Confirman la Resolución N° 01556-2026-JEE-HMGA/JNE

Resolución N° 3261-2026-JNE

Expediente N° ERM.2026034035

SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

JEE HUAMANGA (ERM.2026028232)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026

APELACIÓN

Lima, 25 de agosto de 2026

VISTO: en audiencia pública virtual del 25 de agosto de 2026, el recurso de apelación interpuesto por doña Melisa Tovar Auccapuclla, personera legal titular de la organización política Podemos Perú (en adelante, señora recurrente), en contra de la Resolución N° 01556-2026-JEE-HMGA/JNE, del 1 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huamanga (en adelante, JEE), que dispuso la exclusión de don Leoncio Jaime Curo, candidato a regidor del Concejo Distrital de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho (en adelante, señor candidato), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

PRIMERO. ANTECEDENTES

En el Expediente N° ERM.2026028232

1.1. Mediante el Informe N° 000002-2026-WAH-JEEHUAMANGA-ERM2026/JNE, del 17 de julio de 2026, el fiscalizador de hoja de vida adscrito al JEE comunicó a dicho órgano electoral que el señor candidato registra una sentencia condenatoria por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de apropiación ilícita común, emitida en el Expediente N° 1119-2006, tramitado ante el Juzgado Penal de Huamanga. Asimismo, se verificó que dicha condena no fue consignada en el rubro V, “Relación de sentencias”, de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato (en adelante, DJHV).

1.2. Debido a la información antes mencionada, por medio de la Resolución N° 01060-2026-JEE-HMGA/JNE, del 17 de julio de 2026, el JEE dispuso dar inicio al procedimiento sancionador en contra del señor candidato, por la presunta infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, (en adelante, LOP).

1.3. El 19 de julio de 2026, el señor candidato presentó el escrito de descargo, señalando, esencialmente, lo siguiente:

a) La omisión de consignar la sentencia condenatoria por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de apropiación ilícita, fue involuntaria, pues al realizar la consulta de sus antecedentes en el sistema del Poder Judicial no figuraba registro alguno respecto de dicha condena, por lo que consideró que no contaba con antecedentes penales.

b) Refiere que se encontraba rehabilitado, al haber cumplido con las reglas de conducta y con el pago de la reparación civil impuesta por el Sexto Juzgado Penal de Huamanga, por lo que entendió que dicha sentencia ya no figuraba en los registros del Poder Judicial y, en consecuencia, no correspondía declararla en su DJHV.

c) Finalmente, sostiene que su abogado defensor no le informó oportunamente sobre la conclusión del proceso, la sentencia y sus consecuencias, reiterando que la omisión no fue intencional; por lo que solicita que se tenga por subsanada la observación.

d) Asimismo, precisa que no adjuntó la resolución de rehabilitación debido al plazo concedido para presentar sus descargos y solicita excepcionalmente que se le permita presentarla posteriormente.

1.4. Con la resolución citada en el visto, el JEE dispuso, entre otras medidas, la exclusión del señor candidato, tras concluir que:

a) De la información oficial remitida por el Poder Judicial se verificó que el señor candidato registra una sentencia condenatoria firme por el delito doloso de apropiación ilícita, recaída en el Expediente N° 1119-2006, mediante la cual se le impuso dos (2) años de pena privativa de libertad, con ejecución suspendida; sin embargo, dicha sentencia no fue consignada en el rubro V de su DJHV, en el cual declaró no tener información por registrar.

b) Consideró que la alegada rehabilitación del señor candidato, así como el hecho de que la sentencia no apareciera en el sistema de consulta del Poder Judicial, no lo eximían de su obligación de declararla en la DJHV, pues la controversia no estaba referida a determinar si la condena constituía un impedimento para postular, sino al incumplimiento del deber de transparencia electoral de consignar una sentencia condenatoria firme por delito doloso.

c) Asimismo, desestimó el argumento referido a que la omisión habría sido involuntaria, al considerar que la infracción se configura objetivamente con la existencia de una sentencia condenatoria firme por delito doloso, el deber legal de declararla y su efectiva omisión en la DJHV, sin que la alegación de desconocimiento, error o involuntariedad desvirtúe dicha omisión.

d) En consecuencia, determinó que se configuró la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, concordante con el artículo 15 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20261 (Reglamento de la DJHV), por lo que dispuso la exclusión de Leoncio Jaime Curo de la lista de candidatos para las ERM 2026.

