Resolución de Consejo Directivo que resuelve los recursos de reconsideración interpuestos por las empresas Electrocentro, Electronorte, Hidrandina y Electronoroeste contra la Resolución N° 174-2025-OS/CD que aprobó los TDR para la Elaboración del Estudio de Costos del VAD, periodos de noviembre de 2026 a octubre de 2030 y de noviembre de 2027 a octubre de 2031

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN

N° 31-2026-OS/CD

Lima, 26 de febrero del 2026

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que, mediante Resolución N° 174-2025-OS/CD (“Resolución 174”), publicada el 19 de diciembre de 2025, el Consejo Directivo de Osinergmin aprobó los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribución (“VAD”) para los periodos de noviembre de 2026 a octubre de 2030 y de noviembre de 2027 a octubre de 2031 (“TDR”);

Que, el 15 de enero de 2026, las empresas: Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. (“Electrocentro”), Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (“Electronorte”), Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. (“Hidrandina”), y Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (“Electronoroeste”), interpusieron sus recursos de reconsideración contra la Resolución 174. Las mencionadas empresas serán denominadas en su conjunto como “Distriluz”;

2. SOBRE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, Electrocentro, Electronorte, Hidrandina y Electronoroeste solicitan que se declare la nulidad parcial de los TDR aprobados mediante la Resolución 174 y se apruebe los nuevos TDR con las modificaciones de los siguientes extremos:

2.1. Declarar la nulidad parcial de los TDR;

2.2. Presentar los criterios y metodología para la determinación de las pérdidas estándares;

2.3. Reconocer en las tarifas las inversiones propuestas para la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas;

2.4. Establecer de manera expresa la acción metodológica en el Estudio de caracterización de la carga;

2.5. Inaplicar los factores de proporcionalidad en la determinación del VAD para sectores distintos al SER;

2.6. Precisar el tratamiento de zonas corrosivas;

2.7. Incluir en los TDR que los Estudios de Costos deben ser elaborados considerando el cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (“LCE”) en todas las etapas del proceso de fijación;

2.8. Precisar que los costos de actividades de mantenimiento reconocen el costo de stock de los materiales empleados en esas actividades, el cual es un porcentaje del costo de material;

2.9. Incluir en los TDR que los costos de operación y mantenimiento serán calculados con criterios estandarizados;

2.10. Establecer que el porcentaje de envío del recibo digital electrónico debe calcularse sobre los usuarios que hayan otorgado su aceptación expresa;

2.11. Incorporar un factor de ajuste que reconozca el costo diferencial de incorporar un trabajador actualmente tercerizado a planilla;

2.12. Incluir el reconocimiento de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) del costo personal propio;

2.13. Incorporar en los TDR la consideración de las actividades normativamente obligatorias dentro de los procesos;

2.14. Precisar que dentro de los costos por comunicaciones regulatorias se incluyen explícitamente las actividades de difusión obligatoria;

2.15. Precisar que el sustento de los tiempos de desplazamiento pueda realizarse mediante mecanismo alternativos técnicamente válidos;

2.16. Precisar en los TDR los criterios mínimos de suficiencia y consistencia técnica para el sustento de la estructura de recursos humanos;

2.17. Precisar en los TDR el sustento de los costos de personal;

2.18. Precisar en los TDR sobre factores correctores por condiciones diferenciadas;

3. ACUMULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR LOS RECURSOS

Que, en el artículo 160 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante “TUO de la LPAG”), se establece que la autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución irrecurrible, la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión;

Que, de la revisión de los recursos de reconsideración formulados por las empresas Electrocentro, Electronorte, Hidrandina y Electronoroeste, se observa la naturaleza conexa de sus petitorios, los cuales no confrontan intereses incompatibles, sino que más bien, comparten el mismo contenido, por lo que resulta procedente que el Consejo Directivo de Osinergmin, como órgano competente, disponga la acumulación de los procedimientos originados por la presentación de los citados recursos de reconsideración, a efectos de que sean tramitados y resueltos conjuntamente en decisión única, mediante resolución;

Que, la acumulación en cuestión, cumple con el principio de eficiencia y efectividad, contenido en el artículo 14 del Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, por cuanto procura la eficiencia en la asignación de recursos y el logro de los objetivos al menor costo para la sociedad en su conjunto;

4. SUSTENTO DEL PETITORIO Y ANÁLISIS DE OSINERGMIN

4.1. Sobre la solicitud de nulidad parcial de los TDR

Argumentos de las recurrentes

Que, Distriluz solicita como parte de su petitorio que se declare la nulidad parcial de los TDR aprobados mediante Resolución 174, y se modifique en los extremos que se encuentran detallados y fundamentados en sus recursos y se aprueben los nuevos TDR con las modificaciones respectivas;

Análisis de Osinergmin

Que, no se ha evidenciado la configuración de ninguna de las causales de nulidad de un acto administrativo establecidas en el artículo 10 del TUO de la LPAG, toda vez que la Resolución 174 ha sido emitida cumpliendo con cada uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, pues se ha emitido por el órgano competente; su objeto o contenido es inequívoco; persigue una finalidad pública; se encuentra debidamente motivado tanto técnica como legalmente; y se ha cumplido el procedimiento previsto para su generación y conforme al marco jurídico vigente;

Que, el hecho de que las recurrentes no se encuentran de acuerdo con una decisión del Osinergmin no implica que la Resolución 174 esté afectada de nulidad total o parcial como plantean las recurrentes. Así, al haber actuado Osinergmin en el marco de sus competencias dando cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes, el acto administrativo emitido no adolece de ningún vicio de nulidad;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar no ha lugar la solicitud de nulidad parcial planteada por las recurrentes;

4.2. Sobre el cálculo de las pérdidas estándares

Argumentos de las recurrentes

Que, Distriluz señala que Osinergmin ha venido aplicando criterios desiguales para fijar las pérdidas técnicas estándares en las distintas empresas, lo cual históricamente no ha dejado claro los criterios y tampoco existe una relación de los tipos de pérdidas que se deben tomar en cuenta para fijar las pérdidas técnicas reconocidas en las tarifas en MT y BT. Indica que, las pérdidas reconocidas en una empresa resultan casi el doble que en otra distribuidora similar;

Que, solicita presentar los criterios y metodología para la determinación de las pérdidas estándares en las componentes de la red de distribución eléctrica;

Análisis de Osinergmin

Que, los factores de expansión de pérdidas varían entre empresas porque cada sistema de distribución tiene características físicas, operativas y de demanda únicas, estos factores reflejan las condiciones particulares y la realidad operativa de cada red. No todas las empresas operan las mismas redes eléctricas, ni el mismo entorno, ni la misma carga, ni tienen la misma eficiencia;

Que, asimismo, corresponde señalar que, los TDR precisan en su numeral 6.9 los criterios y estructuración “por etapas”, del cálculo de pérdidas estándar;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.3. Sobre los planes de reducción de Pérdidas No Técnicas y las metas

Argumentos de las recurrentes

Que, Distriluz señala que Osinergmin está solicitando, que en este proceso VAD, las empresas presenten sus planes de reducción de pérdidas y fijar metas de alcanzables de reducción proyectadas hasta el 2031;

Que, solicita reconocer en las tarifas las inversiones propuestas para la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, que propongan las empresas en sus planes hasta el 2031. Al respecto, indica que existe jurisprudencia en Colombia (Resolución CREG 015 de 2018);

Análisis de Osinergmin

Que, los planes de reducción de pérdidas (técnicas y no técnicas) y sus metas constituyen información de sustento relevante para la evaluación técnica y económica del reconocimiento de pérdidas, en el objetivo de identificar medidas, herramientas y acciones de gestión orientadas a la reducción de pérdidas y a la mejora de la eficiencia del servicio. El marco regulatorio vigente permite que las empresas pueden presentar metodologías, acciones y herramientas para reducir sus niveles de pérdidas las que se pueden canalizar a través de su propuesta de proyectos de innovación tecnológica;

Que, la definición de metas a un horizonte ampliado (p. ej. 2031) responde a la necesidad de contar con una visión de mediano plazo de la gestión de pérdidas. Ello no constituye un pronunciamiento regulatorio de reconocimiento tarifario de inversiones para todo el horizonte propuesto, sino un insumo para el análisis del proceso dentro del marco temporal y metodológico del VAD;

Que, la referencia a esquemas aplicados por otros reguladores en la región, que corresponde al modelo regulatorio implementado en dicha realidad, no resulta vinculante para el proceso VAD en el Perú, el cual se rige por el marco normativo nacional y por la metodología establecida en los TDR;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.4. Sobre el Estudio de Caracterización de la Carga

Argumentos de las recurrentes

Que, Distriluz indica que, sobre la etapa III del Anexo 4_Estudio de caracterización de la carga: criterios de selección de la muestra - estratificación de las subestaciones de distribución MT/BT (BT5B), se obtienen resultados en los cuales algunos estratos presentan un valor de Ni menor a uno (1). Asimismo, se ha identificado la existencia de estratos en los que el tamaño de muestra calculado resulta mayor que el universo de SEDs del propio estrato;

