Confirman la Resolución N° 01322-2026-JEE-MAYN/JNE
RESOLUCIóN N° 3670-2026-JNE
Expediente N° ERM.2026038819
TENIENTE MANUEL CLAVERO - PUTUMAYO - LORETO
JEE MAYNAS (ERM.2026033519)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 4 de setiembre de 2026
VISTO: el recurso de apelación interpuesto por don Marcelo Ruiz Vela, personero legal titular de la organización política Alianza para el Progreso (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución N° 01322-2026-JEE-MAYN/JNE, del 23 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Maynas (en adelante, JEE), que dispuso la exclusión de don Nelson Tambor Chota, candidato al cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Teniente Manuel Clavero, provincia de Putumayo, departamento de Loreto (en adelante, señor candidato), por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de la DJHV), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
PRIMERO. ANTECEDENTES
1.1. Mediante el Informe N° 000004-2026-ECC-JEEMAYNAS-ERM2026/JNE, del 4 de agosto de 2026, el fiscalizador de hoja de vida adscrito al JEE informó que, luego de contrastar la Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV) del señor candidato con la información oficial remitida por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial, a través del Oficio N° 002559-2026-SERJU-GSJ-GG/PJ, se advirtió que el referido candidato registra una (1) sentencia condenatoria correspondiente al Expediente N° 2008-00396, por los delitos de peculado y falsificación de documentos, la cual no fue consignada en el Rubro V, “Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas por delitos dolosos y la que incluye las sentencias con reserva del fallo condenatorio”, de su DJHV. Asimismo, se dejó constancia de que, mediante Resolución N° 36, del 19 de abril de 2010, se emitió la sentencia condenatoria, y que mediante Resolución N° 44, del 14 de marzo de 2013, se declaró la rehabilitación del señor candidato respecto de dicha sentencia.
1.2. En razón de la información antes mencionada, mediante la Resolución N° 01202-2026-JEE-MAYN/JNE, del 19 de agosto de 2026, el JEE dispuso iniciar el procedimiento de exclusión en contra del señor candidato, por la presunta infracción prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, en concordancia con el numeral 41.3 del artículo 41 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Asimismo, dispuso correr traslado del Informe N° 000004-2026-ECC-JEEMAYNAS-ERM2026/JNE y sus anexos al personero legal de la organización política, a fin de que formule los descargos correspondientes dentro del plazo de un (1) día calendario.
1.3. El 22 de agosto de 2026, el señor recurrente presentó sus descargos respecto de la infracción imputada, en los siguientes términos:
a) Señala que no se le habrían trasladado las instrumentales y resoluciones judiciales que sustentan el informe de fiscalización, lo que, a su criterio, habría generado un estado de indefensión técnica. Por ello, solicita que se subsane dicha omisión, sin perjuicio de formular sus descargos sustantivos sobre la base de la información contenida en el informe.
b) Sostiene que el señor candidato no ocultó su condición de sentenciado, pues marcó expresamente la opción “SÍ TENGO” información por declarar en el Rubro V de su DJHV, lo que, a su criterio, evidenciaría su voluntad de informar a la autoridad electoral sobre la existencia de sentencias condenatorias.
c) Refiere que el señor candidato consignó en la DJHV los datos correspondientes al Expediente N° 02439-2021-55-1903-JR-PE-02, por el delito de falsedad de declaración, y que la omisión del Expediente N° 2008-00396 obedeció a una imprecisión material e involuntaria en el llenado de la declaración.
d) Alega que dicha omisión no respondió a un ocultamiento fraudulento, sino a un error de carácter técnico en la consignación de la información, por lo que considera que esta podía ser integrada por el órgano electoral sin afectar el derecho a la participación política.
e) Asimismo, sostiene que, mediante Resolución N° 44, del 14 de marzo de 2013, el Poder Judicial declaró rehabilitado al señor candidato respecto de la condena recaída en el Expediente N° 2008-00396, circunstancia que, según refiere, fue advertida en el informe de fiscalización.
f) Afirma que, como consecuencia de la rehabilitación, sus antecedentes penales y judiciales habrían sido cancelados definitivamente y que actualmente goza del pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, por lo que no existiría impedimento constitucional para su postulación.
g) Finalmente, sostiene que la exclusión constituiría una medida desproporcionada frente a una omisión que califica como formal y derivada de un error material, por lo que solicita que no se disponga su exclusión y, de manera subsidiaria, que la omisión sea reconducida mediante una anotación marginal.
