Confirman la Resolución N° 01863-2026-JEE-CALL/JNE
RESOLUCIóN N° 3425-2026-JNE
Expediente N° ERM.2026037671
CALLAO
JEE CALLAO (ERM.2026033208)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026
APELACIÓN
Lima, 31 de agosto de 2026
VISTO: en audiencia pública virtual del 31 de agosto de 2026, el recurso de apelación interpuesto por don Jonathan César Rengifo Bernaza (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución N° 01863-2026-JEE-CALL/JNE, del 20 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial del Callao (en adelante, JEE), que declaró infundada la tacha interpuesta contra don Ángelo Nicolás Castro Solís, candidato al cargo de consejero regional titular para el Consejo Regional del Callao, por la organización política Fuerza Popular, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
Oído: el informe oral.
PRIMERO. ANTECEDENTES
1.1. Mediante la Resolución N° 01609-2026-JEE-CALL/JNE, del 4 de agosto de 2026, recaída en el Expediente N° ERM.2026022325, el JEE admitió la fórmula y lista de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular (en adelante, OP) para el Gobierno Regional del Callao, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Dicha lista incluyó a don Ángelo Nicolás Castro Solís como candidato al cargo de consejero regional titular por la provincia del Callao (en adelante, señor candidato).
1.2. El 7 de agosto de 2026, el señor recurrente interpuso tacha contra el señor candidato, bajo los siguientes argumentos:
a) Sostiene que el señor candidato pretende acreditar el requisito de domicilio continuo de dos (2) años en la circunscripción electoral mediante un único documento denominado “Contrato de Arrendamiento”, supuestamente celebrado en el año 2022.
b) Señala que obtuvo otro documento referido al mismo inmueble, celebrado entre las mismas personas y con contenido similar, pero fechado en el año 2026, lo que, a su consideración, evidencia una inconsistencia relevante respecto de la autenticidad, integridad y correspondencia temporal del documento presentado por el candidato.
c) Alega que las diferencias advertidas entre ambos documentos generan indicios objetivos que ponen en cuestión la autenticidad del contrato de arrendamiento presentado por el señor candidato y, por tanto, su aptitud para acreditar el requisito de domicilio continuo exigido por la normativa electoral.
d) Cuestiona específicamente la certificación notarial del documento presentado por el candidato, señalando que existen inconsistencias respecto de la fecha de certificación, el número de hojas y el registro cronológico correspondiente al instrumento.
e) Refiere que el documento presentado por el candidato no contaría con elementos suficientes que permitan establecer que el contrato existía en la fecha que se pretende hacer valer para acreditar los dos (2) años de domicilio continuo exigidos por la normativa electoral.
f) Finalmente, solicita que, de considerarse necesaria una mayor actividad probatoria, se oficie a la Notaría Fernando Loayza Bellido para que remita copia certificada del documento que fue materia de certificación e informe sobre el número de hojas, la fecha del acto notarial, el contenido del instrumento efectivamente certificado, cuál de los dos (2) documentos fue certificado y los antecedentes registrales correspondientes.
1.3. En mérito de lo expuesto, mediante la Resolución N° 01731-2026-JEE-CALL/JNE, del 12 de agosto de 2026, el JEE admitió a trámite la tacha interpuesta contra el señor candidato y corrió traslado al personero legal titular de la OP para que formule los descargos correspondientes.
1.4. Con el escrito presentado el 13 de agosto de 2026, el personero legal titular de la OP, formuló sus descargos y solicitó que la tacha sea declarada infundada, bajo los siguientes argumentos:
a) El tachante no ha precisado con claridad los hechos que sustentarían la tacha y que pretenda atribuir carácter fraudulento a la documentación presentada por el candidato sin acompañar medio probatorio que sustente dicha afirmación.
b) El señor candidato cumple con el requisito de domicilio continuo en la circunscripción electoral, pues cuenta con un contrato de arrendamiento de fecha cierta 5 de diciembre de 2022, que acredita su residencia en el Callao desde dicho año.
c) Refiere que las diferencias advertidas por el tachante respecto de los sellos, firmas, vistos buenos y números de trámite constituyen apreciaciones subjetivas que no permiten acreditar la falsedad o inautenticidad del documento presentado por el candidato.
d) Señala que la certificación notarial del 19 de mayo de 2026 corresponde al mismo contrato de arrendamiento celebrado en el año 2022 y que la certificación posterior de una reproducción del documento no determina su inautenticidad, pues un mismo documento puede ser certificado en distintas oportunidades.
