Confirman el Acuerdo de Concejo N° 030-2026-MDEA
RESOLUCIóN N° 4460-2026-JNE
Expediente N° JNE.2026294546
EL ALGARROBAL - ILO - MOQUEGUA
SUSPENSIÓN
APELACIÓN
Lima, 27 de octubre de 2026
VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don Juan José Ruiz Vásquez (en adelante, señor recurrente) en contra del Acuerdo de Concejo N° 030-2026-MDEA, del 31 de agosto de 2026, que declaró fundada la reconsideración presentada por don Florentino Nina Fernández, alcalde de la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, provincia de Ilo, departamento de Moquegua (en adelante, señor alcalde), y revocó el Acuerdo de Concejo N° 024-2026-MDEA, del 24 de julio de 2026, mediante el cual se aprobó su suspensión por la causal prevista en el numeral 5 del artículo 25 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM); y teniendo a la vista los Expedientes N° JNE.2024000516 y N° JNE.2024002505.
Oídos: los informes orales
PRIMERO. ANTECEDENTES
Solicitud de suspensión
1.1. El 13 de mayo de 2026, don Teófilo Enrique Torres Álvarez presentó una solicitud de suspensión en contra del señor alcalde. Asimismo, el 18 de mayo de 2026, el señor recurrente presentó una solicitud de suspensión en contra de la citada autoridad.
1.2. Ambos pedidos se sustentaron en la causal de sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad, prevista en el numeral 5 del artículo 25 de la LOM.
1.3. Los solicitantes invocaron la Sentencia N° 178-2025, contenida en la Resolución N° 8, del 4 de noviembre de 2025, mediante la cual se condenó al señor alcalde como autor del delito de nombramiento ilegal para cargo público, así como la Resolución N° 19, del 11 de mayo de 2026, que contiene la sentencia de vista que confirmó la condena.
1.4. En dichas decisiones judiciales se impusieron setenta (70) días-multa y una pena de inhabilitación de un (1) año y dos (2) meses, consistente en la privación de la función o cargo de alcalde y el impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
Descargos del señor alcalde
1.5. El 9 y 13 de julio de 2026, el señor alcalde presentó sus descargos y amplió sus fundamentos, señalando, principalmente, lo siguiente:
a) Los solicitantes no acreditaron su condición de vecinos del distrito de El Algarrobal, pues los domicilios consignados en sus documentos de identidad y escritos correspondían al distrito de Ilo. Por ello, sostuvo que carecían de legitimidad para promover el procedimiento.
b) La sentencia condenatoria emitida en su contra no impuso pena privativa de la libertad, por lo que no se configuraba la causal de suspensión invocada.
c) La ejecución de la pena de inhabilitación correspondía al órgano jurisdiccional penal y no podía equipararse a la causal de suspensión prevista en el numeral 5 del artículo 25 de la LOM.
Decisión inicial del concejo municipal
1.6. Mediante el Acuerdo de Concejo N° 024-2026-MDEA, del 24 de julio de 2026, se dejó constancia de que, en la Sesión Extraordinaria N° 002-2026, del 20 de julio de 2026, el Concejo Distrital de El Algarrobal tomó conocimiento y evaluó, entre otros, los siguientes documentos:
a) La Sentencia N° 178-2025, contenida en la Resolución N° 8, y la Resolución N° 19, que contiene la sentencia de vista, mediante las cuales se condenó al señor alcalde por el delito de nombramiento ilegal para cargo público y se le impusieron las penas de multa e inhabilitación.
b) Las solicitudes de suspensión presentadas por don Teófilo Enrique Torres Álvarez y don Juan José Ruiz Vásquez.
c) El Informe N° 446-2026-OGAJ-MDEA, mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica concluyó que no se configuraba la causal prevista en el numeral 5 del artículo 25 de la LOM, al no advertirse la imposición de pena privativa de la libertad.
d) Los escritos de descargos presentados por el señor alcalde y la documentación acompañada en sustento de su defensa.
1.7. Sometido el pedido a votación, el concejo municipal aprobó la suspensión del señor alcalde con tres (3) votos a favor y dos (2) en contra. La decisión fue formalizada mediante el Acuerdo de Concejo N° 024-2026-MDEA, del 24 de julio de 2026. Según lo consignado en dicho acuerdo, el señor alcalde no participó en la votación por encontrarse comprendido en el procedimiento.
Recurso de reconsideración
1.8. El 17 de agosto de 2026, el señor alcalde interpuso recurso de reconsideración en contra del Acuerdo de Concejo N° 024-2026-MDEA y, mediante escrito ingresado el 20 de agosto del mismo año, amplió sus fundamentos. Alegó, principalmente, lo siguiente:
a) Los solicitantes carecen de legitimidad para obrar, pues sus domicilios declarados y los consignados en sus documentos de identidad se encuentran en el distrito de Ilo y no en El Algarrobal. Sostuvo que los solicitantes no acreditaron su condición de vecinos de El Algarrobal, requisito que consideró exigible para promover la suspensión.
b) No se configura la causal prevista en el numeral 5 del artículo 25 de la LOM, pues las decisiones judiciales no le impusieron pena privativa de la libertad.
c) La condena comprende las penas de multa e inhabilitación, cuya naturaleza y efectos son distintos de la pena privativa de la libertad exigida por la causal de suspensión.
d) La ejecución de la pena de inhabilitación corresponde al órgano jurisdiccional penal.
e) El Auto N° 1, del 16 de julio de 2026, emitido en el Expediente N° JNE.2026164316, debía ser incorporado como nueva prueba y considerado al resolver la reconsideración.
