Confirman la Resolución N° 00574-2026-JEE-SCAR/JNE
RESOLUCIóN N° 3288-2026-JNE
Expediente N° ERM.2026035262
MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
JEE SÁNCHEZ CARRIÓN (ERM.2026028063)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 25 de agosto de 2026
VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por doña Cynthia Julissa Castillo Requejo, personera legal titular de la organización política Avanza País - Partido de Integración Social (en adelante, señora recurrente), en contra de la Resolución N° 00547-2026-JEE-SCAR/JNE, del 12 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Sánchez Carrión (en adelante, JEE), que dispuso la exclusión de don Julio César Sánchez Luna, candidato al cargo de alcalde para la Municipalidad Distrital de Mollebamba, provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad (en adelante, señor candidato), por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de la DJHV), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
Oído: el informe oral.
PRIMERO. ANTECEDENTES
1.1. Mediante el Informe N° 000002-2026-AVE-JEESANCHEZCARRION-ERM2026/JNE, del 16 de julio de 2026, la fiscalizadora de la hoja de vida adscrita al JEE comunicó a dicho órgano electoral que el señor candidato registra una condena por la comisión del delito de Falsificación de Documentos, en el marco del Expediente N° 801-94, tramitado ante el Novena Sala Penal de Lima, conforme a la información remitida por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial a través del Oficio N° 002559-2026-SRJU-GSJ-GG/PJ. Asimismo, se verificó que dicha condena no fue consignada en el rubro V, “Relación de sentencias”, de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato (en adelante, DJHV).
1.2. En razón de la información antes mencionada, por medio de la Resolución N° 00428-2026-JEE-SCAR/JNE, del 20 de julio de 2026, el JEE dispuso dar inicio al procedimiento sancionador en contra del señor candidato, por la presunta infracción prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, en concordancia con el numeral 43.1 del artículo 43 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 20262 (en adelante, Reglamento de Inscripción).
La referida resolución fue notificada electrónicamente al señor recurrente el 20 de julio de 2026, conforme se puede ver en el cargo de la Notificación N° 347353-2026-SCAR.
1.3. El 21 de julio de 2026, la señora recurrente presentó los descargos respecto de la infracción imputada en los siguientes términos:
a) La señora recurrente sostiene que la omisión de consignar la sentencia condenatoria en el Rubro V de la DJHV se produjo por un error involuntario, al no haberse registrado el proceso penal seguido contra el señor candidato, identificado con el Expediente N° 801-94, por el delito contra la fe pública - falsificación de documento.
b) Asimismo, invoca la afectación del derecho de participación política, señalando que la exclusión limitaría el derecho constitucional del candidato a ser elegido y que el órgano electoral debe garantizar que la voluntad popular pueda expresarse de manera auténtica, libre y espontánea.
c) La señora recurrente solicita que no se realice una interpretación meramente literal de la normativa electoral, sino una aplicación proporcional, razonable y flexible, invocando el principio pro homine y señalando que la exclusión debe constituir una medida excepcional frente a errores involuntarios en la DJHV.
d) Como explicación concreta de la omisión, se señala que el candidato no es especialista en materia electoral ni está habituado al llenado de este tipo de documentación, y que la elaboración de la DJHV se realizó en un contexto de premura por la proximidad del cierre del sistema Declara+, lo que habría dificultado la revisión y cotejo de la información.
e) De igual manera, se sostiene que, debido al tiempo transcurrido desde la sentencia de 1995, el señor candidato habría olvidado dicho proceso, configurándose un error involuntario. A ello se añade que, por el transcurso del tiempo, habría operado la rehabilitación automática, bajo la consideración de que, una vez cumplida la sanción, no correspondía mantener indefinidamente dicho antecedente en documentos de carácter público.
f) Finalmente, se argumenta que la información sobre la sentencia ya se encontraba en poder del Estado y fue obtenida por el JEE mediante la información remitida por el Poder Judicial y el procedimiento de fiscalización de la Hoja de Vida, por lo que, según la recurrente, no se habría afectado el derecho del electorado a conocer los antecedentes del candidato. En tal sentido, sostiene que la finalidad de transparencia podría garantizarse mediante una anotación marginal, en lugar de disponer la exclusión definitiva.
