Confirman la Resolución N° 00539-2026- JEE-HCHR/JNE
RESOLUCIóN N° 3285-2026-JNE
Expediente N° ERM.2026033803
SAN MATEO DE OTAO - HUAROCHIRÍ - LIMA
JEE HUAROCHIRÍ (ERM.2026026625)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 25 de agosto de 2026
VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don Víctor Augusto Navarro Amaro, personero legal titular de la organización política Partido Político PRIN (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución N° 00539-2026-JEE-HCHR/JNE, del 6 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huarochirí (en adelante, JEE), que dispuso excluir a don Luis Elfer Lozano Capcha, candidato al cargo de alcalde para la Municipalidad Distrital de San Mateo de Otao, provincia de Huarochirí, departamento de Lima (en adelante, señor candidato), por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de la DJHV), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Oído: el informe oral.
PRIMERO. ANTECEDENTES
1.1. Mediante el Informe N° 000003-2026-JCP-JEEHUAROCHIRI-ERM2026/JNE, del 8 de julio de 2026, el fiscalizador de la hoja de vida adscrito al JEE comunicó a dicho órgano electoral que el señor candidato registra una condena por la comisión del delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, en el marco del Expediente N° 407-2001, tramitado ante el Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, conforme a la información remitida por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial a través del Oficio N° 002559-2026-SRJU-GSJ-GG-PJ. Asimismo, se verificó que dicha condena no fue consignada en el rubro V, “Relación de sentencias”, de su Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV).
1.2. En razón de la información antes mencionada, por medio de la Resolución N° 00415-2026-JEE-HCHR/JNE, del 23 de julio de 2026, el JEE dispuso dar inicio al procedimiento sancionador en contra del señor candidato.
La referida resolución fue notificada electrónicamente al señor recurrente, el 25 de julio de 2026, conforme se verifica en el cargo de la Notificación N° 355272-2026-HCHR.
1.3. El 26 de julio de 2026, el señor recurrente presentó los descargos respecto de la infracción imputada en los siguientes términos:
a) La omisión de la sentencia condenatoria en la DJHV no fue realizada de manera dolosa ni con intención de ocultar información, debido a que la organización política y el señor candidato consultaron en los sistemas oficiales del Poder Judicial, sin lograr ubicar la referida sentencia, por lo que la omisión obedecería a una falta de información disponible y no a una conducta deliberada.
b) Existió una imposibilidad objetiva de conocer oportunamente la existencia de la sentencia, toda vez que, pese a las búsquedas efectuadas en el sistema MAU-PJ (Módulo de Atención al Usuario del Poder Judicial del Perú) y a la solicitud de los certificados de antecedentes judiciales y penales, no se obtuvo información que permitiera advertir la existencia de dicha condena, evidenciándose una discrepancia entre la información posteriormente remitida por el Poder Judicial y aquella que se encontraba disponible al momento de elaborar y registrar la DJHV.
c) El señor candidato se encuentra rehabilitado al haber cumplido la pena impuesta y efectuado el pago de la reparación civil, invocándose el artículo 69 del Código Penal, que establece los efectos de la rehabilitación y la cancelación de los antecedentes correspondientes, argumento que es utilizado para señalar que la situación jurídica derivada de la sentencia habría sido superada y que ello debe ser valorado por el órgano electoral al momento de determinar la responsabilidad y consecuencia aplicable.
d) Solicita que la omisión advertida sea subsanada mediante una anotación marginal en la DJHV, invocando los artículos 19 y 20 del Reglamento de la DJHV, bajo el argumento de que las inconsistencias o errores pueden ser corregidos cuando ello no implique una alteración sustancial de la información declarada, procurando, de esta manera, mantener la candidatura sin afectar el derecho de participación política.
e) Invoca el artículo 31 de la Constitución Política del Perú para sostener que el señor candidato tiene derecho a participar en la vida política y a ser elegido, por lo que cualquier medida que restrinja o limite dicho derecho debe encontrarse debidamente justificada y ser aplicada conforme a las condiciones y procedimientos establecidos por ley, solicitándose al órgano electoral que valore la afectación que una eventual exclusión produciría sobre el derecho fundamental de participación política.
