PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
2473127-3
Designan miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 289-2025-PCM
Lima, 30 de diciembre de 2025
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 17 de la Ley Nº 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos, establece que el Directorio de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos es el órgano encargado de aprobar las políticas de su administración; y, está integrado por el Superintendente Nacional de los Registros Públicos, quien lo preside, por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y por un representante del Ministerio que preside COFOPRI;
Que, se encuentra vacante el cargo de miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, en consecuencia, resulta necesario designar a la funcionaria que desempeñará el citado cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la señora ALEXANDRA CABRERA SANCHEZ como miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
ERNESTO JULIO ÁLVAREZ MIRANDA
Presidente del Consejo de Ministros
2473127-3
2473127-4
Dan por concluido encargo dispuesto por la Resolución Suprema N° 187-2025-PCM
resolución suprema
nº 290-2025-pcm
Lima, 30 de diciembre de 2025
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 187-2025-PCM, se encargó al señor JULIO JAVIER DEMARTINI MONTES, Asesor de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, el puesto de Director Ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el desarrollo estratégico e integral del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, en adición a sus funciones y en tanto se designe al titular;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluido el citado encargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el Decreto Legislativo N° 1689, Decreto Legislativo que declara de necesidad pública e interés nacional la intervención estratégica e integral en las zonas de influencia del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay y aprueba disposiciones especiales por su construcción y funcionamiento;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo del señor JULIO JAVIER DEMARTINI MONTES, dispuesto por la Resolución Suprema N° 187-2025-PCM, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
ERNESTO JULIO ÁLVAREZ MIRANDA
Presidente del Consejo de Ministros
2473127-4
2473117-1
AVISO 2473117_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2473117-1
2473119-1
AVISO 2473119_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2473119-1
AMBIENTE
2473126-5
Decreto Supremo que amplía la vigencia del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV”
Decreto Supremo
N° 024-2025-MINAM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 22) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, establece que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2010-MINAM, que Declara de Interés Nacional la creación y desarrollo del Parque Ecológico Nacional, se crea el Parque Ecológico Nacional en el terreno de propiedad estatal de 7 255,81 ha., ubicado en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida Nº 12186050 del Registro de Predios de Lima; asimismo, se declara de interés nacional su desarrollo y ejecución, el cual estará a cargo y bajo la administración del Ministerio del Ambiente; y que, posteriormente, a través de los Decretos Supremos N° 018-2010-MINAM, N° 010-2013-MINAM, N° 002-2015-MINAM y N° 009-2020-MINAM, se modifica el área destinada al referido Parque Ecológico, quedando actualmente con una extensión total de 6 320,2 ha.;
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 013-2010-MINAM que Declara de interés Nacional la creación y desarrollo del Parque Ecológico Nacional, constituye el Comité Técnico de Gestión encargado de desarrollar el Parque Ecológico Nacional, conformado por el Ministro del Ambiente, quien lo preside; el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministro de Defensa, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro de la Producción y el Ministro de Transportes y Comunicaciones;
Que, asimismo, mediante el artículo 5 del Decreto Supremo N° 013-2010-MINAM, que Declara de interés Nacional la creación y desarrollo del Parque Ecológico Nacional, se crea el Proyecto Especial “Parque Ecológico Nacional”, en el ámbito del Ministerio del Ambiente, con el objeto de llevar a cabo actividades para el desarrollo y ejecución del Parque Ecológico Nacional que permita contar con un espacio en donde la población de la provincia de Lima pueda gozar de un ambiente saludable y solaz, admirar la biodiversidad existente y representativa de la zona, así como con un área que contribuya con la recuperación de la calidad atmosférica de la ciudad de Lima;
Que, asimismo, el artículo 6 del citado Decreto Supremo establece que el Proyecto Especial “Parque Ecológico Nacional” tendrá una vigencia de seis (06) años, contados a partir de la vigencia de la referida norma, y a través del artículo 1 del Decreto Supremo N° 002-2016-MINAM, se dispone ampliar la vigencia del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Antonio Raimondi” hasta el 31 de diciembre de 2025;
Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 001-2011-MINAM, se denomina al Parque Ecológico Nacional creado por Decreto Supremo Nº 013-2010-MINAM, modificado por Decretos Supremos Nºs. 016 y 018-2010-MINAM, como Parque Ecológico Nacional “Antonio Raimondi”; y, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 007-2025-MINAM, modifica su denominación a Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV”, en consecuencia, el nombre actual del Proyecto Especial es Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV”;
Que, el numeral 38.5 del artículo 38 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone que en el marco de los procesos de modernización y de descentralización del Estado, la Presidencia del Consejo de Ministros evalúa a los programas y proyectos especiales a fin de determinar la necesidad de su continuidad;
Que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.6 del “Procedimiento de evaluación de continuidad de Organismos Públicos Ejecutores, Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo”, aprobado por el Decreto Supremo Nº 143-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Procedimiento de evaluación de continuidad de Organismos Públicos Ejecutores, Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo; toda prórroga del plazo de vigencia de un programa o proyecto especial debe estar sujeta al resultado de evaluación de su continuidad, para lo cual los ministerios proponen la evaluación de continuidad con un (01) año de anticipación a la fecha del término de su vigencia;
Que, con el artículo 1 de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 00013-2021-PCM/SGP, se aprueba la “Metodología de evaluación de continuidad de Organismos Públicos Ejecutores, Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo”;
Que, mediante artículo 1 de la Resolución de Secretaría General Nº 00046-2025-MINAM, el Ministerio del Ambiente crea el Equipo Evaluador Interno de naturaleza temporal encargado de la evaluación del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV”; y, asimismo, mediante el artículo 1 de la Resolución de Secretaría General N° 00051-2025-MINAM, se aprueba el Plan de Evaluación Específico del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV”;
Que, asimismo, el literal d) del artículo 2 de la Resolución de Secretaría General Nº 00046-2025-MINAM señala que el Equipo Evaluador Interno tiene como función elaborar un Informe de Evaluación de Continuidad que incluya conclusiones y recomendaciones, a partir de la organización de los resultados obtenidos, y sustentarlo a la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente, y al Comité Técnico de Gestión del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV”, para su aprobación final;
Que, mediante Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria, de fecha 17 de setiembre de 2025, y comunicaciones cursadas de fecha 19 de setiembre de 2025, el citado Comité Técnico de Gestión, aprueba el Informe de Evaluación de Continuidad elaborado por el Equipo Evaluador Interno;
Que, el Equipo Evaluador Interno, a través del Informe de Evaluación de Continuidad, señala, entre otros, que el Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV”, de conformidad con el Plan de Gestión Multisectorial “Ciudad Bicentenario”, aprobado con el Decreto Supremo N° 009-2020-MINAM, establece las estrategias y condiciones requeridas para la implementación de la futura “Ciudad Bicentenario”, teniendo previsto desarrollar acciones programáticas y de gestión para el diseño, construcción, operación, funcionamiento y mantenimiento del ámbito de la futura “Ciudad Bicentenario”, cuya implementación se realizará bajo un enfoque de desarrollo urbano y territorial sostenible y resiliente y bajo en carbono; en ese sentido, determina que resulta conveniente la ampliación de la vigencia del mencionado Proyecto Especial;
Que, a través del Informe Nº 00010-2025-MINAM/VMDERN/PEPENPLXIV, el Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV” del Ministerio del Ambiente, sustenta la ampliación de vigencia del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV” por un plazo de 10 años;
Que, asimismo, con Informe Nº 00454-2025-MINAM/SG/OGPP/OPM, la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente, emite opinión favorable para continuar con la gestión de ampliación de la continuidad del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV”;
Que, contándose con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, corresponde ampliar la vigencia del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV”;
Que, en virtud a lo establecido en el literal e) del numeral 41.1 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, la presente norma se considera excluida del alcance del AIR Ex Ante, dado que su contenido regula disposiciones normativas de carácter organizacional como es la ampliación del plazo de vigencia de un proyecto;
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el Decreto Supremo Nº 143-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Procedimiento de evaluación de continuidad de Organismos Públicos Ejecutores, Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto ampliar el plazo de vigencia del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Papa León XIV” hasta el 31 de diciembre de 2035.
Artículo 2.- Financiamiento
Los gastos que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo son financiados con cargo a los recursos del Presupuesto Institucional del Ministerio del Ambiente, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en la sede digital del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro del Ambiente, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministro de Defensa, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro de la Producción y el Ministro de Transportes y Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
MIGUEL ANGEL ESPICHÁN MARIÑAS
Ministro del Ambiente
TERESA STELLA MERA GÓMEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
CÉSAR FRANCISCO DÍAZ PECHE
Ministro de Defensa
VLADIMIR GERMÁN CUNO SALCEDO
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
CÉSAR MANUEL QUISPE LUJÁN
Ministro de la Producción
ALDO MARTÍN PRIETO BARRERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
2473126-5
2473126-6
Decreto Supremo que aprueba el “Plan de acción para la recuperación de zonas críticas de la cuenca Tumbes (2026 - 2030)”
Decreto Supremo
N° 025-2025-MINAM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;
Que, mediante el artículo único de la Resolución Legislativa N° 26995, se aprueba el “Acuerdo Amplio Peruano – Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad”, suscrito entre la República del Perú y la República del Ecuador, en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, el 26 de octubre de 1998 y ratificado con Decreto Supremo N° 040-98-RE, en cuyo artículo 1 se establece que el Perú y Ecuador otorgan la mayor prioridad a la integración fronteriza, la cooperación mutua y el desarrollo conjunto a través de la ejecución de programas, proyectos y actividades conjuntas, en el marco de las relaciones de buena vecindad que han decidido construir los dos Estados;
Que, en la Declaración Presidencial: “Fortaleciendo la integración en la lucha contra la pobreza”, con ocasión del Encuentro Presidencial y Vl Reunión del Gabinete Binacional de Ministros del Ecuador y del Perú, de fecha 23 de noviembre de 2012, se instruye continuar con el desarrollo de la institucionalidad de las cuencas hidrográficas del Puyango – Tumbes y Catamayo - Chira;
Que, en esa línea, en la Declaración Presidencial, con ocasión del Encuentro Presidencial y Vll Reunión del Gabinete Binacional de Ministros Perú - Ecuador, de fecha 14 de noviembre de 2013, se instruye a que se culmine con la elaboración del “Plan de acción binacional para la recuperación de zonas críticas de las cuencas hidrográficas de los ríos Catamayo - Chira y Puyango-Tumbes”;
Que, en el Encuentro Presidencial y VIII Gabinete Binacional de Ministros de Perú – Ecuador, celebrada el 30 de Octubre del 2014, en la ciudad de Arenillas, República del Ecuador, se estableció en el Plan de Acción de Arenillas, en el Eje de Asuntos Ambientales, Energéticos y Mineros, el Compromiso 49, el cual encarga a los Ministerios del Ambiente de Perú y Ecuador, en coordinación con las demás instituciones competentes, aprobar el “Plan de Acción Binacional para la Recuperación de Zonas Críticas de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Catamayo - Chira y Puyango – Tumbes”, que integre la gestión de residuos sólidos, manejo de aguas residuales y recuperación de zonas degradadas;
Que, en ese contexto, mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 149-2016-MINAM, se aprueba el Plan de Acción para la Recuperación de Zonas Críticas de las Cuencas Transfronterizas Chira y Tumbes 2016-2020;
Que, en el Encuentro Presidencial y XIII Gabinete Binacional Perú - Ecuador, realizado el 7 de noviembre de 2019, se establece en el Plan de Acción de Tumbes en el Eje de Asuntos Ambientales, Energéticos y Mineros, el compromiso 7, el cual encarga al Ministerio del Ambiente de Perú y a la Secretaría Nacional del Agua - Ministerio del Ambiente de Ecuador, “Actualizar el Plan de Acción Binacional para la Recuperación de Zonas Críticas de las cuencas transfronterizas Catamayo-Chira y Puyango-Tumbes (2016-2020) y socializarlo en el ámbito de influencia del Plan”;
Que, ahora bien, en la Declaración Presidencial de Loja, con ocasión del Encuentro Presidencial y XIV Gabinete Binacional Ecuador - Perú, de fecha 29 de abril de 2022, ambos países dispusieron que se realice la Comisión de Vecindad Ecuatoriano – Peruana, a fin de establecer y aprobar los compromisos del Plan de Acción de Loja 2022; siendo que, en la XV Comisión de Vecindad Peruana-Ecuatoriana, realizado el 2 de diciembre de 2022, en la ciudad de Quito, República del Ecuador, se aprobó el precitado Plan, el cual reiteró el compromiso binacional de actualización del plan de acción binacional para las cuencas transfronterizas Catamayo-Chira y Puyango-Tumbes;
Que, el 21 de junio del 2024 se celebró en la ciudad de Lima, la XVI reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, presidida por los ministros de relaciones exteriores de ambos países, donde se aprueba el Plan de acción de Lima 2024, el cual tiene como compromiso aprobar el Plan de acción binacional para las cuencas transfronterizas Catamayo – Chira y Puyango – Tumbes, que incluya la situación ambiental actual, entre otras, de ambas cuencas transfronterizas;
Que, el numeral 30.2 del artículo 30 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, determina que las entidades con competencias ambientales promueven y establecen planes de descontaminación y recuperación de ambientes degradados. La Autoridad Ambiental Nacional establece los criterios para la elaboración de dichos planes;
Que, al respecto, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, crea el Ministerio del Ambiente como un organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella; y, conforme al literal b) del numeral 3.2 del artículo 3 de la misma norma, tiene como objetivo específico asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los recursos naturales y revertir los procesos negativos que los afectan;
Que, asimismo, el literal j) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, dispone que el Ministerio del Ambiente tiene como función específica, implementar los acuerdos ambientales internacionales y presidir las respectivas comisiones nacionales;
Que, por su parte, el literal g) del artículo 6 de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, señala que el Ministerio del Ambiente debe asegurar la transectorialidad y la debida coordinación de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, entre otros, a través de la formulación y ejecución coordinada de planes, programas y acciones de prevención de la contaminación ambiental, así como de recuperación de ambientes degradados;
Que, en tal sentido, el Ministerio del Ambiente de manera coordinada con las entidades de los tres niveles de gobierno, involucradas en la problemática ambiental de la cuenca Tumbes, han formulado el Plan de acción para la recuperación de zonas críticas de la cuenca Tumbes (2026-2030); cuyo ámbito de estudio se enmarca en el sector peruano de la cuenca transfronteriza Puyango-Tumbes;
Que, en virtud del supuesto previsto en el literal g) del numeral 41.1 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, la presente norma se considera excluida del alcance del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante por la materia que comprende, la cual consiste en aprobar el Plan de acción para la recuperación de zonas críticas de la cuenca Tumbes (2026-2030); además, en la medida que la presente norma no desarrolla ni modifica procedimientos administrativos bajo el alcance del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), no se requiere realizar ACR Ex Ante previo a su aprobación;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; y, el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización, y Funciones del Ministerio del Ambiente;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del “Plan de acción para la recuperación de zonas críticas de la cuenca Tumbes (2026-2030)”
Aprobar el “Plan de acción para la recuperación de zonas críticas de la cuenca Tumbes (2026-2030)”, el mismo que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Responsables de la ejecución del “Plan de acción para la recuperación de zonas críticas de la cuenca Tumbes (2026-2030)”
Los responsables de la ejecución del “Plan de acción para la recuperación de zonas críticas de la cuenca Tumbes (2026-2030)” son las entidades públicas de ámbito nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, a cargo de cada una de las actividades descritas en el citado Plan, según corresponda y en el marco de sus competencias.
Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las actividades del Plan aprobado en el artículo 1 de la presente norma se realiza de manera progresiva y se financia con cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 4.- Publicación
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo y su Anexo en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en las sedes digitales del Ministerio del Ambiente (https://www.gob.pe/minam), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (https://www.gob.pe/midagri), del Ministerio de Energía y Minas (https://www.gob.pe/minem), del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (https://www.gob.pe/vivienda), del Ministerio de Salud (https://www.gob.pe/minsa), del Ministerio de Relaciones Exteriores (https://www.gob.pe/rree) y del Ministerio de la Producción (https://www.gob.pe/produce), el mismo día de la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro del Ambiente, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministro de Energía y Minas, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro de Salud, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de la Producción.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
MIGUEL ANGEL ESPICHÁN MARIÑAS
Ministro del Ambiente
VLADIMIR GERMÁN CUNO SALCEDO
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
LUIS ENRIQUE BRAVO DE LA CRUZ
Ministro de Energía y Minas
CÉSAR MANUEL QUISPE LUJÁN
Ministro de la Producción
HUGO CLAUDIO DE ZELA MARTÍNEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
LUIS NAPOLEÓN QUIROZ AVILÉS
Ministro de Salud
WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
2473126-6
2473106-1
Delegan facultades y atribuciones en funcionarios del Ministerio durante el Año Fiscal 2026, y dictan otras disposiciones
Resolución Ministerial
N° 00353-2025-MINAM
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS: el Memorando N° 01574-2025-MINAM/SG/OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 00592-2025-MINAM/SG/OGPP/OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización; el Informe N° 01080-2025-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella; estableciéndose su ámbito de competencia sectorial, su estructura orgánica y sus funciones;
Que, de conformidad con el artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los Ministros de Estado pueden delegar en los funcionarios de su cartera ministerial, las facultades que no sean privativas a su función, siempre que la normatividad lo autorice;
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que procede la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad; precisando en su artículo 79, que el delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado;
Que, de acuerdo con el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobada por Decreto Supremo N° 081-2022-EF, el titular de la entidad pública del gobierno nacional puede delegar a sus programas, proyectos o unidades ejecutoras adscritos a éste, las facultades que el referido Texto Único Ordenado y su Reglamento le otorgan a fin de que, en el marco de sus competencias, desarrollen inversiones mediante el mecanismo establecido en la citada norma;
Que, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, dispone que los procedimientos de selección iniciados antes de la vigencia de la citada ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria; en ese sentido, es factible aplicar a los procedimientos de selección iniciados antes de la vigencia de la Ley N° 32069 el numeral 8.2 del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, según el cual el titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la citada norma le otorga; pudiendo delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. La declaración de nulidad de oficio y la aprobación de las contrataciones directas no pueden ser objeto de delegación, salvo lo dispuesto en el Reglamento;
Que, mediante Decreto Supremo N° 242-2018-EF, se aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, de conformidad con el inciso 5 del numeral 9.3 del artículo 9 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF, el/la Ministro/a, en su calidad de órgano resolutivo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, autoriza la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes de proyectos de inversión, así como su ejecución cuando estos hayan sido declarados viables mediante fichas técnicas, y que dicha función puede ser objeto de delegación;
Que, el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que el Titular de una Entidad puede delegar sus funciones en materia presupuestaria cuando lo establezca expresamente el referido Decreto Legislativo, las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público o la norma de creación de la Entidad;
Que, el numeral 40.2 del artículo 40 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, vigente en virtud de la Novena Disposición Complementaria Final y la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1440, establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante resolución del titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad; pudiendo el titular delegar dicha facultad mediante disposición expresa, que debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el inciso 3 del numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, dispone que el titular de la entidad del Sector Público, los jefes de las Oficinas Generales de Administración, los jefes de las Oficinas de Contabilidad y de Presupuesto o quienes hagan sus veces, están obligados, según corresponda, a suscribir y/o presentar por medio digital, la rendición de cuentas de acuerdo con el artículo 23 del citado Decreto Legislativo, pudiendo el titular de la entidad delegar esta función en la máxima autoridad administrativa o quien haga sus veces;
Que, la Directiva N° 003-2021-EF/43.01 “Lineamientos para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, en el marco de la Ley N° 29806”, aprobada por Resolución Ministerial N° 109-2021-EF/43 y sus modificatorias, establece las facultades del titular de la entidad, que pueden ser materia de delegación;
Que, la Directiva N° 003-2024-EF/43.01: “Lineamientos para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en el marco del Decreto Ley N° 25650”, aprobada por Resolución Ministerial N° 397-2024-EF/43, establece las facultades del titular de la entidad, que pueden ser materia de delegación;
Que, el artículo 3 de la Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03, emitida por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, dispone que el procedimiento para la acreditación de los titulares y suplentes responsables del manejo de las cuentas bancarias ante la referida Dirección General es realizada a través del Aplicativo informático SIAF-SP “Acreditación Electrónica de Responsables de Cuentas”; además, el literal a) del artículo 2 de la referida Resolución Directoral, indica que la designación de los titulares y suplentes de las cuentas bancarias para las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, está a cargo del Titular del Pliego o del funcionario a quien éste hubiera delegado esta facultad de manera expresa;
Que, el numeral 9.4 del artículo 9, el numeral 10.3 del artículo 10, el numeral 57.1 del artículo 57 y el numeral 63.1 del artículo 63 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, modificada con Resolución Directoral N° 0006-2022-EF/54.01, establecen que la aceptación de donación de bienes muebles patrimoniales que se encuentren en el territorio nacional o provenientes del extranjero, se aprueba mediante resolución del Titular de la Entidad o del funcionario que se delegue; y que la suscripción de la solicitud de afectación en uso y transferencia de bienes muebles patrimoniales es suscrita por el Titular de la Entidad o por quien este delegue;
Que, el numeral 8.4 del artículo 8 y el numeral 10.4 del artículo 10 de la Directiva Nº 0009-2025-EF/54.01, “Directiva que regula los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles de propiedad privada y disposición final de bienes inmuebles”, aprobada por Resolución Directoral N° 0034-2025-EF/54.01, disponen que la aceptación de la donación del predio o bien inmueble de propiedad privada, así como la dación en pago, se aprueban mediante resolución del Titular de la Entidad o a quien este delegue;
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 de la Directiva N° 0003-2024-EF/50.01 “Directiva que regula la Evaluación en el marco de la fase de Evaluación Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral N° 0032-2024-EF/50.01, dispone que a partir de las recomendaciones y precisiones mencionadas en el artículo 16 de la citada Directiva, se establecen compromisos de mejora de desempeño orientados a la mejora de la eficiencia y calidad de la intervención evaluada. Estos compromisos se detallan en una Matriz de Compromisos de Mejora de Desempeño (MdC), la misma que se formalizará a través de un acta, la cual debe ser suscrita por los titulares de los pliegos responsables de la intervención evaluada, o a quienes éstos deleguen, y por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP);
Que, en atención a las normas citadas en los considerandos precedentes y con el propósito de lograr una mayor fluidez en la marcha administrativa del Ministerio del Ambiente, resulta conveniente delegar determinadas facultades asignadas a el/la titular del Ministerio del Ambiente durante el Año Fiscal 2026;
Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General, de la Oficina General de Administración, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina General de Recursos Humanos, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y la Resolución Ministerial N° 108-2023-MINAM, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegación de facultades y atribuciones a el/la Viceministro/a de Gestión Ambiental y en el/la Viceministro/a de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, durante el Año Fiscal 2026
Delegar en el/la Viceministro/a de Gestión Ambiental y en el/la Viceministro/a de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, en el ámbito de sus competencias, las siguientes facultades y atribuciones:
1.1 Facultades en materia administrativa y de gestión:
a) En materia del Fondo de Apoyo Gerencial, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25650, y la Directiva N° 003-2024-EF/43.01: “Lineamientos para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en el marco del Decreto Ley N° 25650”, o norma vigente que corresponda, para las contrataciones que requieran sus Despachos y en los respectivos Órganos de Línea dependientes del mismo:
1) Autorizar las contrataciones y suscribir el Anexo N° 01 “Términos de Referencia del Servicio” o documentación necesaria correspondiente.
2) Autorizar las adendas, prórrogas o renovaciones de los contratos de locación de servicios, con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG), que se requieran en su respectivo Despacho y en los órganos de línea dependientes del mismo.
b) Conformar Comités Especiales encargados de conducir los procesos de selección y evaluación de los responsables de los Programas y/o Proyectos a su cargo, producto de convenios suscritos con organismos internacionales u órganos de cooperación internacional.
c) Designar a la persona encargada de la suscripción y resolución de los contratos de los responsables de los Programas y/o Proyectos a su cargo, en el marco de convenios suscritos con organismos internacionales u órganos de cooperación internacional.
d) Suscribir, en el marco de sus respectivas competencias y funciones, Convenios de Cooperación Interinstitucional, colaboración, gestión, administración de recursos, Acuerdos, Memorandos o Cartas de Entendimiento u otros instrumentos de naturaleza análoga, incluidas sus adendas, celebrados con otra entidad nacional, regional o local, pública o privada, o entre el Ministerio del Ambiente y organismos internacionales, siempre que no sean privativas a la función de Ministro/a del Ambiente. La presente delegación comprende también las designaciones necesarias para la ejecución de los convenios antes citados.
e) Aprobar y suscribir contratos y sus respectivas adendas relativos a los asuntos propios de su ámbito, derivados de convenios suscritos con organismos internacionales.
f) Suscribir contratos de fideicomiso, sus respectivas adendas, así como la documentación necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, en el marco de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus modificatorias.
Artículo 2.- Delegación de facultades y atribuciones a el/la Secretario/a General, durante el Año Fiscal 2026.
Delegar en el/la Secretario/a General del Ministerio del Ambiente, las siguientes facultades y atribuciones:
2.1 Facultades de representación:
a) En materia del Fondo de Apoyo Gerencial, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25650, y la Directiva N° 003-2024-EF/43.01: “Lineamientos para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en el marco del Decreto Ley N° 25650”, o norma vigente que corresponda, para las contrataciones en su Despacho, en el Despacho Ministerial y en los órganos dependientes de la Secretaría General:
1) Autorizar las contrataciones y suscribir el Anexo N° 01 “Términos de Referencia del Servicio” o documentación necesaria correspondiente.
2) Autorizar las adendas, prórrogas o renovaciones de los contratos de locación de servicios, con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG).
b) En materia del Fondo de Apoyo Gerencial, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 29806, y la Directiva N° 003-2021-EF/43.01: “Lineamientos para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en el marco de la Ley N° 29806, y modificatorias”, comunicar a la Unidad Transitoria de Pago cuando el Personal Altamente Calificado deje de prestar servicios en el Sector, bajo cualquier causa y/o motivo.
c) Emitir otros documentos relacionados al Fondo de Apoyo Gerencial, en el marco del Decreto Ley N° 25650, Crean el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, y la Ley N° 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones como ceses, devolución de pagos en exceso, suspensión del servicio sin contraprestación, solicitud de constancia de prestación de servicios.
d) Suscribir, en el marco de sus respectivas competencias y funciones, Convenios de Cooperación Interinstitucional, Acuerdos, Memorandos o Cartas de Entendimiento u otros instrumentos de naturaleza análoga, incluidas sus adendas, celebrados con otra entidad nacional pública o privada, o entre el Ministerio del Ambiente y organismos internacionales, siempre que no sean privativas a la función de Ministro/a del Ambiente.
e) Suscribir en representación del Ministerio del Ambiente, la documentación que deba ser remitida a la Contraloría General de la República, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N° 006-2025-CG/GRECE “Gestión de Sociedades de Auditoría para la Ejecución de Auditorías Financieras Gubernamentales” aprobada por Resolución de Contraloría Nº 314-2025-CG, o norma que la modifique o sustituya.
f) Representar al Titular de la Entidad y/o designar a los representantes del Ministerio del Ambiente ante Comisiones Multisectoriales, Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo u otros análogos donde participan los programas o intervenciones del Ministerio del Ambiente o del sector, en los casos que la normativa lo permita.
g) Solicitar, ante el Jurado Electoral Especial o a quien corresponda, autorización previa para la difusión de avisos o mensajes publicitarios que se consideren de impostergable necesidad o utilidad pública, a ser difundidos por radio o televisión, en periodo electoral, de conformidad a la normativa sobre la materia.
h) Presentar, ante el Jurado Electoral Especial o a quien corresponda, el reporte posterior, en los casos de publicidad estatal difundida a través de medios distintos a la radio y a la televisión, en razón de necesidad o utilidad pública, en periodo electoral, de conformidad a la normativa sobre la materia.
i) Suscribir y/o presentar por medio digital, la rendición de cuentas del Pliego 005: Ministerio del Ambiente, de acuerdo al artículo 23 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad.
j) Aprobar las acciones requeridas para la transición al marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), sin que ello implique la delegación de la responsabilidad de supervisión, conforme a lo establecido en el numeral 4.1.5 del instructivo aprobado mediante la Resolución Directoral N° 005-2024-EF/51.01.
k) Aprobar el Plan Anual de Trabajo Archivístico y demás documentos de gestión relacionados al archivo documental, en el marco de la Directiva N° 001-2019- AGN/DDPA “Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas”, aprobada por Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J.
l) Remitir copia del Plan Anual de Trabajo Archivístico a la Sede Institucional del Archivo General de la Nación, en el marco de la Directiva N° 001-2019- AGN/DDPA “Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas”, aprobada por Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J.
m) Suscribir los Estados Financieros y Presupuestales del Pliego 005: Ministerio del Ambiente, sólo respecto a la información financiera y presupuestaria de los periodos intermedios (trimestral y semestral).
n) Designar a los representantes, titulares y suplentes de la entidad, para que integren el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo - CAFAE del Ministerio del Ambiente; así como formalizar su designación.
ñ) Aprobar la designación de los árbitros que participarán por parte de la entidad en los procesos arbitrales sobre materias susceptibles de arbitraje, distintas a las controversias suscitadas en el marco de la normativa de contrataciones del Estado.
o) Suscribir la documentación dirigida a la Contraloría General de la República para la coordinación, ejecución y/o evaluación de las Auditorías de Desempeño; así como, cualquier otra coordinación que implique al MINAM y/o al sector Ambiente.
p) Disponer las acciones que correspondan para la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría conforme a la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC “Implementación de la Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”
2.2 Facultades en materia administrativa:
a) Aprobar las modificatorias del Plan Estratégico Institucional.
b) Aprobar las modificatorias del Plan Operativo Institucional.
c) Aprobar el Plan de Estrategia Publicitaria del Ministerio del Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal; así como las modificatorias que se requieran.
d) Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal - PAP, de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente - Administración General.
e) Aprobar los instrumentos de gestión, tales como metodologías, planes estratégicos y operativos, reglamentos, lineamientos, guías, manuales, protocolos u otros de alcance sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), siempre que la normativa lo permita.
f) Aprobar y/o formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del Pliego 005: Ministerio del Ambiente.
g) Presidir el Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector Ambiente.
Artículo 3.- Delegación de facultades y atribuciones a el/la Jefe/a de la Oficina General de Administración, durante el Año Fiscal 2026
Delegar en el/la Jefe/a de la Oficina General de Administración del Ministerio del Ambiente, las siguientes facultades y atribuciones:
3.1 Facultades de representación y gestión:
a) Representar al Ministerio del Ambiente en los actos y/o actividades que resulten necesarias cuando actúe como administrado ante cualquier tipo de autoridad y/o dependencia administrativa, para iniciar y proseguir procedimientos, formular solicitudes, presentar escritos de carácter administrativo, desistirse, participar en todo tipo de audiencias administrativas, interponer recursos administrativos de impugnación y ofrecer medios probatorios, ejerciendo los medios de defensa correspondientes, en coordinación con la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, de ser el caso.
b) Suscribir contratos bancarios y financieros celebrados por el Ministerio del Ambiente, incluidas sus respectivas adendas.
c) Aprobar los reconocimientos de deuda de ejercicios anteriores y, en los casos que resulte aplicable, la acción de enriquecimiento sin causa en la vía correspondiente, previa evaluación del área usuaria y legal, sin perjuicio del deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar.
d) Reconocer el precio de los bienes y servicios, en los casos que resulte aplicable la acción por enriquecimiento sin causa en la vía correspondiente, previa evaluación técnica del área usuaria y legal; sin perjuicio del deslinde de responsabilidades.
e) Autorizar la impresión a color en casos debidamente justificados, en el marco del Decreto Supremo N° 050-2006-PCM, que prohíbe en las entidades del Sector Público la impresión, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de comunicaciones y/o documentos de todo tipo.
f) Aprobar los expedientes técnicos y la ejecución de obras bajo la modalidad de ejecución presupuestal directa de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente - Administración General, de conformidad con la normativa sobre la materia.
g) Suscribir convenios, contratos, adendas y cualquier otro acto relacionado con los fines de la institución, vinculados con las funciones propias de la Oficina General de Administración, distintos de los contratos derivados de los procedimientos de selección.
h) Designar comisiones, comités y/o similares en el marco de los Convenios suscritos en el ámbito de su competencia.
i) Representar al Ministerio del Ambiente ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, en todo tipo de trámite en materia tributaria, para realizar cualquier acto, procedimiento y/o actividad que resulte necesaria para el mejor desarrollo de la gestión administrativa del Ministerio.
j) Suscribir contratos y/o adendas de consultoría derivados de Convenios de Cooperación Técnica No Reembolsable u otros instrumentos de naturaleza análoga, no delegados a los Despachos Viceministeriales o a la Secretaría General.
k) Designar la entidad bancaria donde abrir cuentas corrientes para el manejo de fondos públicos distintos de los administrados y canalizados a través de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
l) Conformar comisiones o comités al interior de la entidad no regulados por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento u otras normas especiales, previa opinión de los Despachos Viceministeriales, cuando corresponda.
m) Designar y dejar sin efecto la designación de los Fedatarios Institucionales.
3.2 Facultades en materia de contrataciones en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento:
a) Autorizar las prestaciones adicionales y reducciones hasta por el monto máximo previsto en la normativa de contrataciones del Estado, para la contratación de bienes, servicios y consultorías, de todos los tipos de procedimientos de selección, con excepción de las Adjudicaciones Simplificadas.
b) Aprobar la reducción de prestaciones en el caso de obras hasta por el máximo permitido.
c) Aprobar la subcontratación de prestaciones hasta por el máximo permitido, en todos los contratos derivados de los procedimientos de selección, con excepción de las Adjudicaciones Simplificadas.
d) Suscribir todas las comunicaciones, actuaciones y actos vinculados a los procesos de contratación y procesos de selección, que deban realizarse ante la Dirección General de Abastecimiento, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes - OECE, el Tribunal de Contrataciones Públicas y la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, así como gestionar las publicaciones que deban realizarse por mandato legal y los pedidos de información y consulta que resulte necesario realizar ante otras entidades, vinculadas con la temática de contrataciones del Estado, con excepción de los vinculados a los procedimientos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Simplificadas.
e) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo contractual en contratos de bienes, servicios, consultorías y obras, incluyendo los provenientes de contrataciones directas, con excepción de los derivados de los procedimientos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Simplificadas.
f) Aprobar el pago de gastos generales o mayores gastos generales variables que se podrían generar como consecuencia de las ampliaciones de plazo otorgadas en los contratos de bienes, servicios, consultoría u obras, con excepción de los derivados de los procedimientos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Simplificadas.
g) Resolver los contratos derivados de los procedimientos de selección, incluyendo los provenientes de contrataciones directas; por las causales previstas en la normativa de contrataciones del Estado, con excepción de los derivados de los procedimientos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Simplificadas.
h) Aprobar otras modificaciones al contrato, cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones e inclusive cuando la modificación implique el incremento de precio.
i) Designar y reconformar a los miembros integrantes de los comités de recepción de obra.
j) Invitar a los postores que participaron en el procedimiento de selección que derivó en un contrato declarado resuelto para que manifiesten su intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa de contrataciones del Estado, con excepción de las Adjudicaciones Simplificadas.
k) Aprobar la designación de árbitros por parte de la Entidad en los procesos arbitrales de las controversias suscitadas en el marco de la normativa de contrataciones del Estado.
