Resuelven recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución N° 00415-2026-JEE-HYLS/JNE
RESOLUCIóN N° 3112-2026-JNE
Expediente N° ERM.2026033249
LA PAMPA - CORONGO - ÁNCASH
JEE HUAYLAS (ERM.2026030347)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 18 de agosto de 2026
VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don Edwin Lévano Gamarra, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución N° 00415-2026-JEE-HYLS/JNE, del 2 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaylas (en adelante, JEE), que dispuso la exclusión de don Eusebio Aniceto Minaya Méndez, candidato al cargo de alcalde para la Municipalidad Distrital de La Pampa, provincia de Corongo, departamento de Áncash (en adelante, señor candidato), por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de la DJHV), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
Oído el informe oral
PRIMERO. ANTECEDENTES
1.1. Mediante el Informe N° 000004-2026-CCD-JEEHUAYLAS-ERM2026/JNE, del 10 de julio de 2026, la fiscalizadora de la hoja de vida adscrita al JEE comunicó a dicho órgano electoral que el señor candidato registra una condena por la comisión del delito contra la Administración Pública de peculado, en el marco del Expediente N° 2000-0211-P, tramitado ante la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, conforme a la información remitida por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial a través del Oficio N° 002559-2026-SRJU-GSJ-GG-PJ. Asimismo, se verificó que dicha condena no fue consignada en el rubro V, “Relación de sentencias”, de su Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV).
1.2. En razón de la información antes mencionada, por medio de la Resolución N° 00370-2026-JEE-HYLS/JNE, del 28 de julio de 2026, el JEE dispuso dar inicio al procedimiento sancionador en contra del señor candidato.
La referida resolución fue notificada electrónicamente al señor recurrente el 29 de julio de 2026, conforme se verifica en el cargo de la Notificación N° 358201-2026-HYLS.
1.3. El 30 de julio de 2026, el señor recurrente presentó los descargos respecto de la infracción imputada en los siguientes términos:
a) Del análisis conjunto del informe de fiscalización y de la resolución que da inicio al procedimiento, se advierte que ambos instrumentos presentan relevantes deficiencias de carácter jurídico, las cuales inciden directamente en la validez y regularidad del procedimiento iniciado.
b) El Informe N° 000004-2026-CCD-JEEHUAYLAS-ERM2026/JNE reconoce que la controversia se refiere a una presunta omisión en la DJHV, prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP. Sin embargo, el procedimiento se inicia invocando el artículo 41 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 20262 (en adelante, Reglamento de Inscripción), que regula un supuesto distinto, evidenciándose una incongruencia entre los hechos investigados y la norma utilizada como sustento.
c) El Reglamento de la DJHV establece el régimen especial aplicable a la fiscalización y al procedimiento sancionador por omisiones o falsedades en la información declarada por los candidatos, regulando sus distintas etapas y garantías. Por ello, al apartarse de este régimen especial y sustentar la decisión en el artículo 41 del Reglamento de Inscripción, la resolución vulnera el principio de especialidad normativa.
d) La resolución impugnada no aplica ni desarrolla el procedimiento establecido en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de la DJHV, pese a tratarse de las normas específicas para sancionar omisiones en la DJHV. Asimismo, no justifica la aplicación del artículo 41 del Reglamento de Inscripción, la inaplicación del régimen especial ni precisa la infracción administrativa imputada, generando una insuficiente motivación que impide conocer con claridad el sustento jurídico de la acusación.
e) La resolución incurre en un error de tipificación al confundir la causal de exclusión del artículo 41 del Reglamento de Inscripción con el procedimiento sancionador por omisión en la DJHV, pese a que ambos supuestos tienen regulación y procedimientos distintos, generando incertidumbre sobre la infracción imputada.
f) La motivación insuficiente se presenta cuando la autoridad no expone de manera adecuada las razones que justifican su decisión. En el presente caso, se sostiene que la Resolución N° 00370-2026-JEE-HYLS/JNE no explica adecuadamente la elección del artículo 41 del Reglamento de Inscripción ni desarrolla las razones por las cuales no aplica el régimen especial de la DJHV.
