Confirman la Resolución N° 01569-2026-JEE-HMGA/JNE
RESOLUCIóN N° 3287-2026-JNE
Expediente N° ERM.2026034097
ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO
JEE HUAMANGA (ERM.2026030020)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 25 de agosto de 2026
VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por doña Melisa Tovar Auccapuclla, personera legal titular de la organización política Podemos Perú (en adelante, señora recurrente), en contra de la Resolución N° 01569-2026-JEE-HMGA/JNE, del 6 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huamanga (en adelante, JEE), que dispuso la exclusión del señor Juan Pedro Canchari Tineo, candidato al cargo de regidor para el Concejo Municipal Distrital de Acocro, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de la DJHV), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
Oído el informe oral
PRIMERO. ANTECEDENTES
1.1. Mediante el Informe N° 000008-2026-WAH-JEEHUAMANGA-ERM2026/JNE, del 24 de julio de 2026, el fiscalizador de la hoja de vida adscrito al JEE comunicó a dicho órgano electoral que el señor Juan Pedro Canchari Tineo registra condena como autor y responsable del delito contra el orden financiero y monetario, en la modalidad de Trafico de Billetes Falsos, en el marco del Expediente N° 2006-01048, tramitado ante el Segundo Juzgado Penal de Huamanga, conforme a la información remitida por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial a través del Oficio N° 002559-2026-SRJU-GSJ-GG-PJ. Asimismo, se verificó que dicha condena no fue consignada en el rubro V, “Relación de sentencias”, de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato (en adelante, DJHV).
1.2. En razón de la información antes mencionada, por medio de la Resolución N° 01439-2026-JEE-HMGA/JNE, del 26 de julio de 2026, el JEE dispuso dar inicio al procedimiento sancionador en contra del señor Juan Pedro Canchari Tineo, por la presunta infracción prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, en concordancia con el numeral 43.1 del artículo 43 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 20262 (en adelante, Reglamento de Inscripción).
La referida resolución fue notificada electrónicamente al señor recurrente el 27 de julio de 2026 conforme se puede ver en el cargo de notificación N° 357117-2026-HMGA.
1.3. El 3 de agosto de 2026, el señor recurrente presentó los descargos respecto de la infracción imputada en los siguientes términos:
a) La omisión de consignar en la DJHV la sentencia correspondiente al Expediente N° 2006-01048 no obedeció a una conducta dolosa ni a un propósito de ocultar información al electorado, sino a un error involuntario cometido de buena fe, considerando que la sanción de 200 días multa y la reparación civil fueron cumplidas y canceladas en el año 2007.
b) Asimismo, invoca la protección del derecho fundamental de participación política y el derecho a ser elegido, señalando que las normas electorales deben interpretarse conforme a los principios pro ciudadano y pro homine, evitando restricciones basadas en formalismos excesivos cuando no exista una afectación sustancial a la transparencia electoral.
c) El apelante sostiene también que la exclusión constituye una medida extrema, por lo que su aplicación debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, especialmente cuando la omisión se refiere a una condena antigua, cumplida y no vinculada a una pena privativa de libertad, sin que exista evidencia de una intención deliberada de engañar o inducir a error al electorado.
d) Como alternativa a la exclusión, solicita que se considere la omisión como un error material subsanable y se disponga la anotación marginal en la Declaración Jurada de Hoja de Vida, permitiendo transparentar la información relativa a la condena sin imponer la consecuencia más gravosa de retirar al candidato del proceso electoral.
e) Finalmente, sustenta su posición en resoluciones anteriores del Jurado Nacional de Elecciones, señalando que, según los criterios invocados, la exclusión no debería aplicarse de manera automática o mecánica, sino atendiendo a las circunstancias particulares del caso, la ausencia de dolo, la antigüedad y cumplimiento de la sanción y la posibilidad de garantizar la transparencia mediante mecanismos menos restrictivos, como la anotación marginal.
