Confirman la Resolución N° 00395-2026-JEE-AAMZ/JNE
RESOLUCIóN N° 3433-2026-JNE
Expediente N° ERM.2026037789
ALTO AMAZONAS - LORETO
JEE ALTO AMAZONAS (ERM.2026033558)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 31 de agosto de 2026
VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don Alberto Inga Valles (en adelante, señor recurrente) en contra de la Resolución N° 00395-2026-JEE-AAMZ/JNE, del 18 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas (en adelante, JEE), que dispuso su exclusión como candidato a regidor para el Concejo Provincial de Alto Amazonas, departamento de Loreto (en adelante, señor candidato), por la organización política Renovación Popular Perú, por incurrir en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de la DJHV), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Oído: el informe oral.
PRIMERO. ANTECEDENTES
1.1. A través del Informe N° 000005-2026-BCM-JEEALTOAMAZONAS-ERM2026/JNE, del 30 de julio de 2026, el fiscalizador de hoja de vida adscrito al JEE comunicó a dicho órgano electoral que el señor candidato registra una sentencia condenatoria por el delito contra la familia, en la modalidad de omisión a la asistencia familiar, correspondiente al Expediente N° 2015-0085-JPU-NCPP-AA-YGS, tramitado ante el Segundo Juzgado Mixto y Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de Alto Amazonas - Yurimaguas. Esta información fue obtenida a partir de la comunicación remitida por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial mediante Oficio N° 002559-2026-SRJU-GSJ-GG/PJ. Del mismo modo, se constató que dicha sentencia condenatoria no fue declarada por el señor candidato en el rubro V, “Relación de sentencias”, de su Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV).
1.2. En razón de la información antes mencionada, por medio de la Resolución N° 00339-2026-JEE-AAMZ/JNE, del 11 de agosto de 2026, el JEE dispuso dar inicio al procedimiento administrativo sancionador de exclusión en contra del señor candidato, por la presunta infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP. Asimismo, de conformidad con el numeral 22.2 del artículo 22 del Reglamento de la DJHV, dispuso correr traslado de los actuados al personero legal de la organización política y al señor candidato, a fin de que presenten sus respectivos descargos dentro del plazo de un (1) día calendario.
La referida resolución fue notificada, físicamente, al señor recurrente, el 14 de agosto de 2026, conforme se advierte en el cargo de la Notificación N° 383109-2026-AAMZ.
1.3. El 15 de agosto de 2026, el señor candidato presentó los descargos respecto de la infracción imputada en los siguientes términos:
a) El suscrito reconoce la existencia de la sentencia condenatoria por el delito de omisión a la asistencia familiar y manifiesta que no pretende desconocer el proceso ni la sentencia materia de fiscalización.
b) Cumplió las obligaciones derivadas de la sentencia, incluido el pago correspondiente, y que, posteriormente, obtuvo su rehabilitación. Señala que si bien no contó en ese momento con la documentación judicial que acredite tales circunstancias, solicita que estas sean verificadas ante el Poder Judicial.
c) Afirma que la consignación de la respuesta “NO” en el rubro V de la DJHV no obedeció a una decisión consciente de ocultar la existencia de la sentencia al electorado, sino a que entendió que, al haber cumplido la condena y encontrarse rehabilitado, dicha situación jurídica ya no constituía una sentencia vigente que debiera declarar.
d) Manifiesta que dicha comprensión estuvo vinculada al asesoramiento jurídico recibido para la elaboración y presentación de la documentación electoral, precisando que no es especialista en Derecho Electoral y que actuó conforme a la orientación profesional que se le proporcionó respecto de los efectos de la rehabilitación.
e) Precisa que la referencia al asesoramiento recibido no pretende trasladar a un tercero la responsabilidad personal que le corresponde respecto de la DJHV, sino que constituye una circunstancia que, a su criterio, debe ser valorada para determinar si existió una verdadera conducta de ocultamiento y para evaluar la proporcionalidad de la consecuencia jurídica.
