Revocan la Resolución N° 00352-2026-JEE-PBBA/JNE

RESOLUCIóN N° 3397-2026-JNE

Expediente N° ERM.2026035779

CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ÁNCASH

JEE POMABAMBA (ERM.2026032673)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026

APELACIÓN

Lima, 27 de agosto de 2026

VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por doña Laura Lita Espinoza Garcilazo, personera legal titular de la organización política Partido Demócrata Verde (en adelante, señora recurrente), en contra de la Resolución N° 00352-2026-JEE-PBBA/JNE, del 13 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Pomabamba (en adelante, JEE), que declaró fundada la tacha interpuesta contra don Yone Walter Valverde Chauca, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Casca, provincia de Mariscal Luzuriaga, departamento de Áncash (en adelante, señor candidato), por la citada organización política, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Oído: el informe oral.

PRIMERO. ANTECEDENTES

1.1. Mediante la Resolución N° 00271-2026-JEE-PBBA/JNE, del 5 de agosto de 2026, recaída en el Expediente N° ERM.2026015810, el JEE admitió la lista de candidatos presentada por la organización política Partido Demócrata Verde (en adelante, OP) para el Concejo Distrital de Casca, provincia de Mariscal Luzuriaga, departamento de Áncash, en el marco de las ERM 2026. Dicha lista incluyó al señor candidato como postulante al cargo de alcalde.

1.2. El 5 de agosto de 2026, don Víctor Alberto Noriega Varias interpuso tacha contra el señor candidato, bajo los siguientes argumentos:

a) Señala que el señor candidato declaró en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV) la existencia de una sentencia impuesta en su contra (Expediente N° 1155-2014), emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Luzuriaga, por el delito de peculado doloso. Sostiene que dicha condena se encuentra comprendida en el impedimento establecido por el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales, modificado por la Ley N° 30717, respecto de quienes hayan sido condenados por delitos dolosos de peculado, colusión o corrupción de funcionarios.

b) Indica que el señor candidato incurre en omisión de información obligatoria en el rubro V, “Relación de sentencias”, de su DJHV, pues únicamente consignó la sentencia correspondiente al Expediente N° 1155-2014, omitiendo declarar la sentencia recaída en el Expediente N° 09-2013, tramitado ante el Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Luzuriaga; omisión que pretende acreditar mediante la documentación judicial incorporada como medio probatorio, en la que consta una sentencia condenatoria contra el señor candidato.

c) Sostiene que dicha omisión no constituye un simple error material, numérico o tipográfico, debido a que afecta directamente el contenido esencial del rubro V de la DJHV y priva al electorado de información relevante sobre la trayectoria judicial del señor candidato. En consecuencia, la omisión de una sentencia condenatoria firme no puede ser considerada como una irregularidad formal susceptible de simple corrección.

d) Argumenta que, conforme al inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), existe la obligación de declarar la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas por delitos dolosos. Esta obligación abarca todas las sentencias comprendidas en el supuesto legal, sin que la antigüedad de la condena, el cumplimiento de la pena, la rehabilitación, la cancelación de antecedentes o la inexistencia de una inhabilitación vigente eliminen el deber de transparencia electoral.

e) En ese sentido, sostiene que la omisión de la sentencia configura objetivamente el supuesto previsto en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, al concurrir una sentencia condenatoria firme por delito doloso, la obligación legal de declararla y la falta de consignación de dicha información en el rubro correspondiente de la DJHV.

f) Cuestiona que una eventual referencia genérica a un proceso judicial en el rubro IX, “Información adicional”, pueda sustituir la obligación de declarar la sentencia en el rubro V. Afirma que el elector debe poder conocer de manera directa y verificable la existencia de la sentencia, su firmeza, el número de expediente, el delito, el órgano jurisdiccional y el fallo impuesto, por lo que una mención ambigua o incompleta no satisface la obligación legal.

g) Sostiene que la responsabilidad por la información consignada en la DJHV corresponde directamente al señor candidato, quien debe verificar que esta sea auténtica, completa y actualizada. Por ello, no resulta suficiente alegar desconocimiento, falta de interoperabilidad de los registros, ausencia de información en los sistemas institucionales o responsabilidad del personero legal, puesto que el deber de declarar recae directamente sobre el candidato.