La citada resolución fue publicada el 7 de agosto de 2026, en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y notificada en la misma fecha, en la casilla electrónica de la señora recurrente, conforme se advierte de la Notificación N° 372306-2026-HMGA.

SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS

2.1. El 10 de agosto de 2026, la señora recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 01556-2026-JEE-HMGA/JNE alegando, esencialmente, lo siguiente:

a) La omisión de consignar en el rubro V de la DJHV la sentencia condenatoria recaída en el Expediente N° 1119-2006, por el delito de apropiación ilícita, fue involuntaria, pues al efectuar la consulta correspondiente en el sistema del Poder Judicial no aparecía antecedente alguno relacionado con dicho proceso, circunstancia que llevó al señor candidato a considerar que no existía información que debiera declarar.

b) El señor candidato entendía encontrarse rehabilitado conforme al artículo 69 del Código Penal, al haber cumplido las reglas de conducta y efectuado el pago de la reparación civil impuesta, por lo que consideró que la sentencia ya no generaba antecedentes que debieran ser consignados en su DJHV.

c) La resolución impugnada habría efectuado una valoración insuficiente de los argumentos expuestos en el descargo, al limitarse a constatar objetivamente la existencia de la sentencia y su falta de consignación, sin valorar las circunstancias concretas que originaron la omisión, particularmente la convicción del candidato de encontrarse rehabilitado, la inexistencia de antecedentes en la consulta realizada y la ausencia de una conducta deliberada destinada a ocultar información.

d) Asimismo, refiere que el desconocimiento del candidato respecto de la información que debía consignar también estuvo relacionado con que su abogado defensor no le comunicó oportunamente la conclusión de la sentencia y sus accesorios, circunstancia que habría contribuido a que no tuviera conocimiento de la información que debía declarar.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)

En la Constitución Política del Perú

1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del JNE, la administración de justicia en materia electoral.

En la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE)

1.2. El artículo III del Título Preliminar, referido a los principios generales, contempla

Artículo III. Principio de transparencia

Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.

En la LOP

1.3. El inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 preceptúa:

23.3. La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:

[…]

5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.

1.4. El numeral 23.5 del artículo 23 dispone:

23.5. La omisión de la información prevista en el numeral 5 del párrafo 23.3 da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.

En caso de que se hubiera excluido al candidato o de que hubiera trascurrido el plazo para excluirlo, y se hubiese verificado la omisión prevista en el párrafo 23.3, el Jurado Nacional de Elecciones remite los actuados al Ministerio Público.

En el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 20262 (en adelante, Reglamento de Inscripción)

1.5. Los numerales 30.5 y 30.7 del artículo 30 establecen:

Artículo 30.- Documentos requeridos para solicitar la inscripción de la lista de candidatos

Para solicitar la inscripción de la lista de candidatos ante el JEE competente, se requieren los siguientes documentos:

[…]

30.5 El Formato Único de DJHV de cada uno de los candidatos, registrado en el sistema DECLARA+, conforme con el Reglamento de la DJHV.

[…]

30.7 La declaración jurada (Anexo 1) de cada candidato de:

a. Consentimiento de participación en las ERM 2026.

b. Veracidad del contenido del Formato Único de DJHV.

c. De no tener deuda pendiente con el Estado ni con personas naturales, por reparación civil, establecida judicialmente.

[…]

1.6. El numeral 41.3 del artículo 41 determina:

Artículo 41.- Exclusión de candidato

[…]

41.3 El JEE dispone la exclusión de un candidato por omisión de la información prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato.

