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Fecha de publicación: 19/11/2026
Oficializan el evento denominado “VIII Congreso Nacional de Criadores de Camélidos Domésticos del Perú - Cusco 2026”

Declaran conformes Actas de Proclamación de Resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 emitidas por los Jurados Electorales Especiales

RESOLUCIóN N° 4726-2026-JNE

Lima, 13 de noviembre de 2026

VISTAS: la Resolución N° 4557-2026-JNE y ciento treinta y siete (137) actas de proclamación emitidas por los Jurados Electorales Especiales en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026; y

CONSIDERANDO QUE:

1. En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, convocadas mediante el Decreto Supremo N° 001-2026-PCM, este Supremo Tribunal Electoral adoptó el Acuerdo, del 28 de octubre de 2026, por el cual se dispuso la revisión de las actas de proclamación emitidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), con la finalidad de garantizar la uniformidad de los criterios jurisdiccionales y verificar la correcta determinación de las autoridades elegidas y proclamadas, tanto en sus aspectos numéricos como de orden general.

2. Así, con la Resolución N° 4557-2026-JNE, del 2 de noviembre de 2026, por mayoría, se estableció el criterio de interpretación del artículo 194 de la Constitución Política del Perú, respecto de la reelección inmediata para los alcaldes municipales, y se declaró el resultado de la revisión efectuada a cuatrocientos veintisiete (427) actas de proclamación emitidas y publicadas por los JEE; lo cual, se replicó en la Resolución N° 4684-2026-JNE, del 10 de noviembre de 2026, emitida también por mayoría, respecto de la revisión de oficio de mil noventa y un (1091) actas de proclamación.

3. La revisión de oficio de las actas de proclamación no se contrapone a la interposición de los recursos de apelación que estimen pertinentes las partes dentro del plazo y conforme a los presupuestos establecidos en la normativa electoral, contra las resoluciones de los JEE. Ambas actuaciones responden a finalidades compatibles, toda vez que, los mecanismos impugnatorios permiten cuestionar una decisión jurisdiccional a instancia de parte, mientras que la revisión de oficio constituye una actuación institucional destinada a verificar la regularidad de las proclamaciones y la aplicación uniforme del ordenamiento electoral. Esta medida se sustenta en los principios de impulso de oficio, eficacia procesal, lealtad constitucional y debido proceso, previstos en la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, así como en la atribución conferida al JNE en el artículo 178, numeral 4, de la Constitución Política del Perú, referida a la administración de justicia en materia electoral en última y definitiva instancia.

4. En esa línea, se ha procedido a la revisión de oficio de un grupo de ciento treinta y siete (137) actas de proclamación que se señalan en el Anexo 1 de la presente resolución. Como resultado de la revisión se constata que dichas actas han sido emitidas conforme a ley, al cómputo de resultados y a las listas de candidatos participantes, advirtiéndose que, en cuatro casos, los respectivos JEE adoptaron el criterio establecido en la Resolución N° 4557-2026-JNE referido al supuesto de alcaldes del periodo 2023-2026 que postularon como primeros regidores, y por tanto, dichas actas de proclamación no requieren de corrección.

5. Sin perjuicio de la revisión de oficio, y considerando que la impugnación de las actas de proclamación solo procede sobre la base de sustento numérico, las apelaciones que se interpongan dentro del plazo contra las proclamaciones de primera instancia serán atendidas por el JNE, garantizando la doble instancia. De otro lado, las nuevas proclamaciones que deban efectuar los JEE en cumplimiento de la presente resolución resultan inapelables.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del magistrado Aarón Oyarce Yuzzeli, y el fundamento de voto del magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

1. DECLARAR que como resultado de la revisión efectuada por el Pleno del JNE, las Actas de Proclamación de Resultados de la Elecciones Regionales y Municipales 2026 emitidas por los Jurados Electorales Especiales que se detallan en el Anexo 1, se encuentran conformes con los resultados oficiales del cómputo electoral remitidos por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y con los criterios jurisdiccionales aplicables.

2. DISPONER la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese

SS.

