Convocan a ciudadanos para que asuman provisionalmente los cargos de alcalde y regidora de la Municipalidad Provincial de Utcubamba
RESOLUCIóN N° 4251-2026-JNE
Expediente N° JNE.2026012252
UTCUBAMBA - AMAZONAS
SUSPENSIÓN
APELACIÓN
Lima, 12 de octubre de 2026
VISTO: en audiencia pública virtual del 15 de junio de 2026, debatido y votado en la fecha, los recursos de apelación interpuestos por don Diógenes Celis Jiménez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, departamento de Amazonas (en adelante, señor alcalde), y don Vilmer Chiclote Paisig (en adelante, señor solicitante) en contra del Acuerdo de Concejo N° 3-2026-CM/MPU, del 12 de enero de 2026, que declaró infundada la solicitud de suspensión presentada en contra de la citada autoridad, por incumplimiento de la transferencia de recursos a las municipalidades de centros poblados, prevista en el último párrafo del artículo 133 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).
Oído: el informe oral
PRIMERO. ANTECEDENTES
Solicitud de suspensión
1.1. El 19 de noviembre de 2025, el señor solicitante presentó una solicitud de suspensión en contra del señor alcalde por la causal de incumplimiento de la transferencia de recursos a las municipalidades de centros poblados, prevista en el último párrafo del artículo 133 de la LOM, bajo los siguientes argumentos:
a) La suspensión temporal en el ejercicio del cargo del alcalde provincial se sustenta en el grave incumplimiento de sus deberes funcionales, debido a la omisión del pago de dietas a los alcaldes de trece (13) centros poblados que corresponden al distrito de Bagua Grande: Tomocho, Nuevo Horizonte, Progreso San Antonio, Vista Hermosa, Buena Vista, Miraflores de Buena Vista, Pueblo Libre, Mañumal, Jahuanga, Alto Perú, Pona Alta, Collicate y Miraflores (en adelante, CP).
b) El señor alcalde incurrió en un grave y reiterado incumplimiento de sus deberes funcionales y la omisión de actos a su cargo establecidos en el artículo 133 de la LOM, el cual señala que el incumplimiento por parte del alcalde provincial o distrital de la transferencia a la municipalidad de centro poblado de los recursos establecidos en la ordenanza correspondiente es causal de suspensión del alcalde responsable, por un periodo de sesenta (60) días naturales y de ciento veinte (120) días en caso de reiteración.
c) La suspensión del alcalde provincial o distrital en los términos previstos en la normativa vigente constituye una medida coercitiva que busca garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y la correcta gestión pública.
d) La falta de pago sistemático y la omisión de la ejecución de una obligación financiera aprobada legalmente configuran una infracción grave a los deberes de un funcionario público.
e) Si bien el artículo 25 de la LOM establece causales de suspensión, este concejo, en virtud de sus atribuciones fiscalizadoras previstas en el numeral 28 del artículo 9 de la LOM, tiene el deber de investigar y sancionar las infracciones graves a la ley en que incurran sus autoridades.
1.2. Para tales efectos adjuntó los siguientes medios probatorios:
a) Carta SUTD N° 570-2025-OGACGD/MPU-BG.
b) Informe SUTD N° 000437-2025/OAF/OGA/MPU-BG.
c) Solicitud de acceso a la información pública del 25 de setiembre de 2025.
Descargos de la autoridad cuestionada
1.3. El 4 de diciembre de 2025, el señor alcalde presentó sus descargos, alegando que:
a) El Concejo Provincial de Utcubamba, posterior a la sustentación y fundamentación oral de descargo y absolución en la correspondiente sesión extraordinaria, debió desestimar y declarar improcedente la suspensión temporal en su contra.
b) Corresponde declarar la inexistencia de configuración de la causal adicional de suspensión en el ejercicio del cargo de alcalde provincial, recogida y establecida en el último párrafo del artículo 133 de la LOM, y disponer el archivo definitivo.
c) La solicitud de suspensión presentada por el señor solicitante se sustenta en un supuesto grave de incumplimiento de deberes funcionales (omisión de pago de dietas a alcaldes de centros poblados correspondientes al distrito de Bagua Grande), identificando trece (13) centros poblados: Tomocho, Nuevo Horizonte, Progreso San Antonio, Vista Hermosa, Buena Vista, Miraflores de Buena Vista, Pueblo Libre, Mañumal, Jahuanga, Alto Perú, Pona Alta, Collicate y Miraflores.