Que, solicita establecer de manera expresa la acción metodológica a aplicar, tanto para los estratos cuyo Ni<1 como para aquellos en los que el tamaño de muestra excede al universo del estrato, a fin de garantizar la consistencia estadística del procedimiento y la correcta aplicación de la metodología de muestreo;

Análisis de Osinergmin

Que, en atención al sustento técnico desarrollado en numeral 4.3 del análisis del Informe Técnico N° 109-2026-GRT/OS, cuando el valor calculado supere el universo de SED MT/BT del estrato, corresponde fijar el tamaño de muestra igual al número total de SED del estrato (distrito), es decir, realizar un censo en dicho estrato. De otro lado, en los casos en que 0<Ni<1 y el estrato cuente con SED BT5B, se considerará un tamaño mínimo de una SED en el estrato, efectuando los ajustes proporcionales necesarios en los demás estratos para mantener la coherencia con el tamaño total de muestra NSE;

Que, estas reglas de redondeo y ajuste son consistentes con la teoría del muestreo estratificado y permiten garantizar la consistencia estadística y la correcta aplicación de la metodología de asignación de muestra, sin modificar la fórmula definida en los TDR. En tal sentido, se acoge la observación en cuanto a la necesidad de precisar el tratamiento de los casos Ni<1 y Ni mayores al universo del estrato, incorporando en el documento metodológico del ECC las reglas descritas para la obtención de los tamaños efectivos de muestra por estrato;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.5. Sobre la aplicación del Factor de Proporción de Inversiones

Argumentos de las recurrentes

Que, Distriluz señala que en los TDR se ha establecido que en caso se identifiquen inversiones en zonas rurales dentro de los sistemas eléctricos calificados como sector típico 2, 3 o 4, realizadas con fondos proveniente del Estado, el cálculo de la tarifa se realizará usando factores de proporción, similar a lo especificado en artículo 37 del Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural. Al respecto, sostiene que Osinergmin carece de competencia para aplicar factores de proporción en los sectores típicos 2, 3 o 4, y cita doctrina y el artículo 72 del TUO de la LPAG sobre la competencia administrativa;

Que, agrega que en el artículo 37 del RLGER se regula el procedimiento para el cálculo de la tarifa para los SER, y que es en dicho procedimiento, no en otro, que el Osinergmin está habilitado (facultado) a fijar los factores de proporción aplicables, y que a la fecha no existe una norma que le faculte a Osinergmin a fijar factores de proporción en la fijación de la tarifa eléctrica para sectores que no son SER. Señala que, de la Quinta Disposición Complementaria Final del RLGER que fue citada en el Informe Legal N° 821-2023-GRT, no se deduce la existencia de ninguna norma que confiera a Osinergmin la competencia para aplicar un Factor de Proporción de Inversiones del Estado en sectores típicos distintos al SER. Indica que el acto administrativo que se emita en relación con esta materia será considerado nulo, pues se vulnerarían los artículos 3 y 72 del TUO de la LPAG;

Que, solicita que mientras no se le otorgue a Osinergmin la competencia para aplicar los factores de proporcionalidad en la determinación del VAD para sectores distintos al SER, no podrá emitir un acto administrativo en tal sentido;

Análisis de Osinergmin

Que, respecto a los factores de proporción, Osinergmin de ningún modo desconoce que su competencia y la metodología empleada para la realización de su función reguladora, proviene del marco regulatorio vigente, el cual incluye la Constitución Política del Perú, la LGER, el RLGER, el TUO de la LPAG, entre otras disposiciones;

Que, en efecto, como se señaló en el Informe Legal N° 821-2023-GRT, el Tribunal Constitucional, a través del fundamento 41 de la Sentencia del Expediente 005-2003-AI/TC, ha recomendado la adopción de medidas legales y administrativas que permitan que las entidades, que forman parte del Poder Ejecutivo, actúen de manera adecuada en pro de la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, y del interés público, para lo cual las entidades, como Osinergmin, deben tutelar que la prestación del servicio se realice en óptimas condiciones y a un costo razonable. Ello se encuentra en línea con el artículo 86.8 del TUO de la LPAG donde se establece como deber de la autoridad en los procedimientos, el interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin público al cual se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados. Por tanto, la afirmación de las recurrentes referidas a que Osinergmin carece de competencia es incorrecta;

Que, en esa línea, en la Quinta Disposición Complementaria Final del RLGER se establecía la obligación de los operadores y/o administradores de instalaciones de electrificación rural de solicitar a la DGE la regularización de la calificación SER, constituyendo un abuso de derecho de parte de las empresas de distribución eléctrica, el pretender que no se les aplique el factor de proporción a las inversiones financiadas con recursos del Estado cuya regularización de calificación como SER se encontraba, en principio, bajo su esfera de control, ya sea porque no iniciara el trámite o no subsanara observaciones ante el MINEM. Tampoco sería justificable que, si aun habiendo iniciado el trámite de calificación de SER, la sola demora en la expedición de la resolución de calificación por parte de la autoridad competente, podría generarle el derecho a rentar por una inversión que no ha efectuado, incluir la inversión del Estado y que ello se incluya en la tarifa que deba pagar el usuario;

Que, el pretender que una interpretación literal de la norma, respecto a que la calificación SER solamente es dada por el MINEM a fin de que no se apliquen los factores de proporción (lo que encarece injustificadamente la tarifa), pese a que, en sectores distintos al SER, se identifiquen instalaciones rurales financiadas con recursos del Estado, constituiría un abuso de derecho no permitido por la Constitución. Precisamente, respecto del abuso de derecho recogido en el artículo 103 de la Constitución y en el artículo II del Título Preliminar del Código Civil, se establece: “La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho”;

Que, en el caso en particular, constituiría un abuso de derecho en perjuicio de los usuarios del servicio público de distribución eléctrica, la omisión de las empresas de distribución eléctrica de cumplir con lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final del RLGER o de ser el caso, la demora de la autoridad competente en expedir la respectiva resolución, y con ello buscar la no aplicación de los factores de proporción aun cuando se identifiquen instalaciones de electrificación rural financiados con recursos del Estado sobre las que la empresa no acredite que ha efectuado la inversión con fondos propios;

Que, la actuación de Osinergmin no es desconocida para las recurrentes, teniendo en cuenta que en la regulación del VAD del periodo 2023-2027, a todas se les indicó en las observaciones a sus respectivos estudios de costos que debían reportar correctamente las instalaciones de distribución eléctrica construidas con fondos provenientes del Estado; y que en caso dichas instalaciones hayan sido construidas con inversión de la misma concesionaria, debían presentar la información que sustente las inversiones realizadas por la empresa, asimismo por cada proyecto u obra se le requirió presentar determinada información, como el código de proyecto, año de conclusión, monto total, entre otros datos relevantes;

Que, por tanto, corresponderá a las empresas presentar los sustentos que acrediten las inversiones realizadas con fondos propios, a efectos de que, tal como lo solicitan, luego de la validación por parte del área técnica de Osinergmin, los factores de proporción no sean aplicados en dichos casos. Cabe señalar que, como se ha indicado en la matriz de análisis de comentarios de su representada contenida en el Anexo 1 del Informe Técnico N° 878-2025-GRT, los TDR no contienen un método único de acreditación de inversiones, dada la heterogeneidad de las modalidades observadas en los casos analizados. En ese sentido, el texto publicado otorga una amplia gama de fuentes de sustento que la empresa puede presentar, las cuales estarán sujetas a revisión y validación por parte de Osinergmin;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.6. Sobre los parámetros y criterios contemplados en la Guía VNR

Argumentos de las recurrentes

Que, Distriluz señala que la respuesta a su opinión 18 a la prepublicación de los TDR no precisa el marco técnico que debe aplicarse para la determinación de zonas corrosivas en el modelo georreferenciado, limitándose a señalar que el cálculo considera el caso específico de contaminación salina conforme a criterios históricos del VAD. Agrega que, resulta técnicamente consistente que la identificación de zonas con contaminación salina u otras condiciones ambientales se sustente en criterios objetivos, homogéneos y verificables, compatibles con el enfoque VNR GIS ya aplicado por el propio regulador;

Que, solicita que se precise expresamente si para la identificación y tratamiento de zonas corrosivas corresponde aplicar los lineamientos de la Guía de Elaboración del VNR o lo dispuesto en los TDR del VAD; y, de optarse por estos últimos, se definan de manera explícita los criterios técnicos y verificables que deberán utilizarse para dicha clasificación;

Análisis de Osinergmin

Que, al respecto, corresponde señalar que la Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) establece criterios para la valorización de las instalaciones de distribución eléctrica sobre la base de tipologías constructivas y condiciones de diseño representativas de una empresa eficiente, considerando, entre otros aspectos, las condiciones ambientales que afectan la vida útil y los materiales de las instalaciones;