f) Invoca el artículo 69 del Código Penal y sostiene que la rehabilitación resulta relevante para explicar su comprensión sobre el alcance de la información que debía declarar, así como para demostrar que se trata de una condena cumplida y de una situación penal superada, y no de una condena deliberadamente ocultada por encontrarse pendiente de cumplimiento.
g) Asimismo, manifiesta haber cumplido con el pago de la reparación civil, considerando que este elemento debe ser valorado para determinar su conducta posterior a la sentencia y descartar que la omisión haya tenido por finalidad encubrir una obligación penal o civil pendiente.
h) Sostiene que la exclusión constituye una medida de máxima intensidad, pues afecta su derecho de participación política, la oferta electoral de la organización política y las posibilidades de elección de la ciudadanía. Por ello, solicita que la consecuencia jurídica sea evaluada considerando las circunstancias particulares del caso.
i) Alega que la finalidad de transparencia electoral podría alcanzarse mediante la publicidad de la información materia de fiscalización y, de ser jurídicamente viable, mediante su anotación o incorporación en la DJHV, sin necesidad de privarlo de su derecho de participación política.
j) Invoca la existencia de jurisprudencia electoral reciente en la que se habría discutido la relación entre la omisión de sentencias rehabilitadas y el principio de proporcionalidad, solicitando que se valore la posibilidad de satisfacer la finalidad de transparencia mediante una medida menos restrictiva.
k) Reconoce que la Resolución N° 0557-2026-JNE constituye un antecedente desfavorable respecto de la omisión de una sentencia por delito de omisión a la asistencia familiar, incluso cuando se alegó la rehabilitación; sin embargo, solicita que se valoren las particularidades de su caso concreto.
l) Finalmente, solicita que, de considerarlo necesario, se requiera al órgano jurisdiccional competente información actualizada sobre el estado definitivo de la sentencia, el cumplimiento o extinción de la pena, el pago de la reparación civil y su rehabilitación y situación actual de antecedentes.
1.4. Mediante la Resolución N° 00395-2026-JEE-AAMZ/JNE, del 18 de agosto de 2026, el JEE resolvió excluir al señor candidato, al considerar que incurrió en la infracción establecida en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, en concordancia con el artículo 22 del Reglamento de la DJHV. Dicha decisión se sustentó en los siguientes fundamentos:
a) El señor candidato consignó “NO” en el rubro V de su DJHV, pese a que la información oficial remitida por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial daba cuenta de una sentencia condenatoria firme en su contra por el delito de omisión a la asistencia familiar, correspondiente al Expediente N° 2015-0085-JPU-NCPP-AA-YGS.
b) Asimismo, la información omitida correspondía a una sentencia condenatoria firme impuesta por delito doloso, cuya declaración resulta obligatoria conforme al numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, por lo que su omisión se encontraba comprendida en el supuesto previsto en el numeral 23.5 del mismo artículo.
c) En ese sentido, el JEE determinó que la omisión de consignar la referida sentencia condenatoria en el rubro V de la DJHV configuraba la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, correspondiendo aplicar la consecuencia jurídica prevista para dicho supuesto.
SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS
2.1. Por medio del escrito, presentado el 21 de agosto de 2026, el señor recurrente formuló recurso de apelación en contra de la Resolución N° 00395-2026-JEE-AAMZ/JNE, expedida por el JEE, solicitando que esta sea revocada, sustentando su pretensión impugnatoria en los siguientes argumentos:
a) El Expediente N° 00287-2013-1-2210-JR-PE-01 -que sí fue declarado en el rubro VI de su DJHV- corresponde a la etapa de investigación y ejecución, mientras que el Expediente N° 2015-0085-JPU-NCPP-AA-YGS fue asignado durante la etapa de juzgamiento, por lo que ambos números corresponderían al mismo proceso penal.
b) Sostiene que incurrió en un error al consignar la información en el rubro VI, pues consideró equivocadamente que la sentencia estaba relacionada con el incumplimiento de obligaciones familiares. Por ello, afirma que no puede concluirse que haya omitido totalmente la información sobre la sentencia condenatoria.