d) A través del Informe Legal SUTD N° 0146-2025-OGAJ/MPU-BG, la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Utcubamba emitió opinión legal recomendando iniciar procedimiento administrativo de suspensión temporal en el ejercicio del cargo de alcalde.
e) El petitorio de la solicitud de suspensión resulta oscuro, ambiguo e incongruente, debido a que no guarda relación con lo establecido en el último párrafo del artículo 133 de la LOM, el cual hace referencia al absoluto incumplimiento por parte del alcalde provincial o distrital de las transferencias a centro poblados.
f) Mediante el Informe SUTD N° 000476-2025-OAF/OGA/MPU-BG, del 2 de diciembre de 2025, la Oficina de Administración Financiera señaló que la municipalidad provincial viene cumpliendo con las transferencias desde el inicio de la gestión 2023.
g) De igual forma, el propio solicitante adjuntó copias de notas de pago correspondientes al año fiscal 2025, lo que demuestra que la entidad municipal viene cumpliendo con las transferencias de los recursos y dietas de los alcaldes de cada centro poblado.
h) Se debe tener en cuenta la aplicación de la Ley N° 32387, Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal1 (en adelante, Ley N° 32387).
1.4. A sus descargos adjuntó los siguientes medios probatorios:
a) Un ejemplar de la Ley N° 32387, mediante la cual se suspendió la vigencia del último párrafo del artículo 133 de la LOM hasta el 31 de diciembre de 2025.
b) Copias de notas de pago y solicitudes de transferencias de recursos presentados por los alcaldes de centros poblados del distrito de Bagua Grande.
Decisión del concejo municipal
1.5. En la Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal N° 1, del 9 de enero de 2026, el Concejo Provincial de Utcubamba, con la asistencia de once (11) miembros -diez (10) regidores y el señor alcalde-, de un total de doce (12) que conforman legalmente el concejo -once (11) regidores y el alcalde-, declaró infundada la solicitud de suspensión presentada en contra del señor alcalde, con seis (6) votos a favor y cinco (5) en contra. Asimismo, el señor alcalde votó en contra de su propia suspensión.
La decisión fue formalizada a través del Acuerdo de Concejo N° 3-2026-CM/MPU, del 12 de enero de 2026.
2.1. El 14 de enero de 2026, el señor alcalde interpuso recurso de apelación en contra del Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo N° 1 y el Acuerdo de Concejo N° 3-2026-CM/MPU, alegando entre otros, lo siguiente:
a) Corresponde declarar la nulidad del acta cuestionada y ordenar que se archiven los actuados por la vulneración a la Ley N° 32387, norma que, en su Única Disposición Complementaria Transitoria, suspendió la vigencia del último párrafo del artículo 133 de la LOM, hasta el 31 de diciembre de 2025, sin posibilidad de prórroga.
b) El concejo municipal debió declarar la improcedencia del pedido de suspensión, teniendo en consideración lo dispuesto en la citada ley.
c) Durante la sesión extraordinaria, el jefe de la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria puso en conocimiento del pleno del concejo la existencia de la acotada ley; sin embargo, seis (6) regidores trasgredieron tal disposición al emitir su voto a favor de la suspensión.
d) El perjuicio ocasionado no solo tiene una amplia connotación desde el punto de vista estrictamente legal y jurídico, sino también vulnera el debido procedimiento y principio constitucional de legalidad, debido a que se pretende suspenderlo en el cargo por una causal distinta a las establecidas en el artículo 25 de la LOM.
2.2. A través del Auto N° 1, del 10 de setiembre de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió adecuar el recurso de reconsideración presentado por el señor solicitante como recurso de apelación; asimismo, acumular en el presente expediente los recursos de apelación interpuestos por el señor alcalde y el señor solicitante.
2.3. Así, el 21 de enero de 2026, el señor solicitante presentó recurso de apelación en contra del Acuerdo de Concejo N° 3-2026-CM/MPU, del 12 del mismo mes y año, con el cual el Concejo Provincial de Utcubamba declaró infundado el pedido de suspensión promovido en contra del señor alcalde. Como fundamentos de su pretensión, expuso lo siguiente:
a) Respecto de la aplicación de la Ley N° 32387, señaló que la única disposición complementaria final de la citada ley dispuso la suspensión temporal de los procedimientos de suspensión únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025, y solo para aquellos supuestos de suspensión generados por el incumplimiento de transferencias de recursos ocurridos entre el 17 de junio al 31 de diciembre del referido año. En ese sentido, sostuvo que dicha ley no resulta aplicable al presente caso, pues no protege ningún supuesto de incumplimiento parcial o total de los recursos que se deban asignar a los centros poblados.