BURNEO BERMEJO

GONZALES BARRÓN

TORRES CORTEZ

Clavijo Chipoco

Secretaria General

ANEXO 1

#

CODIGO EXPEDIENTE

JEE

TIPO ELECCIÓN

TIPO ACTA

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

1

ERM.2026068091

HUARAZ

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

ANCASH

HUARAZ

OLLEROS

2

ERM.2026067893

SANTA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

ANCASH

OCROS

LLIPA

3

ERM.2026067895

SANTA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

ANCASH

PALLASCA

LACABAMBA

4

ERM.2026068141

ABANCAY

REGIONAL

ACTA DESCENTRALIZADA

APURIMAC

5

ERM.2026068135

ABANCAY

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

APURIMAC

ABANCAY

6

ERM.2026068137

ABANCAY

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

APURIMAC

ANTABAMBA

7

ERM.2026068138

ABANCAY

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

APURIMAC

AYMARAES

8

ERM.2026067982

CONDESUYOS

REGIONAL

ACTA DESCENTRALIZADA

AREQUIPA

9

ERM.2026067415

CAMANA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

CAMANA

MARIANO NICOLAS VALCARCEL

10

ERM.2026066250

CAMANA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

CAMANA

NICOLAS DE PIEROLA

11

ERM.2026067986

CONDESUYOS

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

CONDESUYOS

12

ERM.2026067988

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

CONDESUYOS

ANDARAY

13

ERM.2026067990

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

CONDESUYOS

CAYARANI

14

ERM.2026067991

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

CONDESUYOS

CHICHAS

15

ERM.2026067992

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

CONDESUYOS

IRAY

16

ERM.2026067994

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

CONDESUYOS

RIO GRANDE

17

ERM.2026067995

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

CONDESUYOS

SALAMANCA

18

ERM.2026067996

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

CONDESUYOS

YANAQUIHUA

19

ERM.2026066451

CAMANA

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

ISLAY

20

ERM.2026066243

CAMANA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

ISLAY

MEJIA

21

ERM.2026067987

CONDESUYOS

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

LA UNION

22

ERM.2026067998

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

LA UNION

ALCA

23

ERM.2026068000

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

LA UNION

CHARCANA

24

ERM.2026068001

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

LA UNION

HUAYNACOTAS

25

ERM.2026068002

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

LA UNION

PAMPAMARCA

26

ERM.2026068003

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

LA UNION

PUYCA

27

ERM.2026068004

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

LA UNION

QUECHUALLA

28

ERM.2026068006

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

LA UNION

SAYLA

29

ERM.2026068007

CONDESUYOS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

AREQUIPA

LA UNION

TAURIA

30

ERM.2026067636

CANGALLO

REGIONAL

ACTA DESCENTRALIZADA

AYACUCHO

31

ERM.2026067632

CANGALLO

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

AYACUCHO

CANGALLO

32

ERM.2026067633

CANGALLO

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

AYACUCHO

HUANCA SANCOS

33

ERM.2026067634

CANGALLO

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

AYACUCHO

SUCRE

34

ERM.2026067635

CANGALLO

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

AYACUCHO

VICTOR FAJARDO

35

ERM.2026067818

CUTERVO

REGIONAL

ACTA DESCENTRALIZADA

CAJAMARCA

36

ERM.2026067775

CUTERVO

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

CAJAMARCA

CUTERVO

37

ERM.2026068018

CHOTA

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

CAJAMARCA

SANTA CRUZ

38

ERM.2026068035

CHOTA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CAJAMARCA

SANTA CRUZ

PULAN

39

ERM.2026068208

CHOTA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CAJAMARCA

SANTA CRUZ

SAUCEPAMPA

40

ERM.2026067738

CALLAO

REGIONAL

ACTA GENERAL

CALLAO

41

ERM.2026067736

CALLAO

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CALLAO

CALLAO

CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO

42

ERM.2026067735

CALLAO

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CALLAO

CALLAO

VENTANILLA

43

ERM.2026067790

ESPINAR

REGIONAL

ACTA DESCENTRALIZADA

CUSCO

44

ERM.2026067820

CUSCO

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

CUSCO

ANTA

45

ERM.2026067583

ESPINAR

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CUSCO

CHUMBIVILCAS

LLUSCO

46

ERM.2026067592

ESPINAR

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CUSCO

CHUMBIVILCAS

QUIÑOTA

47

ERM.2026067584

ESPINAR

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CUSCO

CHUMBIVILCAS

VELILLE

48

ERM.2026067823

CUSCO

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

CUSCO

CUSCO

49

ERM.2026067591

ESPINAR

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CUSCO

ESPINAR

ALTO PICHIGUA

50

ERM.2026067590

ESPINAR

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CUSCO

ESPINAR

COPORAQUE

51

ERM.2026067586

ESPINAR

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CUSCO

ESPINAR

PICHIGUA

52

ERM.2026067824

CUSCO

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

CUSCO

PARURO

53

ERM.2026068093

QUISPICANCHI

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

CUSCO

PAUCARTAMBO

54

ERM.2026068094

QUISPICANCHI

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

CUSCO

QUISPICANCHI

55

ERM.2026067975

QUISPICANCHI

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CUSCO

QUISPICANCHI

LUCRE

56

ERM.2026068055

QUISPICANCHI

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CUSCO

QUISPICANCHI

MARCAPATA

57

ERM.2026068056

QUISPICANCHI

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CUSCO

QUISPICANCHI

OCONGATE

58

ERM.2026068058

QUISPICANCHI

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CUSCO

QUISPICANCHI

OROPESA

59

ERM.2026068059

QUISPICANCHI

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

CUSCO

QUISPICANCHI

QUIQUIJANA

60

ERM.2026067976

YAROWILCA

REGIONAL

ACTA DESCENTRALIZADA

HUANUCO

61

ERM.2026067467

HUANUCO

REGIONAL

ACTA DESCENTRALIZADA

HUANUCO

62

ERM.2026068068

HUAMALIES

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

DOS DE MAYO

63

ERM.2026067761

HUAMALIES

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

DOS DE MAYO

RIPAN

64

ERM.2026067762

HUAMALIES

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

DOS DE MAYO

SHUNQUI

65

ERM.2026067763

HUAMALIES

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

DOS DE MAYO

SILLAPATA

66

ERM.2026067764

HUAMALIES

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

DOS DE MAYO

YANAS

67

ERM.2026068067

HUAMALIES

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

HUACAYBAMBA

68

ERM.2026067731

YAROWILCA

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

LAURICOCHA

69

ERM.2026067729

YAROWILCA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

LAURICOCHA

SAN MIGUEL DE CAURI

70

ERM.2026066934

LEONCIO PRADO

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

LEONCIO PRADO

71

ERM.2026066936

LEONCIO PRADO

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

MARAÑON

72

ERM.2026066928

LEONCIO PRADO

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

MARAÑON

LA MORADA

73

ERM.2026066929

LEONCIO PRADO

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

MARAÑON

SAN BUENAVENTURA

74

ERM.2026066931

LEONCIO PRADO

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

MARAÑON

SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA

75

ERM.2026067844

YAROWILCA

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