f) Conforme con el principio de informalismo, solicita que la autoridad electoral privilegie la solución de fondo y permita la subsanación de la omisión advertida, especialmente considerando que esta se habría producido por dificultades o inconsistencias en la información disponible y no por una actuación deliberada.
g) Aun cuando el órgano electoral considere configurada alguna responsabilidad, la consecuencia no sea la exclusión del candidato, sino que se valore la aplicación de una medida menos gravosa, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, como la ausencia de intención dolosa alegada, las verificaciones realizadas, la rehabilitación del candidato y las dificultades del sistema informático, invocándose los criterios de gradualidad y proporcionalidad para solicitar, en su caso, la imposición de una sanción mínima.
1.4. A través de la Resolución N° 00539-2026-JEE-HCHR/JNE, del 6 de agosto de 2026, el JEE dispuso la exclusión del señor candidato por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con lo preceptuado en el artículo 15 del Reglamento de la DJHV, con base en los siguientes argumentos:
a) El señor candidato omitió consignar, en el rubro V de su DJHV, la existencia de una sentencia con reserva de fallo condenatorio, pues declaró “No tener información por declarar”, lo que constituye una omisión de información obligatoria.
b) Conforme al informe de fiscalización, el señor candidato registraba una sentencia por el delito de Omisión de Asistencia Familiar, correspondiente al Expediente N° 407-2001, declarada consentida mediante Resolución s/n, de fecha 16 de abril de 2002, circunstancia que debía ser consignada en su hoja de vida.
c) Dicha omisión constituye una causal objetiva de exclusión, al encontrarse comprendida en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, por lo que consideró que no correspondía admitir una subsanación posterior de la información omitida.
d) Asimismo, la responsabilidad de la información consignada en la DJHV corresponde tanto al personero legal como al propio candidato, quien tiene el deber de revisar y validar el contenido de su declaración antes de su presentación, quedando ratificada mediante su firma física o digital.
e) La omisión de la sentencia afectaba el deber de transparencia, la presunción de veracidad de la DJHV y el derecho de los electores a un voto informado, al impedir que estos conozcan información relevante sobre el candidato.
f) Además, pese a haber sido debidamente notificados, ni el candidato ni la organización política presentaron descargos, por lo que no se logró desvirtuar el hecho imputado y ello constituía un elemento adicional para disponer la exclusión.
g) En consecuencia, se encuentra acreditada la omisión de información obligatoria en la DJHV, razón por la cual dispuso la exclusión del señor candidato y, además, ordenó remitir copia de los actuados al Ministerio Público ante la presunta comisión de un ilícito penal.
SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS
2.1. A través del escrito, del 10 de agosto de 2026, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 00539-2026-JEE-HCHR/JNE, emitida por el JEE, solicitando que se revoque dicha decisión, con base en los siguientes argumentos:
a) La resolución impugnada incurre en una motivación insuficiente al sustentar la exclusión en la existencia de una sentencia con reserva de fallo condenatorio correspondiente al 2002, sin desarrollar de manera integral su contenido, sus efectos jurídicos posteriores, el cumplimiento de las reglas de conducta, su eventual rehabilitación y su situación jurídica actual. La sola identificación de una resolución judicial de hace más de veinticuatro (24) años y de su consentimiento no permite explicar, por sí misma, por qué dicha circunstancia determina actualmente la configuración de la causal de exclusión. Al tratarse de una medida que restringe directamente el derecho a ser elegido, el JEE estaba obligado a efectuar una motivación reforzada, objetiva y circunstanciada sobre todos los elementos relevantes del caso.
b) El JEE incurre en un razonamiento jurídicamente cuestionable al considerar que la falta de presentación de descargos permite inferir una “aceptación tácita” de los hechos imputados. El silencio procesal no constituye, por sí mismo, una confesión ni puede ser utilizado como sustituto de la actividad probatoria que corresponde al órgano electoral. La ausencia de descargos únicamente evidencia que el señor candidato no ejerció dicha facultad dentro del plazo concedido, pero no releva al JEE de su obligación de verificar objetivamente los hechos, valorar los elementos incorporados al expediente y determinar si estos permiten establecer, con suficiencia, la configuración de la causal de exclusión.
