Resuelven recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución
Nº 01253-2026-JEE-ABAN/JNE
Resolución Nº 4541-2026-JNE
Expediente Nº ERM.2026065120
CAPAYA - AYMARAES - APURÍMAC
JEE ABANCAY (ERM.2026044906)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026
APELACIÓN
Lima, 30 de octubre de 2026
VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don Cristian Moisés Chani Sequeiros, personero legal titular de la organización política Ahora Nación - AN, y don Julián Chuquihuamaní Arbieto, candidato a regidor del Concejo Distrital de Capaya, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac (en adelante, señores recurrentes), en contra de la Resolución Nº 01253-2026-JEE-ABAN/JNE, del 14 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Abancay (en adelante, JEE), que, entre otros extremos, declaró que el referido candidato incurrió en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), por lo que ordenó la anotación marginal de su Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV), e impuso multa equivalente a una (1) unidad impositiva tributaria (UIT), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
PRIMERO. ANTECEDENTES
En el Expediente Nº ERM.2026044906
1.1. Con el Informe Nº 000019-2026-JES-JEEABANCAY-ERM2026/JNE, del 15 de setiembre de 2026 (en adelante, informe de fiscalización), el fiscalizador de hoja de vida adscrito al JEE puso en conocimiento de dicho órgano la presunta infracción de lo establecido en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP contra don Julián Chuquihuamaní Arbieto (en adelante, señor candidato) por haber consignado información falsa en el rubro VI, “Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos(as) por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes”, de su DJHV, al haber omitido consignar la resolución recaída en el proceso judicial seguido en el Expediente Nº 00326-2018-0-0312-JP-FC-01, sobre ejecución de acta de conciliación de pensión alimentaria, tramitado ante el Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Joven - Sede Pueblo Joven.
1.2. Mediante la Resolución Nº 01055-2026-JEE-ABAN/JNE, del 22 de setiembre de 2026, el JEE inició procedimiento sancionador contra el señor candidato por la presunta infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP, concordante con el artículo 16 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de la DJHV), por lo que se corrió traslado del informe de fiscalización por el término de un (1) día calendario, a fin de que presente los descargos correspondientes.
Asimismo, se dispuso que la notificación dirigida al señor candidato sea cursada a su domicilio real.
1.3. El 12 de octubre de 2026, el señor candidato presentó los descargos correspondientes y solicitó que se proceda con la corrección de su DJHV a través de una anotación marginal. Asimismo, reconoció su responsabilidad en la conducta imputada, por lo que solicitó la reducción de la multa a imponer de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de la DJHV. Finalmente, precisó que la falta de consignación de la resolución recaída en el Expediente Nº 00326-2018-0-0312-JP-FC-01 no correspondería a una conducta dolosa, sino a su desconocimiento de que dicha información debía ser declarada.
1.4. Por medio de la resolución del visto, el JEE determinó que don Julián Chuquihuamaní Arbieto cometió la infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP; por ello, ordenó una anotación marginal en su DJHV, impuso multa equivalente a una (1) UIT y dispuso poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público, con base en los siguientes argumentos:
a) El señor candidato consignó no tener información que declarar en el rubro VI de su DJHV.
b) De la información obtenida por medio del Oficio Nº 1226-2026-CSJJYR-USJ-GAD-CSJYP-PJ, remitido por la Corte Superior de Justicia de Apurímac, se evidenció que el mencionado ciudadano registra un pronunciamiento judicial recaído en el Expediente Nº 00326-2018-0-0312-JP-FC-01, sobre ejecución de acta de conciliación.
c) Conforme a la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en los procesos de ejecución, independientemente de la denominación formal del acto procesal, el mandato que contiene la ejecución de la obligación surte los mismos efectos que una sentencia para fines electorales, por lo que, al no haberse declarado el pronunciamiento judicial antes referido, se configuró la infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP, la cual, además, es de carácter objetivo.
d) Dado que el señor candidato ha reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, corresponde la reducción del 50 % de la multa.