e) Afirma que el cuestionamiento formulado contra la certificación atribuida al 5 de diciembre de 2022 no ha sido corroborado con elemento objetivo que permita desvirtuar su autenticidad, y sostiene que el tachante no ha acreditado que el candidato no resida en el inmueble ubicado en el distrito del Callao.
f) Asimismo, sostiene que la información consignada en el SIS corresponde al año 2019, anterior al periodo en que el candidato habría establecido su residencia en el Callao, por lo que no resulta suficiente para desvirtuar el domicilio alegado.
g) Finalmente, invoca el derecho constitucional de participación política y el derecho a ser elegido, así como jurisprudencia constitucional y supranacional, para sostener que las restricciones al derecho de participación deben encontrarse debidamente justificadas y que, en el presente caso, no se ha acreditado el incumplimiento del requisito de domicilio.
1.5. Mediante la Resolución N° 01863-2026-JEE-CALL/JNE, del 20 de agosto de 2026, el JEE declaró infundada la tacha interpuesta contra el señor candidato, al considerar que no se había acreditado el incumplimiento del requisito de domicilio. Para ello, señaló que correspondía distinguir entre la existencia y validez del contrato de arrendamiento y la certificación o legalización notarial del documento, precisando que esta última no constituye un requisito para el nacimiento del vínculo contractual. Asimismo, consideró que el contrato presentado consignaba el inmueble y el periodo de arrendamiento comprendido entre el 9 de noviembre de 2022 y el 5 de noviembre de 2026, y que la existencia de una certificación posterior del mismo documento no permitía, por sí sola, concluir que el contrato fuera falso o inválido.
Asimismo, el JEE consideró que el candidato podía contar con domicilio múltiple conforme al artículo 35 del Código Civil, por lo que la existencia de otros domicilios consignados en documentación oficial no desvirtuaba, por sí misma, el domicilio alegado en el Callao. En consecuencia, concluyó que los cuestionamientos formulados por el tachante no resultaban suficientes para acreditar que el señor candidato incumpliera el requisito de domicilio exigido por la normativa electoral.
SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS
2.1. El 22 de agosto de 2026, don Jonathan César Rengifo Bernaza interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución N° 01863-2026-JEE-CALL/JNE, bajo los siguientes argumentos:
a) Sostiene que el JEE realizó una valoración incorrecta de los documentos presentados para acreditar el requisito de domicilio, pues consideró válido el contrato de arrendamiento presentado por el candidato pese a las inconsistencias advertidas respecto de su certificación notarial.
b) Señala que el contrato de arrendamiento que obra en el expediente presenta una certificación notarial del 5 de diciembre de 2022; sin embargo, existe otro ejemplar correspondiente al mismo contrato, celebrado entre las mismas partes y respecto del mismo inmueble, cuya certificación notarial aparece fechada el 19 de mayo de 2026.
c) Refiere que la existencia de ambos documentos genera una contradicción objetiva respecto de la fecha en que el instrumento fue presentado ante la notaría y certificado, por lo que el documento utilizado por el candidato no puede ser considerado, sin mayor verificación, como prueba suficiente para acreditar los dos (2) años de domicilio continuo exigidos por la normativa electoral.
d) Cuestiona que el JEE haya otorgado valor probatorio al contrato presentado por el candidato sin realizar las verificaciones necesarias respecto del registro cronológico notarial, el número de folios y las características del documento efectivamente certificado por la Notaría Fernando Loayza Bellido.
e) Sostiene que, de acuerdo con el numeral 30.6 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para Elecciones Regionales 20261 (en adelante, Reglamento de Inscripción), el documento destinado a acreditar el domicilio debe contar con fecha cierta, por lo que la certificación notarial constituye un elemento determinante para establecer desde cuándo puede producir efectos probatorios.
f) Alega que el contrato de arrendamiento, aun cuando fuera valorado, no acredita por sí solo la permanencia objetiva y continua del candidato en la jurisdicción, debido a que no se presentaron elementos periféricos de corroboración, tales como recibos de pago de la renta, arbitrios municipales u otros documentos que permitan verificar la efectiva ocupación del inmueble.
g) Asimismo, sostiene que tampoco se presentaron documentos relativos al pago de servicios básicos que permitan corroborar la existencia efectiva de la relación arrendaticia y la permanencia del candidato en el inmueble durante el periodo exigido.