g) La exclusión constituye una de las consecuencias más gravosas dentro del ámbito electoral, porque impide la participación del candidato en la contienda electoral. Por ello, el descargo sostiene que esta medida no puede derivarse automáticamente de la existencia de una sentencia registrada, sino que requiere una justificación jurídica suficiente y un examen de proporcionalidad.
h) El derecho de participación política comprende, entre otros aspectos, la posibilidad de intervenir en los asuntos públicos y ejercer los derechos políticos reconocidos constitucionalmente. El descargo sostiene que la exclusión de una candidatura constituye una restricción particularmente intensa de este derecho y, por ello, debe estar sustentada en una interpretación estricta de las normas electorales.
i) La rehabilitación constituye el mecanismo jurídico mediante el cual una persona que cumplió las consecuencias de una condena recupera determinadas condiciones jurídicas y el ejercicio de sus derechos conforme al ordenamiento. En el descargo se relaciona este concepto con la prohibición de que una condena penal antigua produzca efectos restrictivos indefinidos sobre los derechos políticos.
1.4. A través de la Resolución N° 00415-2026-JEE-HYLS/JNE, del 2 de agosto de 2026, el JEE dispuso la exclusión del señor candidato por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con lo preceptuado en el artículo 15 del Reglamento de la DJHV, con base en los siguientes argumentos:
a) Por medio del Informe N° 000004-2026-CCD-JEEHUAYLAS-ERM2026/JNE, el fiscalizador de hoja de vida detectó que el señor candidato omitió consignar en su DJHV una sentencia condenatoria por el delito de peculado, lo cual consta en el expediente judicial adjunto al informe.
b) Conforme al inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, el señor candidato debió declarar dicha sentencia en la relación de sentencias condenatorias firmes sin excepción alguna.
c) El análisis debe determinar si existían sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos y si estas fueron consignadas en la DJHV, aspectos acreditados con la documentación remitida por el Poder Judicial y la revisión de la propia declaración.
SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS
2.1. A través del escrito del 8 de agosto de 2026, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 00415-2026-JEE-HYLS/JNE, emitida por el JEE, solicitando que se revoque dicha decisión, con base en los siguientes argumentos:
a) El JEE habría determinado la configuración de la causal de exclusión sin acreditar de manera completa todos los elementos del supuesto previsto en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP. No basta con acreditar la existencia histórica de un expediente penal o de una sentencia registrada, sino que era necesario establecer de manera individualizada la existencia de una sentencia condenatoria firme, su contenido, fecha, órgano emisor, delito doloso, firmeza y situación jurídica actual.
b) Falta de valoración integral de la DJHV, pues la resolución reconoce que el candidato declaró siete (7) sentencias condenatorias y que la controversia se limita a una sentencia adicional. El suscrito no sostiene que haber declarado siete sentencias elimine automáticamente la obligación de declarar la octava, sino que dicha conducta constituye un elemento contextual relevante para determinar la naturaleza de la omisión y la respuesta jurídica proporcional. El JEE habría aislado la existencia de la sentencia no consignada sin valorar conjuntamente la conducta declarativa del candidato.
c) Cuestiona que la resolución identifique la existencia de una sentencia por peculado, pero no desarrolle suficientemente aspectos esenciales como la fecha exacta de la sentencia, su firmeza, la pena impuesta, el cumplimiento de la pena, la eventual rehabilitación y sus efectos jurídicos actuales. Al tratarse de una sentencia vinculada a un expediente del año 2000, la apelación sostiene que el transcurso del tiempo constituye una circunstancia que debía ser investigada y valorada antes de imponer la máxima consecuencia electoral. La deficiencia de motivación habría impedido conocer por qué dicha sentencia mantiene actualmente relevancia jurídica para justificar la exclusión.
d) Existe una contradicción en la propia fundamentación del JEE. Por un lado, la resolución habría señalado que el procedimiento de exclusión no constituye un procedimiento administrativo sancionador, sino una verificación de elegibilidad e idoneidad; pero, por otro lado, utiliza expresiones como “infracción”, “potestad coercitiva” e “imponer la sanción de exclusión”. Esta contradicción afecta la coherencia interna de la decisión, porque la determinación de la naturaleza jurídica del procedimiento resulta relevante para establecer el estándar de motivación, las garantías aplicables y la forma en que debe evaluarse la consecuencia impuesta.