c) La resolución tampoco acredita de forma individualizada todos los presupuestos necesarios para aplicar el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, pues se limita esencialmente a establecer la existencia de una sentencia con reserva de fallo condenatorio y su consentimiento. Sin embargo, correspondía determinar de manera suficiente la naturaleza concreta de la decisión judicial, su contenido, su firmeza, sus efectos, la información que debía ser consignada en la DJHV y la correspondencia entre la conducta atribuida al candidato y el supuesto normativo que habilita la exclusión. La existencia histórica de una resolución judicial no puede confundirse con la acreditación automática de todos los elementos que exige la causal electoral.
d) Resulta igualmente cuestionable que el JEE no haya efectuado una valoración adecuada de la antigüedad de la decisión judicial. La sentencia corresponde al 2002 y, por tanto, han transcurrido más de veinticuatro (24) años, circunstancia que, sin determinar por sí sola la inexistencia de la obligación de declarar, resulta relevante para establecer cuál es la situación jurídica actual de dicha decisión. El órgano electoral debió verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las reglas de conducta, la existencia de rehabilitación, la vigencia de sus efectos jurídicos, la situación del expediente y la existencia o inexistencia de antecedentes penales actuales, antes de concluir que dicha sentencia justificaba la máxima consecuencia electoral.
e) La exclusión dispuesta afecta directamente el derecho fundamental de participación política y el derecho a ser elegido, reconocidos por los artículos 2, numeral 17, y 31 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, la aplicación de una causal restrictiva debe efectuarse de manera estricta y sobre la base de hechos plenamente acreditados, evitando interpretaciones extensivas, presunciones o inferencias que amplíen el alcance de la restricción. El derecho del elector a recibir información mediante la DJHV debe ser armonizado con el derecho del candidato a participar en el proceso electoral, de modo que la protección del voto informado no puede convertirse automáticamente en fundamento suficiente para excluir una candidatura sin una adecuada justificación constitucional.
f) La resolución impugnada tampoco desarrolla un verdadero análisis de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la medida adoptada. Si bien la transparencia electoral y el voto informado constituyen finalidades legítimas, ello no significa que toda omisión de información deba ser aplicada mecánicamente mediante la exclusión, sin considerar las circunstancias particulares del caso. El JEE debió explicar por qué, atendiendo a la antigüedad de la sentencia, su naturaleza, su situación jurídica y las circunstancias concretas de la omisión, la exclusión constituía una medida necesaria y proporcional frente a la afectación que produce sobre el derecho fundamental a ser elegido.
g) Asimismo, la resolución sostiene de manera general que la omisión habría afectado el derecho de los electores a contar con información idónea, pero no demuestra concretamente cuál fue la afectación actual producida en el presente proceso electoral. La información sobre la sentencia fue finalmente identificada mediante los mecanismos de fiscalización electoral, lo que evidencia que los órganos electorales pudieron acceder a ella y someterla al procedimiento correspondiente. Si bien la ausencia de intención de ocultamiento no elimina necesariamente la obligación de declarar la información, dicha circunstancia sí constituye un elemento relevante para valorar la gravedad de la conducta y determinar si la consecuencia de exclusión resulta razonable y constitucionalmente justificada.
h) Solicita que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) valore los documentos adjuntos y, de ser necesario, requiera al órgano jurisdiccional competente información actualizada sobre el Expediente N° 407-2001, especialmente, respecto de la rehabilitación del señor candidato, así como del cumplimiento de las reglas de conducta, situación de la reparación civil y vigencia de antecedentes penales, a fin de determinar su situación jurídica actual y evitar que la exclusión se sustente únicamente en una sentencia de hace más de dos décadas.
i) En consecuencia, la resolución impugnada debe ser revocada debido a que no ha acreditado ni motivado suficientemente la configuración de la causal de exclusión, ha otorgado un alcance indebido al silencio procesal, no ha valorado integralmente la sentencia del 2002 y sus efectos actuales, y tampoco ha efectuado una adecuada ponderación entre la finalidad de transparencia electoral y los derechos fundamentales de participación política y de ser elegido. Por ello, corresponde que el Pleno del JNE realice una valoración integral de los hechos y medios probatorios, determine si efectivamente concurren todos los presupuestos de la causal prevista en el artículo 23.5 de la LOP y, al no encontrarse debidamente acreditada su configuración, revoque la resolución apelada y disponga la continuidad de la candidatura del señor candidato.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución Política del Perú
1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del JNE, la administración de justicia en materia electoral.
