COMUNICADO

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Fecha de publicación: 22/10/2026
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Confirman la Resolución N° 02034-2026- JEE-CHYO/JNE

Resolución Nº 3723-2026-JNE

Expediente Nº ERM.2026038024

LAMBAYEQUE

JEE CHICLAYO (ERM.2026028434)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026

APELACIÓN

Lima, 4 de setiembre de 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por don Vladimir Horacio León Vidal, personero legal titular de la organización política Alianza Electoral Venceremos (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución Nº 02034-2026-JEE-CHYO/JNE, del 19 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo (en adelante, JEE), que dispuso la exclusión de doña Rosa Sara Huamán Rinza, candidata a consejera regional para el Consejo Regional de Lambayeque (en adelante, señora candidata), por la citada organización política, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

PRIMERO. ANTECEDENTES

En el Expediente Nº ERM.2026022526

1.1. Mediante la Resolución Nº 01394-2026-JEE-CHYO/JNE, del 27 de julio de 2026, se dispuso la admisión y publicación de la lista de candidatos para el Gobierno Regional de Lambayeque, presentada por el señor recurrente, con ocasión de las ERM 2026, por la organización política Alianza Electoral Venceremos (en adelante, OP). El citado pronunciamiento fue publicado el 28 del mismo mes y año en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones.

En el Expediente Nº ERM.2026028434

1.2. Por medio del Informe Nº 000002-2026-DAE-JEECHICLAYO-ERM2026/JNE, del 15 de julio de 2026, la fiscalizadora de hoja de vida adscrita al JEE informó que la candidata habría omitido consignar una (1) sentencia condenatoria firme en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV). En efecto, conforme al Oficio Nº 002559-2026-SRJU-GSJ-GG/PJ, remitido por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial, en el Expediente Nº 2008-135-0-1706-J-PE-04, tramitado ante el Cuarto Juzgado Penal Liquidador de Chiclayo por el delito de obtención fraudulenta de crédito (artículo 247 del Código Penal), se emitió sentencia el 7 de julio de 2011, que le impuso un (1) año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución y el pago de S/ 30.00 por concepto de reparación civil. Dicha sentencia quedó consentida y fue inscrita en el Registro Central de Condenas de la Corte Suprema.

1.3. En mérito de dicho informe, mediante Resolución Nº 01793-2026-JEE-CHYO/JNE, del 11 de agosto del 2026, el JEE dispuso iniciar procedimiento de exclusión en contra de la señora candidata, por presunta infracción del artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20261 (en adelante, Reglamento de la DJHV). Dicha resolución fue publicada y notificada en la casilla electrónica de la OP; sin embargo, no se presentó descargos dentro del plazo.

1.4. A través de la Resolución Nº 02034-2026-JEE-CHYO/JNE, del 19 de agosto de 2026, el JEE dispuso la exclusión de la señora candidata, al considerar acreditada la omisión de consignar la sentencia condenatoria firme en su DJHV, conforme al numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP).

SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS

2.1. El 23 de agosto del 2026, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución Nº 02034-2026-JEE-CHYO/JNE, alegando, esencialmente, lo siguiente:

a) La exclusión dispuesta por el JEE constituye una medida desproporcionada, al no ponderar el derecho de participación política de la señora candidata. La omisión en la DJHV no obedeció a intención de ocultamiento, sino a la convicción de que el antecedente judicial carecía de vigencia jurídica.

b) El procedimiento sancionador se encuentra viciado de origen, pues el JEE notificó únicamente al personero legal y no directamente a la candidata, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales2 (en adelante, Reglamento).

c) La decisión impugnada vulnera el derecho de defensa y el principio de legalidad administrativa, al privar a la candidata de una defensa material autónoma frente a los cargos imputados.

d) La exclusión afecta el núcleo del derecho constitucional a la participación política y a ser elegido, debiendo interpretarse las formalidades procesales en favor del principio pro participatione.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)

En la Constitución Política del Perú

1.1. El numeral 17 del artículo 2 precisa que toda persona tiene derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.