b) En cuanto al voto del señor alcalde en su propia causa, alegó la vulneración del debido procedimiento, por cuanto, en la sesión extraordinaria de concejo realizada el 9 de enero de 2026 se tomó en consideración su voto para resolver su propio pedido de suspensión, lo cual resulta inadmisible, más aún si se considera que, en su condición de alcalde, se encontraba incurso en causal de abstención por tener interés directo.
c) Con relación al quorum y a la interpretación de la LOM, señaló que en la sesión de concejo del 9 de enero de 2026 participaron solo diez (10) regidores de los once (11) hábiles, debido a que uno de ellos presentó justificación. Cuestionó que, para determinar el quorum, se haya considerado únicamente a los regidores participantes y sostuvo que la secretaria general y el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica interpretaron incorrectamente la ley orgánica. Por tal motivo, solicitó que se declare fundado el recurso de apelación.
Agregado a ello, adjuntó como prueba nueva la consulta de transferencia de la municipalidad del centro poblado Buena Vista correspondiente a los años 2023 a 2025.
Del mismo modo, en su recurso solicitó que se recabe la siguiente información documentada:
a) Informe documentado de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
b) Certificación de crédito presupuestario.
c) El o los informes mensuales de las municipalidades de CP.
d) Informe documentado del área de tesorería -o la que haga sus veces- sobre las fechas en que la municipalidad provincial cumplió en transferir a los CP.
e) Comprobantes de pago durante el periodo de enero a diciembre de 2023, enero a diciembre 2024 y enero al 16 de junio 2025, por motivo de transferencia de recursos a los CP.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución Política del Perú
1.1. El artículo 178, con relación a las atribuciones del JNE, indica:
Artículo 178.- Compete al Jurado Nacional de lecciones:
[…]
4. Administrar justicia en materia electoral.
En la LOM
1.2. El artículo 16 señala que el quorum para las sesiones del concejo municipal es de la mitad más uno de sus miembros hábiles.
1.3. El artículo 1312 señala que:
La municipalidad provincial o distrital, según corresponda, asigna una dieta mensual al alcalde de municipalidad de centro poblado ascendente a la fijada para los regidores distritales.
1.4. Los artículos 23, 24, 25 y 133 disponen lo siguiente:
Articulo 23.- Procedimiento de declaración de vacancia del cargo de alcalde o regidor [de aplicación supletoria a los casos de suspensión]
La vacancia del cargo de alcalde o regidor es declarada por el correspondiente concejo municipal, en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios del número legal de sus miembros, previa notificación al afectado para que ejerza su derecho de defensa.
[…]
Artículo 24.- en caso de vacancia o ausencia del alcalde lo reemplaza el teniente alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.
En caso de vacancia del regidor, lo reemplaza:
[…]
2. A los regidores, los suplentes, respetando la precedencia establecida en su propia lista electoral.
Artículo 25.- Suspensión del cargo
El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo de concejo en los siguientes casos:
1. Por incapacidad física o mental temporal;
2. Por licencia autorizada por el concejo municipal, por un período máximo de treinta (30) días naturales;
3. Por el tiempo que dure el mandato de detención;
4. Por sanción impuesta por falta grave de acuerdo con el reglamento interno del concejo municipal;
5. Por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad;
6. Por incumplir lo dispuesto en el artículo 39-A de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, debido al ejercicio de la presidencia de la instancia provincial o distrital de concertación, respectivamente.
[…]
Artículo 133.- Recursos
La municipalidad provincial y distrital, según corresponda, hace entrega de recursos presupuestales, propios y trasferidos por el gobierno nacional de su libre disponibilidad, a la municipalidad de centro poblado, para el cumplimiento de las funciones delegadas, con arreglo a la normativa presupuestal vigente.
Son recursos de la municipalidad de centro poblado los siguientes:
1. Los recursos que la municipalidad provincial y la municipalidad distrital les asigne para el cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios públicos locales delegados, en proporción a la población a ser atendida; siendo el mínimo el 50% de una UIT.
