Confirman la Resolución N° 00542-2026-
JEE-CNCH/JNE

RESOLUCIóN N° 3447-2026-JNE

Expediente N° ERM.2026038008

TÚPAC AMARU - CANAS - CUSCO

JEE CANCHIS (ERM.2026034908)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES

APELACIÓN

Lima, 31 de agosto de 2026

VISTO: En audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don René Ayala Choquehuanca, personero legal titular de la organización política Partido Político PRIN (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución N° 00542-2026-JEE-CNCH/JNE, del 18 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Canchis (en adelante, JEE), que dispuso la exclusión de don Milqueades Quispe Mamani, candidato al cargo de regidor para el Concejo Distrital de Túpac Amaru, provincia de Canas, departamento de Cusco (en adelante, señor candidato), por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de la DJHV), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Oído el informe oral

PRIMERO. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Informe N° 000003-2026-JAS-JEECANCHIS-ERM2026/JNE, del 10 de julio de 2026, la fiscalizadora de hoja de vida adscrita al JEE informó que, luego de contrastar la Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV) del señor candidato con la información oficial remitida por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial, a través del Oficio N° 002559-2026-SERJU-GSJ-GG/PJ, se advirtió que el referido candidato registra dos (2) sentencias condenatorias. De la revisión efectuada, se verificó que la sentencia recaída en el Expediente N° 00120-2019-0-1006-JR-PE-01, correspondiente al delito de lesiones leves por violencia familiar, no fue consignada en el Rubro V, “Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas por delitos dolosos y la que incluye las sentencias con reserva del fallo condenatorio”, de su DJHV. Asimismo, se dejó constancia de que, mediante Resolución N° 03, del 10 de julio de 2019, dicha sentencia fue declarada consentida.

1.2. En razón de la información antes mencionada, mediante la Resolución N° 00484-2026-JEE-CNCH/JNE, del 14 de agosto de 2026, el JEE dispuso dar inicio al procedimiento sancionador en contra del señor candidato, por la presunta infracción prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, en concordancia con el numeral 41.3 del artículo 41 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Dicha resolución fue notificada electrónicamente al señor recurrente conforme al cargo de notificación correspondiente.

1.3. El 16 de agosto de 2026, el señor recurrente presentó los descargos respecto de la infracción imputada en los siguientes términos:

a) La omisión atribuida al candidato no obedeció a una conducta deliberada de ocultamiento, sino a un error en la comprensión y clasificación de la información consignada en la DJHV.

b) El candidato sí declaró una sentencia penal en su DJHV, correspondiente al Expediente N° 00004-2024-0-1006-JR-PE-01, aunque fue consignada en el Rubro VI, en lugar del Rubro V. Alega que dicha consignación en un rubro distinto se produjo debido a una equivocada comprensión de la estructura de la DJHV, pues el candidato habría entendido que las sentencias relacionadas con violencia familiar debían registrarse en el Rubro VI.

c) Asimismo, sostiene que no existió un ocultamiento absoluto de sus antecedentes judiciales, debido a que el candidato declaró una sentencia penal, proporcionó información sobre el órgano jurisdiccional y el expediente correspondiente, y posteriormente reconoció la existencia de la sentencia materia del procedimiento.

d) Respecto de la sentencia recaída en el Expediente N° 00120-2019-0-1006-JR-PE-01, manifiesta que esta fue emitida en el año 2019 y declarada consentida en el mismo año, por lo que solicita que se valore integralmente la situación jurídica actual del candidato.

e) La defensa señala que la pena privativa de libertad de un año fue convertida en 365 días-multa y que dicha sanción fue cumplida y cancelada.

f) También sostiene que no existe un impedimento vigente acreditado que imposibilite al candidato ejercer el cargo al que postula, diferenciando dicha circunstancia de la obligación electoral de declarar la sentencia en la DJHV.

g) Finalmente, solicita que no se disponga la exclusión del candidato y, subsidiariamente, que se permita la corrección de la DJHV mediante el mecanismo legalmente procedente, incluida la anotación marginal cuando corresponda.

