Confirman la Resolución N° 00647-2026-
JEE-ANDA/JNE

RESOLUCIóN N° 3607-2026-JNE

Expediente N° ERM.2026038756

POMACOCHA - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC

JEE ANDAHUAYLAS (ERM.2026029477)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES

APELACIÓN

Lima, 1 de setiembre de 2026

VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don Abdón Enciso Chuquimago, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Pomacocha, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac (en adelante, señor recurrente), por la organización política Ahora Nación - AN, en contra de la Resolución N° 00647-2026-JEE-ANDA/JNE, del 19 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Andahuaylas (en adelante, JEE), que dispuso su exclusión, por encontrarse incurso en el impedimento previsto en el literal g del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Oído: el informe oral.

PRIMERO. ANTECEDENTES

1.1. A través del Informe N° 000005-2026-EGT-JEEANDAHUAYLAS-ERM2026/JNE, del 20 de julio de 2026, el fiscalizador de hoja de vida adscrito al JEE comunicó a dicho órgano electoral que el señor recurrente, quien postula por la organización política Ahora Nación - AN (en adelante OP), registra una sentencia condenatoria por la comisión del delito contra la familia, en la modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria, previsto en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal, correspondiente al Expediente N° 00896-2024-40-0302-JR-PE-01. Asimismo, se verificó que dicha sentencia condenatoria no fue consignada por el candidato en el rubro V, “Relación de sentencias”, de su Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV).

1.2. En razón de la información antes mencionada, por medio de la Resolución N° 00600-2026-JEE-ANDA/JNE, del 9 de agosto de 2026, el JEE dispuso dar inicio al procedimiento sancionador en contra del señor recurrente, por la presunta infracción prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), en concordancia con el numeral 41.3 del artículo 41 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de Inscripción).

La referida resolución fue notificada electrónicamente a don Cristian Huamán Orosco, personero legal titular de la OP, el 13 de agosto de 2026, conforme se puede ver en el cargo de la Notificación N° 383826-2026-ANDA.

1.3. El 14 de agosto de 2026, el señor recurrente presentó los descargos respecto del procedimiento iniciado, en los siguientes términos:

a) Sostuvo que habría cumplido con las obligaciones derivadas de la sentencia penal, particularmente con el pago de los alimentos devengados y de la reparación civil correspondiente.

b) Alegó que se encontraría rehabilitado, por lo que la condena no produciría actualmente efectos que le impidan ejercer sus derechos políticos.

c) Pretendió acreditar su rehabilitación mediante la Resolución N° 12, del 12 de agosto de 2026; sin embargo, dicho pronunciamiento corresponde al Expediente N° 00940-2022-14-0302-JR-PE-02.

d) Señaló que la referida resolución declaró extinguido el periodo de prueba, no formalizada la condena y dispuso el archivo definitivo del proceso, por lo que consideró que ello acreditaría su rehabilitación.

e) Alegó que la sentencia materia de evaluación corresponde a un delito de omisión a la asistencia familiar y que habría cumplido con las obligaciones impuestas, por lo que no existiría impedimento vigente para su postulación.

f) Asimismo, sostuvo que la información relacionada con la sentencia habría sido consignada en su DJHV, por lo que no habría existido intención de ocultarla.

g) Finalmente, solicitó que se valore su situación jurídica actual y que se deje sin efecto la exclusión dispuesta por el JEE.

1.4. Mediante la Resolución N° 00647-2026-JEE-ANDA/JNE, del 19 de agosto de 2026, el JEE resolvió excluir al señor recurrente, al considerar que se encontraba incurso en el impedimento previsto en el literal g del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM. Dicha decisión se sustentó en los siguientes fundamentos:

a) Se encuentra acreditado que el señor recurrente fue condenado por medio de la Resolución N° 03, del 14 de mayo de 2025, recaída en el Expediente N° 00896-2024-40-0302-JR-PE-01, por la comisión del delito doloso de omisión a la asistencia familiar, imponiéndosele once (11) meses de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución. Cabe precisar que la referida sentencia fue declarada consentida.

b) A través de la Resolución N° 04, del 22 de octubre de 2025, el órgano jurisdiccional dejó constancia de la existencia de la sentencia condenatoria, dispuso la confección del boletín de condena electrónico y la remisión del expediente al juzgado de ejecución para la correspondiente ejecución.

