Revocan extremo de la Resolución N° 01193-
2026-JEE-HCHR/JNE

RESOLUCIóN N° 4621-2026-JNE

Expediente N° ERM.2026066693

CHILCA - HUAROCHIRÍ - LIMA

JEE HUAROCHIRI (ERM.2026061313)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026

APELACIÓN

Lima, 6 de noviembre de 2026

VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don Harmad Hamer Arteaga Alvarado, personero legal titular de la organización política Alianza Electoral APP - La Cholita (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución N° 01193-2026-JEE-HCHR/JNE, del 23 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huarochirí (en adelante, JEE), que, entre otros, declaró infundado el pedido de nulidad total de las elecciones municipales provinciales y distritales del distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Oído: el informe oral.

PRIMERO. ANTECEDENTES

1.1. Mediante escrito del 7 de octubre de 2026, el señor recurrente solicitó la nulidad del proceso electoral municipal del distrito de Chicla e invocó el literal a del artículo 36 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales. Como sustento, alegó, entre otros aspectos, la destrucción de aproximadamente 880 cédulas que contenían votos electorales, resultando afectado la documentación correspondiente a las actas de las mesas N° 063220, 063221 y 063222 en la I.E. N° 20547 “Manuel A. Odría”, lo que afectó el 50% de las mesas del distrito (3 de 6 mesas en total). Por otro lado, alegó violación de la neutralidad electoral por parte del Subprefecto distrital, Claudio Máximo Capcha Jacay. Asimismo, adjuntó tomas fotográficas de buses para alegar el traslado masivo de electores.

1.2. Mediante Oficio N° 010-2026-JP-CHICLA-CSJLE/PJ, del 7 de octubre de 2026, la jueza de paz de Chicla puso en conocimiento del JEE las incidencias advertidas durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, ocurridas en el local de votación de la I.E. N° 20547.

1.3. Mediante Resolución N° 01109-2026-JEE-HCHR/JNE, del 9 de octubre de 2026, el JEE dispuso la remisión del escrito de solicitud de nulidad y sus anexos al Coordinador de Fiscalización adscrito al JEE, a fin de que emitiera el informe correspondiente sobre los hechos denunciados.

1.4. El 10 de octubre de 2026, el señor recurrente presentó un escrito mediante el cual aportó fundamentos jurisprudenciales complementarios y solicitó la valoración integral del expediente antes de resolver el pedido de nulidad electoral.

1.5. Mediante informe N° 000071-2026-FCC-JEEHUAROCHIRI-ERM2026/JNE, del 11 de octubre de 2026, el coordinador de fiscalización del JEE de Huarochirí realizó el análisis de la solicitud presentada por el señor recurrente, en su condición de personero legal titular de la alianza electoral APP - La Cholita.

1.6. El 12 de octubre de 2026, el señor recurrente formuló observaciones al Informe N° 000071-2026-FCC-JEEHUAROCHIRI-ERM2026/JNE y solicitó la valoración integral de su contenido, la aclaración de presuntas inconsistencias y la verificación documental.

1.7. Mediante Informe N° 000081-2026-FCC-JEEHUAROCHIRI-ERM2026/JNE, del 15 de octubre de 2026, el Coordinador de Fiscalización del JEE de Huarochirí, complementa su primer informe.

1.8. Con escritos con números de ingreso ERM.2026061313008 y ERM.2026061313007, ambos del 15 de octubre de 2026, la señora Silvana Ximena Mariana Soto Dario, personera legal de la Organización Política Fuerza Popular, formuló oposición a la solicitud de nulidad de la elección municipal distrital de Chicla presentada por APP - La Cholita. Al día siguiente presentó un escrito con la sumilla “Solicito preservar la validez de la elección distrital de Chicla, disponer las diligencias necesarias para concluir el cómputo y proclamar ganadora a la lista de Fuerza Popular”.

1.9. El 16 de octubre de 2026, el señor recurrente absolvió la oposición formulada por Fuerza Popular y solicitó que se valoraran integralmente los informes de fiscalización y la documentación electoral.

1.10. Con escritos del 19 de octubre de 2026, la señora Silvana Ximena Mariana Soto Dario, personera legal de la organización política Fuerza Popular presentó un escrito con la sumilla “Adjunta nuevos medios probatorios”.

1.11. Con escrito del 20 de octubre de 2026, el señor recurrente presentó un escrito con la sumilla “Absuelvo traslado y formulo observaciones a los nuevos medios probatorios presentados por Fuerza Popular; solicito control de admisibilidad y valoración restrictiva”.

