicha presunción, debe acreditar fehacientemente que se ha incurrido en graves irregularidades”.

2. En ese sentido, este Supremo Tribunal Electoral precisa que las declaraciones juradas no constituyen, por sí mismas, medios probatorios suficientes ni concluyentes para acreditar el acaecimiento de determinados sucesos y, mucho menos, declarar la nulidad de los procesos electorales.

1.9. En la Resolución N° 0250-2017-JNE, del 23 de junio de 2017, se señaló que:

9. En el presente caso, el nulidicente alega la entrega de abarrotes y dinero en el distrito de Santa Cruz días previos y en la madrugada del 11 de junio de 2017, fecha de realización de la consulta popular de revocatoria, para lo cual adjunta una fotografía del auto con placa N° AOV-545 (fojas 25), la impresión a color de la consulta vehicular (fojas 24) y una copia certificada de la declaración jurada de Gloria Angélica Álvarez Ramírez (fojas 27). Entonces, se advierte que no existen medios de prueba que de manera indubitable acrediten el hecho alegado, toda vez que se han presentado documentos simples, si bien en el caso de la declaración jurada, este es un documento de fecha cierta no es menos cierto que se trata del dicho de una persona sin mayor elemento de prueba [resaltado agregado].

1.10. En las Resoluciones N° 3373-2018-JNE y N° 3399-2018-JNE, del 6 y 9 de noviembre de 2018, se consideró:

6. En la medida en que la nulidad de un proceso electoral incide en el ejercicio de los derechos a la participación política de las organizaciones políticas, candidatos, autoridades en consulta y de la ciudadanía que ejerce su derecho-deber de sufragar, generando consecuencias gravosas en dichos derechos, los supuestos previstos por el legislador para que se declare de manera válida la nulidad de una elección deben ser interpretados de manera estricta y restringida, esto es, en caso de duda razonable sobre la validez o legitimidad de un proceso electoral, debe preferirse la preservación de la validez de los resultados antes que la nulidad del proceso en cuestión. Esto último, cabe mencionarlo, encuentra sustento en el principio de presunción de validez del voto reconocido en el artículo 4 de la LOE [resaltado agregado].

1.11. La Resolución N° 3399-2018-JNE, del 9 de noviembre de 2018, determina que:

4. […] si bien es cierto que la nulidad de las elecciones puede declararse de oficio, también es cierto que, si dicha nulidad es solicitada por un tercero, este se encuentra obligado a acreditar las afirmaciones que sustentan su pretensión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en los procesos electorales llevados ante este Supremo Tribunal Electoral [resaltado agregado].

5. Así, en tanto este Supremo Tribunal Electoral no advierta la existencia de vicios que puedan suponer la nulidad del proceso, corresponderá, a quien pretenda la declaratoria de nulidad de elecciones por la causal de fraude y/o soborno, la carga de la prueba de la supuesta distorsión deliberada del ejercicio libre del derecho de sufragio y, por ende, de la directa manifestación de la voluntad popular en las urnas [resaltado agregado].

1.12. La Resolución N° 3352-2018-JNE, del 31 de octubre de 2018, prescribe lo siguiente:

9. […] respecto a la valoración de lo informado por el fiscalizador del JEE, se debe señalar que tanto el fiscalizador asignado al JEE como el fiscalizador del local de votación dependen de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones y tienen como función velar por la legalidad del desarrollo del proceso electoral, por lo cual al ser ellos representantes de este ente electoral, y realizar sus funciones en virtud de lo establecido en la LOE, Reglamento de Gestión del JEE y siguiendo el Manual de Procedimientos del Área de Fiscalización, corresponde valorar el informe emitido por ellos, en cumplimiento de sus funciones, como un medio probatorio que se genera de oficio. Ahora, si bien es cierto, en reiterada jurisprudencia se ha indicado que los informes de fiscalización no son vinculantes para la emisión de pronunciamientos jurisdiccionales, también es cierto que no se puede desconocer que estos aportan una visión in situ de los acontecimientos relacionados a las denuncias presentadas por los ciudadanos que, en valoración conjunta con los instrumentales obrantes en el expediente, generan determinado grado de convicción en el colegiado.