En la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones
1.2. El artículo III del Título Preliminar, referido a los principios generales, contempla:
Artículo III. Principio de transparencia
Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.
En la LOP
1.3. En el numeral 23.5 del artículo 23 se establece lo siguiente:
Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias
[…]
23.5 La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.
1.4. En concordancia con ello, el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 del mismo dispositivo legal establece:
23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:
[…]
5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
En el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 20262 (en adelante, Reglamento de Inscripción)
1.5. El artículo 19 prevé lo siguiente:
Artículo 19.- Disposiciones sobre la Declaración Jurada de Hoja de Vida de los candidatos
[…]
La información contenida en el Formato Único de DJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, para lo cual da fe de la veracidad de su contenido a través del documento señalado en el Anexo 1 del presente reglamento, el cual debe contar con la huella dactilar del índice derecho y firma del candidato.
Aun cuando el personero legal de la organización política es el encargado de registrar los Formatos Únicos de DJHV de los candidatos, corresponde a estos últimos:
a. Verificar oportunamente si la información que contiene la DJHV es auténtica, está completa y ha sido actualizada.
b. Asumir las consecuencias jurídicas que se deriven de haber consignado información falsa, incompleta o no actualizada en la DJHV que registre el personero legal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondieran al personero legal.
1.6. Los numerales 41.1 y 41.3 del artículo 41 prescriben:
Artículo 41.- Exclusión de candidato
41.1 El JEE dispone la exclusión de un candidato de la fórmula o de la lista de la que forme parte hasta un (1) día antes de la fecha fijada para la elección cuando tome conocimiento de que contra este se ha impuesto:
a. Condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad;
[…]
41.3 El JEE dispone la exclusión de un candidato por omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato.
[…]
En el Reglamento de la DJHV
1.7. El artículo 10 preceptúa lo siguiente:
Artículo 10.- Registro de información en el FUDJHV
El personero legal de la organización política debe registrar información en los FUDJHV de los candidatos, bajo el siguiente procedimiento:
[…]
c. Registrar los datos sobre los rubros y campos donde no aparece información oficial de las entidades públicas. De ser el caso, registrar información en el apartado “información complementaria” de cada rubro o en el rubro “IX. Información adicional”.
[…]
1.8. El artículo 15 establece:
Artículo 15.- Infracción contemplada en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP
En atención a lo prescrito en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, la omisión de la información referida a la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la citada ley, da lugar al retiro de dicho candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección.
El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos.
En caso de que se hubiera excluido al candidato o de que hubiera trascurrido el plazo para excluirlo, y se hubiese verificado la omisión prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se remiten los actuados al Ministerio Público.
En la jurisprudencia del JNE
1.9. En la Resolución N° 3016-2022-JNE, del 24 de agosto de 2022, se sostuvo:
2.2. En reiterada jurisprudencia, este órgano electoral estableció que las DJHV de los candidatos son una herramienta sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto con el acceso a estas se procura que el elector pueda emitir su voto de manera responsable, racional y sustentada en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas.
2.3. Así, las DJHV contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo que se requiere no solo optimizar la transparencia de estas, sino también que se establezcan mecanismos de control y verificación, como los procedimientos de tacha y exclusión, que aseguren que la información contenida en la DJHV sea veraz (ver SN 1.3.), con el fin de disuadir a los candidatos de omitir el registro de información trascendente o de registrar datos falsos en dichos documentos.
1.10. En la Resolución N° 2668-2022-JNE, del 10 de agosto de 2022, se sostuvo:
2.5. Dicho ello, resulta pertinente indicar que, de acuerdo con las normas electorales vigentes, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de extraer, incorporar y publicar la información de los registros públicos que esté relacionada con cada uno de los candidatos, en tanto esto sea posible; también existe la obligación por parte de los candidatos de consignar en sus declaraciones toda aquella información que no pueda ser cargada o extraída automáticamente de los registros públicos proporcionados a este organismo electoral, tal como lo dispone el artículo 9 del Reglamento de DJHV. (ver SN 1.6.).