e) El JEE no habría efectuado un análisis constitucional individualizado de la exclusión como medida restrictiva del derecho fundamental de participación política y del derecho a ser elegido. El suscrito reconoce que existe jurisprudencia reciente del JNE que admite la exclusión como consecuencia jurídica de la omisión prevista en el artículo 23.5 de la LOP, pero sostiene que ello no impide examinar si, dadas las circunstancias concretas del caso, la aplicación de la exclusión supera los estándares constitucionales de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. El agravio, por tanto, no se fundamenta exclusivamente en la ausencia de dolo o en la rehabilitación, sino en la necesidad de justificar constitucionalmente la intensidad de la medida aplicada.
f) Cuestiona que el JEE haya considerado la existencia de la sentencia del Expediente N° 2000-0211-P sin investigar suficientemente sus efectos jurídicos actuales. Se trata de una sentencia vinculada a hechos y actuaciones judiciales de aproximadamente veinticinco años atrás, por lo que resultaba necesario verificar el cumplimiento de la pena, la eventual rehabilitación, la situación jurídica actual y la existencia o no de efectos electorales vigentes. Se invoca en este punto el criterio desarrollado en la Resolución N° 0085-2026-JNE sobre los efectos temporales de las condenas y la necesidad de considerar la rehabilitación, la resocialización y la proporcionalidad cuando se analiza una restricción de derechos políticos.
g) Como agravio transversal, la apelación sostiene que existe un error de tipificación porque el procedimiento se habría estructurado sobre un régimen normativo distinto al específicamente previsto para la presunta omisión de información en la DJHV. El informe de fiscalización habría identificado la posible omisión bajo el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP y el Reglamento de la DJHV, mientras que la Resolución N° 00370-2026-JEE-HYLS/JNE habría sustentado el inicio del procedimiento en el artículo 41 del Reglamento de Inscripción. Según la apelación, esta discordancia afecta la correcta subsunción de los hechos, la legalidad, la tipicidad, la debida motivación y el derecho de defensa.
h) Sostiene que, al utilizarse disposiciones pertenecientes a regímenes jurídicos diferentes, no habría quedado claramente delimitado cuál era la infracción atribuida, cuál era la norma aplicable ni cuáles eran los elementos jurídicos que el candidato debía controvertir. La consecuencia alegada es una afectación real al derecho de defensa, porque el administrado habría tenido que defenderse frente a una imputación cuya calificación jurídica no estaba claramente determinada desde el inicio del procedimiento.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución Política del Perú
1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la administración de justicia en materia electoral.
En la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE)
1.2. El artículo III del Título Preliminar, referido a los principios generales, contempla:
Artículo III. Principio de transparencia
Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.
En la LOP
1.3. En el numeral 23.5 del artículo 23 se establece lo siguiente:
Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias
[…]
23.5 La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.
1.4. En concordancia con ello, el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 del mismo dispositivo legal establece:
23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:
[…]
5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
En el Reglamento de Inscripción
1.5. El artículo 19 prevé lo siguiente:
Artículo 19.- Disposiciones sobre la Declaración Jurada de Hoja de Vida de los candidatos
[…]
La información contenida en el Formato Único de DJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, para lo cual da fe de la veracidad de su contenido a través del documento señalado en el Anexo 1 del presente reglamento, el cual debe contar con la huella dactilar del índice derecho y firma del candidato.
Aun cuando el personero legal de la organización política es el encargado de registrar los Formatos Únicos de DJHV de los candidatos, corresponde a estos últimos:
a. Verificar oportunamente si la información que contiene la DJHV es auténtica, está completa y ha sido actualizada.
b. Asumir las consecuencias jurídicas que se deriven de haber consignado información falsa, incompleta o no actualizada en la DJHV que registre el personero legal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondieran al personero legal.