YAROWILCA

76

ERM.2026066966

YAROWILCA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

HUANUCO

YAROWILCA

JACAS CHICO

77

ERM.2026067749

HUANCAYO

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

JUNIN

HUANCAYO

QUICHUAY

78

ERM.2026068130

PATAZ

REGIONAL

ACTA DESCENTRALIZADA

LA LIBERTAD

79

ERM.2026067604

HUAURA

REGIONAL

ACTA DESCENTRALIZADA

LIMA

80

ERM.2026067390

HUAURA

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

LIMA

BARRANCA

81

ERM.2026066276

HUAURA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

BARRANCA

PARAMONGA

82

ERM.2026066274

HUAURA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

BARRANCA

PATIVILCA

83

ERM.2026066272

HUAURA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

BARRANCA

SUPE

84

ERM.2026066273

HUAURA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

BARRANCA

SUPE PUERTO

85

ERM.2026067391

HUAURA

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

LIMA

CAJATAMBO

86

ERM.2026066271

HUAURA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

CAJATAMBO

COPA

87

ERM.2026066268

HUAURA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

CAJATAMBO

GORGOR

88

ERM.2026066265

HUAURA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

CAJATAMBO

HUANCAPON

89

ERM.2026066263

HUAURA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

CAJATAMBO

MANAS

90

ERM.2026067647

LIMA ESTE 1

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

LIMA

CHACLACAYO

91

ERM.2026066865

HUAURA

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

LIMA

OYON

92

ERM.2026066256

HUAURA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

OYON

ANDAJES

93

ERM.2026066239

HUAURA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

OYON

CAUJUL

94

ERM.2026066230

HUAURA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

OYON

COCHAMARCA

95

ERM.2026066222

HUAURA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

OYON

NAVAN

96

ERM.2026066216

HUAURA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LIMA

OYON

PACHANGARA

97

ERM.2026067245

REQUENA

REGIONAL

ACTA DESCENTRALIZADA

LORETO

98

ERM.2026068160

MAYNAS

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

LORETO

LORETO

99

ERM.2026068162

MAYNAS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

LORETO

TIGRE

100

ERM.2026068163

MAYNAS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

LORETO

TROMPETEROS

101

ERM.2026068164

MAYNAS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

LORETO

URARINAS

102

ERM.2026068165

MAYNAS

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

LORETO

MAYNAS

103

ERM.2026068166

MAYNAS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

MAYNAS

ALTO NANAY

104

ERM.2026068167

MAYNAS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

MAYNAS

FERNANDO LORES

105

ERM.2026068168

MAYNAS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

MAYNAS

INDIANA

106

ERM.2026068156

MAYNAS

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

LORETO

PUTUMAYO

107

ERM.2026068157

MAYNAS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

PUTUMAYO

ROSA PANDURO

108

ERM.2026068158

MAYNAS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

PUTUMAYO

TENIENTE MANUEL CLAVERO

109

ERM.2026068159

MAYNAS

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

PUTUMAYO

YAGUAS

110

ERM.2026066825

REQUENA

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

LORETO

REQUENA

111

ERM.2026066847

REQUENA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

REQUENA

ALTO TAPICHE

112

ERM.2026066849

REQUENA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

REQUENA

CAPELO

113

ERM.2026066850

REQUENA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

REQUENA

EMILIO SAN MARTIN

114

ERM.2026066852

REQUENA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

REQUENA

JENARO HERRERA

115

ERM.2026066853

REQUENA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

REQUENA

MAQUIA

116

ERM.2026066854

REQUENA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

REQUENA

PUINAHUA

117

ERM.2026066856

REQUENA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

REQUENA

SAQUENA

118

ERM.2026066858

REQUENA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

REQUENA

SOPLIN

119

ERM.2026066859

REQUENA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

REQUENA

TAPICHE

120

ERM.2026066860

REQUENA

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

LORETO

REQUENA

YAQUERANA

121

ERM.2026068054

TAMBOPATA

REGIONAL

ACTA GENERAL

MADRE DE DIOS

122

ERM.2026066937

SAN ROMAN

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

PUNO

LAMPA

123

ERM.2026066906

SAN ROMAN

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

PUNO

LAMPA

CABANILLA

124

ERM.2026066908

SAN ROMAN

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

PUNO

LAMPA

CALAPUJA

125

ERM.2026066911

SAN ROMAN

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

PUNO

LAMPA

NICASIO

126

ERM.2026066915

SAN ROMAN

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

PUNO

LAMPA

OCUVIRI

127

ERM.2026066917

SAN ROMAN

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

PUNO

LAMPA

PALCA

128

ERM.2026066919

SAN ROMAN

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

PUNO

LAMPA

PARATIA

129

ERM.2026066922

SAN ROMAN

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

PUNO

LAMPA

PUCARA

130

ERM.2026066923

SAN ROMAN

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

PUNO

LAMPA

SANTA LUCIA

131

ERM.2026066924

SAN ROMAN

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

PUNO

LAMPA

VILAVILA

132

ERM.2026067753

HUANCANE

MUNICIPAL DISTRITAL

ACTA GENERAL

PUNO

MOHO

CONIMA

133

ERM.2026067698

SAN MARTIN

REGIONAL

ACTA DESCENTRALIZADA

SAN MARTIN

134

ERM.2026067760

CORONEL PORTILLO

REGIONAL

ACTA DESCENTRALIZADA

UCAYALI

135

ERM.2026067758

CORONEL PORTILLO

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

UCAYALI

CORONEL PORTILLO

136

ERM.2026067757

CORONEL PORTILLO

MUNICIPAL PROVINCIAL

ACTA GENERAL

UCAYALI

PADRE ABAD

Lima, 13 de noviembre de 2026

EL FUNDAMENTO DE VOTO DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES ES EL SIGUIENTE:

COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DEL JNE PARA REVISIÓN DE OFICIO

1. El JNE tiene competencia para “administrar justicia electoral” (art. 178 inc. 4 Constitución), lo cual se ejerce por medio del Pleno, cuyas resoluciones, en materia electoral, son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables, por tanto, contra ellas no procede recurso alguno (art. 181 Constitución).

2. En este contexto, uno de los principios generales del derecho electoral es que la dirección de los procesos y procedimientos electorales no está sujeta a la voluntad de las partes, por tanto, no es necesario la interposición de recursos de parte interesada, sino que se desarrollan bajo el principio de interés público, por lo que es válido el impulso y la actuación de oficio (art. XII título preliminar LOE), por tanto, el JNE cuenta con la competencia para revisar de oficio las resoluciones de los JEE.

3. El interés público que subyace en los procesos electorales busca, entre otros fines, resguardar la seguridad jurídica y predictibilidad electoral, máxime cuando el JNE tiene la potestad constitucional de “velar por el cumplimiento de las disposiciones referidas a materia electoral” (art. 178 inc. 3 Constitución).

IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR E IMPEDIMENTOS PARA EJERCER

1. El magistrado que suscribe ha emitido múltiples votos minoritarios en los que sustenta que un “impedimento para ejercer un cargo” implica necesariamente un “impedimento para postular” (ejemplo: voto en Res. 3656-2026-JNE).