[…]

En el Reglamento de la DJHV

1.7. El artículo 10 indica:

Artículo 10.- Registro de información en el FUDJHV

El personero legal de la organización política debe registrar información en los FUDJHV de los candidatos, bajo el siguiente procedimiento:

a. Acceder al sistema informático Declara+ a través del portal electrónico institucional del JNE.

b. Ingresar al FUDJHV y digitar el número de documento de identificación del candidato. Automáticamente, vía interoperabilidad se visualizará en el formato electrónico la información provista de las entidades públicas correspondientes.

c. Registrar los datos sobre los rubros y campos donde no aparece información oficial de las entidades públicas. De ser el caso, registrar información en el apartado “información complementaria” de cada rubro o en el rubro “IX. Información adicional”.

Los formatos de DJHV de los candidatos tendrán la firma digital del personero legal de la organización política.

La firma digital da conformidad a la totalidad de la información registrada en la DJHV del candidato, una vez que esta ha sido confirmada en el SIJE.

La información contenida en el FUDJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato [resaltado agregado].

1.8. El artículo 15 determina:

Artículo 15.- Infracción contemplada en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP

En atención a lo prescrito en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, la omisión de la información referida a la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la citada ley, da lugar al retiro de dicho candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección.

El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de inscripción de la formula y lista de candidatos.

En caso de que se hubiera excluido al candidato o de que hubiera trascurrido el plazo para excluirlo, y se hubiese verificado la omisión prevista en el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se remiten los actuados al Ministerio Público.

En la jurisprudencia del JNE

1.9. En la Resolución N° 3016-2022-JNE, del 24 de agosto de 2022, se sostuvo:

2.2. En reiterada jurisprudencia, este órgano electoral estableció que las DJHV de los candidatos son una herramienta sumamente útil y trascendente en el marco de todo proceso electoral, por cuanto con el acceso a estas se procura que el elector pueda emitir su voto de manera responsable, racional y sustentada en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas.

2.3. Así, las DJHV contribuyen al proceso de formación de la voluntad popular, por lo que se requiere no solo optimizar la transparencia de estas, sino también que se establezcan mecanismos de control y verificación, como los procedimientos de tacha y exclusión, que aseguren que la información contenida en la DJHV sea veraz (ver SN 1.3.), con el fin de disuadir a los candidatos de omitir el registro de información trascendente o de registrar datos falsos en dichos documentos.

1.10. En la Resolución N° 2668-2022-JNE, del 10 de agosto de 2022, se precisa:

2.5. Dicho ello, resulta pertinente indicar que, de acuerdo con las normas electorales vigentes, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de extraer, incorporar y publicar la información de los registros públicos que esté relacionada con cada uno de los candidatos, en tanto esto sea posible; también existe la obligación por parte de los candidatos de consignar en sus declaraciones toda aquella información que no pueda ser cargada o extraída automáticamente de los registros públicos proporcionados a este organismo electoral, tal como lo dispone el artículo 9 del Reglamento de DJHV. (ver SN 1.6.).

En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3 (en adelante, Reglamento)

1.11. El artículo 14 sobre la notificación de los pronunciamientos, contempla lo siguiente:

Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica

Todas las partes de los procesos jurisdiccionales –electorales y no electorales– son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.

En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:

<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros).

[…]

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

2.1. En el presente caso, corresponde determinar si la exclusión del señor candidato se encuentra conforme a derecho. En concreto, corresponde establecer si la omisión de consignar en el rubro V de su DJHV, la sentencia condenatoria firme recaída en el Expediente N° 1119-2006, por el delito de apropiación ilícita, configura la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP, aun cuando la organización política sostenga que dicha omisión fue involuntaria y que el señor candidato consideraba encontrarse rehabilitado conforme al artículo 69 del Código Penal.

2.2. Sobre el particular, cabe recordar que la DJHV constituye uno de los principales mecanismos de transparencia del proceso electoral, pues permite que la ciudadanía conozca información relevante acerca de quienes aspiran a ejercer cargos de elección popular. Su finalidad consiste en brindar al electorado información completa, veraz y oportuna respecto de los antecedentes personales y judiciales de los candidatos, a fin de favorecer la emisión de un voto informado y responsable (ver SN 1.9.).