Que, en dicho marco, tanto en la Guía del VNR como en los procesos tarifarios anteriores, la principal condición ambiental incorporada de manera explícita y sistemática ha sido la contaminación salina, por constituir el factor predominante de corrosión que afecta a la mayor proporción de redes de distribución, particularmente en zonas costeras y de influencia marina. Este criterio ha sido aplicado históricamente en los estudios VAD, y se encuentra reflejado en los modelos georreferenciados utilizados por el regulador en los procesos de fijación del VNR;

Que, en ese sentido, la respuesta emitida por Osinergmin es consistente con la Guía de Elaboración del VNR, en tanto no existe en dicha Guía una metodología diferenciada ni una clasificación ambiental multivariable obligatoria (humedad, tipo de suelo, contaminantes específicos u otros factores climáticos) para la delimitación de zonas corrosivas con efectos regulatorios generales. La Guía reconoce el tratamiento de condiciones ambientales relevantes, pero no exige la definición de criterios adicionales distintos a los históricamente considerados, ni establece la obligación de incorporar estudios especializados para cada concesión;

Que, asimismo, los TDR no sustituyen ni modifican los criterios técnicos de la Guía del VNR, sino que la complementan dentro del marco metodológico del proceso tarifario. En ese contexto, la referencia al caso específico de contaminación salina no constituye una omisión metodológica, sino la aplicación del criterio técnico que ha demostrado ser homogéneo, verificable y consistente en los procesos regulatorios anteriores;

Que, si bien es cierto que la identificación de otras condiciones ambientales podría resultar relevante en casos particulares, su incorporación como criterio general obligatorio no se encuentra prevista ni en la Guía del VNR ni en la práctica regulatoria vigente, y podría introducir heterogeneidad metodológica y discrecionalidad en el diseño de la empresa modelo eficiente;

Que, en consecuencia, no corresponde precisar criterios adicionales ni definir una metodología distinta a la históricamente aplicada para la identificación de zonas corrosivas, manteniéndose como referencia el tratamiento de la contaminación salina conforme a los criterios del VAD y la Guía de Elaboración del VNR;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.7. Sobre la inclusión del artículo 67 de la LCE en los TDR

Argumentos de las recurrentes

Que, Distriluz solicita que se incluya expresamente en el numeral 2: Antecedentes y en el numeral 16 del Anexo 7 de los TDR, que los Estudios de Costos deben ser elaborados considerando el cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 de la LCE en todas las etapas del Proceso de Fijación;

Que, indica que, en todos los Procesos VAD anteriores los Revisores que Contrata Osinergmin, son los que elaboran los archivos de sustento de cálculo en los que se sustentan los precios aprobados, por lo cual es razonable que las Distribuidoras pidan que estos cálculos de los Revisores cumplan las exigencias de los TDR;

Análisis de Osinergmin

Que, conforme a lo dispuesto en el literal c) del artículo 146 del Reglamento de la LCE, en los TDR se definen los criterios económicos aplicables a los estudios de costos de los sistemas eléctricos de las empresas concesionarias. Estos criterios tienen carácter vinculante para las empresas distribuidoras, las cuales deben ajustar sus estudios a los lineamientos técnicos y económicos allí establecidos;

Que, por su parte, en el artículo 67 de la LCE se regula una obligación de naturaleza distinta, dirigida exclusivamente a Osinergmin en su calidad de ente regulador. En dicha disposición se establece que la evaluación de los estudios de costos debe realizarse considerando criterios de eficiencia económica en las inversiones y en la gestión de un concesionario eficiente que opera en el país, así como el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Se trata, por tanto, de un mandato legal que orienta el ejercicio de la función reguladora de Osinergmin;

Que, desde esta perspectiva, resulta claro que la finalidad de los TDR no es reiterar ni trasladar las obligaciones legales que la LCE impone a Osinergmin, sino establecer las reglas técnicas y económicas que deben seguir las empresas para la elaboración de sus estudios de costos. La inclusión del cumplimiento del artículo 67 de la LCE en los TDR no solo resulta innecesaria, sino que podría generar confusión respecto a las disposiciones aplicables, pues se prevé implícitamente el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y no exclusivamente de determinados artículos;

Que, asimismo, el hecho de que en procesos VAD anteriores Osinergmin haya contratado revisores técnicos para la elaboración de archivos de sustento no modifica la naturaleza jurídica ni técnica de dichos insumos, los cuales forman parte del análisis interno del regulador y se encuentran igualmente sujetos al cumplimiento del artículo 67 de la LCE y su Reglamento, sin que ello implique la obligación de incorporar en los TDR una cláusula que extienda formalmente su alcance a todas las etapas del proceso;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.8. Sobre el “costo de stock” en las actividades de mantenimiento

Argumento de las recurrentes

Que, Distriluz solicita que, se incluya expresamente en el Anexo 7 de los TDR que los costos de las actividades de mantenimiento reconocen el “costo de stock” de los materiales empleados en las actividades de mantenimiento reconocidas por el VAD, el cual es un porcentaje del costo de material. Indica que este reconocimiento es consistente con el reconocimiento del costo directo de stock, reconocido en los costos regulados como costos estándares de distribución, costos de conexión, costos de mantenimiento de la conexión;

Que, expone dos ejemplos que explicarían la necesidad de tener a disposición los materiales en las actividades de mantenimiento preventivo de mejoramiento de puesta a tierra y correctivo de cambio de poste. Agrega que Osinergmin no aceptó su opinión 21 a la prepublicación de los TDR indicando que los costos de stock se encuentran implícitamente reconocidos en los costos de inversión; no obstante, indica que los costos de stock que solicitamos no son los que ya se reconocen en los Costos de Inversión, sino que son, los “costos de stock” de los materiales que se requieren para la ejecución de las actividades de mantenimiento. Menciona que su pedido no es sobre reconocimientos adicionales ni de una doble imputación, por lo que reafirma su opinión a la prepublicación de los TDR;

Análisis de Osinergmin

Que, se reitera el análisis y la respuesta al comentario 21 de Distriluz en la etapa de opiniones y sugerencias, mediante el cual se precisa que el modelo regulatorio de los costos de conexión no es el mismo al utilizado en la regulación del VAD. En este contexto, el modelo regulatorio del VAD reconoce los costos de inversión de una empresa modelo considerada como nueva, valorizados a costos de reposición eficientes. Dichos costos son determinados a través del Sistema de Costos de Distribución (SICODI), herramienta metodológica aprobada y utilizada por Osinergmin en los procesos de fijación del VAD, la cual incorpora los costos de los activos necesarios para la prestación del servicio conforme a estándares técnicos, normativos y de mercado vigentes. En este marco, los costos de stock se encuentran implícitamente reconocidos en los costos de inversión, en tanto forman parte del valor de reposición de los activos que integran la red de distribución;

Que, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el reconocimiento regulatorio de los costos de inversión está directamente vinculado a la vida útil de los activos. En consecuencia, dado que la expectativa de uso de los bienes de capital corresponde precisamente a dicha vida útil, no resulta regulatoriamente consistente reconocer costos de stock adicionales asociados a las actividades de operación y mantenimiento. Incluir este tipo de costos implicaría un doble reconocimiento, contraria a los principios de eficiencia económica y neutralidad tarifaria que rigen la regulación del VAD, así como a los criterios establecidos por Osinergmin en la determinación de costos estándar;

Que, asimismo, corresponde precisar que, ante la ocurrencia de fallas en equipos o instalaciones, el marco regulatorio contempla el reconocimiento de los gastos necesarios para la reposición del servicio a través de las actividades de mantenimiento correctivo. En dichos casos, se reconocen los costos directos de materiales y equipos requeridos para restituir la operatividad de la red, siempre que estos respondan a una gestión eficiente, diligente y técnicamente justificada, y se encuentren alineados con los costos de referencia definidos por el regulador;

Que, respecto a los ejemplos de mantenimiento preventivo y correctivo de puesta a tierra y cambio de postes que presenta la recurrente, efectivamente, se ha reconocido en los costos de instalación los respectivos costos de stock, en ese sentido, los materiales que involucran dichas actividades de mantenimiento ya tienen reconocidos esos costos, por lo cual, reconocer costo de stock a dichos materiales en los costos de mantenimiento, implicaría un doble reconocimiento de costo stock el cual nos sería eficiente;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.9. Sobre calcular los costos de las actividades de operación y mantenimiento considerando criterios estandarizados

Argumento de las recurrentes

Que, Distriluz solicita que, se incluya expresamente en los TDR que los costos de las actividades de Operación y Mantenimiento serán calculados con criterios estandarizados, lo cual reducirá el riesgo de discrecionalidad en la determinación de estos Costos de OyM, con independencia de los diferentes criterios aplicados por los revisores que Osinergmin contrate;

Que, agrega que Osinergmin no aceptó su opinión 22 a la prepublicación de los TDR, pese a que su pedido estaba orientado a que en la determinación de los costos de actividades de operación y mantenimiento se apliquen criterios homogéneos que reduzcan la subjetividad y asegure uniformidad. Afirma que, desde los Procesos 2022-2023 y también en estos próximos Procesos VAD 2026-2027, Osinergmin pretende implementar un módulo referido a los costos estándar de operación y mantenimiento de las instalaciones distribución eléctrica donde las empresas reportarán su información, similar al sistema de información SICODI, PRIE, el cual consideran necesario;