2. En efecto, si una norma jurídica establece un impedimento para ejercer o asumir un cargo (consecuencia), entonces la premisa lógica es que tampoco pueda postular (antecedente), pues simplemente no tendría sentido, y permítase un símil, tal como un atleta, a quien se le permite “competir”, pero luego que pasa la meta en primer lugar, se le dice que “estaba prohibido de correr”.

3. Por tanto, en criterio personal del suscrito, la prohibición opera desde el momento de la postulación, por lo que se convierte en un impedimento para iniciar la carrera electoral, por efecto del art. 194, 3° párr. Constitución: “Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular,”, es decir, en el periodo siguiente ni siquiera puede postular, lo cual excluye obviamente el ejercicio del cargo.

4. No se desconoce el debate público que esperaba una solución previa a los comicios para efecto de resolver anticipadamente la cuestión planteada, con el fin de preservar la seguridad jurídica en favor de organizaciones políticas, candidatos y electores, pero tanto en la democracia como en los órganos jurisdiccionales, las decisiones se toman evidentemente por mayoría. El voto del magistrado suscrito fue minoría.

5. Por ello, en el momento actual, la controversia se centra en determinar si el primer regidor, cuando no existe candidato a alcalde, u otros casos análogos, se encuentran impedidos o no de ejercer el cargo por efecto de la prohibición constitucional de reelección de alcaldes.

PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE REELECCIÓN DE ALCALDES

1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (art. 31 Constitución), por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede significar que la norma sea desproporcionada o irrazonable.

2. En efecto, “La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” (Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, c. 206).

3. Los derechos políticos no son absolutos (art. 31 Constitución), máxime cuando la restricción surge del propio texto fundamental: “No hay reelección inmediata para alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones” (art. 194, 3° párr. Constitución).

4. La prohibición constitucional de reelección de alcaldes constituye un mandato destinado a preservar el valor de la alternancia en el gobierno, propio de los sistemas democráticos, bajo la premisa que todos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, y no únicamente una persona o un grupo reducido. En la democracia, basada en los principios de libertad e igualdad, no existen iluminados, imprescindibles o predestinados. Asimismo, busca poner freno a la posibilidad del uso indebido del poder y de los recursos públicos en beneficio de una campaña política reeleccionista.

ALCANCES DE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL

1. La prohibición de reelección implica que la autoridad que ejerce o ha ejercido un cargo determinado en el periodo anterior no puede aspirar a ocupar el mismo puesto en el periodo inmediatamente sucesivo.

Nótese que la Constitución prohíbe una consecuencia, un resultado, un objetivo o una meta específica: “no reelección” (art. 194, 3° párr.), pero no se refiere ni regula los medios o vías para lograr ese fin, prohibido e inconstitucional. Por tanto, la prohibición de reelección comprende todos los mecanismos directos o indirectos que pretendan eludir sus efectos.

2. En tal sentido, los siguientes casos deben incluirse en la prohibición de reelección:

a) Alcalde en funciones, elegido en el periodo anterior, pero igual postula para el periodo sucesivo.

b) Alcalde en funciones, luego de vacancia del elegido, que postula para el periodo sucesivo, bajo la premisa que su elección como regidor llevaba implícita la posibilidad de asumir la alcaldía en virtud de la sucesión legal; por tanto, el que ejerce efectivamente el cargo de alcalde no puede postular para el siguiente periodo. La misma consecuencia, por ejemplo, se aplicaría respecto de un vicepresidente o un interino que hubiese asumido la presidencia de la república, para quienes también aplicaría la prohibición de reelección.

c) Alcalde elegido en periodo anterior, que ha renunciado antes de la conclusión del mandato, y que postula como tal para el periodo sucesivo.

d) Alcalde elegido en periodo anterior o renunciante en forma previa, que postula para primer regidor en el periodo sucesivo, y, en la que el candidato a alcalde ha renunciado o su postulación fue rechazada, por lo que, con ello, en la práctica, aspira a un nuevo periodo de alcalde.

e) Alcalde elegido en periodo anterior o renunciante en forma previa, que postula en la lista de regidores en el periodo sucesivo, y, en la que los anteriores candidatos han renunciado o sus postulaciones se rechazaron, por lo que, con ello, aspira a un nuevo periodo de alcalde.

En todas estas hipótesis debió impedirse la postulación, pero si no se hizo, entonces corresponde denegarle las credenciales de alcalde.

Un caso distinto es el siguiente, que produce impedimento en la posterior asunción del cargo, por hecho sobrevenido, pues la postulación sí era válida:

f) Alcalde elegido en periodo anterior o renunciante en forma previa, que postula en lista de regidores, y, que luego de la proclamación de resultados, el nuevo alcalde elegido o ya en funciones renuncia o es vacado, en cuyo caso no puede asumir funciones por efecto de la prohibición de reelección, sino que el llamamiento pasa a la persona que sigue en la lista. En esta hipótesis muy concreta, el impedimento no opera en la postulación, sino en el ejercicio, por lo que corresponde denegarle las credenciales de alcalde.

3. La Constitución pretende configurar la convivencia social en diversos aspectos, inspirado en el bien común, por lo que sus disposiciones construyen un modelo de vida en sociedad, cuyo cumplimiento no puede esquivarse o eludirse con distintas argucias.