1.2. El artículo 31 establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.

1.3. El numeral 4 del artículo 178 determina, como atribución de este Supremo Órgano Electoral, la administración de justicia en materia electoral.

En la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones

1.4. El literal g del artículo 5 señala:

Artículo 5.- Son funciones del Jurado Nacional de Elecciones:

[…]

g. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral;

[…]

En la LOP

1.5. Los numerales 23.3 y 23.5 del artículo 23 refieren:

23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:

1. Lugar y fecha de nacimiento.

2. Experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido en el sector público y en el privado.

3. Estudios realizados, incluyendo títulos y grados si los tuviere.

4. Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel, consignando los cargos partidarios, de elección popular, por nombramiento o de otra modalidad, que hubiese tenido.

5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.

6. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.

7. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional o departamental u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital, de ser el caso.

8. Declaración de bienes y rentas, de acuerdo con las disposiciones previstas para los funcionarios públicos.

[…]

23.5 La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.

[…]

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para Elecciones Regionales 20263 (en adelante, Reglamento de Inscripción)

1.6. El numeral 41.3 del artículo 41 determina:

Artículo 41.- Exclusión de candidato

[…]

41.3 El JEE dispone la exclusión de un candidato por omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato.

[…]

1.7. El artículo 42 indica:

Artículo 42.- Efectos del retiro, renuncia, exclusión o fallecimiento de candidatos

La organización política puede reemplazar al candidato retirado, renunciante, excluido o fallecido, solamente hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción de la fórmula o lista de candidatos. El candidato reemplazante debe satisfacer los requisitos de ley para su inscripción.

El retiro, la renuncia, la exclusión o el fallecimiento de alguno de los integrantes de la fórmula o lista de candidatos no invalida la inscripción de los demás candidatos, quienes participan en la elección como si integrasen una fórmula o lista completa manteniendo su posición. Esta regla no se aplica cuando se trata del candidato a gobernador, en cuyo caso se invalida la inscripción de la fórmula. Tampoco se aplica cuando se trata del candidato titular a consejero regional, en cuyo caso también se invalida la inscripción del candidato a consejero accesitario; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 del presente reglamento. Tampoco resulta inválida la inscripción de la fórmula o lista si esta no mantiene la paridad de género, alternancia o cuotas electorales, según corresponda [resaltado agregado].

En el Reglamento de la DJHV

1.8. El artículo 15, sobre la omisión de información, prescribe:

Artículo 15.- Infracción contemplada en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP

En atención a lo prescrito en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, la omisión de la información referida a la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la citada ley, da lugar al retiro de dicho candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección.

El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de inscripción de la formula y lista de candidatos.

En caso de que se hubiera excluido al candidato o de que hubiera trascurrido el plazo para excluirlo, y se hubiese verificado la omisión prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se remiten los actuados al Ministerio Público.

1.9. El artículo 21 dispone:

Artículo 21.- Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador es promovido de oficio por el SFHV, a través del informe de fiscalización emitido como:

a. resultado del procesamiento de la información recibida; y

b. resultado de la denuncia formulada por uno o más ciudadanos u organización política. Sobre la denuncia, se debe considerar lo señalado en el literal b) del subnumeral 11.1 del artículo 11 del presente reglamento.

1.10. Los numerales 22.2 y 22.3 del artículo 22 refieren:

Artículo 22.- Determinación de la infracción y el retiro o exclusión del candidato

[…]

22.2. De considerar que los hechos descritos configuran la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, el JEE, mediante resolución, dispone el inicio del procedimiento sancionador y corre traslado de los actuados al personero legal de la organización política para que efectúe los descargos en el término de un (1) día calendario, asimismo se corre traslado de los actuados al candidato aludido a fin de que brinde la información que estime pertinente dentro del mismo plazo. Esta resolución es inimpugnable.

Se notificará al candidato aludido mediante casilla electrónica, por ello es su responsabilidad haber generado la misma.

La notificación del traslado se realiza de conformidad con el artículo 30 del presente reglamento. Si al calificar el informe, los hechos descritos no configuran la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, el JEE dispone, mediante resolución motivada, el archivo del expediente. Esta resolución es inimpugnable.