Estos recursos son transferidos hasta el quinto día hábil de cada mes, bajo responsabilidad funcional administrativa del alcalde y gerente municipal correspondiente
[…]
El incumplimiento por parte del alcalde provincial o distrital de la transferencia a la municipalidad de centro poblado de los recursos establecidos en la ordenanza correspondiente es causal de suspensión del alcalde responsable, por un periodo de sesenta (60) días naturales y de ciento veinte (120) días en caso de reiteración. Tal suspensión constituye una causal adicional a las contenidas en el artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley 28961, y se tramita con dicho artículo [resaltados agregados]
1.5. El artículo 134 indica que:
Artículo 134.- Responsabilidad en el uso de recursos
La utilización eficiente y adecuada de los recursos de la municipalidad de centro poblado es responsabilidad de su alcalde y regidores.
El alcalde de la municipalidad de centro poblado informa mensualmente acerca de la utilización de los recursos a que se refiere el artículo 133 a su concejo municipal y a la municipalidad delegante. Anualmente rinde cuentas a la población en acto público.
El incumplimiento de informar da lugar a la suspensión de la entrega de recursos por parte de la municipalidad provincial o distrital.
[Resaltados agregados].
[…]
En la Ley N° 32387
1.6. La Única Disposición Complementaria Transitoria dispone lo siguiente:
Única.- Suspensión del último párrafo del artículo 133 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Se suspende la vigencia del último párrafo del artículo 133 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, hasta el 31 de diciembre de 2025, no prorrogable. Esta disposición no afecta los procesos vigentes ni la obligación de pago que tienen las municipalidades provinciales y municipalidades distritales con las municipalidades de centros poblados, las que deben ser pagadas con cualquier otra fuente de financiamiento de libre disponibilidad durante el año 2025, bajo responsabilidad civil, penal u otra que corresponda [resaltado agregado].
En la Ley N° 31079, Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las municipalidades de centros poblados, modificada por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados3
1.7. La primera disposición complementaria transitoria ordena que:
PRIMERA. Adecuación
Las municipalidades provinciales, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, emiten la ordenanza de adecuación de las municipalidades de centros poblados en funcionamiento.
En el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General4 (en adelante, TUO de la LPAG)
1.8. El numeral 4 del artículo 230 contempla el siguiente principio de la potestad sancionadora administrativa de las entidades:
[…]
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.
[…]
1.9. El artículo IV del Título Preliminar preceptúa lo siguiente:
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
[…]
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.
[…]
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.
[…]
1.10. El numeral 1 del artículo 10 prevé:
Artículo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
[…]
1.11. El numeral 3 del artículo 88 indica lo siguiente:
Articulo 88.- Causales de abstención
La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos:
[…]
3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquel.
1.12. El artículo 101 refiere:
101.- Obligatoriedad del voto
101.1 Salvo disposición legal en contrario, los integrantes de órganos colegiados asistentes a la sesión y no impedidos legalmente de intervenir, deben afirmar su posición sobre la propuesta en debate, estando prohibido inhibirse de votar.
102.2 Cuando la abstención de voto sea facultada por ley, tal posición deberá ser fundamentada por escrito [resaltado agregado].
1.13. El numeral 206.2 del artículo 206 precisa:
206.2 Solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo [resaltado agregado].
En la jurisprudencia emitida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
1.14. En los considerandos 2.6. y 2.7. de la Resolución N° 0280-2025-JNE, del 9 de julio de 2025, el Pleno del JNE señala lo siguiente:
2.6. Dicho ello, se verifica que, a diferencia de la vacancia, existe un vacío legal respecto al quorum requerido para que el concejo municipal apruebe la suspensión en el cargo al alcalde o regidor.
2.7. En ese contexto, en la sentencia recaía en el Expediente N° 00019-2008-PI/TC, el Tribunal Constitucional fundamentó lo siguiente:
11. Sobre el particular, conviene resaltar que el artículo 17 de la LOM establece que los acuerdos del Concejo Municipal son adoptados por mayoría calificada o mayoría simple, según lo establezca la ley. Al respecto, cabe señalar que la LOM no contempla ningún requisito especial de votación para el caso de los acuerdos que disponen la suspensión de algún miembro del Concejo (como por ejemplo sí lo establece para otros supuestos en sus artículos 23, 61 y 66). Siendo ello así, el establecimiento de una mayoría simple como quórum requerido para adoptar aquel tipo de acuerdo resulta ser una alternativa válida que ha sido adoptado en el marco de la autonomía administrativa que asiste a los gobiernos locales y que no compromete ningún derecho ni competencia reservada a la LOM.