En efecto, si se aceptase que la única reelección prohibida sería la del alcalde elegido en un periodo 01 y que postula para el mismo cargo en el periodo 02, entonces todas las otras modalidades estarían “permitidas”. En tal caso, por ejemplo, un alcalde elegido podría postular en el siguiente periodo como primer regidor, mientras el candidato a alcalde, en realidad un testaferro, procedería a renunciar, por lo que, en caso de ganar, iniciaría un segundo periodo de alcalde. Sigamos con el ejemplo. Ese mismo alcalde, ahora elegido como primer regidor en el periodo 02, pero que asumió la alcaldía, podría seguir postulando indefinidamente para el mismo cargo en el periodo 03 y sucesivos, pues no existe prohibición de reelección para los regidores, mientras los candidatos a alcalde seguirían renunciando “por motivos personales”; o incluso el alcalde en el periodo 01 postularía para primer regidor en el periodo 02, luego para alcalde en el periodo 03 y nuevamente para primer regidor en el periodo 04, con lo cual, cómo la elección se produce en “cargos distintos” siempre se trataría de una “postulación válida”. Pues bien, la conclusión de los ejemplos precedentes es que, en todos los casos, el alcalde del periodo 01 seguiría siendo alcalde en el periodo 02, 03 y 04; pero si ello no es una “reelección”, entonces el lenguaje pierde sentido y la Constitución deja de ser una norma jurídica vinculante, pues la regla prohibitiva se habría convertido en permisiva. El JNE, como tribunal supremo electoral (arts. 178 inc. 4 y 181 Constitución), no puede dejar de advertir que las cosas se llaman por su nombre y contenido, y, que todos esos casos constituyen una reelección.

4. Es cierto que la Constitución no regula las distintas combinaciones fácticas, pues la prohibición se centra en el resultado. Por ello, la referencia a “reelección encubierta”, “indirecta” o “fraudulenta”, no es del todo correcta, pues el solo enunciado de la prohibición impide los medios directos o indirectos que tengan la finalidad de frustrarla.

5. Por lo expuesto, una situación de reelección también puede evaluarse en el acto de proclamación de resultados, pues, si no se hizo en el momento de la postulación -que hubiese sido lo más adecuado-, ese error no genera el derecho de ser proclamado. En buena cuenta, lo que empieza mal, no puede terminar bien, o, si se quiere, la prohibición en la etapa previa sigue siendo la misma en la etapa posterior, por lo cual, una vez más, cabe sostener que “el error no genera derechos”, lo que ha sido reiterado muchas veces por el Tribunal Constitucional (STC N° 1254-2004-AA; N° 08468-2006-AA, f. 7; N° 03397-2006-PA/TC, f. 7; N° 2500-2003-AA, f. 5; N° 03660-2010-PHC/TC; N° 03059-2011-PA/TC, f. 8; N° 00772-2021-PHC/TC, f. 11).

6. En efecto, la prohibición constitucional opera por el solo resultado de que una misma persona haga ejercicio del cargo de alcalde en dos periodos consecutivos, por lo que no es relevante el medio doloso o fortuito que lo hubiese desencadenado. Por tanto, si el candidato a primer regidor, que hubiese sido alcalde, gana en la contienda electoral, y, pretende asumir el mismo cargo por un segundo periodo sucesivo, entonces se vulnera el art. 194 Constitución.

SOBRE LA SUCESIÓN DEL ALCALDE Y ART. 24 LOM

1. El sistema electoral se encuentra obligado a proclamar alcaldes y regidores (arts. 23 y 24 LEM), por lo que no es posible legalmente “mantener en blanco” el reconocimiento de alcalde, ni dejarlo librado a la decisión del consejo municipal.

2. En este contexto, si un alcalde en funciones o renunciante del periodo 2023-2026, pretende acceder a la alcaldía en el periodo siguiente 2027-2030, entonces se trata de una reelección, conforme se ha explicado anteriormente, por lo que no corresponde que se le entregue credenciales de tal, sino de regidor.

3. No obstante, un sector doctrinal señala que, en el caso del alcalde en funciones o renunciante en un primer periodo, que luego postula como primer regidor para un periodo sucesivo, sin candidato de alcalde, entonces no se trataría de una “reelección”, sino de “sucesión”, conforme el art. 24 LOM: “En caso de vacancia o ausencia del alcalde lo reemplaza el teniente alcalde, que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral”. No puede compartirse esta opinión, pues, en esta etapa del proceso electoral, no existe “vacancia o ausencia de un alcalde”, en vista de que, en este momento, no existe ningún alcalde en funciones del periodo 2027-2030 que pudiera sufrir vacancia o ausencia. Incluso, en la hipótesis de que fuese aplicable el art. 24 LOM, la sucesión no opera con el “primer regidor”, sino con el “primer regidor hábil”, y esto último no le corresponde a una persona a quién le alcanza la prohibición constitucional de reelección de alcaldes durante todo el periodo siguiente.

4. Es necesario recordar que la reelección es la finalidad, por lo que se prohíbe todo medio directo o indirecto que llegue a ese objetivo, por lo cual, es perfectamente posible que la llamada “sucesión” (medio) permita arribar a la “reelección” (fin), que se encuentra prohibida. Por tanto, el juego de palabras no es suficiente.

¿EXISTE DERECHO INDIVIDUAL DE UNA PERSONA A LA REELECCIÓN?

1. La STC 0008-2018-PI/TC, que precisamente declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, que introdujo la prohibición de reelección de alcaldes, señaló que el derecho constitucional de sufragio activo o pasivo, de elegir o ser elegido, no contempla un “derecho individual a la reelección”, pues un criterio válido de los ordenamientos jurídicos para delinear el ejercicio de los cargos públicos consiste en el principio de alternancia en el poder.

2. Es necesario recordar que la prohibición de reelección no es absoluta, pues la misma norma constitucional permite una nueva postulación “luego de pasado un periodo”.

3. La inexistencia del “derecho (individual) a la reelección” determina que no pueda invocarse en las acciones de garantía constitucional.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

1. La presente resolución se dicta con la finalidad de mantener un criterio unitario y coherente en torno a la prohibición constitucional de reelección de alcaldes, lo cual se hace más necesario por la proliferación de situaciones análogas; por tanto, el JNE, en su rol de garante del cumplimiento de las reglas electorales (art. 178 incisos 3 y 4 Constitución), bajo el principio de igualdad (art. 2 inc. 2 Constitución), ha adoptado una decisión que asegura la fuerza normativa de la Constitución (art. 38 Constitución), para todos, sin privilegios ni omisiones.

En virtud de estos fundamentos particulares que se refieren a la prohibición constitucional de reelección de alcaldes, ME ADHIERO a la parte resolutiva del pronunciamiento del JNE.

