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Fecha de publicación: 17/11/2026
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Confirman la Resolución N° 1164-2026-JEE-CPOR/JNE

RESOLUCIóN N° 3045-2026-JNE

Expediente N° ERM.2026029360

IPARÍA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

JEE DE CORONEL PORTILLO (ERM. 2026026903)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026

APELACIÓN

Lima, 12 de agosto de 2026

VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don Aníbal Abraham Acosta Paima, personero legal titular de la organización política Partido Democrático Somos Perú (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución N° 1164-2026-JEE-CPOR/JNE del 15 de julio de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo (en adelante, JEE), que declaró fundada la tacha interpuesta en contra de don Belisario Quinteros Vargas, candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital de Iparía, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali (en adelante, señor candidato), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Oído: el informe oral

PRIMERO. ANTECEDENTES

1.1. Mediante la Resolución N° 01051-2026-JEE-CPOR/JNE, del 7 de julio de 2026, recaída en el Expediente N° ERM.2026014137, el JEE admitió la lista de candidatos presentada por la organización política Partido Democrático Somos Perú (en adelante, OP) para la Municipalidad Distrital de Iparía, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, en el marco de las ERM 2026, incluyendo al señor candidato. Dicho pronunciamiento fue publicado en el portal institucional y notificado a la casilla electrónica del personero legal de la OP, el 8 del mismo mes y año.

1.2. El 9 de julio de 2026, doña Brisilda Canayo Ramírez (en adelante, señora solicitante) interpuso tacha en contra del señor candidato, sustentándola, esencialmente, en que este habría vulnerado el artículo 34-A de la Constitución; toda vez que, de acuerdo con el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida, se advierte que el señor candidato indicó tener una sentencia con Expediente N° 03028-2014-43-2402-JR-PE-02, con sentencia firme, de fecha 12 de setiembre de 2024, emitida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Coronel Portillo, por el delito de colusión, con sentencia firme, de fecha 20 de julio de 2025, emitida por la Primera Sala Penal de Apelación en Adición Liquidadora, por el delito de colusión simple y con fallo condenado; por ello, estaría impedido de postular a un cargo de elección popular.

1.3. En mérito de lo expuesto, mediante la Resolución N° 1114-2026-JEE-CPOR/JNE, del 11 de julio de 2026, el JEE admitió a trámite la tacha respecto del señor candidato y corrió traslado al personero legal titular de la OP para que formule los descargos correspondientes.

1.4. A través del escrito presentado, el 15 de julio de 2026, la OP solicitó que se declare improcedente la tacha interpuesta en contra de la candidatura del señor candidato, al sostener que no se habría acreditado el cumplimiento íntegro de las publicaciones exigidas por el numeral 34.3 del artículo 34 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de Inscripción), en particular, la publicación de la lista de candidatos admitida en la sede de la Municipalidad Distrital de Iparía; por consiguiente, conforme al numeral 34.3 del citado reglamento, no se habría iniciado válidamente el plazo para la interposición de tachas, por lo que la solicitud habría sido presentada de manera anticipada.

1.5. Por medio de la Resolución N° 1164-2026-JEE-CPOR/JNE, del 15 de julio de 2026, el JEE declaró fundada la tacha interpuesta en contra del señor candidato, al considerar que se cumplió con todos los supuestos señalados en el artículo 34-A de la Constitución, pues el señor candidato cuenta con una sentencia condenatoria en primera instancia, el cual lo cataloga de autor y que este haya actuado de forma dolosa. Asimismo, la mera interposición de apelación o de acciones de amparo no desvirtúan lo ya establecido en la sentencia, por lo que declararía fundada la tacha interpuesta en contra del señor candidato.

SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS

2.1. El 20 de julio de 2026, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la mencionada resolución, argumentando, lo siguiente:

a) El JEE interpretó aisladamente el numeral 36.4 del artículo 36 del Reglamento de Inscripción como un plazo inflexible, sin realizarlo sistemáticamente en conjunto con el artículo 38, que permitía diferir razonablemente la decisión dentro del plazo máximo legal para resolver con pleno conocimiento de las circunstancias relevantes.

b) El JEE aplicó, de manera formalista y desproporcionada, las normas procedimentales, privilegiando la celeridad sobre la protección efectiva del derecho fundamental de participación política, pese a que el diferimiento no afectaba el cronograma electoral ni la seguridad jurídica.

c) El JEE calificó erróneamente como extemporáneo el escrito, del 15 de julio de 2026, aunque este no ampliaba los descargos, sino que planteaba autónomamente la improcedencia de la tacha por el posible incumplimiento de procedimiento de publicación previsto en el artículo 34 del Reglamento de Inscripción.

d) El JEE vulneró el deber de motivación al rechazar por extemporáneo el escrito, del 15 de julio de 2026, sin explicar su calificación como ampliación de descargos ni analizar la naturaleza y relevancia del cuestionamiento sobre la regularidad del procedimiento de publicación.

e) Solicita que se declare fundado su recurso de apelación y se revoque la resolución apelada, en consecuencia, se admita la inscripción del señor candidato.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)

En la Constitución Política del Perú

1.1. El numeral 17 del artículo 2 precisa que toda persona tiene derecho “[a] participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum”.

1.2. El artículo 31 establece que “[l]os ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica”.

1.3. El artículo 34-A de la Constitución dispone: “Están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”. Esta disposición configura un impedimento autónomo, de fuente constitucional y aplicable a todos los cargos de elección popular.

1.4. Los numerales 3, 4 y 6 del artículo 178 indican lo siguiente:

Artículo 178. Compete al Jurado Nacional de Elecciones:

[…]

3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral.

4. Administrar justicia en materia electoral.

[…]

6. Las demás que la ley señala.

1.5. El artículo 181 señala que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.

En la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas

1.6. Los numerales 23.3 y 23.5 del artículo 23 establece que:

Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias

[…]

23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:

5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.

[…]

23.5 La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.

En el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20262

1.7. El artículo 1 dispone:

Artículo 1.- Objeto

Establecer el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida que deben presentar los personeros legales de las organizaciones políticas conforme a la información brindada por los candidatos, el cual debe ser llenado, en cumplimiento del numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y registrado en el sistema informático del Jurado Nacional de Elecciones.

[…]

1.8. El artículo 5 refiere que:

Artículo 5.- Definiciones

A efectos del presente reglamento, se consideran las siguientes definiciones:

[…]

5.9. Infracción: Es determinada en primera instancia por el JEE ante la verificación de:

a) La omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP. En este caso, no es de aplicación la sanción de multa, sino da lugar al retiro o exclusión del candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección.

[…]

1.9. El artículo 15 menciona lo siguiente:

Artículo 15. Infracción contemplada en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP

En atención a lo prescrito en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, la omisión de la información referida a la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la citada ley, da lugar al retiro de dicho candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección.

[…]

En el Reglamento de Inscripción

1.10. El artículo 28 señala lo siguiente:

Artículo 28.- Requisitos e impedimentos para ser candidatos

[…]

28.2 No estar incurso en los impedimentos establecidos en los artículos 33 y 34-A de la Constitución Política del Perú, o en los impedimentos regulados en el artículo 8 de la LEM, salvo que se hayan presentado las renuncias o solicitudes de licencia precisadas en el citado artículo, en caso corresponda; o en el impedimento previsto en el artículo 29 de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

1.11. El artículo 35 menciona lo siguiente:

Artículo 35.- Interposición de tachas

Dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la publicación a que se refiere el artículo 34 del presente reglamento, cualquier ciudadano inscrito en el Reniec y con sus derechos vigentes puede interponer tacha contra la lista de candidatos o contra uno o más de los candidatos que la integren.

Las tachas deben fundamentarse en el escrito respectivo, señalando las infracciones a la Constitución y a las normas electorales, y acompañando las pruebas y requisitos correspondientes.

1.12. El artículo 37 determina:

Artículo 37.- Efectos de la tacha

37.1 Si la tacha se declarara fundada, las organizaciones políticas pueden reemplazar al candidato hasta la fecha límite de presentación de las solicitudes de inscripción de listas según el cronograma electoral, no habiendo posibilidad de reemplazo alguno después de esa fecha. El candidato reemplazante debe satisfacer los requisitos de ley para la inscripción de su candidatura.

