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Fecha de publicación: 14/11/2026
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia declarado en los distritos de Pisco y San Andrés de la provincia de Pisco del departamento de Ica

Confirman la Resolución N° 00788-2026-
JEE-HUAR/JNE

RESOLUCIóN N° 4122-2026-JNE

Expediente N° ERM.2026045903

PONTÓ - HUARI - ÁNCASH

JEE HUARI (ERM.2026041256)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026

APELACIÓN

Lima, 24 de setiembre de 2026

VISTO: en audiencia pública virtual del 24 de setiembre de 2026, el recurso de apelación interpuesto por don Darwin Ericson Benites Montalvo, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Pontó, provincia de Huari, departamento de Áncash, por la organización política Acción Popular (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución N° 00788-2026-JEE-HUAR/JNE, del 14 de setiembre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huari (en adelante, JEE), que determinó que incurrió en la infracción prevista en el artículo 42 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), y en el literal a del numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador contemplado en el artículo 42 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre Conducta Prohibida en Propaganda Electoral1 (en adelante, Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador contemplado en el artículo 42 de la LOP), y le impuso una multa equivalente a cinco (5) unidades impositivas tributarias (UIT), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Oído: el informe oral.

PRIMERO. ANTECEDENTES

En el Expediente N° ERM.2026041256

1.1. Mediante el Informe N° 000026-2026-HMH-JEEHUARI-ERM2026/JNE, del 3 de setiembre de 2026 (en adelante, Informe de Fiscalización), se concluyó que el señor recurrente y organización política Acción Popular (en adelante, OP) habrían vulnerado el artículo 42 de la LOP. Al respecto, se señaló principalmente que:

a) El 22 de agosto de 2026, se realizó una actividad deportiva en el distrito de Pontó, provincia de Huari, departamento de Áncash, en la que se ofrecieron premios a los participantes.

b) El señor recurrente participó en dicha actividad y se vinculó con la entrega de los premios ofrecidos a los participantes, consistentes, entre otros, en un toro, un carnero y sacos de arroz.

c) A la fecha de los hechos, el señor recurrente se encontraba inscrito como candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Pontó, provincia de Huari, departamento de Áncash, por la OP para las ERM 2026.

d) Los registros fotográficos y audiovisuales, así como la documentación recabada durante la fiscalización, evidenciaban la realización de la actividad y la entrega de los bienes ofrecidos como premios.

1.2. Por medio de la Resolución N° 00730-2026-JEE-HUAR/JNE, del 5 de setiembre de 2026, el JEE dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el señor recurrente y la OP, por la presunta vulneración del artículo 42 de la LOP, en concordancia con el literal a del numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador contemplado en el artículo 42 de la LOP; asimismo, corrió traslado de los actuados a los presuntos infractores para la presentación de sus descargos.

1.3. El 9 de setiembre de 2026, el señor recurrente presentó los descargos respecto de la infracción imputada, suscritos conjuntamente con el personero legal titular de la OP, en los siguientes términos:

a) Señala que el Informe de Fiscalización no incorpora un elemento probatorio directo que permita establecer quién adquirió los bienes, pagó los bienes, entregó personalmente los bienes, ordenó a un tercero adquirirlos o entregarlos, autorizó su entrega, financió los premios, proporcionó recursos económicos para su adquisición o asumió el compromiso personal de entregar dichos bienes.

b) Refiere que la Declaración Jurada de don Ramón Celestino Ronal Luciano, propietario y administrador del local “El Olimpo” y organizador del evento, señala que la organización de este fue una iniciativa personal y autónoma, sin mandato, encargo, orden o instrucción del candidato ni de la OP, y que el evento tuvo un fin exclusivamente deportivo, social y de confraternidad, sin ánimo proselitista.

c) Afirma que en el expediente no se identifica comprobante de pago, transferencia bancaria, retiro de efectivo, factura, boleta, recibo, contrato, declaración del proveedor, documento contable, registro de adquisición, comprobante de entrega, documento de propiedad, documento que identifique al candidato como adquirente ni otro elemento equivalente que lo vincule económicamente con los bienes materia de imputación.