1.4. A través de la Resolución N° 01322-2026-JEE-MAYN/JNE, del 23 de agosto de 2026, el JEE dispuso la exclusión del señor candidato, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con lo preceptuado en el artículo 15 del Reglamento de la DJHV, con base en los siguientes argumentos:
a) El JEE determinó que el señor candidato omitió consignar en el Rubro V de su DJHV la sentencia condenatoria firme recaída en el Expediente N° 2008-00396, emitida por la Primera Sala Penal de Loreto, por los delitos de peculado y falsificación de documentos, ambos de naturaleza dolosa.
b) Precisó que, conforme a la normativa electoral y a la jurisprudencia del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, los candidatos tienen la obligación de declarar todas las sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos, independientemente de que estas se encuentren rehabilitadas o se haya dispuesto la reserva del fallo condenatorio.
c) En ese sentido, señaló que la rehabilitación penal no elimina la existencia histórica de la sentencia condenatoria firme, pues sus efectos se encuentran vinculados a la restitución de derechos y a la extinción de los efectos penales, mientras que el deber de consignar la información en la DJHV responde a una finalidad distinta, relacionada con la transparencia electoral y el derecho del elector a un voto informado.
d) Respecto de los descargos formulados por la organización política, el JEE consideró que el hecho de que el señor candidato hubiera marcado la opción “SÍ TENGO” en el Rubro V y hubiera declarado otra sentencia no desvirtuaba la omisión específica de la sentencia recaída en el Expediente N° 2008-00396.
e) Asimismo, consideró que la alegación referida a que la omisión obedeció a un error material y a la condición de rehabilitado del señor candidato no enervaba el incumplimiento del deber de declarar la sentencia condenatoria firme.
f) Finalmente, el JEE concluyó que la omisión de consignar en la DJHV la sentencia condenatoria firme por delito doloso configuraba la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, por lo que correspondía disponer la exclusión del señor candidato.
SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS
2.1. Por escrito del 26 de agosto de 2026, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 01322-2026-JEE-MAYN/JNE, emitida por el JEE, solicitando que se revoque dicha decisión, con base en los siguientes argumentos:
a) No se encuentra acreditada una conducta deliberada de ocultamiento por parte del señor candidato, pues la omisión atribuida habría obedecido a un error material e involuntario en la consignación de la información en la DJHV.
b) No existió un ocultamiento absoluto de sus antecedentes judiciales, debido a que el señor candidato marcó la opción “SÍ TENGO” en el Rubro V de su DJHV y consignó información correspondiente a otra sentencia condenatoria, por lo que, a criterio del recurrente, exteriorizó su condición de sentenciado ante la autoridad electoral.
c) Respecto de la sentencia recaída en el Expediente N° 2008-00396, sostiene que esta fue objeto de rehabilitación mediante Resolución N° 44, del 14 de marzo de 2013, por lo que dicha circunstancia debe ser valorada al analizar la omisión atribuida al señor candidato.
d) Alega que, como consecuencia de la rehabilitación, se produjo la cancelación de sus antecedentes penales y judiciales y que actualmente no existe impedimento para que el señor candidato ejerza sus derechos civiles y políticos ni para que postule al cargo al que aspira.
e) Finalmente, cuestiona la aplicación de la exclusión por considerar que constituye una medida desproporcionada frente a una omisión que califica como error material e involuntario y solicita que se revoque la resolución impugnada; subsidiariamente, pide que la omisión sea corregida mediante anotación marginal.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución Política del Perú
1.1. El numeral 3 del artículo 178 establece, como atribución del JNE, la administración de justicia en materia electoral.
