Confirman la Resolución N° 00908-2026- JEE-PUNO/JNE
RESOLUCIóN N° 3517-2026-JNE
Expediente N° ERM.2026038643
PISACOMA - CHUCUITO - PUNO
JEE PUNO (ERM.2026034539)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 1 de setiembre de 2026
VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don Wilfredo Siñani Rivera, personero legal titular de la organización política ASI - Juntos por el Perú (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución N° 00908-2026-JEE-PUNO/JNE, del 20 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Puno (en adelante, JEE), que dispuso la exclusión de don Hernán Calizaya León, candidato a regidor para la Municipalidad Distrital de Pisacoma, provincia de Chucuito, departamento de Puno (en adelante, señor candidato), por incurrir en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (en adelante, Reglamento de la DJHV), así como por encontrarse incurso en el impedimento previsto en el literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
Oído: el informe oral.
PRIMERO. ANTECEDENTES
1.1. A través del Informe N° 000005-2026-MLA-JEEPUNO-ERM2026/JNE, del 17 de julio de 2026, el fiscalizador de hoja de vida adscrito al Jurado Electoral Especial de Puno (en adelante, JEE) comunicó que el señor Hernán Calizaya León, candidato a regidor para la Municipalidad Distrital de Pisacoma, provincia de Chucuito, departamento de Puno, registraba una sentencia condenatoria correspondiente al Expediente N° 00402-2020-13-2301-JR-PE-01, tramitado ante la Corte Superior de Justicia de Tacna. Asimismo, verificó que, en el Rubro V de su Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV), consignó que no tenía información por declarar y que, en el Rubro VI, registró información correspondiente al referido expediente judicial.
1.2. Mediante Resolución N° 00861-2026-JEE-PUNO/JNE, del 18 de agosto de 2026, el JEE dispuso iniciar procedimiento sancionador contra el señor candidato por la presunta infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), así como iniciar, de manera paralela, el trámite de exclusión de oficio a fin de determinar si la sentencia advertida configuraba un impedimento para postular. Para tal efecto, se corrió traslado de los informes de fiscalización y sus anexos al personero legal y al candidato por el plazo de un día calendario.
La referida resolución fue notificada electrónicamente al señor recurrente el 18 de agosto de 2026, conforme se puede ver en el cargo de la Notificación N° 393084-2026-PUNO.
1.3. Posteriormente, mediante el Informe Ampliatorio N° 000010-2026-MLA-JEEPUNO-ERM2026/JNE, se efectuó una verificación adicional respecto de la situación jurídica de la condena. En dicho informe se dejó constancia de que no se contaba con información suficiente para determinar el cumplimiento o extinción de la pena, el pago de la reparación civil y la eventual rehabilitación del señor candidato, motivo por el cual se solicitó información adicional a la Corte Superior de Justicia de Tacna.
1.4. El 21 de agosto de 2026, el señor recurrente presentó los descargos respecto de los extremos materia del procedimiento, en los siguientes términos:
a) Sostuvo que la sentencia penal fue efectivamente consignada en la DJHV, aunque en el Rubro VI y no en el Rubro V, por lo que no existiría una omisión material de información.
b) Alegó que el error en la ubicación de la sentencia no puede equipararse a su ocultamiento, pues la información fue incorporada en la propia DJHV y podía ser conocida y fiscalizada.
c) Señaló que la sentencia impuso inicialmente un año de pena privativa de libertad, pero que esta fue convertida a trescientos sesenta días-multa, equivalentes a S/ 2,790.00, decisión que posteriormente fue confirmada y declarada ejecutoriada.
d) Manifestó que el Informe Ampliatorio no acreditó el incumplimiento de la pena, sino que reconoció que no se contaba con documentación suficiente para determinar el cumplimiento de los días-multa, la extinción de la pena, el pago de la reparación civil y la rehabilitación, por lo que se había solicitado información adicional a la Corte Superior de Justicia de Tacna.
e) Alegó que en la sentencia no se impuso una pena autónoma de inhabilitación, pues la única referencia a esta corresponde a la pretensión punitiva del Ministerio Público.
f) Invocó la Resolución N° 0515-2026-JNE, señalando que el Pleno del JNE habría establecido que la consignación de una sentencia en un rubro distinto de la DJHV no debe ser considerada, por un criterio meramente formalista, como una omisión que active la consecuencia prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP.
g) Respecto del impedimento para postular, sostuvo que la sola existencia de antecedentes penales no permite determinar el estado actual de una condena cuya pena fue convertida, y que debía verificarse oficialmente su cumplimiento, extinción, reparación civil y eventual rehabilitación.
h) Finalmente, invocó las Resoluciones N° 1857-2026-JNE, 1859-2026-JNE y 2580-2026-JNE, alegando que la exclusión no podía sustentarse en la sola ausencia de una resolución de rehabilitación ni en una presunción de vigencia de la condena, por lo que solicitó que se revoque la resolución apelada, se deje sin efecto la exclusión y se disponga la continuidad de la candidatura.