d) Sostiene que las publicaciones de la red social Facebook acreditan la existencia de la actividad, pero no la autoría de la conducta imputada, pues de su contenido no se desprende, de manera objetiva e inequívoca, que las cuentas sean oficiales, personales o administradas por el candidato, ni se ha identificado al operador que efectuó las publicaciones.

e) Manifiesta que el organizador del evento declaró bajo juramento que los premios anunciados no pudieron ser otorgados por falta de auspiciadores o donantes y que no se realizó la entrega de dichos bienes a los equipos participantes ni a persona alguna durante el desarrollo del evento.

f) Finalmente, cuestiona que el propio Informe de Fiscalización, en sus conclusiones, haya señalado como presunto infractor a don Isaac Anthony Montes Garamendi, candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar, y simultáneamente al señor recurrente.

1.4. Mediante la Resolución N° 00788-2026-JEE-HUAR/JNE, del 14 de setiembre de 2026, el JEE determinó que el señor recurrente incurrió en la infracción prevista en el artículo 42 de la LOP, atribuida al señor recurrente, y le impuso una multa equivalente a cinco (5) unidades impositivas tributarias (UIT), además de disponer la remisión de copias de los actuados al Ministerio Público.

SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS

2.1. El 17 de setiembre de 2026, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 00788-2026-JEE-HUAR/JNE, solicitando que sea revocada y, reformándola, se declaren fundados sus descargos y se disponga el archivo definitivo del procedimiento sancionador. Sustentó su recurso, esencialmente, en los siguientes argumentos:

a) Se cuestiona la denuncia que dio origen a las actuaciones, pues don Víctor Hugo de los Heros Riofrío habría negado haberla formulado y manifestado que su identidad y firma habrían sido utilizadas sin autorización.

b) La valoración efectuada por el JEE respecto de los medios probatorios es incorrecta, pues estos no acreditarían suficientemente que el señor recurrente haya efectuado la entrega o promesa de entrega de los bienes materia de imputación.

c) Se habría vulnerado el principio de verdad material, debido a que el JEE no habría realizado las actuaciones complementarias de fiscalización e indagación solicitadas, destinadas a determinar el origen, adquisición, financiamiento y entrega de los bienes, así como la intervención de las personas vinculadas con la organización del evento.

d) Se cuestiona la ausencia de un acta de fiscalización y la utilización de registros fotográficos y audiovisuales provenientes de una cuenta de la red social Facebook que no pertenecería al señor recurrente, al considerar que tales elementos no acreditarían por sí mismos la conducta imputada.

e) Se habría vulnerado el principio de tipicidad, pues los hechos atribuidos al señor recurrente no se subsumirían en la conducta prohibida prevista en el artículo 42 de la LOP y en el literal a del numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador contemplado en el artículo 42 de la LOP.

f) Se habría vulnerado la presunción de licitud y el principio de responsabilidad personal, al atribuirse responsabilidad al señor recurrente sin prueba objetiva de que haya adquirido, financiado, autorizado o dispuesto la entrega de los bienes, directamente o a través de terceros por su mandato y con recursos del candidato o de la organización política.

g) El JEE habría efectuado una valoración fragmentada de los medios probatorios y habría utilizado indicios y máximas de la experiencia para inferir la entrega de los bienes y la responsabilidad del candidato, sin que estos elementos acrediten objetivamente los componentes de la infracción.

h) Se habría vulnerado el derecho de defensa y el principio de contradicción, debido a que el JEE habría utilizado un hecho no imputado -referido a una actividad realizada el 12 de julio de 2026 en Puente Piedra, Lima- para valorar la conducta del señor recurrente como reiterada o recurrente.

i) Se cuestionaría la motivación de la resolución impugnada, al no haberse identificado una conducta concreta atribuible al señor recurrente que permita establecer el vínculo entre este y la adquisición, financiamiento o entrega de los bienes.

j) Se cuestionaría que el JEE haya absuelto a la OP por falta de acreditación de su participación y, simultáneamente, haya utilizado la vinculación partidaria y los símbolos de dicha organización como elementos para atribuir responsabilidad al candidato.

k) Finalmente, se cuestionaría la remisión de copias certificadas al Ministerio Público, al considerar que dicha decisión carecería de suficiente sustento fáctico y jurídico.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)

En la Constitución Política del Perú

1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la administración de justicia en materia electoral.