2.3. Precisamente por la relevancia de dicha información, el inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP establece expresamente que la DJHV debe contener la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, incluyendo aquellas con reserva de fallo condenatorio. A su vez, el numeral 23.5 del mismo artículo dispone que la omisión de dicha información da lugar al retiro del candidato hasta treinta (30) días calendario antes del día de la elección. Por tanto, se trata de un deber objetivo de información impuesto directamente por la legislación electoral.

2.4. De los actuados se advierte que, mediante el Informe N° 000002-2026-WAH-JEEHUAMANGA-ERM2026/JNE, el fiscalizador de hoja de vida comunicó que el señor candidato registraba una sentencia condenatoria firme recaída en el Expediente N° 1119-2006, emitida por el Sexto Juzgado Penal de Huamanga, por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de apropiación ilícita. Conforme a la información oficial proporcionada por el Poder Judicial, mediante sentencia del 4 de noviembre de 2008 se le impuso dos (2) años de pena privativa de libertad, con ejecución suspendida por el periodo de un (1) año, así como el pago de S/ 500.00 por concepto de reparación civil, habiendo adquirido dicho pronunciamiento la calidad de consentido y ejecutoriado. Sin embargo, en el rubro V de su DJHV, referido a la relación de sentencias, el señor candidato declaró no tener información por registrar.

2.5. Frente a ello, la señora recurrente no cuestiona la existencia de la referida sentencia ni que esta haya sido omitida en la DJHV. Por el contrario, sostiene que dicha omisión fue involuntaria, pues al efectuar una consulta en el sistema del Poder Judicial no aparecía antecedente alguno relacionado con dicho proceso, circunstancia que habría llevado al señor candidato a considerar que no existía información que debiera declarar. Asimismo, señala que este entendía encontrarse rehabilitado conforme al artículo 69 del Código Penal, al haber cumplido las reglas de conducta y efectuado el pago de la reparación civil correspondiente.

2.6. Dichos argumentos no pueden ser estimados. El inciso 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP establece de manera expresa la obligación de consignar las sentencias condenatorias firmes impuestas por delitos dolosos, sin condicionar dicho deber a que estas continúen apareciendo en un sistema de consulta de antecedentes o a la apreciación subjetiva del candidato respecto de los efectos jurídicos que pudiera producir su rehabilitación. En consecuencia, una vez acreditada la existencia de una sentencia condenatoria firme por delito doloso, esta debía ser necesariamente consignada en la DJHV.

2.7. En esa misma línea, el hecho de que la sentencia no se hubiera visualizado en la consulta realizada por el señor candidato ante el sistema del Poder Judicial tampoco lo eximía de cumplir con su deber de declaración. El artículo 10 del Reglamento de la DJHV establece que la información contenida en dicho formato es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, por lo que corresponde a este proporcionar información completa, veraz y exacta respecto de aquellos datos que la normativa electoral exige declarar. Así, la ausencia de información en determinado sistema de consulta no traslada a la administración electoral ni al Poder Judicial la responsabilidad personal que corresponde al candidato respecto de su propia trayectoria judicial (ver SN 1.7.).

2.8. De otro lado, respecto del argumento referido a que el señor candidato se encontraba rehabilitado conforme al artículo 69 del Código Penal, corresponde distinguir los efectos propios de dicha institución penal del deber de transparencia establecido por la legislación electoral. La rehabilitación produce consecuencias en el ámbito jurídico-penal respecto de la situación del condenado; sin embargo, ello no extingue ni modifica la obligación electoral de consignar en la DJHV la existencia de una sentencia condenatoria firme por delito doloso. En ese sentido, la circunstancia de encontrarse rehabilitado no determina que la sentencia deje de existir jurídicamente ni que desaparezca el deber de poner dicha información en conocimiento de la ciudadanía (ver SN 1.3., 1.4 y 1.8.).

2.9. En efecto, la controversia del presente procedimiento no está dirigida a determinar si la sentencia condenatoria constituye, por sí misma, un impedimento para que el señor candidato ejerza su derecho de participación política, sino a establecer si cumplió con la obligación legal de declarar dicha sentencia en su DJHV. Se trata, por tanto, de dos ámbitos jurídicos distintos: por un lado, los efectos que la rehabilitación genera en materia penal y, por otro, el deber de transparencia electoral que exige informar al electorado sobre la existencia de sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos. Por ello, la rehabilitación alegada no desvirtúa la infracción materia del presente procedimiento.