1.5. Mediante la Resolución N° 00908-2026-JEE-PUNO/JNE, del 20 de agosto de 2026, el JEE resolvió excluir al señor candidato, al considerar que incurrió en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP y que, además, se encontraba incurso en el impedimento previsto en el literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM. Dicha decisión se sustentó, en lo pertinente, en los siguientes fundamentos:
a) El señor candidato consignó en el Rubro VI de su DJHV información relacionada con el Expediente N° 00402-2020-13-2301-JR-PE-01; sin embargo, en el Rubro V declaró no tener información por declarar, pese a que en este último corresponde consignar las sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos.
b) El JEE consideró que la sentencia condenatoria recaída en dicho expediente fue emitida por la comisión de un delito doloso y que, aunque inicialmente se impuso un año de pena privativa de libertad, esta fue convertida a trescientos sesenta días-multa, manteniéndose la naturaleza condenatoria de la decisión, la cual posteriormente fue confirmada y declarada ejecutoriada.
c) Consideró que la consignación de la sentencia en un rubro distinto de la DJHV no subsanaba la omisión, debido a que el Rubro V se encuentra destinado específicamente a la declaración de las sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos.
d) Asimismo, señaló que la responsabilidad respecto de la veracidad y completitud de la información consignada en la DJHV corresponde al propio candidato, quien suscribió el Anexo 1 y declaró la veracidad de la información proporcionada.
e) Respecto del impedimento para postular, el JEE consideró acreditada la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso, en la que se impuso pena privativa de libertad, así como la existencia de antecedentes penales registrados oficialmente.
f) Señaló que el último reporte oficial incorporado al expediente, de fecha 19 de agosto de 2026, continuaba informando que el señor candidato registraba antecedentes penales y que no obraba resolución judicial que declarara anulada, dejada sin efecto o rehabilitado al candidato.
g) En consecuencia, el JEE concluyó que, al encontrarse acreditada la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso, con imposición de pena privativa de libertad, y al no haberse acreditado que sus efectos jurídicos hubieran cesado, el señor candidato se encontraba incurso en el impedimento previsto en el literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, concordante con el numeral 28.2 del artículo 28 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales 2026.
SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS
2.1. El señor recurrente cuestiona la resolución apelada, solicitando que se deje sin efecto la exclusión del señor candidato, sobre la base de los siguientes agravios:
a) Sostiene que no existió una omisión material de la sentencia en la DJHV, debido a que esta fue consignada en el Rubro VI, aunque correspondía registrarla en el Rubro V. Por ello, considera que se trata de un error de ubicación y no de un ocultamiento de información.
b) Alega que el JEE aplicó un criterio excesivamente formalista al considerar que la consignación de la sentencia en un rubro distinto configura la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, desconociendo el criterio establecido por el Pleno del JNE en la Resolución N° 0515-2026-JNE.
c) Cuestiona que se haya considerado irrelevante la ausencia de una intención de ocultamiento, señalando que la información de la sentencia sí fue exteriorizada en la DJHV y estuvo disponible para su fiscalización y conocimiento público.
d) Respecto del impedimento para postular, sostiene que el JEE no acreditó de manera suficiente que la condena mantuviera vigentes sus efectos jurídicos al momento de la evaluación, pues infirió su vigencia a partir de la ausencia de prueba sobre el cese de sus efectos.
e) Señala que el Informe Ampliatorio N° 000010-2026-MLA-JEEPUNO-ERM2026/JNE dejó constancia de que no se contaba con información suficiente para determinar el cumplimiento o extinción de la pena, el pago de la reparación civil y la existencia de rehabilitación, por lo que correspondía completar dicha verificación ante la Corte Superior de Justicia de Tacna.
f) Afirma que la existencia de antecedentes penales no permite, por sí sola, establecer la situación jurídica actual de una condena cuya pena fue convertida a días-multa, por lo que debía verificarse el estado de ejecución de la pena y la eventual rehabilitación del candidato.
g) Invoca las Resoluciones N° 1857-2026-JNE, 1859-2026-JNE y 2580-2026-JNE, alegando que el JEE tenía el deber de realizar una verificación oficial suficiente respecto de la vigencia actual del impedimento y que, ante la insuficiencia de información, no correspondía disponer la exclusión.
h) Finalmente, invoca los derechos de participación política y a ser elegido, así como los principios de conservación del voto y pro participación, sosteniendo que una exclusión fundada en un defecto de ubicación de la información y en un impedimento cuya vigencia no habría sido suficientemente acreditada vulnera tales derechos. En consecuencia, solicita que se revoque la resolución apelada, se deje sin efecto la exclusión y se disponga la continuidad de la candidatura.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución Política del Perú
1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del JNE, la administración de justicia en materia electoral.
