Confirman la Resolución N° 01577-2026-JEE-HMGA/JNE
RESOLUCIóN N° 3286-2026-JNE
Expediente N° ERM.2026036371
CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO
JEE HUAMANGA (ERM.2026028683)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 25 de agosto de 2026
VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por doña Reyely Brillit Oscorima Canchari, personera legal titular de la organización política APP - Trabaja Ayacucho (en adelante, señora recurrente), en contra de la Resolución N° 01577-2026-JEE-HMGA/JNE, del 6 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huamanga (en adelante, JEE), que dispuso la exclusión de don Juan Zenobio Quispe Fernández, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho (en adelante, señor candidato), por incurrir en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de la DJHV), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
Oído: el informe oral.
PRIMERO. ANTECEDENTES
1.1. A través del Informe N° 000006-2026-AEP-JEEHUAMANGA-ERM2026/JNE, del 19 de julio de 2026, el fiscalizador de hoja de vida adscrito al JEE comunicó a dicho órgano electoral que el señor candidato registra una condena por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), correspondiente al Expediente N° 01278-2020-91-0501-JR-PE-05, tramitado ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria. Esta información fue obtenida a partir de la comunicación remitida por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial mediante Oficio N° 002559-2026-SERJU-GSJ-GG/PJ. Del mismo modo, se constató que dicha sentencia condenatoria no fue declarada por el candidato en el rubro V, “Relación de sentencias”, de su Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV).
1.2. En razón de la información antes mencionada, por medio de la Resolución N° 01096-2026-JEE-HMGA/JNE, del 20 de julio de 2026, el JEE dispuso dar inicio al procedimiento sancionador en contra del señor candidato, por la presunta infracción prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, en concordancia con el numeral 41.3 del artículo 41 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 20262 (en adelante, Reglamento de Inscripción).
La referida resolución fue notificada electrónicamente a la señora recurrente el 21 de julio de 2026, conforme se puede ver en el cargo de la Notificación N° 348480-2026-HMGA.
1.3. El 22 de julio de 2026, la señora recurrente presentó los descargos respecto de la infracción imputada en los siguientes términos:
a) El candidato actuó de buena fe y con transparencia, señalando que la sentencia materia de observación corresponde a un hecho remoto ocurrido hace más de dos décadas. Asimismo, sostiene que cumplió las reglas de conducta impuestas judicialmente y que, actualmente, cuenta con rehabilitación y extinción de la responsabilidad penal.
b) La omisión de la sentencia en la DJHV no obedeció a una intención de ocultamiento o engaño al electorado, pues los antecedentes penales constituyen información pública y verificable por el propio JEE mediante las plataformas del Poder Judicial. En ese sentido, se atribuye la omisión a un error material producido en el sistema Declara+ durante las fallas presentadas en la etapa de inscripción.
c) Como elemento de respaldo, presentó el certificado de antecedentes penales solicitado el 3 de junio de 2026, antes de la inscripción del candidato, con el propósito de acreditar que este contaba con la información necesaria respecto de sus antecedentes y que no existió voluntad de ocultarla.
d) Alegó que la sentencia cuestionada ya había sido cumplida, que se efectuó el pago de la reparación civil correspondiente y que el candidato cuenta con rehabilitación, por lo que la condena no produciría actualmente efectos en su contra.
e) Solicitó la corrección de la DJHV mediante anotación marginal en el sistema Declara+, incorporando la información relacionada con el Expediente N° 01278-2020-91-0501-JR-PE-05 y dejando constancia de que el candidato se encuentra rehabilitado.
f) Invocó el derecho constitucional a la participación política y, específicamente, el derecho a ser elegido reconocido en el artículo 31 de la Constitución, sosteniendo que la exclusión debe constituir una medida excepcional y estar sujeta a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, especialmente cuando se trata de errores formales que no afectan la integridad del proceso electoral.
g) También argumentó que el procedimiento sancionador electoral no puede sustentarse en una responsabilidad objetiva, por lo que debe acreditarse la existencia de dolo o negligencia grave para determinar la configuración de la infracción. En el presente caso, se sostiene que la omisión fue involuntaria y que la información correspondía a una condena ya rehabilitada.
h) Finalmente, invocó jurisprudencia del JNE según la cual, cuando no existe intención de engañar y el error puede ser subsanado o carece de relevancia para valorar la idoneidad del candidato, debe privilegiarse el derecho de participación ciudadana frente a la exclusión. Sobre esa base, se solicitó declarar infundado el procedimiento y disponer el archivo definitivo del expediente, permitiendo la participación del candidato en las elecciones.