22.3. Vencido el plazo, con los descargos o sin ellos y en el término no mayor a tres (3) días calendarios, el JEE, sin audiencia pública, se pronuncia sobre la existencia o no de la infracción.

[…]

En el Reglamento de Audiencias Públicas4

1.11. El numeral 13.2 del artículo 13 determina:

Artículo 13.- Precisiones para la programación de expedientes para audiencia pública

[…]

13.2. El Presidente fija los expedientes que, en razón de la materia y preclusión de los plazos del calendario electoral, son debatidos y resueltos sin necesidad de programarse audiencia pública.

En el Reglamento

1.12. El artículo 14 sobre la notificación de los pronunciamientos, contempla lo siguiente:

Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica

Todas las partes de los procesos jurisdiccionales –electorales y no electorales– son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.

En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:

<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).

[…]

1.13. El artículo 18 prescribe:

Artículo 18.- Notificación de pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales a sujetos que no cuenten con casilla electrónica

En los casos en que las partes procesales o sujetos intervinientes en un expediente jurisdiccional no vinculado a un proceso electoral no cuenten con casilla electrónica, se procederá conforme al siguiente orden de prelación:

a) De manera excepcional, en los expedientes no vinculados a procesos electorales, la parte procesal que no ha iniciado dicho expediente ante el JNE y que no tenga casilla electrónica podrá ser notificada solo respecto del primer pronunciamiento –por única vez– en formato papel, en el domicilio registrado en el documento nacional de identidad, debiendo requerírsele la creación de su casilla electrónica.

[…]

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Cuestión previa

2.1. De conformidad con el numeral 13.2 del artículo 13 del Reglamento de Audiencias Públicas (ver SN 1.11.), el presidente del JNE fija los expedientes que, debido a la materia y preclusión de los plazos del calendario electoral, son debatidos y resueltos sin necesidad de programarse audiencia pública.

2.2. Sobre el particular, de la revisión de los actuados, se advierte que se cuenta con la información y el marco legal para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. En esa medida, y ante la preclusión de los plazos del calendario electoral de las ERM 2026 –en el cual se enmarca el recurso de apelación que se tramita en el presente expediente–, este órgano colegiado considera que no resulta necesario que la causa sea vista en audiencia pública, toda vez que los elementos recabados son suficientes para emitir el pronunciamiento correspondiente.

Del asunto de fondo

2.3. Corresponde a este Supremo Tribunal Electoral, en ejercicio de la competencia prevista en el numeral 4 del artículo 178 de la Constitución Política del Perú (ver SN 1.3), conocer el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución Nº 02034-2026-JEE-CHYO/JNE, emitida por el JEE, que dispuso la exclusión de la señora candidata por omitir declarar una (1) sentencia condenatoria firme en su DJHV.

2.4. Revisados los actuados, se advierte que el JEE dispuso la exclusión de la señora candidata por no consignar, en el rubro V de su DJHV, la sentencia condenatoria firme recaída en el Expediente Nº 2008-135-0-1706-J-PE-04, tramitado ante el Cuarto Juzgado Penal Liquidador de Chiclayo, seguido por el delito de obtención fraudulenta de crédito. Dicha información resultaba obligatoria conforme al numeral 5 del artículo 23.3 de la LOP (ver SN 1.5).

2.5. El señor recurrente sostiene que la exclusión constituye una medida desproporcionada, al no haberse ponderado el derecho de participación política de la señora candidata. Señala que la omisión en la DJHV no obedeció a intención de ocultamiento, sino a la convicción de que el antecedente judicial carecía de vigencia jurídica.

2.6. Asimismo, refiere que el procedimiento sancionador se encuentra viciado de origen, pues el JEE notificó únicamente al personero legal y no directamente a la candidata, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento (ver SN 1.3). Además, alega que dicha actuación vulnera el derecho de defensa y el principio de legalidad administrativa, al privar a la candidata de una defensa material autónoma frente a los cargos imputados.