Decisión del concejo sobre la reconsideración
1.9. En la Sesión Extraordinaria N° 003-2026, del 27 de agosto de 2026, el concejo municipal evaluó el recurso de reconsideración. Durante el debate se abordaron, principalmente, los siguientes aspectos:
a) La ausencia de pena privativa de la libertad en las decisiones judiciales emitidas contra el señor alcalde.
b) Los efectos y la ejecución de la pena de inhabilitación impuesta judicialmente.
c) La legitimidad de los solicitantes para promover el procedimiento de suspensión.
d) El contenido del Auto N° 1, del 16 de julio de 2026, emitido en el Expediente N° JNE.2026164316, mediante el cual el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso el traslado de otra solicitud de suspensión formulada contra el señor alcalde para su trámite en sede municipal.
e) La posibilidad de acumular el trámite derivado del citado expediente al procedimiento de suspensión que ya se encontraba en curso; sin embargo, no se advierte que se haya adoptado un acuerdo formal de acumulación.
1.10. Concluido el debate, el concejo municipal declaró fundada la reconsideración. La decisión se formalizó mediante el Acuerdo de Concejo N° 030-2026-MDEA, del 31 de agosto de 2026, con tres (3) votos a favor y dos (2) en contra. En consecuencia, se revocó el Acuerdo de Concejo N° 024-2026-MDEA y se dejó sin efecto la suspensión del señor alcalde. El cuadro de votación del acta registra únicamente los votos de los cinco regidores; no consigna voto del señor alcalde respecto de su recurso.
Documentación judicial incorporada
1.11. Con el Oficio N° 007805-2026-SG/JNE, del 22 de setiembre de 2026, la Secretaría General de este organismo electoral solicitó a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua (en adelante, Corte de Moquegua), que informe sobre la situación jurídica del señor alcalde y remita copia certificada de la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 19, del 11 de mayo de 2026, emitida en el Expediente N° 00024-2024-55-2802-JR-PE-02, contra dicha autoridad, a fin de que el Pleno del JNE proceda conforme a sus atribuciones.
1.12. Mediante el Oficio N° 127-2026-ADMCPP-CSJMO-PJ, del 30 de setiembre de 2026, la administradora del Módulo Penal de la Corte de Moquegua, por disposición superior, remitió documentación del proceso penal e informó que el recurso de casación había sido declarado inadmisible, que el recurso de queja se encontraba pendiente de pronunciamiento ante la Sala Suprema competente y que el proceso estaba en etapa de ejecución de sentencia.
1.13. De la documentación judicial incorporada y de la consulta efectuada en el portal del Poder Judicial respecto del Expediente N° 00024-2024-55-2802-JR-PE-02, se identificaron los siguientes pronunciamientos:
a) Resolución N° 8, del 4 de noviembre de 2025, que contiene la Sentencia N° 178-2025, mediante la cual se condenó al señor alcalde por el delito de nombramiento ilegal para cargo público y se le impusieron setenta (70) días-multa y la pena de inhabilitación por un (1) año y dos (2) meses.
b) Resolución N° 19, del 11 de mayo de 2026, que contiene la sentencia de vista mediante la cual se confirmó la condena impuesta al señor alcalde.
c) Resolución N° 21, del 27 de mayo de 2026, mediante la cual la Sala Penal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de casación excepcional interpuesto contra la Resolución N° 19.
d) Resolución N° 22, del 9 de junio de 2026, mediante la cual la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua dispuso formar el cuaderno de queja interpuesto por el señor alcalde contra la Resolución N° 21, del 27 de mayo de 2026, y elevarlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
e) Resolución N° 25, del 30 de julio de 2026, mediante la cual el Primer Juzgado Unipersonal de Ilo tomó conocimiento de la devolución de los actuados remitidos por la Sala Penal de Apelaciones y dispuso cursar las comunicaciones correspondientes a las autoridades pertinentes y al Juzgado de Ejecución.
f) Resolución N° 31, del 10 de setiembre de 2026, emitida por el Primer Juzgado Unipersonal de Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, mediante la cual se integró, vía adición, la Resolución N° 25 y se declaró ejecutoriada la Sentencia N° 178-2025, confirmada mediante la Resolución N° 19, disponiéndose las comunicaciones correspondientes a las autoridades pertinentes y al Juzgado de Ejecución.
g) Resolución N° 5, del 28 de setiembre de 2026, emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ilo, en el Expediente N° 00024-2024-15-2802-JR-PE-02, mediante la cual se tuvo por cumplido el pago de S/ 2 500.00 por reparación civil y de S/ 2 000.69 por días-multa, y se dispuso el endoso de los respectivos depósitos judiciales.