1.3. En mérito de lo expuesto, mediante la Resolución N° 00321-2026-JEE-PBBA/JNE, del 11 de agosto de 2026, el JEE admitió a trámite la tacha respecto del señor candidato y corrió traslado a la personera legal titular de la OP para que formule los descargos correspondientes.

1.4. Con el escrito presentado el 13 de agosto de 2026, la OP absolvió la tacha y solicitó que sea declarada infundada, bajo los siguientes argumentos:

a) En cuanto al Expediente N° 09-2013, el apelante adjuntó copia del Acta de Sentencia correspondiente al proceso penal tramitado ante el Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Mariscal Luzuriaga, seguido contra el señor candidato por el delito de peculado doloso. Asimismo, señala que contra dicha sentencia se interpuso el recurso de apelación, cuyo trámite se realizó ante la Sala Mixta Transitoria Descentralizada - Sede Huari.

b) Respecto del trámite posterior del proceso, el apelante adjuntó copia del Acta de Audiencia de Apelación de Sentencia, correspondiente al Expediente N° 27-2014-0-0226-SP-PE-01, e indicó que el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia fue declarado inadmisible. Asimismo, refiere que los actuados fueron remitidos al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaraz, donde se asignó el Expediente N° 01155-2014-68-0201-JR-PE-01, en el cual se tramitó la rehabilitación del señor candidato.

c) Finalmente, el apelante adjuntó copia del Auto de Rehabilitación contenido en la Resolución N° 13, del 29 de setiembre de 2025, correspondiente al Expediente N° 01155-2014-68-0201-JR-PE-01, mediante el cual el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso rehabilitar al señor candidato, al considerar que había cumplido el periodo de prueba y efectuado el pago de la reparación civil; asimismo, dispuso la cancelación provisional de sus antecedentes, conforme a los términos establecidos en la propia resolución.

d) De ahí que los Expedientes judiciales N° 09-2013 y N° 01155-2014-68-0201-JR-PE-01 están referidos a un mismo proceso penal, por lo que no se omitió declarar una sentencia en su DJHV.

1.5. Mediante la Resolución N° 00352-2026-JEE-PBBA/JNE, del 13 de agosto de 2026, el JEE declaró fundada la tacha interpuesta contra el señor candidato, al considerar que se encontraba comprendido en el impedimento previsto en el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM), debido a lo siguiente:

a) De la valoración conjunta de la DJHV, la sentencia y la documentación correspondiente al Expediente N° 09-2013, se acredita que el señor candidato fue condenado, en calidad de autor, por la comisión del delito doloso de peculado mediante sentencia consentida o ejecutoriada.

b) Asimismo, la eventual rehabilitación judicial del señor candidato no desvirtúa ni deja sin efecto el impedimento electoral, toda vez que la citada disposición establece expresamente que este resulta aplicable aun cuando la persona condenada hubiera sido rehabilitada.

c) En cuanto a la alegada omisión de información en la DJHV respecto del Expediente N° 09-2013, si bien el tachante sostuvo que dicho expediente no fue consignado, lo determinante para resolver la tacha era la acreditación de la condena por el delito de peculado y, por tanto, la concurrencia del impedimento legal. En esa medida, el hecho de que los Expedientes N° 09-2013 y N° 1155-2014 correspondan a actuaciones derivadas de un mismo proceso penal no modifica la conclusión, pues lo relevante es la existencia de una condena penal firme por delito de peculado.

d) En consecuencia, al encontrarse el señor candidato impedido para postular, el JEE declaró fundada la tacha y dispuso su exclusión de la lista de candidatos, sin afectar la inscripción de los demás integrantes.

SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS

2.1. El 16 de agosto de 2026, la señora recurrente interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución N° 00352-2026-JEE-PBBA/JNE, bajo los siguientes argumentos:

a) Sostiene que la tacha debe ser declarada improcedente por extemporánea, debido a que la candidatura del señor candidato fue admitida mediante la Resolución N° 00188-2026-JEE-PBBA/JNE, publicada el 27 de julio de 2026. Por ello, el plazo para formular tacha transcurrió del 28 al 30 de julio de 2026, mientras que la tacha fue presentada recién el 6 de agosto de 2026.

b) Cuestiona que el JEE haya considerado como fecha de inicio del plazo de tachas el 3 de agosto de 2026, señalando que dicha fecha no está corroborada por las constancias de publicación del expediente. Según la apelación, la Resolución N° 00188-2026-JEE-PBBA/JNE fue publicada el 27 de julio de 2026.

c) Asimismo, argumenta que la Resolución N° 00271-2026-JEE-PBBA/JNE únicamente admitió a los dos candidatos a regidores que fueron observados, manteniéndose subsistentes los demás extremos de la Resolución N° 00188-2026-JEE-PBBA/JNE. Por tanto, dicha resolución no generó un nuevo periodo de tachas respecto del candidato a alcalde.

d) Añade que la tacha fue presentada el 6 de agosto de 2026 a las 08:44:09 horas, mientras que la Resolución N° 00271-2026-JEE-PBBA/JNE fue publicada ese mismo día a las 17:58:37 horas. Por ello, sostiene que la tacha es extemporánea respecto de la Resolución N° 00188-2026 y, a la vez, prematura respecto de la Resolución N° 00271-2026.

e) En cuanto al fondo, sostiene que el impedimento previsto en el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM no puede aplicarse automáticamente por la sola existencia de una condena por peculado, debido a que el señor candidato obtuvo rehabilitación judicial. Considera que el JEE debió realizar un análisis constitucional y convencional de la restricción al derecho de participación política.

f) Invoca la Sentencia 123/2025 del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 03544-2023-PA/TC, señalando que dicho pronunciamiento resolvió un caso sustancialmente similar, referido a una persona condenada por peculado doloso que posteriormente obtuvo rehabilitación judicial.

g) También sostiene que el criterio del Tribunal Constitucional fue reiterado en otros pronunciamientos y que el propio Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, mediante la Resolución N° 0085-2026-JNE, inaplicó un impedimento de similar contenido respecto de una persona condenada por peculado y posteriormente rehabilitada.

h) Asimismo, argumenta que actualmente no existe una inhabilitación judicial vigente que suspenda los derechos políticos del señor candidato, pues la inhabilitación impuesta judicialmente por un año ya fue cumplida. Por ello, considera que mantener el impedimento después de cumplida la pena y obtenida la rehabilitación supondría una inhabilitación política indefinida sin mandato judicial vigente.

i) Finalmente, respecto de la supuesta omisión en la DJHV, afirma que el señor candidato sí declaró la condena por peculado doloso en el rubro V, consignando además su condición de “rehabilitado” y “pena cumplida”, por lo que no existió omisión de información que pudiera sustentar su exclusión.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)

En la Constitución Política del Perú

1.1. El numeral 17 del artículo 2 establece:

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

[…]

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.

1.2. El artículo 31 determina:

Artículo 31.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. También tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.

[…]

1.3. El numeral 22 del artículo 139 dicta:

Principios de la administración de justicia

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

[…]

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

1.4. El numeral 3 del artículo 178 dispone que compete al JNE velar por el cumplimiento de las normas referidas a materia electoral. Asimismo, el numeral 6 indica que también debe cumplir las demás funciones señaladas en la ley, buscando concretar las funciones básicas a las que se orientan los organismos del sistema electoral.

1.5. El numeral 4 del artículo 178 prescribe, como atribución de este Supremo Órgano Electoral, la administración de justicia en materia electoral.

1.6. El artículo 181 señala que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprecia los hechos con criterio de conciencia. Asimismo, resuelve con arreglo a la ley y a los principios generales del derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.