2.7. Delimitada así la controversia, corresponde determinar, en primer término, si la omisión del JEE de notificar a la señora candidata en el procedimiento de exclusión acarrea la nulidad de lo actuado por afectación del derecho de defensa; y, si la omisión de consignar la sentencia condenatoria firme en la DJHV configura la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.5), o si, como sostiene el recurrente, al considerarse carente de vigencia jurídica, se eliminaba la obligación de declararla en el marco del proceso electoral.

2.8. Sobre la falta de emplazamiento individual de la señora candidata, debe precisarse, en primer lugar, que el artículo 18 del Reglamento invocado por el recurrente (ver SN 1.13.) regula la notificación en expedientes no vinculados a procesos electorales, por lo que no resulta aplicable al presente caso, en el que rige el artículo 14 del citado reglamento (ver SN 1.12.). No obstante, de la Resolución Nº 01793-2026-JEE-CHYO/JNE, del 11 de agosto de 2026, se verifica que el JEE ordenó el traslado de los actuados únicamente al personero legal de la OP, sin disponer el emplazamiento individual de la señora candidata, conforme lo exige el numeral 22.2 del artículo 22 del Reglamento de la DJHV (ver SN 1.10.). La inobservancia de dicha regla se encuentra, pues, acreditada y no es desconocida por este órgano colegiado.

2.9. No obstante, la nulidad de lo actuado no deriva de la sola constatación de un vicio formal. Así pues, conforme al principio de trascendencia, corresponde verificar si la irregularidad advertida produjo una afectación real y efectiva de las garantías del procedimiento, esto es, si colocó al administrado en un estado de indefensión material.

2.10. En el presente caso, el personero legal titular fue notificado de manera válida y oportuna en su casilla electrónica con la Resolución Nº 01793-2026-JEE-CHYO/JNE, conforme se aprecia del cargo de Notificación Nº 380570-2026-CHYO. Con ello, la OP tomó conocimiento del inicio del procedimiento, de los hechos materia de cuestionamiento y del plazo conferido para formular descargos, sin que estos fueran presentados dentro del plazo otorgado.

2.11. En consecuencia, la omisión advertida no se tradujo en indefensión material, pues la OP contó con la oportunidad efectiva de contradecir la imputación y de aportar los medios probatorios que estimara pertinentes, siendo que la ausencia de descargos obedece a su propia inactividad procesal y no a la falta de traslado individual a la señora candidata. A ello se agrega que, de la revisión del escrito de apelación, no se menciona qué alegación o medio probatorio se vio impedida de aportar la señora candidata como consecuencia de dicha omisión, tanto más si, a través del presente recurso, la defensa de la OP ha podido pronunciarse ampliamente sobre el fondo de la controversia.

2.12. Esta conclusión alcanza a los demás agravios de contenido procesal, ya que la alegada vulneración del derecho de defensa y del principio de legalidad administrativa se sustenta en el mismo defecto de notificación ya examinado y, al no haberse acreditado una incidencia concreta de este en el resultado del procedimiento, comparte su suerte desestimatoria.

2.13. En relación con el segundo agravio, este Supremo Tribunal Electoral precisa que la finalidad de la DJHV es garantizar la transparencia del proceso electoral y el derecho de los ciudadanos a emitir un voto informado. En tal sentido, la normativa electoral exige la consignación de todas las sentencias condenatorias firmes impuestas por delitos dolosos, sin que corresponda evaluar su vigencia o efectos posteriores en otros ámbitos jurídicos.

2.14. En el presente caso, mediante el Informe Nº 000002-2026-DAE-JEECHICLAYO-ERM2026/JNE, el fiscalizador adscrito al JEE verificó –sobre la base de la información oficial remitida por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial– que la señora candidata registra una sentencia condenatoria firme por el delito de obtención fraudulenta de crédito, recaída en el Expediente Nº 2008-135-0-1706-J-PE-04, con penas privativas de libertad suspendidas en su ejecución.

2.15. No obstante, de la revisión de la DJHV presentada por la señora candidata se advierte que, en el rubro V, declaró no tener información por declarar. De este modo, se encuentra objetivamente acreditado que omitió consignar las referidas sentencias, incumpliendo la obligación prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.5.).