1.4. A través de la Resolución N° 01569-2026-JEE-HMGA/JNE, del 6 de agosto de 2026, el JEE dispuso la exclusión del señor Juan Pedro Canchari Tineo, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con lo preceptuado en el artículo 15 del Reglamento de la DJHV, con base en los siguientes argumentos:
a) El JEE determinó que el candidato tenía la obligación legal de declarar en el Rubro V de su DJHV la sentencia condenatoria firme por delito doloso, aun cuando la condena hubiera consistido únicamente en 200 días multa y reparación civil, y estas hubieran sido cumplidas en el año 2007.
b) Asimismo, sostuvo que el cumplimiento de la pena, la eventual rehabilitación o la ausencia de antecedentes penales no eliminan el deber electoral de informar la sentencia, debido a que dicha obligación tiene como finalidad garantizar la transparencia electoral y permitir que la ciudadanía emita un voto informado.
c) El JEE consideró que la responsabilidad sobre el contenido de la DJHV corresponde directamente al candidato, quien suscribió el Anexo 1 declarando que la información proporcionada era veraz y completa. Por ello, estimó que la omisión no podía justificarse en una interpretación personal sobre la antigüedad o naturaleza de la condena.
d) Respecto de la alegada buena fe y ausencia de dolo, el JEE sostuvo que la infracción se configura objetivamente con la omisión de una sentencia que legalmente debía ser declarada, sin que resulte necesario acreditar una intención deliberada de ocultamiento. En consecuencia, consideró que el supuesto error involuntario no desvirtuaba la infracción.
e) Finalmente, rechazó la anotación marginal al considerar que esta no subsana retroactivamente la omisión ni elimina la responsabilidad derivada de ella. En consecuencia, al encontrarse acreditada la existencia de una sentencia firme, el deber de declararla y su omisión, el JEE concluyó que correspondía aplicar la exclusión del candidato conforme al numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP.
SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS
2.1. Por escrito del 10 de agosto de 2026, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 01569-2026-JEE-HMGA/JNE, emitida por el JEE, solicitando que se revoque dicha decisión, con base en los siguientes argumentos:
a) La resolución causa agravio al disponer la exclusión del candidato por la omisión de declarar una condena en su DJHV, pese a que el propio JEE reconoce que no existe prueba de que haya actuado con intención de ocultarla o de inducir a error al electorado.
b) No se habría valorado que la condena impuesta consistió en 200 días multa y S/ 500 de reparación civil, obligaciones que fueron cumplidas íntegramente en 2007, encontrándose el candidato rehabilitado y sin restricción penal vigente.
c) La exclusión resulta desproporcionada porque afecta el derecho fundamental a ser elegido, cuando la finalidad de transparencia electoral podía alcanzarse mediante una medida menos gravosa, como la anotación marginal de la condena en la DJHV.
d) El JEE no habría aplicado adecuadamente los principios de culpabilidad, razonabilidad y favor mobilis, pues ante una omisión sin acreditación de mala fe debió privilegiarse la conservación de la candidatura, permitiendo que la ciudadanía conozca la información mediante su incorporación en la Hoja de Vida.
e) Finalmente, se cuestiona que el JEE haya aplicado un criterio automático de exclusión, desconociendo la jurisprudencia del JNE que permite la anotación marginal cuando no se acredita una conducta dolosa o de mala fe, por lo que corresponde revocar la exclusión y disponer la incorporación de la información omitida en la DJHV.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución Política del Perú
1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del JNE, la administración de justicia en materia electoral.
En la Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE)
1.2. El artículo III del Título Preliminar, referido a los principios generales, contempla:
Artículo III. Principio de transparencia
Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.
En la LOP
1.3. En el numeral 23.5 del artículo 23 se establece lo siguiente:
Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias
[…]
23.5 La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.
1.4. En concordancia con ello, el sub numeral 5 del numeral 23.3 del artículo 23 del mismo dispositivo legal establece:
23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:
[…]
5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
En el Reglamento de Inscripción
1.5. El artículo 19 prevé lo siguiente:
Artículo 19.- Disposiciones sobre la Declaración Jurada de Hoja de Vida de los candidatos
[…]
La información contenida en el Formato Único de DJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, para lo cual da fe de la veracidad de su contenido a través del documento señalado en el Anexo 1 del presente reglamento, el cual debe contar con la huella dactilar del índice derecho y firma del candidato.