e) Al haberse configurado la infracción imputada, corresponde la imposición de una multa que deberá ser determinada de conformidad con los criterios de gradualidad previstos en el Reglamento de la DJHV, así como en aplicación de la tabla de graduación de multas aprobada por el Pleno del JNE a través de la Resolución Nº 0612-2026-JNE.
f) De acuerdo con los referidos criterios, la conducta imputada acumula un total de catorce (14) puntos en la tabla aprobada por el JNE. En tal sentido, la multa debe ascender a una (1) UIT; sin embargo, dado que el señor candidato reconoció expresamente la infracción incurrida, corresponde reducirla en un 50 %, por lo que corresponde imponer una sanción ascendente a una (1) UIT, equivalente a S/ 5 500.00.
SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS
2.1. A través del escrito del 22 de octubre de 2026, los señores recurrentes interpusieron recurso de apelación en contra de la Resolución Nº 01253-2026-JEE-ABAN/JNE, solicitando que sea revocada o, de manera subordinada, se reduzca el monto de la multa a cero punto cinco (0.5) UIT, sobre la base de los siguientes argumentos:
a) La resolución impugnada vulnera el principio de tipicidad, ya que don Julián Chuquihuamaní Arbieto no afrontó jamás un proceso civil o de familia ordinario que haya culminado con la emisión de una sentencia. Por el contrario, el Expediente Nº 00326-2018-0-0312-JP-FC-01 estuvo referido a un proceso único de ejecución.
b) Para el referido candidato, quien es un poblador comunero, agricultor, sin formación legal, el mandato emitido en un proceso de ejecución de acta de conciliación no reúne ontológicamente la fisonomía de una sentencia judicial.
c) El Reglamento de la DJHV faculta a subsanar este tipo de circunstancias a través de una anotación marginal, por lo que resulta innecesario y arbitrario criminalizar la conducta remitiendo copias al Ministerio Público o sometiéndolo a una sanción patrimonial cuantiosa.
d) El pronunciamiento del JEE vulnera el derecho a la debida motivación, ya que indicó que procedió a la reducción de la multa en un 50 %. A pesar de ello, fijó la multa en el mismo monto.
e) El monto de la multa ha sido fijado de manera indebida, ya que se consideró el número de votantes de la provincia de Abancay, cuando el señor candidato está postulando a una municipalidad distrital.
f) La multa impuesta es irrazonable, desproporcionada y confiscatoria, ya que el señor candidato recibe como ingreso anual la suma de S/ 5 000.00, dada su precaria situación económica. En tal sentido, imponerle una multa equivalente a una (1) UIT equivale a exigirle más del 100 % del total de sus ingresos en un año integro de trabajo agrícola.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución Política del Perú
1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del JNE, la administración de justicia en materia electoral.
1.2. El artículo 181 señala lo siguiente:
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.
En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE)
1.3. El artículo III del Título Preliminar contempla:
Artículo III. Principio de transparencia
Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.
En la LOP
1.4. El numeral 23.2 del artículo 23 establece:
23.2 Los candidatos que postulen a los cargos referidos en el párrafo 23.1, habiendo o no participado en la elección primaria, están obligados a entregar a la organización política, al momento de presentar su candidatura a elección primaria o de aceptar por escrito la invitación para postular a los cargos referidos, una Declaración Jurada de Hoja de Vida que es publicada en la página web de la respectiva organización política.
1.5. En concordancia con ello, el subnumeral 23.3.6 del numeral 23.3 del artículo 23 señala:
Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias
[...]
23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:
[...]
6. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
1.6. El numeral 23.6 del artículo 23 regula la consecuencia jurídica de incumplir lo señalado en el dispositivo legal antes referido, en los siguientes términos:
23.6 En caso de que se hubiera verificado la falsedad de la información prevista en el párrafo 23.3, esta es corregida por el Jurado Nacional de Elecciones, e impondrá al candidato una multa, según la gravedad de la infracción, entre una (1) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de conformidad con los criterios de gradualidad establecidos en el artículo 36-B. Multa que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cobra coactivamente, sin perjuicio de remitir los actuados al Ministerio Público, para que actúe conforme a sus atribuciones. Respecto de la infracción contemplada en el numeral 5 del párrafo 23.3 no es de aplicación la sanción de multa.