S.S.

GONZALES BARRÓN

Clavijo Chipoco

Secretaria General

Lima, 13 de noviembre de 2026

EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO AARÓN OYARCE YUZZELLI, MIEMBRO TITULAR DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:

Con el debido respeto a la posición asumida por la mayoría del Pleno, que dispone la corrección de las resoluciones de proclamación de resultados que se detallan en el cuadro del Anexo 1; emito el presente VOTO EN MINORÍA, con base en las razones que se exponen a continuación:

ANTECEDENTES

1. El Jurado Nacional de Elecciones - JNE es un órgano constitucional autónomo que ejerce función jurisdiccional en materia electoral. En tal condición, administra justicia electoral con sujeción estricta a la Constitución y a la ley, encontrándose vinculado por el principio de legalidad y por el deber de aplicar las normas vigentes mientras estas formen parte del ordenamiento jurídico, no pudiendo sustituir al legislador ni a redefinir el contenido normativo de las prohibiciones legales expresamente establecidas.

2. Mediante el Acuerdo del Pleno de fecha 28 de octubre de 2026, este Supremo Tribunal Electoral acordó, entre otros, que para garantizar la doble instancia y uniformidad de criterios jurisdiccionales en lo concerniente a lo señalado en el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú, disposiciones del Poder Judicial, a través de acciones de amparo o medidas cautelares a través de la cuales se reincorporó a candidatos excluidos, aspectos numéricos y orden general respecto de candidatos proclamados como electos, se procedería a la revisión de oficio de las actas de proclamación de los Jurados Electorales Especiales - JEE.

3. Luego de la revisión efectuada se determinó que las Actas Descentralizadas de Proclamación de Resultados de la Elecciones Regionales y Municipales 2026, emitidas en audiencia pública por los JEE conforme se detalla en el cuadro del Anexo 1, se encuentran conformes y no presentan inconsistencias numéricas con relación a los Resultados de Actas Contabilizadas al 100% al Cómputo, remitidos por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, respecto a dicho extremo de la resolución me encuentro conforme; sin embargo, en la indicada resolución se señala específicamente el criterio adoptado por la mayoría en la Resolución N° 4557-2026-JNE.

4. Sin embargo, sobre dicho particular, en el voto en minoría de la Resolución N° 4557-2026-JNE expresamos un criterio distinto, partiendo de los siguientes supuestos:

a. La autoridad fue elegida en el cargo de alcalde en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 - ERM 2022, postuló al cargo de primer regidor en la misma circunscripción en las ERM 2026;

b. El candidato a alcalde provincial o distrital en las ERM 2026 renunció a su candidatura cumpliendo con el procedimiento establecido;

c. La lista por la que postuló el actual alcalde obtuvo la mayor cantidad de votos; es decir, resulta ser la ganadora de la elección.

MARCO NORMATIVO APLICABLE

5. El artículo 31 de la Constitución Política reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y a “ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes”, según las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Por su parte, el artículo 194 del texto constitucional dispone que los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo para un periodo de cuatro años y precisa que “No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones”. Asimismo, regula la revocabilidad y la irrenunciabilidad del mandato, claro está con las excepciones constitucionales.

6. Por su parte, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) exige que los actos electorales se rijan por la Constitución y la normativa vigente, prohíbe procedimientos o sanciones sin previsión legal y ordena a todos los órganos electorales no desnaturalizar la ley ni incorporar requisitos no contemplados por el legislador al establecer que “Solo por ley expresa puede establecerse limitaciones al ejercicio del derecho al sufragio”. No niega la prohibición constitucional expresa del artículo 194 de la Constitución; obliga, en cambio, a que su lectura e interpretación no se amplíen o extiendan a supuestos distintos y que no se encuentran recogidos en el propio texto.

7. El artículo 11 de la Ley de Elecciones Municipales (LEM) reglamenta la forma en que debe ser presentada la solicitud de inscripción de candidatos a alcaldes y regidores, fija el plazo de 110 días calendario antes de la elección para su presentación y exige que estos se encuentren registrados como una lista en un solo documento con el número correlativo que indique cuál es la posición de los candidatos a regidores.

8. El artículo 23 de la LEM determina la obligación del JEE de proclamar como alcalde al ciudadano de la lista que obtenga la votación más alta. Su artículo 24 prevé la elección conjunta de regidores y alcalde, que la elección se hace por lista y la asignación a la lista ganadora de la cifra repartidora o la mitad más uno de los cargos de regidor, según lo que más favorezca a la lista ganadora y respetando el orden propuesto y el redondeo previsto. De igual forma, estableció que el JNE apruebe las directivas necesarias para la aplicación de lo establecido en este artículo.

9. El artículo 35 de la LEM dispone incorporar al candidato inmediato no proclamado, según el escrutinio final y dentro de la misma lista del regidor cuya vacante se cubre. Finalmente, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) establece en forma clara y expresa que, ante vacancia o ausencia del alcalde, lo reemplaza el teniente alcalde, definido como el primer regidor hábil de su propia lista.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

10. De las normas constitucionales invocadas se tiene que el artículo 194 impide la reelección inmediata como alcalde. Sin embargo, no establece una inhabilitación general del alcalde saliente para integrar el nuevo concejo como regidor, ni menos aún una incapacidad para asumir en forma posterior en reemplazo del alcalde titular. Asumir tales consecuencias exigiría que se demuestre que tales limitaciones hayan sido incorporadas por el legislador de forma clara y manifiesta en el texto constitucional, producto de la reforma aplicada a ese artículo en 2015. Establecido aquello, se tiene que la prohibición constitucional contiene un objeto determinado; así no basta con identificar que un mismo ciudadano podría ejercer nuevamente las funciones de alcalde por el procedimiento de sucesión para invocar el artículo 194. Toda limitación debe ser expresa y su delimitación corresponde al legislador. No es facultad del juez electoral crear límites donde el texto constitucional no ha precisado una prohibición.