Aun cuando el personero legal de la organización política es el encargado de registrar los Formatos Únicos de DJHV de los candidatos, corresponde a estos últimos:
a. Verificar oportunamente si la información que contiene la DJHV es auténtica, está completa y ha sido actualizada.
b. Asumir las consecuencias jurídicas que se deriven de haber consignado información falsa, incompleta o no actualizada en la DJHV que registre el personero legal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondieran al personero legal.
1.6. El numeral 41.1 y 41.3 del artículo 41 prescribe:
Artículo 43.- Exclusión de candidato
[…]
41.1 El JEE dispone la exclusión de un candidato de la fórmula o de la lista de la que forme parte hasta un (1) día antes de la fecha fijada para la elección cuando tome conocimiento de que contra este se ha impuesto:
a. condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad;
[…]
41.3 El JEE dispone la exclusión de un candidato por omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato
En el Reglamento de la DJHV
1.7. El j del artículo 6 preceptúa:
Artículo 6.- Datos de la DJHV
La DJHV debe registrar los siguientes datos:
[…]
j. Relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, o si no las tuviera.
[…]
1.8. El artículo 10 preceptúa lo siguiente:
Artículo 10.- Registro de información en el FUDJHV
[…]
La información contenida en el FUDJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato.
1.9. El artículo 15 establece:
Artículo 15.- Infracción contemplada en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP
En atención a lo prescrito en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, la omisión de la información referida a la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la citada ley, da lugar al retiro de dicho candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección.
El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de inscripción de la formula y lista de candidatos.
En caso de que se hubiera excluido al candidato o de que hubiera trascurrido el plazo para excluirlo, y se hubiese verificado la omisión prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se remiten los actuados al Ministerio Público.
1.10. El artículo 22 contempla:
Artículo 22.- Determinación de la infracción y el retiro o exclusión del candidato
22.1. El JEE califica el informe del SFHV y los anexos en el término de un (1) día calendario.
22.2. De considerar que los hechos descritos configuran la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, el JEE, mediante resolución, dispone el inicio del procedimiento sancionador y corre traslado de los actuados al personero legal de la organización política para que efectúe los descargos en el término de un (1) día calendario, asimismo se corre traslado de los actuados al candidato aludido a fin de que brinde la información que estime pertinente dentro del mismo plazo. Esta resolución es inimpugnable.
Se notificará al candidato aludido mediante casilla electrónica, por ello es su responsabilidad haber generado la misma.
La notificación del traslado se realiza de conformidad con el artículo 30 del presente reglamento. Si al calificar el informe, los hechos descritos no configuran la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, el JEE dispone, mediante resolución motivada, el archivo del expediente. Esta resolución es inimpugnable.
22.3. Vencido el plazo, con los descargos o sin ellos y en el término no mayor a tres (3) días calendarios, el JEE, sin audiencia pública, se pronuncia sobre la existencia o no de la infracción.
22.4. La resolución que impone una sanción de exclusión puede ser apelada dentro del plazo de tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el portal electrónico institucional del JNE.
22.5. Contra lo resuelto por el Pleno del JNE no procede la interposición de recurso impugnatorio alguno.
En la jurisprudencia del JNE
1.11. En la Resolución N° 3016-2022-JNE, del 24 de agosto de 2022, se sostuvo:
2.2. En reiterada jurisprudencia, este órgano electoral estableció que las DJHV de los candidatos son una herramienta sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto con el acceso a estas se procura que el elector pueda emitir su voto de manera responsable, racional y sustentada en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas.
2.3. Así, las DJHV contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo que se requiere no solo optimizar la transparencia de estas, sino también que se establezcan mecanismos de control y verificación, como los procedimientos de tacha y exclusión, que aseguren que la información contenida en la DJHV sea veraz (ver SN 1.3.), con el fin de disuadir a los candidatos de omitir el registro de información trascendente o de registrar datos falsos en dichos documentos.