h) Finalmente, señala que el candidato registra en su DNI domicilio en el distrito de Bellavista, y que de la información correspondiente al registro electoral se advierte que ejerció su derecho al voto en dicha jurisdicción, circunstancias que, a su consideración, deben ser valoradas conjuntamente con las inconsistencias existentes en el contrato de arrendamiento para determinar si cumplió realmente con el requisito de domicilio continuo.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución Política del Perú
1.1. El artículo 31 determina:
Artículo 31.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. También tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
[…]
1.2. El numeral 4 del artículo 178 de la Constitución Política del Perú establece como atribución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) administrar justicia en materia electoral.
1.3. El artículo 181 de la Constitución Política del Perú dispone que el Pleno del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia y resuelve con arreglo a la ley y a los principios generales de derecho. Sus resoluciones, en materia electoral, son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables.
En el Reglamento de Inscripción
1.4. El literal c del numeral 28.1 del artículo 28 señala:
Artículo 28.- Requisitos e impedimentos para ser candidatos
[…]
28.1 No Para integrar las fórmulas y listas de candidatos se requiere:
[…]
c) Haber nacido en la circunscripción electoral para la que postula o domiciliar en ella, cuando menos, durante los dos (2) últimos años, de manera continua, cumplidos hasta la fecha límite para la presentación de la solicitud de inscripción.
[…]
1.5. El numeral 30.6 del artículo 30 prevé:
Artículo 30.- Documentos requeridos para solicitar la inscripción de fórmulas y listas de candidatos
[…]
30.6. Para acreditar el domicilio de los candidatos, deben presentarse documentos con fecha cierta, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 245 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil.
1.6. El artículo 35 preceptúa:
Artículo 35.- Interposición de tachas
Dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la publicación a que se refiere el artículo 34 del presente reglamento, cualquier ciudadano inscrito en el Reniec y con sus derechos vigentes puede interponer tacha contra la lista de candidatos o contra uno o más de los candidatos que la integren. La tacha debe estar fundamentada y acompañada de las pruebas que sustenten los hechos en los que se fundamenta. […]
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales2 (en adelante, Reglamento)
1.7. El artículo 14, referido a la notificación de los pronunciamientos, contempla:
Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).
[…]
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1. Mediante la Resolución N° 01863-2026-JEE-CALL/JNE, del 20 de agosto de 2026, el JEE declaró infundada la tacha interpuesta contra el señor candidato, al considerar que los cuestionamientos formulados respecto del contrato de arrendamiento y de las certificaciones notariales no resultaban suficientes para desvirtuar el cumplimiento del requisito de domicilio. En particular, señaló que la certificación o legalización notarial no constituye un requisito para la existencia o validez del contrato de arrendamiento y que no se había acreditado que dicho instrumento fuera falso, inválido o inexistente.
2.2. Al respecto, corresponde señalar que, conforme al literal c del numeral 28.1 del artículo 28 del Reglamento de Inscripción, para integrar las fórmulas y listas de candidatos se requiere haber nacido en la circunscripción electoral donde se postula o domiciliar en ella, cuando menos, durante los dos (2) últimos años de manera continua, cumplidos hasta la fecha límite para la presentación de la solicitud de inscripción; asimismo, tratándose de candidatos al cargo de consejero regional, la circunscripción territorial comprende únicamente la provincia para la cual se postula. A su vez, el numeral 30.6 del artículo 30 del citado reglamento establece que deben presentarse documentos con fecha cierta que acrediten los dos (2) años de domicilio, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 245 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil (ver SN 1.4 y 1.5).
2.3. A su vez, el artículo 35 del Reglamento de Inscripción establece que cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil puede interponer tacha contra la lista de candidatos o contra uno o más de los candidatos que la integren, debiendo la tacha estar fundamentada y acompañada de las pruebas que sustenten los hechos en los que se fundamenta (ver SN 1.6.).
2.4. En el presente caso, el señor recurrente sostiene que el JEE incurrió en error al otorgar valor probatorio al contrato de arrendamiento presentado por el señor candidato para acreditar el requisito de domicilio continuo, pese a que existe otro documento referido al mismo contrato, celebrado entre las mismas partes y respecto del mismo inmueble, cuya certificación notarial corresponde al 19 de mayo de 2026, mientras que el documento presentado por el candidato contiene una certificación atribuida a la misma notaría de fecha 5 de diciembre de 2022. En tal sentido, corresponde determinar si las diferencias advertidas entre ambos documentos, particularmente respecto de la fecha de certificación, número de folios y registro notarial, afectan la eficacia probatoria del instrumento presentado para acreditar los dos (2) años de domicilio exigidos por la normativa electoral (ver SN 1.4 y 1.5.).
