Resuelven recurso de apelación contra la Resolución N° 01177-2026-JEE-HCHR/JNE

RESOLUCIóN N° 4583-2026-JNE

Expediente N° ERM.2026065297

SAN ANTONIO - HUAROCHIRÍ - LIMA

JEE HUAROCHIRÍ (ERM.2026052061)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026

APELACIÓN

Lima, 2 de noviembre de 2026

VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por doña Silvana Ximena Mariana Soto Darío, personera legal titular de la organización política Fuerza Popular (en adelante, señora recurrente), en contra de la Resolución N° 01177-2026-JEE-HCHR/JNE, del 21 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huarochirí (en adelante, JEE), que, entre otros extremos, declaró que doña Jenny Munive Molina, candidata al cargo de alcaldesa para la Municipalidad Distrital de San Antonio, provincia de Huarochirí, departamento de Lima (en adelante, señora candidata), incurrió en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), por lo que ordenó la anotación marginal de su Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV) y le impuso multa equivalente a una (1) unidad impositiva tributaria (UIT), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Oído: el informe oral.

PRIMERO. ANTECEDENTES

1.1. Con el Informe N° 000018-2026-MCB-JEEHUAROCHIRI-ERM2026/JNE, del 27 de setiembre de 2026, el fiscalizador de hoja de vida adscrito al JEE puso en conocimiento de dicho órgano la presunta infracción de lo establecido en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP, atribuida a la señora candidata por haber consignado información falsa en el rubro VI, “Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos(as) por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes”, de su DJHV, al haber omitido consignar la resolución recaída en el proceso judicial seguido en el Expediente N° 01582-2020-0-3206-JP-CI-01, sobre obligación de dar suma de dinero, tramitado ante el Juzgado de Paz Letrado de Matucana.

1.2. Mediante la Resolución N° 01045-2026-JEE-HCHR/JNE, del 2 de octubre de 2026, el JEE inició procedimiento sancionador en contra de la señora candidata por la presunta infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP, concordante con el artículo 16 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de la DJHV), por lo que se corrió traslado del informe de fiscalización por el término de un (1) día calendario, a fin de que presentara los descargos correspondientes.

1.3. No habiéndose formulado descargos, por medio de la Resolución N° 01177-2026-JEE-HCHR/JNE, del 21 de octubre de 2026, publicada y notificada el 22 del mismo mes y año, el JEE determinó que la señora candidata cometió la infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP; por ello, ordenó una anotación marginal en su DJHV, impuso multa equivalente a una (1) UIT y dispuso poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público, con base en los siguientes argumentos:

a) La señora candidata consignó no tener información que declarar en el rubro VI de su DJHV.

b) De la información obtenida por medio del Oficio N° 003141-2026-P-CSJLE-PJ, recibido el 31 de agosto de 2026, remitido por la Corte Superior de Justicia de Lima Este, se evidenció que la señora candidata registra un pronunciamiento judicial firme recaído en el Expediente N° 01582-2020-0-3206-JP-CI-01, sobre obligación de dar suma de dinero, tramitado ante el Juzgado de Paz Letrado de Matucana.

c) Conforme la información mencionada, existe una contradicción objetiva entre lo consignado en la DJHV de la señora candidata y lo comunicado por el Poder Judicial, evidenciándose así la configuración de la infracción imputada.

d) Habiéndose configurado la infracción imputada, corresponde la imposición de una multa que deberá ser determinada de conformidad con los criterios de gradualidad previstos en el Reglamento de la DJHV. En tal sentido, en aplicación de los referidos criterios de gradualidad y la ausencia de circunstancias adicionales que justifiquen una sanción mayor, la multa debe ascender a una (1) UIT.

SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS

2.1. A través del escrito del 25 de octubre de 2026, la señora recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 01177-2026-JEE-HCHR/JNE y solicitó que esta sea revocada y se declare infundado el procedimiento sancionador, sobre la base de los siguientes argumentos

a) La señora candidata nunca fue notificada con el auto admisorio ni con ninguna de las cuatro resoluciones emitidas en el proceso judicial recaído en el Expediente N° 01582-2020-0-3206-JP-CI-01.

b) De las constancias de notificación registradas en el referido proceso judicial, se advierte que las notificaciones cursadas a la señora candidata habrían sido remitidas a una casilla electrónica, lo que resulta totalmente incongruente, ya que la señora candidata nunca se apersonó al referido proceso y, por ende, no pudo haber señalado una casilla electrónica válida.

c) No habiendo tenido conocimiento de la existencia del Expediente N° 01582-2020-0-3206-JP-CI-01, la señora candidata no pudo consignar dicha información en su DJHV.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)

En la Constitución Política del Perú

1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la administración de justicia en materia electoral.