1.2. El artículo 181 señala lo siguiente:

Artículo 181.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.

En la LOP

1.3. El artículo 42, sobre conducta prohibida en la propaganda política, determina:

Articulo 42.- Conducta prohibida en la propaganda política

Los candidatos en el marco de un proceso electoral están prohibidos de efectuar entrega o promesa de entrega de dinero, regalos dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes, de manera directa, o a través de terceros por mandato del candidato y con recursos del candidato o de la organización política [resaltado agregado].

La limitación establecida en el párrafo anterior no es de aplicación en caso de que:

a) Con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito, se haga entrega de bienes para consumo individual e inmediato.

b) Se trate de artículos publicitarios, como propaganda electoral. En ambos supuestos no deben exceder del 0,3% de una unidad impositiva tributaria (UIT) por cada bien entregado.

El Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente impone una multa no menor de cinco (5) ni mayor de treinta (30) unidades impositivas tributarias (UIT) al sujeto infractor conforme al artículo 42-A. Para la aplicación de la multa se debe tomar en consideración, sin perjuicio de los criterios de graduación de la sanción que se determine en el reglamento respectivo, los criterios señalados en el artículo 36-B de la presente ley, en lo que le resulte aplicable. Multa que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cobra coactivamente.

En caso de que el candidato cometa nuevamente la infracción con posterioridad a que la sanción de multa adquiera la condición de firme o consentida, el Jurado Electoral Especial (JEE) dispone su exclusión.

En caso de que el bien entregado supere las dos (2) unidades impositivas tributarias (UIT), el Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente dispone la exclusión del candidato infractor.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) garantiza el derecho de defensa y al debido proceso, en el procedimiento correspondiente.

La propaganda electoral de las organizaciones políticas o los candidatos a cualquier cargo público debe respetar los siguientes principios:

a) Principio de legalidad, por el cual los contenidos de la propaganda electoral deben respetar las normas constitucionales y legales.

b) Principio de veracidad, por el cual no se puede inducir a los electores a tomar una decisión sobre la base de propaganda electoral falsa o engañosa.

c) Principio de autenticidad, por el cual la propaganda electoral contratada debe revelar su verdadera naturaleza y no ser difundida bajo la apariencia de noticias, opiniones periodísticas, material educativo o cultural.

d) Principio de igualdad y no discriminación, por el cual la propaganda electoral no puede contener mensajes sexistas, racistas ni basados en estereotipos de género que perjudiquen o menoscaben la participación política de las mujeres y otros colectivos.

En el Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador contemplado en el artículo 42 de la LOP

1.4. En los literales a, b, g y n del artículo 5 se estipula:

Artículo 5.- Definiciones

[…]

a. Acta de fiscalización

Es el instrumento en el cual se registra la información obtenida durante la fiscalización de oficio o producto de una denuncia ciudadana respecto a las conductas prohibidas por el artículo 42 de la LOP.

b. Candidato

Ciudadano que tenga su candidatura inscrita para participar en las elecciones primarias, conforme al artículo 23 de la LOP. De igual forma, el ciudadano cuya candidatura ha sido designada en el marco de las elecciones generales, regionales y municipales, así como de representantes ante el Parlamento Andino.

g. Informe de fiscalización.

Documento elaborado por los fiscalizadores de la DNFPE, a efectos de reportar el posible incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42 de la LOP, así como del mandato del JEE o del JNE, de ser el caso. Este informe debe contener la descripción de los hechos que lo motivan y el material visual o audiovisual, según corresponda a la descripción; esto es, la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar, la indicación del presunto autor, el aporte de la evidencia o medios probatorios idóneos.