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones5 (en adelante, Reglamento)
1.15. El artículo 14, sobre la notificación de los pronunciamientos, contempla:
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).
<https://consultaexpediente.jne.gob.pe/>, para expedientes jurisdiccionales de procesos no electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla JNE.
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1. Antes del examen de la materia en controversia, de la calificación del recurso de apelación se advierte que este cumple con las exigencias previstas en los artículos 358 y 366 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en esta instancia.
Sobre la participación de la autoridad cuestionada en la sesión de concejo municipal
2.2. En principio, se debe resaltar que el caso materia de autos versa sobre un procedimiento de suspensión por la causal de incumplimiento de transferencia de recursos a municipalidad de centro poblado, prevista en el último párrafo artículo 133 de la LOM, y no sobre un procedimiento de vacancia.
2.3. Dicho ello, es necesario señalar que el TUO de la LPAG (ver SN 1.11.) establece que la autoridad administrativa debe abstenerse de participar en asuntos de su competencia cuando tenga un interés en el tema que se trate o cuyo resultado de la cuestión a definir afecte su situación. Para el caso de los procedimientos de vacancia y suspensión municipal, este Supremo Tribunal Electoral es de la opinión de que los alcaldes y regidores de las municipalidades del país no deben participar en la deliberación ni votación de los mencionados procedimientos dirigidos en su contra, sin que ello afecte su derecho de defensa, pues resulta evidente la ausencia de objetividad del voto que emitan, dado que previsiblemente se manifestarán en contra de un probable resultado que les afecte en su situación, temporal o permanente, a nivel municipal.
2.4. En ese sentido, se verifica que el señor alcalde votó en contra de su suspensión. Al respecto, considerando que el concejo está compuesto por doce (12) miembros, aun cuando votaron seis (6) a favor y cinco (5) en contra, con dispensa de una regidora, no corresponde exigir la votación calificada de los dos tercios del número legal de miembros del concejo prevista en el artículo 23 de la LOM, por cuanto dicha exigencia corresponde al procedimiento de vacancia y no al de suspensión.
2.5. Al respecto, este Supremo Tribunal Electoral, en las Resoluciones N° 280-2025-JNE y N° 524-2025-JNE, ha establecido que la exigencia del voto aprobatorio de los dos tercios del número legal de miembros del concejo municipal, prevista en el artículo 23 de la LOM, corresponde al procedimiento de declaración de vacancia. Para el procedimiento de suspensión, basta la mayoría simple para declarar infundado el pedido.
2.6. Ahora bien, a la sesión de concejo asistieron once (11) miembros. Asimismo, el señor alcalde votó en contra de su propia suspensión, pese a encontrarse incurso en causal de abstención, conforme al artículo 88 del TUO de la LPAG. En ese sentido, de la votación obtenida, el concejo municipal no obtuvo la mayoría simple -la mitad más uno- del número de asistentes, esto es, siete (7) miembros. Por tanto, al no alterarse el resultado, es pertinente continuar con el análisis del caso materia de apelación, más aún teniendo en cuenta la cercanía en el cambio de las autoridades municipales.
Respecto de la causal de suspensión
2.7. Este Supremo Tribunal Electoral, en ejercicio de su función jurisdiccional conferida por la Constitución Política del Perú (ver SN 1.1.) debe determinar si la decisión adoptada por el Concejo Provincial de Utcubamba, que declaró infundado el pedido de suspensión en contra del señor alcalde, por la causal de incumplimiento de transferencia de recursos a la municipalidad de centro poblado, prevista en el último párrafo del artículo 133 de la LOM, ha sido adoptada con arreglo a ley.
2.8. Al respecto, conviene recordar que el último párrafo del artículo 133 de la LOM establece como causal de suspensión del cargo de alcalde distrital o provincial -en adición a las determinadas, taxativamente, en el artículo 25 de la propia ley- el incumplimiento de transferencia de recursos a las municipalidades de centros poblados (ver SN 1.4.). Asimismo, el artículo 134 del citado cuerpo normativo prevé determinadas reglas que complementan los supuestos de hecho de la referida causal (ver SN 1.5.).
2.9. Efectuada estas estas precisiones, corresponde al JNE analizar la regularidad con la que el procedimiento ha sido llevado a cabo en la instancia administrativa, pues, al igual de lo que ocurre en los procesos jurisdiccionales, los órganos administrativos sancionadores tienen el deber de respetar los derechos fundamentales de quienes intervienen en los procedimientos que instruyen; así, sus decisiones solo serán válidas si son consecuencia de un trámite respetuoso de los derechos y las garantías que integran el debido proceso y la tutela procesal efectiva.