1.12. Con escritos del 20 de octubre de 2026, la personera legal de la organización política Fuerza Popular presentó un escrito con la sumilla: Adjunta Informe de Defensoría del Pueblo y las actas de instalación, sufragio y escrutinio de las mesas 063220, 063221 y 063222. Posteriormente solicita tener presente jurisprudencia del JNE.

1.13. En atención a lo expuesto, mediante la Resolución N° 01193-2026-JEE-HCHR/JNE, del 23 de octubre de 2026, el JEE declaró infundado el pedido de nulidad de las elecciones municipales provinciales y distritales del distrito de Chicla, al considerar que los fundamentos expuestos por el señor recurrente no acreditaban las causales de nulidad invocadas. Asimismo, declaró la sustracción de la materia respecto de las mesas de sufragio N° 063220, N° 063221 y N° 063222, debido a que no fue posible efectuar el recuento de votos por el estado de deterioro de las cédulas electorales. Adicionalmente, dispuso remitir los actuados a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, al órgano de fiscalización del JNE y al Ministerio Público, para que procedan conforme a sus atribuciones respecto de los hechos denunciados. Finalmente, ordenó notificar a las partes y publicar la resolución conforme a ley. La resolución fue notificada el 26 de octubre de 2026, mediante la Notificación N° 554158-2026-HCHR.

SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS

2.1. El 29 de octubre de 2026, el señor recurrente interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución N° 01193-2026-JEE-HCHR/JNE, y solicitó que se revoque el extremo que declaró infundado el pedido de nulidad de la elección municipal distrital de Chicla y, reformándolo, se declare fundada dicha solicitud, sobre la base de los siguientes fundamentos:

a. Sostiene que el JEE interpretó incorrectamente el literal a del artículo 36 de la LEM, al considerar que las irregularidades ocurridas durante el escrutinio no configuraban una causal de nulidad por no haberse producido durante la emisión del sufragio.

b. Asimismo, alega que la destrucción de cédulas y documentación electoral de las mesas N° 063220, 063221 y 063222, cuya recuperación y recuento resultaron imposibles, ocasionó la pérdida irreversible de los resultados de tres de las seis mesas del distrito, que concentraban el 50 % del electorado hábil (881 de 1762 electores).

c. Añade que, frente a la diferencia de 112 votos entre las dos organizaciones políticas con mayor votación en las mesas cuyos resultados se conservaron, la pérdida de esos sufragios impide determinar la voluntad popular y pudo modificar el resultado de la elección. En sustento de su pretensión, invoca, entre otros, el criterio establecido en la Resolución N° 4034-2022-JNE, caso Aparicio Pomares.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)

En la Constitución Política del Perú

1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece que corresponde a este Supremo Tribunal Electoral administrar justicia en materia electoral.

1.2. El artículo 181 menciona que el Pleno del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia y resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.

En la LOE

1.3. El artículo 284 señala:

Artículo 284. El escrutinio realizado en las Mesas de Sufragio es irrevisable con excepción de los supuestos establecidos en el artículo 185 de la Constitución Política del Perú.

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) se pronunciarán solo sobre las apelaciones que se hubiesen interpuesto contra las resoluciones de la Mesa respecto de las impugnaciones a que se refieren los Artículos 268 y 282 de la presente ley y sobre los errores materiales en que se pudiese haber incurrido. En este último caso, los JEE, cuando adviertan que la observación no puede ser subsanada con su ejemplar del acta, disponen en decisión inimpugnable que se proceda por única vez al recuento de votos, de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) A solicitud del JEE competente, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) remite, en el día, el sobre lacrado que contiene las cédulas, debiéndose garantizar la cadena de custodia bajo responsabilidad.

b) El JEE, en el plazo de dos días calendario posteriores a la recepción del sobre lacrado que contiene las cédulas de votación, convoca a la audiencia de recuento de votos, no pudiendo mediar menos de tres días entre la convocatoria y su realización.

c) La audiencia de recuento de votos es pública y se realiza de manera ininterrumpida y por una sola vez en el lugar que el JEE habilite para tal fin; la que se realiza con la presencia de los personeros legales, debidamente acreditados ante el JEE correspondiente, de las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral y un representante del Ministerio Público. La inasistencia de los personeros válidamente notificados no impide ni posterga la realización de la audiencia. El JNE prevé los mecanismos de difusión y de publicidad para que la audiencia de recuento de votos sea de acceso público en tiempo real.