1.4. A través de la resolución del visto, el JEE dispuso la exclusión del señor candidato por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con lo preceptuado en el artículo 15 del Reglamento de la DJHV, con base en los siguientes argumentos:
a) Se acreditó que el candidato omitió consignar en el rubro V de su DJHV una sentencia condenatoria firme por delito doloso, correspondiente al Expediente N° 801-94, emitida el 21 de agosto de 1995 por la Novena Sala Penal de Lima por delito contra la fe pública.
b) La sentencia se encontraba consentida y ejecutoriada, conforme a la información remitida por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial y al Boletín N° 485118 del Registro Central de Condenas.
c) El candidato declaró expresamente en el Rubro V que “no tiene” información por declarar, pese a que sí registraba la sentencia condenatoria firme, configurándose la omisión de información exigida por el inciso 5 del artículo 23.3 de la LOP.
d) El JEE consideró que la causal de exclusión tiene naturaleza objetiva, por lo que no era necesario acreditar que el candidato hubiera tenido intención de ocultar la sentencia. La existencia de una sentencia firme que debía ser declarada y su falta de consignación resultan suficientes para configurar la infracción.
e) La antigüedad de la condena, el cumplimiento de la pena o la eventual rehabilitación no eximen al candidato de declarar la sentencia, porque la causal de exclusión no depende de que exista actualmente un impedimento para postular, sino de la omisión del deber de información.
f) Finalmente, el JEE consideró que la información contenida en la DJHV es de exclusiva responsabilidad del candidato, quien suscribió el documento dando fe de su veracidad y debía verificar que estuviera completo. Por ello, la alegación de error involuntario, falta de especialización electoral o premura por el cierre del sistema Declara+ no desvirtúa la omisión acreditada.
SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS
2.1. Por escrito del 14 de agosto de 2026, la señora recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 00547-2026-JEE-SCAR/JNE, emitida por el JEE, solicitando que se revoque dicha decisión, con base en los siguientes argumentos:
a) La apelación sostiene que la exclusión resulta indebida, porque no se acreditó que el señor candidato hubiera actuado con dolo, mala fe o intención de ocultar la sentencia, circunstancia que, según el recurso, incluso habría sido reconocida por el propio JEE.
b) Se argumenta que la omisión obedeció a un error de apreciación de buena fe, pues el citado candidato consideró que, al haber cumplido la pena impuesta y encontrarse rehabilitado, la condena ya no constituía un antecedente vigente que debiera consignarse en su DJHV.
c) La apelación cuestiona que el JEE haya impuesto una medida excesivamente gravosa, al afectar el derecho fundamental a ser elegido, sin realizar un adecuado test de proporcionalidad que permita determinar si existían medidas menos restrictivas para garantizar la transparencia electoral.
d) En esa línea, se sostiene que la anotación marginal constituía una medida suficiente y menos gravosa, pues permitía incorporar la información de la condena en la Hoja de Vida y garantizar su conocimiento por el electorado, sin privar al mencionado candidato de su derecho de participación política.
e) Asimismo, se invocan los principios de culpabilidad, razonabilidad, proporcionalidad y favor mobilis, alegando que, ante la ausencia de dolo o intención defraudadora, no correspondía aplicar la máxima consecuencia electoral, sino preservar la candidatura.
f) El recurso también invoca la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), particularmente las Resoluciones N° 0313-2021-JNE, N° 1125-2018-JNE, N° 2541-2018-JNE y N° 3530-2022-JNE, para sostener que la omisión de una sentencia en la DJHV no debe generar automáticamente la exclusión cuando no se acredita una conducta dolosa, siendo posible recurrir a la anotación marginal.
g) Finalmente, se solicita revocar la resolución de exclusión y disponer la anotación marginal de la sentencia en la DJHV, al considerar que dicha medida permitiría conciliar el deber de transparencia electoral con el derecho del señor candidato a participar en las elecciones, evitando una afectación desproporcionada de su derecho a ser elegido.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución Política del Perú
1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del JNE, la administración de justicia en materia electoral.
En la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones
1.2. El artículo III del Título Preliminar, referido a los principios generales, contempla:
Artículo III. Principio de transparencia
Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.