En la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones
1.2. El artículo III del Título Preliminar, referido a los principios generales, contempla:
Artículo III. Principio de transparencia
Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.
En la LOP
1.3. En el numeral 23.5 del artículo 23 se establece lo siguiente:
Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias
[…]
23.5 La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.
[…]
1.4. En concordancia con ello, el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 del mismo dispositivo legal determina:
23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:
[…]
5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
En la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales
1.5. El literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 establece lo siguiente
Artículo 8.- Impedimentos para postular
8.1 Artículo 8.- Impedimentos para postular
[…]
g) Las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. En el caso de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual; el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas.
En el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales 2026
1.6. El numeral 28.2 del artículo 28 establece:
Artículo 28.- Requisitos e impedimentos para ser candidatos
[…]
28.2 No estar incurso en los impedimentos establecidos en los artículos 33 y 34-A de la Constitución Política del Perú, o en los impedimentos regulados en el artículo 8 de la LEM, salvo que se hayan presentado las renuncias o solicitudes de licencia precisadas en el citado artículo, en caso corresponda; o en el impedimento previsto en el artículo 29 de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
1.7. Los numerales 41.1 y 41.3 del artículo 41 prescriben:
Artículo 41.- Exclusión de candidato
[…]
41.1 El JEE dispone la exclusión de un candidato de la fórmula o de la lista de la que forme parte hasta un (1) día antes de la fecha fijada para la elección cuando tome conocimiento de que contra este se ha impuesto:
a. Condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad;
[…]
41.3 El JEE dispone la exclusión de un candidato por omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato.
En el Reglamento de la DJHV
1.8. El artículo 6 preceptúa lo siguiente:
Artículo 6.- Datos de la DJHV
La DJHV debe registrar los siguientes datos:
[…]
j. Relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, o si no las tuviera.
1.9. El artículo 15 dicta:
Artículo 15.- Infracción contemplada en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP
En atención a lo prescrito en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, la omisión de la información referida a la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la citada ley, da lugar al retiro de dicho candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección.
El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de inscripción de la formula y lista de candidatos.
En caso de que se hubiera excluido al candidato o de que hubiera trascurrido el plazo para excluirlo, y se hubiese verificado la omisión prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se remiten los actuados al Ministerio Público.
1.10. El artículo 22 contempla:
Artículo 22.- Determinación de la infracción y el retiro o exclusión del candidato
22.1. El JEE califica el informe del SFHV y los anexos en el término de un (1) día calendario.
22.2. De considerar que los hechos descritos configuran la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, el JEE, mediante resolución, dispone el inicio del procedimiento sancionador y corre traslado de los actuados al personero legal de la organización política para que efectúe los descargos en el término de un (1) día calendario, asimismo se corre traslado de los actuados al candidato aludido a fin de que brinde la información que estime pertinente dentro del mismo plazo. Esta resolución es inimpugnable.
Se notificará al candidato aludido mediante casilla electrónica, por ello es su responsabilidad haber generado la misma.
La notificación del traslado se realiza de conformidad con el artículo 30 del presente reglamento. Si al calificar el informe, los hechos descritos no configuran la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, el JEE dispone, mediante resolución motivada, el archivo del expediente. Esta resolución es inimpugnable.
22.3. Vencido el plazo, con los descargos o sin ellos y en el término no mayor a tres (3) días calendarios, el JEE, sin audiencia pública, se pronuncia sobre la existencia o no de la infracción.
22.4. La resolución que impone una sanción de exclusión puede ser apelada dentro del plazo de tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el portal electrónico institucional del JNE.
22.5. Contra lo resuelto por el Pleno del JNE no procede la interposición de recurso impugnatorio alguno.
En la jurisprudencia del JNE
1.11. En la Resolución N° 3016-2022-JNE, del 24 de agosto de 2022, se sostuvo:
2.2. En reiterada jurisprudencia, este órgano electoral estableció que las DJHV de los candidatos son una herramienta sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto con el acceso a estas se procura que el elector pueda emitir su voto de manera responsable, racional y sustentada en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas.