2.10. Tampoco resulta atendible el argumento referido a que la omisión habría sido involuntaria o que el abogado defensor del señor candidato no le habría comunicado oportunamente la conclusión del proceso, la sentencia y sus consecuencias. Ello es así porque la configuración de la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP parte de la constatación objetiva de tres elementos: i) la existencia de una sentencia condenatoria firme por delito doloso; ii) el deber legal del candidato de declararla; y iii) su omisión en la DJHV. En el presente caso, los tres elementos se encuentran acreditados, por lo que las alegaciones de desconocimiento, error, ausencia de intención de ocultamiento o falta de información por parte de su abogado no desvirtúan el incumplimiento verificado.

2.11. En consecuencia, al encontrarse objetivamente acreditado que el señor candidato omitió consignar en su DJHV una sentencia condenatoria firme por delito doloso que debía ser declarada conforme al numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP, se configura el supuesto previsto en el numeral 23.5 del citado artículo, correspondiendo aplicar la consecuencia jurídica establecida por el legislador, esto es, la exclusión del candidato, de conformidad con la LOP, el Reglamento de Inscripción y el Reglamento de la DJHV (ver SN 1.4., 1.6. y 1.8.).

2.12. Por las consideraciones expuestas, este Supremo Tribunal Electoral concluye que los agravios formulados por la señora recurrente no desvirtúan los fundamentos de la resolución venida en grado, toda vez que la omisión de declarar la sentencia condenatoria firme atribuida al señor candidato se encuentra plenamente acreditada y configura la infracción prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP. En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución venida en grado.

2.13. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse según lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.11).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

1. Declarar INFUNDADO, por mayoría, el recurso de apelación interpuesto por doña Melisa Tovar Auccapuclla, personera legal titular de la organización política Podemos Perú; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 01556-2026-JEE-HMGA/JNE, del 1 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huamanga, que dispuso la exclusión de don Leoncio Jaime Curo, candidato a regidor del Concejo Distrital de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General.

SS.

BURNEO BERMEJO

TORRES CORTEZ

OYARCE YUZZELLI

Clavijo Chipoco

Secretaria General

Expediente N° ERM.2026034035

SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

JEE HUAMANGA (ERM.2026028232)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026

APELACIÓN

Lima, 25 de agosto de 2026

EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:

Con el debido respeto a la posición asumida por la mayoría del Pleno, que declara infundado el recurso de apelación y confirmar la Resolución N° 01556-2026-JEE-HMGA/JNE, del 1 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huamanga (JEE). En tal sentido, emito el presente voto en minoría, con base en las razones que expongo a continuación:

DERECHO CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (art. 31 Constitución), por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede significar que la norma sea desproporcionada o irrazonable.

2. En efecto, “La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” (Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, c. 206).

ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES

3. Pues bien, la LOP (art. 23.5) establece que la omisión en la declaración de sentencias condenatorias firmes, incluso con reserva de fallo, produce la exclusión del candidato. La citada norma cumple la reserva de ley orgánica; no es discriminatoria, pues se aplica a toda persona que se encuentre en la misma situación; cumple un propósito útil, en tanto permite que la ciudadanía cuente con información relevante para su toma de decisiones; pero la pregunta que sigue es si resulta necesaria para resguardar el fin legítimo antes señalado, o si, por el contrario, existen medidas alternativas que sean menos gravosas para el derecho fundamental y que logren la misma finalidad.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado: “la necesidad de contar con una justicia electoral tuitiva, y puso de relieve que el JNE debe ejercer sus competencias privilegiando el derecho fundamental a la participación política; y que, para tal fin, debe utilizar los mecanismos jurídicos a su disposición, tales como el control difuso de constitucionalidad y el test de proporcionalidad de derechos, cuando corresponda. Más aún cuando, en los hechos, dicho órgano termina siendo el guardián principal de este derecho fundamental, en la medida en que los pronunciamientos judiciales posteriores llegan, generalmente, en forma tardía, cuando se ha configurado la sustracción de la materia y la irreparabilidad de los derechos” (Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, concordante con STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36)