2.16. En esa línea, respecto de la alegada desproporcionalidad de la medida, conviene mencionar que ello no permite desconocer la consecuencia jurídica expresamente prevista por el legislador. Si bien el derecho a la participación política merece especial protección (ver SN 1.2.), su ejercicio se encuentra sujeto a las condiciones legalmente establecidas, entre ellas, el deber de transparencia respecto de la información que obligatoriamente debe contener la DJHV.

2.17. Ante lo señalado, corresponde aplicar la consecuencia jurídica establecida por el legislador, esto es, la exclusión del candidato, conforme a dicha disposición, en concordancia con el numeral 41.3 del artículo 41 del Reglamento de Inscripción y el artículo 15 del Reglamento de la DJHV (ver SN 1.6. y 1.8.).

2.18. Esta consecuencia resulta acorde con la finalidad que sustenta el régimen de las DJHV, pues busca garantizar que el electorado disponga de información completa, veraz y oportuna sobre quienes aspiran a ejercer cargos de elección popular, reforzando con ello los principios de transparencia y publicidad que informan el proceso electoral.

2.19. De otro lado, se debe tenerse presente que doña Rosa Sara Huamán Rinza participa como candidata al cargo de consejera regional Nº 2 por la provincia de Ferreñafe. En ese sentido, el segundo párrafo del artículo 42 del Reglamento de Inscripción establece expresamente que, cuando la exclusión recae sobre el candidato titular a consejero regional, también se invalida la inscripción del candidato a consejero accesitario (ver SN 1.11.).

2.20. Por consiguiente, al mantenerse la exclusión de doña Rosa Sara Huamán Rinza, segunda candidata a consejera regional por la provincia de Ferreñafe, corresponde declarar la invalidez de la inscripción de doña Elsa Flor Tenorio Sánchez, candidata accesitaria.

2.21. En consecuencia, este Supremo Tribunal concluye que al haberse acreditado que el señor candidato omitió consignar en su DJHV una sentencia condenatoria firme por delito doloso, conducta que configura la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución venida en grado.

2.22. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.12.).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE POR MAYORÍA

1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Vladimir Horacio León Vidal, personero legal titular de la organización política Alianza Electoral Venceremos; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 02034-2026-JEE-CHYO/JNE, del 19 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que dispuso la exclusión de doña Rosa Sara Huamán Rinza, candidata al cargo de consejera regional para el Consejo Regional de Lambayeque, por la citada organización política, en el marco de las ERM 2026.

2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución Nº 0830-2025-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General.

SS.

BURNEO BERMEJO

MAISCH MOLINA

TORRES CORTEZ

OYARCE YUZZELLI

Clavijo Chipoco

Secretaria General

Expediente Nº ERM.2026038024

LAMBAYEQUE

JEE CHICLAYO (ERM.2026028434)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026

APELACIÓN

Lima, 4 de setiembre de 2026

EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:

DERECHO CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (art. 31 Constitución), por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede significar que la norma sea desproporcionada o irrazonable.

2. En efecto, “La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” (Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, c. 206).

ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES

3. Pues bien, la LOP (art. 23.5) establece que la omisión en la declaración de sentencias condenatorias firmes, incluso con reserva de fallo, produce la exclusión del candidato. La citada norma cumple la reserva de ley orgánica; no es discriminatoria, pues se aplica a toda persona que se encuentre en la misma situación; cumple un propósito útil, en tanto permite que la ciudadanía cuente con información relevante para su toma de decisiones; pero la pregunta que sigue es si resulta necesaria para resguardar el fin legítimo antes señalado, o si, por el contrario, existen medidas alternativas que sean menos gravosas para el derecho fundamental y que logren la misma finalidad.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado: “la necesidad de contar con una justicia electoral tuitiva, y puso de relieve que el JNE debe ejercer sus competencias privilegiando el derecho fundamental a la participación política; y que, para tal fin, debe utilizar los mecanismos jurídicos a su disposición, tales como el control difuso de constitucionalidad y el test de proporcionalidad de derechos, cuando corresponda. Más aún cuando, en los hechos, dicho órgano termina siendo el guardián principal de este derecho fundamental, en la medida en que los pronunciamientos judiciales posteriores llegan, generalmente, en forma tardía, cuando se ha configurado la sustracción de la materia y la irreparabilidad de los derechos” (Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, concordante con STC Nº 01648-2023-PA/TC, f. 36)