1.7. La Cuarta Disposición Final y Transitoria prevé:

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

[…]

Interpretación de los derechos fundamentales

Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

En la Convención Americana de los Derechos Humanos

1.8. El artículo 23 refiere:

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1.9. El artículo 25 preceptúa:

Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

En la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM)

1.10. El artículo 8 regula:

Artículo 8.- Impedimentos para postular

No pueden ser candidatos en las elecciones municipales:

8.1 Los siguientes ciudadanos:

[…]

h) Las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas. […]

En el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de Inscripción)

1.11. El numeral 28.2 del artículo 28 estipula:

Artículo 28.- Requisitos e impedimentos para ser candidatos

[…]

28.2 No estar incurso en los impedimentos establecidos en los artículos 33 y 34-A de la Constitución Política del Perú, o en los impedimentos regulados en el artículo 8 de la LEM, salvo que se hayan presentado las renuncias o solicitudes de licencia precisadas en el citado artículo, en caso corresponda; o en el impedimento previsto en el artículo 29 de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

1.12. El artículo 35 decreta:

Artículo 35.- Interposición de tachas

Dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la publicación a que se refiere el artículo 34 del presente reglamento, cualquier ciudadano inscrito en el Reniec y con sus derechos vigentes puede interponer tacha contra la lista de candidatos o contra uno o más de los candidatos que la integren. […]

En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales2 (en adelante, Reglamento)

1.13. El artículo 14, referido a la notificación de los pronunciamientos, contempla:

Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica

Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.

En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:

<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).

[…]

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

2.1. Corresponde a este Supremo Tribunal Electoral determinar si la resolución venida en grado fue emitida conforme al marco constitucional y legal aplicable (ver SN 1.2. y 1.3.), a fin de garantizar que la calificación de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos se realice con arreglo a la normativa electoral vigente y en observancia del derecho de participación política, así como del derecho a elegir y ser elegido, reconocidos en la Constitución Política del Perú (ver SN 1.1. al 1.6.).

Del derecho fundamental a la participación política

2.2. El derecho a la participación política está reconocido en la Constitución Política del Perú, así como en el marco normativo internacional (ver SN 1.2., 1.9. y 1.10.).

2.3. No obstante, este derecho no posee carácter absoluto, pues el legislador puede establecer requisitos e impedimentos destinados a garantizar la idoneidad, probidad y legitimidad de quienes aspiran a ejercer cargos públicos. Sin embargo, dichas limitaciones deben responder a fines constitucionalmente legítimos y respetar los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, a fin de evitar restricciones irrazonables o desproporcionadas que vacíen de contenido el derecho fundamental a ser elegido.

Del caso concreto

2.4. En el presente caso, se debe determinar si el señor candidato, don Yone Walter Valverde Chauca, se encuentra incurso en el impedimento previsto en el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, pese a contar con la Resolución N° 13, del 29 de setiembre de 2025, que dispuso su rehabilitación judicial; o si, por el contrario, corresponde amparar el recurso de apelación interpuesto por la OP y dejar sin efecto la decisión que declaró fundada la tacha.

2.5. Sobre el particular, es necesario señalar que el Tribunal Constitucional, mediante su consolidada línea de pronunciamientos en sede de amparo (en particular, en las Sentencias N° 109/2025, N° 113/2025, N° 123/2025 y N° 171/2025), desarrolló el contenido constitucional del principio de rehabilitación previsto en el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, precisando que la finalidad de la pena no se agota en la sanción del hecho delictivo, sino que comprende también la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En ese contexto, estableció que mantener restricciones permanentes respecto de ciudadanos que ya han sido judicialmente rehabilitados resulta incompatible con la finalidad resocializadora de la pena y con el derecho fundamental de participación política.

2.6. En atención a dichos pronunciamientos, este Supremo Tribunal Electoral considera que la rehabilitación judicial no constituye un acto meramente formal, sino una institución jurídica que restituye al condenado el pleno ejercicio de los derechos restringidos como consecuencia de la sentencia penal. En consecuencia, una interpretación del literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM que mantenga el impedimento electoral aun después de producida la rehabilitación supondría extender indefinidamente los efectos de la condena, desconociendo el mandato constitucional de resocialización y reincorporación del penado a la sociedad.

2.7. Bajo esa premisa, se debe efectuar una interpretación conforme a la Constitución de la referida disposición legal, privilegiando la protección del derecho fundamental a ser elegido, reconocido en el numeral 17 del artículo 2 y el artículo 31 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, este órgano colegiado considera que el impedimento previsto en el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM no resulta aplicable cuando el ciudadano acredita haber sido judicialmente rehabilitado, pues una conclusión distinta implicaría restringir desproporcionadamente el ejercicio de sus derechos políticos, pese a existir un pronunciamiento judicial firme que dispuso su plena rehabilitación.