c) El JEE consideró que, conforme al criterio jurisprudencial actualmente asumido por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la existencia de una condena penal no determina por sí sola la imposibilidad definitiva de participar como candidato cuando la persona ha cumplido la pena y se encuentra rehabilitada. Sin embargo, la participación política se encuentra condicionada a que se acredite el cumplimiento de la pena impuesta, de las reglas de conducta, de corresponder, y de las demás obligaciones derivadas de la sentencia, así como la condición jurídica de rehabilitado.

d) De la revisión de los actuados y de la documentación presentada con los descargos, el JEE determinó que el candidato no acreditó encontrarse rehabilitado respecto de la condena recaída en el Expediente N° 00896-2024-40-0302-JR-PE-01, al no haber presentado resolución judicial u otro documento idóneo expedido por el órgano jurisdiccional competente que permitiera verificar el cumplimiento de la pena y la consecuente rehabilitación.

e) Respecto de la Resolución N° 12, del 12 de agosto de 2026, presentada por la defensa para acreditar la rehabilitación, el JEE consideró que dicho pronunciamiento corresponde al Expediente N° 00940-2022-14-0302-JR-PE-02, distinto del proceso penal que origina el impedimento electoral materia de análisis.

f) Asimismo, precisó que la Resolución N° 12 no declara la rehabilitación respecto de la sentencia condenatoria emitida en el Expediente N° 00896-2024-40-0302-JR-PE-01, sino que declara extinguido el periodo de prueba correspondiente a una reserva de fallo condenatorio, declara no formalizada la condena y dispone el archivo definitivo de aquel otro proceso.

g) En ese sentido, el JEE concluyó que no resulta jurídicamente atendible equiparar los efectos de la Resolución N° 12, referida a una reserva de fallo condenatorio de otro proceso, con los efectos de la sentencia condenatoria dictada en el Expediente N° 00896-2024-40-0302-JR-PE-01, por lo que la extinción de aquel proceso penal distinto no implica la desaparición del impedimento derivado de la sentencia condenatoria objeto de evaluación.

h) Finalmente, respecto de la alegación referida a la consignación de la sentencia en la DJHV y a la ausencia de intención de ocultamiento, el JEE consideró que dicha circunstancia no desvirtúa la existencia de la condena ni el impedimento electoral, pues este no depende de la existencia de dolo o intención de ocultamiento por parte del candidato, sino de la existencia de una sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso.

i) En consecuencia, al no haberse acreditado documentalmente que respecto de la sentencia condenatoria emitida en el Expediente N° 00896-2024-40-0302-JR-PE-01 se hayan cumplido los presupuestos legales para que opere la rehabilitación, el JEE determinó que el señor candidato se encontraba comprendido en el impedimento previsto en el literal g del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM y dispuso su exclusión.

SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS

2.1. El 27 de agosto de 2026, el señor recurrente presentó escrito de apelación cuestionando la precitada resolución. En ese sentido, solicitó que se deje sin efecto su exclusión, sobre la base de los siguientes agravios:

a) Sostiene que sí habría cumplido con las obligaciones derivadas de la sentencia penal, particularmente con el pago de los alimentos devengados y de la reparación civil.

b) Alega que se encontraría rehabilitado, luego de haber cumplido la pena impuesta y efectuado el pago íntegro de la reparación civil, por lo que estaría habilitado para ejercer sus derechos políticos. Señala que se habría extinguido el periodo de prueba impuesto judicialmente, al haberse cumplido las reglas de conducta establecidas por el órgano jurisdiccional.

c) Invoca la Resolución N° 12, del 12 de agosto de 2026, mediante la cual se declaró extinguido el periodo de prueba, no formalizada la condena y se dispuso el archivo definitivo del proceso. Asimismo, sostiene que dicho pronunciamiento demostraría la inexistencia de impedimento para la postulación.

d) Cuestiona que el JEE haya considerado que la Resolución N° 12 corresponde a un proceso penal distinto, pues dicho pronunciamiento debe ser valorado conjuntamente con la alegada rehabilitación para determinar su situación jurídica actual.

e) Sostiene que la sentencia condenatoria fue consignada en el rubro VI de la DJHV, aunque no en el rubro V, por lo que no habría existido intención de ocultar información ni de inducir a error al electorado.