4. La declaración jurada es un instrumento de transparencia por el que la ciudadanía puede ejercer un voto informado (fin legítimo), y, bajo esa premisa, la LOP ha establecido casos en los que la omisión de informar sobre circunstancias personales determina la exclusión del candidato (consecuencia más gravosa para el derecho de ser elegido, pues le impide de plano esa posibilidad). Sin embargo, la finalidad de transparencia puede lograrse en la misma medida, con medidas menos lesivas para el derecho fundamental, tal como la adecuada publicidad de la sentencia condenatoria mediante el sistema de anotaciones marginales en la declaración del candidato, lo cual podría realizarse con el informe de fiscalización, por lo que la ciudadanía tendría la información a su alcance, además de llamadas o íconos en la página web del JNE respecto a los “infractores” de la transparencia, sin perjuicio de otras medidas complementarias (administrativo sancionador y/o penal). En consecuencia, bajo el esquema planteado, el derecho de ser elegido (art. 31 Constitución) podría mantenerse; mientras el fin de conocer las sentencias condenatorias también se logra con la misma eficacia de la declaración jurada (publicidad), pero, claro está, la omisión produciría otras consecuencias, tales como una publicidad negativa (ícono de infractores), económicas y penales. La conclusión es que la exclusión no es necesaria para resguardar el fin de poner en conocimiento las sentencias de condena penal.

5. En el caso concreto, la cuestión controvertida se centra en determinar la consecuencia jurídica de la omisión de informar una sentencia condenatoria firme o con reserva de fallo condenatorio, pues, si bien el art. 23.5 LOP establece la exclusión del candidato como única alternativa, sin embargo, ello no resiste el test de proporcionalidad conforme los términos antes planteados, pues la restricción no es necesaria para lograr el fin legítimo en un Estado Democrático de Derecho, por lo que corresponde realizar el control difuso de esa norma, con la consiguiente inaplicación en este caso, bajo la premisa que el JNE constituye un tribunal supremo electoral, que ejerce funciones jurisdiccionales, por lo que se incluye en la hipótesis del art. 138 Constitución (Pleno TC. Sentencia 171-2025, f. 19).

Es más, cabe observar en este caso, una incoherencia valorativa del sistema jurídico electoral en general, pues la sentencia condenatoria firme del postulante no le impediría participar en la contienda electoral, por efecto de la rehabilitación; por tanto, si sentencia por delito (hecho) no produce exclusión ni impedimento -sin prejuzgar gravedad, circunstancias, tiempo u oportunidad-, entonces tampoco podría producirlo la falta de “declaración” de ese mismo delito (omisión de información), con lo que se llegaría a la paradoja que la “declaración de un hecho” (o su ausencia) resulta más grave que el “hecho” mismo, lo cual constituye una incoherencia que reafirma la conclusión de que el art. 23.5 LOP no es constitucional.

SUBSISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN REFERENTES A CONDENAS PENALES

6. El control difuso de constitucionalidad que descarta el art. 23.5 LOP no elimina los diversos impedimentos de postulación referentes a condenas penales, que se mantienen subsistentes, tales como los siguientes:

6.1 Personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por comisión de delito doloso (art. 34-A Constitución). Es necesario señalar que esta restricción opera en el ámbito estricto de la postulación, esto es, hasta el momento de la inscripción definitiva del candidato, conforme el indicado texto normativo. Luego de ello, por efecto de la preclusión electoral (art. XI título preliminar LOE), una posterior sentencia condenatoria en primera instancia, sin firmeza, no produce el efecto jurídico de impedimento, sino que se requiere la sentencia firme para efecto de producir la exclusión.