3.3 Facultades en materia de Bienes Estatales:
a) Aprobar los actos de administración, disposición, adquisición, servidumbre, registro y supervisión de los bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales y de Sistema Nacional de Abastecimiento.
b) Aprobar la aceptación de donación de bienes muebles patrimoniales que se encuentren en el territorio nacional o provenientes del extranjero, así como, suscribir la solicitud de afectación en uso y transferencia de bienes muebles patrimoniales, en el marco del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, su Reglamento, directivas y normas complementarias.
c) Aprobar la aceptación de la donación de predios y/o bienes inmuebles privados, así como, aprobar la dación en pago mediante la entrega de bienes inmuebles privados, en el marco del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, su Reglamento, directivas y normas complementarias.
3.4 Facultades en materia Contable y de Tesorería:
a) Designar a los responsables, titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente - Administración General.
b) Suscribir contratos, convenios y documentos requeridos por las entidades financieras, para la contratación de servicios bancarios y manejo de cuentas bancarias del MINAM.
Artículo 4.- Delegación de facultades y atribuciones a el/la Jefe/a de la Oficina de Abastecimiento, durante el Año Fiscal 2026, en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento
Delegar en el/la Jefe/a de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del Ministerio del Ambiente, las siguientes facultades y atribuciones:
a) Autorizar las prestaciones adicionales y reducciones hasta por el monto máximo previsto en la normativa de contrataciones del Estado, para la contratación de bienes, servicios y consultorías, para los procedimientos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Simplificadas.
b) Aprobar la reducción de prestaciones en el caso de obras hasta por el máximo permitido, para los procedimientos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Simplificadas.
c) Aprobar la subcontratación de prestaciones hasta por el máximo permitido de los contratos derivados de los procedimientos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Simplificadas.
d) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo contractual en contratos de bienes, servicios, consultorías y obras, derivados de los procedimientos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Simplificadas.
e) Aprobar el pago de gastos generales o mayores gastos generales variables que se podrían generar como consecuencia de las ampliaciones de plazo otorgadas en los contratos de bienes, servicios, consultoría u obras, de los procedimientos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Simplificadas.
f) Resolver los contratos derivados de los procedimientos de selección, por las causales previstas en la normativa de contrataciones del Estado, de los procedimientos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Simplificadas.
g) Invitar a los postores que participaron en el procedimiento de selección que derivó en un contrato declarado resuelto para que manifiesten su intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa de contrataciones del Estado, de los procedimientos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Simplificadas.
h) Suspender el plazo de ejecución de contratos de obra y contratos de supervisión de obra y de servicios, según corresponda; y una vez reiniciado dicho plazo comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución.
i) Suscribir todo aquel documento por el cual se formalice una cesión de posición contractual y/o cesión de derechos en los contratos de bienes, servicios, consultorías y obras.
j) Expedir y registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) las Constancias de Prestación de los contratos de bienes, servicios, consultorías u obras.
k) Comunicar al Tribunal de Contrataciones Públicas la existencia de indicios de la comisión de infracciones por parte de los proveedores, participantes, postores, contratistas, expertos independientes y otros que pudieran dar lugar a la aplicación de sanciones.
Artículo 5.- Delegación de facultades y atribuciones a el/la Jefe/a de la Oficina General de Recursos Humanos, durante el Año Fiscal 2026
Delegar en el/la Jefe/a de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio del Ambiente, las siguientes facultades y atribuciones:
a) En materia del Fondo de Apoyo Gerencial, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25650, y la Directiva N° 003-2024-EF/43.01: “Lineamientos para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en el marco del Decreto Ley N° 25650” o norma vigente que corresponda:
1) Suscribir las solicitudes para el registro de Contratos;
2) Suscribir los Contratos de Locación de Servicios;
3) Suscribir la solicitud para el registro de prórroga y/o renovación de contratos:
4) Suscribir el Anexo N° 09 “Adenda” o documentación necesaria correspondiente;
5) Suscribir la solicitud para el pago de honorarios;
6) Comunicar a la Unidad Transitoria de Pago cuando el locador deje de prestar servicios, bajo cualquier causa y/o motivo;
7) Comunicar a la Unidad Transitoria de Pago, de manera inmediata, en caso tome conocimiento de la imposición al locador de alguna sanción de destitución firme o que haya agotado la vía administrativa y/o con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada;
8) Suscribir otros documentos, así como efectuar otros actos, que se encuentren relacionados con el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG, en el marco del Decreto Ley N° 25650.
b) Suscribir convenios, contratos, acuerdos u otros instrumentos de naturaleza análoga, incluidas sus adendas, celebrados con otras entidades públicas o privadas, para actividades vinculadas a los subsistemas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, distintos de los contratos derivados de los procesos de selección.
c) Aprobar el encargo de puesto o funciones, así como las designaciones temporales de los órganos de línea, de apoyo y de asesoramiento del Ministerio del Ambiente. Asimismo, aprobar el encargo de puesto o funciones, así como las designaciones temporales de los responsables de Proyectos y Programas designados mediante Resolución Ministerial, cuando el/la titular se encuentre ausente temporalmente.
d) Autorizar y resolver las acciones del personal comprendidas en el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, a que se refiere el Capítulo VII del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Asimismo, autorizar y resolver las acciones de personal de los diferentes regímenes laborales de la Entidad, según su normativa aplicable.
e) Aprobar y modificar el Reglamento Interno de Servidores Civiles del Ministerio del Ambiente, así como Directivas Generales, Lineamientos, Instructivos y otros documentos de gestión relacionados con el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
f) Suscribir en representación del Ministerio del Ambiente, los documentos que sean necesarios en el marco del procedimiento y diligencias de ejecución de mandatos judiciales de naturaleza laboral, con calidad de cosa juzgada o medidas cautelares de reposición u otros, en coordinación con la Procuraduría Pública; así como, los documentos requeridos en el marco del procedimiento de ejecución de mandato administrativo emitido por la Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR, que ordenen reposición o reincorporación de servidores, según corresponda, de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente - Administración General.
g) Ejercer representación ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL y/o Seguro Social de Salud - ESSALUD u otra autoridad competente para intervenir en cualquier tipo de diligencia relacionada con las inspecciones de trabajo que verse sobre temas laborales; lo que excluye el ejercicio de las competencias a cargo de la Procuraduría Pública, contempladas en el Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y Crea la Procuraduría General del Estado.
Artículo 6.- Delegación de facultades y atribuciones a el/la Jefe/a de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, durante el Año Fiscal 2026.
Delegar en el/la Jefe/a de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente, la siguiente facultad y atribución:
a) Suscribir y remitir a las instancias pertinentes, la documentación relativa a la formulación del Presupuesto Institucional del ejercicio presupuestal subsiguiente que correspondan al Ministerio del Ambiente, que no sean privativas a la función de Ministro/a del Ambiente.
b) Aprobar la Matriz de Compromisos de Mejora de Desempeño a que se refiere la Directiva N° 003-2024-EF/50.01: “Directiva que regula la evaluación en el marco de la fase de evaluación presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral N° 0032-2024-EF/50.01.
Artículo 7.- Delegación de facultades y atribuciones a los/las Responsables de las Unidades Ejecutoras del Ministerio del Ambiente, durante el Año Fiscal 2026.
Delegar en los/las Responsables de las Unidades Ejecutoras del Ministerio del Ambiente, las siguientes facultades y atribuciones:
a) Autorizar la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes; así como la ejecución física y financiera de las Inversiones Públicas.
b) Aprobar los expedientes técnicos o documentos equivalentes de las inversiones públicas a su cargo.
c) Designar a los responsables, titulares y suplentes, del manejo de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras a su cargo.
d) Autorizar la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes de Proyectos de Inversión Pública, cuando estos hayan sido declarados viables mediante fichas técnicas, en el ámbito de sus competencias.
Artículo 8.- Delegación de facultad en los/las titulares de los organismos públicos adscritos al Ministerio del Ambiente, durante el Año Fiscal 2026
Delegar en el/la titular de los organismos públicos adscritos al Ministerio del Ambiente, la siguiente facultad y/o atribución: Autorizar la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes de Proyectos de Inversión Pública, cuando estos hayan sido declarados viables mediante fichas técnicas, en el ámbito de sus competencias.
Artículo 9.- De la observancia de los requisitos legales
La delegación de facultades y atribuciones a que se refiere la presente Resolución Ministerial comprende igualmente las atribuciones de pronunciarse y/o resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con los requisitos y procedimientos legales establecidos para cada caso en concreto.
Artículo 10.- De las actuaciones realizadas
Los/las funcionarios/as y servidores/as a los/las cuales se les ha delegado las facultades y atribuciones indicadas en los artículos precedentes están obligados a informar trimestralmente al Despacho Ministerial, sobre el ejercicio de las facultades delegadas, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre.
Artículo 11.- De la Notificación
Notificar la presente Resolución Ministerial a los/las servidores/ras y funcionarios/as en quienes han sido delegadas facultades y atribuciones.
Artículo 12.- De la Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en la sede digital del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam) en la misma fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIGUEL ÁNGEL ESPICHÁN MARIÑAS
Ministro del Ambiente
2473106-1
2473108-1
Delegan facultades y atribuciones en materia de contratación pública en las Jefaturas de la Oficina General de Administración y de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio del Ambiente, para el Ejercicio Fiscal 2026
Resolución de Secretaría General
N° 00102-2025-MINAM
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS: el Memorando N° 01798-2025-MINAM/SG/OGA de la Oficina General de Administración, el Informe N° 02425-2025-MINAM/SG/OGA/OA de la Oficina de Abastecimiento, el Memorando N° 01578-2025-MINAM/SG/OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 01082-2025-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella; estableciéndose su ámbito de competencia sectorial, su estructura orgánica y sus funciones;
Que, conforme a la Vigésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas (en adelante la Ley), la mencionada norma entra en vigencia a los noventa días calendario contados a partir del día siguiente a la publicación de su Reglamento; siendo que con fecha 22 de enero de 2025, se publicó el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas;
Que, el literal b) del numeral 25.1 del artículo 25 de la Ley, en concordancia con el artículo 19 de su Reglamento, señala como actores que intervienen directamente en los procesos de contratación regulados en el nuevo régimen de contratación pública, entre otros, al Titular de la Entidad y a la Autoridad de la gestión administrativa, estableciendo que es la más alta autoridad de la gestión administrativa de cada entidad contratante. Es responsable de la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, con excepción de aquellas reservadas al titular de la entidad. En el caso de los ministerios, es la secretaría general;
Que, conforme a lo establecido en el numeral 25.2 del artículo 25 de la Ley N° 32069, la Autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante puede delegar, mediante resolución, las facultades que dicha ley le otorga, salvo las excepciones previstas en el Reglamento;
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que procede la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad; precisando en su artículo 79, que el delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado;
Que, el artículo 13 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado con Resolución Ministerial N° 108-2023-MINAM, establece que la Secretaría General está a cargo de el/la Secretario/a General, quien es la máxima autoridad administrativa del Ministerio, forma parte de la Alta Dirección, actúa como nexo de coordinación entre ésta y los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio; así como de enlace con otras entidades públicas;
Que, a través del Memorando N° 01798-2025-MINAM/SG/OGA, de la Oficina General de Administración y el Informe N° 02425-2025-MINAM/SG/OGA/OA, de la Oficina de Abastecimiento, se propone y sustenta la aprobación de delegación de facultades y atribuciones a el/la Jefe/a de la Oficina General de Administración y la Oficina de Abastecimiento del Ministerio del Ambiente, en materia de contrataciones durante el Año Fiscal 2026, conforme al marco normativo vigente de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 009-2025-EF, a fin de agilizar la gestión administrativa relacionada a los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;
Que, con el propósito de otorgar celeridad a la gestión administrativa, resulta conveniente delegar determinadas funciones asignadas a la Autoridad de la gestión administrativa en los procesos de contratación pública durante el Año Fiscal 2026;
Que, mediante Informe N° 01082-2025-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable para la delegación de determinadas facultades asignadas a la Autoridad de la gestión administrativa en materia de contrataciones públicas para el año 2026 en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 009-2025-EF;
Con el visado de la Oficina General de Administración, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF; y la Resolución Ministerial N° 108-2023-MINAM, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegación de facultades y atribuciones en la Oficina General de Administración, durante el Año Fiscal 2026.
Delegar en la Jefatura de la Oficina General de Administración del Ministerio del Ambiente, para el Ejercicio Fiscal 2026, las siguientes facultades y atribuciones, en materia de contratación pública, en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF:
a) Aprobar y supervisar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio del Ambiente, conforme los criterios establecidos en la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01, aprobada por Resolución Directoral N° 0010-2025-EF/54.01, en tanto se implemente el PAC del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN).
b) Implementar mecanismos y establecer disposiciones para supervisar el proceso de contratación en todas sus fases, así como la actuación de aquellos que intervienen en este. Esta labor incluye la implementación de las medidas correctivas o preventivas recomendadas por el OECE.
c) Adoptar los mecanismos necesarios para que la dependencia encargada de las contrataciones revise la existencia de impedimentos señalados en la Ley General de Contrataciones Públicas.
d) Declarar la nulidad de oficio de procedimientos de selección y de los contratos perfeccionados conforme a los supuestos establecidos en la Ley General de Contrataciones Públicas.
e) Adoptar y brindar todas las facilidades necesarias al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) para la Asistencia Técnica y orientación brindadas por este.
f) Supervisar el cumplimiento de niveles de la certificación requerida para el responsable de la dependencia encargada de las contrataciones y los compradores públicos.
g) Designar a una o más unidades orgánicas de la entidad contratante como áreas técnicas estratégicas, dadas sus funciones, especialidad o conocimientos técnicos, para la atención de una o más necesidades de otras áreas usuarias contenidas en el CMN aprobado.
h) Aprobar el proceso de compatibilización del requerimiento para la contratación de bienes y servicios.
i) Aprobar y modificar expedientes de contratación para la contratación de bienes, servicios y obras de todos los tipos y modalidades de procedimientos de selección.
j) Designar a los miembros integrantes de comités y a los expertos integrantes del jurado de procedimientos de selección competitivos, así como aprobar su remoción, renuncia y designar nuevos integrantes.
k) Aprobar la cancelación total o parcial de los procedimientos de selección, en todos sus tipos y modalidades.
l) Aprobar propuestas económicas que superen la cuantía del procedimiento de selección.
m) Autorizar las prestaciones adicionales y reducción de prestaciones hasta por el monto máximo previsto en la normativa de contrataciones públicas, para la contratación de bienes, servicios y consultorías.
n) Aprobar la subcontratación de prestaciones hasta por el máximo permitido, en los contratos derivados de los procedimientos de selección.
o) Aprobar la reducción de prestaciones en el caso de obras hasta por el máximo permitido.
p) Aprobar otras modificaciones al contrato, en caso no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo, incluso cuando la modificación implique el incremento del precio, siempre que se cumplan los requisitos y supuestos establecidos en la normativa de contrataciones públicas.
q) Suscribir los contratos derivados de los procedimientos de selección competitivos, incluyendo los provenientes de procedimientos no competitivos y sus adendas.
r) Autorizar la suspensión del plazo de ejecución, aun cuando el evento se deba a causa imputable a la entidad contratante, derivados de procedimientos de selección.
s) Resolver los contratos derivados de los procedimientos de selección competitivos y no competitivos; por las causales previstas en la normativa de contratación pública.
t) Otorgar la garantía a cargo de la entidad, para los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, en los términos previstos en el contrato.
u) Autorizar las solicitudes de ampliación de plazo contractual, previo cumplimiento del procedimiento establecido.
v) Aprobar el pago de los costos y gastos generales debidamente acreditados que se podrían generar como consecuencia de las ampliaciones de plazo otorgadas en los contratos de bienes y servicios.
w) Suscribir contratos complementarios de bienes y servicios, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa de contrataciones públicas.
x) Suscribir todas las comunicaciones, actuaciones y actos vinculados a los procesos de contratación y procesos de selección, que deban realizarse ante la Dirección General de Abastecimiento, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas (OECE), el Tribunal de Contrataciones Públicas y la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; así como gestionar las publicaciones que deban realizarse por mandato legal y los pedidos de información y consulta que resulte necesario realizar ante otras entidades, vinculadas con la temática de contrataciones públicas, con excepción de las modalidades de Contratos Menores y Acuerdo Marco.
y) Designar a los miembros integrantes de los comités de recepción de obras.
z) Aprobar que no se utilice la subasta inversa para la contratación de bienes o servicios que cuenten con ficha técnica, cuando de la estrategia de contratación determina que existe el riesgo objetivamente sustentado de que no se presenten suficientes proveedores para realizar la puja correspondiente; así como remitir a Perú Compras la documentación que sustenta dicha aprobación.
aa) Publicar, modificar, así como realizar el seguimiento y monitoreo del plan multianual de homologación que apruebe el Ministerio del Ambiente, y comunicar los avances de su cumplimiento a Perú Compras. Asimismo, realizar el seguimiento de las actividades del equipo de homologación informando a la Secretaría General del Ministerio del Ambiente.
bb) Designar al árbitro por parte de la entidad contratante a propuesta de la Procuraduría Pública respectiva o quien haga sus veces en defensa de los intereses del Estado.
cc) Suscribir el contrato tripartito para el funcionamiento de la junta de prevención y resolución de disputas (JPRD).
dd) Adoptar la decisión de conciliar o rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio al amparo del principio de eficacia y eficiencia, y de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en la ley.
ee) Evaluar la conveniencia o no de someter a arbitraje cada una de las controversias que cumplan con el supuesto de arbitrabilidad.