2.10. Dicho ello, conviene precisar que, si bien de la revisión de la solicitud de suspensión se advierte que, en el desarrollo de los fundamentos del pedido, no se invoca expresamente lo señalado en el artículo 131 de la LOM, en la sumilla de dicha solicitud sí se indica “omisión del pago de dietas”.
2.11. Al respecto, cabe precisar que el artículo 131 de la LOM no prescribe sanción alguna en razón del incumplimiento de la obligación regulado en dicho dispositivo; tampoco existe otra norma electoral que disponga la suspensión de la autoridad municipal por la omisión de lo prescrito en el referido artículo.
2.12. En tal contexto, corresponde tener en cuenta que la presente controversia, relativa al pedido de suspensión del señor alcalde, debe ser analizada en respeto estricto de los principios de legalidad y tipicidad, establecidos en nuestra Carta Magna y en el TUO de la LPAG (ver SN 1.9.), los cuales deben regir todo procedimiento de este tipo. En consecuencia, no resulta posible ampliar las causales de suspensión expresamente establecidas en la ley, por lo que el análisis se circunscribirá solo en torno a la infracción prevista en el artículo 133 de la LOM.
En cuanto al recurso de apelación del señor alcalde
2.13. En reiterada jurisprudencia, se ha señalado que los procedimientos de vacancia y suspensión, regulados por la LOM, son tramitados como procedimientos administrativos en la instancia municipal. En tal sentido, de manera supletoria a lo estipulado en dicho cuerpo normativo, resultan aplicables los principios, normas y procedimientos establecidos en el TUO de la LPAG.
2.14. De una lectura conjunta del artículo 23 de la LOM (ver SN 1.4.) y el artículo 206 del TUO de la LPAG (ver SN 1.13.), se concluye que solo son impugnables ante el Pleno del JNE aquellos acuerdos de concejo municipal que resuelvan declarar o rechazar el pedido de vacancia, dado que con dichos pronunciamientos se pone fin a la primera instancia municipal, o, en su defecto, cuando el acuerdo de concejo imposibilite continuar con el procedimiento de vacancia o cause indefensión a las partes.
2.15. Ahora bien, el recurso de apelación implica una revisión por parte del Superior Jerárquico ante una decisión emitida por una autoridad de primera instancia; dicho recurso, de conformidad supletoriamente con el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, debe fundamentar sus agravios y expresar concretamente su pedido.
2.16. Así, se observa que el Concejo Provincial de Utcubamba, mediante el Acuerdo de Concejo N° 3-2026-CM/MPU, del 12 de enero de 2026, declaró infundado el pedido de suspensión formulado por el señor solicitante en contra del señor alcalde.
2.17. En ese sentido, la decisión adoptada por el concejo municipal fue declarar infundado el pedido de suspensión formulado por el señor solicitante, es decir, no existe sanción alguna impuesta al señor alcalde; en todo caso, la parte legitimada para impugnar la decisión adoptada por el concejo municipal era el señor solicitante, al haber sido desestimada su pretensión.
2.18. Por tanto, al haberse declarado infundado el pedido de suspensión formulado contra el señor alcalde por medio del Acuerdo de Concejo N° 3-2026-CM/MPU, no se advierte afectación alguna a su cargo ni agravio directo que habilite su impugnación.
2.19. En efecto, en tanto la decisión adoptada por el concejo le fue favorable, esto es, que desestimó el pedido de suspensión en contra del señor alcalde, este último carece de legitimidad para obrar e interés para recurrir en este extremo. No obstante, es evidente que la interposición del presente recurso deviene en una manifiesta conducta procesal dilatoria del letrado que autoriza la apelación.
En ese sentido, corresponde remitir copias de los actuados al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque al cual se encuentra adscrito el abogado que suscribe o autoriza dicha apelación, para los fines pertinentes. En consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por el señor alcalde deviene en improcedente.
Respecto del recurso de apelación del señor solicitante
2.20. Con relación al análisis de la suspensión materia de autos, cabe precisar que, si bien la solicitud de suspensión no delimita temporalmente el periodo al que se refiere la supuesta falta de transferencia, de los propios medios probatorios se advierte que el señor solicitante ha presentado documentación relacionada con la transferencia de recursos, cuando menos, desde diciembre de 2024. Aunado a ello, considerando que del 17 de junio al 31 de diciembre de 2025 operó la vacatio legis dispuesta por la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 32387, que suspendió la vigencia del último párrafo del artículo 133 de la LOM, resulta pertinente circunscribir el análisis de la presente controversia al periodo comprendido entre enero a mayo de 2025.