1.4. Mediante la Resolución N° 01577-2026-JEE-HMGA/JNE, del 6 de agosto de 2026, el JEE resolvió excluir al señor candidato, al considerar que incurrió en la infracción establecida en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, en concordancia con el artículo 15 del Reglamento de la DJHV. Dicha decisión se sustentó en los siguientes fundamentos:
a) El señor candidato omitió consignar en el rubro V de su DJHV una sentencia condenatoria firme por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo, correspondiente al Expediente N° 01278-2020-91-0501-JR-PE-05.
b) La existencia y firmeza de la sentencia quedaron acreditadas con la información oficial remitida por el Poder Judicial. La condena, emitida a través de la Resolución N° 03, del 16 de junio de 2021, impuso diez (10) meses de pena privativa de libertad suspendida y S/ 5000 por reparación civil. Dicha resolución fue posteriormente declarada consentida por medio de la Resolución N° 04, del 26 de agosto de 2021.
c) La DJHV constituye un mecanismo de transparencia electoral destinado a proporcionar a los ciudadanos información relevante sobre los candidatos, permitiéndoles formar libre e informadamente su voluntad electoral. Por ello, la declaración de las sentencias condenatorias firmes constituye una obligación sustancial y no una simple formalidad.
d) La responsabilidad por la información consignada en la DJHV recae directamente en el candidato. El hecho de que la información sea registrada mediante Declara+ o presentada por el personero legal no modifica el carácter personal de la obligación de declarar de manera veraz, completa y exacta.
e) La LOP obliga a declarar las sentencias condenatorias firmes impuestas por delitos dolosos y que la omisión de dicha información genera la consecuencia electoral prevista en el numeral 23.5 del artículo 23. En el caso concreto, se verificó objetivamente la existencia de la sentencia y su falta de consignación en la DJHV.
f) Respecto de los descargos, consideró que el cumplimiento de la pena, el pago de la reparación civil y la rehabilitación del candidato no eliminan la obligación electoral de declarar la sentencia condenatoria firme. Precisó que el procedimiento no busca determinar si la condena genera actualmente un impedimento para postular, sino verificar el cumplimiento del deber de transparencia electoral.
g) El argumento referido a que el candidato no encontró antecedentes al realizar una consulta en el sistema del Poder Judicial tampoco fue considerado suficiente. El JEE señaló que la obligación de declarar la sentencia no depende de una consulta informática previa y que la responsabilidad sobre la información correspondiente a su trayectoria judicial no puede trasladarse al órgano electoral ni al Poder Judicial.
h) También se descarta que la omisión pudiera justificarse como un error material producido por el sistema Declara+ o por la ausencia de intención de ocultar información. Consideró que la infracción se determina objetivamente mediante la existencia de una sentencia condenatoria firme, la obligación legal de declararla y su omisión en la DJHV, sin que el desconocimiento, error o involuntariedad eliminen la configuración de la infracción.
i) Asimismo, rechazó la posibilidad de subsanar la omisión mediante una anotación marginal, debido a que la LOP establece expresamente el retiro del candidato cuando se omite información obligatoria sobre sentencias condenatorias firmes, mientras que el artículo 15 del Reglamento de la DJHV no contempla la anotación marginal como mecanismo para evitar dicha consecuencia.
j) Finalmente, el JEE concluyó que el derecho de participación política debe ejercerse conforme a las condiciones y obligaciones establecidas por la legislación electoral. Al encontrarse acreditada la existencia de una sentencia condenatoria firme y su omisión en el rubro V de la DJHV, determinó que se configuró la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP y dispuso la exclusión del candidato.
SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS
2.1. Por medio de escrito presentado el 15 de agosto de 2026, la señora recurrente formuló recurso de apelación en contra de la Resolución N° 01577-2026-JEE-HMGA/JNE, expedida por el JEE, solicitando que esta sea revocada, sustentando su pretensión impugnatoria en los siguientes argumentos:
a) El JEE aplicó una responsabilidad objetiva y un automatismo sancionatorio al considerar que la sola omisión de una sentencia condenatoria genera necesariamente la exclusión, sin valorar el contexto, la buena fe del candidato ni las circunstancias que originaron el error. Se sostiene que dicha interpretación vulnera los principios de culpabilidad y razonabilidad.
b) No existió intención de ocultar antecedentes judiciales, pues el candidato consignó expresamente tres sentencias condenatorias por omisión a la asistencia familiar en su DJHV. Según el recurso, quien pretendiera ocultar deliberadamente sus antecedentes no habría declarado esas otras condenas.
c) Respecto de la sentencia omitida, sostiene que la falta de consignación obedeció a un error de apreciación de buena fe, debido a que la pena de diez (10) meses de ejecución suspendida había sido cumplida, la reparación civil de S/ 5000 había sido cancelada y la condena se encontraba rehabilitada. El candidato habría consultado plataformas públicas y, al no advertir registros activos, consideró que la rehabilitación prevista en el artículo 69 del Código Penal producía dicho efecto.
d) Alega que la resolución vulnera el principio de proporcionalidad al privilegiar un formalismo sobre el derecho fundamental a la participación política y el derecho a ser elegido, reconocidos en el artículo 31 de la Constitución y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se sostiene que la exclusión resulta innecesaria, desproporcionada e irrazonable al tratarse de una condena ya cumplida, rehabilitada y con la reparación civil cancelada.
e) Sostiene que la anotación marginal constituye una alternativa jurídicamente viable para corregir la omisión y garantizar la transparencia electoral. El recurso invoca el numeral 5.12 del artículo 5 del Reglamento de Inscripción, señalando que dicha disposición permite integrar u ordenar información del expediente cuando ello no afecta la verdad material de la postulación.
f) Argumenta que la anotación marginal permitiría cumplir simultáneamente con la finalidad de transparencia electoral y con la protección del derecho de participación política, pues haría pública ante el electorado la existencia de la sentencia omitida y permitiría que los ciudadanos valoren dicha información de manera consciente e informada.
g) Invoca como sustento las Resoluciones N° 0313-2021-JNE y N° 1125-2018-JNE, alegando que el Pleno del JNE ha establecido que la omisión de una condena no genera necesariamente la exclusión automática cuando no se acredita una conducta dolosa de ocultamiento. Según el recurso, en casos donde el candidato declaró otras sentencias o actuó bajo la convicción de encontrarse rehabilitado, se habría optado por la anotación marginal.
h) Asimismo, invoca las Resoluciones N° 2541-2018-JNE y N° 3530-2022-JNE para sostener que las medidas de exclusión deben someterse a un análisis de razonabilidad y proporcionalidad. Se afirma que, tratándose de una pena suspendida, cumplida y rehabilitada, con reparación civil íntegramente cancelada, la anotación marginal constituiría una medida adecuada para preservar la verdad material sin afectar de manera desproporcionada el derecho de participación política.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución Política del Perú
1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del JNE, la administración de justicia en materia electoral.
En la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones
1.2. El artículo III del Título Preliminar, referido a los principios generales, contempla:
Artículo III. Principio de transparencia
Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.
En la LOP
1.3. En el numeral 23.5 del artículo 23 se establece lo siguiente:
Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias
[…]
23.5 La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.
[…]
1.4. En concordancia con ello, el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 del mismo dispositivo legal determina:
23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:
[…]
5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
En el Reglamento de Inscripción
1.5. El artículo 19 prevé lo siguiente:
Artículo 19.- Disposiciones sobre la Declaración Jurada de Hoja de Vida de los candidatos
[…]
La información contenida en el Formato Único de DJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, para lo cual da fe de la veracidad de su contenido a través del documento señalado en el Anexo 1 del presente reglamento, el cual debe contar con la huella dactilar del índice derecho y firma del candidato.