f) Alega que la existencia de una sentencia condenatoria no puede determinar, por sí sola, su exclusión, pues corresponde considerar su situación jurídica actual, particularmente el cumplimiento de la pena y la rehabilitación judicial.

g) Invoca los criterios establecidos por el Pleno del JNE respecto de los efectos de la rehabilitación judicial y el derecho de participación política, sosteniendo que no corresponde mantener una restricción al derecho a ser elegido cuando la pena habría sido cumplida y la persona se encontraría rehabilitada.

h) Finalmente, solicita que se revoque la resolución apelada y se deje sin efecto su exclusión, al considerar que se habría acreditado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la condena y que no existiría impedimento vigente para su postulación.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)

En la Constitución Política del Perú

1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del JNE, la administración de justicia en materia electoral.

En la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones

1.2. El artículo III del Título Preliminar, referido a los principios generales, contempla:

Artículo III. Principio de transparencia

Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.

En la LEM

1.3. El literal g del numeral 8.1 del artículo 8 preceptúa:

Artículo 8.- Impedimentos para postular

8.1 Los siguientes ciudadanos:

[…]

g) Las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. En el caso de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual.

[…]

En la LOP

1.4. En el numeral 23.5 del artículo 23 se señala lo siguiente:

Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias

[…]

23.5 La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.

[…]

1.5. En concordancia con ello, el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 del mismo dispositivo legal determina:

23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:

[…]

5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.

En el Reglamento de Inscripción

1.6. El artículo 19 prevé lo siguiente:

Artículo 19.- Disposiciones sobre la Declaración Jurada de Hoja de Vida de los candidatos

[…]

La información contenida en el Formato Único de DJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, para lo cual da fe de la veracidad de su contenido a través del documento señalado en el Anexo 1 del presente reglamento, el cual debe contar con la huella dactilar del índice derecho y firma del candidato.

Aun cuando el personero legal de la organización política es el encargado de registrar los Formatos Únicos de DJHV de los candidatos, corresponde a estos últimos:

a. Verificar oportunamente si la información que contiene la DJHV es auténtica, está completa y ha sido actualizada.

b. Asumir las consecuencias jurídicas que se deriven de haber consignado información falsa, incompleta o no actualizada en la DJHV que registre el personero legal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondieran al personero legal.

[…]

1.7. Los numerales 41.1 y 41.3 del artículo 41 prescriben:

Artículo 41.- Exclusión de candidato

[…]

41.1 El JEE dispone la exclusión de un candidato de la fórmula o de la lista de la que forme parte hasta un (1) día antes de la fecha fijada para la elección cuando tome conocimiento de que contra este se ha impuesto:

a. Condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad;

[…]

41.3 El JEE dispone la exclusión de un candidato por omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato.

[…]

En el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20262

1.8. El artículo 6 preceptúa lo siguiente:

Artículo 6.- Datos de la DJHV

La DJHV debe registrar los siguientes datos:

[…]

j. Relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, o si no las tuviera.

En la jurisprudencia del JNE

1.9. En la Resolución N° 3016-2022-JNE, del 24 de agosto de 2022, se sostuvo:

2.2. En reiterada jurisprudencia, este órgano electoral estableció que las DJHV de los candidatos son una herramienta sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto con el acceso a estas se procura que el elector pueda emitir su voto de manera responsable, racional y sustentada en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas.

2.3. Así, las DJHV contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo que se requiere no solo optimizar la transparencia de estas, sino también que se establezcan mecanismos de control y verificación, como los procedimientos de tacha y exclusión, que aseguren que la información contenida en la DJHV sea veraz, con el fin de disuadir a los candidatos de omitir el registro de información trascendente o de registrar datos falsos en dichos documentos.

1.10. En la Resolución N° 2668-2022-JNE, del 10 de agosto de 2022, se señaló:

2.5. Dicho ello, resulta pertinente indicar que, de acuerdo con las normas electorales vigentes, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de extraer, incorporar y publicar la información de los registros públicos que esté relacionada con cada uno de los candidatos, en tanto esto sea posible; también existe la obligación por parte de los candidatos de consignar en sus declaraciones toda aquella información que no pueda ser cargada o extraída automáticamente de los registros públicos proporcionados a este organismo electoral, tal como lo dispone el artículo 9 del Reglamento de DJHV.