2.5. Sobre el particular, cabe señalar que la exigencia de domiciliar, cuando menos, los dos (2) últimos años en la circunscripción por la que el candidato postula tiene por finalidad garantizar que quien pretende ejercer un cargo de elección popular mantenga un vínculo real con la circunscripción que busca representar y, de ese modo, conozca las necesidades e intereses de la población de dicha jurisdicción. En ese sentido, para el caso de los candidatos a consejeros regionales, la acreditación del domicilio se circunscribe a la provincia para la cual se postula.
2.6. El requisito de domicilio debe verificarse a partir de los elementos probatorios que permitan acreditar la residencia habitual y continua del candidato en la circunscripción electoral durante el periodo exigido por la normativa. En ese contexto, el DNI constituye un elemento que permite identificar el domicilio declarado por el ciudadano, sin perjuicio de la valoración conjunta de otros medios probatorios que permitan corroborar la continuidad del vínculo domiciliario, conforme a lo previsto en el artículo 33 del Código Civil.
2.7. En el caso concreto, de la revisión de la información obrante en autos y de los registros oficiales correspondientes al domicilio del señor candidato, se observa, respecto de este, que:
a) En los padrones electorales, el candidato figura registrado con domicilio en el distrito del Callao, provincia constitucional del Callao, desde setiembre de 2024 hasta la fecha.
b) Dicha información debe ser valorada conjuntamente con la documentación presentada para acreditar el requisito de domicilio, particularmente con el contrato de arrendamiento correspondiente al inmueble ubicado en la circunscripción por la que postula.
2.8. En cuanto a la documentación presentada para acreditar el requisito de domicilio, se advierte que el señor candidato presentó un “Contrato de Arrendamiento de Inmueble destinado a vivienda”, celebrado con doña Norma Silvia Cárdenas Vásquez, respecto del inmueble ubicado en el Piso 1 del Asentamiento Humano H. Bocanegra Mz. D 17, lote 14, tercer sector, cuyo periodo de duración se extiende del 9 de noviembre de 2022 al 5 de noviembre de 2026. Dicho documento contiene una certificación atribuida a la Notaría Fernando Loayza Bellido, del 5 de diciembre de 2022, y fue presentado con la finalidad de acreditar el domicilio continuo del candidato durante el periodo exigido por la normativa electoral.
2.9. Ahora bien, el tachante cuestiona la eficacia probatoria del documento presentado por el señor candidato, señalando que existe otro ejemplar correspondiente al mismo contrato de arrendamiento, celebrado entre las mismas partes y respecto del mismo inmueble, cuya certificación por la Notaría Fernando Loayza Bellido tiene fecha 19 de mayo de 2026. En efecto, de la documentación incorporada al expediente se advierte que ambos instrumentos consignan como objeto el arrendamiento del mismo inmueble y señalan como periodo contractual el comprendido entre el 9 de noviembre de 2022 y el 5 de noviembre de 2026; sin embargo, presentan certificaciones notariales atribuidas a fechas distintas, circunstancia que constituye una inconsistencia documental que corresponde valorar al momento de determinar si el instrumento presentado por el candidato resulta idóneo para acreditar el requisito de domicilio (ver SN 1.4. y 1.5.).
2.10. Respecto de la discrepancia advertida entre las certificaciones notariales de los dos (2) ejemplares del contrato de arrendamiento, corresponde señalar que esta constituye un aspecto que debe ser valorado en conjunto con los demás elementos incorporados al expediente. En particular, debe determinarse si dicha discrepancia permite desvirtuar la eficacia probatoria del documento presentado por el señor candidato para acreditar el periodo de domicilio exigido por la normativa electoral.