Artículo 2.- Delegación de facultades y atribuciones en la Oficina de Abastecimiento, durante el Año Fiscal 2026.
Delegar en la Jefatura de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del Ministerio del Ambiente, para el Ejercicio Fiscal 2026, las siguientes facultades y atribuciones, en materia de contratación pública, en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF:
a) Suscribir todas las comunicaciones, actuaciones y actos vinculados a los procesos de contratación y procesos de selección, que deban realizarse ante la Dirección General de Abastecimiento, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas (OECE), el Tribunal de Contrataciones Públicas y la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, específicamente en las modalidades de Contratos Menores y Acuerdo Marco; así como gestionar las publicaciones que deban realizarse por mandato legal y los pedidos de información y consulta que resulte necesario realizar ante otras entidades, vinculadas con la temática de contrataciones Públicas.
b) Resolver los contratos que se deriven de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco; por las causales previstas en la normativa de contrataciones públicas.
c) Suscribir y resolver total o parcialmente contratos u órdenes de compra y servicio de bienes, servicios, consultorías y obras, y sus adendas, de los contratos menores.
d) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo de los contratos de bienes, servicios y consultorías y obras, de los contratos menores.
e) Suspender el plazo de ejecución de contratos de obra y contratos de supervisión de obra y de servicios, según corresponda; y una vez reiniciado dicho plazo comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución.
f) Suscribir todo aquel documento por el cual se formalice una cesión de posición contractual y/o cesión de derechos en los contratos de bienes, servicios, consultorías y obras.
g) Expedir y registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) las Constancias de Prestación de los contratos de bienes, servicios, consultorías y obras.
h) Comunicar al Tribunal de Contrataciones Públicas la existencia de indicios de la comisión de infracciones por parte de los proveedores, participantes, postores, contratistas, expertos independientes y otros que pudieran dar lugar a la aplicación de sanciones.
i) En caso de presentación de recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, remitir el expediente de contratación completo y los demás documentos que sean requeridos por el organismo resolutivo durante el trámite en mención; y, en caso de presentación de recurso de apelación ante la Entidad, llevar a cabo todos los actos administrativos requeridos por la Oficina General de Administración, de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa sobre contrataciones públicas.
j) Modificar el Cuadro Multianual de Necesidades solicitadas por las áreas usuarias, conforme lo establecido en el numeral 32.6 del artículo 32 de la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01, aprobado por Resolución Directoral N° 0022-2025-EF/54.01.
Artículo 3.- De la observancia de los requisitos legales
La delegación de facultades y atribuciones a que se refiere la presente Resolución comprende igualmente las atribuciones de pronunciarse y/o resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con los requisitos y procedimientos legales establecidos para cada caso en concreto.
Artículo 4.- De las actuaciones realizadas
El personal Directivo a quienes se les ha delegado las facultades y atribuciones indicadas en los artículos precedentes, están obligados a informar trimestralmente a la Secretaría General, sobre el ejercicio de las facultades delegadas, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre.
Artículo 5.- De la Notificación
Notificar la presente Resolución de Secretaría General al personal directivo en quienes han sido delegadas las facultades y atribuciones.
Artículo 6.- De la Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría General en la sede digital del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam) en la misma fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDGAR ANDDY SÁNCHEZ DE LA CRUZ
Secretario General
2473108-1
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
2472908-1
Mantienen la vigencia del Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR 2025 hasta la aprobación del nuevo Plan Estratégico Nacional de Turismo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 386-2025-MINCETUR
Lima, 30 de diciembre 2025
VISTOS, el Informe N° 0140-2025-MINCETUR/VMT/DGET/DPDT-LLS de la Dirección de Productos y Destinos Turísticos; el Informe N° 0049-2025-MINCETUR/VMT/DGET-OGP de la Dirección General de Estrategia Turística; y los Memorándums Nos. 1709 y 1735-2025-MINCETUR/VMT del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), dicho Ministerio define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la regulación del Comercio Exterior. El titular del sector dirige las negociaciones comerciales internacionales del Estado y está facultado para suscribir convenios en el marco de su competencia. En materia de turismo promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía;
Que, el artículo 3 de la Ley N° 32392, Nueva Ley General de Turismo, declara de interés nacional el turismo y su tratamiento como política prioritaria del Estado para el desarrollo del país;
Que, el artículo 5 de la citada Ley, establece que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) es el responsable de formular, proponer y actualizar la política nacional de turismo y aprobar el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR);
Que, el numeral 11.1 del artículo 11 de la misma Ley, referido al PENTUR señala que, el MINCETUR elabora, aprueba y actualiza dicho Plan Estratégico, en el marco de la política nacional de turismo y las políticas de Estado, como un instrumento que define la estrategia para la planificación y gestión del sector turismo a mediano y largo plazo en el ámbito nacional;
Que, el numeral 11.2 del citado artículo señala que, el proceso de elaboración, actualización, modificación, seguimiento y evaluación del PENTUR es liderado por el MINCETUR, con la participación activa del gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil organizada;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 231-2016-MINCETUR, se aprueba la actualización del Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR 2025, instrumento que definió la estrategia sectorial con un horizonte de implementación hasta el año 2025;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 295-2019-MINCETUR, se aprueba la lista sectorial de las Políticas Nacionales bajo rectoría o conducción del MINCETUR, entre ellas la Política Nacional en Turismo - PENTUR;
Que, con Resolución Ministerial N° 129-2024-MINCETUR se formaliza el inicio del proceso de actualización de la Política Nacional en Turismo, en el marco de la Resolución Ministerial N° 295-2019-MINCETUR, conforme al procedimiento y pautas metodológicas establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y se crea el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal para la actualización de la Política Nacional en Turismo;
Que, mediante Memorándum N° 1557-2025-MINCETUR/VMT/DGPDT, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico manifiesta que la Política Nacional en Turismo se encuentra en proceso de elaboración en el marco de lo establecido por el CEPLAN;
Que, mediante el Informe N° 0140-2025-MINCETUR/VMT/DGET/DPDT- LLS de la Dirección de Productos y Destinos Turísticos de la Dirección General de Estrategia Turística señala que, en virtud a lo dispuesto en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 32392, el PENTUR debe elaborarse en el marco de la Política Nacional en Turismo, la misma que se encuentra en proceso de elaboración; motivo por el cual sustentan la necesidad de ampliar la vigencia del PENTUR 2025;
Que, en ese sentido, es necesario emitir el acto resolutivo que amplíe la vigencia del PENTUR 2025;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; la Ley N° 32392, Nueva Ley General de Turismo; y la Resolución Ministerial N° 216-2025-MINCETUR, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Vigencia del Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR 2025
El Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR 2025, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 231-2016-MINCETUR, mantiene su vigencia hasta la aprobación del nuevo Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR, elaborado en el marco de la Política Nacional en Turismo, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 32392, Nueva Ley General de Turismo.
Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en la sede digital del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/mincetur), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
TERESA STELLA MERA GÓMEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
2472908-1
2472917-1
Aprueban el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional para el año 2026 a cargo de la UICET y de PROMPERÚ
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 387-2025-MINCETUR
Lima, 30 de diciembre 2025
VISTOS, el Memorándum N° 005-2025-MINCETUR/VMT/DGET/CEFPDTN de la Dirección General de Estrategia Turística (DGET), en su calidad de Secretario Ad-hoc del Comité Especial del Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, creado por la Ley N° 27889; el Informe N° 0034-2025-MINCETUR/DM/UICET-DE/UPI de la Unidad de Preinversión; el Informe N° 0474-2025-MINCETUR/DM/UICET-DE/UI/SEI de la Sub Unidad de Ejecución de Inversiones e Informe N° 0174-2025-MINCETUR/DM/UICET-DE/UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo; el Informe Técnico N° 000209-2025-PROMPERU/DT emitido por la Dirección de Promoción del Turismo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU); el Informe N° 0050-2025-MINCETUR/VMT/DGET-OGP de la Dirección General de Estrategia Turística; el Acta de Sesión Extraordinaria N° 002-2025 del Comité Especial del Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional; el Memorándum N° 1736-2025-MINCETUR/VMT del Viceministerio de Turismo; el Informe N° 0429-2025-MINCETUR/SG/OGPPM/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 0088-2025-MINCETUR/SG/OGPPM/OI de la Oficina de Inversiones, y el Memorándum N° 644-2025-MINCETUR/SG/OGPPM de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 27889, Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional se crea el “Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional”, que tiene como objeto financiar las actividades e inversiones destinados a la promoción y desarrollo del turismo nacional; estableciéndose que la administración de los recursos del Fondo está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y cuenta con un Comité Especial, encargado de proponer a dicho Ministerio, el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional;
Que, en concordancia con el artículo 3 de la citada Ley y los artículos 4 y 6 del Reglamento de la Ley N° 27889, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2003-MINCETUR y sus modificatorias, el MINCETUR debe aprobar mediante Resolución Ministerial, el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, a propuesta del referido Comité Especial, el que debe contener la relación de actividades de promoción, así como de las inversiones destinadas a la promoción y al desarrollo del turismo nacional a realizarse y el gasto global proyectado para las partidas correspondientes a las distintas actividades y proyectos propuestos;
Que, en la Sesión Extraordinaria N° 02-2025 de fecha 15 de diciembre de 2025, el citado Comité Especial aprueba la propuesta del Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional 2026, a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversión de Comercio Exterior y Turismo - UICET, por un monto que asciende a S/ 148 049 834,00 (Ciento Cuarenta y Ocho Millones Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Cuatro y 00/100 Soles) y a cargo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, por un monto que asciende a S/ 261 715 259,00 (Doscientos Sesenta y Un Millones Setecientos Quince Mil Doscientos Cincuenta y Nueve y 00/100 Soles);
Que, a través de los documentos del Vistos, los órganos competentes del MINCETUR han recomendado la emisión del acto resolutivo que aprueba el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional 2026, en los términos señalados, a efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 27889;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; la Ley Nº 27889, Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional; el Decreto Supremo Nº 007-2003-MINCETUR que aprueba Reglamento de la Ley N° 27889; y la Resolución Ministerial N° 216-2025-MINCETUR que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional para el año 2026, a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversión de Comercio Exterior y Turismo - UICET, por un monto que asciende a S/ 148 049 834,00 (Ciento Cuarenta y Ocho Millones Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Cuatro y 00/100 Soles) y de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, por un monto que asciende a S/ 261 715 259,00 (Doscientos Sesenta y Un Millones Setecientos Quince Mil Doscientos Cincuenta y Nueve y 00/100 Soles), conforme a los Anexos que forman parte de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y sus Anexos en el Portal Web Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/mincetur), en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
TERESA STELLA MERA GÓMEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
2472917-1
2473120-1
Aprueban el reconocimiento a la Gestión Municipal Inclusiva “Turismo para Todos” de catorce (14) municipalidades del Perú y el reconocimiento a la Distinción a la Excelencia en la Gestión Municipal Inclusiva “Turismo para Todos” a cinco (5) municipalidades del Perú
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 0074-2025-MINCETUR/VMT
Lima, 24 de diciembre de 2025
VISTO, el Informe Técnico Legal N° 032-2025-MINCETUR/VMT/DGET/DIOT-MAA de la Dirección de Innovación de la Oferta Turística de la Dirección General de Estrategia Turística del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (en adelante, MINCETUR), señala que este ministerio define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo;
Que, asimismo, MINCETUR, en materia de turismo, promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible;
Que, el artículo 4 de la referida ley establece como uno de los objetivos del MINCETUR en materia de turismo contribuir al proceso de descentralización nacional, promoviendo la actividad turística a través de los gobiernos regionales y locales, la comunidad organizada y el sector privado;
Que, el artículo 5 de la referida norma establece que es función del MINCETUR intervenir en la formulación de políticas, acciones y propuestas normativas que tengan incidencia determinante respecto a materias o actividades en el ámbito de su competencia;
Que, el artículo 5 de la Ley Nº 32392, Nueva Ley General de Turismo, señala como una de las competencias del MINCETUR coordinar y orientar a los gobiernos regionales y locales en materia de turismo y artesanía conforme a los principios de la actividad turística positivizados en su Título Preliminar, entre ellos Descentralización, Equidad e Igualdad;
Que, el MINCETUR, al innovar en los productos turísticos con el objetivo de fortalecer y diversificar la oferta turística, en coordinación con actores públicos y privados, no sólo promueve el desarrollo sostenible y competitivo sino también accesible, acorde con lo dispuesto por el artículo 17 de la Nueva Ley General de Turismo;
Que, el artículo 51 de la misma ley dispone que el Turismo Social comprende todos aquellos instrumentos y medios a través de los cuales se promueve la participación e inclusión en el turismo de niños, jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos humanos que, por razones físicas, económicas, sociales o culturales, tienen acceso limitado a disfrutar de los atractivos y servicios turísticos;
Que, para tal efecto, el MINCETUR interviene a través del desarrollo e implementación de acciones y estrategias articuladas con actores públicos y privados para diseñar y crear oportunidades con el propósito de promover el disfrute de actividades turísticas inclusivas en condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad y comodidad, en la cadena de valor del turismo;
Que, el artículo 52 de la citada ley establece que el MINCETUR está facultado para crear, formular, diseñar, implementar, evaluar, monitorear y supervisar políticas sectoriales, programas, planes, proyectos, estrategias e iniciativas para el desarrollo de la actividad turística con el objetivo de mejorar y diversificar la oferta turística nacional;
Que, la Resolución Ministerial N° 005-2020-MINCETUR, que aprueba los Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Social en el Perú, refiere que el objetivo general del Turismo Social es promover y facilitar que grupos humanos con acceso limitado al turismo ejerzan en igualdad de condiciones su derecho fundamental al disfrute del tiempo libre y al descanso, gozando de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú;
Que, el artículo 136 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del MINCETUR, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 216-2025-MINCETUR, establece que la Dirección de Innovación de la Oferta Turística de la Dirección General de Estrategia Turística coordina el diseño e implementación de programas de turismo inclusivo con organismos públicos y privados, orientados a facilitar y crear oportunidades para el disfrute de actividades turísticas a favor de grupos poblacionales con accesos limitados a dichos servicios;
Que, el numeral 15 del artículo 82 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que es competencia y función de las municipalidades provinciales y distritales fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes;
Que, asimismo, el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2024-2030 (PESEM) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MINCETUR contemplan objetivos específicos orientados al desarrollo de experiencias turísticas accesibles, la mejora de la infraestructura turística y el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales;
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 050-2025-MINCETUR/VMT, se crea el Reconocimiento a la Gestión Municipal Inclusiva “Turismo para Todos”, con el objetivo de promover una gestión municipal inclusiva dentro de su jurisdicción, para la implementación de condiciones de accesibilidad en los recursos turísticos, así como buenas prácticas inclusivas que mejoren la experiencia y el disfrute del turismo, en beneficio de las personas con discapacidad y/o adultos mayores;
Que la mencionada Resolución Viceministerial señala que el Comité Organizador es el órgano colegiado encargado de aprobar y modificar los criterios y etapas de evaluación para el reconocimiento, determinar la o las categorías y designar al Equipo Evaluador;
Que, dicho comité está conformado por los directores de la Dirección de Facilitación y Cultura Turística, la Dirección de Desarrollo Artesanal y la Dirección General de Estrategia Turística, quien lo preside;
Que, conforme a la mencionada resolución, la Dirección de Innovación de la Oferta Turística asume la Secretaría Técnica del reconocimiento, cuyas funciones son asistir técnicamente al Comité Organizador y al Equipo Evaluador, así como proponer los criterios y etapas de evaluación para el reconocimiento, la o las categorías y al Equipo Evaluador;
Que, mediante el Informe Técnico Legal N° 032-2025-MINCETUR/VMT/DGET/DIOT-MAA, la Dirección de Innovación de la Oferta Turística de la Dirección General de Estrategia Turística del Viceministerio de Turismo señala que el Comité Organizador, conforme consta en el acta de 17 de setiembre de 2025, aprobó los criterios de evaluación para el mencionado reconocimiento, determinó las categorías del mismo y el cronograma para su desarrollo; así como designó a las especialistas de la iniciativa Turismo Social como Equipo Evaluador;
Que, luego de realizadas las etapas establecidas para la obtención del reconocimiento, el Equipo Evaluador, mediante Acta N° 1 de fecha 18 de diciembre de 2025, determinó los resultados obtenidos en la edición 2025 del Reconocimiento a la Gestión Municipal Inclusiva “Turismo para Todos”, determinándose que se debe otorgar el “Reconocimiento a la Gestión Municipal Inclusiva “Turismo para Todos” a catorce (14) municipalidades, y la “Distinción a la Excelencia en la Gestión Municipal Inclusiva “Turismo para Todos” a cinco (05) municipalidades;
Que, el numeral 13 de los Criterios de Evaluación mencionados estableció que el reconocimiento mencionado se formaliza mediante resolución viceministerial en ambas categorías;
De conformidad con la Ley N° 32392, Nueva Ley General del Turismo; la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del MINCETUR, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 216-2025-MINCETUR; la Resolución Ministerial N° 005-2020-MINCETUR, que aprueba los “Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Social en el Perú”; y la Resolución Viceministerial N° 050-2025-MINCETUR/VMT, que crea el Reconocimiento a la Gestión Municipal Inclusiva “Turismo para Todos;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de municipalidades que obtienen el Reconocimiento a la Gestión Municipal Inclusiva “Turismo para Todos”
Aprobar oficialmente el reconocimiento a la Gestión Municipal Inclusiva “Turismo para Todos” a catorce (14) municipalidades del Perú, conforme a lo determinado por el Equipo Evaluador; las cuales se detallan en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Aprobación de municipalidades que obtienen la Distinción a la Excelencia en la Gestión Municipal Inclusiva “Turismo para Todos”
Aprobar oficialmente el reconocimiento a la Distinción a la Excelencia en la Gestión Municipal Inclusiva “Turismo para Todos” a cinco (5) municipalidades del Perú, conforme a lo determinado por el Equipo Evaluador, las cuales se detallan en el Anexo 2 que forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- Publicación
La presente resolución y sus anexos deberán ser publicados en el Portal Web Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/mincetur), en la misma fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NANCY ARACELLY LACA RAMOS
Viceministra de Turismo
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
2473120-1
CULTURA
2472630-1
Aprueban Plan de la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030, periodo 2025 - 2026
RESOLUCION MINISTERIAL
N° 000354-2025-MC
San Borja, 29 de diciembre del 2025
VISTOS: la Hoja de Elevación N° 000115-2025-DGCI-VMI/MC de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural; el Memorando N° 002482-2025-OGPP-SG/MC de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 001758-2025-OGAJ-SG/MC de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú señala en su artículo 1 que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; y, en el numeral 19 de su artículo 2 dispone que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural y que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación;
Que, mediante el Decreto Ley Nº 18969, el Estado peruano aprueba la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, asumiendo el compromiso de seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todos los grupos étnicos; asimismo, asume el compromiso de tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos étnicos;
Que, por la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria, se crea el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, estableciéndose las áreas programáticas de acción sobre las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado, referidas al patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial; la creación cultural contemporánea y artes vivas; la gestión cultural e industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de la nación;
Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, establece que el Ministerio de Cultura formula, aprueba, cuando corresponda, dirige, coordina, evalúa y supervisa la implementación de planes, estrategias, programas y proyectos de alcance nacional en el marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 002-2025-MC, se aprueba la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030, con la finalidad de incrementar la valoración de la diversidad cultural asociada a la no discriminación étnico-racial mediante la implementación de intervenciones orientadas a reducir prejuicios, estereotipos, comportamiento y prácticas racistas, fortalecer la capacidad estatal para la prevención y atención de la discriminación étnico-racial y promover mejoras en el acceso a la justicia, garantizando un entorno de inclusión y respeto a los derechos fundamentales;
Que, el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 002-2025-MC establece que la implementación de la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030 es conducida por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural;
Que, el artículo 6 del precitado Decreto Supremo señala que la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030 se implementa a través de planes bianuales, aprobados por el Ministerio de Cultura, mediante resolución ministerial, para lo cual las entidades que participan en la Estrategia Multisectorial remiten al Ministerio de Cultura los insumos correspondientes;
Que, en ese marco normativo, a través de la Hoja de Elevación N° 000115-2025-DGCI-VMI/MC, la Dirección General de Ciudadanía Intercultural remite el Informe N° 000121-2025-DEDR-DGCI-VMI/MC, por el cual la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial sustenta la propuesta de Plan de la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030, periodo 2025 - 2026, el mismo que ha sido elaborado con los insumos provistos por las entidades responsables de las intervenciones priorizadas para dicho periodo, en el marco de lo establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 002-2025-MC;
Que, a través del Memorando N° 002482-2025-OGPP-SG/MC, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 000171-2025-OPL-OGPP-SG/MC, por el cual la Oficina de Planeamiento brinda opinión favorable para la aprobación de la propuesta del Plan de la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030 periodo 2025 – 2026, señalando que la propuesta de Plan se encuentra enmarcada a los lineamientos del Sector Cultura, a través de su vinculación con las políticas nacionales y planes estratégicos vigentes. Asimismo, se remite el Informe
N° 000681-2025-OP-OGPP-SG/MC, por el cual la Oficina de Presupuesto emite opinión favorable para la ejecución del Plan de la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030, periodo 2025 - 2026;
Que, en ese sentido, resulta pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente que apruebe el Plan de la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030, periodo 2025 - 2026;
Con los vistos de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria; el Decreto Supremo Nº 002-2025-MC, que aprueba la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo
N° 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación del Plan de la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030, periodo 2025 - 2026
Aprobar el Plan de la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030, periodo 2025 - 2026, el mismo que en calidad de anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Coordinación e implementación del Plan de la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030, periodo 2025 - 2026
La Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura es la unidad orgánica responsable de coordinar con las entidades que participan en la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030 la ejecución del Plan aprobado en el artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Sistema de Seguimiento y Monitoreo
El Ministerio de Cultura diseña e implementa un sistema de seguimiento y monitoreo del Plan de la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030, periodo 2025 - 2026. Las entidades públicas responsables proveen y/o registran información para alimentar este sistema de manera oportuna según las orientaciones del Ministerio de Cultura.