11. En el proceso electoral municipal la candidatura a regidor no equivale a una candidatura a alcalde. Que la LEM establezca la presentación conjunta en un solo documento y la forma de sufragio por lista completa no eliminan la diferenciación de posiciones que de forma clara y expresa prescribe el artículo 11 de la referida ley. Es de esta manera como el electorado ha tomado conocimiento de las candidaturas inscritas, la posición en que estas se ubican y de las reglas de sucesión que resultan aplicables para el caso de listas incompletas. Esta lectura de la ley electoral no es novedosa, por el contrario, se ha aplicado de manera uniforme en los pasados procesos electorales, incluido aquellos sujetos a la modificación del artículo 194 de la Constitución Política. Es más, el JNE no ha aprobado directiva alguna en todo este tiempo, previo a la convocatoria de los procesos electorales, que informe al elector antes de sufragar que las reglas de sucesión contempladas en la LEM y la LOM no resultan aplicables en ciertos supuestos relativos a la proclamación de resultados. Por ello, el eventual acceso a la alcaldía por un procedimiento legal posterior a las votaciones no convierte de manera retrospectiva la inscripción del primer regidor en una postulación al cargo de alcalde, ni en las listas completas ni las incompletas.

12. El JNE en su constante jurisprudencia desde las ERM 2018, donde por primera vez se aplicó la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes, precisó que la reelección supone una nueva elección inmediata al mismo cargo mediante la correspondiente candidatura. Que el legislador desde aquella época no haya atendido estos vacíos de la norma constitucional con el fin de evitar que los alcaldes salientes, en tanto primeros regidores de las listas que los impulsan, puedan acceder a la alcaldía por vía de sucesión por falta del candidato a alcalde, sea por improcedencia, renuncia o muerte, no convierte al juez electoral en legislador con el fin de suplir la atribución constitucional del Congreso de la República de definir en forma clara y expresa los límites de postulación y proclamación de las candidaturas. El artículo VIII del Título Preliminar de la LOE prohíbe que en vía de interpretación el juez electoral genere límites que ni el propio texto expreso de la Constitución ni la ley electoral definen.

13. Los artículos 31 y 194 del texto constitucional deben interpretarse en conjunto. El primero no autoriza la inscripción de candidaturas constitucionalmente prohibidas, cuestión que no se encuentra en debate pues se trata de candidaturas a primer regidor debidamente inscritas; y el segundo no debe ampliarse abiertamente hasta suprimir formas de participación que del texto constitucional no se desprende. Lo último implica ir contra el texto expreso de la norma constitucional y asumir una posición de legislador que la Constitución no atribuye al JNE.

14. Así las cosas, recurriendo a los criterios que contempla la ley electoral para resolver el supuesto que no abarca la prohibición constitucional, no debe perderse de vista que, conforme al artículo 24 de la LEM, el voto se emite por lista y la asignación de las regidurías se efectúa según el orden propuesto por la organización política y votado por la ciudadanía. Entonces, cuando una lista participó de manera válida sin candidato a alcalde y ganó, su orden no puede modificarse por una prohibición sobrevenida y creada con base a una interpretación extensiva de la prohibición de postular a la reelección que contempla el artículo 194 de la Constitución. La candidatura a primer regidor es distinta de la candidatura a alcalde. Lo que pueda suceder con este último (improcedencia, exclusión por sentencia, renuncia o muerte) no condiciona la forma en que ha sido inscrita la candidatura y sobre todo la forma en que el electorado toma conocimiento de los habilitados para ser elegidos y, por ende, de ser proclamados como tales de ser su lista ganadora. A partir de aquí, lo que corresponde para suplir la ausencia de una candidatura no está referida a la postulación, sino a la reglas y criterios de sucesión. Estos no solo se han de aplicar a la hora de la proclamación, sino en procedimientos de vacancia o de revocación de autoridades, según su norma específica, situaciones donde el JNE no tiene la potestad de introducir límites no contemplados por el legislador. En resumen, que el legislador no asuma por conveniente atender los supuestos de sucesión que la norma constitucional no abarca, no habilita al juez electoral a suplirlo en esa labor. En todo estado constitucional de derecho, todos los poderes tienen límites, lo que incluye al que corresponde a la judicatura.

15. En el marco de lo analizado, no debe perderse de vista igualmente que los artículos 35 de la LEM y 24 de la LOE contemplan un criterio de preferencia para cubrir los cargos conforme a la precedencia dentro de la lista electoral ganadora. El primero es utilizado como sustento sistemático de reemplazo de regidores, aunque no comprende un supuesto de ausencia del alcalde. En cambio, el segundo, contiene el criterio específico del primer regidor hábil, cuya aplicación al caso debe entenderse que reúne los requisitos exigidos para la postulación.

16. Si bien el cuestionamiento más relevante señala que quien ejerció la alcaldía en el periodo anterior volvería a desempeñarla en forma inmediata, lo cual desconocería la prohibición de la reelección inmediata del artículo 194 de la Constitución Política, ello sobre una lectura que se denominaría finalista del texto constitucional; sin embargo, de lo expuesto no es posible que se equipare de manera automática una candidatura a regidor y un reemplazo legal con una candidatura prohibida a alcalde. Por tanto, la prohibición debe interpretarse atendiendo de igual forma a la distinción de cargos y a la reserva normativa que establece que el derecho de sufragio solo puede ser limitado por ley expresa y no en vía de interpretación.

17. De lo expuesto, en el contexto de las elecciones municipales 2026, cabe precisar que en diferentes pronunciamientos, el Pleno del JNE indicó que no existía una prohibición expresa para postular al cargo de regidor (sea en primera posición o en cualquier otra), por ello, si no existía prohibición expresa para postular al cargo de regidor, entonces no pueden prohibirse en esta etapa del proceso electoral -en estricto respeto de los Principios de Legalidad, Intangibilidad Normativa y de Preclusión del Cronograma Electoral-, las consecuencias derivadas de esa postulación, entre ellas, ser considerado al momento de aplicar el orden de precedencia de la lista de candidatos en caso de reemplazo de uno de sus integrantes.