2.8. En el presente caso, obra en autos que el señor candidato obtuvo la Resolución N° 13, del 29 de setiembre de 2025, emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Áncash, en el Expediente N° 01155-2014-68-0201-JR-PE-01, mediante la cual se dispuso su rehabilitación al haberse verificado el cumplimiento del periodo de prueba y el pago íntegro de la reparación civil, y se ordenó asimismo la restitución de los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia. En consecuencia, atendiendo a la interpretación constitucional invocada respecto de los efectos jurídicos de la rehabilitación y al cuestionamiento formulado por la OP sobre la aplicación del impedimento previsto en el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, corresponde determinar si, en el presente caso, resulta jurídicamente procedente inaplicar el extremo «aun cuando hubieran sido rehabilitados» de dicha disposición y, por tanto, dejar sin efecto el impedimento electoral atribuido al señor candidato.

2.9. En atención a lo expuesto, corresponde concluir que el señor candidato no se encuentra incurso en el impedimento invocado, toda vez que obra plenamente acreditado que fue judicialmente rehabilitado y, conforme al criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional y asumido por este Supremo Tribunal Electoral en las citadas resoluciones, dicha rehabilitación restituye plenamente el ejercicio de sus derechos políticos, incluido el derecho a ser elegido.

2.10. Respecto del argumento de la parte apelante referido a que la tacha fue presentada de manera extemporánea, por cuanto la resolución que admitió la candidatura fue notificada el 27 de julio de 2026, corresponde precisar que el cómputo del plazo para formular tacha no se determina a partir de la fecha de notificación de la resolución de admisión, sino desde el día siguiente de la publicación de la lista de candidatos admitida. En el presente caso, obra en autos la Constancia de Publicación en el Panel del JEE Pomabamba - ERM 2026, del 3 de agosto de 2026, en la que se deja constancia de que, a las 11:00 horas de dicha fecha, se procedió a publicar en el panel institucional las resoluciones que admiten a trámite las solicitudes de inscripción de listas de candidatos, y se encontró expresamente comprendido el Expediente N° ERM.2026015810, correspondiente al distrito de Casca, provincia de Mariscal Luzuriaga y a la OP.

2.11. En ese sentido, conforme al artículo 35 del Reglamento de Inscripción (ver SN 1.12.), la publicación de la lista admitida da inicio al periodo de tachas, disponiéndose para tal efecto un plazo de tres (3) días calendario. En consecuencia, al haberse efectuado la publicación de la lista correspondiente al Expediente N° ERM.2026015810 el 3 de agosto de 2026, el plazo para formular tacha se inició el 4 de agosto y comprendió los días 4, 5 y 6 de agosto de 2026. Por tanto, al haberse presentado la tacha el 6 de agosto de 2026, esta fue interpuesta dentro del plazo establecido, por lo que se debe desestimar el agravio de extemporaneidad formulado por la parte apelante.

2.12. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la personera legal de la OP, revocar la resolución venida en grado que declaró fundada la tacha interpuesta contra el señor candidato y, en consecuencia, dejar sin efecto su exclusión, y disponer que el JEE de Pomabamba continúe con la calificación de la candidatura conforme a ley.

2.13. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.13.).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría de la señora magistrada Martha Elizabeth Maisch Molina, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE EN MAYORÍA

1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña Laura Lita Espinoza Garcilazo, personera legal titular de la organización política Partido Demócrata Verde; en consecuencia, REVOCAR la Resolución N° 00352-2026-JEE-PBBA/JNE, del 13 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Pomabamba, que declaró fundada la tacha interpuesta contra don Yone Walter Valverde Chauca, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Casca, provincia de Mariscal Luzuriaga, departamento de Áncash, por la citada organización política, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

2. DISPONER que el Jurado Electoral Especial de Pomabamba continúe con el trámite correspondiente.

3. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor Magistrado doctor Aarón Oyarce Yuzzelli.

SS.