1.12. En la Resolución N° 2668-2022-JNE, del 10 de agosto de 2022, se sostuvo:
2.5. Dicho ello, resulta pertinente indicar que, de acuerdo con las normas electorales vigentes, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de extraer, incorporar y publicar la información de los registros públicos que esté relacionada con cada uno de los candidatos, en tanto esto sea posible; también existe la obligación por parte de los candidatos de consignar en sus declaraciones toda aquella información que no pueda ser cargada o extraída automáticamente de los registros públicos proporcionados a este organismo electoral, tal como lo dispone el artículo 9 del Reglamento de DJHV. (ver SN 1.6.).
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3 (en adelante, Reglamento)
1.13. El artículo 14 contempla lo siguiente:
Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros). […]
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1. De los antecedentes expuestos, corresponde determinar si la exclusión del señor Juan Pedro Canchari Tineo resulta conforme a derecho, pese a que el señor recurrente ha manifestado que la omisión de consignar la sentencia condenatoria en la DJHV obedeció a un error de buena fe, pues el candidato consideró que la condena, ya cumplida y rehabilitada desde 2007, no constituía un antecedente vigente que debiera declarar, sin existir intención de ocultarla o engañar al electorado.
2.2. Ahora bien, respecto a la importancia de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas (ver SN 1.11.).
2.3. Así, estas coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también implementar mecanismos que aseguren que se registre toda la información solicitada y la veracidad de su contenido. Esto acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general -como las sanciones de exclusión de candidatos y multas- que disuadan de omitir información relevante o consignar datos falsos en sus declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
2.4. De autos se advierte que, mediante el Informe N° 000008-2026-WAH-JEEHUAMANGA-ERM2026/JNE, el fiscalizador adscrito al JEE verificó, con base en la información oficial remitida por el Poder Judicial, que el señor Juan Pedro Canchari Tineo registra una sentencia condenatoria consentida por el delito contra el orden financiero y monetario en la modalidad de Trafico de Billetes Falsos, recaída en el Expediente N° 2006-01048; sin embargo, dicha información no fue consignada en el rubro V de su DJHV.
2.5. En efecto, de la revisión de la DJHV presentada por el citado candidato se constata que declaró no registrar sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos. En consecuencia, se encuentra objetivamente acreditada la omisión de la información exigida en el sub numeral 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.4.).
2.6. Frente a ello, el recurrente sostiene que la omisión se debió a un error de buena fe, al considerar que la condena ya cumplida y rehabilitada no debía ser declarada en su DJHV.
2.7. En ese contexto, aun cuando el recurrente sostenga que la omisión obedeció a un error de buena fe, al considerar que la condena ya cumplida y rehabilitada no constituía un antecedente vigente que debiera ser declarado en su DJHV, dicha circunstancia no enerva la obligación que la normativa electoral impone directamente al candidato respecto de la veracidad e integridad de la información consignada en su DJHV (ver SN 1.8.). Por tanto, el referido argumento no resulta atendible y debe ser desestimado.
2.8. En el mismo sentido, tampoco resulta amparable el argumento del recurrente de que la omisión se habría producido por un error de buena fe, al considerar que, debido al cumplimiento de la condena y su posterior rehabilitación, ya no existía un antecedente vigente que debiera ser declarado en la Hoja de Vida. Al respecto, el Pleno del JNE, mediante las Resoluciones N° 0341-2019-JNE y N° 0471-2026-JNE, ha precisado que el cumplimiento de la pena, la rehabilitación o cualquier medida que extinga sus efectos penales no elimina la existencia de la sentencia condenatoria ni exime al candidato de su deber de declararla en la DJHV, en atención a la finalidad de garantizar la transparencia electoral y el conocimiento de los antecedentes de quienes aspiran a cargos de elección popular.
2.9. En efecto, el literal j del artículo 6 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, aprobado mediante Resolución N° 0846-2025-JNE, establece que la DJHV debe contener la relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos que hubieran quedado firmes, incluyendo las sentencias con reserva de fallo condenatorio (ver SN 1.7.). En consecuencia, el hecho de que el recurrente hubiera cumplido la pena impuesta y obtenido su rehabilitación no lo eximía de declarar la sentencia, pues tales circunstancias no eliminan la existencia del pronunciamiento condenatorio ni el deber de informar impuesto por la normativa electoral. Por tanto, el alegado error de buena fe respecto de la vigencia de la condena no justifica su omisión ni enerva su obligación de consignar dicha información en la DJHV.