En la Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE)
1.2. El artículo III del Título Preliminar, referido a los principios generales, contempla:
Artículo III. Principio de transparencia
Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.
En la LOP
1.3. En concordancia con ello, el sub numeral 5 del numeral 23.3 del artículo 23 del mismo dispositivo legal establece:
23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:
[…]
5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
1.4. En el numeral 23.5 del artículo 23 se establece lo siguiente:
Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias
[…]
23.5 La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.
En el Reglamento de Inscripción
1.5. El artículo 19 prevé lo siguiente:
Artículo 19.- Disposiciones sobre la Declaración Jurada de Hoja de Vida de los candidatos
[…]
La información contenida en el Formato Único de DJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, para lo cual da fe de la veracidad de su contenido a través del documento señalado en el Anexo 1 del presente reglamento, el cual debe contar con la huella dactilar del índice derecho y firma del candidato.
Aun cuando el personero legal de la organización política es el encargado de registrar los Formatos Únicos de DJHV de los candidatos, corresponde a estos últimos:
a. Verificar oportunamente si la información que contiene la DJHV es auténtica, está completa y ha sido actualizada.
b. Asumir las consecuencias jurídicas que se deriven de haber consignado información falsa, incompleta o no actualizada en la DJHV que registre el personero legal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondieran al personero legal.
1.6. Los numerales 41.1 y 41.3 del artículo 41 prescriben:
Artículo 41.- Exclusión de candidato
[…]
41.1 El JEE dispone la exclusión de un candidato de la fórmula o de la lista de la que forme parte hasta un (1) día antes de la fecha fijada para la elección cuando tome conocimiento de que contra este se ha impuesto:
a. condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad;
[…]
41.3 El JEE dispone la exclusión de un candidato por omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato
En el Reglamento de la DJHV
1.7. El literal j del artículo 6 preceptúa:
Artículo 6.- Datos de la DJHV
La DJHV debe registrar los siguientes datos:
[…]
j. Relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, o si no las tuviera.
[…]
1.8. El artículo 10 preceptúa lo siguiente:
Artículo 10.- Registro de información en el FUDJHV
[…]
La información contenida en el FUDJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato.
1.9. El artículo 15 establece:
Artículo 15.- Infracción contemplada en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP
En atención a lo prescrito en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, la omisión de la información referida a la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la citada ley, da lugar al retiro de dicho candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección.
El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de inscripción de la formula y lista de candidatos.
En caso de que se hubiera excluido al candidato o de que hubiera trascurrido el plazo para excluirlo, y se hubiese verificado la omisión prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se remiten los actuados al Ministerio Público.
En la jurisprudencia del JNE
1.10. En la Resolución N° 3016-2022-JNE, del 24 de agosto de 2022, se sostuvo:
2.2. En reiterada jurisprudencia, este órgano electoral estableció que las DJHV de los candidatos son una herramienta sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto con el acceso a estas se procura que el elector pueda emitir su voto de manera responsable, racional y sustentada en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas.
2.3. Así, las DJHV contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo que se requiere no solo optimizar la transparencia de estas, sino también que se establezcan mecanismos de control y verificación, como los procedimientos de tacha y exclusión, que aseguren que la información contenida en la DJHV sea veraz (ver SN 1.3.), con el fin de disuadir a los candidatos de omitir el registro de información trascendente o de registrar datos falsos en dichos documentos.
1.11. En la Resolución N° 2668-2022-JNE, del 10 de agosto de 2022, se sostuvo:
2.5. Dicho ello, resulta pertinente indicar que, de acuerdo con las normas electorales vigentes, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de extraer, incorporar y publicar la información de los registros públicos que esté relacionada con cada uno de los candidatos, en tanto esto sea posible; también existe la obligación por parte de los candidatos de consignar en sus declaraciones toda aquella información que no pueda ser cargada o extraída automáticamente de los registros públicos proporcionados a este organismo electoral, tal como lo dispone el artículo 9 del Reglamento de DJHV. (ver SN 1.7.).