Artículo 4. Financiamiento
La ejecución del Plan de la Estrategia Multisectorial “Perú Sin Racismo” al 2030, periodo 2025 - 2026, se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades participantes en la mencionada Estrategia Multisectorial, de acuerdo con sus competencias y en el marco de las leyes anuales de presupuesto, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 5.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”. La presente resolución y su anexo se publican en la sede digital del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFREDO MARTÍN LUNA BRICEÑO
Ministro de Cultura
2472630-1
2472249-1
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a dos unidades bibliográficas de la obra “Juguetes” (1929-1958) de la producción intelectual de Alida Elguera Mc Parlin, pertenecientes a la Biblioteca Nacional del Perú
RESOLUCIóN VICEMINISTERIAL
N° 000316-2025-VMPCIC/MC
San Borja, 29 de diciembre del 2025
VISTOS; el Oficio N° 001242-2025-BNP-J de la Jefatura de la Biblioteca Nacional del Perú; la Hoja de Elevación N° 000673-2025-OGAJ-SG/MC de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1.2 del artículo 1 de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, establece que integran el Patrimonio Cultural de la Nación los bienes materiales muebles, entre los que se encuentran los documentos bibliográficos o de archivo y testimonios de valor histórico, manuscritos raros, incunables, libros, documentos, fotos, negativos, daguerrotipos y publicaciones antiguas de interés especial por su valor histórico, artístico, científico o literario y otros que sirvan de fuente de información para la investigación en los aspectos científico, histórico, social, político, artístico, etnológico y económico;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, es competencia exclusiva de este ministerio, realizar las acciones de declaración del Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, el literal a) del artículo 14 de la norma señala que corresponde al Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales la declaración, administración, promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, el artículo 19 de la Ley N° 28296 dispone que el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación son los encargados de la identificación, inventario, inscripción, registro, investigación, protección, conservación, difusión y promoción de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de su competencia;
Que, mediante Oficio N° 001242-2025-BNP-J, la Jefatura de la Biblioteca Nacional del Perú remite la propuesta de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de dos (02) unidades bibliográficas correspondientes a la obra “Juguetes” (1929-1958), de la producción intelectual de Alida Elguera Mc Parlin, pertenecientes a dicha entidad;
Que, a través del Informe Técnico N° 000118-2025-BNP-J-DPC-UVDP de la Unidad Funcional de Valoración y Defensa del Patrimonio Bibliográfico Documental de la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú, se desarrolla la importancia, el valor y significado de las unidades bibliográficas;
Que, con el Informe N° 000413-2025-BNP-J-DPC, la Dirección de Protección de las Colecciones recomienda a la Jefatura de la Biblioteca Nacional del Perú proponer al Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales la declaración como Patrimonio Cultural de la Nación de las referidas unidades bibliográficas;
Que, Alida Elguera Mc Parlin (1896-1988) fue una escritora peruana, reconocida por ser pionera de la narrativa infantil en el país. Mediante la publicación de la obra “Juguetes” (1929) inició la literatura destinada al público infantil en el Perú. Desarrolló una destacada trayectoria dedicada a la literatura e integró el grupo literario ‘‘Los Duendes’’, fundado en 1929 por José María Eguren y que fue integrado por reconocidos escritores como Martín Adán, Enrique Bustamante y Ballivián, Luis Alayza y Paz Soldán, entre otros. Firmó sus obras bajo el seudónimo de Rose Marie y tuvo colaboraciones en diferentes diarios y revistas culturales. Asimismo, se le atribuye la autoría de la letra de uno de los villancicos peruanos más antiguos ‘‘Niño Manuelito/Pastoral Inca’’ (1948);
Que, la importancia y el significado para la cultura peruana de las dos (02) unidades bibliográficas de la obra “Juguetes” (1929-1958) de Alida Elguera Mc Parlin radica en el hecho que la obra constituye un hito en la historia de la narrativa peruana, por ser una fuente relevante para entender el desarrollo histórico de la literatura nacional y, en particular, de la literatura infantil, labor a la que la autora dedicó su obra, sentando las bases para que otros escritores aborden y escriban para la infancia del Perú;
Que, el valor histórico de las dos (02) unidades bibliográficas está relacionada al hecho de ser el primer libro peruano de cuentos infantiles, el cual reúne narraciones dedicadas a los niños que tienen como hilo que las une el tema navideño. Con este libro, la literatura peruana ingresa al mundo infantil y adquiere personalidad en el contexto latinoamericano (Cabel, 2004);
Que, el destacado poeta peruano Alberto Ureta (1930) señaló que, antes de la obra de Alida Elguera, la literatura peruana no se interesó en incluir en sus narraciones a los niños, debido a la dificultad por entender su lógica, siendo este un mundo (el infantil) cerrado e incomprendido; por ello la importancia de la obra “Juguetes”, ya que a partir de su publicación en 1929 se apertura la literatura infantil en el Perú;
Que, las unidades bibliográficas corresponden a la primera y segunda edición de la obra “Juguetes”. La primera se publica con el título “Juguetes: cuentos de Rose Marie” (1929) y la segunda como “Juguetes: cuentos de navidad” (1958). Lo destacable de la edición de la obra es que ambas presentan ilustraciones realizadas por el destacado y reconocido pintor y caricaturista arequipeño Jorge Vinatea Reinoso (1900-1931);
Que, en atención a lo expuesto, las unidades bibliográficas antes descritas constituyen ejemplares relevantes para la cultura peruana y reúnen las condiciones para integrar el Patrimonio Cultural de la Nación; siendo esto así, los informes mencionados constituyen parte integrante de esta resolución y se adjuntan como anexos;
Con los vistos de la Biblioteca Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación a dos (02) unidades bibliográficas de la obra “Juguetes” (1929-1958) de la producción intelectual de Alida Elguera Mc Parlin, pertenecientes a la Biblioteca Nacional del Perú, conforme al anexo de esta resolución.
Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la Biblioteca Nacional del Perú.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano. La resolución y sus anexos se publican en la sede digital del Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura) el mismo día de la publicación en el diario oficial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GISELLA MARIELL ESCOBAR ROZAS
Viceministra de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales
2472249-1
2472695-1
Delegan en el/la Director/a General de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble durante el Ejercicio Fiscal 2026, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 000318-2025-VMPCIC/MC
San Borja, 29 de diciembre de 2025
VISTOS: el Proveído Nº 017884-2025-VMPCIC/MC del Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; el Informe N° 000958-2025-DGPA-VMPCIC/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble; el Informe N° 001779-2025-OGAJ-SG/MC de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria, se crea el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, estableciéndose las áreas programáticas de acción sobre las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado;
Que, mediante el artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, se establece que las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente, procediendo también la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad; precisándose en su artículo 79, que el delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado;
Que, conforme con lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 26 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los Viceministros por encargo de los Ministros coordinan, orientan y supervisan las actividades que cumplen los órganos del Ministerio y demás entidades de su sector, conforme a su Reglamento de Organización y Funciones, así como expiden Resoluciones Viceministeriales en el ámbito de su competencia;
Que, el artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, dispone que el Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales es la autoridad inmediata al Ministro de Cultura en materia de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, que comprende al patrimonio arqueológico y monumental, inmaterial, paleontológico y el fomento cultural;
Que, asimismo, el numeral 9.1 del artículo 9 del ROF del Ministerio de Cultura determina como función del Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales el formular, coordinar, ejecutar, y supervisar la política relacionada con el fomento de la cultura y creación cultural en todos sus aspectos y ramas del patrimonio cultural, lo que incluye la declaración, administración, promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con la respectiva política nacional;
Que, a través del artículo 97 del Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, se contempla que el Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura es competente para determinar la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, de igual manera, el numeral 99.5 del artículo 99 del citado Reglamento de la Ley Nº 28296 establece que la resolución que determina la protección provisional de los bienes que presuntamente constituyen Patrimonio Cultural de la Nación es emitida por el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura o la autoridad delegada para dicho efecto;
Que, con el propósito de lograr una mayor celeridad para los procedimientos de determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, resulta pertinente delegar para el Ejercicio Fiscal 2026, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;
Con los vistos de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29565, la Ley de creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el/la Director/a General de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble durante el Ejercicio Fiscal 2026, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GISELLA MARIELL ESCOBAR ROZAS
Viceministra de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales
2472695-1
2472982-1
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a tres mil trescientos sesenta y tres bienes culturales muebles que integran la colección de Manejo de Colecciones - MACO de propiedad del Ministerio de Cultura
RESOLUCIóN VICEMINISTERIAL
N° 000321-2025-VMPCIC/MC
San Borja, 30 de diciembre de 2025
VISTOS; el Informe N° 000428-2025-DGM-VMPCIC/MC de la Dirección General de Museos; la Hoja de Elevación N° 000684-2025-OGAJ/MC de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21 de la Constitución Política del Perú prescribe que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública; los mismos que se encuentran protegidos por el Estado;
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, señala que se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a todo lugar, sitio, paisaje, edificación, espacio o manifestación material o inmaterial relacionada o con incidencia en el quehacer humano, que por su importancia, significado y valor arqueológico, arquitectónico, histórico, urbanístico, artístico, militar, social, simbólico, antropológico, vernacular o tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico, industrial, intelectual, literario, documental o bibliográfico sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo;
Que, a través del artículo IV del Título Preliminar de la norma citada, se declara de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes;
Que, el numeral 1.2 del artículo 1 de la ley, establece que integran el Patrimonio Cultural de la Nación los bienes materiales muebles, entre los que se encuentran (i) los bienes relacionados con la historia, en el ámbito científico, técnico, militar, social y biográfico; (ii) los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos; (iii) las monedas, armas e instrumentos musicales antiguos de valor histórico o artístico; (iv) los bienes de interés artístico como cuadros, pinturas, esculturas y dibujos, composiciones musicales y poéticas hechos sobre cualquier soporte y en cualquier material y (v) otros objetos que sean declarados como tales o sobre los que exista la presunción legal de serlos;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, es competencia exclusiva del Ministerio de Cultura realizar acciones de declaración, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, investigación, protección, conservación, puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, el literal a) del artículo 14 de la norma, concordante con el numeral 9.1 del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura - ROF, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, señala que corresponde al Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, la declaración, administración, promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del ROF, la Dirección General de Museos es el órgano de línea que tiene a su cargo la formulación de políticas y normas en materia de museos; así como la gestión de museos y la protección, conservación, difusión de los bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, corresponde a la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles de la Dirección General de Museos, de acuerdo con el numeral 70.3 del artículo 70 del ROF, mantener actualizado el Registro nacional de bienes culturales muebles con la información del patrimonio cultural mueble a cargo de los museos y pertenecientes a colecciones privadas y públicas, lo cual conlleva la prerrogativa para evaluar y emitir opinión en relación a la naturaleza de Patrimonio Cultural de la Nación de los bienes que podrían integrar dicho registro;
Que, a través del Informe N° 000428-2025-DGM-VMPCIC/MC la Dirección General de Museos remite al Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales el Informe N° 000111-2025-DRBM-DGM-VMPCIC-MHS/MC de la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles en el cual se evalúa y analiza la declaratoria propuesta y emite opinión técnica favorable para la declaratoria de tres mil trecientos sesenta y tres bienes culturales muebles histórico-artísticos y etnográficos que integran la colección de Manejo de Colecciones - MACO de propiedad del Ministerio de Cultura;
Que, el conjunto de los tres mil trescientos sesenta y tres bienes entre etnográficos e histórico-artísticos poseen valor histórico, artístico y social. Están integrados por una tipología variada que evidencia la riqueza de una colección que se ha ido conformando como consecuencia de las diferentes actividades institucionales del ex Museo de la Nación, por lo tanto, está compuesto por obras procedentes de donaciones, de inmuebles históricos, así como de las labores de protección de la institución;
Que, los tres mil trescientos sesenta y tres bienes culturales muebles que integran la colección de MACO poseen valor de tipo histórico, artístico y social sustentado en su representatividad como ejemplos de los procesos históricos acaecidos en el país desde el periodo colonial temprano, virreinal, republicano y hasta el contemporáneo. Podemos, por tanto, identificar bienes que se contextualizan en procesos económicos e institucionales en la fundación de la Casa de la Moneda, como la numismática, la extirpación de idolatrías y evangelización como las pinturas y esculturas virreinales, otros bélicos, como en la etapa de la Guerra del Pacífico en la que tenemos textiles hallados en el sitio histórico del Campo de la Alianza en el departamento de Tacna;
Que, por otro lado, la variación tipológica del conjunto a declarar, permite tener una visión panorámica del arte peruano como resultado de la llegada de modelos y técnicas europeas, así tenemos técnicas que se incorporaron al modelado como el torneado y el vidriado, en el caso de la cerámica o el telar a pedal y uso de fibras sintéticas en la textilería en periodos más contemporáneos. De igual manera, se incorporaron iconografías europeas durante el virreinato, como el santoral, escenas bíblicas, representaciones marianas, y de la mitología medieval que, en territorio americano, fueron tomando referencias de la flora y fauna locales, así como asumiendo un sincretismo entre las doctrinas católicas y el panteísmo propio del mundo prehispánico, que culmina en lo que se conoce como el barroco latinoamericano;
Que, en la línea de lo argumentado, el conjunto de tres mil trescientos sesenta y tres bienes culturales muebles de clasificación histórico-artística y etnográfica que forman parte de la colección de MACO, tienen importancia, como testimonio de las prácticas plásticas de carácter artístico, utilitario y ceremonial, desarrolladas por diversos talleres e individuos, en diferentes etapas de nuestra historia, y que en su manufactura e iconografía son representativos de estilos y composiciones a considerarse como fuentes para la historia del arte y la etnografía. Finalmente, el acervo motivo del presente informe, presenta significado social en su conjunto, ya que los bienes histórico-artísticos y etnográficos del ex Museo de la Nación, que integran la colección de MACO, poseen representatividad en el imaginario colectivo como parte de una historia común afianzada en el testimonio material de los diversos grupos humanos que integran la sociedad peruana;
Que, en el caso de los bienes etnográficos, esta significación resulta más notoria por estar vinculada con la vida, costumbres, creencias, saberes y tradiciones regionales de las diversas comunidades campesinas y pueblos indígenas u originarios, que expresan en su cultura material composiciones soportadas en una cosmovisión propia, que se recrea y transmite hasta la actualidad como garantía de su pervivencia;
Que, habiendo emitido opinión favorable los órganos técnicos competentes, resulta procedente declarar Patrimonio Cultural de la Nación los tres mil trecientos sesenta y tres bienes culturales muebles que integran la colección de MACO, advirtiéndose que los informes técnicos citados constituyen partes integrantes de la presente resolución y se adjuntan como anexos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;
Con los vistos de la Dirección General de Museos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú; la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación a tres mil trescientos sesenta y tres bienes culturales muebles que integran la colección de Manejo de Colecciones - MACO de propiedad del Ministerio de Cultura que se describen en el anexo que forma parte integrante de esta resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”. La presente resolución y sus anexos se publican en la sede digital del Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura), el mismo día de la publicación de la resolución en el diario oficial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GISELLA MARIELL ESCOBAR ROZAS
Viceministra de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales
2472982-1
2473025-1
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación seis mil seiscientos cuarenta bienes culturales muebles agrupados en seis mil seiscientos doce fichas de inscripción pertenecientes al Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 000322-2025-VMPCIC/MC
San Borja, 30 de diciembre de 2025
VISTOS; el Informe N° 000425-2025-DGM-VMPCIC/MC de la Dirección General de Museos; la Hoja de Elevación Nº 000685-2025-OGAJ-SG/MC de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21 de la Constitución Política del Perú prescribe que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública; los mismos que se encuentran protegidos por el Estado;
Que, conforme a lo establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y modificatorias, se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a todo lugar, sitio, paisaje, edificación, espacio o manifestación material o inmaterial relacionada o con incidencia en el quehacer humano, que por su importancia, significado y valor arqueológico, arquitectónico, histórico, urbanístico, artístico, militar, social, simbólico, antropológico, vernacular o tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico, industrial, intelectual, literario, documental o bibliográfico sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo;
Que, a través del artículo IV del Título Preliminar de la precitada norma, se declara de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes;
