Dan por concluido el nombramiento de fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Huaura

Resolución de la Fiscalía de la Nación

N° 3593-2026-MP-FN

Lima, 13 de noviembre de 2026

VISTOS:

El oficio N° 252-2026-P/JNJ, de fecha 2 de noviembre de 2026; la Resolución de la Junta Nacional de Justicia N° 354-2026-PLENO-JNJ, de fecha 15 de octubre de 2026; el oficio N° 001063-2026-SG/JNJ, de fecha 9 de noviembre de 2026; el reporte de quejas y denuncias N° 03416-2026-202000500, de fecha 11 de noviembre de 2026 y el informe N° 0117-2026-MP-FN-OREF-MVCQ, de fecha 11 de noviembre de 2026, y;

CONSIDERANDO:

Mediante la Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N° 496-2011-CNM, actualmente Junta Nacional de Justicia, de fecha 29 de diciembre de 2011, se nombró a la abogada Lourdes Patricia Lila Ruíz Atala, como fiscal adjunto provincial penal (corporativo) de Barranca del Distrito Judicial de Huaura, actualmente Distrito Fiscal de Huaura.

Con Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1177-2013-MP-FN, de fecha 2 de mayo de 2013, se dispuso que, en todas las comunicaciones generadas por el Ministerio Público, se utilice el término “Distrito Fiscal” en lugar de “Distrito Judicial”.

A través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2423-2018-MP-FN, de fecha 11 de julio de 2018, se nombró a la abogada Lourdes Patricia Lila Ruíz Atala, como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Huaura, designándola en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral, con retención de su cargo de carrera descrito en el primer párrafo de la parte considerativa de la presente resolución, laborando actualmente en mérito a la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024.

Con el oficio N° 252-2026-P/JNJ, de fecha 2 de noviembre de 2026, cursado por la señora María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, recibido por la mesa única de partes virtual de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, el 3 de noviembre de 2026, se remite copias certificadas de la resolución de vistos por la cual en su artículo segundo, se resuelve: “No Ratificar a la señora LOURDES PATRICIA LILA RUÍZ ATALA, fiscal adjunta provincial penal (corporativo) de Barranca del distrito judicial de Huaura, (…)”.

A través del oficio N° 001063-2026-SG/JNJ, de fecha 9 de noviembre de 2026, cursado por la señora Melody del Carmen Fuentes Jara, Secretaria General de la Junta Nacional de Justicia, recibido por la mesa única de partes virtual de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, el 9 de noviembre de 2026, se remite copias de la “Cédula de Notificación” y “Constancia de envío de Notificación” de la resolución de vistos dirigida a la casilla electrónica de la abogada Lourdes Patricia Lila Ruíz Atala con fecha 26 de octubre de 2026, así como copia del “acuse de recibo” de notificación de la referida resolución a la citada abogada, de fecha 26 de octubre de 2026.

Sobre el particular, el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, Ley N° 30916, señala que “El juez o fiscal no ratificado cesa en el cargo a partir del día siguiente de notificada la resolución. Se puede solicitar la reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. La solicitud de reconsideración no suspende la ejecución de la decisión. (...)”.

Mediante la Resolución de la Junta Nacional de Justicia N° 260-2020-JNJ, de fecha 9 de diciembre de 2020, se aprobó el Reglamento de Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces y Juezas del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público.

El artículo 66 del Texto Único Ordenado (T.U.O.) del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces y Juezas del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución de la Junta Nacional de Justicia N° 447-2023-JNJ de fecha 23 de mayo de 2023, señala que “La resolución es puesta en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema y de la Presidencia de la Corte Superior respectiva, o del (de la) fiscal de la nación y de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores respectiva para los fines de su competencia” y “El juez o fiscal no ratificado cesa en el cargo a partir del día siguiente de notificada la resolución”.

Los numerales 3 y 4 del artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052 y modificada por el artículo único de la Ley N° 31718, establecen que corresponde al Fiscal de la Nación el nombramiento de los fiscales provisionales de todos los niveles, así como la designación de los fiscales titulares y provisionales en el órgano fiscal respectivo.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020 (caso Casa Nina vs. Perú), ha señalado que “la provisionalidad no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria”. Dicha temporalidad es consustancial al nombramiento provisional y habilita al titular del Ministerio Público para gestionar la asignación y permanencia del personal fiscal, en aras de la correcta marcha de la institución.

El Tribunal Constitucional ha manifestado en reiterada jurisprudencia que la “(…) provisionalidad constituye una situación fáctica que no genera más derechos que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien no ostenta titularidad alguna (…)” (STC N° 2770-2010-PA/TC).

En esa línea, la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN fijó las condiciones resolutorias para la vigencia de los nombramientos de fiscales provisionales. Dicha norma establece que podrá concluirse el nombramiento y designación, entre otros supuestos, cuando: “(vii) Se presente alguna otra condición, circunstancia u otra causal, que amerite el término del ejercicio de la función fiscal para lo cual han sido nombrados”.

El numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, establece lo siguiente: “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”.

En tal sentido, conforme al marco normativo antes citado y al haberse configurado la condición resolutoria prevista en el literal (vii) de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024, así como estando al informe N° 0117-2026-MP-FN-OREF-MVCQ, de fecha 11 de noviembre de 2026, se tiene que el acuse de recibo de la notificación de la Resolución de la Junta Nacional de Justicia N° 354-2026-PLENO-JNJ a la abogada Lourdes Patricia Lila Ruíz Atala, data de fecha 26 de octubre de 2026; por lo que, corresponde emitir el resolutivo respectivo a través del cual se concluya su nombramiento como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Huaura, y su designación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral -descritos en el tercer párrafo de la parte considerativa de la presente resolución-; con eficacia anticipada, a partir del día siguiente de notificada la resolución, esto es, a partir del 27 de octubre de 2026.

Adicionalmente, del reporte de quejas y denuncias N° 03416-2026-202000500, de fecha 11 de noviembre de 2026, emitido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, se verifica que la abogada Lourdes Patricia Lila Ruíz Atala, registra veintiún (21) quejas, las cuales se encuentran concluidas, tres (3) de ellas con imposición de sanción de amonestación, una (1) con sanción de multa y dos (2) con suspensiones.

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 158 y 159 de la Constitución Política del Perú, y a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052 y modificada por el artículo único de la Ley N° 31718;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido, con eficacia anticipada, a partir del 27 de octubre de 2026, el nombramiento de la abogada Lourdes Patricia Lila Ruíz Atala, como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Huaura, y su designación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nos. 2423-2018-MP-FN y 2956-2024-MP-FN, de fechas 11 de julio de 2018 y 30 de diciembre de 2024, respectivamente.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento a la abogada Lourdes Patricia Lila Ruíz Atala que debe efectuar la correspondiente entrega de cargo, conforme a las disposiciones señaladas en la Directiva General N° 007-2002-MP-FN “Normas para la Entrega de Cargo”, aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 972-2002-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2002.

Artículo Tercero.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huaura, Gerencia General, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Integridad Institucional, Oficina de Control de la Productividad Fiscal, Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, Oficina de Imagen Institucional y a la abogada mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS

Fiscal de la Nación

2574939-4