La responsabilidad penal por la incorporación de información falsa en la Declaración Jurada de Hoja de Vida recae sobre el candidato.
En el Reglamento de la DJHV
1.7. El literal k del artículo 6 contempla:
Artículo 6.- Datos de la DJHV
La DJHV debe registrar los siguientes datos:
[...]
k. Relación de sentencias, que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimentarias, contractuales y laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes, o si no las tuviera.
1.8. El artículo 16 establece:
Artículo 16.- Infracción contemplada en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP
En atención a lo prescrito en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP, ante la verificación de la existencia de falsedad de la información prevista en el numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se procede de la siguiente manera:
a. Corrección en la DJHV del candidato.
b. Imposición de una multa, según la gravedad de la infracción, entre una (1) y diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT) de conformidad con los criterios de gradualidad establecidos en el artículo 36-B de la LOP. Multa que el JNE cobra coactivamente.
c. Remisión de los actuados al Ministerio Público, para que actúe conforme a sus atribuciones.
1.9. El artículo 24 señala que:
Artículo 24.- Graduación de la sanción de multa
El JEE competente determinará la multa conforme a los siguientes criterios:
a) La naturaleza del cargo al cual postula el infractor
b) El número de votantes de la circunscripción electoral a la cual postula el infractor
1.10. El artículo 25 preceptúa:
Artículo 25.- Efectos del reconocimiento de la responsabilidad
Una vez iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito en la oportunidad en que se efectúen los descargos, la multa aplicable se reduce a la mitad de su importe.
En el Código Procesal Civil (en adelante, CPC)
1.11. El artículo 121 indica:
Artículo 121.- Decretos, autos y sentencias
Mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite.
Mediante los autos el Juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, el saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial del proceso; el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, improcedencia o modificación de medidas cautelares y las demás decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento [resaltado agregado].
Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal [resaltado agregado].
1.12. El artículo 690-E señala que:
Artículo 690-E.- Trámite
Si hay contradicción y/o excepciones procesales o defensas previas, se concede traslado al ejecutante, quien deberá absolverla dentro de tres días proponiendo los medios probatorios pertinentes. Con la absolución o sin ella, el Juez resolverá mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento procesal, y pronunciándose sobre la contradicción propuesta [resaltado agregado].
Cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera o el Juez lo estime necesario, señalará día y hora para la realización de una audiencia, la que se realizará con las reglas establecidas para la audiencia única.
Si no se formula contradicción, el Juez expedirá un auto sin más trámite, ordenando llevar adelante la ejecución [resaltado agregado].
1.13. En concordancia con ello, el artículo 691 prevé:
Artículo 691.- Auto y apelación
El plazo para interponer apelación contra el auto, que resuelve la contradicción es de tres días contados, desde el día siguiente a su notificación. El auto que resuelve la contradicción, poniendo fin al proceso único de ejecución es apelable con efecto suspensivo [resaltado agregado].
En la jurisprudencia del JNE
1.14. En la Resolución Nº 3016-2022-JNE, del 24 de agosto de 2022, se ha establecido:
2.2. En reiterada jurisprudencia, este órgano electoral estableció que las DJHV de los candidatos son una herramienta sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto con el acceso a estas se procura que el elector pueda emitir su voto de manera responsable, racional y sustentada en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas.
2.3. Así, las DJHV contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo que se requiere no solo optimizar la transparencia de estas, sino también que se establezcan mecanismos de control y verificación, como los procedimientos de tacha y exclusión, que aseguren que la información contenida en la DJHV sea veraz (ver SN 1.3.), con el fin de disuadir a los candidatos de omitir el registro de información trascendente o de registrar datos falsos en dichos documentos.