4. La declaración jurada es un instrumento de transparencia por el que la ciudadanía puede ejercer un voto informado (fin legítimo), y, bajo esa premisa, la LOP ha establecido casos en los que la omisión de informar sobre circunstancias personales determina la exclusión del candidato (consecuencia más gravosa para el derecho de ser elegido, pues le impide de plano esa posibilidad). Sin embargo, la finalidad de transparencia puede lograrse en la misma medida, con medidas menos lesivas para el derecho fundamental, tal como la adecuada publicidad de la sentencia condenatoria mediante el sistema de anotaciones marginales en la declaración del candidato, lo cual podría realizarse con el informe de fiscalización, por lo que la ciudadanía tendría la información a su alcance, además de llamadas o íconos en la página web del JNE respecto a los “infractores” de la transparencia, sin perjuicio de otras medidas complementarias (administrativo sancionador y/o penal). En consecuencia, bajo el esquema planteado, el derecho de ser elegido (art. 31 Constitución) podría mantenerse; mientras el fin de conocer las sentencias condenatorias también se logra con la misma eficacia de la declaración jurada (publicidad), pero, claro está, la omisión produciría otras consecuencias, tales como una publicidad negativa (ícono de infractores), económicas y penales. La conclusión es que la exclusión no es necesaria para resguardar el fin de poner en conocimiento las sentencias de condena penal.

5. En el caso concreto, la cuestión controvertida se centra en determinar la consecuencia jurídica de la omisión de informar una sentencia condenatoria firme o con reserva de fallo condenatorio, pues, si bien el art. 23.5 LOP establece la exclusión del candidato como única alternativa, sin embargo, ello no resiste el test de proporcionalidad conforme los términos antes planteados, pues la restricción no es necesaria para lograr el fin legítimo en un Estado Democrático de Derecho, por lo que corresponde realizar el control difuso de esa norma, con la consiguiente inaplicación en este caso, bajo la premisa que el JNE constituye un tribunal supremo electoral, que ejerce funciones jurisdiccionales, por lo que se incluye en la hipótesis del art. 138 Constitución (Pleno TC. Sentencia 171-2025, f. 19).

Es más, cabe observar en este caso, una incoherencia valorativa del sistema jurídico electoral en general, pues la sentencia condenatoria firme del postulante no le impediría participar en la contienda electoral, por efecto de la rehabilitación; por tanto, si sentencia por delito (hecho) no produce exclusión ni impedimento -sin prejuzgar gravedad, circunstancias, tiempo u oportunidad-, entonces tampoco podría producirlo la falta de “declaración” de ese mismo delito (omisión de información), con lo que se llegaría a la paradoja que la “declaración de un hecho” (o su ausencia) resulta más grave que el “hecho” mismo, lo cual constituye una incoherencia que reafirma la conclusión de que el art. 23.5 LOP no es constitucional.

SUBSISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN REFERENTES A CONDENAS PENALES

6. El control difuso de constitucionalidad que descarta el art. 23.5 LOP no elimina los diversos impedimentos de postulación referentes a condenas penales, que se mantienen subsistentes, tales como los siguientes:

6.1 Personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por comisión de delito doloso (art. 34-A Constitución). Es necesario señalar que esta restricción opera en el ámbito estricto de la postulación, esto es, hasta el momento de la inscripción definitiva del candidato, conforme el indicado texto normativo. Luego de ello, por efecto de la preclusión electoral (art. XI título preliminar LOE), una sentencia condenatoria en primera instancia, sin firmeza, no produce el efecto jurídico de impedimento, luego de superada la etapa de preclusión.

6.2 Personas condenadas a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso (art. 8.1.g LEM y art. 14.5.f LER), en el que se admite la rehabilitación del condenado para eliminar los efectos negativos de la pena, pues la sobrevivencia del impedimento en ciertos tipos penales, incluso con rehabilitación, según Ley 30717 (arts. 1, 2, 3) fue declarado inconstitucional (Exp. N° 00005-2020-PI/TC).