[…]

n. Propaganda electoral

Toda acción destinada a persuadir a los electores para favorecer a una determinada organización política, candidato, lista u opción en consulta, con la finalidad de conseguir un resultado electoral. Solo la pueden efectuar las organizaciones políticas, o candidatos, que utilicen recursos particulares o propios, dentro de los parámetros que establece la ley.

[…]

1.5. El artículo 7 determina:

Artículo 7.- El principio de tipicidad y el debido proceso en el procedimiento sancionador

El JNE y los JEE deben observar la tipicidad de la conducta sancionable y garantizar el derecho de defensa, así como los demás derechos inherentes al debido proceso en la tramitación del procedimiento sancionador correspondiente.

1.6. El numeral 8.1 del artículo 8 prescribe:

Artículo 8.- Conductas prohibidas en la propaganda electoral

8.1 En el marco de un proceso electoral, los candidatos están prohibidos de efectuar, de manera directa, o a través de terceros por su mandato, con sus propios recursos o de la organización política, las conductas siguientes:

a. Entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes.

b. Promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes.

1.7. El artículo 9 indica:

Artículo 9.- Supuestos de excepción

No constituye conducta prohibida:

a. La entrega de bienes para consumo individual e inmediato con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito.

b. La entrega de artículos publicitarios considerados como propaganda electoral.

En ambos supuestos no deben exceder del 0,3 % de la UIT por cada bien entregado.

1.8. El artículo 11 señala:

Artículo 11.- Labor fiscalizadora

La DNFPE realiza acciones conducentes a investigar y reportar las posibles infracciones al artículo 42° de la LOP que atenten contra la libertad de sufragio y transparencia del proceso, con la finalidad de evitar que se vulneren los principios que deben regir la propaganda electoral.

La labor fiscalizadora comprende la atención de denuncias ciudadanas o de los hechos detectados durante la labor de campo, realizando visitas inopinadas y participando en eventos organizados por candidatos u organizaciones políticas que se encuentran en contienda electoral.

1.9. Los numerales 12.1 y 12.2, del artículo 12 disponen lo siguiente:

Artículo 12.- Lineamientos referidos a la fiscalización electoral

12.1. Supuestos

La labor fiscalizadora se inicia de oficio o en mérito a una denuncia por presunta infracción del artículo 42 de la LOP en los siguientes supuestos:

a. Que la conducta sea realizada desde que el ciudadano haya obtenido la inscripción de su candidatura ante el JEE competente, en el marco de un proceso electoral convocado.

b. Que existan medios probatorios de actuación inmediata que evidencien la conducta infractora y la fecha de su realización en forma fehaciente.

c. Que la conducta sea realizada por la organización política o el candidato de manera directa, o a través de terceros por su mandato y con recursos de este o de la organización política.

d. Que la conducta implique la entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes, que, por su naturaleza, no pueden ser considerados como propaganda electoral permitida.

e. Que el ofrecimiento o entrega de artículos publicitarios, que se consideren propaganda electoral, o de bienes para consumo individual o inmediato durante un evento proselitista, tenga un valor pecuniario mayor al previsto por ley.

12.2. Informe del fiscalizador electoral

Luego de la identificación de una presunta infracción, el fiscalizador asignado al JEE competente presenta un informe en un plazo no mayor de tres (3) días calendario, contados desde que toma conocimiento de los hechos.

El informe de fiscalización debe contener:

a. La descripción de los hechos, el origen de los recursos y la indicación de la reincidencia de la conducta infractora del candidato, de ser el caso

b. El ofrecimiento de los medios probatorios de actuación inmediata, a cuyo efecto los anexa al informe.

c. La cotización individualizada de los regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes entregados para consumo individual e inmediato, a precio de mercado.