Escrito posterior del señor alcalde
1.14. Mediante escrito presentado el 30 de setiembre de 2026, el señor alcalde solicitó que se declare improcedente el recurso de apelación por falta de legitimidad para obrar del señor recurrente o, subordinadamente, infundado y se confirme el Acuerdo de Concejo N° 030-2026-MDEA. Alegó que los domicilios de ambos solicitantes correspondían al distrito de Ilo; que la condición de vecino prevista en el artículo 23 de la LOM debía aplicarse al procedimiento de suspensión; que las penas de días-multa e inhabilitación no constituyen la causal del numeral 5 del artículo 25 de la LOM; y que la ejecución de aquellas corresponde al Poder Judicial. En respaldo de sus argumentos invocó la Resolución N° 231-2015-JNE, la Casación N° 3715-2023-Junín y los artículos 29 y 489 del Código Procesal Penal.
SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS
En el presente expediente
2.1. El 8 de setiembre de 2026, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en contra del Acuerdo de Concejo N° 030-2026-MDEA. Solicitó que se revoque el acuerdo impugnado, se declare infundado el recurso de reconsideración presentado por el señor alcalde y que, al resolver el fondo, se valoren las decisiones judiciales que establecieron la condena y la pena de inhabilitación impuesta a la autoridad cuestionada. Sustentó su recurso, principalmente, en los siguientes argumentos:
a) Alegó que el cuestionamiento a su condición de vecino no desvirtuaba su legitimidad para promover el procedimiento, puesto que dicha condición podía acreditarse mediante el domicilio en la jurisdicción u otros elementos que demostraran un vínculo vecinal, laboral o comercial. Invocó las Resoluciones N° 553-2013-JNE y N° 774-2013-JNE, así como los principios de impulso de oficio y verdad material. Sostuvo que correspondía al concejo municipal verificar la situación jurídica de la autoridad cuestionada y valorar los medios probatorios aportados, sin que la controversia sobre legitimidad impidiera comprobar una causal objetiva de suspensión.
b) Sostuvo que el concejo municipal interpretó erróneamente el Auto N° 1, del 16 de julio de 2026, emitido en el Expediente N° JNE.2026164316, puesto que dicho pronunciamiento no resolvió el fondo de la causal de suspensión, no dispuso dejar sin efecto la suspensión ni paralizar el procedimiento municipal y tampoco produjo cosa juzgada electoral. Señaló que el referido auto ordenó tramitar otra solicitud en sede municipal y contempló la eventual elevación del expediente al JNE en caso de apelación.
c) Alegó que, pese a que el numeral 5 del artículo 25 de la LOM exige una sentencia condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad, correspondía valorar los efectos de la pena de inhabilitación impuesta al señor alcalde, consistente en la privación del cargo y el impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. En respaldo de su posición, invocó el Oficio N° 000515-2026-CG/OCO445, del 22 de julio de 2026, y el Informe de Orientación de Oficio N° 018-2026-OC110445-SOO, relacionados con la continuidad de la autoridad en el ejercicio del cargo.
d) Señaló que la suspensión de una autoridad municipal no constituía una nueva sanción penal, sino una consecuencia de naturaleza electoral derivada de la situación jurídica de la autoridad condenada. En ese sentido, sostuvo que su aplicación no vulneraba el principio ne bis in idem y que no correspondía dejarla sin efecto con el argumento de que la ejecución de la pena de inhabilitación competía al Poder Judicial.
e) Cuestionó la motivación del Acuerdo de Concejo N° 030-2026-MDEA, al considerar que no respondió adecuadamente a los fundamentos que sustentaron la decisión inicial de suspensión ni explicó de qué manera los argumentos y la documentación presentados con la reconsideración desvirtuaban dicha decisión.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución Política del Perú
1.1. El numeral 9 del artículo 139 reconoce como principio y derecho de la función jurisdiccional:
El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.
1.2. El numeral 4 del artículo 178 determina, como atribución del JNE, la administración de justicia en materia electoral.
Artículo 178.- Compete al Jurado Nacional de Elecciones:
4. Administrar justicia en materia electoral.
1.3. El artículo 181 establece que el Pleno del JNE, con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a la ley y a los principios generales del derecho.
Artículo 181.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.
En la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones
1.4. El artículo 23 indica:
Artículo 23.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve, oportunamente, con arreglo a la Constitución Política del Perú, las leyes y los principios generales del derecho. En materias electorales, de referéndum o de otras consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son susceptibles de revisión. Contra ellas no procede recurso ni acción de garantía alguna.
En la LOM
1.5. El quinto párrafo del artículo 23 establece:
Artículo 23.- Cualquier vecino puede solicitar la vacancia del cargo de un miembro del concejo ante el concejo municipal o ante el Jurado Nacional de Elecciones; su pedido debe estar fundamentado y debidamente sustentado, con la prueba que corresponda, según la causal.