En el Código Penal

1.11. El artículo 69 establece:3

Artículo 69.- Rehabilitación automática

El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite, cuando además haya cancelado el íntegro de la reparación civil.

La rehabilitación produce los efectos siguientes:

1. Restituye a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó; y,

2. La cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación.

Tratándose de pena privativa de libertad impuesta por la comisión de delito doloso, la cancelación de antecedentes penales, judiciales y policiales será provisional hasta por cinco años. Vencido dicho plazo y sin que medie reincidencia o habitualidad, la cancelación será definitiva.

La rehabilitación automática no opera cuando se trate de inhabilitación perpetua impuesta por la comisión de cualquiera de los delitos contra la Administración Pública o los delitos previstos en los capítulos IX y X del Título IV del Libro Segundo, así como los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, en cuyos casos la rehabilitación puede ser declarada por el órgano jurisdiccional que dictó la condena luego de transcurridos veinte años, conforme al artículo 59-B del Código de Ejecución Penal.

En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales4 (en adelante, Reglamento)

1.12. El artículo 14 contempla lo siguiente:

Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica

Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.

En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:

<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).

<https://consultaexpediente.jne.gob.pe/>, para expedientes jurisdiccionales de procesos no electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla JNE.

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

2.1. De los antecedentes expuestos, corresponde analizar si la exclusión del señor recurrente se encuentra conforme a derecho, considerando que este sostiene que habría cumplido las obligaciones derivadas de la sentencia penal, particularmente el pago de los alimentos devengados y de la reparación civil, y que se encontraría rehabilitado. Asimismo, cuestiona que el JEE haya considerado que la Resolución N° 12, del 12 de agosto de 2026, corresponde a un proceso penal distinto y, por tanto, no acredita la rehabilitación respecto de la condena recaída en el Expediente N° 00896-2024-40-0302-JR-PE-01.

2.2. Ahora bien, respecto a la importancia de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas (ver SN 1.10.).

2.3. Así, las DJHV coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también implementar mecanismos que aseguren que se registre toda la información solicitada y la veracidad de su contenido. Esto acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general -como las sanciones de exclusión de candidatos y multas- que disuadan de omitir información relevante o consignar datos falsos en sus declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.

2.4. De autos se advierte que, con el Informe N° 000005-2026-EGT-JEEANDAHUAYLAS-ERM2026/JNE, el fiscalizador adscrito al JEE verificó, con base en la información oficial remitida por el Poder Judicial, que el señor recurrente registra una sentencia condenatoria consentida por el delito de omisión a la asistencia familiar, recaída en el Expediente N° 00896-2024-40-0302-JR-PE-01. Asimismo, se advierte que dicha sentencia fue declarada consentida y que, posteriormente, mediante Resolución N° 04, del 22 de octubre de 2025, se dispuso la confección del boletín de condena electrónico y la remisión del expediente al juzgado de ejecución para la correspondiente ejecución.

2.5. Asimismo, de la revisión de los actuados se advierte que el señor recurrente no acreditó encontrarse rehabilitado respecto de la sentencia condenatoria recaída en el Expediente N° 00896-2024-40-0302-JR-PE-01. Si bien presentó la Resolución N° 12, del 12 de agosto de 2026, dicho pronunciamiento corresponde al Expediente N° 00940-2022-14-0302-JR-PE-02, distinto de aquel que origina el impedimento electoral materia de análisis. En consecuencia, no obra en autos documentación idónea que permita verificar que, respecto de la condena objeto del presente procedimiento, se hayan cumplido los presupuestos legales para que opere la rehabilitación prevista en el artículo 69 del Código Penal.

2.6. Frente a ello, el candidato sostiene que su situación jurídica habría sido regularizada, pues habría cumplido la pena impuesta, cancelado la reparación civil y obtenido su rehabilitación, por lo que consideró que no existía impedimento vigente para su postulación. Asimismo, cuestiona que el JEE haya desconocido tales circunstancias a partir de la falta de una resolución judicial de rehabilitación correspondiente al expediente que origina el impedimento.