1.6. Los numerales 41.1 y 41.3 del artículo 41 prescriben:
Artículo 41.- Exclusión de candidato
[…]
41.1 El JEE dispone la exclusión de un candidato de la fórmula o de la lista de la que forme parte hasta un (1) día antes de la fecha fijada para la elección cuando tome conocimiento de que contra este se ha impuesto:
a. condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad;
[…]
41.3 El JEE dispone la exclusión de un candidato por omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato
En el Reglamento de la DJHV
1.7. El artículo 10 preceptúa lo siguiente:
Artículo 10.- Registro de información en el FUDJHV
El personero legal de la organización política debe registrar información en los FUDJHV de los candidatos, bajo el siguiente procedimiento:
[…]
c. Registrar los datos sobre los rubros y campos donde no aparece información oficial de las entidades públicas. De ser el caso, registrar información en el apartado “información complementaria” de cada rubro o en el rubro “IX. Información adicional”.
1.8. El artículo 15 establece:
Artículo 15.- Infracción contemplada en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP
En atención a lo prescrito en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, la omisión de la información referida a la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la citada ley, da lugar al retiro de dicho candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección.
El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos.
En caso de que se hubiera excluido al candidato o de que hubiera trascurrido el plazo para excluirlo, y se hubiese verificado la omisión prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se remiten los actuados al Ministerio Público.
En la jurisprudencia del JNE
1.9. En la Resolución N° 3016-2022-JNE, del 24 de agosto de 2022, se sostuvo:
2.2. En reiterada jurisprudencia, este órgano electoral estableció que las DJHV de los candidatos son una herramienta sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto con el acceso a estas se procura que el elector pueda emitir su voto de manera responsable, racional y sustentada en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas.
2.3. Así, las DJHV contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo que se requiere no solo optimizar la transparencia de estas, sino también que se establezcan mecanismos de control y verificación, como los procedimientos de tacha y exclusión, que aseguren que la información contenida en la DJHV sea veraz (ver SN 1.3.), con el fin de disuadir a los candidatos de omitir el registro de información trascendente o de registrar datos falsos en dichos documentos.
1.10. En la Resolución N° 2668-2022-JNE, del 10 de agosto de 2022, se sostuvo:
2.5. Dicho ello, resulta pertinente indicar que, de acuerdo con las normas electorales vigentes, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de extraer, incorporar y publicar la información de los registros públicos que esté relacionada con cada uno de los candidatos, en tanto esto sea posible; también existe la obligación por parte de los candidatos de consignar en sus declaraciones toda aquella información que no pueda ser cargada o extraída automáticamente de los registros públicos proporcionados a este organismo electoral, tal como lo dispone el artículo 9 del Reglamento de DJHV. (ver SN 1.6.).
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3 (en adelante, Reglamento)
1.11. El artículo 14 contempla lo siguiente:
Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).
<https://consultaexpediente.jne.gob.pe/>, para expedientes jurisdiccionales de procesos no electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla JNE.
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1. De los antecedentes expuestos, corresponde determinar si la exclusión del señor candidato resulta conforme a derecho, pues el señor recurrente manifiesta que esta no podía imponerse sin acreditar y motivar adecuadamente todos los presupuestos de la causal, valorar integralmente la conducta declarativa del candidato, determinar la situación jurídica actual de la sentencia y justificar constitucionalmente por qué, en las circunstancias concretas del caso, correspondía aplicar la máxima consecuencia electoral.
2.2. Ahora bien, respecto a la importancia de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas (ver SN 1.9.).
2.3. Así, estas coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también implementar mecanismos que aseguren que se registre toda la información solicitada y la veracidad de su contenido. Esto acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general -como las sanciones de exclusión de candidatos y multas- que disuadan de omitir información relevante o consignar datos falsos en sus declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
2.4. De autos se advierte que, mediante el Informe N° 000004-2026-CCD-JEEHUAYLAS-ERM2026/JNE, la fiscalizadora adscrita al JEE verificó, con base en la información oficial remitida por el Poder Judicial, que el señor candidato registra una sentencia condenatoria consentida por el delito contra la Administración Pública de peculado, recaída en el Expediente N° 2000-0211-P; sin embargo, dicha información no fue consignada en el rubro V de su DJHV.