1.10. El artículo 16 prevé:

Artículo 16.- Determinación de infracción e imposición de sanción de multa

16.1. El JEE califica el informe del fiscalizador y los demás anexos que obren en el expediente en el término de un (1) día calendario.

16.2. De considerar que los hechos descritos configuran una posible vulneración del artículo 42 de la LOP, mediante resolución, dispone el inicio del procedimiento sancionador contra la organización política y/o el candidato, y corre traslado de los actuados al presunto infractor para que efectúe sus descargos en el término de tres (3) días calendario. Esta resolución no es impugnable. Si al calificar el informe los hechos descritos no configuran una infracción del artículo 42 de la LOP, el JEE dispone, mediante resolución motivada, el archivo del expediente. Esta resolución no es impugnable.

16.3. Vencido el plazo, con los descargos o sin ellos y en el término no mayor a tres (3) días calendario, el JEE, sin audiencia pública, se pronuncia sobre la existencia o no de infracción al artículo 42 de la LOP. El presunto infractor podrá presentar informe escrito.

16.4. La resolución que determina la existencia de una infracción al artículo 42 de la LOP impone al infractor la sanción de una multa no menor de cinco (5) ni mayor de treinta (30) UIT, salvo lo previsto en el artículo 18 del presente reglamento.

16.5. La resolución que impone una sanción de multa puede ser apelada dentro del plazo de tres (3) días calendario contado a partir del día siguiente de su notificación.

16.6. Contra lo resuelto sobre el recurso de apelación no procede la interposición de recurso impugnatorio alguno.

1.11. Sobre la graduación de la sanción, el artículo 17 contempla:

Artículo 17.- Graduación de la sanción de multa

El JEE competente determinará la multa a la organización política y/o al candidato, conforme a los siguientes criterios:

a. El cargo de postulación del candidato infractor;

b. La condición de autoridad, funcionario y/o servidor público del candidato infractor;

c. El número de votantes de la circunscripción electoral en la que se realizó la conducta prohibida;

d. El alcance territorial (nacional, regional, provincial o distrital) de la difusión de la conducta prohibida;

e. El monto de lo entregado o prometido;

f. La reincidencia, y

g. La cercanía de la entrega o promesa de entrega con la fecha de realización del acto electoral.

1.12. El artículo 21 dispone lo siguiente:

Artículo 21.- Sanción y ejecución de la multa

Ante la infracción del artículo 42 de la LOP, el JEE impone al candidato y/o a la organización política infractora una multa no menor de cinco (5) ni mayor de treinta (30) UIT, previa aplicación de los criterios de graduación contemplados en el artículo 17 del presente reglamento, según corresponda. En caso la sanción de multa haya quedado firme, el JEE, mediante resolución, requiere al infractor que efectúe el pago dentro del plazo de siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación.

De no hacerse efectivo el pago, el JEE remite los actuados a la Unidad de Cobranza del JNE para que inicie las acciones correspondientes para el cobro de la multa.

En el Reglamento de Elecciones Primarias de las Organizaciones Políticas en el Ámbito de las Elecciones Regionales y Municipales 20262

1.13. El numeral 12.4 del artículo 12 señala:

12.- Candidaturas sujetas a Elecciones Primarias

[…]

12.4 El presidente del OEC es responsable de registrar a través del REP, las candidaturas definitivas y los cargos a los que postulen en las Elecciones Primarias como máximo hasta el 9 de abril de 2026. El 10 de abril de 2026, la ONPE comunica a través de la casilla electrónica a cada organización política las candidaturas registradas en el REP. El mismo día, de existir observaciones al registro de candidaturas, el presidente del OEC puede solicitar a la ONPE a través de la mesa de partes virtual la apertura del REP, para realizar las subsanaciones correspondientes, las cuales se pueden efectuar hasta las 23:59:59 horas del 12 de abril de 2026. Solo se habilita la apertura del REP a las organizaciones políticas que registraron oportunamente sus candidaturas definitivas en el REP.