2.3. Así, las DJHV contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo que se requiere no solo optimizar la transparencia de estas, sino también que se establezcan mecanismos de control y verificación, como los procedimientos de tacha y exclusión, que aseguren que la información contenida en la DJHV sea veraz (ver SN 1.3.), con el fin de disuadir a los candidatos de omitir el registro de información trascendente o de registrar datos falsos en dichos documentos.
1.12. En la Resolución N° 2668-2022-JNE, del 10 de agosto de 2022, se señaló:
2.5. Dicho ello, resulta pertinente indicar que, de acuerdo con las normas electorales vigentes, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de extraer, incorporar y publicar la información de los registros públicos que esté relacionada con cada uno de los candidatos, en tanto esto sea posible; también existe la obligación por parte de los candidatos de consignar en sus declaraciones toda aquella información que no pueda ser cargada o extraída automáticamente de los registros públicos proporcionados a este organismo electoral, tal como lo dispone el artículo 9 del Reglamento de DJHV. (ver SN 1.6.).
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales1 (en adelante, Reglamento)
1.13. El artículo 14 contempla lo siguiente:
Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros). […]
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1. De los antecedentes expuestos, corresponde analizar si la exclusión del señor candidato se encuentra conforme a derecho, considerando que la parte recurrente cuestiona la configuración de la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP y la subsistencia del impedimento previsto en el literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, alegando, respecto de este último, que no se verificó de manera suficiente la situación jurídica actual de la condena, su cumplimiento, extinción, el pago de la reparación civil y la eventual rehabilitación del candidato; asimismo, sostiene que no existió una omisión material de la sentencia en la DJHV, pues esta fue consignada en el Rubro VI, aunque no en el Rubro V.
2.2. Ahora bien, respecto a la importancia de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas (ver SN 1.11.).
2.3. Así, estas coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también implementar mecanismos que aseguren que se registre toda la información solicitada y la veracidad de su contenido. Esto acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general -como las sanciones de exclusión de candidatos y multas- que disuadan de omitir información relevante o consignar datos falsos en sus declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
2.4. De autos se advierte que, mediante el Informe N° 000005-2026-MLA-JEEPUNO-ERM2026/JNE, el fiscalizador adscrito al JEE verificó, con base en la documentación remitida por el Poder Judicial, que el señor candidato registra una sentencia condenatoria por delito doloso recaída en el Expediente N° 00402-2020-13-2301-JR-PE-01; asimismo, se advierte que dicha información fue consignada en el Rubro VI de su DJHV, mas no en el Rubro V, en el cual declaró no tener información por declarar.
2.5. Asimismo, de la revisión de la DJHV del candidato se advierte que este consignó en el Rubro VI información correspondiente al Expediente N° 00402-2020-13-2301-JR-PE-01, señalando que había sido condenado y que la pena impuesta había sido convertida; sin embargo, en el Rubro V declaró no tener información por declarar. En consecuencia, corresponde determinar si dicha consignación en un rubro distinto permite considerar cumplido el deber de declaración previsto en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, o si, por el contrario, configura la omisión imputada.
2.6. Frente a ello, la parte recurrente sostiene que la consignación de la sentencia en un rubro distinto de la DJHV obedeció a un error de buena fe, pues el candidato había declarado la existencia de dicha sentencia, aunque en el Rubro VI, y consideró que tal consignación permitía tener por exteriorizada la información objeto de fiscalización. En ese sentido, sostiene que no existió intención de ocultar la condena ni de inducir a error al electorado.
2.7. En ese sentido, el hecho de que la parte recurrente alegue que la pena habría sido cumplida, que se habría efectuado el pago de la reparación civil y que el candidato se encontraría rehabilitado no acredita, por sí mismo, dichas circunstancias. En consecuencia, corresponde verificar si en los actuados obra documentación oficial que permita acreditar el cumplimiento o extinción de la pena y la rehabilitación del señor candidato.
2.8. En el mismo sentido, tampoco resulta atendible el argumento de que la consignación de la sentencia en un rubro distinto se habría producido por considerar que, al encontrarse cumplida la pena, cancelada la reparación civil y rehabilitado el candidato, ya no existía información que declarar, pues tales circunstancias no han sido acreditadas mediante documentación oficial que permita verificar su existencia. Al respecto, la ausencia de intención de ocultamiento alegada por la parte recurrente no desvirtúa la obligación de consignar la sentencia en el rubro específicamente previsto para ello.
2.9. En cuanto a la invocación de la Resolución N° 0515-2026-JNE, corresponde precisar que dicho pronunciamiento no puede ser aplicado de manera automática, sino atendiendo a las circunstancias concretas que fueron objeto de decisión. En el presente caso, si bien el señor candidato consignó información relacionada con la sentencia en el Rubro VI de su DJHV, en el Rubro V declaró expresamente no tener información por declarar, pese a que este es el rubro destinado a registrar las sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos. Por tanto, la consignación de la sentencia en un rubro distinto no permite, por sí misma, tener por cumplida la obligación específica prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP.