En la LOP
1.3. En el numeral 23.5 del artículo 23, se establece lo siguiente:
Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias
[…]
23.5 La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.
1.4. En concordancia con ello, el subnumeral 5 del numeral 23.3 del artículo 23 del mismo dispositivo legal señala:
23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:
[…]
5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
En el Reglamento de Inscripción
1.5. El artículo 19 prevé lo siguiente:
Artículo 19.- Disposiciones sobre la Declaración Jurada de Hoja de Vida de los candidatos
[…]
La información contenida en el Formato Único de DJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, para lo cual da fe de la veracidad de su contenido a través del documento señalado en el Anexo 1 del presente reglamento, el cual debe contar con la huella dactilar del índice derecho y firma del candidato.
Aun cuando el personero legal de la organización política es el encargado de registrar los Formatos Únicos de DJHV de los candidatos, corresponde a estos últimos:
a. Verificar oportunamente si la información que contiene la DJHV es auténtica, está completa y ha sido actualizada.
b. Asumir las consecuencias jurídicas que se deriven de haber consignado información falsa, incompleta o no actualizada en la DJHV que registre el personero legal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondieran al personero legal.
1.6. Los numerales 41.1 y 41.3 del artículo 41 prescriben:
Artículo 43.- Exclusión de candidato
[…]
41.1 El JEE dispone la exclusión de un candidato de la fórmula o de la lista de la que forme parte hasta un (1) día antes de la fecha fijada para la elección cuando tome conocimiento de que contra este se ha impuesto:
a. condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad;
[…]
41.3 El JEE dispone la exclusión de un candidato por omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato
En el Reglamento de la DJHV
1.7. El artículo 10 preceptúa lo siguiente:
Artículo 10.- Registro de información en el FUDJHV
El personero legal de la organización política debe registrar información en los FUDJHV de los candidatos, bajo el siguiente procedimiento:
[…]
c. Registrar los datos sobre los rubros y campos donde no aparece información oficial de las entidades públicas. De ser el caso, registrar información en el apartado “información complementaria” de cada rubro o en el rubro “IX. Información adicional”.
1.8. El artículo 15 establece:
Artículo 15.- Infracción contemplada en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP
En atención a lo prescrito en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, la omisión de la información referida a la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la citada ley, da lugar al retiro de dicho candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección.
El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de inscripción de la formula y lista de candidatos.
En caso de que se hubiera excluido al candidato o de que hubiera trascurrido el plazo para excluirlo, y se hubiese verificado la omisión prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se remiten los actuados al Ministerio Público.
1.9. El artículo 19 prescribe:
Artículo 19.- Informe de fiscalización
El FHV en mérito a la labor de fiscalización dará cuenta al JEE a través de un informe de los casos en los que se detecte infracción, omisión o errores y sobre el procesamiento de las denuncias que se presenten respecto de la información contenida en el FUDJHV de los candidatos. Este informe estará debidamente sustentado.
1.10. El artículo 22 contempla:
Artículo 22.- Determinación de la infracción y el retiro o exclusión del candidato
22.1. El JEE califica el informe del SFHV y los anexos en el término de un (1) día calendario.
22.2. De considerar que los hechos descritos configuran la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, el JEE, mediante resolución, dispone el inicio del procedimiento sancionador y corre traslado de los actuados al personero legal de la organización política para que efectúe los descargos en el término de un (1) día calendario, asimismo se corre traslado de los actuados al candidato aludido a fin de que brinde la información que estime pertinente dentro del mismo plazo. Esta resolución es inimpugnable.
Se notificará al candidato aludido mediante casilla electrónica, por ello es su responsabilidad haber generado la misma.
La notificación del traslado se realiza de conformidad con el artículo 30 del presente reglamento. Si al calificar el informe, los hechos descritos no configuran la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, el JEE dispone, mediante resolución motivada, el archivo del expediente. Esta resolución es inimpugnable.
22.3. Vencido el plazo, con los descargos o sin ellos y en el término no mayor a tres (3) días calendarios, el JEE, sin audiencia pública, se pronuncia sobre la existencia o no de la infracción.
22.4. La resolución que impone una sanción de exclusión puede ser apelada dentro del plazo de tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el portal electrónico institucional del JNE.
22.5. Contra lo resuelto por el Pleno del JNE no procede la interposición de recurso impugnatorio alguno.
En la jurisprudencia del JNE
1.11. En la Resolución N° 3016-2022-JNE, del 24 de agosto de 2022, se sostuvo:
2.2. En reiterada jurisprudencia, este órgano electoral estableció que las DJHV de los candidatos son una herramienta sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto con el acceso a estas se procura que el elector pueda emitir su voto de manera responsable, racional y sustentada en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas.