2.21. Ahora bien, con relación al pedido de información documentado, mediante el cual se solicitó que se recabe: i) informe documentado de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; ii) certificación de crédito presupuestario; iii) informes mensuales de las municipalidades de CP; iv) informe documentado del área de tesorería sobre fechas de transferencia; y v) comprobantes de pago de enero a diciembre de 2023, enero a diciembre de 2024 y enero al 16 de junio de 2025, cabe precisar que, al tratarse de información y documentación que obra en el acervo documentario de la propia municipalidad, era obligación de la entidad edil incorporarla de oficio al procedimiento, a fin de esclarecer los hechos materia de cuestionamiento.
2.22. Por su parte, de los medios probatorios aportados por el solicitante de la suspensión, en conjunto con la documentación presentada por el señor alcalde en sus descargos, se advierte que obra el Informe SUTD N° 000476-2025-OAF/OGA/MPU-BG, del 2 de diciembre de 2025, emitido por la Oficina de Administración Financiera, en el que se informa que la obligación por concepto de transferencia asciende a S/ 5350.00 -equivalente a la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente-, y que esta se vendría cumpliendo desde el inicio de la gestión 2023, conforme a la directiva 3.4 de la Resolución de Gerencia Municipal N° 005-2023-MMPU/GM, que condiciona la entrega a previa rendición y conformidad, encontrándose certificada al 100 %.
No obstante a lo informado, es preciso tener presentes documentos de pago adjuntos correspondientes al año fiscal 2025, de los cuales es posible detallar la siguiente información:
NOTAS DE PAGO AÑO FISCAL 2025 SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR UN MONTO DE 1 UIT, S/ 5350.00
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2.23. Ahora bien, del cuadro precedente se verifica que no obran en autos la totalidad de las notas de pago SIAF que acrediten la transferencia mensual a favor de los trece (13) centros poblados del distrito de Bagua Grande, durante el periodo de enero a mayo 2025. Así, a modo de ejemplo se observa que, para los centros poblados de Tomocho, Progreso San Antonio, Pueblo Libre, Pona Alta, Collicate, no obra el pago de la transferencia de recursos en el mes de mayo de 2025, del mismo modo respecto del centro poblado de Vista Hermosa en los meses de abril y mayo del mismo año.
2.24. En tanto, en la solicitud de suspensión, el solicitante adjuntó medios probatorios para sustentar sus afirmaciones, sobre este recae, en principio, la carga de la prueba respecto de los hechos que alega. No obstante, frente a la alegación del señor alcalde de que sí se efectuaron todas las transferencias correspondientes, cuando menos, al periodo antes delimitado (enero a mayo de 2025), a favor de los trece (13) CP, correspondía acreditar la realización de dichas transferencias. Sin embargo, como ya se ha determinado anteriormente, no se ha acreditado su realización respecto de la totalidad de los CP. Asimismo, la entidad edil no ha acreditado de manera fehaciente que la falta de entrega obedeció al incumplimiento de la rendición de cuentas por parte de los alcaldes de los CP, conforme a la Directiva 3.4 señalada.
2.25. En ese sentido, corresponde estimar el recurso de apelación interpuesto por el solicitante de la suspensión, al no haberse acreditado el cumplimiento de la obligación prevista en el último párrafo del artículo 133 de la LOM, referida a la transferencia de recursos a los centros poblados; en consecuencia, revocar el acuerdo de concejo impugnado y, reformándolo, declarar fundada la solicitud de suspensión en contra del señor alcalde. Asimismo, en tanto no se advierte que se haya declarado una suspensión anterior impuesta al señor alcalde, corresponde imponer la sanción de suspensión del cargo por sesenta (60) días naturales.
2.26. En ese sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la LOM, el alcalde suspendido deber ser reemplazado por el primer regidor (ver SN 1.4.), por lo que corresponde convocar a don Clever Rodrigo Grández Rubio, identificado con DNI N° 42484138, a fin de que asuma el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, para lo cual se le otorgará la credencial que lo acredite como tal.