2.5. Asimismo, de la revisión de la DJHV presentada por el señor candidato, se constata que no declaró la mencionada sentencia condenatoria firme por el delito doloso de peculado. En consecuencia, se encuentra objetivamente acreditada la omisión de la información exigida en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.4.).
2.6. Frente a ello, el señor recurrente sostiene que la exclusión del señor candidato no fue debidamente justificada por el JEE, porque la resolución apelada habría incurrido en deficiencias en la acreditación de la causal, en la valoración de la prueba y en la motivación de la decisión.
2.7. Al respecto, no se acoge lo alegado por el señor recurrente, toda vez que la resolución apelada se encuentra debidamente sustentada en los hechos y elementos probatorios incorporados al expediente, los cuales permitieron determinar la existencia de la sentencia condenatoria y su omisión en la DJHV. Asimismo, el JEE efectuó la correspondiente valoración de los actuados y expresó las razones jurídicas que sustentan la exclusión, por lo que no se advierte una deficiencia de motivación ni una indebida acreditación de la causal que afecte la validez de la decisión impugnada.
2.8. En ese mismo sentido, tampoco resulta amparable la alegación del recurrente referida a que la antigüedad de la sentencia y la eventual rehabilitación del candidato impedirían la configuración de la omisión atribuida, toda vez que dichas circunstancias no desvirtúan, por sí mismas, la obligación de consignar en la DJHV la información exigida por la normativa electoral. En tal sentido, acreditada la existencia de la sentencia condenatoria y su falta de consignación en la declaración presentada, corresponde considerar que la sola antigüedad de aquella o la eventual existencia de una rehabilitación no enervan la consecuencia jurídica prevista por la normativa aplicable, por lo que dicho extremo del recurso tampoco resulta amparable.
2.9. Asimismo, tampoco resulta amparable la alegación del recurrente respecto a la existencia de un supuesto error de tipificación, por cuanto la controversia ha sido correctamente delimitada a partir de la omisión de información atribuida al señor candidato en su DJHV y de la consecuencia jurídica prevista en la normativa electoral aplicable. En ese sentido, la referencia a las disposiciones reglamentarias que regulan el procedimiento de inscripción y exclusión no desvirtúa la norma sustantiva que establece la obligación de declarar determinada información, ni genera por sí misma una afectación al derecho de defensa, máxime si el recurrente pudo conocer los hechos imputados y ejercer oportunamente su derecho de contradicción. Por tanto, dicho extremo de la impugnación tampoco resulta amparable.
2.10. De otro lado, el señor recurrente sostiene que la situación jurídica actual del Expediente N° 2000-0211-P, su antigüedad, la eventual rehabilitación y el cumplimiento de la pena debieron ser valorados por el JEE. Sin embargo, dicho argumento carece de incidencia para la resolución de la presente controversia, pues la infracción materia de análisis no se encuentra condicionada a la vigencia de efectos jurídicos actuales de la sentencia, sino a la verificación de que el candidato omitió consignar en su DJHV una sentencia condenatoria firme por delito doloso, conforme a la información oficial proporcionada por el órgano jurisdiccional competente. En ese sentido, la antigüedad de la sentencia, su eventual rehabilitación o el cumplimiento de la pena no enervan el deber legal de declarar la información correspondiente ni desvirtúan la configuración objetiva de la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP.
2.11. En este extremo, cabe precisar que este Supremo Tribunal Electoral ha establecido de manera reiterada que la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP configura un supuesto de responsabilidad objetiva, por lo que, para determinar su configuración, no resulta necesario acreditar la existencia de dolo, culpa o intención de ocultar información por parte del candidato. En consecuencia, la alegación del señor recurrente referida a las circunstancias particulares que habrían rodeado la omisión carece de incidencia para desvirtuar la infracción, pues resulta suficiente verificar que el señor candidato omitió consignar en su DJHV una sentencia condenatoria firme por delito doloso. Dado que se encuentra acreditado dicho supuesto con la información oficial incorporada al expediente, corresponde desestimar este extremo del recurso.