c) Invoca el principio de simplificación y sostiene que el error en la ubicación de la información no debería impedir que la autoridad electoral reconozca que su voluntad fue declarar el proceso penal en su DJHV.
d) Asimismo, cuestiona la apreciación de los hechos efectuada por el JEE, al considerar que el fiscalizador debió advertir que en el rubro VI se encontraba consignado el referido expediente penal y valorar dicha información antes de concluir que existió una omisión.
e) El señor recurrente solicita que se examine la constitucionalidad de aplicar automáticamente la consecuencia de exclusión prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, considerando que la finalidad de transparencia podría alcanzarse mediante la incorporación o publicidad de la información omitida.
f) Alega que la exclusión afecta su derecho fundamental de participación política y que la restricción debe superar un juicio de proporcionalidad, atendiendo a lo previsto en el artículo 31 de la Constitución Política del Perú.
g) Finalmente, sostiene que la finalidad de garantizar un voto informado podría alcanzarse mediante una medida menos restrictiva, como la anotación o incorporación de la sentencia en la DJHV, sin necesidad de excluir su candidatura.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución Política del Perú
1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la administración de justicia en materia electoral.
En la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones
1.2. El artículo III del Título Preliminar, referido a los principios generales, contempla:
Artículo III. Principio de transparencia
Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.
En la LOP
1.3. En concordancia con ello, el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 del mismo dispositivo legal determina:
23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:
[…]
5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
1.4. En el numeral 23.5 del artículo 23, se establece lo siguiente:
Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias
[…]
23.5 La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.
[…]
En el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 20262
1.5. El artículo 19 prevé lo siguiente:
Artículo 19.- Disposiciones sobre la Declaración Jurada de Hoja de Vida de los candidatos
[…]
La información contenida en el Formato Único de DJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, para lo cual da fe de la veracidad de su contenido a través del documento señalado en el Anexo 1 del presente reglamento, el cual debe contar con la huella dactilar del índice derecho y firma del candidato.
Aun cuando el personero legal de la organización política es el encargado de registrar los Formatos Únicos de DJHV de los candidatos, corresponde a estos últimos:
a. Verificar oportunamente si la información que contiene la DJHV es auténtica, está completa y ha sido actualizada.
b. Asumir las consecuencias jurídicas que se deriven de haber consignado información falsa, incompleta o no actualizada en la DJHV que registre el personero legal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondieran al personero legal.
[…]
1.6. Los numerales 41.1 y 41.3 del artículo 41 prescriben:
Artículo 41.- Exclusión de candidato
41.1 El JEE dispone la exclusión de un candidato de la fórmula o de la lista de la que forme parte hasta un (1) día antes de la fecha fijada para la elección cuando tome conocimiento de que contra este se ha impuesto:
a. Condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad;
[…]
41.3 El JEE dispone la exclusión de un candidato por omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato.
En el Reglamento de la DJHV
1.7. El artículo 6 preceptúa lo siguiente:
Artículo 6.- Datos de la DJHV
La DJHV debe registrar los siguientes datos:
[…]
j. Relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, o si no las tuviera.
1.8. El artículo 15 dicta:
Artículo 15.- Infracción contemplada en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP
En atención a lo prescrito en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, la omisión de la información referida a la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la citada ley, da lugar al retiro de dicho candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección.
El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de inscripción de la formula y lista de candidatos.
En caso de que se hubiera excluido al candidato o de que hubiera trascurrido el plazo para excluirlo, y se hubiese verificado la omisión prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se remiten los actuados al Ministerio Público.
1.9. El artículo 22 contempla:
Artículo 22.- Determinación de la infracción y el retiro o exclusión del candidato
22.1. El JEE califica el informe del SFHV y los anexos en el término de un (1) día calendario.
22.2. De considerar que los hechos descritos configuran la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, el JEE, mediante resolución, dispone el inicio del procedimiento sancionador y corre traslado de los actuados al personero legal de la organización política para que efectúe los descargos en el término de un (1) día calendario, asimismo se corre traslado de los actuados al candidato aludido a fin de que brinde la información que estime pertinente dentro del mismo plazo. Esta resolución es inimpugnable.