d) El presidente del JEE, en presencia de los otros dos miembros, procede a abrir el sobre lacrado con las cédulas de la mesa de sufragio cuya acta contiene el error material, sea porque carece de datos, firmas o datos de los miembros de mesa, esté incompleta o presente caracteres, signos o grafías ilegibles, o exista un error aritmético, debiendo seguir el procedimiento de escrutinio detallado en la presente ley para el día de la elección, bajo medidas de publicidad, transparencia y seguridad.

e) El acta y la resolución del recuento de votos que emite el JEE deben contener el número total de ciudadanos que votaron, el número de votos obtenidos por cada lista de candidatos u opción, según sea el caso, el número de votos nulos, el número de votos en blanco, la hora en que empezó y concluyó el recuento, los nombres, números de documento nacional de identidad y las firmas de los miembros del JEE. La resolución es remitida, en el plazo de un día calendario, a la ODPE correspondiente para el procesamiento y el cómputo de votos.

f) En el acto del recuento no proceden las impugnaciones referidas en los artículos 268 y 282 al haber precluido dicha etapa, tampoco procede el recuento de los votos contenidos en las actas electorales sin errores materiales o que no se identifiquen como actas observadas.

g) Los resultados del recuento de votos son inimpugnables.

h) Concluido el recuento de votos, el JEE devuelve a la ODPE el sobre lacrado para su destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 300.

1.4. El artículo 310 indica:

Artículo 310. Cuando el acta electoral de una mesa, correspondiente a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, no haya sido recibida, el cómputo se realiza con el ejemplar que se entregó al Jurado Electoral Especial y, ante la falta de este, con el correspondiente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales o al Jurado Nacional de Elecciones. En ausencia de todas ellas, el Jurado Electoral Especial dispone el recuento de los votos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 284.

En ausencia de todos los ejemplares del acta electoral y del sobre lacrado con las cédulas de votación respectivas, se solicitan las copias del acta que hayan sido entregadas a los personeros, conforme al procedimiento que, para dicho efecto, establezca la Oficina Nacional de Procesos Electorales.” Apelaciones interpuestas contra las resoluciones de las Mesas de Sufragio.

1.5. El artículo 363 prescribe:

Artículo 363.- Los Jurados Electorales Especiales pueden declarar la nulidad de la votación realizada en las Mesas de Sufragio, en los siguientes casos:

a) Cuando la Mesa de Sufragio se haya instalado en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes de las establecidas por esta Ley, o después de las doce (12.00) horas, siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio;

b) Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato;

c) Cuando los miembros de la Mesa de Sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores, con el objeto indicado en el inciso anterior;

[…]

En la LEM

1.6. El artículo 36 establece:

Artículo 36.- El Jurado Nacional de Elecciones, de oficio o a pedido de parte, puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en uno o más distritos electorales cuando se comprueben graves irregularidades, por infracción de la ley, que hubiesen modificado los resultados de la votación.

Es causal de nulidad de las elecciones la inasistencia de más del 50% de los votantes al acto electoral o cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos emitidos.

En estos casos proceden Elecciones Municipales Complementarias.

En la Resolución N° 0838-2025-JNE1, que aprueba la regulación del trámite de pedidos de nulidad de votación de mesa de sufragio y de nulidad de elecciones (en adelante, Resolución)

1.7. El numeral 1 de la parte resolutiva estipula:

1. ESTABLECER las siguientes reglas referidas a los pedidos de nulidad de votación de mesas de sufragio basados en hechos pasibles de conocimiento directo de la mesa de sufragio:

1.1. Los pedidos de nulidad sustentados en los literales a, c y d del artículo 363 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, esto es, basados en hechos pasibles de conocimiento directo de la mesa de sufragio, deben ser planteados por los personeros de mesa ante la propia mesa de sufragio y, Jurado Nacional de Elecciones Resolución N° 0838-2025-JNE necesariamente, se debe dejar constancia de dichos pedidos en el acta electoral respectiva.

1.2. Los pedidos de nulidad planteados ante la mesa de sufragio, para ser tramitados, deben ser fundamentados ante el Jurado Electoral Especial por escrito, adjuntando el comprobante original del pago de la tasa correspondiente, en el plazo de tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de la elección. El escrito correspondiente debe ser suscrito por el personero legal inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas o el personero legal ante el Jurado Electoral Especial.