BURNEO BERMEJO

GONZALES BARRÓN

TORRES CORTEZ

OYARCE YUZZELLI

Clavijo Chipoco

Secretaria General

Expediente N° ERM.2026035779

CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ÁNCASH

JEE POMABAMBA (ERM.2026032673)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026

APELACIÓN

Lima, 27 de agosto de 2026

EL VOTO EN MINORÍA DE LA SEÑORA MAGISTRADA MARTHA ELIZABETH MAISCH MOLINA, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:

La suscrita, con mucho respecto manifiesta su disconformidad con los magistrados que en mayoría resuelven declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora Laura Lita Espinoza Garcilazo, personera legal titular de la organización política Partido Demócrata Verde; en consecuencia, REVOCAR la Resolución N° 00352-2026-JEE-PBBA/JNE, del 13 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Pomabamba; que declaró fundada la tacha interpuesta en contra de don Yone Walter Valverde Chauca, candidato a alcalde para para la Municipalidad Distrital de Casca, provincia de Mariscal Luzuriaga, departamento de Ancash, por la organización política Partido Demócrata Verde, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026; por los fundamentos que expongo a continuación:

1. El Jurado Nacional de Elecciones es un órgano constitucional autónomo que ejerce función jurisdiccional en materia electoral. En tal condición, administra justicia electoral con sujeción estricta a la Constitución y a la ley, encontrándose vinculado por el principio de legalidad y por el deber de aplicar las normas vigentes mientras estas formen parte del ordenamiento jurídico, no pudiendo sustituir al legislador ni a redefinir el contenido normativo de las prohibiciones legales expresamente establecidas.

2. En ese contexto, por el literal h del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales establece, de manera expresa, que no pueden ser candidatos a los cargos de elecciones municipales los que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autor, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitados.

3. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, en los Expedientes N.os 00015-2018-PI/TC y 00024-2018-PI/TC (acumulados) sobre proceso de inconstitucionalidad, analizó, entre otros aspectos, la citada norma y, al no lograr los cinco votos conformes para declarar su inconstitucionalidad, tal como lo dispone el artículo 5 de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, declaró infundada la demanda.

4. Cabe precisar que, si bien este órgano electoral reconoce, como presupuesto ineludible del Estado constitucional, el carácter vinculante de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional en el ejercicio de su función de máximo intérprete de la Constitución, dicho deber de acatamiento debe ser comprendido y cumplido atendiendo a la naturaleza del proceso en el que tales decisiones se emiten y a los efectos jurídicos que el propio orden constitucional les atribuye.

5. Al respecto, se debe precisar que si bien el Tribunal Constitucional en diversos procesos de amparo (Expedientes N.os 03478, 02591, 03544, 1648-2023-PA/TC y 00777-2025-PA/TC) ha realizado exhortaciones para que este órgano colegiado aplique control difuso sobre el artículo 113 de la LOE, estas se proyectan sobre una norma legal que ya fue sometida al control abstracto de constitucionalidad en el proceso específicamente diseñado por la Constitución para evaluar la validez normativa con efectos generales.

6. En este proceso de inconstitucionalidad, como ya se ha expresado, el Tribunal Constitucional no alcanzó la votación calificada requerida para expulsar la norma del ordenamiento jurídico, por lo que esta conservó su vigencia con la autoridad propia de la cosa juzgada constitucional, teniendo dicho fallo, conforme lo establecen el artículo VII (segundo párrafo) del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional y el artículo 81 del mismo cuerpo normativo, efectos erga omnes y, por ende, vinculantes para todos los poderes públicos. Este criterio incluso es esgrimido por un miembro del Tribunal Constitucional en su voto en minoría3, quien, en el proceso de acción de amparo signado con el Expediente N° 03478-2023-PA/TC, afirma que “los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad”.

7. En ese marco, no corresponde interpretar la exhortación emitida en un proceso de tutela subjetiva como una habilitación para que este Supremo Tribunal Electoral prescinda de una norma vigente cuya constitucionalidad fue ya examinada en la vía procedimental específica y con los efectos propios del control abstracto. Hacerlo implicaría desplazar el resultado de un proceso constitucional dotado de efectos erga omnes mediante una decisión recaída en un proceso con efectos esencialmente inter partes, alterando la distribución de competencias que la Constitución ha establecido entre los distintos mecanismos de control.