1.2. El artículo 181 señala lo siguiente:

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.

En la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE)

1.3. El artículo III del Título Preliminar contempla:

Artículo III. Principio de transparencia

Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.

En la LOP

1.4. El numeral 23.2 del artículo 23 establece:

23.2 Los candidatos que postulen a los cargos referidos en el párrafo 23.1, habiendo o no participado en la elección primaria, están obligados a entregar a la organización política, al momento de presentar su candidatura a elección primaria o de aceptar por escrito la invitación para postular a los cargos referidos, una Declaración Jurada de Hoja de Vida que es publicada en la página web de la respectiva organización política.

1.5. En concordancia con ello, el inciso 6 del numeral 23.3 del artículo 23 señala:

Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias

[…]

23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:

[…]

6. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.

1.6. El numeral 23.6 del artículo 23 regula la consecuencia jurídica de incumplir lo señalado en el dispositivo legal antes referido, en los siguientes términos:

23.6 En caso de que se hubiera verificado la falsedad de la información prevista en el párrafo 23.3, esta es corregida por el Jurado Nacional de Elecciones, e impondrá al candidato una multa, según la gravedad de la infracción, entre una (1) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de conformidad con los criterios de gradualidad establecidos en el artículo 36-B. Multa que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cobra coactivamente, sin perjuicio de remitir los actuados al Ministerio Público, para que actúe conforme a sus atribuciones. Respecto de la infracción contemplada en el numeral 5 del párrafo 23.3 no es de aplicación la sanción de multa.

La responsabilidad penal por la incorporación de información falsa en la Declaración Jurada de Hoja de Vida recae sobre el candidato.

En el Reglamento de la DJHV

1.7. El literal k del artículo 6 contempla:

Artículo 6.- Datos de la DJHV

La DJHV debe registrar los siguientes datos:

[…]

k. Relación de sentencias, que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimentarias, contractuales y laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes, o si no las tuviera.

1.8. El artículo 16 establece:

Artículo 16.- Infracción contemplada en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP

En atención a lo prescrito en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP, ante la verificación de la existencia de falsedad de la información prevista en el numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se procede de la siguiente manera:

a. Corrección en la DJHV del candidato.

b. Imposición de una multa, según la gravedad de la infracción, entre una (1) y diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT) de conformidad con los criterios de gradualidad establecidos en el artículo 36-B de la LOP. Multa que el JNE cobra coactivamente.

c. Remisión de los actuados al Ministerio Público, para que actúe conforme a sus atribuciones.

1.9. El artículo 24 señala:

Artículo 24.- Graduación de la sanción de multa

El JEE competente determinará la multa conforme a los siguientes criterios:

a) La naturaleza del cargo al cual postula el infractor

b) El número de votantes de la circunscripción electoral a la cual postula el infractor

1.10. El artículo 25 preceptúa:

Artículo 25.- Efectos del reconocimiento de la responsabilidad

Una vez iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito en la oportunidad en que se efectúen los descargos, la multa aplicable se reduce a la mitad de su importe.

En el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil (en adelante, TUO del CPC)

1.11. El artículo 121 indica:

Artículo 121.- Decretos, autos y sentencias

Mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite.

Mediante los autos el Juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, el saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial del proceso; el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, improcedencia o modificación de medidas cautelares y las demás decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento [resaltado agregado].

Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal [resaltado agregado].

1.12. El artículo 690-E señala:

Artículo 690-E.- Trámite

Si hay contradicción y/o excepciones procesales o defensas previas, se concede traslado al ejecutante, quien deberá absolverla dentro de tres días proponiendo los medios probatorios pertinentes. Con la absolución o sin ella, el Juez resolverá mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento procesal, y pronunciándose sobre la contradicción propuesta [resaltado agregado].

Cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera o el Juez lo estime necesario, señalará día y hora para la realización de una audiencia, la que se realizará con las reglas establecidas para la audiencia única.

Si no se formula contradicción, el Juez expedirá un auto sin más trámite, ordenando llevar adelante la ejecución [resaltado agregado].

1.13. En concordancia con ello, el artículo 691 prevé:

Artículo 691.- Auto y apelación

El plazo para interponer apelación contra el auto, que resuelve la contradicción es de tres días contados, desde el día siguiente a su notificación. El auto que resuelve la contradicción, poniendo fin al proceso único de ejecución es apelable con efecto suspensivo [resaltado agregado].