1.8. El numeral 2 de la parte resolutiva expone:

2.1. Los pedidos de nulidad sustentados en hechos externos a la mesa de sufragio, esto es, en los supuestos previstos en el literal b del artículo 363 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, deben ser presentados por escrito ante el respectivo Jurado Electoral Especial y estar suscritos por el correspondiente personero legal inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas o el personero legal ante el Jurado Electoral Especial. Además, debe adjuntarse el respectivo comprobante del pago de la tasa, en original.

2.2. Dichos pedidos se presentan dentro del plazo de tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de la elección.

2.3. El Jurado Electoral Especial resuelve en un plazo que no exceda los tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente de su presentación, bajo responsabilidad. [Resaltados agregados].

1.9. El numeral 2 de la parte resolutiva dispone:

2. ESTABLECER las siguientes reglas referidas a los elementos de convicción de valoración inmediata:

2.1. Los elementos de convicción se presentan, en primera instancia, con la interposición del pedido de nulidad ante el Jurado Electoral Especial competente y no se admitirán aquellos que requieran actuación2.

2.2. La presentación de los elementos de convicción de cargo corresponde a quien afirma el hecho o los hechos que configuran el pedido de nulidad.

2.3. El Jurado Electoral Especial dispone la incorporación de los informes de fiscalización emitidos por el órgano competente para su valoración.

2.4. El Jurado Electoral Especial valora los elementos de convicción de cargo de manera conjunta al momento de emitir pronunciamiento. [Resaltados agregados].

En la jurisprudencia del Pleno del JNE

1.10. La Resolución N° 2972-2010-JNE, del 27 de setiembre de 2010, sobre un pedido de nulidad de las elecciones realizadas en los distritos de Frías y Paimas, así como en la provincia de Ayabaca, departamento de Piura, en el marco de las Elecciones Municipales 2010, se remite a su jurisprudencia preexistente e indica:

1. Conforme lo ha manifestado este Colegiado en la Resolución N° 893-2009-JNE de fecha 21 de diciembre de 2009: “[…], las manifestaciones de algunos ciudadanos no pueden constituir mérito suficiente por sí solas para incidir negativamente en los derechos fundamentales de los electores, pues, en virtud de las declaraciones de algunos ciudadanos no se puede anular el principio de soberanía y voluntad popular, ni tampoco afectar el derecho fundamental a elegir a sus representantes de los pobladores […]. En adición a ello, cabe mencionar que la realización del proceso electoral y los actos que se expiden en dicho proceso (como las actas de escrutinio y de proclamación de resultados) se ven revestidas por los principios de presunción de legalidad y constitucionalidad, de forma que quien pretenda desvirtuar dicha presunción, debe acreditar fehacientemente que se ha incurrido en graves irregularidades.

2. En ese sentido, este Supremo Tribunal Electoral precisa que las declaraciones juradas no constituyen, por sí mismas, medios probatorios suficientes ni concluyentes para acreditar el acaecimiento de determinados sucesos y, mucho menos, declarar la nulidad de los procesos electorales.

1.11. La Resolución N° 0250-2017-JNE, del 23 de junio de 2017, señala:

9. En el presente caso, el nulidicente alega la entrega de abarrotes y dinero en el distrito de Santa Cruz días previos y en la madrugada del 11 de junio de 2017, fecha de realización de la consulta popular de revocatoria, para lo cual adjunta una fotografía del auto con placa N° AOV-545 (fojas 25), la impresión a color de la consulta vehicular (fojas 24) y una copia certificada de la declaración jurada de Gloria Angélica Álvarez Ramírez (fojas 27). Entonces, se advierte que no existen medios de prueba que de manera indubitable acrediten el hecho alegado, toda vez que se han presentado documentos simples, si bien en el caso de la declaración jurada, este es un documento de fecha cierta no es menos cierto que se trata del dicho de una persona sin mayor elemento de prueba. [Resaltados agregados].

1.12. Las Resoluciones N° 3373-2018-JNE y N° 3399-2018-JNE, del 6 y 9 de noviembre de 2018, consideran:

6. En la medida en que la nulidad de un proceso electoral incide en el ejercicio de los derechos a la participación política de las organizaciones políticas, candidatos, autoridades en consulta y de la ciudadanía que ejerce su derecho-deber de sufragar, generando consecuencias gravosas en dichos derechos, los supuestos previstos por el legislador para que se declare de manera válida la nulidad de una elección deben ser interpretados de manera estricta y restringida, esto es, en caso de duda razonable sobre la validez o legitimidad de un proceso electoral, debe preferirse la preservación de la validez de los resultados antes que la nulidad del proceso en cuestión. Esto último, cabe mencionarlo, encuentra sustento en el principio de presunción de validez del voto reconocido en el artículo 4 de la LOE. [Resaltados agregados].