1.6. El numeral 5 del artículo 25 prevé la siguiente causal de suspensión:
Artículo 25.- Suspensión del cargo
El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo de concejo en los siguientes casos:
[…]
5. Por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad.
En el Código Civil
1.7. Los artículos 33 y 35 regulan el domicilio y la pluralidad de domicilios:
Artículo 33.- Domicilio
El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar.
Artículo 35.- Persona con varios domicilios
A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos.
En el Código Penal
1.8. El artículo 28 distingue las clases de penas aplicables de conformidad con el citado código:
Artículo 28.- Clases de pena
Las penas aplicables de conformidad con este Código son:
- Privativa de libertad;
- Restrictivas de libertad;
- Limitativas de derechos; y
- Multa.
1.9. El artículo 29 establece:
Artículo 29.- Duración de la pena privativa de libertad
La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco años.
1.10. Los artículos 31 y 36 preceptúan:
Artículo 31.- Penas limitativas de derechos
Las penas limitativas de derechos son:
1. Prestación de servicios a la comunidad;
2. Limitación de días libres; e
3. Inhabilitación.
Artículo 36.- Inhabilitación
La inhabilitación produce, según disponga la sentencia:
1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular;
2. Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
1.11. El artículo 41 señala:
Artículo 41.- Concepto
La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en días-multa.
El importe del día-multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza.
1.12. El artículo 381 del Código Penal1, en su texto anterior a la modificación introducida por la Ley N° 31676, establecía:
Artículo 381.- Nombramiento o aceptación ilegal
El funcionario público que hace un nombramiento para cargo público a persona en quien no concurren los requisitos legales, será reprimido con sesenta a ciento veinte días-multa.
El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con la misma pena.
En el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General2 (en adelante, TUO de la LPAG)
1.13. Los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del título preliminar indican:
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.
En la jurisprudencia emitida por el JNE
1.14. En el considerando 2.6 de la Resolución N° 0121-2024-JNE, sobre la causal de suspensión prevista en el numeral 5 del artículo 25 de la LOM, declara:
2.6 Además, debe tomarse en cuenta que la comprobación de la referida causa de suspensión es de naturaleza netamente objetiva […], puesto que se trata de una sentencia condenatoria emitida en segunda instancia por un órgano jurisdiccional competente, en el marco de un proceso judicial, en aplicación de la ley penal pertinente, y con respeto a los derechos y los principios procesales amparados por ley de la materia, la cual debe ejecutarse indefectiblemente en el fuero electoral.
1.15. Los considerandos 3, 4 y 7 de la Resolución N° 3370-2018-JNE, del 6 de noviembre de 2018, respecto de la ejecución de la pena de inhabilitación en procesos tramitados bajo el Código Procesal Penal de 2004, señalan:
3.[…] En consecuencia, la pena de inhabilitación conforme a las normas pertinentes del NCPP no se ejecuta hasta que la sentencia condenatoria adquiera firmeza. Rige plenamente, en este dominio, el denominado efecto suspensivo.
4. Por consiguiente, a diferencia de la ejecución provisional de la pena de inhabilitación dispuesta para los casos tramitados con el Código de Procedimientos Penales, para los procesos sustanciados con el nuevo Código Procesal Penal, dicha pena se ejecuta una vez que la sentencia condenatoria que la impuso haya adquirido firmeza.
[…]
7. Por tal motivo, en mérito a la existencia de una pena de inhabilitación vigente a la fecha, dispuesta en una sentencia condenatoria de carácter firme, corresponde a este órgano electoral dar cumplimiento a dicho mandato judicial. En consecuencia, se debe dejar sin efecto la credencial otorgada a Pablo Lucio Vásquez Yesquén, que lo reconoce como regidor del Concejo Distrital de Lurín.
1.16. El considerando 16 de la Resolución N° 2936-2018-JNE, del 11 de setiembre de 2018, sobre la condición de vecino del solicitante y la causal objetiva de suspensión, señala:
16. Asimismo, cabe señalar que, si bien el solicitante de la suspensión, Gregorio Urbano Benavides Chuquicóndor, no es vecino del distrito de Huambo, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, ya, que, conforme su ficha Reniec, tiene como domicilio Barranquilla N° 106 Pachacútec, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, sin embargo, este hecho no cambiaría la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional competente, debido a que se está frente a una causal objetiva.