[…]

En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3 (en adelante, Reglamento)

1.14. El artículo 14, sobre la notificación de pronunciamientos, prescribe lo siguiente:

Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica

Todas las partes de los procesos jurisdiccionales electorales y no electorales son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.

En caso de que los sujetos antes mencionados no cuenten con casilla electrónica o en caso de que esta se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal electrónico institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:

<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, etc.).

[…]

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Cuestión previa

2.1. Antes de analizar el fondo de la controversia, conviene precisar que la determinación de la existencia de la infracción solo fue atribuida al señor recurrente, mas no a la OP.

Del caso concreto

2.2. En el presente caso, se debe determinar si el señor recurrente incurrió en la conducta prohibida prevista en el artículo 42 de la LOP, al efectuar la entrega o promesa de entrega de premios consistentes en un toro, un carnero y sacos de arroz durante una actividad deportiva realizada el 22 de agosto de 2026, en el distrito de Pontó, provincia de Huari, departamento de Áncash; o si, por el contrario, los cuestionamientos formulados respecto de la valoración de los medios probatorios y la alegada insuficiencia probatoria impiden tener por acreditada dicha infracción.

2.3. Cabe precisar que la finalidad de la prohibición establecida en el artículo 42 de la LOP (ver SN 1.3.) es procurar que la propaganda electoral se desarrolle en condiciones de igualdad y equidad, de modo que la voluntad de los electores se forme libre de influencias derivadas del factor económico que puedan generar ventajas ilegítimas entre los participantes de la contienda electoral.

2.4. Respecto al primer agravio, el señor recurrente cuestiona la denuncia que dio origen a las actuaciones, pues sostiene que don Víctor Hugo De Los Heros Riofrío habría negado haberla formulado y manifestado que su identidad y firma habrían sido utilizadas sin autorización. Sin embargo, ello no resulta suficiente para invalidar las actuaciones posteriores ni determina, por sí mismo, la inexistencia de la conducta investigada.

2.5. En efecto, conforme a los artículos 11 y 12 del Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador contemplado en el artículo 42 de la LOP (ver SN 1.8. y 1.9.), la labor fiscalizadora puede iniciarse de oficio o en mérito a una denuncia. Por ello, aun cuando se cuestione su autoría, lo determinante es establecer si durante la fiscalización se obtuvieron elementos objetivos e independientes que acrediten la conducta imputada.

2.6. Respecto de las fotografías y videos obtenidos de una cuenta de Facebook que no pertenece al señor recurrente, la resolución apelada no atribuye la titularidad de dicha cuenta como elemento constitutivo de la infracción. Lo relevante es determinar si el contenido de dichos registros permite identificar al señor recurrente y acreditar su intervención en los hechos investigados.

2.7. En cuanto a la alegada inexistencia de prueba suficiente, debe verificarse si los elementos incorporados al procedimiento acreditan los presupuestos exigidos por el artículo 42 de la LOP y el Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador contemplado en el artículo 42 de la LOP para la configuración de la conducta prohibida (ver SN 1.3., 1.6., 1.7. y 1.9.).

2.8. Sobre la condición del señor recurrente, el literal b del artículo 5 del Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador contemplado en el artículo 42 de la LOP define como candidato al ciudadano que tenga su candidatura inscrita para participar en las elecciones primarias, conforme al artículo 23 de la LOP (ver SN 1.4.). Del Informe de Fiscalización y de la información oficial publicada por la ONPE4 se advierte que el señor recurrente tenía dicha condición antes de la actividad realizada el 22 de agosto de 2026.

2.9. En ese sentido, la condición de candidato del señor recurrente se encontraba vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos materia de análisis, conforme a la información oficial incorporada al expediente. Asimismo, debe tenerse presente que el numeral 12.1 del artículo 12 del Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador contemplado en el artículo 42 de la LOP (ver SN 1.9.) establece los supuestos que permiten iniciar la labor fiscalizadora respecto de las conductas prohibidas por el artículo 42 de la LOP, entre ellos, que la conducta sea realizada por el candidato de manera directa o a través de terceros por su mandato y con recursos de este o de la organización política.