1.4. A través de la Resolución N° 00542-2026-JEE-CNCH/JNE, del 18 de agosto de 2026, el JEE dispuso la exclusión del señor candidato, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con lo preceptuado en el artículo 15 del Reglamento de la DJHV, con base en los siguientes argumentos:

a) Mediante Resolución N° 02, del 10 de julio de 2019, se condenó al candidato por el delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar - violencia familiar física, imponiéndosele una pena privativa de libertad de un año, convertida a 365 días-multa. Asimismo, verificó que mediante Resolución N° 03, de la misma fecha, dicha sentencia fue declarada consentida, adquiriendo la calidad de firme.

b) En ese sentido, la sentencia materia de análisis correspondía a una condena firme por delito doloso, por lo que se encontraba comprendida dentro de la información que el candidato estaba obligado a consignar en su DJHV, conforme al inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP.

c) Precisamente, al contrastar la información consignada en la DJHV con la documentación oficial remitida por el Poder Judicial, se encontraba objetivamente acreditada la omisión de declarar la sentencia recaída en el Expediente N° 00120-2019-0-1006-JR-PE-01.

d) El JEE también precisó que la naturaleza dolosa del delito por el cual fue condenado el candidato se encontraba acreditada a partir de la sentencia y de la norma penal aplicada, por lo que dicho pronunciamiento formaba parte de la información de declaración obligatoria en la DJHV.

e) Respecto de la sentencia correspondiente al Expediente N° 00004-2024-0-1006-JR-PE-01, el JEE señaló que dicha omisión ya había sido objeto de pronunciamiento mediante la Resolución N° 00252-2026-JEE-CNCH/JNE, que dispuso la anotación marginal correspondiente, por lo que no correspondía emitir un nuevo pronunciamiento sobre ese extremo.

f) Finalmente, el JEE concluyó que la omisión de consignar la sentencia firme por delito doloso configuraba la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, correspondiendo aplicar la consecuencia jurídica de exclusión del candidato.

SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS

2.1. Por escrito del 20 de agosto de 2026, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 00542-2026-JEE-CNCH/JNE, emitida por el JEE, solicitando que se revoque dicha decisión, con base en los siguientes argumentos:

a) No se encuentra acreditada una conducta deliberada de ocultamiento por parte del candidato, pues la omisión atribuida habría obedecido a un error en la comprensión y clasificación de la información consignada en la DJHV.

b) No existió un ocultamiento absoluto de sus antecedentes judiciales, debido a que el candidato declaró una sentencia penal, proporcionó información sobre el órgano jurisdiccional y el expediente correspondiente y, posteriormente, reconoció la existencia de la sentencia materia del procedimiento.

c) Respecto de la sentencia recaída en el Expediente N° 00120-2019-0-1006-JR-PE-01, manifiesta que esta fue emitida en el año 2019 y declarada consentida en la misma fecha, por lo que solicita que se valore integralmente la situación jurídica actual del candidato. La pena privativa de libertad de un año impuesta al candidato fue convertida en 365 días-multa y que dicha sanción fue cumplida y cancelada.

d) No existe un impedimento vigente que imposibilite al candidato ejercer el cargo al que postula, diferenciando dicha circunstancia de la obligación electoral de declarar la sentencia en la DJHV.

e) Finalmente, solicita que no se disponga la exclusión del candidato y, subsidiariamente, que se permita la corrección de la DJHV mediante el mecanismo legalmente procedente, incluida la anotación marginal cuando corresponda.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)

En la Constitución Política del Perú

1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del JNE, la administración de justicia en materia electoral.

En la Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE)

1.2. El artículo III del Título Preliminar, referido a los principios generales, contempla:

Artículo III. Principio de transparencia

Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.

En la LOP

1.3. En concordancia con ello, el sub numeral 5 del numeral 23.3 del artículo 23 del mismo dispositivo legal establece:

23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:

[…]

5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.