Se notificará al candidato aludido mediante casilla electrónica, por ello es su responsabilidad haber generado la misma.
La notificación del traslado se realiza de conformidad con el artículo 30 del presente reglamento. Si al calificar el informe, los hechos descritos no configuran la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, el JEE dispone, mediante resolución motivada, el archivo del expediente. Esta resolución es inimpugnable.
22.3. Vencido el plazo, con los descargos o sin ellos y en el término no mayor a tres (3) días calendarios, el JEE, sin audiencia pública, se pronuncia sobre la existencia o no de la infracción.
22.4. La resolución que impone una sanción de exclusión puede ser apelada dentro del plazo de tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el portal electrónico institucional del JNE.
22.5. Contra lo resuelto por el Pleno del JNE no procede la interposición de recurso impugnatorio alguno.
En la jurisprudencia del JNE
1.10. En la Resolución N° 3016-2022-JNE, del 24 de agosto de 2022, se sostuvo:
2.2. En reiterada jurisprudencia, este órgano electoral estableció que las DJHV de los candidatos son una herramienta sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto con el acceso a estas se procura que el elector pueda emitir su voto de manera responsable, racional y sustentada en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas.
2.3. Así, las DJHV contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo que se requiere no solo optimizar la transparencia de estas, sino también que se establezcan mecanismos de control y verificación, como los procedimientos de tacha y exclusión, que aseguren que la información contenida en la DJHV sea veraz (ver SN 1.3.), con el fin de disuadir a los candidatos de omitir el registro de información trascendente o de registrar datos falsos en dichos documentos.
1.11. En la Resolución N° 2668-2022-JNE, del 10 de agosto de 2022, se señaló:
2.5. Dicho ello, resulta pertinente indicar que, de acuerdo con las normas electorales vigentes, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de extraer, incorporar y publicar la información de los registros públicos que esté relacionada con cada uno de los candidatos, en tanto esto sea posible; también existe la obligación por parte de los candidatos de consignar en sus declaraciones toda aquella información que no pueda ser cargada o extraída automáticamente de los registros públicos proporcionados a este organismo electoral, tal como lo dispone el artículo 9 del Reglamento de DJHV. (ver SN 1.6.).
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3 (en adelante, Reglamento)
1.12. El artículo 14 contempla lo siguiente:
Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).
<https://consultaexpediente.jne.gob.pe/>, para expedientes jurisdiccionales de procesos no electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla JNE.
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1. De los antecedentes expuestos, corresponde analizar si la exclusión del señor candidato se encuentra conforme a derecho, considerando que el señor recurrente sostiene que la omisión de la sentencia condenatoria, recaída en el Expediente N° 2015-0085-JPU-NCPP-AA-YGS, en el rubro V de su DJHV, obedeció a un error, pues afirma que consignó, en el rubro VI, el Expediente N° 00287-2013-1-2210-JR-PE-01, correspondiente, según alega, al mismo proceso penal, y que, al haber cumplido la pena y obtenido su rehabilitación, consideró que dicha sentencia ya no debía ser declarada.
2.2. Ahora bien, respecto a la importancia de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas (ver SN 1.10.).
2.3. Así, dichas DJHV coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también implementar mecanismos que aseguren que se registre toda la información solicitada y la veracidad de su contenido. Esto acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general -como las sanciones de exclusión de candidatos y multas- que disuadan de omitir información relevante o consignar datos falsos en sus declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
2.4. De autos se advierte que, mediante el Informe N° 000005-2026-BCM-JEEALTOAMAZONAS-ERM2026/JNE, el fiscalizador de hoja de vida adscrito al JEE verificó, con base en la información oficial remitida por el Poder Judicial, que el señor candidato registra una sentencia condenatoria firme, contenida en la Resolución Número Dos, de fecha 24 de setiembre de 2015, Sentencia de Conformidad N° 135-2015-JPU-AA, recaída en el Expediente N° 2015-0085-JPU-NCPP-AA-YGS, por el delito de omisión a la asistencia familiar; sin embargo, dicha información no fue consignada en el rubro V de su DJHV.