18. La prohibición regulada en el artículo 194 de la Constitución impide que una persona que ha ejercido el cargo de alcalde sea reelecta para ocupar el mismo por el periodo inmediato siguiente; no obstante, esta prohibición, dado que toda restricción de derechos es taxativa, no impide que una persona que haya sido electa para ocupar el cargo de regidor pueda por sucesión legal llegar a ocupar el cargo de alcalde distrital o provincial.

19. El referido texto constitucional exige que exista correspondencia entre la forma de acceso al cargo y la prohibición constitucional, al estar dirigida dicha prohibición a quien recibió directamente el mandato popular para ejercer la alcaldía durante el período municipal inmediato anterior y, pretende ahora acceder de manera directa nuevamente al mismo cargo.

20. En las proclamaciones en revisión, el acceso al cargo de alcalde por parte del alcalde elegido en las ERM 2022, que postuló como regidor en las ERM 2026, es consecuencia de la aplicación del régimen legal de reemplazo de autoridades municipales y no del mandato conferido directamente por el electorado. Por tanto, la situación jurídica en la que se encuentra difiere de aquella prevista en el tercer párrafo del artículo 194 de la Constitución Política, que regula la prohibición de reelección inmediata respecto de quien fue elegido alcalde mediante sufragio directo.

21. Asumir una interpretación distinta implicaría extender el ámbito de aplicación de una restricción constitucional a un supuesto no contemplado expresamente por la Norma Fundamental o por una ley, equiparando la situación de quien fue elegido alcalde mediante sufragio popular con la de quien accedió posteriormente a dicho cargo por sucesión legal. Tal interpretación no resulta compatible con el carácter excepcional de las limitaciones al ejercicio del derecho de participación política ni con el criterio jurisprudencial desarrollado por el Pleno del JNE sobre la materia.

22. Debe tenerse en consideración que en la jurisprudencia del JNE, el aspecto determinante es la calidad con que se eligió a la autoridad (incluso cuando no haya asumido o juramentado en el cargo, o haya sido suspendido o vacado) y no qué cargo potencialmente podría asumir.

23. El legislador constitucional no prohibió el supuesto en el cual, por medios o circunstancias distintos a la reelección -como el reemplazo de candidatos aplicando el orden de precedencia de la lista-, el ciudadano que ejerció el cargo de alcalde pueda volver a ejercerlo, por lo cual considero que lo que prohibió el legislador constitucional no se centró en el ejercicio del cargo, sino a la forma de acceso a él.

24. Si esta forma de postulación -que ya se había presentado en procesos electorales realizados con posterioridad a la entrada en vigor de la prohibición constitucional-no era considerada constitucionalmente lícita, debió prohibirse expresamente, y no permitir un estado de incertidumbre entre todos los actores del proceso electoral, socavando el Principio de Seguridad Jurídica.

25. Como no se ha legislado hasta el momento una prohibición expresa, que impida a los alcaldes en ejercicio postular como regidores, y por este medio, aplicando el mecanismo de sucesión legal, puedan acceder al cargo de alcalde, no es posible extender los efectos de la prohibición constitucional por vía interpretativa a otras situaciones no contempladas taxativamente por ella; más aún al encontrarnos en la etapa final del proceso electoral, cuando ya la ciudadanía -advertida de los efectos y consecuencias de su elección-, ha emitido su voto favoreciendo las listas de candidatos en las que el alcalde en ejercicio postulaba como primer regidor, habiendo concluido la fase de elección.

26. De otro lado, con relación a los alcances de lo resuelto con la Resolución N° 3126-2026-JNE, del 18 de agosto de 2026, correspondiente al distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, departamento de San Martín, el criterio aplicado en dicho caso no es de traslado a la cuestión en discusión1. Por el contrario, se trata más bien del reconocimiento expreso de la manera en que uniformemente el JNE viene aplicando las normas de sucesión previstas en el artículo 24 de la LOM frente a la elección de una lista sin candidato a alcalde, debiéndose resaltar que, de configurarse nuevamente un supuesto similar, los primeros regidores que sean proclamados como alcaldes por ausencia del titular en las elecciones municipales 2026, no podrán tentar el mismo puesto en la subsiguiente elección.

27. Por las consideraciones expuestas, estimo que el alcalde en ejercicio que postuló como regidor y ha sido elegido como tal, no se encuentra comprendido en el supuesto de prohibición de reelección inmediata previsto en el tercer párrafo del artículo 194 de la Constitución Política, al no existir correspondencia entre la forma de acceso al cargo y la prohibición constitucional, por lo que necesariamente debe ser considerado para efectos de completar el cuadro de autoridades municipales para el período 2027-2030, respetando el orden de prelación de su lista de candidatos en caso exista renuncia, vacancia o revocatoria, según el sistema normativo aplicable a cada supuesto.

28. En un estado constitucional de derecho debe prevalecer el principio de legalidad: la autoridad solo puede exigir lo que la ley manda, prohíbe o regula. Si no existe una norma que prohíba, limite u ordene una determinada conducta, entonces esta se encuentra permitida.

En virtud de estos fundamentos, no obstante, comparto la posición de la mayoría respecto de la revisión de Actas Descentralizadas de Proclamación de Resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, emitidas en audiencia pública por los JEE, para que exista correspondencia entre los resultados oficiales del cómputo electoral y los consignados en las actas de proclamación, pero no así sobre las consecuencias arribadas de la interpretación del alcance del artículo 194 de la Constitución Política en la etapa de proclamación; por lo tanto, en lo referido a dicho extremo MI VOTO es por:

Primero: DECLARAR que los alcaldes en ejercicio que postularon como primeros regidores de su lista sean considerados al momento de completar el cuadro de autoridades municipales 2027-2030, respetando el orden de precedencia de su lista de candidatos conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades;

Segundo: EXHORTAR al Congreso de la República para que, previa reflexiva y atenta deliberación, emita la regulación necesaria a fin de que en el futuro no se vuelvan a producir situaciones de esta naturaleza.

S.

OYARCE YUZZELLI

Clavijo Chipoco

Secretaria General

1 Cabe indicar que la Magistrada Maisch Molina no intervino en la votación del caso en referencia por encontrarse con descanso médico.

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