37.2 La tacha que se declare fundada respecto de uno o más candidatos de una lista no invalida la inscripción de los demás candidatos, quienes participan en la elección como si integrasen una lista completa. Tampoco resulta inválida la inscripción de la lista si, por efecto de la tacha, esta no mantiene la paridad de género, alternancia o cuotas.

37.3 Cuando la resolución que declare fundada la tacha quedara consentida o firme, quien haya formulado la tacha puede solicitar la devolución del monto de la respectiva tasa según el procedimiento establecido por el JNE. Esta devolución no incluye los montos que se hayan abonado por otros conceptos.

1.13. El artículo 41 señala:

Artículo 41.- Exclusión de candidato

[…]

41.3 El JEE dispone la exclusión de un candidato por omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato.

De interponerse recurso de apelación contra lo resuelto por el JEE, se procede conforme a los artículos 43 y 44 del presente reglamento. En caso de concederse el recurso, el JNE resuelve en instancia final y definitiva.

En la jurisprudencia del JNE

1.14. En los considerandos 2.5 al 2.7. de la Resolución N° 2876-2022-JNE del 21 de agosto de 2022, este Supremo Tribunal Electoral precisó:

[…]

2.5. En cuanto a lo alegado por el señor recurrente, cabe precisar que la declaración de una sentencia como no pronunciada es un régimen excepcional, al cual se accede bajo ciertas condiciones; de tal manera que el otorgamiento de esta, per se, no significa que nunca haya existido. Dicha figura jurídica de “condena no pronunciada” hace referencia únicamente a la liberación del candidato del cumplimiento de la condena, pero no significa, en modo alguno, que no haya existido juzgamiento ni mucho menos que no se haya emitido la sentencia condenatoria.

2.6. En ese sentido, la norma no exime a los candidatos de la obligación de registrar las sentencias declaradas como no pronunciadas ni de aquellas de las que se encuentran rehabilitados.

2.7. Esta obligación tiene su fundamento en el hecho de que las DJHV de los candidatos se erigen en una herramienta útil y de suma trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura, con el acceso a las mismas, que los ciudadanos puedan decidir y emitir su voto de manera responsable, informada y racional, es decir, sustentando su voto en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas que presentan las organizaciones políticas.

En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3 (en adelante, Reglamento)

1.15. El artículo 14, sobre la notificación de los pronunciamientos, contempla lo siguiente:

Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica

Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.

En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:

<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).

[…]

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

2.1. Corresponde a este Supremo Tribunal Electoral conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del JEE que se pronunció sobre la tacha formulada contra el señor candidato, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 178 de la Constitución Política del Perú (ver SN 1.4.).

2.2. Asimismo, el Pleno del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia y resuelve con arreglo a ley y a los principios generales del derecho, constituyendo sus decisiones instancia final y definitiva en materia electoral (ver SN 1.5.).

2.3. Conforme a lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de Inscripción (ver SN 1.11.), la tacha constituye un mecanismo de control de legalidad que permite verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios exigidos para la postulación de candidatos, pudiendo fundarse en la infracción de impedimentos o incompatibilidades expresamente previstas por el ordenamiento electoral.

2.4. En el presente caso, el cuestionamiento formulado por la señora solicitante se circunscribe a determinar si el señor candidato se encuentra en los impedimentos establecidos en los artículos 33 y 34-A de la Constitución; es decir, si está incurso en los supuestos de impedimento.

2.5. De la revisión de los actuados, se advierte que, mediante la Resolución Número Catorce, del 12 de setiembre de 2024, emitida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Coronel Portillo - Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el señor candidato fue condenado, en calidad de autor, por el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de colusión simple, previsto en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, en agravio del Estado - Municipalidad Distrital de Iparía.

2.6. Asimismo, se verifica que al señor candidato se le impusieron tres (3) años de pena privativa de libertad suspendida por el mismo periodo, sujeta a reglas de conducta; tres (3) años de inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal; y el pago solidario de diez mil con 00/100 soles (S/ 10 000.00) por concepto de reparación civil. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia de una sentencia condenatoria en primera instancia que atribuye al señor candidato la calidad de autor de un delito doloso.