2.5. Asimismo, de la revisión de la DJHV del señor candidato, se advierte que este consignó “NO TENGO” información por declarar en el rubro V, “Relación de sentencias”, pese a registrar la sentencia condenatoria firme, recaída en el Expediente N° 2015-0085-JPU-NCPP-AA-YGS, por el delito de omisión a la asistencia familiar. En consecuencia, se encuentra objetivamente acreditada la omisión de información exigida en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP.
2.6. Sobre este extremo, el señor recurrente afirma que el Expediente N° 00287-2013-1-2210-JR-PE-01, consignado en el rubro VI de su DJHV, estaría relacionado con el mismo proceso penal en el que se emitió la sentencia condenatoria correspondiente al Expediente N° 2015-0085-JPU-NCPP-AA-YGS. No obstante, de la revisión de los actuados, no se advierte elemento alguno que permita corroborar dicha correspondencia. En efecto, durante la etapa de descargos, el señor candidato se limitó a sostener que ambos expedientes estarían vinculados, sin acompañar documentación proveniente del órgano jurisdiccional competente que permita establecer que se trata del mismo proceso, ni que el segundo expediente constituya una continuación, derivación o identificación distinta del expediente que fue consignado en el rubro VI. Del mismo modo, al interponer su recurso de apelación, tampoco incorporó medio probatorio alguno que respalde dicha afirmación. En ese sentido, la sola manifestación del señor recurrente no resulta suficiente para acreditar que la información consignada en el rubro VI permita tener por declarada la sentencia condenatoria que correspondía registrar específicamente en el rubro V de su DJHV. Por tanto, al no encontrarse acreditada la identidad o correspondencia entre ambos expedientes, este argumento no desvirtúa la omisión de la sentencia condenatoria firme recaída en el Expediente N° 2015-0085-JPU-NCPP-AA-YGS, verificada en el presente caso.
2.7. Frente a ello, el señor recurrente sostiene que la omisión obedeció a un error de apreciación, pues consideró que, al haber cumplido la condena impuesta y obtenido su rehabilitación, ya no correspondía declarar la sentencia condenatoria en el rubro V de su DJHV. Asimismo, señala que actuó de buena fe y sin intención de ocultar información al electorado.
2.8. En ese sentido, el hecho de que el señor candidato hubiera cumplido la pena impuesta, efectuado el pago de la reparación civil y obtenido su rehabilitación no lo liberaba del deber de declarar la sentencia condenatoria firme en su DJHV. Así, las circunstancias alegadas no justifican la falta de consignación ni desvirtúan la infracción verificada.
2.9. En el mismo sentido, tampoco resulta atendible el argumento referido a que el señor candidato actuó de buena fe y sin intención de ocultar información. Al respecto, la configuración de la infracción materia de análisis se determina a partir de la constatación objetiva de la omisión de la sentencia condenatoria firme en la DJHV, por lo que la ausencia de una finalidad subjetiva de ocultamiento no desvirtúa el incumplimiento del deber de declaración.
2.10. En efecto, conforme se desprende de los actuados, la información consignada en la DJHV es de responsabilidad del propio candidato, quien debe garantizar la veracidad y completitud de su contenido mediante la suscripción del documento correspondiente. En ese sentido, el señor candidato tenía el deber de verificar que la DJHV contuviera la totalidad de la información cuya declaración resulta obligatoria, por lo que el alegado error no lo exime de responsabilidad respecto de la omisión advertida.
2.11. De otro lado, respecto al pedido de incorporar o anotar la información de la sentencia en la DJHV como medida alternativa a la exclusión, este no resulta atendible, pues la normativa electoral establece expresamente la exclusión como consecuencia jurídica de la omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP. En consecuencia, no corresponde sustituir dicha consecuencia por la medida propuesta por el señor recurrente.