2.10. Por tanto, acreditada la condición de candidato del señor recurrente durante el periodo en que se desarrollaron los hechos materia de fiscalización, se debe verificar la concurrencia de los demás elementos exigidos por el artículo 42 de la LOP y el numeral 12.1 del artículo 12 del Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador contemplado en el artículo 42 de la LOP, en particular, que la entrega o promesa de entrega de los bienes haya sido realizada directamente por el candidato o a través de terceros por su mandato y con recursos del candidato o de la organización política.

2.11. En cuanto a la conducta imputada, los registros fotográficos y audiovisuales incorporados al Informe de Fiscalización permiten identificar la participación del señor recurrente en la actividad deportiva realizada el 22 de agosto de 2026:

a) Promesa de entrega de bienes: en los diferentes afiches que promocionaron la actividad deportiva, se advierte inequívocamente la imagen, el nombre y la condición de candidato a la alcaldía del señor recurrente, así como la identificación de la OP, lo que hace inferir que se trataba de un evento proselitista.

b) Entrega de bienes: en el video recabado por el fiscalizador, se identifica una gigantografía del candidato en el lugar de los hechos, al costado de los premios entregados, consistentes, entre otros, en un toro, un carnero y sacos de arroz.

2.12. Respecto a los bienes (premios) ofrecidos y entregados durante la actividad deportiva consistían en un toro, un carnero y sacos de arroz. Estos, por su naturaleza y finalidad, no constituyen artículos publicitarios considerados como propaganda electoral ni bienes destinados al consumo individual e inmediato con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito, por lo que no se encuentran comprendidos en los supuestos de excepción previstos en el artículo 9 del Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador contemplado en el artículo 42 de la LOP (ver SN 1.7.).

2.13. Estos elementos, valorados conjuntamente con las circunstancias que rodearon la organización, difusión y ejecución del evento en el cual se entregaron los bienes (dádivas), permiten concluir, con meridiana certeza, que el señor recurrente efectuó la entrega y promesa de entrega de los bienes en el marco de una actividad proselitista.

2.14. En cuanto a la sanción impuesta, el JEE determinó una multa equivalente a cinco (5) UIT. Al respecto, el numeral 16.4 del artículo 16 del Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador contemplado en el artículo 42 de la LOP establece el marco sancionador aplicable, por lo que la multa impuesta se encuentra dentro del rango previsto para la infracción determinada.

2.15. En consecuencia, los agravios expuestos no desvirtúan la configuración de la conducta prohibida ni la responsabilidad determinada por el JEE. Por tanto, corresponde declarar infundado el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en grado.

2.16. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse según lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.14.).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Darwin Ericson Benites Montalvo, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Pontó, provincia de Huari, departamento de Áncash, por la organización política Acción Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 00788-2026-JEE-HUAR/JNE, del 14 de setiembre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huari, que determinó que incurrió en la infracción prevista en el artículo 42 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y en el literal a del numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador contemplado en el artículo 42 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre Conducta Prohibida en Propaganda Electoral, y le impuso una multa equivalente a cinco (5) unidades impositivas tributarias, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor magistrado Roberto Rolando Burneo Bermejo.

SS.

BURNEO BERMEJO

GONZALES BARRÓN

TORRES CORTEZ

OYARCE YUZZELLI

Clavijo Chipoco

Secretaria General

1 Aprobado por la Resolución N° 0845-2025-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano el 6 de enero de 2026.

2 Aprobado por la Resolución Jefatural N° 000187-2025-JN/ONPE, del 2 de diciembre de 2025.

3 Aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

4 Ver “Registro de candidaturas para Elecciones Primarias - ERM 2026”, publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el 8 de mayo de 2026, que contiene el listado oficial de candidatos de la OP. <https://www.gob.pe/institucion/onpe/informes-publicaciones/8111093-registro-de-candidaturas-para-elecciones-primarias-erm-2026>.

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