1.13. La Resolución N° 3399-2018-JNE, del 9 de noviembre de 2018, determina:

3. […] si bien es cierto que la nulidad de las elecciones puede declararse de oficio, también es cierto que, si dicha nulidad es solicitada por un tercero, este se encuentra obligado a acreditar las afirmaciones que sustentan su pretensión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en los procesos electorales llevados ante este Supremo Tribunal Electoral.

4. Así, en tanto este Supremo Tribunal Electoral no advierta la existencia de vicios que puedan suponer la nulidad del proceso, corresponderá, a quien pretenda la declaratoria de nulidad de elecciones por la causal de fraude y/o soborno, la carga de la prueba de la supuesta distorsión deliberada del ejercicio libre del derecho de sufragio y, por ende, de la directa manifestación de la voluntad popular en las urnas. [Resaltados agregados].

1.14. La Resolución N° 3352-2018-JNE, del 31 de octubre de 2018, refiere:

9. […] respecto a la valoración de lo informado por el fiscalizador del JEE, se debe señalar que tanto el fiscalizador asignado al JEE como el fiscalizador del local de votación dependen de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones y tienen como función velar por la legalidad del desarrollo del proceso electoral, por lo cual al ser ellos representantes de este ente electoral, y realizar sus funciones en virtud de lo establecido en la LOE, Reglamento de Gestión del JEE y siguiendo el Manual de Procedimientos del Área de Fiscalización, corresponde valorar el informe emitido por ellos, en cumplimiento de sus funciones, como un medio probatorio que se genera de oficio. Ahora, si bien es cierto, en reiterada jurisprudencia se ha indicado que los informes de fiscalización no son vinculantes para la emisión de pronunciamientos jurisdiccionales, también es cierto que no se puede desconocer que estos aportan una visión in situ de los acontecimientos relacionados a las denuncias presentadas por los ciudadanos que, en valoración conjunta con los instrumentales obrantes en el expediente, generan determinado grado de convicción en el colegiado.

En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3 (en adelante, Reglamento)

1.15. El artículo 14, sobre la notificación de los pronunciamientos, contempla:

Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la Casilla Electrónica

Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.

En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:

<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).

[…]

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

2.1. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es competente para conocer el presente recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 178 y en el artículo 181 de la Constitución Política del Perú (ver SN 1.1. y 1.2.), en ejercicio de su función jurisdiccional electoral, con criterio de conciencia y con arreglo a ley.

2.2. En el presente caso, corresponde determinar si la destrucción de las cédulas y demás documentación electoral correspondientes a las mesas de sufragio N° 063220, N° 063221 y N° 063222, ocurrida durante el escrutinio, así como la consiguiente imposibilidad de recuperar y verificar los resultados originalmente obtenidos, constituyen graves irregularidades, por infracción de la normativa electoral, que modificaron los resultados de la elección municipal distrital de Chicla, en los términos de la causal prevista en el literal a del artículo 36 de la LEM; y, en consecuencia, si corresponde declarar la nulidad solicitada.

2.3. Al respecto, el literal a del artículo 36 de la LEM (ver SN 1.6.), modificado por la Ley N° 32657, establece que el Jurado Nacional de Elecciones puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en uno o más distritos electorales cuando se comprueben graves irregularidades, por infracción de la ley, que hubiesen modificado los resultados de la votación. Conforme a la jurisprudencia de este Supremo Tribunal Electoral, para la configuración de esta causal deben concurrir tres elementos: i) la existencia de irregularidades graves, con incidencia negativa en el ejercicio del derecho de sufragio; ii) que estas se hayan producido en contravención del ordenamiento jurídico; y iii) que hayan modificado de manera tangible los resultados de la votación, para lo cual debe acreditarse una relación directa entre la irregularidad y su incidencia en dichos resultados. En consecuencia, corresponde evaluar la naturaleza de los hechos acreditados, su gravedad y la incidencia que tuvieron en la determinación del resultado electoral.

2.4. Asimismo, la causal prevista en el literal a del artículo 36 de la LEM es autónoma y distinta de la contemplada en el literal b del artículo 363 de la LOE (ver SN 1.5.). Esta última se configura cuando ha mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia con la finalidad de inclinar la votación a favor de una lista de candidatos o de determinado candidato; mientras que la primera comprende graves irregularidades que, por infracción del ordenamiento jurídico, hayan modificado los resultados de la elección distrital. Por consiguiente, la configuración de esta última causal no exige acreditar que las irregularidades estuvieron dirigidas a favorecer a una organización política determinada, pues también comprende los hechos producidos durante el escrutinio que, por su gravedad e incidencia, comprometan la determinación del resultado electoral.