6.2 Personas condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso (art. 8.1.g LEM y art. 14.5.f LER), en el que se admite la rehabilitación del condenado para eliminar los efectos negativos de la pena, pues la sobrevivencia del impedimento en ciertos tipos penales, incluso con rehabilitación, según Ley 30717 (arts. 1, 2, 3) fue declarado inconstitucional (Exp. Nº 00005-2020-PI/TC).

6.3 Personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, “aun cuando hubieran sido rehabilitados” (art. 8.1.h LEM y art. 14.5.g LER).

7. La gravedad de una sanción que se impone por tiempo indefinido, según la hipótesis prevista en el c. 6.3 precedente, exige que se realice un control de constitucionalidad:

En primer lugar, los derechos y libertades fundamentales se interpretan conforme los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú (Cuarta Disposición Final y Transitoria Constitución), por lo que, los derechos políticos deberán entenderse según el art. 23 Convención Americana de Derechos Humanos, concordante con la interpretación realizada por la Corte Interamericana, de cuyo mérito se interpreta que toda restricción del derecho a ser elegido debe basarse en la ley, no ser discriminatoria, sustentarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Caso Yatama vs. Nicaragua). En este contexto, el impedimento de postulación, si bien basada en una ley, sin embargo, solo se produce en ciertos delitos, ni siquiera en los más graves, pero no en muchos otros que producen mayor afectación a los diversos bienes jurídicos protegidos, por lo que se trata de una disposición discriminatoria, contraria al principio de igualdad, y no justificada, en cuanto no se sustenta en criterios razonables; por tanto, constituye una disposición restrictiva no compatible con la Constitución (art. 31) y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23).

En segundo lugar, una pena indefinida o perpetua tampoco se adecua con la finalidad resocializadora de cualquier sanción penal (art. 139 inc. 22 Constitución), pues la comisión de un delito se convertiría en un lastre, tacha o mancha vitalicia, una especie de “muerte civil”, sin posibilidad de recuperar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, pese a la rehabilitación ya lograda, lo que no puede ser compatible con la dignidad de la persona humana (art. 1 Constitución).

En virtud de lo expuesto, el art. 8.1.h LEM y el art. 14.5.g son directamente contrarios a la Constitución y CADH, por lo que el intento de reducir sus efectos mediante la imposición jurisprudencial de un plazo de vigencia del impedimento -diez años-, según la Res. Nº 085-2026-JNE, no es suficiente para lograr la compatibilidad, pues extiende una condena más allá de su vigencia; por tanto, la única alternativa jurídica consiste en inaplicar totalmente dicha disposición en el caso concreto, según la potestad de control difuso de la constitucionalidad (arts. 138 y 181 Constitución, concordante con doctrina del Tribunal Constitucional expresada por Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, y antes STC Nº 01648-2023-PA/TC, f. 36).

8. La inaplicación del mandato contenido en el art. 23.5 LOP no impide que el sistema electoral utilice los instrumentos de la tacha y exclusión para fines de detectar candidatos incursos en causales de impedimento, sea por condenas penales vigentes o condenas en primera instancia al momento de la postulación.

CONCLUSIÓN

9. La resolución apelada es nula, en tanto se ha excluido un postulante por una causal no compatible con la Constitución, pero igual corresponde que se evalúen las situaciones legales de impedimento basadas en sentencias penales, máxime cuando existe un Informe de Fiscalización, que se presume cierto, o solicitud de tacha, por lo que el postulante tendrá que desvirtuarlo en el plazo perentorio e improrrogable de un día para efecto de acreditar la rehabilitación u otra causa de pérdida de vigencia de la condena, y, luego, corresponderá emitir la decisión respectiva.

En virtud de tales consideraciones, MI VOTO es por declarar FUNDADA la apelación, por tanto, NULA la resolución recurrida, OTORGAR un día al recurrente para formular descargo en el plazo de un día, y, luego de ello, con lo actuado, el JEE deberá emitir en forma inmediata un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos antes indicados.

GONZALES BARRÓN

Clavijo Chipoco

Secretaria General

1 Aprobado por la Resolución Nº 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

2 Aprobado con la Resolución Nº 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

3 Aprobado por la Resolución Nº 0002-2026-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

4 Aprobado con la Resolución Nº 0829-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

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