En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
1.17. El fundamento jurídico 94 de la sentencia recaída en el Expediente N° 02730-2006-PA/TC, del 21 de julio de 2006, establece:
94. Finalmente, y en lo que concierne a la pretendida suspensión de ciudadanía a que el JNE hace referencia, el Tribunal Constitucional debe precisar lo siguiente:
a. Efectivamente, el artículo 33º de la Constitución establece expresamente Artículo 33°.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 1. Por resolución judicial de interdicción. 2. Por sentencia con pena privativa de la libertad. 3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.
b. Ello conlleva necesariamente -en cualquiera de los supuestos previstos en la norma constitucional-, la existencia de una resolución judicial, firme y con la calidad de cosa juzgada, requisito sine qua non para que los efectos derivados de ella puedan incidir en la esfera de los derechos civiles y políticos; sin embargo, como se ha demostrado durante el proceso, dicha sentencia es inexistente en el presente caso, por las razones repetidamente expuestas ut supra.
c. Además, y a mayor abundamiento, la suspensión del ejercicio de la ciudadanía, en cualquiera de los supuestos previstos en el precepto acotado, debe quedar expresamente dispuesta por el juez competente, pues dada la dimensión de su efecto no puede pretender derivarse o interpretarse del contenido de una sentencia; lo contrario importaría una clara afectación de la garantía contenida en el artículo 139º 2 de la Constitución.
En el Reglamento de Notificaciones de Pronunciamientos y Actuaciones Jurisdiccionales3 (en adelante, Reglamento)
1.18. El artículo 14 contempla lo siguiente:
Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).
<https://consultaexpediente.jne.gob.pe/>, para expedientes jurisdiccionales de procesos no electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla JNE.
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Sobre la calificación del recurso de apelación
2.1. Antes del examen de la materia de controversia, de la calificación del recurso se advierte que este cumple con las exigencias previstas por el legislador en los artículos 358 y 366 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en esta instancia.
2.2. Así, este Supremo Tribunal Electoral, en ejercicio de la función jurisdiccional conferida por la Norma Fundamental y su ley orgánica (ver SN 1.2., 1.3. y 1.4.), debe examinar, en primer término, el cuestionamiento a la legitimidad para obrar del solicitante de la suspensión y, luego, determinar si la decisión adoptada por el Concejo Distrital de El Algarrobal, mediante el Acuerdo de Concejo N° 030-2026-MDEA, que declaró fundada la reconsideración y revocó la suspensión del señor alcalde, se encuentra conforme a ley.
Sobre la legitimidad para obrar del solicitante de la suspensión
2.3. Respecto del cuestionamiento relacionado con la condición de vecino del señor recurrente, el artículo 23 de la LOM (de aplicación supletoria al procedimiento de suspensión) reconoce legitimidad a cualquier vecino para solicitar la vacancia (ver SN 1.5.). Así, la vinculación con la circunscripción debe examinarse a partir del domicilio y de los elementos que acrediten residencia u ocupaciones habituales en ella, sin limitar la prueba al documento de identidad. Por otro lado, la pluralidad de domicilios regulada por el artículo 35 del Código Civil permite considerar domiciliada a una persona en cualquiera de los lugares en los que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales (ver SN 1.7.).
2.4. En el presente caso, el señor alcalde ejerce el cargo en la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, provincia de Ilo, departamento de Moquegua. Por su parte, el señor recurrente adjuntó su documento nacional de identidad a la solicitud de suspensión y consignó en dicho escrito domicilio en Alfonso Ugarte N° 217, distrito y provincia de Ilo, departamento de Moquegua. Tanto el domicilio declarado como el consignado en su documento de identidad corresponden al distrito de Ilo, distinto de la circunscripción en la que ejerce el cargo la autoridad cuestionada.
2.5. Asimismo, el señor alcalde cuestionó en sus descargos la legitimidad de los solicitantes, al sostener que no acreditaron su condición de vecinos de El Algarrobal y que sus domicilios correspondían a Ilo. A su vez, de la consulta en línea del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se verificó que el señor recurrente registra domicilio en el distrito y provincia de Ilo, departamento de Moquegua. Así, la información del Reniec coincide con la circunscripción consignada en su solicitud y documento de identidad.
2.6. Del mismo modo, de la revisión de los actuados no se advierte que, durante el procedimiento en sede municipal, el señor recurrente haya acreditado residencia u ocupaciones habituales en El Algarrobal que permitan establecer su condición de vecino. Incluso en la apelación se limita a señalar, de manera general, que dicha condición puede probarse mediante vínculos vecinales, laborales o comerciales, sin aportar un medio probatorio concreto que acredite alguno de ellos ni un supuesto de pluralidad de domicilios. Por consiguiente, sus afirmaciones sobre las posibilidades de prueba no acreditan el vínculo requerido con la circunscripción y, con los elementos incorporados al expediente, no se encuentra acreditada su legitimidad para promover la solicitud de suspensión.
2.7. Sin perjuicio de lo expuesto, este Supremo Tribunal Electoral ha establecido que, tratándose de una causal objetiva de suspensión, corresponde verificar la situación jurídica de la autoridad cuestionada aun cuando el solicitante no acredite su condición de vecino de la circunscripción, conforme al criterio desarrollado en la Resolución N° 2936-2018-JNE (ver SN 1.18.). En ese sentido, considerando que el concejo municipal emitió pronunciamiento sobre la causal invocada y que obran en autos las decisiones judiciales necesarias para verificar sus presupuestos, corresponde examinar el fondo de la controversia, sin que ello implique tener por acreditada la legitimidad del señor recurrente.