En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3 (en adelante, Reglamento)

1.13. El artículo 14, sobre la notificación de los pronunciamientos, contempla lo siguiente:

Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la Casilla Electrónica

Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.

En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:

<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).

[…]

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

2.1. El Pleno del JNE es competente para conocer el presente recurso de apelación, conforme al numeral 4 del artículo 178 y al artículo 181 de la Constitución Política del Perú (ver SN 1.1. y 1.2.). La controversia comprende la nulidad solicitada respecto de la Mesa de Sufragio N° 017510 y la respuesta a los agravios sobre la incorporación y valoración de los elementos de convicción.

2.2. El pedido inicial invocó el literal b del artículo 363 de la LOE y el literal a del artículo 36 de la LEM. Por tanto, no corresponde aplicar automáticamente la improcedencia por ausencia de anotación del pedido en el acta, prevista para los literales a, c y d del artículo 363 de la LOE. La invocación del fraude exige, en cambio, examinar si se acreditan los hechos que lo configurarían y su conexión con la votación cuestionada (ver SN 1.3., 1.4. y 1.5.).

2.3. Respecto del agravio sobre la falta del informe de fiscalización, el inciso 2.3 del numeral 2 de la parte decisoria de la Resolución N° 0838-2025-JNE establece que el Jurado Electoral Especial, de ser el caso, solicita su emisión. Por tanto, la sola ausencia de un requerimiento no determina automáticamente la nulidad de la resolución impugnada; ello debe evaluarse atendiendo a los hechos denunciados y a los elementos incorporados. A su vez, el inciso 3.3 del numeral 3 dispone la incorporación de los informes emitidos por el órgano competente para su valoración. En atención al cuestionamiento formulado, este Supremo Tribunal Electoral solicitó el informe correspondiente a la Mesa de Sufragio N° 017510 y al local de votación (ver SN 1.6., 1.7. y 1.12.).

2.4. El Informe N° 000206-2026-JRQ-DFEO/JNE, del 3 de noviembre de 2026, señala que los fiscalizadores no advirtieron ni reportaron los hechos denunciados. La incidencia registrada fue una manifestación por un error en el cartel: se consignó el resultado provincial de Juntos por el Perú en el recuadro distrital, lo que fue corregido de inmediato. Incorporado el informe, su valoración conjunta con los demás elementos no acredita el fraude alegado ni justifica anular la resolución impugnada (ver SN 1.7. y 1.12.).

2.5. La valoración conjunta de los medios probatorios no se limita a la apreciación aislada de cada documento, declaración o registro audiovisual, sino que comprende el examen de sus relaciones, coincidencias y posibles contradicciones. Asimismo, permite establecer inferencias a partir de hechos acreditados, siempre que exista una conexión lógica y objetiva que sustente la conclusión sobre la causal invocada. La sola pluralidad de denuncias o de elementos aportados no acredita, por sí misma, una actuación fraudulenta destinada a favorecer a determinada organización política (ver SN 1.7.).

2.6. En el acta de instalación y sufragio acompañada, se observan las firmas de los tres (3) miembros de mesa y de dos (2) personeros; en el acta de escrutinio, constan las firmas de los miembros de mesa, pero no las de personeros. La falta de estas últimas es un dato verificable; sin embargo, el documento no expresa la causa de su ausencia y, por sí solo, no demuestra una prohibición de suscribirlo o una amenaza de expulsión. A la inversa, las firmas de la instalación tampoco descartan que pudieran haberse producido incidencias durante el escrutinio.

2.7. La declaración de doña Lucinda Vásquez Surco, aportada con el pedido inicial, se refiere directamente a la Mesa de Sufragio N° 017510 y atribuye al personal de la ONPE el llenado de documentos, amenazas e impedimentos para reclamar y grabar, así como la validación de votos que considera viciados. Su contenido es pertinente y no puede desestimarse solo por la vinculación de la declarante con la organización solicitante; su suficiencia depende de su precisión y de su contraste con los demás elementos (ver SN 1.7. y 1.8.).