6.3 Personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, “aun cuando hubieran sido rehabilitados” (art. 8.1.h LEM y art. 14.5.g LER).

7. La gravedad de una sanción que se impone por tiempo indefinido, según la hipótesis prevista en el c. 6.3 precedente, exige que se realice un control de constitucionalidad:

En primer lugar, los derechos y libertades fundamentales se interpretan conforme los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú (Cuarta Disposición Final y Transitoria Constitución), por lo que, los derechos políticos deberán entenderse según el art. 23 Convención Americana de Derechos Humanos, concordante con la interpretación realizada por la Corte Interamericana, de cuyo mérito se interpreta que toda restricción del derecho a ser elegido debe basarse en la ley, no ser discriminatoria, sustentarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Caso Yatama vs. Nicaragua). En este contexto, el impedimento de postulación, si bien basada en una ley, sin embargo, solo se produce en ciertos delitos, ni siquiera en los más graves, pero no en muchos otros que producen mayor afectación a los diversos bienes jurídicos protegidos, por lo que se trata de una disposición discriminatoria, contraria al principio de igualdad, y no justificada, en cuanto no se sustenta en criterios razonables; por tanto, constituye una disposición restrictiva no compatible con la Constitución (art. 31) y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23).

En segundo lugar, una pena indefinida o perpetua tampoco se adecua con la finalidad resocializadora de cualquier sanción penal (art. 139 inc. 22 Constitución), pues la comisión de un delito se convertiría en un lastre, tacha o mancha vitalicia, una especie de “muerte civil”, sin posibilidad de recuperar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, pese a la rehabilitación ya lograda, lo que no puede ser compatible con la dignidad de la persona humana (art. 1 Constitución).

En virtud de lo expuesto, el art. 8.1.h LEM y el art. 14.5.g son directamente contrarios a la Constitución y CADH, por lo que el intento de reducir sus efectos mediante la imposición jurisprudencial de un plazo de vigencia del impedimento -diez años-, según la Res. N° 085-2026-JNE, no es suficiente para lograr la compatibilidad, pues extiende una condena más allá de su vigencia; por tanto, la única alternativa jurídica consiste en inaplicar totalmente dicha disposición en el caso concreto, según la potestad de control difuso de la constitucionalidad (arts. 138 y 181 Constitución, concordante con doctrina del Tribunal Constitucional expresada por Pleno TC. Sentencia 171/2025, f. 19, y antes STC N° 01648-2023-PA/TC, f. 36).

8. La inaplicación del mandato contenido en el art. 23.5 LOP no impide que el sistema electoral utilice los instrumentos de la tacha y exclusión para fines de detectar candidatos incursos en causales de impedimento, sea por condenas penales vigentes o condenas en primera instancia al momento de la postulación.

CONCLUSIÓN

9. La resolución apelada es nula, en tanto se ha excluido un postulante por una causal no compatible con la Constitución, pero igual corresponde que se evalúen las situaciones legales de impedimento basadas en sentencias penales, máxime cuando hubiese un Informe de Fiscalización, que se presume cierto, o solicitud de tacha, por lo que el postulante tendrá que desvirtuarlo en el plazo perentorio e improrrogable de un día para efecto de acreditar la rehabilitación u otra causa de pérdida de vigencia de la condena, y, luego, corresponderá emitir la decisión respectiva.

En virtud de tales consideraciones, MI VOTO es por declarar FUNDADA la apelación, por tanto, NULA la resolución recurrida, OTORGAR un día al recurrente para formular descargo en el plazo de un día, y, luego de ello, con lo actuado, el JEE deberá emitir en forma inmediata un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos antes indicados.

S.

GONZALES BARRÓN

Clavijo Chipoco

Secretaria General

1 Aprobado por la Resolución N° 0846-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

2 Aprobado con la Resolución N° 0848-2025-JNE, publicada el 6 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

3 Aprobado por Resolución N° 0830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

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