Causal de suspensión por sentencia emitida en segunda instancia
2.8. El numeral 5 del artículo 25 de la LOM dispone que el ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por sentencia emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad (ver SN 1.6.). Como se advierte, esta causal describe el supuesto de hecho a partir del cual se debe separar temporalmente de su cargo a la autoridad municipal sobre quien pesa una sentencia condenatoria emitida en segunda instancia.
2.9. De la disposición citada se desprende que la configuración de esta causal requiere la concurrencia de tres presupuestos: i) la existencia de una sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia; ii) que la condena corresponda a un delito doloso; y iii) que se haya impuesto pena privativa de la libertad.
2.10. Importa precisar también que la suspensión opera cuando el Poder Judicial dicta en segunda instancia una condena por delito doloso que impone pena privativa de la libertad, sin que corresponda distinguir si esta es efectiva o suspendida en su ejecución. En tal sentido, no existe justificación legal para restringir la causal únicamente a los casos de pena privativa de la libertad efectiva; sin embargo, en ambos supuestos resulta indispensable que dicha clase de pena haya sido impuesta y que la condena haya sido emitida o confirmada en segunda instancia (ver SN 1.6.).
2.11. En ese sentido, se verifica que la comprobación de esta causal es de naturaleza objetiva, pues se sustenta en el contenido de las decisiones expedidas por el órgano jurisdiccional competente. Por ello, no corresponde revisar el acierto de la condena penal, sino verificar si aquella reúne cada uno de los elementos exigidos por la LOM.
2.12. En el presente caso, mediante la Sentencia N° 178-2025, contenida en la Resolución N° 8, del 4 de noviembre de 2025, se condenó al señor alcalde como autor del delito de nombramiento ilegal para cargo público. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por la Resolución N° 19, del 11 de mayo de 2026, que contiene la sentencia de vista.
2.13. De este modo, se acredita la existencia de una sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso. Sin embargo, para determinar si se configura la causal, corresponde verificar también la naturaleza de las penas impuestas.
2.14. De la parte resolutiva de las decisiones judiciales se advierte que al señor alcalde se le impuso una condena de setenta (70) días-multa y una pena de inhabilitación de un (1) año y dos (2) meses, las cuales fueron confirmadas en segunda instancia. En consecuencia, no se le impuso pena privativa de la libertad, efectiva ni suspendida en su ejecución.
2.15. Al respecto, el artículo 381 del Código Penal, en su texto anterior a la modificación introducida por la Ley N° 31676, sancionaba el delito de nombramiento ilegal para cargo público con sesenta a ciento veinte días-multa (ver SN 1.12.). En el presente caso, las decisiones judiciales impusieron al señor alcalde setenta (70) días-multa y un (1) año y dos (2) meses de inhabilitación. Por tanto, corresponde atender a las penas efectivamente impuestas por el órgano jurisdiccional penal para verificar la configuración de la causal de suspensión invocada.
2.16. El Código Penal distingue la pena privativa de la libertad de la multa (ver SN 1.8., 1.9. y 1.11.). Así, los setenta (70) días-multa impuestos al señor alcalde constituyen una pena de multa y no una pena privativa de la libertad. Del mismo modo, la pena de inhabilitación, aun cuando comprende la privación del ejercicio de una función o cargo público, no puede equipararse jurídicamente a una pena privativa de la libertad. Sin perjuicio de ello, los efectos de la pena de inhabilitación impuesta en la misma condena, cuestionados en el recurso de apelación, serán examinados de manera independiente en el apartado siguiente.
2.17. Por tanto, aunque la condena fue confirmada en segunda instancia y corresponde a un delito doloso, no concurre uno de los presupuestos indispensables para la configuración de la causal: la imposición de pena privativa de la libertad.
2.18. En efecto, las penas de multa e inhabilitación son jurídicamente distintas de la pena privativa de libertad, conforme a la clasificación establecida en el Código Penal (ver SN 1.8., 1.10. y 1.11.). Por ello, no corresponde extender la causal de suspensión a penas distintas de la expresamente exigida por el numeral 5 del artículo 25 de la LOM, en observancia del principio de inaplicabilidad por analogía de las normas que restringen derechos (ver SN 1.1.).
2.19. Por consiguiente, aunque se encuentra acreditada una sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia por delito doloso, no se configura la causal de suspensión invocada, al no haberse impuesto pena privativa de libertad al señor alcalde. Esta conclusión se circunscribe al procedimiento materia de apelación y no comprende un pronunciamiento definitivo sobre los efectos de la pena de inhabilitación impuesta judicialmente.
2.20. En cuanto al Auto N° 1, del 16 de julio de 2026, emitido en el Expediente N° JNE.2026164316, dicho pronunciamiento se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos formales de otra solicitud de suspensión formulada contra el señor alcalde y disponer su traslado al concejo municipal para que fuera tramitada conforme al procedimiento establecido en la LOM.
2.21. En ese sentido, el citado auto no resolvió el fondo de la causal de suspensión, no determinó la configuración de sus presupuestos ni modificó las decisiones judiciales penales. Tampoco constituye un pronunciamiento definitivo sobre el recurso de apelación que se examina en el presente expediente.