2.7. Del mismo modo, se observa que la referida condena fue confirmada mediante la Sentencia de Vista contenida en la Resolución Número Veinticinco, del 20 de junio de 2025, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora, que declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas. Si bien el artículo 34-A de la Constitución no exige que la sentencia condenatoria haya sido confirmada o adquirido firmeza, dicho pronunciamiento en segunda instancia corrobora que la condena continúa jurídicamente vigente y produce sus correspondientes efectos.

2.8. En ese sentido, en el presente caso, concurren todos los elementos exigidos por el artículo 34-A de la Constitución: i) existe una sentencia condenatoria; ii) esta fue emitida en primera instancia; iii) atribuye al señor candidato la calidad de autor; y iv) corresponde a la comisión de un delito doloso. Además, el señor recurrente no niega la identidad del señor candidato, la existencia de las resoluciones judiciales, su calidad de autor ni la naturaleza dolosa del delito, por lo que tales circunstancias constituyen hechos acreditados y no controvertidos.

2.9. Ahora bien, la demanda de amparo interpuesta por el señor candidato en contra de las resoluciones penales no determina, por sí misma, su nulidad, suspensión o pérdida de eficacia. La sola presentación de un proceso constitucional constituye el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, pero no modifica automáticamente la situación jurídica derivada de las resoluciones cuestionadas ni elimina el impedimento electoral mientras no exista un mandato jurisdiccional expreso que disponga lo contrario.

2.10. De los documentos incorporados al expediente se observa, además, que la medida cautelar de innovar solicitada por el señor candidato fue rechazada mediante la Resolución N° 01, del 22 de junio de 2026, emitida por el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, la apelación formulada en contra de dicha decisión fue concedida sin efecto suspensivo, por lo que su interposición no alteró la vigencia ni la eficacia de las sentencias penales.

2.11. La Resolución N° Uno, del 10 de julio de 2026, emitida por la Primera Sala Constitucional de Lima, únicamente, dispuso recibir el cuaderno de apelación, avocarse al conocimiento de la causa y traer los autos para resolver. Dicho pronunciamiento no contiene mandato alguno que suspenda los efectos de la condena ni autoriza provisionalmente al señor candidato a participar en las ERM 2026, por lo que la posibilidad de que posteriormente se expida una decisión favorable constituye un acontecimiento futuro e incierto que no podía condicionar el pronunciamiento del JEE.

2.12. Respecto al pedido de diferimiento, el numeral 36.4 del artículo 36 del Reglamento de Inscripción dispone que, vencido el plazo concedido para formular descargos, el JEE resuelve la tacha en el término de tres (3) días calendario de recibida. El artículo 38, por su parte, establece el límite máximo general para la resolución de los procedimientos de tacha, pero no convierte en facultativo el plazo específico previsto para cada expediente ni habilita al órgano electoral a suspender su tramitación hasta que otra jurisdicción resuelva una incidencia pendiente.

2.13. En consecuencia, la interpretación sistemática del numeral 36.4 del artículo 36 y del artículo 38 del Reglamento no sustenta la posición del señor recurrente. Mientras el primero regula el plazo concreto dentro del cual el JEE debe resolver cada tacha, el segundo establece el límite máximo de la etapa electoral; por ello, ambas disposiciones son complementarias y deben aplicarse respetando la naturaleza célere y preclusiva del proceso electoral. Admitir el diferimiento solicitado habría significado crear una suspensión no prevista normativamente y supeditar la justicia electoral a un pronunciamiento futuro de fecha y contenido inciertos.

2.14. Tampoco se advierte una afectación desproporcionada del derecho de participación política. Si bien los artículos 2, numeral 17, y 31 de la Constitución reconocen el derecho a participar en la vida política y a ser elegido, este derecho no es absoluto, sino que debe ejercerse conforme a las condiciones y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico. Entre dichas condiciones se encuentra el impedimento incorporado expresamente por el artículo 34-A de la propia Constitución, cuya aplicación no puede ser neutralizada mediante una ponderación que reduzca o añada excepciones a su contenido.

2.15. Asimismo, la celeridad del procedimiento de tacha no constituye un formalismo contrario a los derechos políticos, sino una garantía indispensable para preservar la seguridad jurídica, la igualdad entre las organizaciones políticas y el cumplimiento oportuno de las etapas sucesivas del cronograma electoral. Por tanto, el JEE no podía dejar de aplicar un impedimento constitucional vigente ni diferir su decisión con base en la eventual emisión de una resolución judicial posterior.