2.10. De otro lado, el señor recurrente sostiene que, al haberse cumplido la pena impuesta y encontrarse rehabilitado, la sentencia condenatoria ya no constituía un antecedente vigente que debiera ser consignado en su DJHV. Sin embargo, dicho argumento no resulta atendible, pues, conforme al literal j del artículo 6 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, aprobado mediante Resolución N° 0846-2025-JNE, corresponde declarar las sentencias condenatorias firmes impuestas por delitos dolosos, incluyendo aquellas con reserva de fallo condenatorio. En ese sentido, el cumplimiento de la pena, la rehabilitación o el archivo definitivo del proceso no enervan el deber de declarar la sentencia, por lo que la omisión de dicha información configura objetivamente el supuesto previsto en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas.
2.11. En este extremo, cabe precisar que este Supremo Tribunal Electoral ha precisado en abundante jurisprudencia que la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP configura un supuesto de responsabilidad objetiva, por lo que para la imposición de la sanción no resulta necesario acreditar la existencia de dolo, culpa o intención de ocultar información, siendo suficiente verificar la omisión de declarar una sentencia condenatoria firme por delito doloso en la DJHV para efectos de que se configure la referida infracción.
2.12. En esa medida, acreditada objetivamente la omisión de la información exigida por ley, corresponde aplicar la consecuencia jurídica expresamente prevista por el legislador, consistente en la exclusión del candidato, conforme al numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con el numeral 41.3 del artículo 43 del Reglamento de Inscripción y el artículo 15 del Reglamento de la DJHV (ver SN 1.3., 1.6. y 1.8.).
2.13. Dicha opción del legislador resulta coherente con la finalidad del régimen de las DJHV, que busca garantizar que el electorado cuente con información veraz, íntegra y oportuna sobre quienes postulan a cargos de elección popular, fortaleciendo así los principios de transparencia y publicidad que rigen el proceso electoral (ver SN 1.2. y 1.10.).
2.14. Por las consideraciones expuestas, al encontrarse acreditada la omisión de declarar una sentencia condenatoria firme por delito doloso y configurada la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución venida en grado.
2.15. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Notificaciones (ver SN 1.12.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE EN MAYORÍA
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña Melisa Tovar Auccapuclla, personera legal titular de la organización política Podemos Perú; en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 01569-2026-JEE-HMGA/JNE, del 6 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huamanga, que dispuso la exclusión del señor Juan Pedro Canchari Tineo, candidato al cargo de regidor para el Concejo Municipal Distrital de Acocro, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 830-2025-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor magistrado Roberto Rolando Burneo Bermejo.
SS.
BURNEO BERMEJO
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026034097
ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO
JEE HUAMANGA (ERM.2026030020)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 25 de agosto de 2026
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
DERECHO CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA
1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (art. 31 Constitución), por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede significar que la norma sea desproporcionada o irrazonable.
2. En efecto, “La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” (Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, c. 206).
ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES
3. Pues bien, la LOP (art. 23.5) establece que la omisión en la declaración de sentencias condenatorias firmes, incluso con reserva de fallo, produce la exclusión del candidato. La citada norma cumple la reserva de ley orgánica; no es discriminatoria, pues se aplica a toda persona que se encuentre en la misma situación; cumple un propósito útil, en tanto permite que la ciudadanía cuente con información relevante para su toma de decisiones; pero la pregunta que sigue es si resulta necesaria para resguardar el fin legítimo antes señalado, o si, por el contrario, existen medidas alternativas que sean menos gravosas para el derecho fundamental y que logren la misma finalidad.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado: “la necesidad de contar con una justicia electoral tuitiva, y puso de relieve que el JNE debe ejercer sus competencias privilegiando el derecho fundamental a la participación política; y que, para tal fin, debe utilizar los mecanismos jurídicos a su disposición, tales como el control difuso de constitucionalidad y el test de proporcionalidad de derechos, cuando corresponda. Más aún cuando, en los hechos, dicho órgano termina siendo el guardián principal de este derecho fundamental, en la medida en que los pronunciamientos judiciales posteriores llegan, generalmente, en forma tardía, cuando se ha configurado la sustracción de la materia y la irreparabilidad de los derechos” (Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, concordante con STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36)
4. La declaración jurada es un instrumento de transparencia por el que la ciudadanía puede ejercer un voto informado (fin legítimo), y, bajo esa premisa, la LOP ha establecido casos en los que la omisión de informar sobre circunstancias personales determina la exclusión del candidato (consecuencia más gravosa para el derecho de ser elegido, pues le impide de plano esa posibilidad). Sin embargo, la finalidad de transparencia puede lograrse en la misma medida, con medidas menos lesivas para el derecho fundamental, tal como la adecuada publicidad de la sentencia condenatoria mediante el sistema de anotaciones marginales en la declaración del candidato, lo cual podría realizarse con el informe de fiscalización, por lo que la ciudadanía tendría la información a su alcance, además de llamadas o íconos en la página web del JNE respecto a los “infractores” de la transparencia, sin perjuicio de otras medidas complementarias (administrativo sancionador y/o penal). En consecuencia, bajo el esquema planteado, el derecho de ser elegido (art. 31 Constitución) podría mantenerse; mientras el fin de conocer las sentencias condenatorias también se logra con la misma eficacia de la declaración jurada (publicidad), pero, claro está, la omisión produciría otras consecuencias, tales como una publicidad negativa (ícono de infractores), económicas y penales. La conclusión es que la exclusión no es necesaria para resguardar el fin de poner en conocimiento las sentencias de condena penal.
5. En el caso concreto, la cuestión controvertida se centra en determinar la consecuencia jurídica de la omisión de informar una sentencia condenatoria firme o con reserva de fallo condenatorio, pues, si bien el art. 23.5 LOP establece la exclusión del candidato como única alternativa, sin embargo, ello no resiste el test de proporcionalidad conforme los términos antes planteados, pues la restricción no es necesaria para lograr el fin legítimo en un Estado Democrático de Derecho, por lo que corresponde realizar el control difuso de esa norma, con la consiguiente inaplicación en este caso, bajo la premisa que el JNE constituye un tribunal supremo electoral, que ejerce funciones jurisdiccionales, por lo que se incluye en la hipótesis del art. 138 Constitución (Pleno TC. Sentencia 171-2025, f. 19).
Es más, cabe observar en este caso, una incoherencia valorativa del sistema jurídico electoral en general, pues la sentencia condenatoria firme del postulante no le impediría participar en la contienda electoral, por efecto de la rehabilitación; por tanto, si sentencia por delito (hecho) no produce exclusión ni impedimento -sin prejuzgar gravedad, circunstancias, tiempo u oportunidad, entonces tampoco podría producirlo la falta de “declaración” de ese mismo delito (omisión de información), con lo que se llegaría a la paradoja que la “declaración de un hecho” (o su ausencia) resulta más grave que el “hecho” mismo, lo cual constituye una incoherencia que reafirma la conclusión de que el art. 23.5 LOP no es constitucional.
SUBSISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN REFERENTES A CONDENAS PENALES
6. El control difuso de constitucionalidad que descarta el art. 23.5 LOP no elimina los diversos impedimentos de postulación, referentes a condenas penales, que se mantienen subsistentes, tales como los siguientes:
6.1. Personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por comisión de delito doloso (art. 34-A Constitución). Es necesario señalar que esta restricción opera en el ámbito estricto de la postulación, esto es, hasta el momento de la inscripción definitiva del candidato, conforme el indicado texto normativo. Luego de ello, por efecto de la preclusión electoral (art. XI título preliminar LOE), una posterior sentencia condenatoria en primera instancia, sin firmeza, no produce el efecto jurídico de impedimento, sino que se requiere la sentencia firme para efecto de producir la exclusión.