2.5. En cuanto a los hechos materia de controversia, de los actuados se advierte que los informes de fiscalización N° 000071-2026 y N° 000081-2026, así como el Memorando N° 000068-2026-ODPEHUAROCHIRÍ-ERM2026/ONPE y la denuncia verbal N° 68-2026, dan cuenta de los incidentes ocurridos el 4 de octubre de 2026, durante el escrutinio de las mesas de sufragio N° 063220, 063221 y 063222, en la I.E. N° 20547 «Manuel A. Odría». Dichos documentos reportan enfrentamientos, agresiones contra miembros de mesa y personal de la ONPE, así como la destrucción y afectación de cédulas y documentación electoral. Estos acontecimientos no constituyen únicamente alegaciones del señor recurrente, sino hechos respaldados por documentación oficial incorporada al expediente y por los informes emitidos por los órganos de fiscalización electoral.

2.6. La gravedad de tales acontecimientos se encuentra corroborada por las actuaciones posteriores destinadas a recuperar los resultados originales. En efecto, mediante el Oficio N° 000073-2026-ODPEHUAROCHIRÍERM2026/ONPE, la ODPE de Huarochirí comunicó al JEE que las diligencias realizadas para recuperar ejemplares de las actas electorales siniestradas de las tres mesas no permitieron obtener documentación que posibilitara procesar sus resultados municipales. Posteriormente, el JEE dispuso el recuento de votos de dichas mesas de sufragio; durante las audiencias públicas de recuento realizadas el 21 de octubre de 2026 (Expediente N° 2026064220, N° 2026064110 y N° 2026064111, correspondiente a las mesas de sufragio N° 063220, 063221 y 063222 respectivamente), el propio JEE constató que las cédulas se encontraban rotas, fragmentadas y sin condiciones adecuadas de custodia, lo que impedía identificar su correspondencia con cada mesa, verificar el sentido de los votos y realizar un recuento fiable. En consecuencia, los mecanismos de recuperación y verificación de los resultados electorales no permitieron reconstruir la votación originalmente emitida en dichas mesas.

2.7. Por ello, mediante la Resolución N° 01184-2026-JEE-HCHR/JNE, del 23 de octubre de 2026, el JEE declaró la nulidad de las actas electorales correspondientes a las mesas de sufragio N° 063220, N° 063221 y N° 063222, respecto de las elecciones municipales distrital y provincial, debido a la imposibilidad de recuperar y verificar los resultados consignados en ellas.

2.8. Sobre este punto, cabe señalar que los artículos 284 y 310 de la LOE (ver SN 1.3. y 1.4.) establecen mecanismos destinados a preservar la votación y posibilitar la determinación de los resultados electorales ante la falta de ejemplares de las actas, mediante el empleo de los ejemplares disponibles, las copias entregadas a los personeros y, cuando corresponda, el recuento de votos. Sin embargo, en el presente caso, las actuaciones realizadas para recuperar y verificar los resultados de las tres mesas cuestionadas resultaron infructuosas, pues la documentación electoral disponible no ofrecía garantías para reconstruir de manera auténtica el sentido de los sufragios. De este modo, la destrucción del material electoral y la ruptura de la cadena de custodia impidieron determinar los resultados municipales originalmente obtenidos en dichas mesas.

2.9. En ese contexto, se advierte que el JEE, en el fundamento 3.26 de la resolución impugnada, centró su análisis en determinar si los actos de violencia producidos durante el escrutinio tuvieron por finalidad condicionar la voluntad de los electores o inclinar la votación a favor de una determinada candidatura, exigencia propia del literal b del artículo 363 de la LOE. No obstante, dicho razonamiento no resulta suficiente para desestimar la causal prevista en el literal a del artículo 36 de la LEM (ver SN 1.6.), cuya configuración exige examinar si las graves irregularidades acreditadas afectaron de manera determinante la posibilidad de establecer el resultado auténtico de la elección distrital. En tal sentido, aun cuando no se haya acreditado que los actos de violencia estuvieron dirigidos a favorecer a una organización política determinada, ello no descarta, por sí solo, la configuración de la causal de nulidad de la elección municipal distrital.