Aun cuando el personero legal de la organización política es el encargado de registrar los Formatos Únicos de DJHV de los candidatos, corresponde a estos últimos:
a. Verificar oportunamente si la información que contiene la DJHV es auténtica, está completa y ha sido actualizada.
b. Asumir las consecuencias jurídicas que se deriven de haber consignado información falsa, incompleta o no actualizada en la DJHV que registre el personero legal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondieran al personero legal.
[…]
1.6. Los numerales 41.1 y 41.3 del artículo 41 prescriben:
Artículo 41.- Exclusión de candidato
[…]
41.1 El JEE dispone la exclusión de un candidato de la fórmula o de la lista de la que forme parte hasta un (1) día antes de la fecha fijada para la elección cuando tome conocimiento de que contra este se ha impuesto:
a. Condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad;
[…]
41.3 El JEE dispone la exclusión de un candidato por omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato.
En el Reglamento de la DJHV
1.7. El artículo 6 preceptúa lo siguiente:
Artículo 6.- Datos de la DJHV
La DJHV debe registrar los siguientes datos:
[…]
j. Relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, o si no las tuviera.
1.8. El artículo 15 dicta:
Artículo 15.- Infracción contemplada en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP
En atención a lo prescrito en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, la omisión de la información referida a la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la citada ley, da lugar al retiro de dicho candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección.
El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de inscripción de la formula y lista de candidatos.
En caso de que se hubiera excluido al candidato o de que hubiera trascurrido el plazo para excluirlo, y se hubiese verificado la omisión prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se remiten los actuados al Ministerio Público.
1.9. El artículo 22 contempla:
Artículo 22.- Determinación de la infracción y el retiro o exclusión del candidato
22.1. El JEE califica el informe del SFHV y los anexos en el término de un (1) día calendario.
22.2. De considerar que los hechos descritos configuran la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, el JEE, mediante resolución, dispone el inicio del procedimiento sancionador y corre traslado de los actuados al personero legal de la organización política para que efectúe los descargos en el término de un (1) día calendario, asimismo se corre traslado de los actuados al candidato aludido a fin de que brinde la información que estime pertinente dentro del mismo plazo. Esta resolución es inimpugnable.
Se notificará al candidato aludido mediante casilla electrónica, por ello es su responsabilidad haber generado la misma.
La notificación del traslado se realiza de conformidad con el artículo 30 del presente reglamento. Si al calificar el informe, los hechos descritos no configuran la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, el JEE dispone, mediante resolución motivada, el archivo del expediente. Esta resolución es inimpugnable.
22.3. Vencido el plazo, con los descargos o sin ellos y en el término no mayor a tres (3) días calendarios, el JEE, sin audiencia pública, se pronuncia sobre la existencia o no de la infracción.
22.4. La resolución que impone una sanción de exclusión puede ser apelada dentro del plazo de tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el portal electrónico institucional del JNE.
22.5. Contra lo resuelto por el Pleno del JNE no procede la interposición de recurso impugnatorio alguno.
En la jurisprudencia del JNE
1.10. En la Resolución N° 3016-2022-JNE, del 24 de agosto de 2022, se sostuvo:
2.2. En reiterada jurisprudencia, este órgano electoral estableció que las DJHV de los candidatos son una herramienta sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto con el acceso a estas se procura que el elector pueda emitir su voto de manera responsable, racional y sustentada en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas.
2.3. Así, las DJHV contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo que se requiere no solo optimizar la transparencia de estas, sino también que se establezcan mecanismos de control y verificación, como los procedimientos de tacha y exclusión, que aseguren que la información contenida en la DJHV sea veraz (ver SN 1.3.), con el fin de disuadir a los candidatos de omitir el registro de información trascendente o de registrar datos falsos en dichos documentos.
1.11. En la Resolución N° 2668-2022-JNE, del 10 de agosto de 2022, se señaló:
2.5. Dicho ello, resulta pertinente indicar que, de acuerdo con las normas electorales vigentes, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de extraer, incorporar y publicar la información de los registros públicos que esté relacionada con cada uno de los candidatos, en tanto esto sea posible; también existe la obligación por parte de los candidatos de consignar en sus declaraciones toda aquella información que no pueda ser cargada o extraída automáticamente de los registros públicos proporcionados a este organismo electoral, tal como lo dispone el artículo 9 del Reglamento de DJHV. (ver SN 1.6.).