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales2 (en adelante, Reglamento)
1.12. El artículo 14 contempla lo siguiente:
Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros). […]
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1. De los antecedentes expuestos, corresponde determinar si la exclusión del señor candidato resulta conforme a derecho, pese a que el señor recurrente sostiene que la omisión de consignar en la DJHV la sentencia condenatoria recaída en el Expediente N° 2008-00396 obedeció a un error material e involuntario, y que el señor candidato sí declaró en el Rubro V de su DJHV la existencia de una sentencia condenatoria correspondiente al Expediente N° 02439-2021-55-1903-JR-PE-02.
2.2. Ahora bien, respecto a la importancia de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas (ver SN 1.10.).
2.3. Así, estas coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también implementar mecanismos que aseguren que se registre toda la información solicitada y la veracidad de su contenido. Esto acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general -como las sanciones de exclusión de candidatos y multas- que disuadan de omitir información relevante o consignar datos falsos en sus declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
2.4. De autos se advierte que, mediante el Informe N° 000004-2026-ECC-JEEMAYNAS-ERM2026/JNE, el fiscalizador de hoja de vida adscrito al JEE verificó, con base en la información oficial remitida por el Poder Judicial, que el señor candidato registra una sentencia condenatoria firme recaída en el Expediente N° 2008-00396, por los delitos de peculado y falsificación de documentos; sin embargo, dicha información no fue consignada en el Rubro V de su DJHV.
2.5. En efecto, de la revisión de la DJHV, se constata dicha omisión. En consecuencia, se encuentra objetivamente acreditada la omisión de la información exigida en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.3.).
2.6. Frente a ello, el señor recurrente sostiene que la omisión se debió a un error en la comprensión y clasificación de la información que debía consignarse en la DJHV, lo que se evidenciaría del hecho de que el señor candidato sí declaró en el Rubro V la sentencia correspondiente al Expediente N° 02439-2021-55-1903-JR-PE-02. Al respecto, no resulta amparable el argumento del señor recurrente referido a que no existió una conducta deliberada de ocultamiento, debido a que el señor candidato sí consignó en su DJHV otra sentencia penal. Tal circunstancia no desvirtúa la obligación de declarar, en el rubro correspondiente, la sentencia recaída en el Expediente N° 2008-00396, por los delitos de peculado y falsificación de documentos, pues esta constituye una sentencia condenatoria firme que debía ser consignada en el Rubro V de la DJHV. En consecuencia, el hecho de haber consignado una sentencia distinta no subsana la omisión advertida ni exime al señor candidato del deber de proporcionar información completa y veraz en su DJHV (ver SN 1.4. y 1.8.).
2.7. En efecto, el literal j del artículo 6 del Reglamento de la DJHV establece que dicha declaración debe contener la relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos que hubieran quedado firmes, incluyendo las sentencias con reserva de fallo condenatorio (ver SN 1.7.). En consecuencia, la sentencia recaída en el Expediente N° 2008-00396, por los delitos de peculado y falsificación de documentos, al haber adquirido la calidad de firme, se encontraba comprendida dentro de la información que el señor candidato estaba obligado a consignar en su DJHV.
2.8. De otro lado, el señor recurrente sostiene que, al haberse producido la rehabilitación del señor candidato mediante Resolución N° 44, del 14 de marzo de 2013, la sentencia condenatoria recaída en el Expediente N° 2008-00396 ya no constituía un antecedente que debiera ser consignado en su DJHV. Al respecto, la rehabilitación del candidato no elimina la existencia de la sentencia condenatoria ni lo exime del deber de declararla en su DJHV, toda vez que dicha información se encuentra comprendida dentro de aquella que, conforme al literal j del artículo 6 del Reglamento de la DJHV, debe ser consignada. Por tanto, la alegación referida a que la condena había sido objeto de rehabilitación carece de incidencia para desvirtuar la obligación electoral de informar sobre la sentencia recaída en el Expediente N° 2008-00396, cuya omisión configura objetivamente el supuesto previsto en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP.