2.12. En esa medida, acreditada objetivamente la omisión de la información exigida por ley, corresponde aplicar la consecuencia jurídica expresamente prevista por el legislador, consistente en la exclusión del candidato, conforme al numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con el numeral 41.3 del artículo 41 del Reglamento de Inscripción y el artículo 15 del Reglamento de la DJHV (ver SN 1.3., 1.6. y 1.8.).
2.13. Dicha opción del legislador resulta coherente con la finalidad del régimen de las DJHV, que busca garantizar que el electorado cuente con información veraz, íntegra y oportuna sobre quienes postulan a cargos de elección popular, fortaleciendo así los principios de transparencia y publicidad que rigen el proceso electoral (ver SN 1.2. y 1.10.).
2.14. Por las consideraciones expuestas, al encontrarse acreditada la omisión de declarar una sentencia condenatoria firme por delito doloso y configurada la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución venida en grado.
2.15. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.11.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Edwin Lévano Gamarra, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular; en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 00415-2026-JEE-HYLS/JNE, del 2 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaylas, que, entre otros extremos, dispuso la exclusión de don Eusebio Aniceto Minaya Méndez, candidato al cargo de alcalde para la Municipalidad Distrital de La Pampa, provincia de Corongo, departamento de Áncash, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor Magistrado doctor Aarón Oyarce Yuzzelli.
SS.
BURNEO BERMEJO
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026033249
LA PAMPA - CORONGO - ÁNCASH
JEE HUAYLAS (ERM.2026030347)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
APELACIÓN
Lima, 18 de agosto de 2026
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE
Con el debido respeto a la posición asumida por la mayoría del Pleno, discrepo de la decisión que declara infundado el recurso de apelación interpuesto por don Edwin Lévano Gamarra, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular y, en consecuencia, confirma la Resolución N° 00415-2026-JEE-HYLS/JNE, del 2 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaylas, que, entre otros extremos, dispuso la exclusión de don Eusebio Aniceto Minaya Méndez, candidato al cargo de alcalde para la Municipalidad Distrital de La Pampa, provincia de Corongo, departamento de Áncash, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
En tal sentido, emito el presente voto en minoría, con base en las razones que expongo a continuación:
Derecho constitucional de participación política
1.1 Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (artículo 31 de la Constitución Política del Perú); por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede significar que la norma sea desproporcionada o irrazonable.
1.2 En efecto, en el Caso Yatama vs. Nicaragua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló lo siguiente:
La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue (Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, c. 206).
Análisis de constitucionalidad de la exclusión por omisión de declaración de sentencias firmes
2.1 Pues bien, el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP establece que la omisión en la declaración de sentencias condenatorias firmes, incluso con reserva de fallo, produce la exclusión del candidato. La citada norma cumple la reserva de ley orgánica; no es discriminatoria, pues se aplica a toda persona que se encuentre en la misma situación; cumple un propósito útil, en tanto permite que la ciudadanía cuente con información relevante para su toma de decisiones; pero la pregunta que sigue es si resulta necesaria para resguardar el fin legítimo antes señalado o si, por el contrario, existen medidas alternativas que sean menos gravosas para el derecho fundamental y que logren la misma finalidad.