2.11. Ahora bien, respecto del cuestionamiento referido a que el contrato de arrendamiento, por sí solo, no acreditaría la residencia efectiva y continua del señor candidato, corresponde señalar que, en el presente caso, dicho instrumento constituye un elemento de convicción que debe ser valorado conjuntamente con la información obrante en autos. Así, el candidato figura registrado en los padrones electorales con domicilio en el distrito del Callao desde setiembre de 2024 hasta la fecha, mientras que el contrato señala como inicio del arrendamiento el 9 de noviembre de 2022 y como término el 5 de noviembre de 2026. En ese sentido, ambos elementos permiten corroborar la existencia de un vínculo domiciliario con la circunscripción durante parte del periodo relevante, sin que la ausencia de recibos de pago de renta, arbitrios o servicios básicos resulte, por sí sola, suficiente para descartar la eficacia probatoria del contrato, al no constituir dichos documentos los únicos medios previstos por la normativa electoral para acreditar el requisito de domicilio.
2.12. De otro lado, respecto del cuestionamiento referido a que el señor candidato registra domicilios distintos en documentación oficial, corresponde precisar que dicha circunstancia no determina, por sí misma, la inexistencia del domicilio alegado para efectos de su candidatura, pues el artículo 35 del Código Civil establece que a la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos. En tal sentido, el hecho de que en el DNI figure un domicilio ubicado en el distrito de Bellavista o que en la información del SIS aparezca otro domicilio no resulta suficiente, por sí solo, para desvirtuar el vínculo domiciliario alegado respecto del distrito del Callao, debiendo tales elementos ser valorados conjuntamente con el contrato de arrendamiento y la información de los padrones electorales.
2.13. Asimismo, conforme al artículo 35 del Reglamento de Inscripción, corresponde al tachante acompañar las pruebas que sustenten los hechos en los que fundamenta su tacha. En el presente caso, el segundo ejemplar presentado permite advertir una diferencia respecto de la certificación consignada en el documento presentado por el señor candidato; sin embargo, dicha circunstancia debe ser contrastada con los demás elementos obrantes en autos, a fin de determinar si resulta suficiente para desvirtuar el documento presentado para acreditar el requisito de domicilio.
2.14. En ese sentido, corresponde efectuar una valoración conjunta de los elementos probatorios incorporados al expediente. Si bien la existencia de dos (2) ejemplares del contrato de arrendamiento, con certificaciones notariales atribuidas a fechas distintas, constituye una inconsistencia documental que debe ser ponderada, de los actuados no se advierte elemento objetivo que permita establecer que la certificación atribuida al 5 de diciembre de 2022 sea inexistente o inválida. Asimismo, el contrato presentado señala como fecha de inicio del vínculo contractual el 9 de noviembre de 2022 y como fecha de término el 5 de noviembre de 2026, mientras que los padrones electorales registran al señor candidato con domicilio en el distrito del Callao desde setiembre de 2024 hasta la fecha. En consecuencia, corresponde valorar estos elementos conjuntamente para determinar si permiten tener por acreditado el requisito de domicilio continuo exigido por la normativa electoral.
2.15. Por las consideraciones expuestas, este Supremo Tribunal Electoral concluye que, de la valoración conjunta de los medios probatorios incorporados al expediente, no se ha acreditado de manera suficiente que el señor candidato incumpla el requisito de domicilio continuo exigido por la normativa electoral. La inconsistencia advertida entre las certificaciones notariales de los ejemplares del contrato de arrendamiento ha sido valorada conjuntamente con los demás elementos obrantes en autos, sin que permita concluir que el documento presentado por el señor candidato sea falso o inválido. En consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto y confirmar la Resolución N° 01863-2026-JEE-CALL/JNE, que declaró infundada la tacha interpuesta contra el señor candidato.
2.16. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse según lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.7.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE EN MAYORÍA
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Jonathan César Rengifo Bernaza; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 01863-2026-JEE-CALL/JNE, del 20 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial del Callao, que declaró infundada la tacha interpuesta contra don Ángelo Nicolás Castro Solís, candidato al cargo de consejero regional titular, por la provincia del Callao, del Consejo Regional del Callao, por la organización política Fuerza Popular, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor Magistrado doctor Aarón Oyarce Yuzzelli.
SS.