2.10. En efecto, conforme se desprende de los actuados, la información consignada en la DJHV es de responsabilidad del propio candidato, quien debe garantizar la veracidad y completitud de su contenido mediante la suscripción del documento correspondiente. En ese sentido, aun cuando el registro de la información se efectúe a través del sistema habilitado por el órgano electoral, ello no exime al candidato de verificar que la DJHV contenga todos los datos cuya declaración resulta obligatoria antes de su presentación, ni desvirtúa la responsabilidad que la normativa electoral le atribuye respecto de la información declarada.
2.11. Respecto del impedimento previsto en el literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, corresponde determinar si, a la fecha de evaluación de la candidatura, el señor candidato se encontraba comprendido en dicho impedimento, para lo cual debe considerarse la existencia de una sentencia consentida o ejecutoriada por delito doloso, la naturaleza de la pena impuesta y si se encuentra acreditada documentalmente alguna circunstancia que determine el cese de sus efectos jurídicos.
2.12. En el presente caso, de los actuados se advierte que la sentencia recaída en el Expediente N° 00402-2020-13-2301-JR-PE-01 impuso al señor candidato inicialmente una pena privativa de libertad, la cual posteriormente fue convertida a trescientos sesenta días-multa. Asimismo, no obra en autos resolución judicial que acredite la rehabilitación del señor candidato ni documento oficial que permita establecer que los efectos jurídicos de la condena hayan cesado al momento de la evaluación de la candidatura.
2.13. Asimismo, del Informe Ampliatorio N° 000010-2026-MLA-JEEPUNO-ERM2026/JNE se advierte que no se contaba con información suficiente para determinar el cumplimiento de la pena, la extinción de la condena, el pago de la reparación civil y la rehabilitación del señor candidato, por lo que se solicitó información adicional a la Corte Superior de Justicia de Tacna.
2.14. En ese sentido, al no haberse acreditado mediante documentación oficial el cumplimiento o extinción de la pena, el pago de la reparación civil ni la rehabilitación del señor candidato, no corresponde tener por acreditado el cese de los efectos jurídicos de la condena. Por el contrario, al encontrarse acreditada la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso, corresponde considerar que el señor candidato se encuentra comprendido en el impedimento previsto en el literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM.
2.15. En consecuencia, al no haberse acreditado mediante documentación oficial el cumplimiento o extinción de la pena ni la rehabilitación del señor candidato, y encontrándose acreditada la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso, corresponde confirmar que se encuentra comprendido en el impedimento previsto en el literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM. Por tanto, corresponde confirmar la resolución impugnada en este extremo.
2.16. En cuanto a la infracción vinculada con la DJHV, se encuentra acreditado que el señor candidato consignó información relativa a la sentencia en el Rubro VI, aunque en el Rubro V declaró no tener información por declarar. En consecuencia, si bien la sentencia fue incorporada en la DJHV, no fue registrada en el rubro específicamente destinado a las sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos, por lo que corresponde determinar si dicha circunstancia configura la omisión prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP.
2.17. Al respecto, el hecho de que la información de la sentencia haya sido consignada en el Rubro VI permite advertir que esta fue exteriorizada en la DJHV; sin embargo, ello no desvirtúa que el candidato tenía el deber de consignarla en el Rubro V, conforme a la estructura y finalidad de dicho documento. En ese sentido, la ubicación de la información en un rubro distinto no puede ser equiparada al cumplimiento de la obligación específica establecida en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP.
2.18. Asimismo, la alegada ausencia de intención de ocultamiento no resulta suficiente para desvirtuar la obligación de consignar la sentencia en el Rubro V de la DJHV, pues el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP establece como consecuencia jurídica la omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del mismo artículo.
2.19. Ahora bien, respecto de la Resolución N° 0515-2026-JNE, corresponde señalar que en dicho pronunciamiento este Supremo Tribunal Electoral consideró que, cuando la sentencia condenatoria ha sido consignada en un rubro distinto de la DJHV, la exclusión del candidato por no haberla registrado en el Rubro V puede constituir un criterio excesivamente formalista, atendiendo a las circunstancias particulares del caso.