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3 (en adelante, Reglamento)
1.11. El artículo 14 contempla lo siguiente:
Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).
<https://consultaexpediente.jne.gob.pe/>, para expedientes jurisdiccionales de procesos no electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla JNE.
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1. De los antecedentes expuestos, corresponde determinar si la exclusión del señor candidato resulta conforme a derecho, pues el señor recurrente manifiesta que esta no podía imponerse sin acreditar y motivar adecuadamente todos los presupuestos de la causal, valorar integralmente la conducta declarativa del señor candidato, determinar la situación jurídica actual de la sentencia y justificar constitucionalmente por qué, en las circunstancias concretas del caso, correspondía aplicar la máxima consecuencia electoral.
2.2. Ahora bien, respecto a la importancia de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas (ver SN 1.9.).
2.3. Así, dichas DJHV coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también implementar mecanismos que aseguren que se registre toda la información solicitada y la veracidad de su contenido. Esto acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general -como las sanciones de exclusión de candidatos y multas- que disuadan de omitir información relevante o consignar datos falsos en sus declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
2.4. De autos se advierte que, mediante el Informe N° 000003-2026-JCP-JEEHUAROCHIRI-ERM2026/JNE, el fiscalizador adscrito al JEE verificó, con base en la información oficial remitida por el Poder Judicial, que el señor candidato registra una sentencia condenatoria consentida por el delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, recaída en el Expediente N° 407-2001; sin embargo, dicha información no fue consignada en el rubro V de su DJHV.
2.5. En efecto, de la revisión de la DJHV presentada por el señor candidato, se constata que no declaró la mencionada sentencia con reserva de fallo condenatorio. En consecuencia, se encuentra objetivamente acreditada la omisión de la información exigida en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.4.).
2.6. Frente a ello, el señor recurrente sostiene que la exclusión del señor candidato no fue debidamente justificada por el JEE, porque la resolución presenta una motivación insuficiente, pues sustenta la exclusión en una sentencia con reserva de fallo condenatorio del 2002, sin analizar integralmente su contenido, efectos jurídicos y situación actual.
2.7. Al respecto, no se acoge lo alegado por el señor recurrente, toda vez que la resolución apelada se encuentra debidamente sustentada en los hechos y elementos probatorios incorporados al expediente, los cuales permitieron determinar la existencia de la sentencia con reserva de fallo condenatorio y su omisión en la DJHV. Asimismo, el JEE efectuó la correspondiente valoración de los actuados y expresó las razones jurídicas que sustentan la exclusión, por lo que no se advierte una deficiencia de motivación ni una indebida acreditación de la causal que afecte la validez de la decisión impugnada.
2.8. En ese mismo sentido, tampoco resulta amparable la alegación del señor recurrente referida a que la antigüedad de la sentencia y así como sus efectos en la actualidad, toda vez que dichas circunstancias no desvirtúan, por sí mismas, la obligación de consignar en la DJHV la información exigida por la normativa electoral. En tal sentido, acreditada la existencia de la sentencia condenatoria y su falta de consignación en la declaración presentada, corresponde considerar que la sola antigüedad de aquella no enerva la consecuencia jurídica prevista por la normativa aplicable, por lo que dicho extremo del recurso tampoco resulta amparable.
2.9. Asimismo, tampoco resulta amparable la alegación del señor recurrente al afirmar que la resolución incurre en un razonamiento cuestionable al considerar que la falta de descargos constituye una aceptación tácita de los hechos imputados, pues el silencio procesal no equivale a confesión ni exime al JEE de su deber de verificar objetivamente los hechos y acreditar suficientemente la causal de exclusión. En ese sentido, al no haber presentado descargos pese a encontrarse debidamente notificado, el señor candidato no habría controvertido la información y documentación obrante en el expediente, particularmente, la existencia de la sentencia omitida, reforzándose así la configuración de la causal atribuida. Por tanto, dicho extremo de la impugnación tampoco resulta amparable.