2.3. Así, las DJHV contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo que se requiere no solo optimizar la transparencia de estas, sino también que se establezcan mecanismos de control y verificación, como los procedimientos de tacha y exclusión, que aseguren que la información contenida en la DJHV sea veraz (ver SN 1.3.), con el fin de disuadir a los candidatos de omitir el registro de información trascendente o de registrar datos falsos en dichos documentos.
1.12. En la Resolución N° 2668-2022-JNE, del 10 de agosto de 2022, se señaló:
2.5. Dicho ello, resulta pertinente indicar que, de acuerdo con las normas electorales vigentes, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de extraer, incorporar y publicar la información de los registros públicos que esté relacionada con cada uno de los candidatos, en tanto esto sea posible; también existe la obligación por parte de los candidatos de consignar en sus declaraciones toda aquella información que no pueda ser cargada o extraída automáticamente de los registros públicos proporcionados a este organismo electoral, tal como lo dispone el artículo 9 del Reglamento de DJHV (ver SN 1.6.).
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3 (en adelante, Reglamento)
1.13. El artículo 14 contempla lo siguiente:
Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1. De los antecedentes expuestos, corresponde determinar si la exclusión del señor candidato resulta conforme a derecho, pese a que la señora recurrente ha manifestado que la omisión de consignar la sentencia condenatoria en la DJHV obedeció a un error involuntario, vinculado principalmente al tiempo transcurrido desde la sentencia de 1995 y a la consideración de que, al haber operado la rehabilitación automática por el cumplimiento de la pena, ya no existía obligación de mantener o declarar dicho antecedente en documentos de carácter público. Por ello, sostiene que la omisión no respondió a una intención de ocultamiento o fraude electoral.
2.2. Ahora bien, respecto a la importancia de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas (ver SN 1.11.).
2.3. Así, estas coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también implementar mecanismos que aseguren que se registre toda la información solicitada y la veracidad de su contenido. Esto acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general -como las sanciones de exclusión de candidatos y multas- que disuadan de omitir información relevante o consignar datos falsos en sus declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
2.4. De autos se advierte que, mediante el Informe N° 000002-2026-AVE-JEESANCHEZCARRION-ERM2026/JNE, la fiscalizadora de hoja de vida adscrita al JEE verificó, con base en la información oficial remitida por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial, que el señor candidato registra una sentencia condenatoria firme por delito doloso, recaída en el Expediente N° 801-94, emitida el 21 de agosto de 1995 por la Novena Sala Penal de Lima por el delito contra la fe pública; sin embargo, dicha información no fue consignada en el rubro V de su DJHV, en el cual declaró que no tenía información por declarar.
2.5. Asimismo, de la revisión de la DJHV presentada por el citado candidato se constata que declaró no registrar sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos. En consecuencia, se encuentra objetivamente acreditada la omisión de la información exigida en el subnumeral 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.4.).
2.6. Frente a ello, el señor recurrente sostiene que la omisión se produjo de manera involuntaria, debido al tiempo transcurrido desde la sentencia de 21 de agosto de 1995 y a que, al haber operado la rehabilitación automática por el cumplimiento de la pena, consideró que dicho antecedente ya no debía ser consignado en su DJHV, sin que existiera intención de ocultarlo.
2.7. En consecuencia, aun cuando la omisión en la consignación de la referida sentencia se hubiera producido bajo la consideración de que, debido al tiempo transcurrido desde su emisión y al haber operado la rehabilitación automática por el cumplimiento de la pena, ya no subsistía la obligación de declarar dicho antecedente en la DJHV, tal circunstancia no enerva el deber que la normativa electoral impone al señor candidato de consignar información completa y veraz en su DJHV. Por tanto, el referido argumento no resulta atendible y debe ser desestimado.
2.8. En el mismo sentido, tampoco resulta atendible el argumento del recurrente según el cual, debido al tiempo transcurrido desde la sentencia de 21 de agosto de 1995 y a la rehabilitación automática derivada del cumplimiento de la pena, ya no correspondía declarar dicho antecedente en su DJHV. Al respecto, el Pleno del JNE ha precisado que el cumplimiento de la pena o la rehabilitación no eliminan la existencia de la sentencia condenatoria ni eximen al candidato del deber de declararla en su Hoja de Vida. Ello responde a la finalidad de garantizar la transparencia electoral y permitir que el electorado conozca los antecedentes de quienes aspiran a ejercer cargos de elección popular.