Análisis de Osinergmin

Que, de conformidad con la LCE y su Reglamento, la fijación del VAD se realiza sobre la base de una empresa modelo eficiente, considerando las características técnicas, geográficas y operativas propias de cada sistema de distribución. En ese marco, la regulación no impone un modelo único de costos de operación y mantenimiento aplicable de manera uniforme a todas las empresas, sino que establece principios, metodologías y criterios generales que permiten evaluar la eficiencia de los costos propuestos, asegurando que estos se encuentren alineados con estándares técnicos, normativos y de mercado. La diversidad de realidades operativas de las empresas distribuidoras —tales como densidad de red, condiciones geográficas, dispersión de la demanda, nivel de ruralidad, accesibilidad y características constructivas— hace inviable técnica y regulatoriamente la imposición de criterios totalmente homogéneos en la determinación de los costos de OyM, sin afectar el principio de eficiencia que sustenta el modelo VAD;

Que, sobre la alegada discrecionalidad de los revisores, corresponde indicar que: (i) los TDR no limitan la facultad de las empresas de proponer sus propios modelos de costos, en función de sus condiciones operativas específicas, (ii) las diferencias identificadas entre modelos de costos no responden a decisiones arbitrarias de los revisores, sino a la evaluación técnica de propuestas distintas presentadas por cada empresa, las cuales son analizadas bajo criterios de eficiencia, razonabilidad y consistencia con la normativa vigente, (iii) y el rol del revisor no es definir discrecionalmente los costos, sino verificar, contrastar y validar que los costos propuestos se ajusten al marco regulatorio y a los estándares técnicos aplicables. En ese sentido, la existencia de diferencias entre modelos de costos de distintas empresas no constituye evidencia de trato desigual ni de vulneración de los principios de predictibilidad o equidad, sino una consecuencia natural de la aplicación del enfoque de empresa modelo eficiente a realidades operativas heterogéneas;

Que, considerando que la empresa hace referencia a procesos de contratación realizados por Osinergmin para la determinación de costos estándar de inversión y de operación y mantenimiento, señalando que ello evidenciaría la necesidad de incorporar obligatoriamente criterios homogéneos en los TDR del VAD, corresponde precisar que: (i) los estudios y servicios de consultoría mencionados tienen por finalidad proveer insumos técnicos de referencia, mas no sustituir ni modificar el modelo regulatorio vigente del VAD ni imponer automáticamente un sistema único y obligatorio de determinación de COyM para todas las empresas, (ii) la eventual implementación de un sistema estandarizado de costos de operación y mantenimiento requeriría un procedimiento regulatorio específico, que incluya etapas de prepublicación, recepción de opiniones, evaluación de comentarios y aprobación, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 009-2024-JUS, y (iii) considerando la inminencia del inicio del proceso VAD 2026-2027, resulta regulatoriamente inviable incorporar, vía TDR, una metodología estandarizada de COyM que no ha sido previamente aprobada mediante el procedimiento correspondiente;

Que, la propuesta de la empresa de incorporar en los TDR una obligación de presentar los costos de OyM bajo modelos homogéneos definidos por Osinergmin excede el alcance de los TDR, los cuales tienen por objeto establecer lineamientos metodológicos generales, y no regular en detalle un modelo único de costos aplicable a todas las empresas. Asimismo, imponer dicha obligación sin un sustento normativo expreso y sin el desarrollo previo de la metodología correspondiente podría afectar el principio de legalidad, así como la adecuada evaluación de la eficiencia de los costos en función de las particularidades de cada empresa distribuidora;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.10. Sobre el porcentaje de envío del recibo digital electrónico

Argumento de las recurrentes

Que, Distriluz solicita que en el numeral 6.13 y en el Anexo 7 de los TDR se establezca que el porcentaje de envío del Recibo Digital Electrónico (RDE) debe calcularse únicamente sobre los usuarios que hayan otorgado su aceptación expresa, conforme al artículo 4 de la Resolución N° 139-2018-OS/CD;

Que, indica que la regulación de precios no puede dejar de tomar en cuenta el cumplimiento de lo dispuesto por la regulación específica de determinadas materias, en este caso la regulación específica de RDE, por lo que no puede disponer la asignación de un porcentaje obligatorio, en este caso 10% de la cantidad de RDE, lo cual excede las competencias del Proceso VAD, dado que la cantidad de RDE será la que resulte del comportamiento de los usuarios y su aceptación de emisión de RDE garantizada por la regulación específica;

Que, agrega que Osinergmin debe precisar que ello no implica que las empresas incumplan del artículo 5.2 de la Resolución 139-2018-OS/CD que claramente exige sea el usuario quién expresamente acepta el envío del recibo por vía digital y no física;

Análisis de Osinergmin

Que, en el numeral 6.13 de los TDR denominado “optimización de los costos de operación comercial y de gestión de la reducción de pérdidas comerciales” se ha indicado que, “respecto al envío de la correspondiente factura en forma digital, debe considerar a todos los usuarios para los cuales sea factible realizarlo y lo hayan solicitado”. Como se observa, en los TDR, Osinergmin no ha señalado que se incumpla la directiva aprobada con la Resolución 139-2018-OS/CD;

Que, los TDR establecen, como uno de los criterios, la consideración de los usuarios que hayan solicitado la facturación digital, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4.1 de la Resolución N° 139-2018-OS/CD. Sin perjuicio de ello, dicha previsión no excluye que los valores reportados por la empresa sean evaluados bajo criterios de eficiencia regulatoria, pudiendo determinarse que, de haberse implementado acciones de promoción, difusión y gestión acordes con las prácticas de una empresa modelo eficiente, se habría alcanzado un mayor nivel de penetración de la facturación digital. La regulación tarifaria debe inducir a las empresas concesionarias a adoptar conductas que optimicen sus procesos y reduzcan sus costos operativos en el largo plazo. En ese sentido, resulta contrario al modelo regulatorio reconocido en el artículo 64 de la LCE que, para la determinación del porcentaje de facturación digital, se agregue la precisión de que solo se considerará exclusivamente a los usuarios que hubieran otorgado su aceptación, prescindiendo del análisis de las acciones que razonablemente pudo y debió desplegar una empresa eficiente para incentivar su adopción;

Que, la facturación digital, en el modelo de “empresa modelo eficiente”, para el cálculo del VAD constituye una alternativa tecnológica eficiente para realizar la actividad de facturación, en comparación con los métodos tradicionales físicos. El nivel o la cantidad de facturación digital debe ser considerada, propuesta y sustentada por la empresa de distribución en el modelo de empresa eficiente, considerando los antecedentes regulatorios y porque es una alternativa económica y tecnológica de ejecutar la función de facturación;

Que, cabe agregar finalmente que, aún no ha iniciado el procedimiento de fijación del VAD, siendo en dicho procedimiento en que la empresa tiene la facultad de presentar su modalidad de gestión comercial económicamente eficiente, alcanzando el análisis y sustentos que correspondan;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.11. Sobre la inclusión de un factor de ajuste que reconozca el costo diferencial de incorporar un trabajador tercerizado a planilla

Argumento de las recurrentes

Que, Distriluz solicita que los TDR prevean de manera anticipada y con la debida diligencia los mandatos que pueda emitir la autoridad laboral en relación con el Decreto Supremo N° 001-2022-TR. Así, solicita que se efectué el reconocimiento de costos que se puedan producir como consecuencia de los mandatos de reincorporación de trabajadores a la planilla de la empresa por realizar actividades propias del núcleo del negocio, que se expidan sobre la base de dicho decreto, mediante la aplicación de un factor de ajuste a las tarifas del VAD ante la eventualidad de dichos mandatos, el cual podría ser similar al que se estableció por el COVID-19;

Que, menciona que, los costos derivados de mandatos administrativos o judiciales de reincorporación de trabajadores no responden a decisiones discrecionales del concesionario, sino al cumplimiento obligatorio del ordenamiento jurídico laboral vigente, lo cual puede generar incrementos significativos y no previstos en los costos de Operación y Mantenimiento (O&M);

Que, sustenta su pedido indicando que el Tribunal Constitucional mediante la sentencia del 16 de setiembre de 2025, expediente No. 170/2025, declaró improcedente e infundada la acción de amparo interpuesta por Lima Airport Partners S.R.L para que se le inaplique el Decreto Supremo No. 001- 2022-TR, y que del mismo modo se ha pronunciado en la sentencia del 18 de noviembre de 2025, recaída en el expediente No. 01902-2023-PA/TC, descartando que la prohibición de tercerizar actividades que formen parte del núcleo del negocio vulnere la libertad empresarial. Además, cita el artículo 67 de la LCE y concluye que tanto las empresas concesionarias como el Osinergmin están sujetos a lo que resuelva la autoridad laboral competente, pues son las únicas autorizadas por ley para pronunciarse sobre tercerización laboral y actividades que forman parte del núcleo del negocio;