En la jurisprudencia del JNE

1.14. En la Resolución N° 3016-2022-JNE, del 24 de agosto de 2022, se ha establecido:

2.2. En reiterada jurisprudencia, este órgano electoral estableció que las DJHV de los candidatos son una herramienta sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto con el acceso a estas se procura que el elector pueda emitir su voto de manera responsable, racional y sustentada en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas.

2.3. Así, las DJHV contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo que se requiere no solo optimizar la transparencia de estas, sino también que se establezcan mecanismos de control y verificación, como los procedimientos de tacha y exclusión, que aseguren que la información contenida en la DJHV sea veraz (ver SN 1.3.), con el fin de disuadir a los candidatos de omitir el registro de información trascendente o de registrar datos falsos en dichos documentos.

1.15. En la Resolución N° 0445-2026-JNE, del 5 de marzo de 2026, se ha establecido:

2.15. En ese sentido, tal como se puede apreciar, el auto que resuelve la contradicción en el proceso único de ejecución debe ser considerado, por sus efectos y finalidad, como una resolución equiparable a una sentencia, al contener un pronunciamiento definitivo sobre la procedencia de la ejecución y generar consecuencias jurídicas propias de una decisión final, como sostuvo el JEE. Si bien formalmente la resolución que pone fin al proceso es denominada auto, materialmente ostenta naturaleza de sentencia, en tanto decide el fondo del proceso, y a criterio este Tribunal Supremo, el auto final emitido en el Expediente N° 00350-2020-0-1601-JP-CI-07 debió ser declarado por la señora candidata en su DJHV.

1.16. En la Resolución N° 0445-2026-JNE, del 5 de marzo de 2026, se ha establecido:

2.8. Ahora bien, en su escrito de apelación, el señor recurrente alega que, en cuanto a los procesos judiciales tramitados en contra del señor candidato, se emitieron en su contra dichas sentencias o autos finales, pero no le fueron notificadas, y, por ello, no tuvo conocimiento de dichas resoluciones.

2.9. Sobre el particular, cabe indicar que este organismo electoral no tiene competencia para emitir pronunciamiento respecto al desarrollo de los procesos judiciales seguido en contra del señor candidato por violencia familiar y por obligación de dar suma de dinero, de conformidad con el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. De ahí que su alegato debe ser desestimado.

En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales2 (en adelante, Reglamento)

1.17. El artículo 14, sobre la notificación de los pronunciamientos, contempla lo siguiente:

Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica

Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.

En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:

<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

2.1. De la revisión de los actuados, se advierte que la controversia consiste en determinar si la señora candidata tenía la obligación de consignar en el rubro VI de su DJHV el pronunciamiento emitido en el Expediente N° 01582-2020-0-3206-JP-CI-01, sobre obligación de dar suma de dinero, tramitado ante el Juzgado de Paz Letrado de Matucana.

2.2. Respecto a la importancia de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas (ver SN 1.14.).

2.3. Así, estas coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también implementar mecanismos que aseguren que se registre toda la información solicitada y la veracidad de su contenido. Esto acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general -como las sanciones de exclusión de candidatos y multas- que disuadan de omitir información relevante o consignar datos falsos en sus declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.

2.4. Al respecto, el inciso 6 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, concordante con el artículo 6 del Reglamento de la DJHV, contempla la obligación de consignar las sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas en contra de los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales y laborales, o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes (ver SN 1.5. y 1.7.), información que debe ser declarada en el rubro VI de la DJHV. En concordancia con ello, el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.6.) prevé que, cuando se detecte la existencia de información falsa en lo declarado en las DJHV de los candidatos, corresponde imponer una multa entre una (1) y diez (10) UIT, de conformidad con los criterios de gradualidad establecidos en el artículo 36-B del mismo dispositivo legal, así como la remisión de los actuados al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.

2.5. Conforme a la información remitida por el Poder Judicial, mediante la Resolución N° 3, del 2 de marzo de 2021 (auto final), recaída en el Expediente N° 01582-2020-0-3206-JP-CI-01, se ordenó llevar adelante la ejecución en contra de la señora candidata, en aplicación del artículo 690-E del TUO del CPC. Asimismo, mediante la Resolución N° 4, del 20 de mayo de 2021, se declaró consentida la referida decisión.