2.22. Asimismo, estableció las actuaciones que debía realizar el concejo municipal y previó la elevación del expediente al JNE en caso de interponerse recurso de apelación. Durante la Sesión Extraordinaria N° 003-2026 se discutió la posibilidad de acumular dicho trámite al procedimiento que ya se encontraba en curso; sin embargo, no consta en autos que se hubiera dispuesto formalmente su acumulación. Por consiguiente, la existencia del citado auto y la ausencia de un acuerdo formal de acumulación no modifican los presupuestos exigidos por el numeral 5 del artículo 25 de la LOM ni condicionan el pronunciamiento que corresponde emitir sobre el acuerdo municipal impugnado.
Sobre la valoración de las decisiones judiciales y la motivación del acuerdo impugnado
2.23. En relación con la alegada falta de valoración de las decisiones judiciales, precisamente su contenido permite determinar que la condena impuesta al señor alcalde comprende penas de multa e inhabilitación, mas no pena privativa de la libertad. En consecuencia, la valoración conjunta de la Sentencia N° 178-2025, contenida en la Resolución N° 8, del 4 de noviembre de 2025, y de la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 19, del 11 de mayo de 2026, no conduce a configurar la causal de suspensión invocada, sino que evidencia la ausencia de uno de sus presupuestos legales.
2.24. Respecto del cuestionamiento a la motivación del Acuerdo de Concejo N° 030-2026-MDEA, de su contenido se advierte que la decisión de declarar fundada la reconsideración se sustentó, principalmente, en que las decisiones judiciales impusieron al señor alcalde penas de multa e inhabilitación, mas no pena privativa de la libertad. Asimismo, se consideraron los argumentos vinculados con la ejecución de la pena de inhabilitación, la legitimidad de los solicitantes y los alcances del Auto N° 1 emitido en el Expediente N° JNE.2026164316.
2.25. En ese sentido, el cuestionamiento a la motivación del acuerdo impugnado no desvirtúa el fundamento determinante de la decisión municipal, referido a la ausencia de pena privativa de la libertad en la condena impuesta al señor alcalde. Por consiguiente, no se advierte que los agravios formulados acrediten la concurrencia del presupuesto legal exigido para la configuración de la causal de suspensión invocada.
2.26. En consecuencia, habiéndose determinado que la condena judicial impuesta al señor alcalde no comprende pena privativa de la libertad y que los demás agravios formulados no desvirtúan la ausencia de dicho presupuesto legal, corresponde declarar infundado el recurso de apelación y confirmar el Acuerdo de Concejo N° 030-2026-MDEA, del 31 de agosto de 2026, mediante el cual se declaró fundada la reconsideración presentada por el señor alcalde y se revocó el Acuerdo de Concejo N° 024-2026-MDEA, del 24 de julio de 2026, que había aprobado su suspensión.
Sobre la situación jurídica y los efectos de la pena de inhabilitación impuesta judicialmente
2.27. Sin perjuicio de la decisión adoptada respecto del procedimiento de suspensión, corresponde examinar de manera independiente la situación jurídica de la pena de inhabilitación impuesta al señor alcalde. Al respecto, mediante la Resolución N° 5, del 28 de setiembre de 2026, emitida en el Expediente N° 00024-2024-15-2802-JR-PE-02, el órgano jurisdiccional tuvo por cumplido el pago de la reparación civil y de los días-multa. Sin embargo, dicho pronunciamiento no acredita, por sí mismo, la fecha de inicio ni el cumplimiento íntegro de la pena de inhabilitación.
2.28. Asimismo, mediante la Resolución N° 31, del 10 de setiembre de 2026, el Primer Juzgado Unipersonal de Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua integró, vía adición, la Resolución N° 25 y declaró ejecutoriada la Sentencia N° 178-2025, confirmada mediante la Resolución N° 19, disponiendo las comunicaciones correspondientes a las autoridades pertinentes y al Juzgado de Ejecución. Por tanto, obra en autos un pronunciamiento judicial expreso sobre la condición de ejecutoriada de la sentencia condenatoria.
2.29. De la documentación remitida por la Corte Superior de Justicia de Moquegua se advierte que, mediante la Resolución N° 21, del 27 de mayo de 2026, se declaró inadmisible el recurso de casación excepcional interpuesto por el señor alcalde contra la sentencia de vista. Asimismo, mediante la Resolución N° 22, del 9 de junio de 2026, se dispuso formar y elevar el cuaderno de queja a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
2.30. Por su parte, mediante la Resolución N° 31, del 10 de setiembre de 2026, el Primer Juzgado Unipersonal de Ilo declaró ejecutoriada la Sentencia N° 178-2025, confirmada mediante la Resolución N° 19, del 11 de mayo de 2026. No obstante, de los actuados se advierte la existencia de un recurso de queja respecto del cual no obra el pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la República.
2.31. En ese contexto, y lo referido al extremo de la inhabilitación impuesta es preciso tener presente la sentencia recaída en el Expediente N° 02730-2006-PA/TC, caso Arturo Castillo Chirinos, emitido por el Tribunal Constitucional.