2.7. De otro lado, si bien el artículo 69 del Código Penal establece que quien ha cumplido la pena o medida de seguridad impuesta, o extinguido de otro modo su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite, siempre que además haya cancelado el íntegro de la reparación civil, en el presente caso corresponde verificar que tales presupuestos se hayan cumplido respecto de la condena que sustenta el impedimento electoral. En ese sentido, no resulta suficiente la sola alegación del cumplimiento de la pena, del pago de la reparación civil o de la rehabilitación, sino que tales circunstancias deben encontrarse objetivamente acreditadas en los actuados respecto de la sentencia recaída en el Expediente N° 00896-2024-40-0302-JR-PE-01.

2.8. De otro lado, el señor recurrente invoca la Resolución N° 12, del 12 de agosto de 2026, para acreditar su situación jurídica favorable. Sin embargo, dicho pronunciamiento corresponde al Expediente N° 00940-2022-14-0302-JR-PE-02, distinto del Expediente N° 00896-2024-40-0302-JR-PE-01, que origina el impedimento electoral materia de análisis. Asimismo, aquella resolución no declara la rehabilitación del candidato respecto de la condena objeto del presente procedimiento, por lo que sus efectos no pueden extenderse a esta última.

2.9. Por tanto, al no haberse acreditado respecto de la sentencia condenatoria recaída en el Expediente N° 00896-2024-40-0302-JR-PE-01 el cumplimiento de los presupuestos legales que permitan determinar la rehabilitación del candidato, no puede tenerse por acreditado el cese de los efectos jurídicos que sustentan el impedimento previsto en el literal g del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM.

2.10. En esa medida, acreditada la existencia de una sentencia condenatoria consentida por delito doloso y no habiéndose acreditado documentalmente la rehabilitación del señor candidato respecto de dicha condena, corresponde mantener la consecuencia jurídica prevista en la legislación electoral, consistente en la exclusión del candidato, conforme al literal g del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM y al numeral 41.1 del artículo 41 del Reglamento de Inscripción.

2.11. En atención a los fundamentos desarrollados y de la revisión integral de los actuados, al haberse acreditado que el candidato fue condenado por delito doloso mediante sentencia consentida y que no ha acreditado documentalmente su rehabilitación respecto de dicha condena, corresponde declarar infundado el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar la resolución impugnada que dispuso su exclusión.

2.12. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.12.).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE EN MAYORÍA

1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Abdón Enciso Chuquimago, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Pomacocha, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, por la organización política Ahora Nación - AN; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 00647-2026-JEE-ANDA/JNE, del 19 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Andahuaylas, que dispuso su exclusión, por encontrarse incurso en el impedimento previsto en el literal g del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor magistrado Roberto Rolando Burneo Bermejo.

SS.

BURNEO BERMEJO

MAISCH MOLINA

TORRES CORTEZ

OYARCE YUZZELLI

Clavijo Chipoco

Secretaria General

Expediente N° ERM.2026038756

POMACOCHA - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC

JEE ANDAHUAYLAS (ERM.2026029477)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES

APELACIÓN

Lima, 1 de setiembre de 2026

EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con el debido respeto a la posición asumida por la mayoría del Pleno, discrepo de la decisión que declara infundado el recurso de apelación interpuesto por don don Abdón Enciso Chuquimago, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Pomacocha, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en consecuencia, confirma la Resolución N° 00647-2026-JEE-ANDA/JNE, del 19 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Andahuaylas, que dispuso su exclusión, por encontrarse incurso en el impedimento previsto en el literal g del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales.

DERECHO CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (art. 31 Constitución), por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede significar que la norma sea desproporcionada o irrazonable.

2. En efecto, “La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” (Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, c. 206).

ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES

3. Pues bien, la LOP (art. 23.5) establece que la omisión en la declaración de sentencias condenatorias firmes, incluso con reserva de fallo, produce la exclusión del candidato. La citada norma cumple la reserva de ley orgánica; no es discriminatoria, pues se aplica a toda persona que se encuentre en la misma situación; cumple un propósito útil, en tanto permite que la ciudadanía cuente con información relevante para su toma de decisiones; pero la pregunta que sigue es si resulta necesaria para resguardar el fin legítimo antes señalado, o si, por el contrario, existen medidas alternativas que sean menos gravosas para el derecho fundamental y que logren la misma finalidad.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado: “la necesidad de contar con una justicia electoral tuitiva, y puso de relieve que el JNE debe ejercer sus competencias privilegiando el derecho fundamental a la participación política; y que, para tal fin, debe utilizar los mecanismos jurídicos a su disposición, tales como el control difuso de constitucionalidad y el test de proporcionalidad de derechos, cuando corresponda. Más aún cuando, en los hechos, dicho órgano termina siendo el guardián principal de este derecho fundamental, en la medida en que los pronunciamientos judiciales posteriores llegan, generalmente, en forma tardía, cuando se ha configurado la sustracción de la materia y la irreparabilidad de los derechos” (Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, concordante con STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36)