Análisis de Osinergmin

Que, en el numeral 3.6 del Informe Legal N° 877-2025-GRT/OS se expuso ampliamente la situación jurídica del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, concluyéndose que la inaplicación con efectos generales del mismo, dispuesta por la Comisión de Barreras Burocráticas de Indecopi (Resolución 0270-2023/CEB-INDECOPI) se mantiene vigente y eficaz, y que la constitucionalidad y legalidad del referido decreto supremo será definida por la Corte Suprema en el proceso de acción popular que se encuentra en curso, pues en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional si bien se señala fundamentos para dirimir las controversias al respecto, no se pronuncia expresamente a favor o en contra sobre su vigencia y validez en la parte resolutiva de su sentencia;

Que, es así que por mandato del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1256 referido a la inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas ilegales contenidas en disposiciones administrativas, Osinergmin, a la fecha de elaboración del presente informe, en ejercicio de su función reguladora y; para efectos tarifarios debe considerar que la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo del negocio de una empresa no se encuentra prohibida, conforme lo dispuesto por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, tal como se indica en el fundamento 46 de la sentencia del 18 de noviembre de 2025, recaída en el expediente No. 01902-2023-PA/TC (Pleno 200/2025) y en el fundamento 45 de la sentencia recaída en el Expediente N° 3097-2024-PA/TC (Pleno 170/2025), que mencionan las recurrentes;

Que, cabe señalar que en la matriz de análisis de comentarios contenida en el Anexo 1 del Informe Técnico N° 878-2025-GRT, se ha indicado que “es atribución de la empresa decidir qué actividades de operación y mantenimiento realizadas por personal tercerizado, serían en adelante realizadas por personal de la empresa, lo cual debería de estar descrito y sustentado en su propuesta de costos”. Así, las políticas de tercerización y el esquema organizacional que implemente la empresa real son una opción de gestión empresarial bajo exclusiva responsabilidad de la empresa frente a las autoridades competentes en el marco de cumplimiento de las normas y el análisis de Osinergmin solo responde al ámbito tarifario;

Que, de ese modo, si el personal considerado en la regulación como propio o tercerizado no coincide con el que efectivamente cuenta la empresa eléctrica, ello no implica la validación o desconocimiento de los regímenes laborales que cada empresa ha venido aplicando o pretenda aplicar con cada uno de sus trabajadores o el régimen de contratación que tenga con empresas tercerizadoras, pues la competencia para determinar la validez legal de la situación laboral de los trabajadores de la empresa concesionaria de distribución eléctrica y del régimen de contratación de las empresas tercerizadoras con las que cuentan, corresponde a las autoridades administrativas de trabajo y el Poder Judicial y no un organismo regulador;

Que, respecto al pedido de incorporación de un factor de ajuste tarifario, considerando el supuesto que las autoridades judiciales confirmen la prohibición de tercerizar actividades, debe reiterarse que la fijación de un factor provisional que tenga en cuenta todos los escenarios administrativos y judiciales en que puede derivar el tratamiento jurídico de la tercerización, es inviable, toda vez que la situación del Covid 19 no es comparable con la situación de la norma de tercerización y su aplicación, especialmente, porque para efectos tarifarios, se podía delimitar los elementos necesarios para proceder mientras durara la emergencia sanitaria para el ejercicio de las actividades eléctricas vinculadas a la prestación del servicio público de distribución eléctrica; mientras que, en materia de tercerización, actualmente se cuenta con una norma de aplicación suspendida (Decreto Supremo 001-2022-TR) y cuyo sentido de aplicación detallada en la actividad eléctrica, tampoco consta ni constará expresamente en lo que resulte de la acción popular pendiente de resolución en última instancia en el Poder Judicial;

Que, si bien existe un contexto de controversia jurídica y judicial en torno a la validez y alcance del citado Decreto Supremo, lo cierto es que, a la fecha, no existe un mandato legal, administrativo o judicial firme y de efectos generales que obligue a las empresas concesionarias de distribución eléctrica a incorporar a planilla a los trabajadores tercerizados que desarrollan determinadas actividades. En consecuencia, no corresponde que el modelo tarifario ni la Resolución Impugnada incorporen supuestos contingentes basados en escenarios futuros e inciertos;

Que, en este marco, el artículo 67 de la LCE exige que el VAD sea determinado considerando una empresa modelo eficiente operando en el país y cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente. Dicha disposición no habilita a Osinergmin a reconocer, de manera anticipada, costos asociados a eventuales cambios normativos o decisiones jurisdiccionales futuras, cuya materialización no es cierta ni previsible en términos temporales o de alcance general;

Que, asimismo, el diseño de la empresa modelo eficiente responde a criterios de eficiencia económica y regulatoria, y no tiene por finalidad cubrir todos los riesgos regulatorios o institucionales que puedan afectar a las empresas reales durante el periodo tarifario. La incorporación de un factor de ajuste que reconozca el costo diferencial por la internalización de personal tercerizado implicaría trasladar a la tarifa un riesgo regulatorio y judicial que forma parte del ámbito de gestión empresarial, lo cual resulta incompatible con los principios que rigen la fijación tarifaria;

Que, finalmente, permitir la incorporación de factores de ajuste condicionados a decisiones futuras del Ministerio de Trabajo o del Poder Judicial supondría dejar abierta la regulación tarifaria a escenarios indeterminados, afectando la predictibilidad, estabilidad y consistencia intertemporal del VAD. Ello desnaturalizaría el enfoque de empresa modelo eficiente y excedería las competencias de Osinergmin, que no incluyen la evaluación ni validación de situaciones laborales individuales o contractuales, las cuales corresponden a las autoridades laborales y jurisdiccionales competentes;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.12. Sobre la inclusión de la PTU como parte del personal propio

Argumento de las recurrentes

Que, Distriluz señala que en el numeral 5.8 de los TDR no precisa expresamente que el costo unitario del personal propio incorpore de manera integral las obligaciones laborales de naturaleza constitucional y legal, entre ellas la PTU, prevista en el artículo 29 de la Constitución Política y regulada por el Decreto Legislativo N° 892, pese a que su pago es obligatorio, fiscalizable y directamente vinculado a la existencia del personal propio necesario para la prestación del servicio público de distribución eléctrica;

Que, además, cita doctrina sobre la potestad reglada, concluyendo que Osinergmin al efectuar la evaluación del costo de personal debe considerar todas las normas laborales que le resultan aplicables, ya que su efectividad es indiscutible. Menciona que Sunafil supervisa el cumplimiento de las obligaciones laborales por lo que no pueden evitar cumplir con efectuar el pago de dichas utilidades, pues su pago no queda al libre albedrío de la empresa. Manifiesta que el análisis legal que efectúa Osinergmin no sólo contraviene el artículo 67 de la LCE sino también los Términos de Referencia, pues el derecho a la participación de las utilidades no es un costo, sino es un derecho del costo personal propio y que sin personal propio no existe obligación de pago alguno de remuneraciones, CTS, PTU, gratificaciones, etc. Añade que, Osinergmin no tiene competencia otorgada por ley para excluir derechos laborales que se tienen que reconocer y pagar al costo personal propio; y que el costo personal propio tiene relación directa con la prestación del servicio y por ende también los derechos que le reconoce la ley;

Que, asimismo, señala que las sentencias emitidas con relación a las Resoluciones 258-2013- OS/CD y 203-2013-OS/CD no son aplicables al presente procedimiento de fijación tarifaria, que fueron referidas en el informe legal de Osinergmin, puesto que las acciones que se iniciaron contra las Resoluciones 258-2013-OS/CD y 203-2013-OS/CD fueron sobre la base del texto del artículo 67 de la LCE antes de la modificación efectuada por el Decreto Legislativo 1221 en el año 2015. Conforme a ello, considera que las mencionadas sentencias no pueden ser aplicadas al presente procedimiento de fijación tarifaria, toda vez que en el artículo 67 de la LCE -vigente- se señala expresamente que la evaluación de los costos deberá efectuarse considerando el cumplimiento del ordenamiento jurídico (Constitución Política) y las normas laborales (Decreto Legislativo N° 892), a diferencia de lo que señalaba la versión originaria del artículo de la LCE;

Que, solicita que Osinergmin reconozca expresamente que la PTU forma parte integrante del costo de personal propio y, por tanto, debe ser considerada dentro de los costos de Operación y Mantenimiento que se reconocen en la tarifa del VAD, de acuerdo con el artículo 67 de la LCE, la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo N° 892;

Análisis de Osinergmin

Que, el hecho de que la PTU debe ser reportada como parte de los gastos de personal en el Estado de Ganancias y Pérdidas de las empresas no implica su necesario reconocimiento tarifario, pues podrían existir conceptos como “aniversarios, bonos, indemnizaciones” u otros, propios de una empresa que también deberán ser reportados como gastos, pero no por ello deben ser reconocidos en el VAD. Del mismo modo, el hecho que este gasto no sea reconocido como costo operativo del VAD, no implica el desconocimiento del pago de la PTU como un beneficio social de los trabajadores que debe ser reconocido por sus empleadores y cuyo cumplimiento en efecto debe ser supervisado por la SUNAFIL, como indican las recurrentes;