2.8. No obstante, la afirmación sobre el llenado de documentos no identifica qué resultados se habrían consignado contra el conteo o la decisión de los miembros de mesa. Tampoco la comparación visual de la letra permite atribuir con certeza la autoría de las anotaciones al personal de la ONPE. El grado de instrucción o la edad atribuidos a los miembros de mesa no acreditan, por sí mismos, una sustitución de sus decisiones. Estos extremos, apreciados junto con las firmas consignadas en las actas y los demás elementos de convicción, no permiten establecer que se hubiera alterado fraudulentamente el escrutinio de la Mesa de Sufragio N° 017510.

2.9. En cuanto a la declaración de doña Nikool Slim Chávez Luque, debe diferenciarse su fecha de elaboración, el 6 de octubre de 2026, de su presentación, el 20 del mismo mes y año. El inciso 3.1 del numeral 3 de la Resolución N° 0838-2025-JNE exige aportar los elementos de convicción con el pedido inicial; la posterior certificación de firma y verificación biométrica no modifican la oportunidad de presentación ni certifican la verdad del relato.

2.10. Asimismo, la dificultad de comunicación con la personería de otra organización política no establece, por sí sola, una excepción a esa regla. El carácter documental de una prueba y su posibilidad de valoración inmediata son exigencias distintas de la oportunidad para ofrecerla. Por ello, no basta calificarla como corroborativa o sobreviniente para dejar sin efecto la preclusión. Sin perjuicio de ello, la declaración describe hechos semejantes a los denunciados inicialmente, de modo que no corresponde afirmar que es ajena a la mesa cuestionada.

2.11. La misma distinción resulta aplicable al escrito de la organización política Progresemos, del 21 de octubre de 2026. El pedido de intervenir como litisconsorte no reabre el plazo para formular una nueva pretensión de nulidad ni permite introducir, sin examen de su oportunidad, nuevos hechos de cargo. Ello no autoriza a ignorar las actas electorales disponibles para contrastar los hechos inicialmente denunciados. Además, el escrito del personero legal de la organización política Progresemos no debe equipararse, sin mayor justificación, a una tercera declaración presencial de un personero de mesa.

2.12. En cuanto al parentesco invocado respecto de doña María del Carmen Meza Huamán y don David Meza Huamán, los documentos se ofrecieron con la ampliación de Fecha Valor del 11 de octubre de 2026, luego de vencida la oportunidad para presentar el pedido y sus pruebas. La expedición posterior de las partidas no demuestra, por sí misma, una excepción a la regla electoral de presentación, ni la interoperabilidad reabre los plazos para introducir hechos nuevos de parte.

2.13. Con independencia de dicha objeción de oportunidad, un eventual impedimento para integrar la Mesa de Sufragio N° 017517 constituye una cuestión que debe examinarse en su ámbito. El presunto parentesco, aun de acreditarse, no demuestra por sí solo que la referida persona dirigiera la Mesa de Sufragio N° 017510 o controlara las decisiones de todo el local. La prueba de un vínculo familiar no se confunde con la prueba de una actuación coordinada de manipulación del sufragio.

2.14. Lo anterior no significa exigir que todos los hechos se produzcan dentro del aula o que cada acto externo identifique nominalmente a todos los electores afectados. Un hecho desarrollado en el local o en sus accesos puede tener incidencia sobre varias mesas. Sin embargo, esa incidencia debe resultar de elementos que acrediten su alcance, destinatarios, continuidad o conexión con la votación cuestionada; no se deriva automáticamente de compartir el mismo local.