1.4. En el numeral 23.5 del artículo 23 se establece lo siguiente:

Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias

[…]

23.5 La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.

En el Reglamento de Inscripción

1.5. El artículo 19 prevé lo siguiente:

Artículo 19.- Disposiciones sobre la Declaración Jurada de Hoja de Vida de los candidatos

[…]

La información contenida en el Formato Único de DJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, para lo cual da fe de la veracidad de su contenido a través del documento señalado en el Anexo 1 del presente reglamento, el cual debe contar con la huella dactilar del índice derecho y firma del candidato.

Aun cuando el personero legal de la organización política es el encargado de registrar los Formatos Únicos de DJHV de los candidatos, corresponde a estos últimos:

a. Verificar oportunamente si la información que contiene la DJHV es auténtica, está completa y ha sido actualizada.

b. Asumir las consecuencias jurídicas que se deriven de haber consignado información falsa, incompleta o no actualizada en la DJHV que registre el personero legal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondieran al personero legal.

1.6. El numeral 41.1 y 41.3 del artículo 41 prescribe:

Artículo 41.- Exclusión de candidato

[…]

41.1 El JEE dispone la exclusión de un candidato de la fórmula o de la lista de la que forme parte hasta un (1) día antes de la fecha fijada para la elección cuando tome conocimiento de que contra este se ha impuesto:

a. condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad;

[…]

41.3 El JEE dispone la exclusión de un candidato por omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato

En el Reglamento de la DJHV

1.7. El j del articulo 6 preceptúa:

Artículo 6.- Datos de la DJHV

La DJHV debe registrar los siguientes datos:

[…]

j. Relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, o si no las tuviera.

[…]

1.8. El artículo 10 preceptúa lo siguiente:

Artículo 10.- Registro de información en el FUDJHV

[…]

La información contenida en el FUDJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato.

1.9. El artículo 15 establece:

Artículo 15.- Infracción contemplada en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP

En atención a lo prescrito en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, la omisión de la información referida a la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la citada ley, da lugar al retiro de dicho candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección.

El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de inscripción de la formula y lista de candidatos.

En caso de que se hubiera excluido al candidato o de que hubiera trascurrido el plazo para excluirlo, y se hubiese verificado la omisión prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se remiten los actuados al Ministerio Público.

En la jurisprudencia del JNE

1.10. En la Resolución N° 3016-2022-JNE, del 24 de agosto de 2022, se sostuvo:

2.2. En reiterada jurisprudencia, este órgano electoral estableció que las DJHV de los candidatos son una herramienta sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto con el acceso a estas se procura que el elector pueda emitir su voto de manera responsable, racional y sustentada en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas.

2.3. Así, las DJHV contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo que se requiere no solo optimizar la transparencia de estas, sino también que se establezcan mecanismos de control y verificación, como los procedimientos de tacha y exclusión, que aseguren que la información contenida en la DJHV sea veraz (ver SN 1.3.), con el fin de disuadir a los candidatos de omitir el registro de información trascendente o de registrar datos falsos en dichos documentos.

1.11. En la Resolución N° 2668-2022-JNE, del 10 de agosto de 2022, se sostuvo:

2.5. Dicho ello, resulta pertinente indicar que, de acuerdo con las normas electorales vigentes, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de extraer, incorporar y publicar la información de los registros públicos que esté relacionada con cada uno de los candidatos, en tanto esto sea posible; también existe la obligación por parte de los candidatos de consignar en sus declaraciones toda aquella información que no pueda ser cargada o extraída automáticamente de los registros públicos proporcionados a este organismo electoral, tal como lo dispone el artículo 9 del Reglamento de DJHV. (ver SN 1.6.).

En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales2 (en adelante, Reglamento)

1.12. El artículo 14 contempla lo siguiente:

Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica

Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.