Que, la fijación tarifaria de ningún modo supone la exclusión de los derechos laborales de los trabajadores por parte de Osinergmin, por lo que las empresas no debieran utilizar la determinación del VAD para justificar un eventual incumplimiento de los derechos de sus trabajadores, más aún cuando las recurrentes parten de la premisa errónea de equiparar la PTU con los demás beneficios sociales. Así, el reparto de utilidades a los trabajadores o PTU no es un costo necesario para poner a disposición del usuario la energía eléctrica, al extremo que ni siquiera se sabe de antemano si se generarán o no dichas utilidades; cosa que no ocurre con la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones y beneficios similares en los que la empresa necesariamente debe incurrir para realizar su actividad eléctrica, al margen de si el resultado del negocio eléctrico le vaya a generar ganancias o pérdidas. Debe comprenderse que no todos los beneficios sociales reconocidos en el ámbito laboral son trasladables de manera automática a la tarifa, sino únicamente aquellos que mantienen una relación de causalidad directa con la prestación del servicio de distribución, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 64 de la LCE;

Que, así pues, el sentido de la PTU es que la empresa comparta las utilidades o ganancias obtenidas con sus trabajadores debido a la participación decisiva que tienen éstos con su fuerza de trabajo en la generación de las mismas y no que dichas utilidades sean cargadas a los usuarios como si fueran parte de lo que ha costado brindarles el servicio, pues en esencia la obligación de pagar utilidades ha sido impuesta por el artículo 29 de la Constitución a las empresas y no a los usuarios. Tan es así que, incluso en el Decreto Legislativo 892 se contempla que el remanente entre el porcentaje que corresponde a la actividad de la empresa y el límite en la participación de las utilidades por trabajador, se aplicará a la capacitación de trabajadores y a la promoción del empleo, a través de la creación de un Fondo; es decir, en dicho remanente no se considera la mejora de la prestación del servicio público en el caso de las empresas de distribución eléctrica;

Que, en la matriz de análisis de comentarios contenida en el Anexo 1 del Informe Técnico N° 878-2025-GRT, se ha indicado que la PTU está implícita en la Tasa de Actualización (WACC regulatorio) prevista en el artículo 79 de la LCE, por lo que su reconocimiento adicional en costos de operación y mantenimiento configuraría un doble conteo;

Que, en cuanto a que las sentencias emitidas con relación a las Resoluciones 258-2013-OS/CD y 203-2013-OS/CD no son aplicables al presente procedimiento de fijación tarifaria, puesto que las acciones que se iniciaron en su contra fueron sobre la base del texto del artículo 67 de la LCE antes de la modificación efectuada por Decreto Legislativo 1221 en el año 2015; debe señalarse que, incluso desde la Resolución 027-97-P/CTE de la entonces denominada Comisión de Tarifas Eléctricas (hoy Osinergmin), publicada el 31/10/1997, en que se declaró infundado el recurso de Luz del Sur respecto a la PTU, se ha señalado acertadamente, en el análisis contenido en su literal B.5, que “en la legislación laboral la participación de utilidades recibe un tratamiento especial que la diferencia de los beneficios sociales ordinarios”. Además, se explicó que no todos los costos de un concesionario operando en el país son considerados en la determinación del VAD, sino solo los mencionados en el artículo 64 de la LCE, que no incluye una serie de otros costos que inciden en la actividad empresarial, tales como la depreciación, costos financieros, impuestos sobre la renta y otros. Se indicó que la PTU solo puede incluirse en el cómputo del VAD si ésta fuera parte de alguno de los componentes mencionados en el artículo 64 de la LCE y que la PTU no formaba parte de ninguno de ellos;

Que, es decir, aun cuando la anterior versión del artículo 67 de la LCE no señalara expresamente que la evaluación de los costos deberá efectuarse considerando el cumplimiento del ordenamiento jurídico y las normas laborales; no por ello Osinergmin reguló las tarifas de una manera contraria al marco legal pues, según lo dispuesto por el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (vigente desde el 2001), de acuerdo con el principio de legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y según los fines para los que le fueron conferidas. De acuerdo a ello, Osinergmin ha utilizado criterios de empresa modelo eficiente para determinar los costos a incluir en el VAD y solo se puede incluir aquellos que la ley autoriza;

Que, como se indicó en el Informe Legal N° 877-2025-GRT/OS, en el Manual de Costos, aprobado por Resolución Ministerial 197-94- EM/VME, no se permite la inclusión de la PTU como gasto de personal a reconocer como costo operativo del VAD, toda vez que, si en todo momento la LCE y su Reglamento se centran en costos asociados o exclusivamente del servicio y la PTU es posterior a la cadena productiva, no podría considerarse como costo del servicio;

Que, del mismo modo, en el Manual de Costos de Osinergmin, aprobado por Resolución N° 218-2020-OS/CD, tampoco se permite la inclusión de la PTU como gasto de personal a reconocer como costo operativo del VAD, siendo pertinente indicar que las subcuentas que contiene obedecen a la clasificación del Plan Contable General Empresarial (PCGE) aprobado con Resolución Nº 002-2019-EF/30 del Consejo Normativo de Contabilidad, sin que de ningún modo ello involucre efectos tarifarios, más aún cuando el objeto de dicho Manual, según lo dispone expresamente su artículo 1, es (1) proporcionar a las empresas eléctricas, los códigos contables para el registro de las actividades que realiza, de acuerdo con la estructura de códigos del Plan Contable General Empresarial oficializado en el Perú y homogenizado con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, (2) Aplicar un Sistema de Costos uniforme a las empresas que prestan el servicio público de energía eléctrica y (3) Proporcionar al Osinergmin información estandarizada;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.13. Sobre la inclusión de actividades normativamente obligatorias dentro de los procesos

Argumento de las recurrentes

Que, Distriluz señala que los TDR no precisan de manera expresa el tratamiento de las actividades derivadas de exigencias normativas obligatorias emitidas por el propio regulador, las cuales forman parte de la operación efectiva del sistema, pues resulta técnicamente necesario que los TDR establezcan criterios explícitos que permitan su evaluación homogénea dentro del proceso VAD. Considera que la ausencia de una referencia expresa podría generar interpretaciones divergentes en la etapa de valoración económica, con el consecuente riesgo de subestimación de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la continuidad del servicio;

Que, solicita que el TDR incorpore de manera expresa la consideración de las actividades de operación y mantenimiento asociadas al cumplimiento de procedimientos de supervisión y fiscalización obligatorios, a efectos de otorgar claridad y predictibilidad en el proceso regulatorio del VAD;

Análisis de Osinergmin

Que, al respecto, corresponde señalar que los TDR establecen que el dimensionamiento de la empresa modelo eficiente debe basarse en variables y parámetros representativos de condiciones normales y recurrentes de prestación del servicio de distribución eléctrica, conforme a lo dispuesto en la LCE y su Reglamento, los cuales constituyen el marco legal aplicable al proceso de determinación del VAD;

Que, en ese sentido, el texto aprobado no excluye ni limita el reconocimiento de actividades de operación y mantenimiento derivadas del cumplimiento de obligaciones normativas vigentes, incluyendo aquellas asociadas a procedimientos de supervisión y fiscalización emitidos por el propio regulador, siempre que dichas actividades formen parte de la operación normal de una empresa eficiente y resulten económicamente eficientes;

Que, de conformidad con el enfoque metodológico del proceso VAD, corresponde a cada empresa distribuidora proponer, sustentar y justificar, durante la etapa de estudios, las actividades de operación y mantenimiento que considere necesarias para la prestación eficiente del servicio, incluyendo aquellas exigidas normativamente, bajo los criterios establecidos en los TDR. Dichas propuestas serán evaluadas por el regulador en función de su razonabilidad técnica, eficiencia económica y consistencia con el marco normativo vigente;

Que, incorporar de manera expresa y detallada en los TDR a un listado específico de actividades derivadas de procedimientos de supervisión y fiscalización no resulta necesario ni coherente con la naturaleza del proceso VAD, el cual se basa en la definición de una empresa modelo eficiente y no en el reconocimiento automático de todas las actividades ejecutadas por las empresas reales. Asimismo, ello podría introducir rigideces metodológicas e interpretaciones que desnaturalicen el análisis de eficiencia que exige la LCE;

Que, en consecuencia, considerando que el marco normativo vigente ya garantiza la posibilidad de reconocer aquellas actividades normativamente obligatorias que incidan de manera recurrente en la operación y mantenimiento de la red eficiente, y que su evaluación corresponde realizarse en el marco del propio proceso regulatorio del VAD, no resulta atendible la solicitud planteada;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.14. Sobre la inclusión del proceso de difusión y publicidad institucional