8. Este organismo electoral, en ejercicio de su autonomía constitucional, tiene el deber de resolver conforme al ordenamiento jurídico vigente. Dicha autonomía no se opone al respeto de las decisiones del Tribunal Constitucional; por el contrario, se articula con ellas en un sistema de competencias recíprocas. No obstante, ese deber de acatamiento no puede traducirse en la desatención de una norma que ha superado el control abstracto ni en la renuncia a la función propia de este organismo de aplicar la ley mientras esta se encuentre vigente.

9. En consecuencia, la exhortación debe ser comprendida dentro de los límites propios del proceso de amparo en el que fue emitida, sin que pueda despojar a este Tribunal de su deber constitucional de aplicar una norma legal que permanece en el ordenamiento por efecto de una sentencia firme dictada en el proceso constitucional expresamente previsto para su eventual expulsión. Cualquier entendimiento distinto desdibujaría las fronteras competenciales entre los procesos constitucionales y afectaría la coherencia del sistema de justicia constitucional.

10. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que el inciso 2 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades de los derechos políticos exclusivamente en razón de la “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

11. Desde esta perspectiva, no resulta sostenible afirmar que toda restricción posterior a una condena penal firme sea, por definición, incompatible con la Convención. Por el contrario, el propio inciso 2 del artículo 23 de la CADH habilita expresamente a los Estados a regular el ejercicio de los derechos políticos “por condena, por juez competente, en proceso penal”, lo que supone reconocer que la existencia de una sentencia penal firme constituye una fuente legítima de limitación. La cuestión, entonces, no es si el Estado puede establecer restricciones, sino si estas responden a un fin constitucionalmente legítimo y superan un juicio de razonabilidad.

12. En el presente caso, la norma cuestionada debe ser interpretada de manera sistemática con los artículos 38 y 41 de la Constitución4, así como con el principio constitucional implícito de proscripción de la corrupción. Como se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley N° 30717, el legislador no ha actuado de manera irreflexiva, sino que ha buscado tutelar bienes de la más alta relevancia constitucional: la probidad y la idoneidad en el ejercicio de la función pública y la confianza ciudadana en el sistema democrático representativo.

13. En efecto, el derecho a la rehabilitación, consagrado en el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución5, no se ve desconocido por esta regulación. La persona rehabilitada recupera su condición jurídica plena en múltiples ámbitos de la vida social, civil y política. Sin embargo, el acceso a cargos de elección popular no constituye una proyección automática de dicho derecho, pues la propia Norma Fundamental admite que el ejercicio del derecho a ser elegido se realice “con las condiciones y procedimientos determinados por ley” (artículo 31). Entre tales condiciones se encuentra, legítimamente, la exigencia de idoneidad reforzada para el desempeño de funciones públicas representativas.

14. Esta diferenciación, proteger la integridad del sistema democrático sobre el interés de un individuo para asegurar la confianza pública en las instituciones y prevenir razonablemente la reiteración de conductas que han demostrado un grave desprecio por los deberes inherentes al servicio público. En un contexto como el peruano, donde la corrupción constituye una amenaza estructural al Estado constitucional, el legislador se encuentra no solo facultado, sino constitucionalmente obligado, a adoptar medidas que preserven la legitimidad del poder público y resguarden la ética de la representación política.

15. En el presente caso, el candidato fue sentenciado en su calidad de autor por el delito de peculado doloso; en ese contexto, se encuentra incurso en la inhabilitación prevista por el literal h del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, por lo que considero que debe declararse infundado el recurso de apelación.

S.

MAISCH MOLINA

Clavijo Chipoco

Secretaria General

1 Aprobado por la Resolución N° 0848-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

3 Voto singular de la magistrada Pacheco Zerga, fundamento jurídico 10.

4 Artículo 38. [Deberes para con la patria]

Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.

Artículo 41. [Declaración jurada de bienes y rentas]

Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

5 Artículo 139. [Principios de la Administración de justicia]

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

[…]

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

2574254-1