2.12. De igual manera, respecto a la solicitud de requerir al Poder Judicial información actualizada sobre el cumplimiento de la condena, el pago de la reparación civil y la rehabilitación del señor candidato, corresponde señalar que dicha información no resulta conducente para desvirtuar la omisión acreditada, pues aun cuando tales circunstancias se encuentren acreditadas, no modifican el hecho objetivo de que la sentencia condenatoria firme no fue consignada en el rubro V de la DJHV. En consecuencia, corresponde desestimar dicha solicitud.
2.13. En ese sentido, se encuentra acreditado que el señor candidato omitió consignar, en el rubro V de su DJHV, la sentencia condenatoria firme recaída en el Expediente N° 2015-0085-JPU-NCPP-AA-YGS, por el delito de omisión a la asistencia familiar. Por tanto, la omisión verificada configura la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, correspondiendo aplicar la consecuencia jurídica establecida en la normativa electoral.
2.14. En esa medida, acreditada objetivamente la omisión de la información exigida por ley, corresponde aplicar la consecuencia jurídica expresamente prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, consistente en el retiro del candidato, en concordancia con el artículo 15 del Reglamento de la DJHV. En consecuencia, la exclusión del señor candidato resulta conforme a derecho (ver SN 1.4., 1.7. y 1.8.).
2.15. En atención a los fundamentos desarrollados, se encuentra acreditado que el señor candidato omitió consignar en el rubro V de su DJHV la sentencia condenatoria firme recaída en el Expediente N° 2015-0085-JPU-NCPP-AA-YGS, por el delito de omisión a la asistencia familiar. En consecuencia, se configura la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, por lo que corresponde declarar infundado el recurso de apelación y confirmar la resolución emitida por el JEE que dispuso su exclusión.
2.16. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.12.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE EN MAYORIA
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Alberto Inga Valles; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 00395-2026-JEE-AAMZ/JNE, del 18 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas, que dispuso su exclusión como candidato a regidor para el Concejo Provincial de Alto Amazonas, departamento de Loreto, postulado por la organización política Renovación Popular Perú, por incurrir en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, concordante con el artículo 22 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor magistrado Rubén Jaime Torres Cortez.
SS.
BURNEO BERMEJO
MAISCH MOLINA
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026037789
ALTO AMAZONAS - LORETO
JEE ALTO AMAZONAS (ERM.2026033558)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 31 de agosto de 2026
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE
Con el debido respeto a la posición asumida por la mayoría del Pleno, discrepo de la decisión que declara infundado el recurso de apelación interpuesto por don Alberto Inga Valles, en consecuencia, confirma la Resolución N° 00395-2026-JEE-AAMZ/JNE, del 18 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas, que dispuso su exclusión como candidato a regidor para el Concejo Provincial de Alto Amazonas, departamento de Loreto, por la organización política Renovación Popular Perú, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
DERECHO CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA
1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (art. 31 Constitución), por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede significar que la norma sea desproporcionada o irrazonable.
2. En efecto, “La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” (Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, c. 206).
ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES
3. Pues bien, la LOP (art. 23.5) establece que la omisión en la declaración de sentencias condenatorias firmes, incluso con reserva de fallo, produce la exclusión del candidato. La citada norma cumple la reserva de ley orgánica; no es discriminatoria, pues se aplica a toda persona que se encuentre en la misma situación; cumple un propósito útil, en tanto permite que la ciudadanía cuente con información relevante para su toma de decisiones; pero la pregunta que sigue es si resulta necesaria para resguardar el fin legítimo antes señalado, o si, por el contrario, existen medidas alternativas que sean menos gravosas para el derecho fundamental y que logren la misma finalidad.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado: “la necesidad de contar con una justicia electoral tuitiva, y puso de relieve que el JNE debe ejercer sus competencias privilegiando el derecho fundamental a la participación política; y que, para tal fin, debe utilizar los mecanismos jurídicos a su disposición, tales como el control difuso de constitucionalidad y el test de proporcionalidad de derechos, cuando corresponda. Más aún cuando, en los hechos, dicho órgano termina siendo el guardián principal de este derecho fundamental, en la medida en que los pronunciamientos judiciales posteriores llegan, generalmente, en forma tardía, cuando se ha configurado la sustracción de la materia y la irreparabilidad de los derechos” (Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, concordante con STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36)
4. La declaración jurada es un instrumento de transparencia por el que la ciudadanía puede ejercer un voto informado (fin legítimo), y, bajo esa premisa, la LOP ha establecido casos en los que la omisión de informar sobre circunstancias personales determina la exclusión del candidato (consecuencia más gravosa para el derecho de ser elegido, pues le impide de plano esa posibilidad). Sin embargo, la finalidad de transparencia puede lograrse en la misma medida, con medidas menos lesivas para el derecho fundamental, tal como la adecuada publicidad de la sentencia condenatoria mediante el sistema de anotaciones marginales en la declaración del candidato, lo cual podría realizarse con el informe de fiscalización, por lo que la ciudadanía tendría la información a su alcance, además de llamadas o íconos en la página web del JNE respecto a los “infractores” de la transparencia, sin perjuicio de otras medidas complementarias (administrativo sancionador y/o penal). En consecuencia, bajo el esquema planteado, el derecho de ser elegido (art. 31 Constitución) podría mantenerse; mientras el fin de conocer las sentencias condenatorias también se logra con la misma eficacia de la declaración jurada (publicidad), pero, claro está, la omisión produciría otras consecuencias, tales como una publicidad negativa (ícono de infractores), económicas y penales. La conclusión es que la exclusión no es necesaria para resguardar el fin de poner en conocimiento las sentencias de condena penal.
5. En el caso concreto, la cuestión controvertida se centra en determinar la consecuencia jurídica de la omisión de informar una sentencia condenatoria firme o con reserva de fallo condenatorio, pues, si bien el art. 23.5 LOP establece la exclusión del candidato como única alternativa, sin embargo, ello no resiste el test de proporcionalidad conforme los términos antes planteados, pues la restricción no es necesaria para lograr el fin legítimo en un Estado Democrático de Derecho, por lo que corresponde realizar el control difuso de esa norma, con la consiguiente inaplicación en este caso, bajo la premisa que el JNE constituye un tribunal supremo electoral, que ejerce funciones jurisdiccionales, por lo que se incluye en la hipótesis del art. 138 Constitución (Pleno TC. Sentencia 171-2025, f. 19).
Es más, cabe observar en este caso, una incoherencia valorativa del sistema jurídico electoral en general, pues la sentencia condenatoria firme del postulante no le impediría participar en la contienda electoral, por efecto de la rehabilitación; por tanto, si sentencia por delito (hecho) no produce exclusión ni impedimento -sin prejuzgar gravedad, circunstancias, tiempo u oportunidad-, entonces tampoco podría producirlo la falta de “declaración” de ese mismo delito (omisión de información), con lo que se llegaría a la paradoja que la “declaración de un hecho” (o su ausencia) resulta más grave que el “hecho” mismo, lo cual constituye una incoherencia que reafirma la conclusión de que el art. 23.5 LOP no es constitucional.
SUBSISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN REFERENTES A CONDENAS PENALES
6. El control difuso de constitucionalidad que descarta el art. 23.5 LOP no elimina los diversos impedimentos de postulación referentes a condenas penales, que se mantienen subsistentes, tales como los siguientes:
6.1 Personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por comisión de delito doloso (art. 34-A Constitución). Es necesario señalar que esta restricción opera en el ámbito estricto de la postulación, esto es, hasta el momento de la inscripción definitiva del candidato, conforme el indicado texto normativo. Luego de ello, por efecto de la preclusión electoral (art. XI título preliminar LOE), una posterior sentencia condenatoria en primera instancia, sin firmeza, no produce el efecto jurídico de impedimento, sino que se requiere la sentencia firme para efecto de producir la exclusión.