En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:

<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros). […]

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

2.1. De los antecedentes expuestos, corresponde determinar si la exclusión del señor candidato resulta conforme a derecho, pese a que el señor recurrente sostiene que la omisión de consignar en la DJHV la sentencia condenatoria recaída en el Expediente N° 00120-2019-0-1006-JR-PE-01, obedeció a un error en la comprensión y clasificación de la información, y que el candidato sí declaró otra sentencia penal en el Rubro VI de su DJHV.

2.2. Ahora bien, respecto a la importancia de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas (ver SN 1.10.).

2.3. Así, estas coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también implementar mecanismos que aseguren que se registre toda la información solicitada y la veracidad de su contenido. Esto acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general -como las sanciones de exclusión de candidatos y multas- que disuadan de omitir información relevante o consignar datos falsos en sus declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.

2.4. De autos se advierte que, mediante el Informe N° 000003-2026-JAS-JEECANCHIS-ERM2026/JNE, la fiscalizadora de hoja de vida adscrita al JEE verificó, con base en la información oficial remitida por el Poder Judicial, que el señor candidato registra una sentencia condenatoria firme recaída en el Expediente N° 00120-2019-0-1006-JR-PE-01, por el delito de lesiones leves por violencia familiar; sin embargo, dicha información no fue consignada en el Rubro V de su DJHV.

2.5. En efecto, de la revisión de la DJHV, se constata dicha omisión. En consecuencia, se encuentra objetivamente acreditada la omisión de la información exigida en el incisco 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.3.).

2.6. Frente a ello, el señor recurrente sostiene que la omisión se debió a un error en la comprensión y clasificación de la información que debía consignarse en la DJHV, lo que se evidenciaría del hecho de que el candidato sí declaró en el Rubro VI la sentencia correspondiente al Expediente N° 00004-2024-0-1006-JR-PE-01. Al respecto, no resulta amparable el argumento del señor recurrente referido a que no existió una conducta deliberada de ocultamiento, debido a que el candidato sí consignó en su DJHV otra sentencia penal en un rubro distinto. Tal circunstancia no desvirtúa la obligación de declarar, en el rubro correspondiente, la sentencia recaída en el Expediente N° 00120-2019-0-1006-JR-PE-01, pues esta fue declarada consentida mediante Resolución N° 03, del 10 de julio de 2019, adquiriendo la calidad de firme. En consecuencia, el hecho de haber consignado una sentencia distinta no subsana la omisión advertida ni exime al candidato del deber de proporcionar información completa y veraz en su DJHV (ver SN 1.4. y 1.8.).

2.7. En efecto, el literal j del artículo 6 del Reglamento de la DJHV establece que dicha declaración debe contener la relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos que hubieran quedado firmes, incluyendo las sentencias con reserva de fallo condenatorio (ver SN 1.7.). En consecuencia, la sentencia recaída en el Expediente N° 00120-2019-0-1006-JR-PE-01, al haber sido declarada consentida mediante Resolución N° 03, del 10 de julio de 2019, se encontraba comprendida dentro de la información que el candidato estaba obligado a consignar en su DJHV.

2.8. De otro lado, el señor recurrente sostiene que, al haberse cumplido la pena impuesta y encontrarse cancelada la sanción de trescientos sesenta y cinco (365) días-multa, la sentencia condenatoria recaída en el Expediente N° 00120-2019-0-1006-JR-PE-01 ya no constituía un antecedente que debiera ser consignado en su DJHV. Al respecto, el cumplimiento de la pena y la posterior cancelación de la multa impuesta al candidato no eliminan la existencia de la sentencia condenatoria ni lo eximen del deber de declararla en su DJHV. Por tanto, la alegación referida a que la condena ya no constituía un antecedente que debiera ser declarado carece de incidencia para desvirtuar la obligación electoral de informar sobre la sentencia recaída en el Expediente N° 00120-2019-0-1006-JR-PE-01, cuya omisión configura objetivamente el supuesto previsto en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP.