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3 (en adelante, Reglamento)
1.12. El artículo 14 contempla lo siguiente:
Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).
<https://consultaexpediente.jne.gob.pe/>, para expedientes jurisdiccionales de procesos no electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla JNE.
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1. De los antecedentes expuestos, corresponde analizar si la exclusión del señor candidato se encuentra conforme a derecho, considerando que la parte recurrente sostiene que la omisión obedeció a un error de buena fe, debido a que el candidato, tras cumplir la pena, cancelar la reparación civil y obtener su rehabilitación, entendió que no tenía un registro activo que declarar, al no advertir antecedentes vigentes en las plataformas públicas consultadas.
2.2. Ahora bien, respecto a la importancia de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas (ver SN 1.10.).
2.3. Así, estas coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también implementar mecanismos que aseguren que se registre toda la información solicitada y la veracidad de su contenido. Esto acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general -como las sanciones de exclusión de candidatos y multas- que disuadan de omitir información relevante o consignar datos falsos en sus declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
2.4. De autos se advierte que, mediante el Informe N° 000006-2026-AEP-JEEHUAMANGA-ERM2026/JNE, el fiscalizador adscrito al JEE verificó, con base en la información oficial remitida por el Poder Judicial, que el señor candidato registra una sentencia condenatoria consentida por delito contra la administración de justicia, en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio del JNE, recaída en el Expediente N° 01278-2020-91-0501-JR-PE-05; sin embargo, dicha información no fue consignada en el rubro V de su DJHV.
2.5. Asimismo, de la revisión de la DJHV del candidato se advierte que, si bien declaró tres sentencias condenatorias firmes por el delito de omisión de asistencia familiar, correspondientes a los Expedientes N° 00091-2011, N° 00147-2011 y N° 02601-2009, omitió consignar la sentencia condenatoria recaída en el Expediente N° 01278-2020-91-0501-JR-PE-05, por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, identificada por el fiscalizador con base en la información oficial remitida por el Poder Judicial. En consecuencia, se encuentra objetivamente acreditada la omisión de información exigida en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP. (ver SN 1.4.).
2.6. Frente a ello, la parte recurrente sostiene que la omisión obedeció a un error de apreciación de buena fe, pues al encontrarse cumplida la pena, cancelada la reparación civil y rehabilitado el candidato, este consideró que no existía un registro activo que declarar, al no advertir antecedentes vigentes en las plataformas públicas de consulta.
2.7. En ese sentido, el hecho de que el candidato hubiera cumplido la pena impuesta, efectuado el pago íntegro de la reparación civil y obtenida su rehabilitación no lo liberaba del deber de declarar la sentencia condenatoria firme en su DJHV. Así, la circunstancia alegada por la parte recurrente no justifica la falta de consignación ni desvirtúa la infracción verificada, por lo que dicho argumento debe ser rechazado.
2.8. En el mismo sentido, tampoco resulta atendible el argumento de que la omisión se habría producido porque, al encontrarse cumplida la pena, cancelada la reparación civil y rehabilitado el candidato, este consideró de buena fe que ya no existía un registro activo que declarar. Al respecto, el recurrente invoca las Resoluciones N° 0313-2021-JNE y N° 1125-2018-JNE para sostener que, en ausencia de ánimo doloso de ocultamiento, corresponde privilegiar el derecho a ser elegido y recurrir a la anotación marginal; sin embargo, ello no elimina el deber de consignar la sentencia condenatoria en la DJHV, cuya finalidad es garantizar la transparencia electoral y permitir que el electorado conozca la trayectoria judicial de los candidatos.
2.9. En efecto, conforme se desprende de los actuados, la información consignada en la DJHV es de responsabilidad del propio candidato, quien debe garantizar la veracidad y completitud de su contenido mediante la suscripción del documento correspondiente. En ese sentido, aun cuando el registro de la información se efectúe a través del sistema habilitado por el órgano electoral, ello no exime al candidato de verificar que la DJHV contenga todos los datos cuya declaración resulta obligatoria antes de su presentación, ni desvirtúa la responsabilidad que la normativa electoral le atribuye respecto de la información declarada.