2.9. En efecto, el artículo 19 del Reglamento de la DJHV (ver SN 1.9.) establece que la información contenida en el Formato Único de DJHV es de exclusiva responsabilidad del candidato, correspondiéndole verificar oportunamente que esta sea auténtica, completa y actualizada, así como asumir las consecuencias jurídicas derivadas de la consignación de información incompleta. En consecuencia, aun cuando el registro de la DJHV sea efectuado por el personero legal, dicha circunstancia no exonera al candidato de su deber de verificar la información consignada antes de su presentación, por lo que el alegado error involuntario respecto de la sentencia recaída en el Expediente N° 801-94 no enerva su responsabilidad por la omisión advertida.
2.10. De otro lado, el señor recurrente sostiene que, por el tiempo transcurrido desde la condena, ya no correspondía declarar dicho antecedente en su DJHV, circunstancia que, a su juicio, debió ser valorada por el JEE. Sin embargo, dicho argumento carece de incidencia para resolver la presente controversia, pues la infracción materia de análisis no depende de la vigencia de los efectos de la condena, sino de la verificación objetiva de que el candidato omitió consignar en su DJHV una sentencia condenatoria firme por delito doloso, conforme a la información oficial proporcionada por el Poder Judicial. En ese sentido, el transcurso del tiempo no enerva el deber de declarar dicha sentencia ni desvirtúa la configuración de la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP.
2.11. En este extremo, cabe precisar que este Supremo Tribunal Electoral ha precisado en abundante jurisprudencia que la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP configura un supuesto de responsabilidad objetiva, por lo que para la imposición de la sanción no resulta necesario acreditar la existencia de dolo, culpa o intención de ocultar información, siendo suficiente verificar la omisión de declarar una sentencia condenatoria firme por delito doloso en la DJHV para efectos de que se configure la referida infracción.
2.12. En ese sentido, al haberse verificado de manera objetiva la omisión de la información que debía ser consignada conforme a ley, corresponde aplicar la consecuencia jurídica establecida en la normativa electoral, esto es, la exclusión del señor candidato, de acuerdo con el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con el numeral 41.3 del artículo 41 del Reglamento de Inscripción y el artículo 15 del Reglamento de la DJHV.
2.13. Dicha opción del legislador resulta coherente con la finalidad del régimen de las DJHV, que busca garantizar que el electorado cuente con información veraz, íntegra y oportuna sobre quienes postulan a cargos de elección popular, fortaleciendo así los principios de transparencia y publicidad que rigen el proceso electoral (ver SN 1.2. y 1.10.).
2.14. Por las consideraciones expuestas, al encontrarse acreditada la omisión de declarar una sentencia condenatoria firme por delito doloso y configurada la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución venida en grado.
2.15. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.13.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE EN MAYORIA
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña Cynthia Julissa Castillo Requejo, personera legal titular de la organización política Avanza País - Partido de Integración Social; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 00574-2026-JEE-SCAR/JNE, del 12 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Sánchez Carrión, que dispuso la exclusión de don Julio César Sánchez Luna, candidato al cargo de alcalde para la Municipalidad Distrital de Mollebamba, provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 830-2025-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor magistrado Rubén Jaime Torres Cortez.
SS.
BURNEO BERMEJO
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026035262
MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
JEE SÁNCHEZ CARRIÓN (ERM.2026028063)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 25 de agosto de 2026
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
DERECHO CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA
1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (art. 31 Constitución), por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede significar que la norma sea desproporcionada o irrazonable.
2. En efecto, “La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” (Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, c. 206).
ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES
3. Pues bien, la LOP (art. 23.5) establece que la omisión en la declaración de sentencias condenatorias firmes, incluso con reserva de fallo, produce la exclusión del candidato. La citada norma cumple la reserva de ley orgánica; no es discriminatoria, pues se aplica a toda persona que se encuentre en la misma situación; cumple un propósito útil, en tanto permite que la ciudadanía cuente con información relevante para su toma de decisiones; pero la pregunta que sigue es si resulta necesaria para resguardar el fin legítimo antes señalado, o si, por el contrario, existen medidas alternativas que sean menos gravosas para el derecho fundamental y que logren la misma finalidad.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado: “la necesidad de contar con una justicia electoral tuitiva, y puso de relieve que el JNE debe ejercer sus competencias privilegiando el derecho fundamental a la participación política; y que, para tal fin, debe utilizar los mecanismos jurídicos a su disposición, tales como el control difuso de constitucionalidad y el test de proporcionalidad de derechos, cuando corresponda. Más aún cuando, en los hechos, dicho órgano termina siendo el guardián principal de este derecho fundamental, en la medida en que los pronunciamientos judiciales posteriores llegan, generalmente, en forma tardía, cuando se ha configurado la sustracción de la materia y la irreparabilidad de los derechos” (Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, concordante con STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36)
4. La declaración jurada es un instrumento de transparencia por el que la ciudadanía puede ejercer un voto informado (fin legítimo), y, bajo esa premisa, la LOP ha establecido casos en los que la omisión de informar sobre circunstancias personales determina la exclusión del candidato (consecuencia más gravosa para el derecho de ser elegido, pues le impide de plano esa posibilidad). Sin embargo, la finalidad de transparencia puede lograrse en la misma medida, con medidas menos lesivas para el derecho fundamental, tal como la adecuada publicidad de la sentencia condenatoria mediante el sistema de anotaciones marginales en la declaración del candidato, lo cual podría realizarse con el informe de fiscalización, por lo que la ciudadanía tendría la información a su alcance, además de llamadas o íconos en la página web del JNE respecto a los “infractores” de la transparencia, sin perjuicio de otras medidas complementarias (administrativo sancionador y/o penal). En consecuencia, bajo el esquema planteado, el derecho de ser elegido (art. 31 Constitución) podría mantenerse; mientras el fin de conocer las sentencias condenatorias también se logra con la misma eficacia de la declaración jurada (publicidad), pero, claro está, la omisión produciría otras consecuencias, tales como una publicidad negativa (ícono de infractores), económicas y penales. La conclusión es que la exclusión no es necesaria para resguardar el fin de poner en conocimiento las sentencias de condena penal.
5. En el caso concreto, la cuestión controvertida se centra en determinar la consecuencia jurídica de la omisión de informar una sentencia condenatoria firme o con reserva de fallo condenatorio, pues, si bien el art. 23.5 LOP establece la exclusión del candidato como única alternativa, sin embargo, ello no resiste el test de proporcionalidad conforme los términos antes planteados, pues la restricción no es necesaria para lograr el fin legítimo en un Estado Democrático de Derecho, por lo que corresponde realizar el control difuso de esa norma, con la consiguiente inaplicación en este caso, bajo la premisa que el JNE constituye un tribunal supremo electoral, que ejerce funciones jurisdiccionales, por lo que se incluye en la hipótesis del art. 138 Constitución (Pleno TC. Sentencia 171-2025, f. 19).
Es más, cabe observar en este caso, una incoherencia valorativa del sistema jurídico electoral en general, pues la sentencia condenatoria firme del postulante no le impediría participar en la contienda electoral, por efecto de la rehabilitación; por tanto, si sentencia por delito (hecho) no produce exclusión ni impedimento -sin prejuzgar gravedad, circunstancias, tiempo u oportunidad, entonces tampoco podría producirlo la falta de “declaración” de ese mismo delito (omisión de información), con lo que se llegaría a la paradoja que la “declaración de un hecho” (o su ausencia) resulta más grave que el “hecho” mismo, lo cual constituye una incoherencia que reafirma la conclusión de que el art. 23.5 LOP no es constitucional.
SUBSISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN REFERENTES A CONDENAS PENALES
6. El control difuso de constitucionalidad que descarta el art. 23.5 LOP no elimina los diversos impedimentos de postulación, referentes a condenas penales, que se mantienen subsistentes, tales como los siguientes:
6.1. Personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por comisión de delito doloso (art. 34-A Constitución). Es necesario señalar que esta restricción opera en el ámbito estricto de la postulación, esto es, hasta el momento de la inscripción definitiva del candidato, conforme el indicado texto normativo. Luego de ello, por efecto de la preclusión electoral (art. XI título preliminar LOE), una posterior sentencia condenatoria en primera instancia, sin firmeza, no produce el efecto jurídico de impedimento, sino que se requiere la sentencia firme para efecto de producir la exclusión.