2.15. Respecto del cartel de resultados, la copia incorporada en la página 9 del archivo de la solicitud inicial de nulidad consigna setenta y dos (72) votos distritales para la organización política Juntos por el Perú; los trazos de esa cifra presentan mayor intensidad que los correspondientes a su resultado provincial. A su vez, el acta de escrutinio acompañada consigna la cifra sesenta y tres (63) votos provinciales y setenta y dos (72) distritales para dicha organización; sesenta y siete (67) provinciales y sesenta (60) distritales para la organización política Ahora Nación - AN; cuarenta y tres (43) votos en blanco provinciales y trece (13) distritales, y ciento noventa y ocho (198) votos emitidos en cada elección. La coincidencia de estas cifras entre el cartel y el acta es un elemento de contraste, pero no demuestra, por sí sola, que el escrutinio careciera de irregularidades.

2.16. El argumento aritmético de la apelación compara dos (2) elecciones distintas. La coincidencia del número de sufragantes no exige que cada organización obtenga la misma votación provincial y distrital ni que se registre igual cantidad de votos en blanco en ambas. Por tanto, la diferencia entre sesenta y tres (63) y setenta y dos (72) no prueba, por esa sola comparación, un cambio dentro del cómputo distrital; tampoco la diferencia entre cuarenta y tres (43) y trece (13) votos en blanco demuestra que treinta (30) votos hayan sido trasladados a otra opción. El cuadro comparativo de ocho (8) mesas reproduce esa misma premisa, sin acreditar por sí mismo una transferencia fraudulenta de sufragios.

2.17. No obstante, el remarcado no debe calificarse automáticamente como una corrección inocua. La imagen permite advertir la mayor intensidad de los trazos, pero no establecer con suficiente certeza una cifra distrital anterior, su autor ni el momento de la intervención. Para sostener que se modificó de sesenta y tres (63) a setenta y dos (72) votos el resultado de una misma elección es necesario un elemento adicional que acredite ese cambio; no basta tomar como cifra de partida el resultado provincial.

2.18. La apelación cita una declaración fiscal-policial de don Lucio Huacac Andrade, del 6 de octubre de 2026, a las 10:20 horas, sobre dicho cambio. Debe diferenciarse esa referencia del acta de recepción de denuncia verbal, del 5 del mismo mes y año, adjunta al pedido inicial: esta última alude a presuntos cambios de domicilio y a la intervención del denunciante como personero en la Mesa N° 017524, y no contiene el relato específico del cambio de sesenta y tres (63) a setenta y dos (72) votos. La cita del recurso no sustituye la incorporación y examen del documento al que remite ni permite atribuir su contenido al acta del 5 de dicho mes y año.

2.19. En relación con las imágenes de intervenciones en el puente Shimaa y las publicaciones sobre presuntas dádivas, estas deben apreciarse por lo que objetivamente muestran y por la información verificable de su contexto. Las leyendas que identifican personas o califican una conducta como soborno constituyen afirmaciones que requieren contraste. Las capturas examinadas no permiten establecer el contenido de un eventual sobre, una entrega de dinero condicionada al voto o el alcance de una actuación dirigida a los sufragantes de la Mesa de Sufragio N° 017510.

2.20. Asimismo, la entrega de alimentos a miembros de mesa o a personal electoral debe examinarse atendiendo a sus circunstancias y a su vinculación con la finalidad de inclinar la votación. No se exige acreditar un acuerdo ilícito mediante un documento expreso, pues pueden valorarse indicios; sin embargo, las afirmaciones sobre dicha entrega, apreciadas junto con las imágenes, declaraciones y el registro audiovisual aportados, no permiten establecer que se hubiera condicionado la actuación de los miembros de la Mesa de Sufragio N° 017510 o manipulado su escrutinio en favor de la organización política Juntos por el Perú.