2.6. El artículo 690-E del CPC establece que, en los procesos únicos de ejecución, el juez decide mediante auto, evaluando si el proceso está correctamente planteado y resolviendo la oposición presentada (ver SN 1.12). Asimismo, el artículo 691 de la citada norma dispone expresamente que el auto que resuelve la contradicción pone fin al proceso único de ejecución y le otorga, además, la calidad de apelable con efecto suspensivo. En ese sentido, es el propio legislador quien ha atribuido a dicha resolución carácter conclusivo y definitivo dentro de la instancia (ver SN 1.13).

2.7. Por su parte, el Decreto Legislativo N° 1069, al reformar el proceso de ejecución con la necesidad de modernizar el marco normativo que regula los procesos destinados al cumplimiento de los compromisos asumidos en títulos valores y demás títulos ejecutivos, configuró un modelo procesal célere, en el cual el auto que resuelve la contradicción cumple una función decisoria, en tanto define la procedencia de la ejecución y agota el debate permitido en este tipo de procesos. Por ello, no se está ante un auto de carácter meramente instrumental, sino ante una resolución de naturaleza decisoria, cuyos efectos materiales resultan equiparables a los de una sentencia.

2.8. En tal sentido, si bien formalmente la resolución que pone fin al proceso se denomina auto, materialmente tiene naturaleza de sentencia, en tanto decide el fondo del proceso. Por ello, a criterio de este Supremo Tribunal Electoral, la señora candidata debió declarar en su DJHV el auto final emitido en el Expediente N° 01582-2020-0-3206-JP-CI-01. Al no haberlo hecho, incurrió en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP, por lo que corresponde imponer las consecuencias jurídicas previstas en la referida normativa.

2.9. Si bien la señora recurrente sostiene que la señora candidata no tuvo conocimiento del proceso judicial debido a que no habría sido válidamente notificada y cuestiona los cargos de notificación correspondientes, debe precisarse que este órgano electoral no tiene competencia para revisar la validez de las actuaciones procesales efectuadas en un proceso judicial. Por tanto, corresponde desestimar dichos cuestionamientos (ver SN 1.16).

2.10. Sin perjuicio de ello, el argumento referido al desconocimiento del proceso tampoco resulta verosímil. En efecto, de la consulta del expediente a través del servicio público de seguimiento de expedientes del Poder Judicial (https://cej.pj.gob.pe/cej/), se advierte que, mediante la Resolución N° 2, del 24 de febrero de 2021, el Juzgado de Paz Letrado de Matucana tuvo por acreditada la debida notificación de la demanda a las partes ejecutadas. Por tanto, la sola afirmación de la recurrente no resulta suficiente para desvirtuar lo precisado en dicho pronunciamiento judicial.

2.11. A ello se suma que los cargos de notificación adjuntados al recurso de apelación no acreditan que las notificaciones se hubieran efectuado por vía electrónica, conforme lo alega la señora recurrente, pues consignan la expresión “Enviada a la Central de Notificación o Casilla Electrónica” y registran fechas diferenciadas de recepción en la central de notificaciones y devolución al juzgado. Esta secuencia permite inferir razonablemente que las notificaciones habrían sido diligenciadas físicamente, por lo que el argumento planteado por la señora recurrente debe ser desestimado.

2.12. En cuanto al monto de la multa, se advierte que no ha sido objeto de impugnación específica, por lo que no corresponde efectuar un análisis sobre su graduación, sin perjuicio de que la multa impuesta fue fijada en el extremo mínimo legal previsto en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP.

2.13. Por las consideraciones expuestas, al haberse desestimado los agravios formulados y verificarse la configuración de la infracción imputada, corresponde declarar infundado el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar la resolución venida en grado en los extremos impugnados.

2.14. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse según lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.17.).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña Silvana Ximena Mariana Soto Darío, personera legal titular de la organización política Fuerza Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 01177-2026-JEE-HCHR/JNE, del 21 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huarochirí, que, entre otros extremos, declaró que doña Jenny Munive Molina, candidata al cargo de alcaldesa para la Municipalidad Distrital de San Antonio, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, incurrió en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, por lo que ordenó la anotación marginal de su Declaración Jurada de Hoja de Vida, e impuso multa equivalente a una (1) unidad impositiva tributaria, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el señor magistrado Aarón Oyarce Yuzzelli.

SS.

BURNEO BERMEJO

MAISCH MOLINA

GONZALES BARRÓN

TORRES CORTEZ

OYARCE YUZZELLI

Clavijo Chipoco

Secretaria General

1 Aprobado por la Resolución N° 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

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