2.10. De otro lado, la parte recurrente sostiene que el Expediente N° 01278-2020-91-0501-JR-PE-05, correspondiente a la sentencia por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo, no debía ser considerado debido a que la pena se encontraba cumplida, la reparación civil cancelada y el candidato rehabilitado. Sin embargo, dicho argumento no resulta determinante para resolver la presente controversia, pues la infracción materia de análisis no depende de la vigencia de los efectos de la condena ni de la existencia de registros activos, sino de la verificación objetiva de que el candidato omitió consignar en su DJHV una sentencia condenatoria firme por delito doloso, conforme a la información oficial proporcionada por el Poder Judicial. En consecuencia, las circunstancias alegadas no enervan el deber legal de declarar dicha sentencia ni desvirtúan la configuración de la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP.
2.11. En este extremo, corresponde señalar que, conforme al criterio recogido en la resolución materia de análisis, la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP se configura a partir de la constatación objetiva de la omisión de información obligatoria. En el presente caso, se encuentra acreditado que el señor candidato registró en su DJHV tres sentencias por omisión de asistencia familiar, pero omitió declarar la sentencia condenatoria firme recaída en el Expediente N° 01278-2020-91-0501-JR-PE-05, por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo, pese a que dicha condena fue declarada consentida mediante Resolución N° 04, del 26 de agosto de 2021. Por tanto, para la configuración de la infracción resulta suficiente verificar la existencia de la sentencia firme y su falta de consignación en la DJHV, sin que el alegado error de buena fe desvirtúe objetivamente la omisión.
2.12. En esa medida, acreditada objetivamente la omisión de la información exigida por ley, corresponde aplicar la consecuencia jurídica expresamente prevista por el legislador, consistente en la exclusión del candidato, conforme al numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con el numeral 41.3 del artículo 41 del Reglamento de Inscripción y el artículo 15 del Reglamento de la DJHV (ver SN 1.3., 1.6. y 1.8.).
2.13. Dicha opción del legislador resulta coherente con la finalidad del régimen de las DJHV, que busca garantizar que el electorado cuente con información veraz, íntegra y oportuna sobre quienes postulan a cargos de elección popular, fortaleciendo así los principios de transparencia y publicidad que rigen el proceso electoral (ver SN 1.2. y 1.10.).
2.14. En atención a los fundamentos desarrollados, al haberse acreditado que el candidato omitió consignar en su DJHV una sentencia condenatoria firme por delito doloso, configurándose con ello la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, corresponde declarar infundado el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar la resolución impugnada.
2.15. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.12.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE EN MAYORÍA
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña Reyely Brillit Oscorima Canchari, personera legal titular de la organización política APP - Trabaja Ayacucho; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 01577-2026-JEE-HMGA/JNE, del 6 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huamanga, que dispuso la exclusión de don Juan Zenobio Quispe Fernández, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, por incurrir en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor magistrado Rubén Jaime Torres Cortez.
SS.
BURNEO BERMEJO
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026036371
CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO
JEE HUAMANGA (ERM.2026028683)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 25 de agosto de 2026
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
DERECHO CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA
1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (art. 31 Constitución), por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede significar que la norma sea desproporcionada o irrazonable.
2. En efecto, “La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” (Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, c. 206).
ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES
3. Pues bien, la LOP (art. 23.5) establece que la omisión en la declaración de sentencias condenatorias firmes, incluso con reserva de fallo, produce la exclusión del candidato. La citada norma cumple la reserva de ley orgánica; no es discriminatoria, pues se aplica a toda persona que se encuentre en la misma situación; cumple un propósito útil, en tanto permite que la ciudadanía cuente con información relevante para su toma de decisiones; pero la pregunta que sigue es si resulta necesaria para resguardar el fin legítimo antes señalado, o si, por el contrario, existen medidas alternativas que sean menos gravosas para el derecho fundamental y que logren la misma finalidad.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado: “la necesidad de contar con una justicia electoral tuitiva, y puso de relieve que el JNE debe ejercer sus competencias privilegiando el derecho fundamental a la participación política; y que, para tal fin, debe utilizar los mecanismos jurídicos a su disposición, tales como el control difuso de constitucionalidad y el test de proporcionalidad de derechos, cuando corresponda. Más aún cuando, en los hechos, dicho órgano termina siendo el guardián principal de este derecho fundamental, en la medida en que los pronunciamientos judiciales posteriores llegan, generalmente, en forma tardía, cuando se ha configurado la sustracción de la materia y la irreparabilidad de los derechos” (Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, concordante con STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36)
4. La declaración jurada es un instrumento de transparencia por el que la ciudadanía puede ejercer un voto informado (fin legítimo), y, bajo esa premisa, la LOP ha establecido casos en los que la omisión de informar sobre circunstancias personales determina la exclusión del candidato (consecuencia más gravosa para el derecho de ser elegido, pues le impide de plano esa posibilidad). Sin embargo, la finalidad de transparencia puede lograrse en la misma medida, con medidas menos lesivas para el derecho fundamental, tal como la adecuada publicidad de la sentencia condenatoria mediante el sistema de anotaciones marginales en la declaración del candidato, lo cual podría realizarse con el informe de fiscalización, por lo que la ciudadanía tendría la información a su alcance, además de llamadas o íconos en la página web del JNE respecto a los “infractores” de la transparencia, sin perjuicio de otras medidas complementarias (administrativo sancionador y/o penal). En consecuencia, bajo el esquema planteado, el derecho de ser elegido (art. 31 Constitución) podría mantenerse; mientras el fin de conocer las sentencias condenatorias también se logra con la misma eficacia de la declaración jurada (publicidad), pero, claro está, la omisión produciría otras consecuencias, tales como una publicidad negativa (ícono de infractores), económicas y penales. La conclusión es que la exclusión no es necesaria para resguardar el fin de poner en conocimiento las sentencias de condena penal.
5. En el caso concreto, la cuestión controvertida se centra en determinar la consecuencia jurídica de la omisión de informar una sentencia condenatoria firme o con reserva de fallo condenatorio, pues, si bien el art. 23.5 LOP establece la exclusión del candidato como única alternativa, sin embargo, ello no resiste el test de proporcionalidad conforme los términos antes planteados, pues la restricción no es necesaria para lograr el fin legítimo en un Estado Democrático de Derecho, por lo que corresponde realizar el control difuso de esa norma, con la consiguiente inaplicación en este caso, bajo la premisa que el JNE constituye un tribunal supremo electoral, que ejerce funciones jurisdiccionales, por lo que se incluye en la hipótesis del art. 138 Constitución (Pleno TC. Sentencia 171-2025, f. 19).
Es más, cabe observar en este caso, una incoherencia valorativa del sistema jurídico electoral en general, pues la sentencia condenatoria firme del postulante no le impediría participar en la contienda electoral, por efecto de la rehabilitación; por tanto, si sentencia por delito (hecho) no produce exclusión ni impedimento -sin prejuzgar gravedad, circunstancias, tiempo u oportunidad, entonces tampoco podría producirlo la falta de “declaración” de ese mismo delito (omisión de información), con lo que se llegaría a la paradoja que la “declaración de un hecho” (o su ausencia) resulta más grave que el “hecho” mismo, lo cual constituye una incoherencia que reafirma la conclusión de que el art. 23.5 LOP no es constitucional.
SUBSISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN REFERENTES A CONDENAS PENALES
6. El control difuso de constitucionalidad que descarta el art. 23.5 LOP no elimina los diversos impedimentos de postulación, referentes a condenas penales, que se mantienen subsistentes, tales como los siguientes:
6.1. Personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por comisión de delito doloso (art. 34-A Constitución). Es necesario señalar que esta restricción opera en el ámbito estricto de la postulación, esto es, hasta el momento de la inscripción definitiva del candidato, conforme el indicado texto normativo. Luego de ello, por efecto de la preclusión electoral (art. XI título preliminar LOE), una posterior sentencia condenatoria en primera instancia, sin firmeza, no produce el efecto jurídico de impedimento, sino que se requiere la sentencia firme para efecto de producir la exclusión.