2.9. En este extremo, corresponde precisar que la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP se configura con la omisión de declarar en la DJHV una sentencia condenatoria firme por delito doloso, por lo que no resulta necesario acreditar una intención deliberada de ocultar información, sino verificar objetivamente el incumplimiento del deber de declaración impuesto por la normativa electoral (ver SN 1.4. y 1.8.).

2.10. En esa medida, acreditada objetivamente la omisión de la información exigida por ley, corresponde aplicar la consecuencia jurídica expresamente prevista por el legislador, consistente en la exclusión del candidato, conforme al numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con el numeral 41.3 del artículo 41 del Reglamento de Inscripción y el artículo 15 del Reglamento de la DJHV (ver SN 1.4., 1.6. y 1.9.).

2.11. Dicha consecuencia jurídica resulta coherente con la finalidad del régimen de las DJHV, que busca garantizar que el electorado cuente con información veraz, íntegra y oportuna sobre quienes postulan a cargos de elección popular, fortaleciendo así los principios de transparencia y publicidad que rigen el proceso electoral (ver SN 1.2. y 1.11.).

2.12. Por las consideraciones expuestas, al encontrarse acreditado que el señor candidato omitió consignar en el Rubro V de su DJHV la sentencia condenatoria firme recaída en el Expediente N° 00120-2019-0-1006-JR-PE-01, por el delito de lesiones leves por violencia familiar, y haberse configurado con ello la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución venida en grado, que dispuso su exclusión del proceso electoral.

2.13. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.12.).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE EN MAYORÍA,

1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don René Ayala Choquehuanca, personero legal titular de la organización política Partido Político PRIN; en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 00542-2026-JEE-CNCH/JNE, del 18 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Canchis, que dispuso la exclusión de don Milqueades Quispe Mamani, candidato al cargo de regidor para el Concejo Distrital de Túpac Amaru, provincia de Canas, departamento de Cusco, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 830-2025-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor Magistrado doctor Aarón Oyarce Yuzzelli.

SS.

BURNEO BERMEJO

MAISCH MOLINA

TORRES CORTEZ

OYARCE YUZZELLI

Clavijo Chipoco

Secretaria General

Expediente N° ERM.2026038008

TÚPAC AMARU - CANAS - CUSCO

JEE CANCHIS (ERM.2026034908)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES

APELACIÓN

Lima, 31 de agosto de 2026

EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:

Con el debido respeto a la posición asumida por la mayoría del Pleno, discrepo de la decisión que declara infundado el recurso de apelación interpuesto por don René Ayala Choquehuanca, personero legal titular de la organización política Partido Político PRIN, en consecuencia, confirma la Resolución N° 00542-2026-JEE-CNCH/JNE, del 18 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Canchis, que dispuso la exclusión de don Milqueades Quispe Mamani, candidato al cargo de regidor para el Concejo Distrital de Túpac Amaru, provincia de Canas, departamento de Cusco, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

DERECHO CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (art. 31 Constitución), por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede significar que la norma sea desproporcionada o irrazonable.

2. En efecto, “La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” (Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, c. 206).

ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES

3. Pues bien, la LOP (art. 23.5) establece que la omisión en la declaración de sentencias condenatorias firmes, incluso con reserva de fallo, produce la exclusión del candidato. La citada norma cumple la reserva de ley orgánica; no es discriminatoria, pues se aplica a toda persona que se encuentre en la misma situación; cumple un propósito útil, en tanto permite que la ciudadanía cuente con información relevante para su toma de decisiones; pero la pregunta que sigue es si resulta necesaria para resguardar el fin legítimo antes señalado, o si, por el contrario, existen medidas alternativas que sean menos gravosas para el derecho fundamental y que logren la misma finalidad.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado: “la necesidad de contar con una justicia electoral tuitiva, y puso de relieve que el JNE debe ejercer sus competencias privilegiando el derecho fundamental a la participación política; y que, para tal fin, debe utilizar los mecanismos jurídicos a su disposición, tales como el control difuso de constitucionalidad y el test de proporcionalidad de derechos, cuando corresponda. Más aún cuando, en los hechos, dicho órgano termina siendo el guardián principal de este derecho fundamental, en la medida en que los pronunciamientos judiciales posteriores llegan, generalmente, en forma tardía, cuando se ha configurado la sustracción de la materia y la irreparabilidad de los derechos” (Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, concordante con STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36)