2.16. En cuanto al escrito presentado, el 15 de julio de 2026, se advierte que, aunque fue denominado como un planteamiento autónomo de improcedencia, su finalidad consistía en incorporar una nueva defensa destinada a impedir el pronunciamiento sobre el fondo de la tacha. En tal sentido, su contenido se encontraba sujeto al plazo preclusivo de un (1) día calendario establecido en el numeral 36.4 del artículo 36 del Reglamento de Inscripción para formular los descargos correspondientes, sin que la denominación asignada por la parte pudiera modificar su naturaleza procesal.

2.17. Sin perjuicio de ello, el cuestionamiento sobre la publicación de la lista admitida tampoco cuenta con sustento objetivo suficiente. La Resolución N° 1114-2026-JEECPOR/JNE dejó constancia de las publicaciones efectuadas en el portal institucional del JNE y en el panel del JEE, así como de la fecha de presentación de la tacha, y concluyó que esta fue interpuesta dentro del periodo habilitado. Frente a dicha verificación, el señor recurrente no acreditó la omisión de una publicación obligatoria, sino que se limitó a invocar una duda y reconoció expresamente que no se encontraba en condiciones de afirmar si la publicación cuestionada se había efectuado.

2.18. En ese orden de ideas, la improcedencia de una tacha no puede sustentarse en afirmaciones hipotéticas ni en la sola ausencia de determinada documentación en la resolución que la admitió a trámite, especialmente, cuando el secretario del JEE dejó constancia del cumplimiento de las publicaciones y de la oportunidad de su presentación. Corresponde a quien alega la existencia de una irregularidad aportar elementos mínimos que permitan acreditarla, lo que no ocurrió en el presente caso.

2.19. Sobre la alegada vulneración del deber de motivación, si bien el JEE señaló de manera concisa que no correspondía emitir pronunciamiento sobre el escrito, del 15 de julio de 2026, debido a su extemporaneidad, dicha conclusión permite identificar la razón jurídica determinante de su rechazo: la presentación del planteamiento después del vencimiento del plazo concedido para ejercer la defensa frente a la tacha. Por tanto, no se advierte una ausencia absoluta de motivación ni una afectación que hubiera impedido al señor recurrente conocer y cuestionar las razones de la decisión.

2.20. Aun cuando se considerara que la motivación desarrollada sobre dicho extremo fue insuficiente, tal deficiencia no justificaría la nulidad de la resolución impugnada, pues el Pleno del JNE, como órgano de segunda y definitiva instancia electoral, puede examinar integralmente los actuados y responder los argumentos formulados en el recurso. Además, el señor recurrente ejerció efectivamente su derecho de defensa y el cuestionamiento sobre la publicación no desvirtúa la concurrencia objetiva del impedimento previsto en el artículo 34-A de la Constitución.

2.21. Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en grado, precisando que la consecuencia jurídica derivada de la tacha fundada recae únicamente sobre el señor candidato, sin afectar la participación de los demás integrantes de la lista, conforme a lo previsto en el numeral 37.2 del artículo 37 del Reglamento de Inscripción.

2.22. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.15.).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Aníbal Abraham Acosta Paima, personero legal titular de la organización política Partido Democrático Somos Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 1164-2026-JEE-CPOR/JNE, del 15 de julio de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, que declaró fundada la tacha interpuesta en contra de don Belisario Quinteros Vargas, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Iparía, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, por la citada organización política, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026..

2. DISPONER la improcedencia de la inscripción de don Belisario Quinteros Vargas como candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Iparía, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, por la organización política Partido Democrático Somos Perú, por encontrarse incurso en el impedimento establecido en el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú.

3. DISPONER que el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo continúe con el trámite correspondiente respecto de los demás integrantes de la lista de candidatos presentada por la organización política Partido Democrático Somos Perú.

4. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese a través de Secretaría General. Interviene como ponente el magistrado Roberto Rolando Burneo Bermejo.

SS.

BURNEO BERMEJO

MAISCH MOLINA

TORRES CORTEZ

OYARCE YUZZELLI

Clavijo Chipoco

Secretaria General

1 Aprobado con Resolución N° 0848-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano

2 Aprobado mediante Resolución N° 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

3 Aprobado mediante la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

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