Que, el numeral 1.2 del artículo 1 de la precitada ley, establece que integran el Patrimonio Cultural de la Nación los bienes materiales muebles, entre los que se encuentran, el producto de las excavaciones y descubrimientos arqueológicos, sea cual fuere su origen y procedencia y otros objetos que sean declarados como tales o sobre los que exista la presunción legal de serlos;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y modificatoria, es competencia exclusiva del Ministerio de Cultura respecto de otros niveles de gobierno, realizar acciones de declaración, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, investigación, protección, conservación, puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, el literal a) del artículo 14 de la citada norma y su modificatoria, concordante con el numeral 9.1 del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura - ROF, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, señala que corresponde al Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, la declaración, administración, promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del ROF, la Dirección General de Museos es el órgano de línea que tiene a su cargo la formulación de políticas y normas en materia de museos; así como la gestión de museos y la protección, conservación, difusión de los bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, además, la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles tiene entre sus funciones, evaluar y emitir opinión técnica sobre las solicitudes de registro de bienes culturales muebles, conforme a lo establecido en el numeral 70.1 del artículo 70 del ROF;
Que, a través del Informe N° 000360-2025-DGM-VMPCIC/MC, ratificado con el N° 000425-2025-DGM-VMPCIC/MC la Dirección General de Museos remite los Informes N° 000147-2025-DRBM-DGM-VMPCIC-MGL/MC y N° 000155-2025-DRBM-DGM-VMPCIC-MGL/MC de la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles, mediante los cuales se emite opinión técnica favorable para declarar Patrimonio Cultural de la Nación seis mil seiscientos cuarenta bienes culturales muebles agrupados en seis mil seiscientos doce fichas de inscripción que forman parte del Manejo de Colecciones – MACO del Ministerio de Cultura;
Que los seis mil seiscientos cuarenta bienes prehispánicos, agrupados en seis mil seiscientos doce fichas de inscripción, poseen valor de tipo arqueológico, científico y social basado en que al tratarse de bienes de época prehispánica, proporcionan información sobre la vida, las costumbres, la estratificación social, ideológica, prácticas religiosas de las diferentes culturas prehispánicas identificadas en este grupo de bienes culturales, como la cultura Chavín, Paracas, Nasca, Moche, Recuay, Vicús, Wari, Lambayeque, Chimú, Chancay, Chiribaya e Inca;
Que, en estos bienes se aprecia el nivel de destreza artesanal y el desarrollo tecnológico alcanzado desde periodos muy tempranos hasta la época incaica. Asimismo, el valor científico se sustenta en su materialidad, que brinda información sobre el proceso técnico-productivo, dadas las características y diferencias existentes de los procesos de producción en las culturas prehispánicas. Es de resaltar el valor social, debido a la trascendencia para la comunidad nacional que fortalecen la identidad cultural de los peruanos, así como el derecho de apropiación de la historia para comprenderla y valorarla.
Que, en los seis mil seiscientos cuarenta bienes culturales muebles, la importancia cultural se debe a que en su materialidad contienen información científica en cuanto a su manufactura, acabado y estética, es posible establecer diferencias en las técnicas de producción, lo cual permite, a la vez, establecer patrones de producción, consumo y organización del trabajo. La significación cultural, está basada en el interés que despierta entre los peruanos y en la comunidad internacional, teniendo en cuenta que nuestro país es heredero de una impresionante riqueza cultural y es que en lo extenso de su territorio se han asentado importantes culturas cuyas tradiciones alfareras, textiles y metalúrgicas continúan presentes en las diferentes comunidades originarias en todo nuestro territorio.
Que, habiendo emitido opinión favorable los órganos técnicos competentes, resulta procedente declarar Patrimonio Cultural de la Nación los bienes culturales muebles descritos, constituyendo los informes citados partes integrantes de la presente resolución y se adjuntan como anexos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;
Con los vistos de la Dirección General de Museos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú; la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación seis mil seiscientos cuarenta bienes culturales muebles agrupados en seis mil seiscientos doce fichas de inscripción pertenecientes al Ministerio de Cultura, que se describen en el anexo de esta resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. La resolución y sus anexos se publican en la sede digital del Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura) el mismo día de la publicación en el diario oficial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GISELLA MARIELL ESCOBAR ROZAS
Viceministra de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales
2473025-1
2472512-1
Determinan Protección Provisional del Sitio Arqueológico “Chupan-Llamarumi”, ubicado en el distrito de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 000449-2025-DGPA-VMPCIC/MC
San Borja, 15 de diciembre del 2025
Vistos, el Informe de inspección N° 0007-2025-DQA de fecha 02 de octubre de 2025 en razón del cual la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica sustenta la propuesta para la determinación de la protección provisional del Sitio Arqueológico “Chupan-Llamarumi”, ubicado en el distrito de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica; el Informe N° 001923-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC y el Informe N° 000295-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000459-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;
CONSIDERANDO:
Que, según se establece en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, “Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)”;
Que, el artículo III del Título Preliminar de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, precisa que “Se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el valor y significado referidos en el artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2017-MC, se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII, referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen especial que “permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (…)” aplicable “en el caso específico de afectación verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar el bien protegido por presunción legal (…)”, conforme a lo previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo legal;
Que, el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, dispone que “Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más.”;
Que, mediante la Directiva Nº 003-2018-VMPCIC/MC se aprobaron los “Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”;
Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 000001-2025-VMPCIC-MC de fecha 02 de enero de 2025 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de enero de 2025, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2025, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, mediante Informe de inspección N° 0007-2025-DQA de fecha 02 de octubre del 2025 que sustenta el Informe Técnico de Viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico, el especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica sustenta la propuesta de protección provisional del Sitio Arqueológico “Chupan-Llamarumi”, ubicado en el distrito de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica; especificando los fundamentos sobre la valoración cultural positiva y niveles de vulnerabilidad del bien inmueble objeto de protección provisional, de acuerdo con los lineamientos y criterios técnicos contenidos en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC. En el referido informe se indica que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos y factores naturales de acuerdo a lo siguiente:
Agentes antrópicos
El Sitio Arqueológico Chupán-Llamarumi sufre deterioro debido a factores antrópicos; esto se debe a que el área sigue siendo utilizada como zona de agricultura y cultivo, y, por consiguiente, esta actividad provoca daños o alteraciones en el sitio.
Factores naturales
El Sitio Arqueológico Chupán-Llamarumi presenta una alteración reversible causada por factores naturales. Esto se debe a que las estructuras y las cabeceras de los muros están expuestas a la intemperie, lo cual es consecuencia de la deficiente conservación general del sitio.
Que, mediante Memorando N° 001027-2025/DDC HVCA/MC de fecha 03 de octubre de 2025, la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble la propuesta de protección provisional del Sitio Arqueológico “Chupan-Llamarumi”, recaída en el Informe de inspección N° 0007-2025-DQA de fecha 02 de octubre del 2025, para su atención;
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el acto administrativo “puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”;
Que, mediante Informe N° 001923-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000295-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal asume la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 0007-2025-DQA elaborado por el Licenciado Deyvis Quispe Arone; y, en consecuencia, recomienda la determinación de la protección provisional del Sitio Arqueológico “Chupan-Llamarumi”;
Que, mediante Informe Nº 000459-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de fecha 15 de diciembre de 2025, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda emitir resolución directoral que determine la protección provisional del Sitio Arqueológico “Chupan-Llamarumi”, ubicado en el distrito de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED y sus modificatorias; la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC; la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DETERMINAR la Protección Provisional del Sitio Arqueológico “Chupan-Llamarumi”, ubicado en el distrito de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica, por el plazo de dos años salvo se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por el periodo que corresponda previo sustento. Las especificaciones de la presente determinación de protección provisional se encuentran indicadas en el Informe de Inspección N° 0007-2025-DQA de fecha 25 de setiembre del 2025, así como en el Informe N° 001923-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000295-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC y en el Plano Perimétrico con código PPROV-162-MC_DGPA-DSFL-2025 WGS84; los cuales se adjuntan como Anexo de la presente Resolución Directoral y forman parte integrante de la misma.
Artículo Segundo.- DISPONER como medidas preventivas, en el polígono especificado en el artículo precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica, las siguientes:
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MEDIDA
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REFERENCIA
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Paralización y/o cese de afectación.
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x
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Se realizará la notificación de los documentos pertinentes a la Municipalidad distrital de Acoria .
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Señalización
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x
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Se coordinará con el área de administración de la DDC Huancavelica gestione la colocación de señalización.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica, la determinación y ejecución de las medidas indicadas en el Artículo Segundo de la presente resolución, así como las acciones de control y coordinación institucional e interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción coordinada de las acciones administrativas y legales necesarias para la definitiva identificación, declaración y delimitación de los bienes comprendidos en el régimen de protección provisional, entre ellas, la coordinación correspondiente con el órgano competente del Ministerio de Cultura para la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios y el análisis de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.
Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura ).
Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital de Acoria a fin de que procedan de acuerdo al ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.
Artículo Séptimo.- PRECISAR que la protección provisional dispuesta en la presente resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo Octavo.- ANEXAR a la presente resolución el Informe de inspección N° 0007-2025-DQA de fecha 02 de octubre de 2025, el Informe N° 001923-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, Informe N° 000295-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC, el Informe N° 000459-2025/DGPA-VMPCIC-ARD/MC y el Plano Perimétrico con código PPROV-162-MC_DGPA-DSFL-2025 WGS84, para conocimiento y fines pertinentes, los cuales se publican en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura ) para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
Directora de la Dirección General
de Patrimonio Arqueológico Inmueble
2472512-1
2472663-1
Determinan la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Viñac Sector 1, ubicado en el distrito de Mito, provincia de Concepción, departamento de Junín
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 000453-2025-DGPA-VMPCIC/MC
San Borja, 22 de diciembre de 2025
Vistos, el Informe de Inspección N° 006-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC del 05 de noviembre de 2025, en razón del cual la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín sustenta la propuesta para la determinación de la protección provisional del sitio arqueológico Viñac Sector 1, ubicado en el distrito de Mito, provincia de Concepción, departamento de Junín; los Informes N° 001934-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000246-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-NGC/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000461-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;
CONSIDERANDO:
Que, según se establece en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 31414 “Ley de Reforma Constitucional que refuerza la protección del Patrimonio Cultural de La Nación” “Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)”;
Que, en los artículos IV y VII del Título Preliminar de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1255, se establece que es de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 inciso b) Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2017-MC, se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII, referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen especial que “permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (…)” aplicable “en el caso específico de afectación verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar el bien protegido por presunción legal (…)”, conforme a lo previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo legal;
Que, el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, dispone que “Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más.”;
Que, mediante la Directiva Nº 003-2018-VMPCIC/MC se aprobaron los “Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”;
Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 000001-2025-VMPCIC-MC de fecha 02 de enero de 2025 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de enero de 2025, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2025, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.;
Que, mediante Informe de Inspección N° 006-2025-SDPCICI JUN/JVBQ/MC que sustenta el Informe Técnico de Viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico, el especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín sustenta la propuesta de protección provisional del Sitio Arqueológico Viñac Sector 1; especificando los fundamentos sobre la valoración cultural positiva y niveles de vulnerabilidad del bien inmueble objeto de protección provisional, de acuerdo con los lineamientos y criterios técnicos contenidos en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC. En el referido informe se indica que el monumento arqueológico prehispánico se encuentra expuesto a posibles afectaciones por parte de agentes antrópicos, según lo siguiente:
a) Se evidencian excavaciones clandestinas “huaqueos” en las coordenadas UTM 18L WGS84 N: 8680361, E: 462717, de manera masiva y constante. Esta actividad es una afectación directa al sitio arqueológico de Viñac Sector 1, evidenciándose extracción de piedras de cantos rodados, piedra laja, fragmentos de cerámica entre diagnósticos (bordes, bases, decoraciones, incisiones) y no diagnósticos, artefactos líticos como manos de batán y una azada con huellas de uso, y restos óseos humanos en mal estado de conservación.
b) Asimismo, al lado norte del sitio arqueológico de Viñac Sector 1, se registra extracción de material no metálico, ubicado en el área protegida del sitio arqueológico. Dicha actividad genera excavaciones profundas, la cual pone en grave riesgo de colapso el perfil y talud del sitio arqueológico Viñac Sector 1.
c) En el sitio arqueológico de Viñac Sector 1, se observa terrenos de cultivo que están en proceso de expansión a las áreas que presentan evidencia cultural.
Que, mediante Memorando N° 001254-2025/DDC JUN/MC, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble la propuesta de protección provisional del Sitio Arqueológico Viñac Sector 1, recaída en el Informe de Inspección N° 006-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC de fecha 05 de noviembre de 2025, para su atención;
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el acto administrativo “puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”;
Que, mediante Informe N° 001934-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, sustentado en el Informe N° 000246-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-NGC/MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal asume la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 006-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC elaborado por el Lic. Wilber Jaime Ore Berrocal; y, en consecuencia, recomienda la determinación de la protección provisional del Sitio Arqueológico Viñac Sector 1;
Que, mediante Informe Nº 000461-2024-DGPA-VMPCIC-ARD/MC, de fecha 16 de diciembre de 2025, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda emitir resolución directoral que determine la protección provisional del Sitio Arqueológico Viñac Sector 1;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED y sus modificatorias; la Ley N° 29565,C Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC; la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DETERMINAR la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Viñac Sector 1, ubicado en el distrito de Mito, provincia de Concepción, departamento de Junín, por el plazo de dos años, salvo se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por el periodo que corresponda previo sustento. Las especificaciones de la presente determinación de protección provisional se encuentran indicadas en el Informe de Inspección N° 006-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC del 05 de noviembre de 2025, así como en los Informes N° 001934-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC y 000246-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-NGC/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal y el plano perimétrico con código N° PP-04-MC-2025; los cuales se adjuntan como Anexo de la presente Resolución Directoral y forman parte integrante de la misma.
Artículo Segundo.- DISPONER como medidas preventivas, en el polígono especificado en el artículo precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín, las siguientes:
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MEDIDA
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REFERENCIA
|
|
Paralización y/o cese de la afectación:
|
x
|
Cese de excavaciones clandestinas (huaqueos)
Cese de extracción de material
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Señalización
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X
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Se sugiere monumentar con hitos en los vértices y
con letreros de señalización.
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|
Otros
|
X
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-Comunicar al delegado Y7o presidente del pueblo de Mito para tomar acciones preventivas contra los hechos sucedidos, dentro de su jurisdicción.
Comunicar al subprefecto del distrito de Mito para conocimiento de las afectaciones sucedidos y el cese de las afectaciones.
-Comunicar al Juez de paz del Distrito de Mito para conocimiento de las afectaciones sucedidos y el cese de las afectaciones.
-Comunicar a la municipalidad distrital de Mito para tomar acciones preventivas contra los hechos sucedidos dentro de su jurisdicción.