2.21. En cuanto a la fotografía del pasillo del local de votación, se aprecia la presencia de una persona con indumentaria del JNE, un efectivo uniformado, una persona con chaleco de supervisión electoral y otro ciudadano. Por su parte, el video de veintiún (21) segundos muestra a personal del JNE conversando con una persona, sin que se distinga con claridad el contenido de lo expresado. Tales elementos dan cuenta de la interacción registrada, pero no permiten establecer su motivo ni acreditar que se hubiera producido entrega de dádivas, propaganda electoral, intimidación o una actuación concertada para favorecer a determinada organización política. Examinados con los demás elementos aportados, tampoco corroboran que esa interacción hubiera afectado la votación de la Mesa de Sufragio N° 017510.

2.22. Sobre los presuntos cambios fraudulentos de domicilio, el acta, del 5 de octubre de 2026, recoge que el denunciante no reconocía como residentes a determinadas personas, pero no las individualiza ni aporta documentación de los cambios que presume. Esa declaración no acredita que electores indebidamente inscritos hayan sufragado en la Mesa de Sufragio N° 017510 ni permite atribuir a tales personas una preferencia electoral, dado el carácter secreto del voto.

2.23. Sobre el agravio de valoración fragmentada se han examinado las actas, el cartel de resultados, las declaraciones, las publicaciones, las fotografías y el video, atendiendo a su contenido y a las conexiones alegadas por el señor recurrente. Las diferencias entre los resultados provinciales y distritales corresponden a elecciones distintas; el remarcado del cartel no acredita una cifra distrital anterior; la ausencia de firmas de personeros no demuestra por sí misma que se les impidiera suscribir el acta; y la interacción registrada en las imágenes y el video no permite establecer las conductas que se le atribuyen. Por tanto, tales elementos, apreciados de manera individual y conjunta, no conforman un conjunto de indicios suficientemente consistente para acreditar fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia destinados a inclinar la votación en la Mesa de Sufragio N° 017510 (ver SN 1.7. y 1.11.).

2.24. Finalmente, la remisión de piezas al Ministerio Público no resulta incompatible con la desestimación de una nulidad electoral. La comunicación de hechos para su investigación no equivale a una declaración de responsabilidad penal ni acredita por sí misma los presupuestos de la causal electoral. Por ello, no cabe extraer del numeral segundo de la resolución apelada una aceptación del fraude ni una obligación de anular la votación.

2.25. Por las consideraciones expuestas, los elementos de convicción aportados, apreciados de manera integral y contextual, no acreditan suficientemente la causal prevista en el literal b del artículo 363 de la LOE ni la prevista en el literal a del artículo 36 de la LEM, referida a graves irregularidades, por infracción de la ley, que hubiesen modificado los resultados de la votación. En consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso de apelación y confirmar la Resolución N° 00934-2026-JEE-CONV/JNE en el extremo que declaró infundada la nulidad de la votación de la Mesa de Sufragio N° 017510 (ver SN 1.3. y 1.4.).

2.26. La notificación del presente pronunciamiento debe diligenciarse según lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.13.).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Jordi Gustavo Villavicencio Colquehuanca, personero legal titular de la organización política Ahora Nación - AN; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 00934-2026-JEE-CONV/JNE, del 21 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de La Convención, en el extremo que declaró infundado el pedido de nulidad de la votación realizada en la Mesa de Sufragio N° 017510, instalada en la Institución Educativa Javier Pérez de Cuéllar, del centro poblado de Kepashiato, distrito de Kumpirushiato, provincia de La Convención, departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado por Resolución N° 0830-2025-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el magistrado Roberto Rolando Burneo Bermejo.

SS.

BURNEO BERMEJO

MAISCH MOLINA

GONZALES BARRÓN

TORRES CORTEZ

OYARCE YUZZELLI

Clavijo Chipoco

Secretaria General

1 Publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

2 En razón a la naturaleza concentrada del proceso electoral, regida bajo los principios de concentración, celeridad y preclusión y definitividad, resulta imperativa la observancia de las etapas y plazos perentorios del cronograma electoral, por lo que en el procedimiento de nulidades se deben incorporar elementos de convicción que no requieran actuación cuyo diligenciamiento resulte contrario a los plazos establecidos en la ley.

3 Aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

2576764-1