2.10. En cuanto a la incidencia de las irregularidades en el resultado electoral, debe tenerse presente que el distrito de Chicla contó con seis mesas de sufragio, de las cuales tres fueron afectadas por la destrucción del material electoral. Estas últimas comprendían 881 electores hábiles, de un total de 1762, lo que representa el 50 % del padrón electoral distrital. Por su parte, en las tres mesas cuyos resultados municipales sí pudieron ser procesados se registraron 600 votos válidos, distribuidos en 278 votos para Fuerza Popular, 166 para APP - La Cholita, 122 para Alianza Renovación Popular y Toro, y 34 para Acción Popular; por tanto, la diferencia entre las dos organizaciones políticas con mayor votación fue de 112 votos. Si bien la cantidad de electores hábiles de las mesas siniestradas no equivale necesariamente al número de ciudadanos que efectivamente sufragaron, constituye un indicador objetivo de la magnitud de la afectación. En ese contexto, la pérdida de la documentación electoral correspondiente a dichas mesas, que comprendían la mitad del electorado hábil distrital, impide conocer una parte sustancial de la votación y verificar su incidencia en el resultado obtenido por las organizaciones políticas contendientes.

2.11. En ese sentido, la afectación acreditada no es marginal ni puede considerarse inocua para la determinación del resultado de la elección. La pérdida irreversible de la documentación electoral correspondiente a tres de las seis mesas instaladas impidió incorporar al cómputo los resultados de una parte sustancial de la circunscripción. En efecto, la votación procesada de las tres mesas restantes constituye únicamente un resultado parcial, cuya diferencia de 112 votos entre las dos organizaciones políticas más votadas no permite establecer que la ventaja obtenida por Fuerza Popular se habría mantenido al incorporarse los resultados de las mesas siniestradas. Así, la destrucción del material electoral no solo impidió conocer la votación de dichas mesas, sino que imposibilitó determinar si el resultado parcial reflejaba la voluntad popular expresada en la totalidad del distrito.

2.12. Esta conclusión encuentra respaldo en el criterio establecido por el Pleno del JNE en la Resolución N° 4034-2022-JNE, caso Aparicio Pomares, en el que se declaró la nulidad de la elección distrital al acreditarse que actos de violencia ocasionaron la destrucción de material electoral e impidieron recuperar y procesar nueve de las veinte actas electorales, correspondientes a 2700 de los 5826 electores hábiles. En dicho pronunciamiento, el Supremo Tribunal Electoral concluyó que la imposibilidad de determinar objetivamente el resultado auténtico de la elección, debido a la pérdida de una cantidad importante y significativa de actas, configuraba la causal prevista en el artículo 36 de la LEM. En el presente caso, la afectación comprende tres de las seis mesas instaladas, correspondientes al 50 % del padrón electoral del distrito. Asimismo, se encuentra acreditado que las actas siniestradas no pudieron recuperarse mediante los mecanismos previstos para tal efecto y que tampoco fue posible efectuar un recuento fiable de los votos, debido al estado de deterioro del material electoral.

2.13. Por otro lado, corresponde distinguir el presente caso de lo resuelto por el Pleno del JNE en la Resolución N° 4300-2026-JNE, correspondiente al distrito de San Juan de Bigote. En dicho pronunciamiento, se dispuso la evaluación individualizada de las mesas de sufragio, al existir material electoral recuperado y lacrado que podía ser examinado para verificar su integridad y determinar la posibilidad de reconstruir los resultados. En Chicla, por el contrario, se siguió el procedimiento de recuperación de actas siniestradas, el material correspondiente a las tres mesas cuestionadas fue examinado en audiencia pública y se constató que su estado físico y la ruptura de la cadena de custodia impedían efectuar un recuento fiable. Por ello, no existe en este caso un mecanismo de recuperación pendiente cuya aplicación permita restablecer los resultados originales.

2.14. En cuanto a los demás hechos denunciados, relacionados con la presunta vulneración del principio de neutralidad electoral por parte del subprefecto y el supuesto traslado de electores al distrito de Chicla, corresponde precisar que las fotografías presentadas no permiten establecer, por sí solas, la fecha de las actividades atribuidas al referido funcionario ni identificar a los pasajeros de los vehículos, su domicilio electoral o el eventual ejercicio irregular del sufragio. En consecuencia, tales alegaciones no cuentan con elementos de convicción suficientes para sustentar, de manera autónoma, la nulidad de la elección distrital. Sin embargo, esta insuficiencia no desvirtúa la causal de nulidad acreditada a partir de la destrucción del material electoral y la imposibilidad de reconstruir los resultados de las tres mesas siniestradas.