1.15. En la Resolución Nº 0445-2026-JNE, del 5 de marzo de 2026, se ha establecido:
2.15. En ese sentido, tal como se puede apreciar, el auto que resuelve la contradicción en el proceso único de ejecución debe ser considerado, por sus efectos y finalidad, como una resolución equiparable a una sentencia, al contener un pronunciamiento definitivo sobre la procedencia de la ejecución y generar consecuencias jurídicas propias de una decisión final, como sostuvo el JEE. Si bien formalmente la resolución que pone fin al proceso es denominada auto, materialmente ostenta naturaleza de sentencia, en tanto decide el fondo del proceso, y a criterio este Tribunal Supremo, el auto final emitido en el Expediente Nº 00350-2020-0-1601-JP-CI-07 debió ser declarado por la señora candidata en su DJHV.
En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
1.16. En la sentencia recaída en el Expediente Nº 06259-2013-PA/TC, se sostuvo:
9. Ahora bien, este Tribunal ha señalado en anterior oportunidad que la declaración de nulidad de un acto procesal requerirá la presencia de un vicio relevante en la configuración de dicho acto (principio de trascendencia), anomalía que debe incidir de modo grave en el natural desarrollo del proceso; es decir, que afecte la regularidad del procedimiento judicial. Por lo tanto, la declaratoria de nulidad de un acto procesal viciado únicamente procederá como ultima ratio, pues de existir la posibilidad de subsanación (principio de convalidación) por haber desplegado los efectos para el cual fue emitido, sin afectar el proceso, no podrá declararse la nulidad del mismo (Cfr. Exp. N. o 0294-2009-PA/TC, fundamento 15).
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales2 (en adelante, Reglamento)
1.17. El artículo 14 sobre la notificación de los pronunciamientos, contempla lo siguiente:
Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales –electorales y no electorales– son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1. De la revisión de los actuados, se advierte que la controversia radica en determinar si el señor candidato estaba obligado a consignar en el rubro VI de su DJHV la existencia del proceso judicial recaído en el Expediente Nº 00326-2018-0-0312-JP-FC-01, sobre ejecución de acta de conciliación de pensión alimentaria, tramitado ante el Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Joven - Sede Pueblo Joven.
2.2. Ahora bien, respecto de la importancia de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas (ver SN 1.14.).
2.3. Así, estas coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también implementar mecanismos que aseguren que se registre toda la información solicitada y la veracidad de su contenido. Esto acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general –como las sanciones de exclusión de candidatos y multas– que disuadan de omitir información relevante o consignar datos falsos en sus declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
2.4. Al respecto, el subnumeral 23.3.6 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, concordante con el artículo 6 del Reglamento de la DJHV, contempla la obligación de consignar las sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas en contra de los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimentarias, contractuales y laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes (ver SN 1.5. y 1.7.), información que debe ser declarada en el rubro VI de la DJHV. En concordancia con ello, el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.6.) prevé que, cuando se detecte la existencia de información falsa en lo declarado en las DJHV de los candidatos, corresponde imponer una multa entre una (1) y diez (10) UIT, de conformidad con los criterios de gradualidad establecidos en el artículo 36-B del mismo dispositivo legal, así como la remisión de los actuados al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.
2.5. De las normas legales expuestas, se aprecia que los candidatos están obligados a declarar en el Formato Único de la Declaración Jurada de Hoja de Vida, entre otros, la relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes (ver SN 1.5. y 1.7.); y, en el presente caso, el señor candidato no declaró la existencia del Expediente Nº 00326-2018-0-0312-JP-FC-01, seguido en su contra sobre ejecución de acta de conciliación en materia de pensión alimentaria.
2.6. El señor recurrente afirma que, en el proceso judicial antes aludido no se emitió una sentencia judicial, por lo que la conducta imputada sería atípica.
2.7. De la información que obra en autos, se aprecian los siguientes actuados respecto del referido proceso judicial:
a) Por medio de la Resolución Nº 2 (auto final), del 21 de diciembre de 2018, emitida por el Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Joven - Sede Pueblo Joven, se declaró fundada la demanda de ejecución de acta de conciliación promovida en contra del señor candidato; y, consecuentemente, se dispuso llevar a cabo la ejecución del referido acuerdo conciliatorio respecto del acuerdo sobre pensión de alimentos.
b) Mediante la Resolución Nº 3, del 5 de abril de 2019, el referido órgano jurisdiccional declaró consentida en todos sus extremos la Resolución Nº 2.