4. La declaración jurada es un instrumento de transparencia por el que la ciudadanía puede ejercer un voto informado (fin legítimo), y, bajo esa premisa, la LOP ha establecido casos en los que la omisión de informar sobre circunstancias personales determina la exclusión del candidato (consecuencia más gravosa para el derecho de ser elegido, pues le impide de plano esa posibilidad). Sin embargo, la finalidad de transparencia puede lograrse en la misma medida, con medidas menos lesivas para el derecho fundamental, tal como la adecuada publicidad de la sentencia condenatoria mediante el sistema de anotaciones marginales en la declaración del candidato, lo cual podría realizarse con el informe de fiscalización, por lo que la ciudadanía tendría la información a su alcance, además de llamadas o íconos en la página web del JNE respecto a los “infractores” de la transparencia, sin perjuicio de otras medidas complementarias (administrativo sancionador y/o penal). En consecuencia, bajo el esquema planteado, el derecho de ser elegido (art. 31 Constitución) podría mantenerse; mientras el fin de conocer las sentencias condenatorias también se logra con la misma eficacia de la declaración jurada (publicidad), pero, claro está, la omisión produciría otras consecuencias, tales como una publicidad negativa (ícono de infractores), económicas y penales. La conclusión es que la exclusión no es necesaria para resguardar el fin de poner en conocimiento las sentencias de condena penal.

5. En el caso concreto, la cuestión controvertida se centra en determinar la consecuencia jurídica de la omisión de informar una sentencia condenatoria firme o con reserva de fallo condenatorio, pues, si bien el art. 23.5 LOP establece la exclusión del candidato como única alternativa, sin embargo, ello no resiste el test de proporcionalidad conforme los términos antes planteados, pues la restricción no es necesaria para lograr el fin legítimo en un Estado Democrático de Derecho, por lo que corresponde realizar el control difuso de esa norma, con la consiguiente inaplicación en este caso, bajo la premisa que el JNE constituye un tribunal supremo electoral, que ejerce funciones jurisdiccionales, por lo que se incluye en la hipótesis del art. 138 Constitución (Pleno TC. Sentencia 171-2025, f. 19).

Es más, cabe observar en este caso, una incoherencia valorativa del sistema jurídico electoral en general, pues la sentencia condenatoria firme del postulante no le impediría participar en la contienda electoral, por efecto de la rehabilitación; por tanto, si sentencia por delito (hecho) no produce exclusión ni impedimento -sin prejuzgar gravedad, circunstancias, tiempo u oportunidad-, entonces tampoco podría producirlo la falta de “declaración” de ese mismo delito (omisión de información), con lo que se llegaría a la paradoja que la “declaración de un hecho” (o su ausencia) resulta más grave que el “hecho” mismo, lo cual constituye una incoherencia que reafirma la conclusión de que el art. 23.5 LOP no es constitucional.

SUBSISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN REFERENTES A CONDENAS PENALES

6. El control difuso de constitucionalidad que descarta el art. 23.5 LOP no elimina los diversos impedimentos de postulación referentes a condenas penales, que se mantienen subsistentes, tales como los siguientes:

6.1 Personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por comisión de delito doloso (art. 34-A Constitución). Es necesario señalar que esta restricción opera en el ámbito estricto de la postulación, esto es, hasta el momento de la inscripción definitiva del candidato, conforme el indicado texto normativo. Luego de ello, por efecto de la preclusión electoral (art. XI título preliminar LOE), una posterior sentencia condenatoria en primera instancia, sin firmeza, no produce el efecto jurídico de impedimento, sino que se requiere la sentencia firme para efecto de producir la exclusión.