2.9. En este extremo, corresponde precisar que la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP se configura con la omisión de declarar en la DJHV una sentencia condenatoria firme por delito doloso, por lo que no resulta necesario acreditar una intención deliberada de ocultar información, sino verificar objetivamente el incumplimiento del deber de declaración impuesto por la normativa electoral (ver SN 1.4. y 1.8.).
2.10. En esa medida, acreditada objetivamente la omisión de la información exigida por ley, corresponde aplicar la consecuencia jurídica expresamente prevista por el legislador, consistente en la exclusión del candidato, conforme al numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con el numeral 41.3 del artículo 41 del Reglamento de Inscripción y el artículo 15 del Reglamento de la DJHV (ver SN 1.4., 1.6. y 1.9.).
2.11. Dicha consecuencia jurídica resulta coherente con la finalidad del régimen de las DJHV, que busca garantizar que el electorado cuente con información veraz, íntegra y oportuna sobre quienes postulan a cargos de elección popular, fortaleciendo así los principios de transparencia y publicidad que rigen el proceso electoral (ver SN 1.2. y 1.11.).
2.12. Por las consideraciones expuestas, al encontrarse acreditado que el señor candidato omitió consignar en el Rubro V de su DJHV la sentencia condenatoria firme recaída en el Expediente N° 2008-00396, por los delitos de peculado y falsificación de documentos, y haberse configurado con ello la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución venida en grado, que dispuso su exclusión del proceso electoral.
2.13. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.12.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE EN MAYORIA
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Marcelo Ruiz Vela, personero legal titular de la organización política Alianza para el Progreso; en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 01322-2026-JEE-MAYN/JNE, del 23 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Maynas, que dispuso la exclusión de don Nelson Tambor Chota, candidato al cargo de alcalde distrital de la Municipalidad Distrital de Teniente Manuel Clavero, provincia de Putumayo, departamento de Loreto, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General.
SS.
BURNEO BERMEJO
MAISCH MOLINA
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026038819
TENIENTE MANUEL CLAVERO - PUTUMAYO - LORETO
JEE MAYNAS (ERM.2026033519)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 4 de setiembre de 2026
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE
Con el debido respeto a la posición asumida por la mayoría del Pleno, discrepo de la decisión que declara infundado el recurso de apelación interpuesto por don Marcelo Ruiz Vela, personero legal titular de la organización política Alianza para el Progreso, en consecuencia, confirma la Resolución N° 01322-2026-JEE-MAYN/JNE, del 23 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Maynas, que dispuso la exclusión de don Nelson Tambor Chota, candidato al cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Teniente Manuel Clavero, provincia de Putumayo, departamento de Loreto, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
DERECHO CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA
1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (art. 31 Constitución), por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede significar que la norma sea desproporcionada o irrazonable.
2. En efecto, “La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” (Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, c. 206).
ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES
3. Pues bien, la LOP (art. 23.5) establece que la omisión en la declaración de sentencias condenatorias firmes, incluso con reserva de fallo, produce la exclusión del candidato. La citada norma cumple la reserva de ley orgánica; no es discriminatoria, pues se aplica a toda persona que se encuentre en la misma situación; cumple un propósito útil, en tanto permite que la ciudadanía cuente con información relevante para su toma de decisiones; pero la pregunta que sigue es si resulta necesaria para resguardar el fin legítimo antes señalado, o si, por el contrario, existen medidas alternativas que sean menos gravosas para el derecho fundamental y que logren la misma finalidad.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado: “la necesidad de contar con una justicia electoral tuitiva, y puso de relieve que el JNE debe ejercer sus competencias privilegiando el derecho fundamental a la participación política; y que, para tal fin, debe utilizar los mecanismos jurídicos a su disposición, tales como el control difuso de constitucionalidad y el test de proporcionalidad de derechos, cuando corresponda. Más aún cuando, en los hechos, dicho órgano termina siendo el guardián principal de este derecho fundamental, en la medida en que los pronunciamientos judiciales posteriores llegan, generalmente, en forma tardía, cuando se ha configurado la sustracción de la materia y la irreparabilidad de los derechos” (Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, concordante con STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36).