4. La declaración jurada es un instrumento de transparencia por el que la ciudadanía puede ejercer un voto informado (fin legítimo), y, bajo esa premisa, la LOP ha establecido casos en los que la omisión de informar sobre circunstancias personales determina la exclusión del candidato (consecuencia más gravosa para el derecho de ser elegido, pues le impide de plano esa posibilidad). Sin embargo, la finalidad de transparencia puede lograrse en la misma medida, con medidas menos lesivas para el derecho fundamental, tal como la adecuada publicidad de la sentencia condenatoria mediante el sistema de anotaciones marginales en la declaración del candidato, lo cual podría realizarse con el informe de fiscalización, por lo que la ciudadanía tendría la información a su alcance, además de llamadas o íconos en la página web del JNE respecto a los “infractores” de la transparencia, sin perjuicio de otras medidas complementarias (administrativo sancionador y/o penal). En consecuencia, bajo el esquema planteado, el derecho de ser elegido (art. 31 Constitución) podría mantenerse; mientras el fin de conocer las sentencias condenatorias también se logra con la misma eficacia de la declaración jurada (publicidad), pero, claro está, la omisión produciría otras consecuencias, tales como una publicidad negativa (ícono de infractores), económicas y penales. La conclusión es que la exclusión no es necesaria para resguardar el fin de poner en conocimiento las sentencias de condena penal.

5. En el caso concreto, la cuestión controvertida se centra en determinar la consecuencia jurídica de la omisión de informar una sentencia condenatoria firme o con reserva de fallo condenatorio, pues, si bien el art. 23.5 LOP establece la exclusión del candidato como única alternativa, sin embargo, ello no resiste el test de proporcionalidad conforme los términos antes planteados, pues la restricción no es necesaria para lograr el fin legítimo en un Estado Democrático de Derecho, por lo que corresponde realizar el control difuso de esa norma, con la consiguiente inaplicación en este caso, bajo la premisa que el JNE constituye un tribunal supremo electoral, que ejerce funciones jurisdiccionales, por lo que se incluye en la hipótesis del art. 138 Constitución (Pleno TC. Sentencia 171-2025, f. 19).

Es más, cabe observar en este caso, una incoherencia valorativa del sistema jurídico electoral en general, pues la sentencia condenatoria firme del postulante no le impediría participar en la contienda electoral, por efecto de la rehabilitación; por tanto, si sentencia por delito (hecho) no produce exclusión ni impedimento -sin prejuzgar gravedad, circunstancias, tiempo u oportunidad-, entonces tampoco podría producirlo la falta de “declaración” de ese mismo delito (omisión de información), con lo que se llegaría a la paradoja que la “declaración de un hecho” (o su ausencia) resulta más grave que el “hecho” mismo, lo cual constituye una incoherencia que reafirma la conclusión de que el art. 23.5 LOP no es constitucional.

SUBSISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN REFERENTES A CONDENAS PENALES

6. El control difuso de constitucionalidad que descarta el art. 23.5 LOP no elimina los diversos impedimentos de postulación referentes a condenas penales, que se mantienen subsistentes, tales como los siguientes:

6.1 Personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por comisión de delito doloso (art. 34-A Constitución). Es necesario señalar que esta restricción opera en el ámbito estricto de la postulación, esto es, hasta el momento de la inscripción definitiva del candidato, conforme el indicado texto normativo. Luego de ello, por efecto de la preclusión electoral (art. XI título preliminar LOE), una posterior sentencia condenatoria en primera instancia, sin firmeza, no produce el efecto jurídico de impedimento, sino que se requiere la sentencia firme para efecto de producir la exclusión.