6.2. Personas condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso (art. 8.1.g LEM y art. 14.5.f LER), en el que se admite la rehabilitación del condenado para eliminar los efectos negativos de la pena, pues la sobrevivencia del impedimento en ciertos tipos penales, incluso con rehabilitación, según Ley 30717 (arts. 1, 2, 3) fue declarado inconstitucional (Exp. N° 00005-2020-PI/TC).
6.3. Personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, “aun cuando hubieran sido rehabilitados” (art. 8.1.h LEM y art. 14.5.g LER).
7. La gravedad de una sanción que se impone por tiempo indefinido, según la hipótesis prevista en el c. 6.3 precedente, exige que se realice un control de constitucionalidad:
8. En primer lugar, los derechos y libertades fundamentales se interpretan conforme los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú (Cuarta Disposición Final y Transitoria Constitución), por lo que, los derechos políticos deberán entenderse según el art. 23 Convención Americana de Derechos Humanos, concordante con la interpretación realizada por la Corte Interamericana, de cuyo mérito se interpreta que toda restricción del derecho a ser elegido debe basarse en la ley, no ser discriminatoria, sustentarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Caso Yatama vs. Nicaragua). En este contexto, el impedimento de postulación, si bien basada en una ley, sin embargo, solo se produce en ciertos delitos, ni siquiera en los más graves, pero no en muchos otros que producen mayor afectación a los diversos bienes jurídicos protegidos, por lo que se trata de una disposición discriminatoria, contraria al principio de igualdad, y no justificada, en cuanto no se sustenta en criterios razonables; por tanto, constituye una disposición restrictiva no compatible con la Constitución (art. 31) y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23).
9. En segundo lugar, una pena indefinida o perpetua tampoco se adecua con la finalidad resocializadora de cualquier sanción penal (art. 139 inc. 22 Constitución), pues la comisión de un delito se convertiría en un lastre, tacha o mancha vitalicia, una especie de “muerte civil”, sin posibilidad de recuperar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, pese a la rehabilitación ya lograda, lo que no puede ser compatible con la dignidad de la persona humana (art. 1 Constitución).
10. En virtud de lo expuesto, el art. 8.1.h LEM y el art. 14.5.g son directamente contrarios a la Constitución y CADH, por lo que el intento de reducir sus efectos mediante la imposición jurisprudencial de un plazo de vigencia del impedimento -diez años-, según la Res. N° 085-2026-JNE, no es suficiente para lograr la compatibilidad, pues extiende una condena más allá de su vigencia; por tanto, la única alternativa jurídica consiste en inaplicar totalmente dicha disposición en el caso concreto, según la potestad de control difuso de la constitucionalidad (arts. 138 y 181 Constitución, concordante con doctrina del Tribunal Constitucional expresada por Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, y antes STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36).
11. La inaplicación del mandato contenido en el art. 23.5 LOP no impide que el sistema electoral utilice los instrumentos de la tacha y exclusión para fines de detectar candidatos incursos en causales de impedimento, sea por condenas penales vigentes o condenas en primera instancia al momento de la postulación.
CONCLUSIÓN
12. La resolución apelada es nula, en tanto se ha excluido un postulante por una causal no compatible con la Constitución, pero igual corresponde que se evalúen las situaciones legales de impedimento basadas en sentencias penales, máxime cuando existe un Informe de Fiscalización, que se presume cierto, o solicitud de tacha, por lo que el postulante tendrá que desvirtuarlo en el plazo perentorio e improrrogable de un día para efecto de acreditar la rehabilitación u otra causa de pérdida de vigencia de la condena, y, luego, corresponderá emitir la decisión respectiva.
En virtud de tales consideraciones, MI VOTO es por declarar FUNDADA la apelación, por tanto, NULA la resolución recurrida, y, OTORGAR un día al recurrente para formular descargo en el plazo de un día, luego de ello, con lo actuado, el JEE deberá emitir en forma inmediata un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos antes indicados.
SS.
GONZALES BARRÓN
Clavijo Chipoco
Secretaria General
1 Aprobado por la Resolución N° 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2 Aprobado por la Resolución N° 0848-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
3 Aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2574655-1