Argumento de las recurrentes

Que, Distriluz señala que si bien el Anexo N° 7 contempla de manera general los costos por comunicaciones regulatorias, el texto vigente no delimita con claridad el alcance operativo de dichas comunicaciones regulatorias ni su vinculación explícita con procesos específicos de O&M, lo que puede generar interpretaciones restrictivas en la etapa de dimensionamiento y valoración económica;

Que, solicita que el TDR precise que dentro de los costos por comunicaciones regulatorias se incluyen explícitamente las actividades de difusión obligatoria asociadas a la prestación del servicio de distribución eléctrica, tales como publicaciones por interrupciones programadas, difusión de pliegos tarifarios y campañas preventivas exigidas por la normativa vigente, diferenciándolas expresamente de la publicidad institucional de carácter discrecional;

Análisis de Osinergmin

Que, de conformidad con los artículos 64 y 67 de la LCE, el VAD se determina sobre la base de una empresa modelo eficiente, considerando un nivel de calidad preestablecido en las normas técnicas vigentes y el cumplimiento del ordenamiento jurídico en general. En dicho marco, el VAD reconoce los costos estándares de inversión, operación y mantenimiento asociados a la prestación eficiente y regular del servicio de distribución eléctrica. En aplicación de estos principios, los TDR establecen una clasificación expresa de los costos de operación y mantenimiento, distinguiendo claramente entre aquellos costos vinculados a la operación del servicio y otros gastos que no forman parte de los costos eficientes reconocibles en el VAD;

Que, respecto a las obligaciones invocadas, la empresa hace referencia a diversas resoluciones emitidas por Osinergmin (entre otras, Resoluciones N° 124-2023-OS/CD, N° 616-2008-OS/CD y N° 144-2023-OS/CD), mediante las cuales se establecen obligaciones de publicación vinculadas a interrupciones del servicio, difusión de pliegos tarifarios y campañas preventivas. Al respecto, corresponde precisar que dichas obligaciones forman parte del marco regulatorio vigente y, en tanto constituyan actividades normales y recurrentes asociadas a la prestación del servicio, son evaluadas dentro del proceso de determinación del VAD a través de los costos por comunicaciones regulatorias ya previstos en los TDR. No obstante, el reconocimiento regulatorio de estos costos no implica la incorporación de un proceso autónomo o independiente de “difusión y publicidad institucional”, ni la ampliación del alcance de los costos de operación y mantenimiento más allá de lo establecido en los TDR. El dimensionamiento de la empresa modelo debe basarse en variables representativas de situaciones normales y habituales del servicio, y no en la incorporación expresa de cada obligación normativa de manera individualizada;

Que, sobre la solicitud de mayor precisión en los TDR, si bien la empresa solicita una delimitación más detallada del alcance operativo de las comunicaciones regulatorias, corresponde señalar que los TDR no requieren enumerar de manera exhaustiva cada actividad específica de difusión exigida por la normativa, pues ello no solo resultaría innecesario, sino que podría rigidizar indebidamente el modelo regulatorio y afectar su aplicación a realidades operativas diversas. Asimismo, la ausencia de una mención expresa a cada tipo de publicación obligatoria no implica su exclusión automática del análisis regulatorio, toda vez que los costos asociados a dichas actividades pueden ser evaluados dentro de las categorías ya previstas, siempre que se sustenten adecuadamente y se ajusten a criterios de eficiencia, razonabilidad y proporcionalidad;

Que, por las consideraciones expuestas, se concluye que los TDR ya contemplan el reconocimiento de los costos por comunicaciones regulatorias asociados a la prestación del servicio de distribución eléctrica, diferenciándolos de los gastos por publicidad institucional de carácter discrecional, y que no resulta necesario ni procedente incorporar un proceso adicional ni efectuar la precisión solicitada;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.15. Sobre el sustento de los tiempos de desplazamiento

Argumento de las recurrentes

Que, Distriluz señala que, si bien Osinergmin acepta considerar los tiempos de desplazamiento de manera separada al rendimiento de la actividad, el criterio propuesto (videos, muestras estadísticas rigurosas) no resulta proporcional ni consistente con la naturaleza de las actividades de Operación y Mantenimiento tercerizadas, ni con las prácticas regulatorias previamente aplicadas. Sustenta su solicitud en el principio de proporcionalidad regulatoria, ya que exigir el nivel de evidencia audiovisual como en los procesos de conexión o corte y reconexión es desproporcionado; la consistencia con el modelo de empresa eficiente, pues la exigencia de videos introduce una carga administrativa que no forma parte del comportamiento eficiente, sino que lo distorsiona; el riesgo de subestimación indirecta de costos, pues si el estándar probatorio exigido resulta impracticable, el efecto regulatorio será la exclusión material del costo; y el precedente implícito en fijaciones anteriores, ya que en los procesos VAD 2022-2026 y 2023-2027, los tiempos de desplazamiento fueron considerados sin exigir evidencia audiovisual sistemática;

Que, solicita que Osinergmin precise que el sustento de los tiempos de desplazamiento pueda realizarse mediante mecanismos alternativos técnicamente válidos, tales como registros operativos históricos, partes diarios de trabajo, GPS de flotas, Bitácoras de mantenimiento y estudios de tiempos y movimientos; sin restringirlo exclusivamente al uso de evidencia audiovisual, siempre que la muestra sea representativa y metodológicamente sustentada;

Análisis de Osinergmin

Que, el requerimiento establecido en los TDR establece que los registros audiovisuales deben medir solo el tiempo de ejecución de la actividad —como reemplazos, maniobras o inspecciones— con el fin de evaluar el rendimiento propio de la tarea, sin incluir factores exógenos como tráfico o distancias o accesibilidad;

Que, ello no implica que los tiempos de desplazamiento no puedan reconocerse, sino que deben acreditarse de manera sustentada para su reconocimiento;

Que, los tiempos de desplazamiento forman parte de las condiciones reales de prestación del servicio y pueden ser considerados en la determinación de costos eficientes, siempre que: se encuentren debidamente sustentados, se basen en información representativa y verificable, y se evalúen bajo criterios de eficiencia (sin sobreestimaciones ni duplicidades);

Que, se acepta que la evidencia audiovisual no sea el único medio de acreditación de los tiempos de desplazamiento, pudiéndose emplear, entre otros, los siguientes mecanismos, siempre que se presenten con una metodología clara y una muestra estadísticamente consistente: registros operativos históricos, partes diarios de trabajo y órdenes de servicio, información de GPS de flotas y rutas, bitácoras de mantenimiento e informes internos, estudios de tiempos y movimientos, y los videos se mantienen como un medio adicional de verificación para actividades específicas, pero no como condición única para el reconocimiento del tiempo de traslado;

Que, respecto a la separación entre ejecución y desplazamiento, se mantiene el criterio de que los registros audiovisuales exigidos en los TDR deben corresponder exclusivamente al tiempo de ejecución de la actividad, con el objeto de medir de forma homogénea el rendimiento técnico;

Que, los tiempos de desplazamiento se sostendrán mediante los mecanismos alternativos antes indicados y serán incorporados en el análisis de rendimientos y costos de forma diferenciada, evitando mezclar ambos componentes;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.16. Sobre el dimensionamiento de los procesos de gestión empresarial

Argumento de las recurrentes

Que, Distriluz señala que los TDR no establece criterios objetivos que permitan determinar, de manera previa, cuándo un sustento presentado por la empresa es considerado suficiente o consistente, ni en qué supuestos se recurre a referencias externas para su validación. Sustenta su pedido en que la flexibilidad sin criterios no garantiza predictibilidad; el uso complementario del benchmarking requiere reglas explícitas; y la coherencia con el artículo 67 de la LCE;

Que, solicita que se precise en los TDR los criterios mínimos de suficiencia y consistencia técnica para el sustento de la estructura de recursos humanos, a fin de otorgar predictibilidad regulatoria y evitar evaluaciones discrecionales ex post sobre la validez de las referencias utilizadas por las empresas;

Análisis de Osinergmin

Que, al respecto corresponde señalar que los TDR establecen que el dimensionamiento de los procesos de gestión empresarial, incluida la definición de la estructura de recursos humanos de la empresa modelo eficiente, debe realizarse bajo criterios de eficiencia técnica y económica, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 67 de la LCE y su Reglamento, considerando las condiciones propias de un concesionario eficiente que opera en el país;

Que, en ese marco, el texto aprobado no restringe ni limita las fuentes de información o referencias que las empresas distribuidoras pueden emplear para sustentar su propuesta de estructura de recursos humanos. Por el contrario, otorga a las empresas amplia flexibilidad para definir las categorías de personal, funciones y niveles de dotación que estimen pertinentes, siempre que dichos planteamientos se encuentren debidamente sustentados y resulten consistentes con un esquema de gestión eficiente;