6.2 Personas condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso (art. 8.1.g LEM y art. 14.5.f LER), en el que se admite la rehabilitación del condenado para eliminar los efectos negativos de la pena, pues la sobrevivencia del impedimento en ciertos tipos penales, incluso con rehabilitación, según Ley 30717 (arts. 1, 2, 3) fue declarado inconstitucional (Exp. N° 00005-2020-PI/TC).
6.3 Personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, “aun cuando hubieran sido rehabilitados” (art. 8.1.h LEM y art. 14.5.g LER).
7. La gravedad de una sanción que se impone por tiempo indefinido, según la hipótesis prevista en el c. 6.3 precedente, exige que se realice un control de constitucionalidad:
En primer lugar, los derechos y libertades fundamentales se interpretan conforme los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú (Cuarta Disposición Final y Transitoria Constitución), por lo que, los derechos políticos deberán entenderse según el art. 23 Convención Americana de Derechos Humanos, concordante con la interpretación realizada por la Corte Interamericana, de cuyo mérito se interpreta que toda restricción del derecho a ser elegido debe basarse en la ley, no ser discriminatoria, sustentarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Caso Yatama vs. Nicaragua). En este contexto, el impedimento de postulación, si bien basada en una ley, sin embargo, solo se produce en ciertos delitos, ni siquiera en los más graves, pero no en muchos otros que producen mayor afectación a los diversos bienes jurídicos protegidos, por lo que se trata de una disposición discriminatoria, contraria al principio de igualdad, y no justificada, en cuanto no se sustenta en criterios razonables; por tanto, constituye una disposición restrictiva no compatible con la Constitución (art. 31) y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23).
En segundo lugar, una pena indefinida o perpetua tampoco se adecua con la finalidad resocializadora de cualquier sanción penal (art. 139 inc. 22 Constitución), pues la comisión de un delito se convertiría en un lastre, tacha o mancha vitalicia, una especie de “muerte civil”, sin posibilidad de recuperar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, pese a la rehabilitación ya lograda, lo que no puede ser compatible con la dignidad de la persona humana (art. 1 Constitución).
En virtud de lo expuesto, el art. 8.1.h LEM y el art. 14.5.g son directamente contrarios a la Constitución y CADH, por lo que el intento de reducir sus efectos mediante la imposición jurisprudencial de un plazo de vigencia del impedimento -diez años-, según la Res. N° 085-2026-JNE, no es suficiente para lograr la compatibilidad, pues extiende una condena más allá de su vigencia; por tanto, la única alternativa jurídica consiste en inaplicar totalmente dicha disposición en el caso concreto, según la potestad de control difuso de la constitucionalidad (arts. 138 y 181 Constitución, concordante con doctrina del Tribunal Constitucional expresada por Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, y antes STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36).
8. La inaplicación del mandato contenido en el art. 23.5 LOP no impide que el sistema electoral utilice los instrumentos de la tacha y exclusión para fines de detectar candidatos incursos en causales de impedimento, sea por condenas penales vigentes o condenas en primera instancia al momento de la postulación.
CONCLUSIÓN
9. La resolución apelada es nula, en tanto se ha excluido un postulante por una causal no compatible con la Constitución, pero igual corresponde que se evalúen las situaciones legales de impedimento basadas en sentencias penales, máxime cuando existe un Informe de Fiscalización, que se presume cierto, o solicitud de tacha, por lo que el postulante tendrá que desvirtuarlo en el plazo perentorio e improrrogable de un día para efecto de acreditar la rehabilitación u otra causa de pérdida de vigencia de la condena, y, luego, corresponderá emitir la decisión respectiva.
En virtud de tales consideraciones, MI VOTO es por declarar FUNDADA la apelación, por tanto, NULA la resolución recurrida, y, OTORGAR un día al recurrente para formular descargo en el plazo de un día, luego de ello, con lo actuado, el JEE deberá emitir en forma inmediata un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos antes indicados.
SS.
GONZALES BARRÓN
Clavijo Chipoco
Secretaria General
1 Aprobado por la Resolución N° 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2 Aprobado por Resolución N° 0848-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
3 Aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2574657-1