4. La declaración jurada es un instrumento de transparencia por el que la ciudadanía puede ejercer un voto informado (fin legítimo), y, bajo esa premisa, la LOP ha establecido casos en los que la omisión de informar sobre circunstancias personales determina la exclusión del candidato (consecuencia más gravosa para el derecho de ser elegido, pues le impide de plano esa posibilidad). Sin embargo, la finalidad de transparencia puede lograrse en la misma medida, con medidas menos lesivas para el derecho fundamental, tal como la adecuada publicidad de la sentencia condenatoria mediante el sistema de anotaciones marginales en la declaración del candidato, lo cual podría realizarse con el informe de fiscalización, por lo que la ciudadanía tendría la información a su alcance, además de llamadas o íconos en la página web del JNE respecto a los “infractores” de la transparencia, sin perjuicio de otras medidas complementarias (administrativo sancionador y/o penal). En consecuencia, bajo el esquema planteado, el derecho de ser elegido (art. 31 Constitución) podría mantenerse; mientras el fin de conocer las sentencias condenatorias también se logra con la misma eficacia de la declaración jurada (publicidad), pero, claro está, la omisión produciría otras consecuencias, tales como una publicidad negativa (ícono de infractores), económicas y penales. La conclusión es que la exclusión no es necesaria para resguardar el fin de poner en conocimiento las sentencias de condena penal.
5. En el caso concreto, la cuestión controvertida se centra en determinar la consecuencia jurídica de la omisión de informar una sentencia condenatoria firme o con reserva de fallo condenatorio, pues, si bien el art. 23.5 LOP establece la exclusión del candidato como única alternativa, sin embargo, ello no resiste el test de proporcionalidad conforme los términos antes planteados, pues la restricción no es necesaria para lograr el fin legítimo en un Estado Democrático de Derecho, por lo que corresponde realizar el control difuso de esa norma, con la consiguiente inaplicación en este caso, bajo la premisa que el JNE constituye un tribunal supremo electoral, que ejerce funciones jurisdiccionales, por lo que se incluye en la hipótesis del art. 138 Constitución (Pleno TC. Sentencia 171-2025, f. 19).
Es más, cabe observar en este caso, una incoherencia valorativa del sistema jurídico electoral en general, pues la sentencia condenatoria firme del postulante no le impediría participar en la contienda electoral, por efecto de la rehabilitación; por tanto, si sentencia por delito (hecho) no produce exclusión ni impedimento -sin prejuzgar gravedad, circunstancias, tiempo u oportunidad-, entonces tampoco podría producirlo la falta de “declaración” de ese mismo delito (omisión de información), con lo que se llegaría a la paradoja que la “declaración de un hecho” (o su ausencia) resulta más grave que el “hecho” mismo, lo cual constituye una incoherencia que reafirma la conclusión de que el art. 23.5 LOP no es constitucional.
SUBSISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN REFERENTES A CONDENAS PENALES
6. El control difuso de constitucionalidad que descarta el art. 23.5 LOP no elimina los diversos impedimentos de postulación referentes a condenas penales, que se mantienen subsistentes, tales como los siguientes:
6.1 Personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por comisión de delito doloso (art. 34-A Constitución). Es necesario señalar que esta restricción opera en el ámbito estricto de la postulación, esto es, hasta el momento de la inscripción definitiva del candidato, conforme el indicado texto normativo. Luego de ello, por efecto de la preclusión electoral (art. XI título preliminar LOE), una posterior sentencia condenatoria en primera instancia, sin firmeza, no produce el efecto jurídico de impedimento, sino que se requiere la sentencia firme para efecto de producir la exclusión.