Que, respecto al uso de referencias internacionales, corresponde precisar que, conforme a la práctica regulatoria aplicada en los procesos VAD, el benchmarking internacional no tiene carácter generalizado ni obligatorio, sino que se utiliza de manera complementaria, principalmente con fines de validación de las propuestas presentadas por las empresas o en aquellos casos específicos en los que determinados componentes de la estructura de costos carecen de sustento suficiente o presentan inconsistencias técnicas. En tal sentido, dichas referencias no sustituyen ni desplazan el análisis basado en información nacional o empírica presentada por las propias concesionarias;

Que, asimismo, no resulta necesario ni compatible con la naturaleza del proceso VAD establecer en los TDR criterios cerrados o predeterminados de “suficiencia” del sustento técnico, dado que la evaluación de la estructura de recursos humanos debe realizarse de manera integral, considerando la coherencia interna de la propuesta, su correspondencia con los procesos definidos, el cumplimiento del marco normativo aplicable y su alineamiento con estándares de eficiencia. La incorporación de reglas rígidas ex ante podría limitar la adecuada evaluación técnica de realidades operativas diversas y desnaturalizar el análisis de eficiencia exigido por la LCE;

Que, en cuanto a la solicitud de precisar expresamente la inclusión de determinados puestos o funciones, tales como aquellos vinculados a supervisión, cumplimiento normativo o aseguramiento de la calidad en los procesos de operación y mantenimiento, corresponde reiterar que el texto aprobado no impide que las empresas consideren dichas posiciones dentro de su estructura organizacional, siempre que se encuentren debidamente justificadas bajo criterios de eficiencia y necesidad operativa. Su reconocimiento, en consecuencia, deberá evaluarse en el marco del proceso regulatorio del VAD, sobre la base de los sustentos técnicos que presenten las empresas;

Que, en este sentido, considerando que los TDR ya garantizan flexibilidad metodológica, permiten el uso de referencias nacionales e internacionales de manera no excluyente y resultan consistentes con el marco legal vigente, no resulta atendible la solicitud de incorporar mayores precisiones normativas en los términos planteados;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.17. Sobre la referencia para la propuesta de costos de personal

Argumento de las recurrentes

Que, Distriluz señala que el texto publicado no restringe las fuentes de información para sustentar los costos de personal, y que dicha flexibilidad no se encuentra explicitada de manera expresa en los TDR, lo que podría dar lugar a interpretaciones restrictivas en la etapa de evaluación del VAD. Sustenta su pedido en que ello coincide con el criterio del regulador que ha reconocido que los costos efectivamente incurridos por las empresas distribuidoras constituyen la fuente primaria y más representativa de las condiciones reales de mercado laboral; el rol complementario de las encuestas salariales y la importancia de la explicitación para la predictibilidad regulatoria;

Que, solicita que se deje constancia expresa que el sustento de los costos de personal puede basarse prioritariamente en: costos efectivamente incurridos por las empresas, estudios propios técnicamente sustentados y en la información empírica verificable del sector, utilizando encuestas de mercado principalmente como mecanismos de validación, conforme a lo señalado por Osinergmin;

Análisis de Osinergmin

Que, al respecto, corresponde señalar que los TDR están alineados con la LCE y su reglamento, estableciendo que la evaluación de costos de personal debe basarse en criterios de eficiencia y en las condiciones reales del mercado laboral del sector eléctrico;

Que, en ese contexto, se precisa que la fuente principal para sustentar los costos de personal propio son los costos efectivamente incurridos por las empresas distribuidoras, por ser más representativos que las encuestas salariales. Estas encuestas, según el criterio regulatorio vigente, sirven como instrumentos de validación, no como fuente única o prioritaria;

Que, el marco aprobado no restringe qué fuentes de información pueden emplear las empresas: se permite utilizar estudios propios, datos empíricos verificables u otras referencias, siempre que cumplan con requisitos metodológicos como representatividad, rigor estadístico, consistencia y trazabilidad;

Que, en ese sentido, no resulta necesario incorporar una mención adicional o una precisión expresa en los TDR toda vez que el marco aprobado ya garantiza la flexibilidad metodológica requerida sin comprometer el control de eficiencia ni el principio de objetividad del proceso tarifario;

Que, asimismo, corresponde señalar que la evaluación de la suficiencia y consistencia de los sustentos deberá efectuarse dentro del proceso regulatorio del VAD, considerando la información presentada por cada empresa y su coherencia con el enfoque de empresa modelo eficiente;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

4.18. Sobre los factores correctores por condiciones diferenciadas

Argumento de las recurrentes

Que, Distriluz indica que, si bien los TDR reconocen conceptualmente la existencia de restricciones, estos no establecen mecanismos metodológicos explícitos ni criterios cuantificables que permitan traducir dichas restricciones en ajustes económicos efectivos dentro de los costos de Operación y Mantenimiento del modelo eficiente. Sustenta su pedido en la diferencia entre reconocimiento conceptual y reconocimiento económico; la compatibilidad con el criterio de “situaciones normales y recurrentes” bajo las cuales se presta el servicio; la coherencia con el enfoque bottom-up; la equidad regulatoria y neutralidad del modelo; y que no se solicita discrecionalidad, sino precisión metodológica;

Que, solicita que los TDR precisen que las restricciones reconocidas en el literal B pueden materializarse, cuando corresponda, en factores correctores cuantificables que ajusten los rendimientos, tiempos o recursos de las actividades de O&M, siempre que se sustenten sobre variables normales y recurrentes del servicio y con evidencia técnica verificable;

Análisis de Osinergmin

Que, al respecto, cabe precisar que el marco metodológico de los TDR ya incorpora el reconocimiento de las condiciones particulares de cada zona de concesión. En el literal B (Restricciones) del Título 5 (“Criterios Generales de Dimensionamiento”) del Anexo N° 7, se consideran expresamente las restricciones geográficas, ambientales y operativas que afectan el dimensionamiento de la red;

Que, el modelo de “empresa eficiente” del artículo 67 de la LCE no es una construcción abstracta, sino un diseño optimizado basado en variables representativas de condiciones normales del servicio. Bajo este enfoque bottom-up, las restricciones estructurales -como dispersión, accesibilidad o severidad ambiental- se integran directamente en el diseño de la red y en las actividades de O&M, sin requerir factores de ajustes adicionales que podrían generar duplicidades o introducir ineficiencias;

Que, la aplicación de ajustes automáticos, como los solicitados por el recurrente, sería incompatible con el principio de optimización del modelo eficiente. Los TDR ya permiten reflejar las particularidades operativas de cada sector típico, siempre que estén sustentadas técnicamente y basadas en evidencias verificables;

Que, por ello, dado que los criterios de dimensionamiento y reconocimiento de restricciones ya están previstos en los TDR y garantizan predictibilidad y equidad regulatoria, no corresponde acceder a la modificación planteada;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de reconsideración;

Que, se han emitido el Informe Legal N° 094-2026-GRT/OS y el Informe Técnico N° 109-2026-GRT/OS de la Gerencia de Regulación de Tarifas de Osinergmin, los cuales complementan la motivación que sustenta la decisión del Consejo Directivo de Osinergmin cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refiere el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas; en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM; en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en el Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM; y en el TUO de la LPAG; así como en sus normas modificatorias, complementarias y conexas; y,

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 05-2026, de fecha 26 de febrero de 2026.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la acumulación de los procedimientos administrativos iniciados como consecuencia de los recursos de reconsideración, presentados por las empresas: Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A., Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Nor Oeste S.A., Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A., y Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A., contra la Resolución N° 174-2025-OS/CD.

Artículo 2.- Declarar no ha lugar la solicitud de nulidad parcial interpuestas por las empresas mencionadas en el Artículo 1 contra la Resolución N° 174-2025-OS/CD, en el extremo del petitorio señalado en el numeral 2.1, por los fundamentos expuestos en el análisis contenido en el numeral 4.1, de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3.- Declarar fundado los recursos de reconsideración interpuestos por las empresas mencionadas en el Artículo 1 contra la Resolución N° 174-2025-OS/CD, en el extremo de los petitorios señalados en los numerales 2.4 y 2.15, por los fundamentos expuestos en el análisis contenido en los numerales 4.4 y 4.15, de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 4.- Declarar infundado los recursos de reconsideración interpuestos por las empresas mencionadas en el Artículo 1 contra la Resolución N° 174-2025-OS/CD, en el extremo de los petitorios señalados en los numerales 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17 y 2.18 , por los fundamentos expuestos en el análisis contenido en los numerales 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17 y 4.18, de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 5.- Las modificaciones a efectuarse como consecuencia de lo dispuesto en el Artículo 3 de la presente resolución, serán consignadas en resolución complementaria.

Artículo 6.- Incorporar los Informes N° 094-2026-GRT/OS y N° 109-2026-GRT/OS, como parte integrante de la presente resolución.

Artículo 7.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional: https://www.gob.pe/osinergmin, y consignarla junto con el Informe Técnico N° 109-2026-GRT/OS, y el Informe Legal N° 094-2026-GRT/OS en la página web institucional de Osinergmin: https://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2026.aspx

AURELIO OCHOA ALENCASTRE

Presidente del Consejo Directivo (e)

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