6.2 Personas condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso (art. 8.1.g LEM y art. 14.5.f LER), en el que se admite la rehabilitación del condenado para eliminar los efectos negativos de la pena, pues la sobrevivencia del impedimento en ciertos tipos penales, incluso con rehabilitación, según Ley 30717 (arts. 1, 2, 3) fue declarado inconstitucional (Exp. N° 00005-2020-PI/TC).

6.3 Personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, “aun cuando hubieran sido rehabilitados” (art. 8.1.h LEM y art. 14.5.g LER).

7. La gravedad de una sanción que se impone por tiempo indefinido, según la hipótesis prevista en el c. 6.3 precedente, exige que se realice un control de constitucionalidad:

En primer lugar, los derechos y libertades fundamentales se interpretan conforme los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú (Cuarta Disposición Final y Transitoria Constitución), por lo que, los derechos políticos deberán entenderse según el art. 23 Convención Americana de Derechos Humanos, concordante con la interpretación realizada por la Corte Interamericana, de cuyo mérito se interpreta que toda restricción del derecho a ser elegido debe basarse en la ley, no ser discriminatoria, sustentarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Caso Yatama vs. Nicaragua). En este contexto, el impedimento de postulación, si bien basada en una ley, sin embargo, solo se produce en ciertos delitos, ni siquiera en los más graves, pero no en muchos otros que producen mayor afectación a los diversos bienes jurídicos protegidos, por lo que se trata de una disposición discriminatoria, contraria al principio de igualdad, y no justificada, en cuanto no se sustenta en criterios razonables; por tanto, constituye una disposición restrictiva no compatible con la Constitución (art. 31) y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23).

En segundo lugar, una pena indefinida o perpetua tampoco se adecua con la finalidad resocializadora de cualquier sanción penal (art. 139 inc. 22 Constitución), pues la comisión de un delito se convertiría en un lastre, tacha o mancha vitalicia, una especie de “muerte civil”, sin posibilidad de recuperar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, pese a la rehabilitación ya lograda, lo que no puede ser compatible con la dignidad de la persona humana (art. 1 Constitución).

En virtud de lo expuesto, el art. 8.1.h LEM y el art. 14.5.g son directamente contrarios a la Constitución y CADH, por lo que el intento de reducir sus efectos mediante la imposición jurisprudencial de un plazo de vigencia del impedimento -diez años-, según la Res. N° 085-2026-JNE, no es suficiente para lograr la compatibilidad, pues extiende una condena más allá de su vigencia; por tanto, la única alternativa jurídica consiste en inaplicar totalmente dicha disposición en el caso concreto, según la potestad de control difuso de la constitucionalidad (arts. 138 y 181 Constitución, concordante con doctrina del Tribunal Constitucional expresada por Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, y antes STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36).

8. La inaplicación del mandato contenido en el art. 23.5 LOP no impide que el sistema electoral utilice los instrumentos de la tacha y exclusión para fines de detectar candidatos incursos en causales de impedimento, sea por condenas penales vigentes o condenas en primera instancia al momento de la postulación.

CONCLUSIÓN

9. La resolución apelada es nula, en tanto se ha excluido un postulante por una causal no compatible con la Constitución, pero igual corresponde que se evalúen las situaciones legales de impedimento basadas en sentencias penales, máxime cuando existe un Informe de Fiscalización, que se presume cierto, o solicitud de tacha, por lo que el postulante tendrá que desvirtuarlo en el plazo perentorio e improrrogable de un día para efecto de acreditar la rehabilitación u otra causa de pérdida de vigencia de la condena, y, luego, corresponderá emitir la decisión respectiva.

En virtud de tales consideraciones, MI VOTO es por declarar FUNDADA la apelación, por tanto, NULA la resolución recurrida, y, OTORGAR un día al recurrente para formular descargo en el plazo de un día, luego de ello, con lo actuado, el JEE deberá emitir en forma inmediata un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos antes indicados.

SS.

GONZALES BARRÓN

Clavijo Chipoco

Secretaria General

1 Aprobado por la Resolución N° 0848-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución N° 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

3 Modificado por el Decreto Legislativo N° 1453, Decreto Legislativo que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para establecer y ampliar el alcance de la pena de inhabilitación, publicado el 16 de setiembre de 2018 en el diario oficial El Peruano.

4 Aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

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