2.20. En el presente caso, si bien el señor candidato consignó en el Rubro VI de su DJHV información correspondiente al Expediente N° 00402-2020-13-2301-JR-PE-01, en el Rubro V declaró no tener información por declarar. Asimismo, a diferencia del caso resuelto mediante la Resolución N° 0515-2026-JNE, en los actuados no obra resolución judicial que acredite la rehabilitación del señor candidato ni documentación oficial que permita establecer que los efectos jurídicos de la condena hubieran cesado. Por tanto, las circunstancias particulares del presente caso no permiten aplicar el criterio establecido en dicho pronunciamiento para considerar cumplida la obligación prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP.
2.21. En atención a los fundamentos desarrollados y de la revisión integral de los actuados, corresponde declarar INFUNDADO el recurso de apelación y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 00908-2026-JEE-PUNO/JNE, del 20 de agosto de 2026, que dispuso la exclusión del señor candidato por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP y por encontrarse comprendido en el impedimento previsto en el literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM.
2.22. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.13.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con los votos en minoría de los magistrados Martha Elizabeth Maisch Molina y Gunther Hernán Gonzáles Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE EN MAYORÍA
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Wilfredo Siñani Rivera, personero legal titular de la organización política ASI - Juntos por el Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 00908-2026-JEE-PUNO/JNE, del 20 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Puno, que dispuso la exclusión de don Hernán Calizaya León, candidato a regidor para la Municipalidad Distrital de Pisacoma, provincia de Chucuito, departamento de Puno, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, y por encontrarse incurso en el impedimento previsto en el literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor magistrado Roberto Rolando Burneo Bermejo.
SS.
BURNEO BERMEJO
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026038643
PISACOMA - CHUCUITO - PUNO
JEE PUNO (ERM.2026034539)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 1 de setiembre de 2026
EL VOTO EN MINORÍA DE LA SEÑORA MAGISTRADA MARTHA ELIZABETH MAISCH MOLINA, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Con el debido respeto a la posición asumida por la mayoría del Pleno, que declaró INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Wilfredo Siñani Rivera, personero legal titular de la organización política ASI - Juntos por el Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 00908-2026-JEE-PUNO/JNE, del 20 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Puno, que dispuso la exclusión de don Hernán Calizaya León, candidato a regidor para la Municipalidad Distrital de Pisacoma, provincia de Chucuito, departamento de Puno, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, y por encontrarse incurso en el impedimento previsto en el literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026; emito el presente voto en minoría, con base en las razones que se exponen a continuación:
1. El Jurado Nacional de Elecciones es un órgano constitucional autónomo que ejerce función jurisdiccional en materia electoral. En tal condición, administra justicia electoral con sujeción estricta a la Constitución y a la ley, aprecia los hechos con criterio de conciencia y resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho.
2. La Constitución Política reconoce a las personas el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación, teniendo también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
3. En el presente caso, se encuentra acreditado que el candidato Hernán Calizaya León registra una sentencia en el marco del Expediente N° 00402-2020-13-2301-JR-PE-01 por la comisión del delito de lesiones leves por violencia familiar. Sobre el particular, si bien dicha condena no fue registrada formalmente en su totalidad en el Rubro V (Relación de Sentencias), este Pleno advierte que el candidato sí proporcionó información y elementos objetivos sobre la misma en el rubro VI de su DJHV, aportando datos fehacientes que debieron motivar la verificación de oficio por parte del Jurado Electoral Especial.
4. En ese sentido, no advirtiéndose una omisión maliciosa, pero existiendo la necesidad de dilucidar la vigencia o eventual cumplimiento de la referida condena, corresponde disponer que, de modo previo a proseguir con el trámite de la candidatura, el JEE verifique si la referida sentencia configura o no un impedimento de postulación.
Por estos fundamentos, mi VOTO es por declarar FUNDADO el recurso de apelación; en consecuencia, NULA la Resolución N° 00908-2026-JEE-PUNO/JNE, del 20 de agosto de 2026; y DISPONER que, previamente a la continuación del trámite correspondiente respecto del candidato, se verifique que la sentencia recaída en el 00402-2020-13-2301-JR-PE-01 por la comisión del delito de lesiones leves por violencia familiar; no constituya un impedimento para su candidatura.
S.
MAISCH MOLINA
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026038643
PISACOMA - CHUCUITO - PUNO
JEE PUNO (ERM.2026034539)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 1 de setiembre de 2026
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE
Con el debido respeto a la posición asumida por la mayoría del Pleno, discrepo de la decisión que declara infundado el recurso de apelación interpuesto por don Wilfredo Siñani Rivera, personero legal titular de la organización política ASI - Juntos por el Perú, en consecuencia, confirma la Resolución N° 00908-2026-JEE-PUNO/JNE, del 20 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Puno, que dispuso la exclusión de don Hernán Calizaya León, candidato a regidor para la Municipalidad Distrital de Pisacoma, provincia de Chucuito, departamento de Puno, por incurrir en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, así como por encontrarse incurso en el impedimento previsto en el literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
DERECHO CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA
1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (art. 31 Constitución), por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede significar que la norma sea desproporcionada o irrazonable.