6.2. Personas condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso (art. 8.1.g LEM y art. 14.5.f LER), en el que se admite la rehabilitación del condenado para eliminar los efectos negativos de la pena, pues la sobrevivencia del impedimento en ciertos tipos penales, incluso con rehabilitación, según Ley 30717 (arts. 1, 2, 3) fue declarado inconstitucional (Exp. N° 00005-2020-PI/TC).
6.3. Personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, “aun cuando hubieran sido rehabilitados” (art. 8.1.h LEM y art. 14.5.g LER).
7. La gravedad de una sanción que se impone por tiempo indefinido, según la hipótesis prevista en el c. 6.3 precedente, exige que se realice un control de constitucionalidad:
8. En primer lugar, los derechos y libertades fundamentales se interpretan conforme los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú (Cuarta Disposición Final y Transitoria Constitución), por lo que, los derechos políticos deberán entenderse según el art. 23 Convención Americana de Derechos Humanos, concordante con la interpretación realizada por la Corte Interamericana, de cuyo mérito se interpreta que toda restricción del derecho a ser elegido debe basarse en la ley, no ser discriminatoria, sustentarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Caso Yatama vs. Nicaragua). En este contexto, el impedimento de postulación, si bien basada en una ley, sin embargo, solo se produce en ciertos delitos, ni siquiera en los más graves, pero no en muchos otros que producen mayor afectación a los diversos bienes jurídicos protegidos, por lo que se trata de una disposición discriminatoria, contraria al principio de igualdad, y no justificada, en cuanto no se sustenta en criterios razonables; por tanto, constituye una disposición restrictiva no compatible con la Constitución (art. 31) y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23).
9. En segundo lugar, una pena indefinida o perpetua tampoco se adecua con la finalidad resocializadora de cualquier sanción penal (art. 139 inc. 22 Constitución), pues la comisión de un delito se convertiría en un lastre, tacha o mancha vitalicia, una especie de “muerte civil”, sin posibilidad de recuperar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, pese a la rehabilitación ya lograda, lo que no puede ser compatible con la dignidad de la persona humana (art. 1 Constitución).
10. En virtud de lo expuesto, el art. 8.1.h LEM y el art. 14.5.g son directamente contrarios a la Constitución y CADH, por lo que el intento de reducir sus efectos mediante la imposición jurisprudencial de un plazo de vigencia del impedimento -diez años-, según la Res. N° 085-2026-JNE, no es suficiente para lograr la compatibilidad, pues extiende una condena más allá de su vigencia; por tanto, la única alternativa jurídica consiste en inaplicar totalmente dicha disposición en el caso concreto, según la potestad de control difuso de la constitucionalidad (arts. 138 y 181 Constitución, concordante con doctrina del Tribunal Constitucional expresada por Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, y antes STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36).
11. La inaplicación del mandato contenido en el art. 23.5 LOP no impide que el sistema electoral utilice los instrumentos de la tacha y exclusión para fines de detectar candidatos incursos en causales de impedimento, sea por condenas penales vigentes o condenas en primera instancia al momento de la postulación.
CONCLUSIÓN
12. La resolución apelada es nula, en tanto se ha excluido un postulante por una causal no compatible con la Constitución, pero igual corresponde que se evalúen las situaciones legales de impedimento basadas en sentencias penales, máxime cuando existe un Informe de Fiscalización, que se presume cierto, o solicitud de tacha, por lo que el postulante tendrá que desvirtuarlo en el plazo perentorio e improrrogable de un día para efecto de acreditar la rehabilitación u otra causa de pérdida de vigencia de la condena, y, luego, corresponderá emitir la decisión respectiva.
En virtud de tales consideraciones, MI VOTO es por declarar FUNDADA la apelación, por tanto, NULA la resolución recurrida, y, OTORGAR un día al recurrente para formular descargo en el plazo de un día, luego de ello, con lo actuado, el JEE deberá emitir en forma inmediata un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos antes indicados.
SS.
GONZALES BARRÓN
Clavijo Chipoco
Secretaria General
1 Aprobado por la Resolución N° 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2 Aprobado por la Resolución N° 0848-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
3 Aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2574251-1