2.10. De otro lado, el señor recurrente sostiene que la situación jurídica actual del Expediente N° 407-2001 y el cumplimiento de la pena debieron ser valorados por el JEE. Sin embargo, dicho argumento carece de incidencia para la resolución de la presente controversia, pues la infracción materia de análisis no se encuentra condicionada a la vigencia de efectos jurídicos actuales de la sentencia, sino a la verificación de que el señor candidato omitió consignar en su DJHV una sentencia con reserva de fallo condenatorio por delito doloso, conforme a la información oficial proporcionada por el órgano jurisdiccional competente. En ese sentido, la antigüedad de la sentencia, su eventual rehabilitación o el cumplimiento de la pena no enervan el deber legal de declarar la información correspondiente ni desvirtúan la configuración objetiva de la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP.
2.11. En este extremo, cabe precisar que este Supremo Tribunal Electoral ha establecido de manera reiterada que la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP configura un supuesto de responsabilidad objetiva, por lo que, para determinar su configuración, no resulta necesario acreditar la existencia de dolo, culpa o intención de ocultar información por parte del señor candidato. En consecuencia, la alegación del señor recurrente referida a que la resolución no acredita que el señor candidato haya actuado con intención de ocultar información carece de incidencia para desvirtuar la infracción, pues resulta suficiente verificar que el señor candidato omitió consignar en su DJHV una sentencia condenatoria firme por delito doloso. Dado que se encuentra acreditado dicho supuesto con la información oficial incorporada al expediente, corresponde desestimar este extremo del recurso.
2.12. En esa medida, acreditada objetivamente la omisión de la información exigida por ley, corresponde aplicar la consecuencia jurídica expresamente prevista por el legislador, consistente en la exclusión del candidato, conforme al numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con el numeral 41.3 del artículo 41 del Reglamento de Inscripción y el artículo 15 del Reglamento de la DJHV (ver SN 1.3., 1.6. y 1.8.).
2.13. Dicha opción del legislador resulta coherente con la finalidad del régimen de las DJHV, que busca garantizar que el electorado cuente con información veraz, íntegra y oportuna sobre quienes postulan a cargos de elección popular, fortaleciendo así los principios de transparencia y publicidad que rigen el proceso electoral (ver SN 1.2. y 1.10.).
2.14. Por las consideraciones expuestas, al encontrarse acreditada la omisión de declarar una sentencia condenatoria firme por delito doloso y configurada la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución venida en grado.
2.15. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.11.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE EN MAYORÍA
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Víctor Augusto Navarro Amaro, personero legal titular de la organización política Partido Político PRIN; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 00539-2026-JEE-HCHR/JNE, del 6 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huarochirí, que dispuso excluir a don Luis Elfer Lozano Capcha, candidato al cargo de alcalde para la Municipalidad Distrital de San Mateo de Otao, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor Magistrado doctor Aarón Oyarce Yuzzelli.
SS.
BURNEO BERMEJO
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026033803
SAN MATEO DE OTAO - HUAROCHIRÍ - LIMA
JEE HUAROCHIRÍ (ERM.2026026625)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 25 de agosto de 2026
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
DERECHO CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA
1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (art. 31 Constitución), por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede significar que la norma sea desproporcionada o irrazonable.
2. En efecto, “La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” (Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, c. 206).
ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES
3. Pues bien, la LOP (art. 23.5) establece que la omisión en la declaración de sentencias condenatorias firmes, incluso con reserva de fallo, produce la exclusión del candidato. La citada norma cumple la reserva de ley orgánica; no es discriminatoria, pues se aplica a toda persona que se encuentre en la misma situación; cumple un propósito útil, en tanto permite que la ciudadanía cuente con información relevante para su toma de decisiones; pero la pregunta que sigue es si resulta necesaria para resguardar el fin legítimo antes señalado, o si, por el contrario, existen medidas alternativas que sean menos gravosas para el derecho fundamental y que logren la misma finalidad.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado: “la necesidad de contar con una justicia electoral tuitiva, y puso de relieve que el JNE debe ejercer sus competencias privilegiando el derecho fundamental a la participación política; y que, para tal fin, debe utilizar los mecanismos jurídicos a su disposición, tales como el control difuso de constitucionalidad y el test de proporcionalidad de derechos, cuando corresponda. Más aún cuando, en los hechos, dicho órgano termina siendo el guardián principal de este derecho fundamental, en la medida en que los pronunciamientos judiciales posteriores llegan, generalmente, en forma tardía, cuando se ha configurado la sustracción de la materia y la irreparabilidad de los derechos” (Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, concordante con STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36)
4. La declaración jurada es un instrumento de transparencia por el que la ciudadanía puede ejercer un voto informado (fin legítimo), y, bajo esa premisa, la LOP ha establecido casos en los que la omisión de informar sobre circunstancias personales determina la exclusión del candidato (consecuencia más gravosa para el derecho de ser elegido, pues le impide de plano esa posibilidad). Sin embargo, la finalidad de transparencia puede lograrse en la misma medida, con medidas menos lesivas para el derecho fundamental, tal como la adecuada publicidad de la sentencia condenatoria mediante el sistema de anotaciones marginales en la declaración del candidato, lo cual podría realizarse con el informe de fiscalización, por lo que la ciudadanía tendría la información a su alcance, además de llamadas o íconos en la página web del JNE respecto a los “infractores” de la transparencia, sin perjuicio de otras medidas complementarias (administrativo sancionador y/o penal). En consecuencia, bajo el esquema planteado, el derecho de ser elegido (art. 31 Constitución) podría mantenerse; mientras el fin de conocer las sentencias condenatorias también se logra con la misma eficacia de la declaración jurada (publicidad), pero, claro está, la omisión produciría otras consecuencias, tales como una publicidad negativa (ícono de infractores), económicas y penales. La conclusión es que la exclusión no es necesaria para resguardar el fin de poner en conocimiento las sentencias de condena penal.
5. En el caso concreto, la cuestión controvertida se centra en determinar la consecuencia jurídica de la omisión de informar una sentencia condenatoria firme o con reserva de fallo condenatorio, pues, si bien el art. 23.5 LOP establece la exclusión del candidato como única alternativa, sin embargo, ello no resiste el test de proporcionalidad conforme los términos antes planteados, pues la restricción no es necesaria para lograr el fin legítimo en un Estado Democrático de Derecho, por lo que corresponde realizar el control difuso de esa norma, con la consiguiente inaplicación en este caso, bajo la premisa que el JNE constituye un tribunal supremo electoral, que ejerce funciones jurisdiccionales, por lo que se incluye en la hipótesis del art. 138 Constitución (Pleno TC. Sentencia 171-2025, f. 19).
Es más, cabe observar en este caso, una incoherencia valorativa del sistema jurídico electoral en general, pues la sentencia condenatoria firme del postulante no le impediría participar en la contienda electoral, por efecto de la rehabilitación; por tanto, si sentencia por delito (hecho) no produce exclusión ni impedimento -sin prejuzgar gravedad, circunstancias, tiempo u oportunidad, entonces tampoco podría producirlo la falta de “declaración” de ese mismo delito (omisión de información), con lo que se llegaría a la paradoja que la “declaración de un hecho” (o su ausencia) resulta más grave que el “hecho” mismo, lo cual constituye una incoherencia que reafirma la conclusión de que el art. 23.5 LOP no es constitucional.
SUBSISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN REFERENTES A CONDENAS PENALES
6. El control difuso de constitucionalidad que descarta el art. 23.5 LOP no elimina los diversos impedimentos de postulación, referentes a condenas penales, que se mantienen subsistentes, tales como los siguientes:
6.1. Personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por comisión de delito doloso (art. 34-A Constitución). Es necesario señalar que esta restricción opera en el ámbito estricto de la postulación, esto es, hasta el momento de la inscripción definitiva del candidato, conforme el indicado texto normativo. Luego de ello, por efecto de la preclusión electoral (art. XI título preliminar LOE), una posterior sentencia condenatoria en primera instancia, sin firmeza, no produce el efecto jurídico de impedimento, sino que se requiere la sentencia firme para efecto de producir la exclusión.