6.2 Personas condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso (art. 8.1.g LEM y art. 14.5.f LER), en el que se admite la rehabilitación del condenado para eliminar los efectos negativos de la pena, pues la sobrevivencia del impedimento en ciertos tipos penales, incluso con rehabilitación, según Ley 30717 (arts. 1, 2, 3) fue declarado inconstitucional (Exp. N° 00005-2020-PI/TC).

6.3 Personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, “aun cuando hubieran sido rehabilitados” (art. 8.1.h LEM y art. 14.5.g LER).

7. La gravedad de una sanción que se impone por tiempo indefinido, según la hipótesis prevista en el c. 6.3 precedente, exige que se realice un control de constitucionalidad:

En primer lugar, los derechos y libertades fundamentales se interpretan conforme los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú (Cuarta Disposición Final y Transitoria Constitución), por lo que, los derechos políticos deberán entenderse según el art. 23 Convención Americana de Derechos Humanos, concordante con la interpretación realizada por la Corte Interamericana, de cuyo mérito se interpreta que toda restricción del derecho a ser elegido debe basarse en la ley, no ser discriminatoria, sustentarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Caso Yatama vs. Nicaragua). En este contexto, el impedimento de postulación, si bien basada en una ley, sin embargo, solo se produce en ciertos delitos, ni siquiera en los más graves, pero no en muchos otros que producen mayor afectación a los diversos bienes jurídicos protegidos, por lo que se trata de una disposición discriminatoria, contraria al principio de igualdad, y no justificada, en cuanto no se sustenta en criterios razonables; por tanto, constituye una disposición restrictiva no compatible con la Constitución (art. 31) y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23).

En segundo lugar, una pena indefinida o perpetua tampoco se adecua con la finalidad resocializadora de cualquier sanción penal (art. 139 inc. 22 Constitución), pues la comisión de un delito se convertiría en un lastre, tacha o mancha vitalicia, una especie de “muerte civil”, sin posibilidad de recuperar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, pese a la rehabilitación ya lograda, lo que no puede ser compatible con la dignidad de la persona humana (art. 1 Constitución).

En virtud de lo expuesto, el art. 8.1.h LEM y el art. 14.5.g son directamente contrarios a la Constitución y CADH, por lo que el intento de reducir sus efectos mediante la imposición jurisprudencial de un plazo de vigencia del impedimento -diez años-, según la Res. N° 085-2026-JNE, no es suficiente para lograr la compatibilidad, pues extiende una condena más allá de su vigencia; por tanto, la única alternativa jurídica consiste en inaplicar totalmente dicha disposición en el caso concreto, según la potestad de control difuso de la constitucionalidad (arts. 138 y 181 Constitución, concordante con doctrina del Tribunal Constitucional expresada por Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, y antes STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36).

8. La inaplicación del mandato contenido en el art. 23.5 LOP no impide que el sistema electoral utilice los instrumentos de la tacha y exclusión para fines de detectar candidatos incursos en causales de impedimento, sea por condenas penales vigentes o condenas en primera instancia al momento de la postulación.

CONCLUSIÓN

9. La resolución apelada es nula, en tanto se ha excluido un postulante por una causal no compatible con la Constitución, pero igual corresponde que se evalúen las situaciones legales de impedimento basadas en sentencias penales, máxime cuando existe un Informe de Fiscalización, que se presume cierto, o solicitud de tacha, por lo que el postulante tendrá que desvirtuarlo en el plazo perentorio e improrrogable de un día para efecto de acreditar la rehabilitación u otra causa de pérdida de vigencia de la condena, y, luego, corresponderá emitir la decisión respectiva.

En virtud de tales consideraciones, MI VOTO es por declarar FUNDADA la apelación, por tanto, NULA la resolución recurrida, y, OTORGAR un día al recurrente para formular descargo en el plazo de un día, luego de ello, con lo actuado, el JEE deberá emitir en forma inmediata un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos antes indicados.

SS.

GONZALES BARRÓN

Clavijo Chipoco

Secretaria General

1 Aprobado por la Resolución N° 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

2 Aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

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