2.2 En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente:
La necesidad de contar con una justicia electoral tuitiva, y puso de relieve que el JNE debe ejercer sus competencias privilegiando el derecho fundamental a la participación política; y que, para tal fin, debe utilizar los mecanismos jurídicos a su disposición, tales como el control difuso de constitucionalidad y el test de proporcionalidad de derechos, cuando corresponda. Más aún cuando, en los hechos, dicho órgano termina siendo el guardián principal de este derecho fundamental, en la medida en que los pronunciamientos judiciales posteriores llegan, generalmente, en forma tardía, cuando se ha configurado la sustracción de la materia y la irreparabilidad de los derechos (Sentencia 171/2025, fundamento 19, concordante con la sentencia recaída en el Expediente N° 01648-2023-PA/TC, fundamento 36)
2.3 La declaración jurada es un instrumento de transparencia por el que la ciudadanía puede ejercer un voto informado (fin legítimo). Bajo esa premisa, la LOP ha establecido supuestos en los que la omisión de informar sobre ciertas circunstancias personales determina la exclusión del candidato, consecuencia más gravosa para el derecho de ser elegido, pues le impide de plano su ejercicio. Sin embargo, la finalidad de transparencia puede alcanzarse de la misma manera mediante medidas menos lesivas para este derecho fundamental, como la adecuada publicidad de la sentencia condenatoria a través de anotaciones marginales en la declaración del candidato, que podrían realizarse a partir del informe de fiscalización. De este modo, la ciudadanía tendría la información a su alcance. Además, podrían incorporarse llamadas o íconos en la página web del JNE respecto de los “infractores” de las obligaciones de transparencia, sin perjuicio de otras medidas complementarias de carácter administrativo sancionador o penal. En consecuencia, bajo el esquema planteado, el derecho a ser elegido (artículo 31 de la Constitución) podría mantenerse, mientras el fin de conocer las sentencias condenatorias también se logra con la misma eficacia de la declaración jurada (publicidad), pero, claro está, la omisión produciría otras consecuencias, tales como una publicidad negativa (ícono de infractores), económicas y penales. La conclusión es que la exclusión no es necesaria para resguardar el fin de poner en conocimiento las sentencias de condena penal.
2.4 En el caso concreto, la cuestión controvertida se centra en determinar la consecuencia jurídica de omitir información sobre una sentencia condenatoria firme o con reserva de fallo condenatorio. Si bien el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP establece la exclusión del candidato como única consecuencia, dicha medida no supera el test de proporcionalidad, conforme a los términos antes planteados, pues la restricción no resulta necesaria para alcanzar el fin legítimo perseguido en un Estado democrático de derecho. Por ello, corresponde realizar el control difuso de dicha norma y, consecuentemente, inaplicarla en el presente caso, bajo la premisa de que el JNE constituye un tribunal supremo electoral que ejerce funciones jurisdiccionales y, por tanto, se encuentra comprendido en la hipótesis prevista en el artículo 138 de la Constitución (Pleno TC, Sentencia 171-2025, f. 19).
2.5 Es más, cabe observar en este caso una incoherencia valorativa del sistema jurídico electoral en general, pues la sentencia condenatoria firme del postulante no le impediría participar en la contienda electoral, debido a su rehabilitación. Por tanto, si la sentencia por el delito cometido no produce exclusión ni impedimento -sin prejuzgar sobre su gravedad, circunstancias, tiempo u oportunidad-, tampoco podría producirlos la falta de declaración de ese mismo delito, es decir, la omisión de información. De lo contrario, se llegaría a la paradoja de que la declaración de un hecho -o su ausencia- resulta más grave que el hecho mismo, lo cual constituye una incoherencia que reafirma la conclusión de que el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP no es constitucional.
Subsistencia de impedimentos de postulación referentes a condenas penales
3.1 El control difuso de constitucionalidad que descarta el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP no elimina los diversos impedimentos de postulación referentes a condenas penales, que se mantienen subsistentes, tales como los siguientes:
a) Personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por comisión de delito doloso (artículo 34-A de la Constitución). Es necesario señalar que esta restricción opera en el ámbito estricto de la postulación, esto es, hasta el momento de la inscripción definitiva del candidato, conforme el indicado texto normativo. Por efecto de la preclusión electoral (artículo XI del título preliminar de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones), una sentencia condenatoria en primera instancia, sin firmeza, no produce el efecto jurídico de impedimento luego de superada la etapa de preclusión.
b) Personas condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, mediante sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso (literal g del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales [en adelante, LEM], y literal f del numeral 14.5 del artículo 14 de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales [en adelante, LER]), en cuyo caso se admite la rehabilitación del condenado para eliminar los efectos negativos de la pena. Asimismo, la subsistencia del impedimento para determinados tipos penales, incluso después de la rehabilitación, conforme a la Ley N° 307174 (artículos 1, 2 y 3), fue declarada inconstitucional (Expediente N° 00005-2020-PI/TC).
c) Personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, “aun cuando hubieran sido rehabilitadas” (literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM, y literal g del numeral 14.5 del artículo 14 de la LER).