6.2. Personas condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso (art. 8.1.g LEM y art. 14.5.f LER), en el que se admite la rehabilitación del condenado para eliminar los efectos negativos de la pena, pues la sobrevivencia del impedimento en ciertos tipos penales, incluso con rehabilitación, según Ley 30717 (arts. 1, 2, 3) fue declarado inconstitucional (Exp. N° 00005-2020-PI/TC).
6.3. Personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, “aun cuando hubieran sido rehabilitados” (art. 8.1.h LEM y art. 14.5.g LER).
7. La gravedad de una sanción que se impone por tiempo indefinido, según la hipótesis prevista en el c. 6.3 precedente, exige que se realice un control de constitucionalidad:
8. En primer lugar, los derechos y libertades fundamentales se interpretan conforme los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú (Cuarta Disposición Final y Transitoria Constitución), por lo que, los derechos políticos deberán entenderse según el art. 23 Convención Americana de Derechos Humanos, concordante con la interpretación realizada por la Corte Interamericana, de cuyo mérito se interpreta que toda restricción del derecho a ser elegido debe basarse en la ley, no ser discriminatoria, sustentarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Caso Yatama vs. Nicaragua). En este contexto, el impedimento de postulación, si bien basada en una ley, sin embargo, solo se produce en ciertos delitos, ni siquiera en los más graves, pero no en muchos otros que producen mayor afectación a los diversos bienes jurídicos protegidos, por lo que se trata de una disposición discriminatoria, contraria al principio de igualdad, y no justificada, en cuanto no se sustenta en criterios razonables; por tanto, constituye una disposición restrictiva no compatible con la Constitución (art. 31) y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23).
9. En segundo lugar, una pena indefinida o perpetua tampoco se adecua con la finalidad resocializadora de cualquier sanción penal (art. 139 inc. 22 Constitución), pues la comisión de un delito se convertiría en un lastre, tacha o mancha vitalicia, una especie de “muerte civil”, sin posibilidad de recuperar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, pese a la rehabilitación ya lograda, lo que no puede ser compatible con la dignidad de la persona humana (art. 1 Constitución).
10. En virtud de lo expuesto, el art. 8.1.h LEM y el art. 14.5.g son directamente contrarios a la Constitución y CADH, por lo que el intento de reducir sus efectos mediante la imposición jurisprudencial de un plazo de vigencia del impedimento -diez años-, según la Res. N° 085-2026-JNE, no es suficiente para lograr la compatibilidad, pues extiende una condena más allá de su vigencia; por tanto, la única alternativa jurídica consiste en inaplicar totalmente dicha disposición en el caso concreto, según la potestad de control difuso de la constitucionalidad (arts. 138 y 181 Constitución, concordante con doctrina del Tribunal Constitucional expresada por Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, y antes STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36).
11. La inaplicación del mandato contenido en el art. 23.5 LOP no impide que el sistema electoral utilice los instrumentos de la tacha y exclusión para fines de detectar candidatos incursos en causales de impedimento, sea por condenas penales vigentes o condenas en primera instancia al momento de la postulación.
CONCLUSIÓN
12. La resolución apelada es nula, en tanto se ha excluido un postulante por una causal no compatible con la Constitución, pero igual corresponde que se evalúen las situaciones legales de impedimento basadas en sentencias penales, máxime cuando existe un Informe de Fiscalización, que se presume cierto, o solicitud de tacha, por lo que el postulante tendrá que desvirtuarlo en el plazo perentorio e improrrogable de un día para efecto de acreditar la rehabilitación u otra causa de pérdida de vigencia de la condena, y, luego, corresponderá emitir la decisión respectiva.
En virtud de tales consideraciones, MI VOTO es por declarar FUNDADA la apelación, por tanto, NULA la resolución recurrida, y, OTORGAR un día al recurrente para formular descargo en el plazo de un día, luego de ello, con lo actuado, el JEE deberá emitir en forma inmediata un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos antes indicados.
SS.
GONZALES BARRÓN
Clavijo Chipoco
Secretaria General
1 Aprobado por la Resolución N° 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2 Aprobado por Resolución N° 0848-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
3 Aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2574247-1