2.8. Si bien no es materia del presente caso dilucidar la diferencia conceptual entre un proceso de cognición y uno de ejecución, se debe efectuar una breve referencia a los efectos del auto que pone fin al proceso único de ejecución. Sobre esto último, cabe precisar que dicha calificación no proviene de una interpretación discrecional, sino que se encuentra expresamente establecida en el CPC, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1069 (en adelante, DL).
2.9. El artículo 690-E del CPC establece que, en los procesos únicos de ejecución, el juez decide mediante auto, evaluando si el proceso está correctamente planteado y resolviendo la oposición presentada (ver SN 1.12.). Asimismo, el artículo 691 de la citada norma prevé expresamente que el auto que resuelve la contradicción pone fin al proceso único de ejecución, otorgándole, además, la calidad de apelable con efecto suspensivo. En ese sentido, es el propio legislador quien ha atribuido a dicha resolución carácter conclusivo y definitivo dentro de la instancia (ver SN 1.13.).
2.10. Por su parte, el Decreto Legislativo Nº 1069, al reformar el proceso de ejecución con la necesidad de modernizar el marco normativo que regula los procesos destinados al cumplimiento de los compromisos asumidos en títulos valores y demás títulos ejecutivos, configuró un modelo procesal célere, en el cual el auto que resuelve la contradicción cumple una función decisoria, en tanto define la procedencia de la ejecución y agota el debate permitido en este tipo de procesos. Por ello, no se está ante un auto de carácter meramente instrumental, sino ante una resolución de naturaleza decisoria, cuyos efectos materiales resultan equiparables a los de una sentencia.
2.11. En tal sentido, si bien formalmente la resolución que pone fin al proceso es denominada auto, materialmente ostenta naturaleza de sentencia, en tanto decide el fondo del proceso, y, a criterio de este Supremo Tribunal Electoral, el auto final emitido en el Expediente Nº 00326-2018-0-0312-JP-FC-01 debió ser declarado por el señor candidato en su DJHV, por lo que, al no haberlo hecho, incurrió en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP, correspondiendo así la imposición de las consecuencias jurídicas previstas en la referida normativa.
Sobre la motivación y la proporcionalidad de la multa
2.12. Ahora bien, los señores recurrentes también han cuestionado la proporcionalidad de la sanción de multa impuesta como consecuencia de la infracción imputada por parte del JEE, así como la motivación empleada al momento de determinarla.
2.13. Considerando que el Reglamento de la DJHV establece criterios de graduación, este Supremo Tribunal Electoral, en ejercicio de su función jurisdiccional y apreciando los hechos con criterio de conciencia, procederá a evaluar directamente el monto de la multa impuesta por el JEE, el cual debe determinarse conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
2.14. Para tal efecto, este órgano colegiado ha elaborado una tabla de graduación de la multa, en el Expediente Nº EG.2026029211. Para el desarrollo de dicha herramienta, se han tenido en consideración las disposiciones contenidas en los artículos 23 y 36-B de la LOP, así como los criterios reglamentarios previstos en el artículo 24 del Reglamento de la DJHV, como son:
a) La naturaleza del cargo de postulación, según el carácter nacional, regional, provincial o distrital de las elecciones.
b) El número de votantes de la circunscripción electoral correspondiente (rango).
2.15. Ahora bien, debe precisarse que el monto de la multa debe efectuarse a través de un análisis integral de los criterios mencionados, así como también tomar en cuenta las siguientes variables: i) la trascendencia de la infracción; ii) la existencia de múltiples rubros afectados, de ser el caso; y iii) la eventual presencia de acciones adicionales de ocultamiento indebido; y iv) la verificación de circunstancias atenuantes, tales como la subsanación voluntaria antes del inicio del procedimiento sancionador o el reconocimiento de responsabilidad, cuando corresponda.