2.15. Asimismo, el principio de conservación del voto, reconocido en el artículo 4 y en el artículo X del Título Preliminar de la LOE, exige preservar los sufragios cuya autenticidad puede determinarse; no obstante, dicho principio no permite atribuir a las mesas siniestradas una distribución de votos que no pudo ser verificada, ni considerar que los resultados parciales de las tres mesas restantes representan necesariamente la voluntad mayoritaria de todo el distrito. En el presente caso, la conservación de los votos válidamente emitidos en las mesas no afectadas no subsana la pérdida irreversible de los resultados de las otras tres mesas, que comprendían la mitad del padrón electoral distrital. Por consiguiente, la preservación de los resultados parciales no garantiza, por sí misma, la autenticidad del resultado total de la elección.

2.16. En consecuencia, de la valoración conjunta de los informes de fiscalización, la documentación remitida por la ODPE, las actas de constatación de las audiencias públicas de recuento y las resoluciones emitidas respecto de las mesas de sufragio N° 063220, N° 063221 y N° 063222, este Supremo Tribunal Electoral concluye que se encuentran acreditadas graves irregularidades contrarias al ordenamiento electoral, que ocasionaron la destrucción del material electoral y la imposibilidad definitiva de recuperar y determinar los resultados originales de tres de las seis mesas de sufragio del distrito de Chicla. Esta afectación, que comprende la mitad de las mesas instaladas y de los electores hábiles de la circunscripción, comprometió sustancialmente la determinación del resultado electoral, al impedir conocer la votación correspondiente a una parte significativa del distrito y establecer si la ventaja obtenida por la organización política Fuerza Popular en las mesas restantes se mantenía al considerar la totalidad de la votación distrital. Por consiguiente, se configura la causal de nulidad prevista en el literal a del artículo 36 de la LEM. En tal sentido, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación, revocar el extremo de la Resolución N° 01193-2026-JEE-HCHR/JNE que declaró infundado el pedido de nulidad y, reformándolo, declarar fundada la solicitud de nulidad de la elección municipal distrital de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

2.17. Finalmente, este órgano colegiado considera necesario expresar su rechazo y condena pública a todo acto de violencia dirigido a destruir el material electoral e impedir que los resultados de una elección puedan ser debidamente contabilizados. En ese sentido, se exhorta a las organizaciones políticas intervinientes a instruir adecuadamente a sus personeros sobre sus deberes y responsabilidades durante el desarrollo de los comicios. Asimismo, corresponde que las autoridades competentes investiguen los hechos de destrucción del material electoral y determinen la eventual responsabilidad de quienes hubieran participado en ellos, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. Por tales consideraciones, se dispone remitir copia de la presente resolución a la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones, para que proceda conforme a sus atribuciones y competencias.

2.18. La notificación de la presente resolución debe efectuarse conforme a las disposiciones del Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE (ver SN 1.15.).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

1. Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por don Harmad Hamer Arteaga Alvarado, personero legal titular de la organización política Alianza Electoral APP - La Cholita; en consecuencia, REVOCAR la Resolución N° 01193-2026-JEE-HCHR/JNE, del 23 de octubre de 2026, en el extremo que declaró infundado el pedido de nulidad de la elección municipal distrital de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima; y, REFORMÁNDOLA, declarar FUNDADA dicha solicitud de nulidad, por la causal prevista en el literal a del artículo 36 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, modificada por la Ley N° 32657. Asimismo, PRECISAR que los demás extremos de la citada resolución que no han sido objeto de revocatoria mantienen sus efectos; y DISPONER que se proceda conforme a lo establecido en el referido artículo 36, respecto de la realización de las Elecciones Municipales Complementarias, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

2. REMITIR copia de la presente resolución a la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones, para que proceda conforme a sus atribuciones y competencias.

3. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor magistrado Rubén Jaime Torres Cortez.

SS.

BURNEO BERMEJO

MAISCH MOLINA

GONZALES BARRÓN

TORRES CORTEZ

OYARCE YUZZELLI

Clavijo Chipoco

Secretaria General

1 Publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

2 En razón a la naturaleza concentrada del proceso electoral, regida bajo los principios de concentración, celeridad y preclusión y definitividad, resulta imperativa la observancia de las etapas y plazos perentorios del cronograma electoral, por lo que en el procedimiento de nulidades se deben incorporar elementos de convicción que no requieran actuación cuyo diligenciamiento resulte contrario a los plazos establecidos en la ley.

3 Aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

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