2.27. Asimismo, corresponde convocar a doña Carmen Kateryne Calle Jiménez, identificada con DNI N° 73603718, a fin de que asuma el cargo de regidora del Concejo Provincial de Utcubamba, por el periodo de sesenta (60) días naturales, para lo cual se le otorgará la credencial que la acredite como tal (ver SN 1.4.).
2.28. Dicha convocatoria se realiza según el Acta de Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales Provinciales Electas del 3 de noviembre de 2022, emitida por el Jurado Electoral Especial de Bagua, con motivo de las elecciones Regionales y Municipales 2022.
2.29. La notificación de esta resolución debe diligenciarse según lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.15.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE, POR MAYORÍA
1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por don Diógenes Celis Jiménez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, departamento de Amazonas, en contra del Acuerdo de Concejo N° 3-2026-CM/MPU, del 12 de enero de 2026, que declaró infundada la solicitud de suspensión presentada por don Vilmer Chiclote Paisig, por la causal de incumplimiento de la transferencia de recursos a las municipalidades de centros poblados, prevista en el último párrafo del artículo 133 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
2. Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Vilmer Chiclote Paisig; en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo de Concejo N° 3-2026-CM/MPU, del 12 de enero de 2026; y, REFORMÁNDOLO, declarar fundada la solicitud de suspensión formulada en contra de don Diógenes Celis Jiménez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, departamento de Amazonas, por la causal de incumplimiento de la transferencia de recursos a las municipalidades de centros poblados, prevista en el último párrafo del artículo 133 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
3. DEJAR SIN EFECTO, por el periodo de sesenta (60) días naturales, la credencial otorgada a don Diógenes Celis Jiménez como alcalde de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, departamento de Amazonas, emitida con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
4. CONVOCAR a don Clever Rodrigo Grández Rubio, identificado con DNI N° 42484138, para que asuma provisionalmente, por el periodo de sesenta (60) días naturales, el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, departamento de Amazonas, para lo cual se le otorgará la credencial que lo faculte como tal.
5. CONVOCAR a doña Carmen Kateryne Calle Jiménez, identificada con DNI N° 73603718, a fin de que asuma provisionalmente, por el periodo de sesenta (60) días naturales, el cargo de regidora del Concejo Provincial de Utcubamba, departamento de Amazonas, para lo cual se le otorgará la credencial que la acredite como tal.
6. REMITIR copias de los actuados al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque al cual se encuentra adscrito el abogado Marco Antonio Chafio Quintana, que autoriza la apelación del señor alcalde, por la conducta procesal dilatoria advertida en el considerando 2.19 de la presente resolución, para los fines que estime pertinentes.
7. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado mediante la Resolución N° 0830-2025-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor magistrado Roberto Rolando Burneo Bermejo.
SS.
BURNEO BERMEJO
MAISCH MOLINA
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Mejía Sánchez
Secretaria General (e)
Expediente N° JNE.2026012252
UTCUBAMBA - AMAZONAS - PUNO
SUSPENSION
APELACIÓN
Lima, 12 de octubre de 2026
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO TITULAR DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
En el presente caso, el acalde formula recurso de apelación contra el acuerdo del concejo que lo favorecía, pues declaró infundada la solicitud de suspensión, por lo que ese recurso deviene en improcedente por falta de agravio. Por su parte, el solicitante de la vacancia formuló recurso de reconsideración contra ese mismo acuerdo, pero no habiendo apelación, corresponde devolver el expediente para que asuma competencia el órgano pertinente, que no es el JNE, sino el mismo consejo, a quien toca resolver los recursos que no son de alzada, como la reconsideración; por tanto, el Auto N° 01, dictado en esta instancia, que modifica la naturaleza de la reconsideración, sin que exista apelación, es nulo, pues cambia la voluntad recursiva sin sustento.
En virtud de tales fundamentos, MI VOTO es por declarar improcedente la apelación, en consecuencia, Nulo el Auto N° 01, y, devolver los actuados al consejo municipal para que resuelva en forma perentoria el recurso de reconsideración.
SS.
GONZALES BARRÓN
Mejía Sánchez
Secretaria General (e)
1 Publicada el 16 de junio de 2025 en el diario oficial El Peruano.
2 Dispositivo modificado por el artículo 2 de la Ley N° 31079, publicada el 28 de noviembre de 2020.
3 Publicada el 28 de noviembre de 2020 en el diario oficial El Peruano.
4 Aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, publicado el 30 de abril de 2026, en el diario oficial El Peruano.
5 Aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
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