2.16. Debido a tales criterios, y apreciados los valores asignados en la tabla empleada por el JEE –los que han sido plasmados en la resolución impugnada–, se aprecia que el monto de la multa, sin la reducción prevista en el artículo 25 del Reglamento de la DJHV (ver SN 1.10.), ascendió a uno punto setenta y cuatro (1.74) UIT. Por tanto, aplicada la referida reducción, la multa fue fijada en una (1) UIT, por corresponder al extremo mínimo legal aplicable.
2.17. En consecuencia, se verifica que el JEE incurrió en un error material al momento de consignar el monto de la multa antes de la reducción prevista en el artículo 25 del Reglamento de la DJHV, el que no ha incidido en el sentido de la resolución final, por lo que, de conformidad con el principio de trascendencia (ver SN 1.16.), no corresponde declarar la nulidad de la resolución impugnada.
2.18. Cabe agregar que si bien el JEE fijó el monto de la multa considerando la población de la provincia de Abancay, pese a que el señor candidato postula al cargo de regidor del Concejo Distrital de Capaya, que pertenece a la provincia de Aymaraes, ello tampoco incidió en el sentido de la resolución impugnada, ya que la población de la provincia de Abancay es menor a un millón de habitantes, por lo que el valor asignado en la tabla de gradualidad de la sanción correspondió al mínimo.
2.19. En razón de lo expuesto, se concluye que la multa impuesta fue fijada conforme a los criterios de graduación antes aludidos –esto es, al extremo mínimo legal–, por lo que no se advierte la imposición de una sanción irrazonable o desproporcionada.
2.20. Por las consideraciones expuestas, se debe desestimar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la resolución venida en grado.
2.21. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse según lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.17.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE, POR MAYORÍA
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Cristian Moisés Chani Sequeiros, personero legal alterno de la organización política Ahora Nación – AN, y don Julián Chuquihuamaní Arbieto, candidato a regidor del Concejo Distrital de Capaya, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 01253-2026-JEE-ABAN/JNE, del 14 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Abancay, que, entre otros extremos, declaró que el referido candidato incurrió en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas, por lo que ordenó la anotación marginal de su Declaración Jurada de Hoja de Vida e impuso multa equivalente a una (1) unidad impositiva tributaria (UIT), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución Nº 0830-2025-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el magistrado Roberto Rolando Burneo Bermejo.
SS.
BURNEO BERMEJO
MAISCH MOLINA
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente Nº ERM.2026065120
CAPAYA - AYMARAES - APURÍMAC
JEE ABANCAY (ERM.2026044906)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026
APELACIÓN
Lima, 30 de octubre de 2026
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
En el caso concreto, se imputa que don Julián Chuquihuamaní Arbieto, candidato a regidor del Concejo Distrital de Capaya, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac, omitió declarar sentencias en procesos civiles de alimentos; sin embargo, la situación real consiste en que se ha producido una conciliación, que luego dio lugar a la ejecución del acta, por lo que corresponde evaluar su equivalencia para el ámbito sancionador.
En tal sentido, si bien la conciliación extrajudicial constituye un título de ejecución, ello no puede trasladarse inmediatamente al ámbito “sancionador electoral”, en tanto la conciliación nace de la premisa de un acuerdo voluntario entre las partes, por lo cual el conflicto se soluciona por el consenso. Por tanto, en el ámbito sancionatorio, de aplicación restrictiva, una sentencia, como solución heterónoma del conflicto, no mantiene equivalencia con la solución consensuada, en cuyo caso las partes deciden ponerse de acuerdo para resolver la controversia.
En virtud de tales fundamentos, mi voto es por declarar FUNDADO el recurso de apelación, revocar la resolución venida en grado y declarar que el candidato no ha cometido la infracción imputada.
S.
GONZALES BARRÓN
Clavijo Chipoco
Secretaria General
1 Aprobado por Resolución Nº 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2 Aprobado por Resolución Nº 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.
2572947-1