2. En efecto, “La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” (Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, c. 206).
ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES
3. Pues bien, la LOP (art. 23.5) establece que la omisión en la declaración de sentencias condenatorias firmes, incluso con reserva de fallo, produce la exclusión del candidato. La citada norma cumple la reserva de ley orgánica; no es discriminatoria, pues se aplica a toda persona que se encuentre en la misma situación; cumple un propósito útil, en tanto permite que la ciudadanía cuente con información relevante para su toma de decisiones; pero la pregunta que sigue es si resulta necesaria para resguardar el fin legítimo antes señalado, o si, por el contrario, existen medidas alternativas que sean menos gravosas para el derecho fundamental y que logren la misma finalidad.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado: “la necesidad de contar con una justicia electoral tuitiva, y puso de relieve que el JNE debe ejercer sus competencias privilegiando el derecho fundamental a la participación política; y que, para tal fin, debe utilizar los mecanismos jurídicos a su disposición, tales como el control difuso de constitucionalidad y el test de proporcionalidad de derechos, cuando corresponda. Más aún cuando, en los hechos, dicho órgano termina siendo el guardián principal de este derecho fundamental, en la medida en que los pronunciamientos judiciales posteriores llegan, generalmente, en forma tardía, cuando se ha configurado la sustracción de la materia y la irreparabilidad de los derechos” (Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, concordante con STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36)
4. La declaración jurada es un instrumento de transparencia por el que la ciudadanía puede ejercer un voto informado (fin legítimo), y, bajo esa premisa, la LOP ha establecido casos en los que la omisión de informar sobre circunstancias personales determina la exclusión del candidato (consecuencia más gravosa para el derecho de ser elegido, pues le impide de plano esa posibilidad). Sin embargo, la finalidad de transparencia puede lograrse en la misma medida, con medidas menos lesivas para el derecho fundamental, tal como la adecuada publicidad de la sentencia condenatoria mediante el sistema de anotaciones marginales en la declaración del candidato, lo cual podría realizarse con el informe de fiscalización, por lo que la ciudadanía tendría la información a su alcance, además de llamadas o íconos en la página web del JNE respecto a los “infractores” de la transparencia, sin perjuicio de otras medidas complementarias (administrativo sancionador y/o penal). En consecuencia, bajo el esquema planteado, el derecho de ser elegido (art. 31 Constitución) podría mantenerse; mientras el fin de conocer las sentencias condenatorias también se logra con la misma eficacia de la declaración jurada (publicidad), pero, claro está, la omisión produciría otras consecuencias, tales como una publicidad negativa (ícono de infractores), económicas y penales. La conclusión es que la exclusión no es necesaria para resguardar el fin de poner en conocimiento las sentencias de condena penal.
5. En el caso concreto, la cuestión controvertida se centra en determinar la consecuencia jurídica de la omisión de informar una sentencia condenatoria firme o con reserva de fallo condenatorio, pues, si bien el art. 23.5 LOP establece la exclusión del candidato como única alternativa, sin embargo, ello no resiste el test de proporcionalidad conforme los términos antes planteados, pues la restricción no es necesaria para lograr el fin legítimo en un Estado Democrático de Derecho, por lo que corresponde realizar el control difuso de esa norma, con la consiguiente inaplicación en este caso, bajo la premisa que el JNE constituye un tribunal supremo electoral, que ejerce funciones jurisdiccionales, por lo que se incluye en la hipótesis del art. 138 Constitución (Pleno TC. Sentencia 171-2025, f. 19).
Es más, cabe observar en este caso, una incoherencia valorativa del sistema jurídico electoral en general, pues la sentencia condenatoria firme del postulante no le impediría participar en la contienda electoral, por efecto de la rehabilitación; por tanto, si sentencia por delito (hecho) no produce exclusión ni impedimento -sin prejuzgar gravedad, circunstancias, tiempo u oportunidad-, entonces tampoco podría producirlo la falta de “declaración” de ese mismo delito (omisión de información), con lo que se llegaría a la paradoja que la “declaración de un hecho” (o su ausencia) resulta más grave que el “hecho” mismo, lo cual constituye una incoherencia que reafirma la conclusión de que el art. 23.5 LOP no es constitucional.
SUBSISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN REFERENTES A CONDENAS PENALES
6. El control difuso de constitucionalidad que descarta el art. 23.5 LOP no elimina los diversos impedimentos de postulación referentes a condenas penales, que se mantienen subsistentes, tales como los siguientes:
6.1 Personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por comisión de delito doloso (art. 34-A Constitución). Es necesario señalar que esta restricción opera en el ámbito estricto de la postulación, esto es, hasta el momento de la inscripción definitiva del candidato, conforme el indicado texto normativo. Luego de ello, por efecto de la preclusión electoral (art. XI título preliminar LOE), una posterior sentencia condenatoria en primera instancia, sin firmeza, no produce el efecto jurídico de impedimento, sino que se requiere la sentencia firme para efecto de producir la exclusión.
6.2 Personas condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso (art. 8.1.g LEM y art. 14.5.f LER), en el que se admite la rehabilitación del condenado para eliminar los efectos negativos de la pena, pues la sobrevivencia del impedimento en ciertos tipos penales, incluso con rehabilitación, según Ley 30717 (arts. 1, 2, 3) fue declarado inconstitucional (Exp. N° 00005-2020-PI/TC).
6.3 Personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, “aun cuando hubieran sido rehabilitados” (art. 8.1.h LEM y art. 14.5.g LER).
7. La gravedad de una sanción que se impone por tiempo indefinido, según la hipótesis prevista en el c. 6.3 precedente, exige que se realice un control de constitucionalidad:
En primer lugar, los derechos y libertades fundamentales se interpretan conforme los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú (Cuarta Disposición Final y Transitoria Constitución), por lo que, los derechos políticos deberán entenderse según el art. 23 Convención Americana de Derechos Humanos, concordante con la interpretación realizada por la Corte Interamericana, de cuyo mérito se interpreta que toda restricción del derecho a ser elegido debe basarse en la ley, no ser discriminatoria, sustentarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Caso Yatama vs. Nicaragua). En este contexto, el impedimento de postulación, si bien basada en una ley, sin embargo, solo se produce en ciertos delitos, ni siquiera en los más graves, pero no en muchos otros que producen mayor afectación a los diversos bienes jurídicos protegidos, por lo que se trata de una disposición discriminatoria, contraria al principio de igualdad, y no justificada, en cuanto no se sustenta en criterios razonables; por tanto, constituye una disposición restrictiva no compatible con la Constitución (art. 31) y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23).
En segundo lugar, una pena indefinida o perpetua tampoco se adecua con la finalidad resocializadora de cualquier sanción penal (art. 139 inc. 22 Constitución), pues la comisión de un delito se convertiría en un lastre, tacha o mancha vitalicia, una especie de “muerte civil”, sin posibilidad de recuperar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, pese a la rehabilitación ya lograda, lo que no puede ser compatible con la dignidad de la persona humana (art. 1 Constitución).
En virtud de lo expuesto, el art. 8.1.h LEM y el art. 14.5.g son directamente contrarios a la Constitución y CADH, por lo que el intento de reducir sus efectos mediante la imposición jurisprudencial de un plazo de vigencia del impedimento -diez años-, según la Res. N° 085-2026-JNE, no es suficiente para lograr la compatibilidad, pues extiende una condena más allá de su vigencia; por tanto, la única alternativa jurídica consiste en inaplicar totalmente dicha disposición en el caso concreto, según la potestad de control difuso de la constitucionalidad (arts. 138 y 181 Constitución, concordante con doctrina del Tribunal Constitucional expresada por Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, y antes STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36).
8. La inaplicación del mandato contenido en el art. 23.5 LOP no impide que el sistema electoral utilice los instrumentos de la tacha y exclusión para fines de detectar candidatos incursos en causales de impedimento, sea por condenas penales vigentes o condenas en primera instancia al momento de la postulación.
CONCLUSIÓN
9. La resolución apelada es nula, en tanto se ha excluido un postulante por una causal no compatible con la Constitución, pero igual corresponde que se evalúen las situaciones legales de impedimento basadas en sentencias penales, máxime cuando existe un Informe de Fiscalización, que se presume cierto, o solicitud de tacha, por lo que el postulante tendrá que desvirtuarlo en el plazo perentorio e improrrogable de un día para efecto de acreditar la rehabilitación u otra causa de pérdida de vigencia de la condena, y, luego, corresponderá emitir la decisión respectiva.
En virtud de tales consideraciones, MI VOTO es por declarar FUNDADA la apelación, por tanto, NULA la resolución recurrida, y, OTORGAR un día al recurrente para formular descargo en el plazo de un día, luego de ello, con lo actuado, el JEE deberá emitir en forma inmediata un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos antes indicados.
SS.
GONZALES BARRÓN
Clavijo Chipoco
Secretaria General
1 Aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
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