Así, en dicho pronunciamiento el supremo intérprete de la constitución precisó que la suspensión del ejercicio de la ciudadanía, en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 33 de la Constitución Política del Perú, entre ellos, la sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, exige la existencia de una resolución judicial firme y con calidad de cosa juzgada. Aunado a ello, estableció que dicha suspensión debe encontrarse expresamente dispuesta por el juez competente, sin que resulte válido derivarla o interpretarla del contenido de una sentencia (ver SN 1.17.).
2.32. En el presente caso, si bien mediante la Resolución N° 31, del 10 de setiembre de 2026, el Primer Juzgado Unipersonal de Ilo declaró ejecutoriada la sentencia condenatoria que impuso al señor alcalde una pena de inhabilitación, de los actuados también se advierte que se interpuso un recurso de queja contra la resolución que declaró inadmisible la casación excepcional, cuyo estado procesal actual no ha sido precisado por la Corte Suprema de Justicia de la República. Por consiguiente, mientras no se esclarezca dicha situación procesal, este Supremo Tribunal Electoral no cuenta con elementos suficientes para concluir, de manera indubitable, que la sentencia ha adquirido firmeza y calidad de cosa juzgada, conforme a la exigencia constitucional desarrollada por el Tribunal Constitucional (ver SN 1.17.).
Sobre la información judicial pendiente
2.33. En tal sentido, antes de determinar los efectos de la pena de inhabilitación sobre el ejercicio del cargo de alcalde, resulta indispensable conocer el estado procesal actualizado del recurso de queja y, de haberse emitido pronunciamiento, su contenido y efectos sobre la sentencia condenatoria. Asimismo, corresponde recabar la documentación judicial relacionada con el inicio, ejecución y vigencia de dicha pena, a fin de contar con los elementos necesarios para su evaluación en un cuaderno jurisdiccional independiente, sin anticipar en el presente procedimiento un pronunciamiento sobre la suspensión del ejercicio de los derechos políticos del señor alcalde.
2.34. Para tal efecto, corresponde requerir a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República que, por intermedio del órgano jurisdiccional competente, informe sobre el estado procesal actual del recurso de queja interpuesto contra la Resolución N° 21, del 27 de mayo de 2026, mediante la cual se declaró inadmisible el recurso de casación excepcional formulado contra la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 19, del 11 de mayo de 2026. Asimismo, deberá remitir copia certificada del pronunciamiento que se hubiera emitido y de las actuaciones pertinentes, a fin de determinar la situación procesal definitiva de la sentencia condenatoria.
2.35. Del mismo modo, corresponde requerir a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Moquegua que, por intermedio de los órganos jurisdiccionales competentes, remita las resoluciones y actuaciones judiciales necesarias para determinar la situación actual de la pena de inhabilitación impuesta al señor alcalde, especialmente aquellas relacionadas con su fecha de inicio, ejecución y vigencia, así como las comunicaciones cursadas a las autoridades correspondientes para su cumplimiento.
2.36. Por lo expuesto, corresponde disponer que la Secretaría General forme un cuaderno jurisdiccional independiente, con las piezas procesales pertinentes y la documentación judicial que se recabe, a fin de verificar la situación procesal definitiva de la sentencia condenatoria y evaluar, de corresponder, los efectos de la pena de inhabilitación impuesta al señor alcalde sobre el ejercicio de su cargo. Dicha evaluación deberá observar la exigencia de firmeza y calidad de cosa juzgada desarrollada por el Tribunal Constitucional (ver SN 1.19.), sin alterar el pronunciamiento emitido respecto de la causal de suspensión prevista en el numeral 5 del artículo 25 de la LOM.
2.37. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.18.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Juan José Ruiz Vásquez; y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo N° 030-2026-MDEA, del 31 de agosto de 2026, mediante el cual se declaró fundada la reconsideración presentada por don Florentino Nina Fernández y se revocó el Acuerdo de Concejo N° 024-2026-MDEA, del 24 de julio de 2026, que había aprobado su suspensión.
2. REQUERIR a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Moquegua la información y documentación judicial correspondientes, conforme a lo señalado en los considerandos 2.34. y 2.35. de la presente resolución.
3. DISPONER que la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones forme un cuaderno jurisdiccional independiente, con las piezas procesales pertinentes y la documentación judicial que se recabe, a fin de verificar la situación procesal definitiva de la sentencia condenatoria y evaluar, de corresponder, los efectos de la pena de inhabilitación impuesta a don Florentino Nina Fernández sobre el ejercicio del cargo de alcalde, conforme a lo desarrollado en el considerando 2.36.
4. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor magistrado Aarón Oyarce Yuzzelli.
SS.
BURNEO BERMEJO
MAISCH MOLINA
GONZALES BARRÓN
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
1 Texto del artículo 381 del Código Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 635, anterior a su modificación por la Ley N° 31676, publicada el 27 de enero de 2023 en el diario oficial El Peruano.
2 Aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, publicado el 30 de abril de 2026.
3 Aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2576424-1