6.2. Personas condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso (art. 8.1.g LEM y art. 14.5.f LER), en el que se admite la rehabilitación del condenado para eliminar los efectos negativos de la pena, pues la sobrevivencia del impedimento en ciertos tipos penales, incluso con rehabilitación, según Ley 30717 (arts. 1, 2, 3) fue declarado inconstitucional (Exp. N° 00005-2020-PI/TC).
6.3. Personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, “aun cuando hubieran sido rehabilitados” (art. 8.1.h LEM y art. 14.5.g LER).
7. La gravedad de una sanción que se impone por tiempo indefinido, según la hipótesis prevista en el c. 6.3 precedente, exige que se realice un control de constitucionalidad:
8. En primer lugar, los derechos y libertades fundamentales se interpretan conforme los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú (Cuarta Disposición Final y Transitoria Constitución), por lo que, los derechos políticos deberán entenderse según el art. 23 Convención Americana de Derechos Humanos, concordante con la interpretación realizada por la Corte Interamericana, de cuyo mérito se interpreta que toda restricción del derecho a ser elegido debe basarse en la ley, no ser discriminatoria, sustentarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Caso Yatama vs. Nicaragua). En este contexto, el impedimento de postulación, si bien basada en una ley, sin embargo, solo se produce en ciertos delitos, ni siquiera en los más graves, pero no en muchos otros que producen mayor afectación a los diversos bienes jurídicos protegidos, por lo que se trata de una disposición discriminatoria, contraria al principio de igualdad, y no justificada, en cuanto no se sustenta en criterios razonables; por tanto, constituye una disposición restrictiva no compatible con la Constitución (art. 31) y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23).
9. En segundo lugar, una pena indefinida o perpetua tampoco se adecua con la finalidad resocializadora de cualquier sanción penal (art. 139 inc. 22 Constitución), pues la comisión de un delito se convertiría en un lastre, tacha o mancha vitalicia, una especie de “muerte civil”, sin posibilidad de recuperar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, pese a la rehabilitación ya lograda, lo que no puede ser compatible con la dignidad de la persona humana (art. 1 Constitución).
10. En virtud de lo expuesto, el art. 8.1.h LEM y el art. 14.5.g son directamente contrarios a la Constitución y CADH, por lo que el intento de reducir sus efectos mediante la imposición jurisprudencial de un plazo de vigencia del impedimento -diez años-, según la Res. N° 085-2026-JNE, no es suficiente para lograr la compatibilidad, pues extiende una condena más allá de su vigencia; por tanto, la única alternativa jurídica consiste en inaplicar totalmente dicha disposición en el caso concreto, según la potestad de control difuso de la constitucionalidad (arts. 138 y 181 Constitución, concordante con doctrina del Tribunal Constitucional expresada por Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, y antes STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36).
11. La inaplicación del mandato contenido en el art. 23.5 LOP no impide que el sistema electoral utilice los instrumentos de la tacha y exclusión para fines de detectar candidatos incursos en causales de impedimento, sea por condenas penales vigentes o condenas en primera instancia al momento de la postulación.
CONCLUSIÓN
12. La resolución apelada es nula, en tanto se ha excluido un postulante por una causal no compatible con la Constitución, pero igual corresponde que se evalúen las situaciones legales de impedimento basadas en sentencias penales, máxime cuando existe un Informe de Fiscalización, que se presume cierto, o solicitud de tacha, por lo que el postulante tendrá que desvirtuarlo en el plazo perentorio e improrrogable de un día para efecto de acreditar la rehabilitación u otra causa de pérdida de vigencia de la condena, y, luego, corresponderá emitir la decisión respectiva.
En virtud de tales consideraciones, MI VOTO es por declarar FUNDADA la apelación, por tanto, NULA la resolución recurrida, y, OTORGAR un día al recurrente para formular descargo en el plazo de un día, luego de ello, con lo actuado, el JEE deberá emitir en forma inmediata un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos antes indicados.
SS.
GONZALES BARRÓN
Clavijo Chipoco
Secretaria General
1 Aprobado por la Resolución N° 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2 Aprobado por la Resolución N° 0848-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
3 Aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2574248-1