3.2 La gravedad de una sanción que se impone por tiempo indefinido, según la hipótesis prevista en el literal c precedente, exige que se realice un control de constitucionalidad:
a) En primer lugar, los derechos y libertades fundamentales se interpretan conforme a los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución), por lo que los derechos políticos deben entenderse de acuerdo con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta interpretación se desprende que toda restricción del derecho a ser elegido debe estar prevista en la ley, no ser discriminatoria, sustentarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la haga necesaria para satisfacer un interés público imperativo y ser proporcional a dicho objetivo (Caso Yatama vs. Nicaragua). En este contexto, el impedimento de postulación, si bien está basado en una ley, solo se aplica a determinados delitos, y ni siquiera a los más graves, mientras que no comprende muchos otros que producen una mayor afectación a los diversos bienes jurídicos protegidos. Por ello, se trata de una disposición discriminatoria, contraria al principio de igualdad y no justificada, en tanto no se sustenta en criterios razonables. Por tanto, constituye una disposición restrictiva incompatible con la Constitución, en particular con su artículo 31, y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular con su artículo 23.
b) En segundo lugar, una pena indefinida o perpetua tampoco se adecua a la finalidad resocializadora de cualquier sanción penal (artículo 139, inciso 22, de la Constitución), pues la comisión de un delito se convertiría en un lastre, tacha o mancha vitalicia, una especie de “muerte civil”, sin posibilidad de recuperar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, pese a la rehabilitación ya lograda, lo que no resulta compatible con la dignidad de la persona humana (artículo 1 de la Constitución).
3.3 En virtud de lo expuesto, el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM y el literal g del numeral 14.5 del artículo 14 de la LER son directamente contrarios a la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que el intento de reducir sus efectos mediante la imposición jurisprudencial de un plazo de vigencia del impedimento (diez años), según la Resolución N° 085-2026-JNE, no resulta suficiente para lograr su compatibilidad con dichas normas, pues extiende los efectos de una condena más allá de su vigencia. Por tanto, la única alternativa jurídica consiste en inaplicar totalmente dichas disposiciones en el caso concreto, en ejercicio de la potestad de control difuso de constitucionalidad (artículos 138 y 181 de la Constitución, concordantes con la doctrina del Tribunal Constitucional expresada en la Sentencia 171/2025, f. 19, y, anteriormente, en la STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36).
3.4 Asimismo, la inaplicación del mandato contenido en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP no impide que el sistema electoral utilice los mecanismos de tacha y exclusión para detectar candidatos incursos en causales de impedimento, ya sea por condenas penales vigentes o por condenas en primera instancia existentes al momento de la postulación.
Conclusión
1. En conclusión, la resolución apelada es nula, en tanto se excluyó a un postulante por una causal no compatible con la Constitución. Sin embargo, corresponde evaluar las situaciones legales de impedimento basadas en sentencias penales, máxime cuando exista un informe de fiscalización, que se presume cierto, o una solicitud de tacha. En tales casos, el postulante deberá desvirtuar los hechos en el plazo perentorio e improrrogable de un día, a efectos de acreditar la rehabilitación u otra causa que determine la pérdida de vigencia de la condena. Luego, corresponderá emitir la decisión respectiva.
En virtud de tales consideraciones, MI VOTO es por declarar FUNDADA la apelación, por tanto, NULA la resolución recurrida, y, OTORGAR un día al recurrente para formular descargo en el plazo de un día, luego de ello, con lo actuado, el JEE deberá emitir en forma inmediata un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos antes indicados.
GONZALES BARRÓN
Clavijo Chipoco
Secretaria General
1 Aprobado por la Resolución N° 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2 Aprobado con la Resolución N° 0848-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
3 Aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
4 “Ley que modifica la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, y la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, con la finalidad de promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos”, publicada el 9 de enero de 2018 en el diario oficial El Peruano.
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