BURNEO BERMEJO
MAISCH MOLINA
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026037671
CALLAO
JEE CALLAO (ERM.2026033208)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026
APELACIÓN
Lima, 31 de agosto de 2026
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE
Con el debido respeto a la posición asumida por la mayoría del Pleno, discrepo de la decisión que declara infundado el recurso de apelación interpuesto por don Jonathan César Rengifo Bernaza, en consecuencia, confirma la Resolución N° 01863-2026-JEE-CALL/JNE, del 20 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial del Callao, que declaró infundada la tacha interpuesta contra don Ángelo Nicolás Castro Solís, candidato al cargo de consejero regional titular para el Consejo Regional del Callao, por la organización política Fuerza Popular, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
En el presente caso, el postulante alega en que cuenta con domicilio real y laboral en la circunscripción, por lo que se hace necesario realizar el siguiente análisis:
1. El domicilio se constituye por la residencia habitual de una persona en un lugar (art. 33 Código Civil), es decir, se trata del concepto de domicilio-morada, que no comprende una sede eventual, esporádica o para actos especiales.
2. El acto de domiciliarse surge por una decisión voluntaria concordante con el hecho de asentarse permanentemente en un determinado lugar, no por la simple declaración en un contrato o llenado de formulario -que solo tendría valor de domicilio para acto especial o de cumplimiento de prestación obligacional (arts. 34 y 40 Código Civil)-.
3. En virtud de máxima de experiencia (razonamiento judicial sobre una situación usual), se asume que toda persona cuenta con un “domicilio-morada”, por lo que el estándar probatorio exigible es de intensidad media, y, se cumple suficientemente con la declaración domiciliaria realizada ante RENIEC. No obstante, el “domicilio múltiple” no se presume ni asume, por lo cual, la pluralidad impone un estándar probatorio elevado sobre la “residencia alternativa” o las “ocupaciones habituales en varios lugares” (art. 35 Código Civil), lo que no puede asimilarse con el “centro laboral”, que es una sede para labores específicas, por tanto, no se corresponde con las “ocupaciones habituales”, que no puede entenderse en clave laboral, sino como espacio de ocupaciones propias, permanentes y propias de la vida íntima, personal y familiar, como casa de estudio, casa taller, oficina personal, ámbito de producción propia, entre otros.
4. El art. 6.2 LEM establece la exigencia que el candidato domicilie en el lugar de su postulación con dos años de antigüedad, bajo la premisa que debe existir identificación y conocimiento de la persona con respecto a la circunscripción de la que pretende obtener un mandato popular, por lo que ello solo se cumple con el “domicilio-morada”, y, la misma norma permite ampliarlo con el “domicilio múltiple”, tal como se ha definido en el párrafo anterior. No es posible extender esos dos conceptos a domicilios eventuales, especiales, fiscales, postales, ni laborales, pues, en tal caso, una persona de solo tránsito para acudir a su centro de trabajo podría convertirse en alcalde del lugar, o, en casos extremos, el trabajador virtual o mixto tendría derecho a postular casi sin conocer la circunscripción, o, un vendedor a domicilio podría postular en cualquier sitio. En el mismo sentido, no puede ampararse el “domicilio de funcionario público”, que constituye domicilio especial, para fines de radicar demanda o recibir notificaciones, pero ello no constituye “morada”, “morada alternativa” o “morada por ocupación habitual”.
5. En resumen, el art. 6.2 LEM solo permite postular a las personas que cuenten con domicilio-morada o domicilio múltiple, pero no se expande a los otros domicilios (especiales) que regula el Código Civil.
6. Es necesario destacar que la normativa de domicilio es aplicable a la persona humana (Sección Primera, Título Cuarto, Libro I Código Civil, concordante con el art. 1), mientras que en el caso de las personas jurídicas el citado concepto se aplica en forma extensiva, analógica, pero no directa, pues resulta evidente que tales organizaciones carecen de “domicilio-morada”, “residencia alternativa” o “residencia de ocupaciones habituales”. En realidad, las personas jurídicas, en un sentido más propio, cuentan con sede, local de comercio o industria, instalaciones, entre otros.
7. En el caso concreto, el postulante no acredita “domicilio-morada” o “domicilio múltiple”, pues la presentación de un contrato de arrendamiento solo demuestra la celebración de un acto jurídico, pero no la entrega del bien, ni la vivencia, morada u ocupación alternativa, en especial cuando no existen pruebas idóneas en tal sentido, como puede ser el consumo de agua o energía eléctrica, entre otros, menos todavía para los fines del art. 6.2 LEM, conforme se explica en los considerandos anteriores.
Por virtud de tales fundamentos, MI VOTO es por declarar FUNDADA la apelación, APROBAR la tacha y rechazar la candidatura del postulante.
SS.
GONZALES BARRÓN
Clavijo Chipoco
Secretaria General
1 Aprobado por la Resolución N° 0848-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2 Aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
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