6.2 Personas condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso (art. 8.1.g LEM y art. 14.5.f LER), en el que se admite la rehabilitación del condenado para eliminar los efectos negativos de la pena, pues la sobrevivencia del impedimento en ciertos tipos penales, incluso con rehabilitación, según Ley 30717 (arts. 1, 2, 3) fue declarado inconstitucional (Exp. N° 00005-2020-PI/TC).
6.3 Personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, “aun cuando hubieran sido rehabilitados” (art. 8.1.h LEM y art. 14.5.g LER).
7. La gravedad de una sanción que se impone por tiempo indefinido, según la hipótesis prevista en el c. 6.3 precedente, exige que se realice un control de constitucionalidad:
En primer lugar, los derechos y libertades fundamentales se interpretan conforme los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú (Cuarta Disposición Final y Transitoria Constitución), por lo que, los derechos políticos deberán entenderse según el art. 23 Convención Americana de Derechos Humanos, concordante con la interpretación realizada por la Corte Interamericana, de cuyo mérito se interpreta que toda restricción del derecho a ser elegido debe basarse en la ley, no ser discriminatoria, sustentarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Caso Yatama vs. Nicaragua). En este contexto, el impedimento de postulación, si bien basada en una ley, sin embargo, solo se produce en ciertos delitos, ni siquiera en los más graves, pero no en muchos otros que producen mayor afectación a los diversos bienes jurídicos protegidos, por lo que se trata de una disposición discriminatoria, contraria al principio de igualdad, y no justificada, en cuanto no se sustenta en criterios razonables; por tanto, constituye una disposición restrictiva no compatible con la Constitución (art. 31) y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23).
En segundo lugar, una pena indefinida o perpetua tampoco se adecua con la finalidad resocializadora de cualquier sanción penal (art. 139 inc. 22 Constitución), pues la comisión de un delito se convertiría en un lastre, tacha o mancha vitalicia, una especie de “muerte civil”, sin posibilidad de recuperar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, pese a la rehabilitación ya lograda, lo que no puede ser compatible con la dignidad de la persona humana (art. 1 Constitución).
En virtud de lo expuesto, el art. 8.1.h LEM y el art. 14.5.g son directamente contrarios a la Constitución y CADH, por lo que el intento de reducir sus efectos mediante la imposición jurisprudencial de un plazo de vigencia del impedimento -diez años-, según la Res. N° 085-2026-JNE, no es suficiente para lograr la compatibilidad, pues extiende una condena más allá de su vigencia; por tanto, la única alternativa jurídica consiste en inaplicar totalmente dicha disposición en el caso concreto, según la potestad de control difuso de la constitucionalidad (arts. 138 y 181 Constitución, concordante con doctrina del Tribunal Constitucional expresada por Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, y antes STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36).
8. La inaplicación del mandato contenido en el art. 23.5 LOP no impide que el sistema electoral utilice los instrumentos de la tacha y exclusión para fines de detectar candidatos incursos en causales de impedimento, sea por condenas penales vigentes o condenas en primera instancia al momento de la postulación.
CONCLUSIÓN
9. La resolución apelada es nula, en tanto se ha excluido un postulante por una causal no compatible con la Constitución, pero igual corresponde que se evalúen las situaciones legales de impedimento basadas en sentencias penales, máxime cuando existe un Informe de Fiscalización, que se presume cierto, o solicitud de tacha, por lo que el postulante tendrá que desvirtuarlo en el plazo perentorio e improrrogable de un día para efecto de acreditar la rehabilitación u otra causa de pérdida de vigencia de la condena, y, luego, corresponderá emitir la decisión respectiva.
En virtud de tales consideraciones, MI VOTO es por declarar FUNDADA la apelación, por tanto, NULA la resolución recurrida, y, OTORGAR un día al recurrente para formular descargo en el plazo de un día, luego de ello, con lo actuado, el JEE deberá emitir en forma inmediata un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos antes indicados.
SS.
GONZALES BARRÓN
Clavijo Chipoco
Secretaria General
1 Aprobado por la Resolución N° 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2 Aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2574665-1