-Comunicar a la municipalidad provincial de Concepción para tomar acciones preventivas contra los hechos sucedidos dentro de su jurisdicción.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín, la determinación y ejecución de las medidas indicadas en el Artículo Segundo de la presente resolución, así como las acciones de control y coordinación institucional e interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción coordinada de las acciones administrativas y legales necesarias para la definitiva identificación, declaración y delimitación de los bienes comprendidos en el régimen de protección provisional, entre ellas, la coordinación correspondiente con el órgano competente del Ministerio de Cultura para la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios y el análisis de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios
Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura. (https://www.gob.pe/cultura).
Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital de Mito, a fin que proceda de acuerdo al ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.
Artículo Séptimo.- PRECISAR que la protección provisional dispuesta en la presente resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo Octavo.- ANEXAR a la presente resolución el Informe de Inspección N° 006-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC del 05 de noviembre de 2025, el Informe N° 001934-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, Informe N° 000246-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-NGC/MC, Informe Nº 000461-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC y el plano perimétrico con código N° PP-04-MC-2025, las cuales serán publicadas en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura) para conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
Directora de la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble
2472663-1
2472658-1
Determinan la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Chuchos o Chucchus, ubicado en el distrito de Yauyos, provincia de Jauja, departamento de Junín
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 000454-2025-DGPA-VMPCIC/MC
San Borja, 24 de diciembre del 2025
Vistos, el Informe de Inspección N° 007-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC del 10 de noviembre de 2025, en razón del cual la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín sustenta la propuesta para la determinación de la protección provisional del sitio arqueológico Chuchos o Chucchus, ubicado en el distrito de Yauyos, provincia de Jauja, departamento de Junín; los Informes N° 001992-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000254-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-NGC/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000464-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;
CONSIDERANDO:
Que, según se establece en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 31414 “Ley de Reforma Constitucional que refuerza la protección del Patrimonio Cultural de La Nación” “Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)”;
Que, en los artículos IV y VII del Título Preliminar de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1255, se establece que es de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 inciso b) Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2017-MC, se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII, referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen especial que “permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (…)” aplicable “en el caso específico de afectación verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar el bien protegido por presunción legal (…)”, conforme a lo previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo legal;
Que, el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, dispone que “Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más.”;
Que, mediante la Directiva Nº 003-2018-VMPCIC/MC se aprobaron los “Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”;
Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 000001-2025-VMPCIC-MC de fecha 02 de enero de 2025 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de enero de 2025, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2025, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, mediante Informe de Inspección N° 007-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC que sustenta el Informe Técnico de Viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico, el especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín sustenta la propuesta de protección provisional del Sitio Arqueológico Chuchos o Chucchus; especificando los fundamentos sobre la valoración cultural positiva y niveles de vulnerabilidad del bien inmueble objeto de protección provisional, de acuerdo con los lineamientos y criterios técnicos contenidos en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC. En el referido informe se indica que el monumento arqueológico prehispánico se encuentra expuesto a posibles afectaciones por parte de agentes antrópicos, según lo siguiente:
a) Se evidencia restos de quema al interior del polígono de delimitación.
b) En las coordenadas UTM: E: 445679.00, N: 8694698.00, se evidencia la excavación y remoción de tierra con maquinaria pesada donde se ha destruido la plataforma y la calzada del Qhapaq ñan, se ha realizado una excavación de hasta 1.50 m de profundidad por 10 metros de largo con 5 metros de ancho aproximadamente. Esta afectación se ubica al interior del polígono de delimitación del sitio arqueológico de Chucchus.
c) La actividad agrícola, la cual está en proceso de expansión hacia el polígono de delimitación del sitio arqueológico de Chuchos o Chucchus.
d) En las coordenadas UTM E: 445605.76 N: 8694457.27 y en la coordenada UTM E: 445494.29, N: 8694364.95 hay evidencia de remoción de tierra con maquinaria pesada donde afectó las evidencias culturales prehispánicas, donde se han encontrado material cultural como fragmentos de cerámica, material lítico como: mortero y manos de mortero, restos óseos humanos y gran cantidad de piedras que pertenecían a los cimientos de las estructuras arquitectónicas, todo el material cultural mencionado ha sido descontextualizado.
Que, mediante Memorando N° 001291-2025/DDC JUN/MC, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble la propuesta de protección provisional del Sitio Arqueológico Chuchos o Chucchus, recaída en el Informe de Inspección N° 007-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC de fecha 10 de noviembre de 2025, para su atención;
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el acto administrativo “puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”;
Que, mediante Informe N° 001992-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, sustentado en el Informe N° 000254-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-NGC/MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal asume la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 007-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC elaborado por el Lic. Juan Victor Barrial Quispe; y, en consecuencia, recomienda la determinación de la protección provisional del Sitio Arqueológico Chuchos o Chucchus;
Que, mediante Informe Nº 000464-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC, de fecha 17 de diciembre de 2025, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda emitir resolución directoral que determine la protección provisional del Sitio Arqueológico Chuchos o Chucchus;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED y sus modificatorias; la Ley N° 29565,C Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC; la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DETERMINAR la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Chuchos o Chucchus, ubicado en el distrito de Yauyos, provincia de Jauja, departamento de Junín, por el plazo de dos años, salvo se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por el periodo que corresponda previo sustento. Las especificaciones de la presente determinación de protección provisional se encuentran indicadas en el Informe de Inspección N° 007-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC del 10 de noviembre de 2025, así como en los Informes N° 001992-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC y 000254-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-NGC/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal y el plano perimétrico con código N° PP-051-MC_DGPA/DSFL-2013 WGS 84; los cuales se adjuntan como Anexo de la presente Resolución Directoral y forman parte integrante de la misma.
Artículo Segundo.- DISPONER como medidas preventivas, en el polígono especificado en el artículo precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín, las siguientes:
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MEDIDA
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REFERENCIA
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Paralización y/o cese de la afectación:
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X
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Cese de quema al interior del polígono de delimitación.
Cese de remoción y excavación con maquinaria pesada al interior del polígono de delimitación.
Cese de la expansión agrícola que pueda alterar el contexto arqueológico.
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Señalización
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X
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Se sugiere monumentar con hitos en los vértices y
con letreros de señalización.
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Otros
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X
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- Comunicar a la Municipalidad Distrital de Yauyos para tomar acciones preventivas contra los hechos sucedidos, según Ley N°27972, en materia de protección del Patrimonio Cultural de la Nación dentro de su Jurisdicción.
- Comunicar al subprefecto del distrito de Yauyos para conocimiento de las afectaciones sucedidos y el cese de las afectaciones.
- Comunicar al Juez de paz del distrito de Yauyos para conocimiento de las afectaciones sucedidos y el cese de las afectaciones.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín, la determinación y ejecución de las medidas indicadas en el Artículo Segundo de la presente resolución, así como las acciones de control y coordinación institucional e interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción coordinada de las acciones administrativas y legales necesarias para la definitiva identificación, declaración y delimitación de los bienes comprendidos en el régimen de protección provisional, entre ellas, la coordinación correspondiente con el órgano competente del Ministerio de Cultura para la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios y el análisis de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios
Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura. (https://www.gob.pe/cultura).
Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital de Yauyos, a fin que proceda de acuerdo al ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a la a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.
Artículo Séptimo.- PRECISAR que la protección provisional dispuesta en la presente resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo Octavo.- ANEXAR a la presente resolución el Informe de Inspección N° 007-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC del 10 de noviembre de 2025, el Informe N° 001992-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, Informe N° 000254-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-NGC/MC, Informe Nº 000464-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC y el plano perimétrico con código N° PP-051-MC_DGPA/DSFL-2013 WGS 84, las cuales serán publicadas en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura) para conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
Directora de la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble
2472658-1
2472665-1
Determinan Protección Provisional del Paisaje Arqueológico “Camino Prehispánico Inchuna”, ubicado en el distrito de Marcas, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 000458-2025-DGPA-VMPCIC-MC
San Borja, 19 de diciembre de 2025
Vistos, el Informe de inspección N° 0009-2025-DQA de fecha 13 de octubre de 2025 en razón del cual la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica sustenta la propuesta para la determinación de la protección provisional Paisaje Arqueológico “Camino Prehispánico Inchuna”, ubicado en el distrito de Marcas, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica; el Informe N° 002018-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC y el Informe N° 000308-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000468-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;
CONSIDERANDO:
Que, según se establece en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, “Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)”;
Que, el artículo III del Título Preliminar de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, precisa que “Se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el valor y significado referidos en el artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2017-MC, se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII, referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen especial que “permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (…)” aplicable “en el caso específico de afectación verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar el bien protegido por presunción legal (…)”, conforme a lo previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo legal;
Que, el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, dispone que “Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más.”;
Que, mediante la Directiva Nº 003-2018-VMPCIC/MC se aprobaron los “Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”;
Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 000001-2025-VMPCIC-MC de fecha 02 de enero de 2025 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de enero de 2025, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2025, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, mediante Informe de inspección N° 0009-2025-DQA de fecha 13 de octubre del 2025 que sustenta el Informe Técnico de Viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico, el especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica sustenta la propuesta de protección provisional del Paisaje Arqueológico “Camino Prehispánico Inchuna”, ubicado en el distrito de Marcas, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica; especificando los fundamentos sobre la valoración cultural positiva y niveles de vulnerabilidad del bien inmueble objeto de protección provisional, de acuerdo con los lineamientos y criterios técnicos contenidos en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC. En el referido informe se indica que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos y factores naturales de acuerdo a lo siguiente:
Agentes antrópicos
Principalmente, el daño se debe al uso constante de la zona por parte de la comunidad local como área de pastoreo, o “hechadero”, para el ganado. Por consiguiente, esta práctica ganadera genera alteraciones significativas en la estructura original y la función del camino, lo cual, a su vez, descontextualiza el valor histórico y arqueológico del sitio. Además, otro factor destructivo importante es la construcción o habilitación de la trocha carrozable, por un lado, esta obra causó modificaciones y alteraciones en ciertos segmentos del camino prehispánico, y por otro, afectó directamente al camino prehispánico.
Factores naturales
El Camino Prehispánico Inchuna presenta modificaciones en su estructura original, puesto que está sometido a la influencia constante de diversos factores naturales. Como resultado de esta dinámica ambiental, la vegetación local, incluyendo plantas como la cabuya, invade y cubre la vía. En consecuencia, la proliferación de esta flora dificulta el reconocimiento claro del trazo del camino y, por ende, imposibilita o restringe la posibilidad de transitar por él.
Que, mediante Memorando N° 001082-2025/DDC HVCA/MC de fecha 15 de octubre de 2025, la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble la propuesta de protección provisional del Paisaje Arqueológico Camino Prehispánico Inchuna, recaída en el Informe de inspección N° 0009-2025-DQA de fecha 13 de octubre del 2025, para su atención;
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el acto administrativo “puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”;
Que, mediante Informe N° 002018-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000308-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal asume la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 0008-2025-DQA elaborado por el Licenciado Deyvis Quispe Arone; y, en consecuencia, recomienda la determinación de la protección provisional del Paisaje Arqueológico Camino Prehispánico Inchuna;
Que, mediante Informe Nº 000468-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de fecha 18 de diciembre de 2025, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda emitir resolución directoral que determine la protección provisional del Paisaje Arqueológico “Camino Prehispánico Inchuna”, ubicado en el distrito de Marcas, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED y sus modificatorias; la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC; la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DETERMINAR la Protección Provisional del Paisaje Arqueológico “Camino Prehispánico Inchuna”, ubicado en el distrito de Marcas, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica, por el plazo de dos años salvo se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por el periodo que corresponda previo sustento. Las especificaciones de la presente determinación de protección provisional se encuentran indicadas en el Informe de Inspección N° 0009-2025-DQA de fecha 13 de octubre del 2025, así como en el Informe N° 002018-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000308-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC y en el Plano Perimétrico con código PPROV-170-MC_DGPA-DSFL-2025 WGS84; los cuales se adjuntan como Anexo de la presente Resolución Directoral y forman parte integrante de la misma.
Artículo Segundo.- DISPONER como medidas preventivas, en el polígono especificado en el artículo precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica, las siguientes:
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MEDIDA
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REFERENCIA
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Paralización y/o cese de afectación.
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x
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Se realizará la notificación de los documentos pertinentes a la Municipalidad distrital de Marcas.
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Señalización
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x
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Se coordinará con el área de administración de la DDC Huancavelica gestione la colocación de señalización.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica, la determinación y ejecución de las medidas indicadas en el Artículo Segundo de la presente resolución, así como las acciones de control y coordinación institucional e interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción coordinada de las acciones administrativas y legales necesarias para la definitiva identificación, declaración y delimitación de los bienes comprendidos en el régimen de protección provisional, entre ellas, la coordinación correspondiente con el órgano competente del Ministerio de Cultura para la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios y el análisis de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.
Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura).
Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital de Marcas a fin de que procedan de acuerdo al ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.
Artículo Séptimo.- PRECISAR que la protección provisional dispuesta en la presente resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo Octavo.- ANEXAR a la presente resolución el Informe de inspección N° 0009-2025-DQA de fecha 13 de octubre de 2025, el Informe N° 002018-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, Informe N° 000308-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC, el Informe N° 000468-2025/DGPA-VMPCIC-ARD/MC y el Plano Perimétrico con código PPROV-170-MC_DGPA-DSFL-2025 WGS84, para conocimiento y fines pertinentes, los cuales se publican en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura) para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
Directora de la Dirección General de
Patrimonio Arqueológico Inmueble
2472665-1
2472652-1
Determinan Protección Provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca, ubicado en el distrito de Cosme, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 000459-2025-DGPA-VMPCIC/MC
San Borja, 22 de diciembre de 2025
Vistos, el Informe de inspección N° 0011-2025-DQA de fecha 13 de noviembre de 2025 en razón del cual la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica sustenta la propuesta para la determinación de la protección provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca, ubicado en el distrito de Cosme, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica; el Informe N° 002037-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC y el Informe N° 000314-2025-DSFLDGPA-VMPCIC-LMS/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000469-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;
CONSIDERANDO:
Que, según se establece en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, “Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)”;
Que, el artículo III del Título Preliminar de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, precisa que “Se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el valor y significado referidos en el artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte”;
Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2017-MC, se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII, referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen especial que “permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (…)” aplicable “en el caso específico de afectación verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar el bien protegido por presunción legal (…)”, conforme a lo previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo legal;
Que, el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, dispone que “Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más.”;
Que, mediante la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC se aprobaron los “Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”;
Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC de fecha 02 de enero de 2025 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de enero de 2025, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2025, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, mediante Informe de inspección N° 011-2025-DQA de fecha 13 de noviembre del 2025 que sustenta el Informe Técnico de Viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico, el especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica sustenta la propuesta de protección provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca, ubicado en el distrito de Cosme, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica; especificando los fundamentos sobre la valoración cultural positiva y niveles de vulnerabilidad del bien inmueble objeto de protección provisional, de acuerdo con los lineamientos y criterios técnicos contenidos en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC. En el referido informe se indica que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos y factores naturales de acuerdo a lo siguiente:
Agentes antrópicos
Se ha registrado que el sitio arqueológico está siendo objeto de trabajos de construcción destinados a la habilitación de un campo deportivo. Esta intervención constituye la principal causa de afectación antrópica del bien inmueble. En consecuencia, la ejecución de dichas obras está provocando la destrucción activa de los elementos patrimoniales, lo que conlleva a la pérdida irreversible de toda la información arqueológica y cultural registrada (incluyendo cuevas, abrigos rocosos, cerámica y estructuras rectangulares y circulares).
Factores naturales
Se ha identificado una proliferación significativa de vegetación local en el área del sitio, incluyendo especies como el huarango, la cabuya y diversas gramíneas. Esta densa cobertura vegetal representa un factor de deterioro natural, puesto que sus raíces y crecimiento comprometen la estabilidad estructural de los restos arqueológicos. Asimismo, la presencia de esta flora limita considerablemente la visibilidad y el reconocimiento adecuado de la totalidad del bien inmueble.
Que, mediante Memorando N° 001207-2025/DDC HVCA/MC de fecha 18 de noviembre de 2025, la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble la propuesta de protección provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca, recaída en el Informe de inspección N° 011-2025-DQA de fecha 13 de noviembre del 2025, para su atención;
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el acto administrativo “puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”;
Que, mediante Informe N° 002037-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000314-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal asume la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 0011-2025-dqa elaborado por el Licenciado Deyvis Quispe Arone; y, en consecuencia, recomienda la determinación de la protección provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca;
Que, mediante Informe N° 000469-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de fecha 22 de diciembre de 2025, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda emitir resolución directoral que determine la protección provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca, ubicado en el distrito de Cosme, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED y sus modificatorias; la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC; la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DETERMINAR la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca, ubicado en el distrito de Cosme, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica, por el plazo de dos años salvo se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por el periodo que corresponda previo sustento. Las especificaciones de la presente determinación de protección provisional se encuentran indicadas en el Informe de Inspección N° 011-2025-DQA de fecha 13 de noviembre del 2025, así como en el Informe N° 002037-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000314-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC y en el Plano Perimétrico con código PP-01; los cuales se adjuntan como Anexo de la presente Resolución Directoral y forman parte integrante de la misma.
Artículo Segundo.- DISPONER como medidas preventivas, en el polígono especificado en el artículo precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica, las siguientes:
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MEDIDA
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REFERENCIA
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Paralización y/o cese de afectación.
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x
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Se realizará la notificación de los documentos pertinentes a la Municipalidad de Cosme.
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Señalización
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x
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Se coordinará con el área de administración de la DDC Huancavelica gestione la colocación de señalización.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica, la determinación y ejecución de las medidas indicadas en el Artículo Segundo de la presente resolución, así como las acciones de control y coordinación institucional e interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción coordinada de las acciones administrativas y legales necesarias para la definitiva identificación, declaración y delimitación de los bienes comprendidos en el régimen de protección provisional, entre ellas, la coordinación correspondiente con el órgano competente del Ministerio de Cultura para la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios y el análisis de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.
Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura ).
Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital de Cosme a fin de que proceda de acuerdo al ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.
Artículo Séptimo.- PRECISAR que la protección provisional dispuesta en la presente resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo Octavo.- ANEXAR a la presente resolución el Informe de inspección N° 011-2025-JCSM de fecha 13 de noviembre de 2025, el Informe N° 002037-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, Informe N° 000314-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC, el Informe N° 000469-2025-DGPA/VMPCIC-ARD/MC y el Plano Perimétrico con código PP-01, para conocimiento y fines pertinentes, los cuales se publican en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura ) para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
Directora de la Dirección General
de Patrimonio Arqueológico Inmueble
2472652-1
2472662-1
Determinan la Protección Provisional del Paisaje Arqueológico “Camino Prehispánico Sección La Esmeralda - Soco”, ubicado en el distrito de Locroja, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica
RESOLUCIóN DIRECTORAL
N° 000460-2025-DGPA-VMPCIC/MC
San Borja, 22 de diciembre de 2025
Vistos, el Informe de inspección N° 0006-2025-DQA de fecha 01 de octubre de 2025 en razón del cual la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica sustenta la propuesta para la determinación de la protección provisional del Paisaje Arqueológico “Camino Prehispánico Sección La Esmeralda - Soco”, ubicado en el distrito de Locroja, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica; el Informe N° 002027-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC y el Informe N° 000311-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000470-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;
CONSIDERANDO:
Que, según se establece en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, “Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)”;
Que, el artículo III del Título Preliminar de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, precisa que “Se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el valor y significado referidos en el artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte”;
Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2017-MC, se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII, referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen especial que “permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (…)” aplicable “en el caso específico de afectación verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar el bien protegido por presunción legal (…)”, conforme a lo previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo legal;
Que, el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, dispone que “Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más.”;
Que, mediante la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC se aprobaron los “Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”;
Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC de fecha 02 de enero de 2025 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de enero de 2025, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2025, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, mediante Informe de inspección N° 006-2025-DQA de fecha 01 de octubre del 2025 que sustenta el Informe Técnico de Viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico, el especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica sustenta la propuesta de protección provisional del Paisaje Arqueológico “Camino Prehispánico Sección La Esmeralda - Soco”, ubicado en el distrito de Locroja, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica; especificando los fundamentos sobre la valoración cultural positiva y niveles de vulnerabilidad del bien inmueble objeto de protección provisional, de acuerdo con los lineamientos y criterios técnicos contenidos en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC. En el referido informe se indica que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos y factores naturales de acuerdo a lo siguiente:
Agentes antrópicos
El Paisaje Arqueológico del Camino Prehispánico en la sección La Esmeralda - Soco enfrenta serias amenazas a su conservación.
Principalmente, se registra una afectación irreversible causada por factores antrópicos (humanos), ya que la apertura de una trocha carrozable ha impactado directamente la estructura del camino. Por otra parte, se observa que el sendero prehispánico sigue siendo utilizado por la población local. Específicamente, las personas lo usan para el pastoreo y traslado de sus animales hacia diversas zonas, lo cual, consecuentemente, altera el camino de forma indirecta a través del desgaste constante.
Factores naturales
Los factores naturales, como la vegetación de arbustos y pastizales, han afectado la conservación del camino prehispánico. A causa de su crecimiento excesivo, es difícil identificar claramente el trazo original del camino en algunos tramos, lo que ha contribuido a su deterioro.
Que, mediante Memorando N° 001026-2025/DDC HVCA/MC de fecha 03 de octubre de 2025, la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble la propuesta de protección provisional del Paisaje Arqueológico “Camino Prehispánico Sección La Esmeralda - Soco”, recaída en el Informe de inspección N° 0006-2025-DQA de fecha 01 de octubre del 2025, para su atención;
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el acto administrativo “puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”;
Que, mediante Informe N° 002027-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000311-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal asume la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 006-2025-DQA elaborado por el Licenciado Deyvis Quispe Arone; y, en consecuencia, recomienda la determinación de la protección provisional del Paisaje Arqueológico “Camino Prehispánico Sección La Esmeralda - Soco”;
Que, mediante Informe N° 000470-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de fecha 22 de diciembre de 2025, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda emitir resolución directoral que determine la protección provisional del Paisaje Arqueológico “Camino Prehispánico Sección La Esmeralda - Soco”, ubicado en el distrito de Locroja, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED y sus modificatorias; la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC; la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DETERMINAR la Protección Provisional del Paisaje Arqueológico “Camino Prehispánico Sección La Esmeralda - Soco”, ubicado en el distrito de Locroja, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica, por el plazo de dos años salvo se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por el periodo que corresponda previo sustento. Las especificaciones de la presente determinación de protección provisional se encuentran indicadas en el Informe de Inspección N° 006-2025-DQA de fecha 01 de octubre del 2025, así como en el Informe N° 002027-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000311-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC y en el Plano Perimétrico con código PPROV-171-MC_DGPA-DSFL-2025 WGS84; los cuales se adjuntan como Anexo de la presente Resolución Directoral y forman parte integrante de la misma.
Artículo Segundo.- DISPONER como medidas preventivas, en el polígono especificado en el artículo precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica, las siguientes:
|
MEDIDA
|
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REFERENCIA
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Paralización y/o cese de afectación.
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x
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Se realizará la notificación de los documentos pertinentes a la Municipalidad distrital de Locroja..
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Señalización
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x
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Se coordinará con el área de administración de la DDC Huancavelica gestione la colocación de señalización.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica, la determinación y ejecución de las medidas indicadas en el Artículo Segundo de la presente resolución, así como las acciones de control y coordinación institucional e interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción coordinada de las acciones administrativas y legales necesarias para la definitiva identificación, declaración y delimitación de los bienes comprendidos en el régimen de protección provisional, entre ellas, la coordinación correspondiente con el órgano competente del Ministerio de Cultura para la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios y el análisis de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.
Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura ).
Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital de Locroja a fin de que proceda de acuerdo al ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.
Artículo Séptimo.- PRECISAR que la protección provisional dispuesta en la presente resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo Octavo.- ANEXAR a la presente resolución el Informe de inspección N° 006-2025-DQA de fecha 01 de octubre de 2025, el Informe N° 002027-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, Informe N° 000311-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC, el Informe N° 00407-2025-DGPA/VMPCIC-ARD/MC y el Plano Perimétrico con código PPROV-171-MC_DGPA-DSFL-2025 WGS84, para conocimiento y fines pertinentes, los cuales se publican en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura ) para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
Directora de la Dirección General
de Patrimonio Arqueológico Inmueble
2472662-1
2472489-1
Determinan la protección provisional del paisaje arqueológico Andenes de Patay, ubicado en el distrito de Palca, provincia de Tarma, departamento de Junín y dictan otras disposiciones
RESOLUCIóN DIRECTORAL
N° 000461-2025-DGPA-VMPCIC/MC
San Borja, 22 de diciembre de 2025
Vistos, el Informe de Inspección N° 009-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC del 25 de noviembre de 2025, en razón del cual la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín sustenta la propuesta para la determinación de la protección provisional del paisaje arqueológico Andenes de Patay, ubicado en el anexo de Patay, distrito de Palca, provincia de Tarma, departamento de Junín; los Informes N° 002047-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000263-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-NGC/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000471-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;
CONSIDERANDO:
Que, según se establece en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 31414 “Ley de Reforma Constitucional que refuerza la protección del Patrimonio Cultural de La Nación” “Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)”;
Que, en los artículos IV y VII del Título Preliminar de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1255, se establece que es de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 inciso b) Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2017-MC, se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII, referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen especial que “permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (…)” aplicable “en el caso específico de afectación verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar el bien protegido por presunción legal (…)”, conforme a lo previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo legal;
Que, el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, dispone que “Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más.”;
Que, mediante la Directiva Nº 003-2018-VMPCIC/MC se aprobaron los “Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”;
Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 000001-2025-VMPCIC-MC de fecha 02 de enero de 2025 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de enero de 2025, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2025, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.;
Que, mediante Informe de Inspección N° 009-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC que sustenta el Informe Técnico de Viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico, el especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín sustenta la propuesta de protección provisional del paisaje arqueológico Andenes de Patay; especificando los fundamentos sobre la valoración cultural positiva y niveles de vulnerabilidad del bien inmueble objeto de protección provisional, de acuerdo con los lineamientos y criterios técnicos contenidos en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC. En el referido informe se indica que el monumento arqueológico prehispánico se encuentra expuesto a posibles afectaciones por parte de agentes antrópicos, según lo siguiente:
Se evidencia afectación por apertura de trocha carrozable con maquinaria pesada, donde se ha realizado remoción de tierra, destruyendo muros de los andenes, capas estratigráficas (la cual contiene un relleno sistemático) y la intangibilidad del paisaje arqueológico, dicha afectación se encuentra en la parte noreste del polígono de delimitación. En las siguientes coordenadas: UTM E.438867 y N: 8750436 y en la coordinada E:438753 y N: 8750643.
La ampliación de la actividad agrícola es otra afectación que se evidencia en el sitio.
Que, mediante Memorando N° 001335-2025/DDC JUN/MC, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble la propuesta de protección provisional del paisaje arqueológico Andenes de Patay recaída en el Informe de Inspección N° 009-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC de fecha 25 de noviembre de 2025, para su atención;
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el acto administrativo “puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”;
Que, mediante Informe N° 002047-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, sustentado en el Informe N° 000263-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-NGC/MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal asume la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 009-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC elaborado por el Lic. Wilber Jaime Ore Berrocal; y, en consecuencia, recomienda la determinación de la protección provisional del paisaje arqueológico Andenes de Patay;
Que, mediante Informe Nº 000471-2024-DGPA-VMPCIC-ARD/MC, de fecha 22 de diciembre de 2025, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda emitir resolución directoral que determine la protección provisional del paisaje arqueológico Andenes de Patay;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED y sus modificatorias; la Ley N° 29565,C Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC; la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DETERMINAR la Protección Provisional del paisaje arqueológico Andenes de Patay, ubicado en el distrito de Palca, provincia de Tarma, departamento de Junín, por el plazo de dos años, salvo se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por el periodo que corresponda previo sustento. Las especificaciones de la presente determinación de protección provisional se encuentran indicadas en el Informe de Inspección N° 009-2025-SDPCICI JUN/WJOB/MC del 25 de noviembre de 2025, así como en los Informes N° 002047-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC y 000263-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-NGC/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal y el plano perimétrico con código N° PP-05; los cuales se adjuntan como Anexo de la presente Resolución Directoral y forman parte integrante de la misma.
Artículo Segundo.- DISPONER como medidas preventivas, en el polígono especificado en el artículo precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín, las siguientes:
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MEDIDA
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REFERENCIA
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Paralización y/o cese de la afectación:
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X
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Cese de la apertura de caminos carrozables.
Cese de remoción y excavación con maquinaria pesada al interior del polígono de delimitación.
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Señalización
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X
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Se sugiere colocar hitos en los vértices y hacer limpieza al letrero informativo.
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Otros
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X
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Comunicar a la Municipalidad Distrital de alca para tomar acciones preventivas contra los hechos sucedidos, según Ley N° 27972, en materia de protección del Patrimonio Cultural de la Nación dentro de su Jurisdicción.
Comunicar al subprefecto del Distrito de Palca para conocimiento de las afectaciones sucedidos y el cese de las afectaciones.
Comunicar al Juez de paz del distrito de Palca para conocimiento de las afectaciones sucedidos y el cese de las afectaciones.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín, la determinación y ejecución de las medidas indicadas en el Artículo Segundo de la presente resolución, así como las acciones de control y coordinación institucional e interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción coordinada de las acciones administrativas y legales necesarias para la definitiva identificación, declaración y delimitación de los bienes comprendidos en el régimen de protección provisional, entre ellas, la coordinación correspondiente con el órgano competente del Ministerio de Cultura para la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios y el análisis de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios
Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura. (https://www.gob.pe/cultura ).
Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital de Palca, a fin que proceda de acuerdo al ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a la a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.
Artículo Séptimo.- PRECISAR que la protección provisional dispuesta en la presente resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo Octavo.- ANEXAR a la presente resolución el Informe de Inspección N° 009-2025- SDPCICI JUN/WJOB/MC del 25 de noviembre de 2025, el Informe N° 002047-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, Informe N° 000263-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-NGC/MC, Informe Nº 000471-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC y el plano perimétrico con código N° PP-05, las cuales serán publicadas en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura ) para conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
Directora de la Dirección General
de Patrimonio Arqueológico Inmueble
2472489-1
2472661-1
Determinan Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Santa Rosa I ubicado en el distrito, provincia y departamento de Lambayeque
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 000462-2025-DGPA-VMPCIC/MC
San Borja, 23 de diciembre del 2025
Vistos, el Informe de Inspección N° 24-2025-LGA-DDC LAM-MC de fecha 18 de noviembre de 2025, en razón del cual la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque sustenta la propuesta para la determinación de la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Santa Rosa I ubicado en el distrito, provincia y departamento de Lambayeque; los Informes N° 002050-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000250-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-MDR/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000472-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;
CONSIDERANDO:
Que, según se establece en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 31414 “Ley de Reforma Constitucional que refuerza la protección del Patrimonio Cultural de La Nación” “Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)”;
Que, en los artículos IV y VII del Título Preliminar de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1255, se establece que es de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 inciso b) Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2017-MC, se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII, referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen especial que “permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (…)” aplicable “en el caso específico de afectación verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar el bien protegido por presunción legal (…)”, conforme a lo previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo legal;
Que, el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, dispone que “Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más.”;
Que, mediante la Directiva Nº 003-2018-VMPCIC/MC se aprobaron los “Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”;
Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 000001-2025-VMPCIC-MC de fecha 02 de enero de 2025 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de enero de 2025, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2025, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, mediante Informe de Inspección N° 24-2025-LGA-DDC LAM-MC de fecha 18 de noviembre de 2025 que sustenta el forme Técnico de Viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico, el especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura Lambayeque sustenta la propuesta de Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Santa Rosa I ubicado en el distrito, provincia y departamento de Lambayeque; especificando los fundamentos sobre la valoración cultural positiva y niveles de vulnerabilidad del bien inmueble objeto de protección provisional, de acuerdo con los lineamientos y criterios técnicos contenidos en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC. En el referido informe se indica que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos, de acuerdo a lo siguiente:
Sea observado los siguientes casos por agentes antrópicos alarmantes:
1. Uso indebido del área arqueológica para arrojar basura en el sector sur del BIP. a) La coordenada UTM (WGS84) referencial de la afectación es 621570.00E – 9258361.00N y b) La coordenada UTM (WGS84) referencial de la afectación es 621668.00E – 9258347.00N
2. Asentamiento de estructuras de material rustico en el límite de poligonal del BIP. La coordenada UTM (WGS84) referencial es 621619.32E – 9258460.17N.
3. Acumulación de escombros en el lado suroeste, producto de trabajos de mejoramiento de loza deportiva. La coordenada UTM (WGS84) referencial de la afectación es 621510.32E - 9258403.28N
Que, mediante Memorando N° 001183-2025-DDC LAM/MC de fecha 02 de diciembre de 2025, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble la propuesta de Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Santa Rosa I, recaída en el Informe de Inspección N° 24-2025-LGA-DDC LAM-MC de fecha 18 de noviembre de 2025, para su atención;
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el acto administrativo “puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”;
Que, mediante Informe N° 002050-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, sustentado en el Informe N° 000250-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-MDR/MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal asume la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 24-2025-LGA-DDC LAM-MC, elaborado por el Lic. Luis Martín Gómez Acosta; y, en consecuencia, recomienda la determinación de la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Santa Rosa I;
Que, mediante Informe Nº 000472-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de fecha 22 de diciembre de 2025, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda emitir resolución directoral que determine la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Santa Rosa I;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED y sus modificatorias; la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC; la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DETERMINAR la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Santa Rosa I ubicado en el distrito, provincia y departamento de Lambayeque, por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo plazo. Las especificaciones de la presente determinación de protección provisional se encuentran indicadas en el Informe de Inspección N° 24-2025-LGA-DDC LAM-MC de fecha 18 de noviembre de 2025, así como en los Informes N° 002050-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, Informe N° 000250-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-MDR/MC y en el Plano Perimétrico con código PPROV-015-SDPCICI DDC LAM-MC-2025 WGS84; los cuales se adjuntan como Anexo de la presente Resolución Directoral y forman parte integrante de la misma.
Artículo Segundo.- DISPONER como medidas preventivas, en el polígono especificado en el artículo precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, las siguientes:
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MEDIDA
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REFERENCIA
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Paralización y/o cese de la afectación:
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x
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Comunicación con funcionarios del área de fiscalización de la Municipalidad provincial de Lambayeque y PNP del distrito de Lambayeque, para solicitar la preservación y defensa del sitio arqueológico, y con la comunidad para exhortar el cese de arrojar basura.
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Señalización:
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x
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Colocar hitos y paneles informativos sobre su intangibilidad.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección Desconcentrada de Cultura Lambayeque, la determinación y ejecución de las medidas indicadas en el Artículo Segundo de la presente resolución, así como las acciones de control y coordinación institucional e interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción coordinada de las acciones administrativas y legales necesarias para la definitiva identificación, declaración y delimitación de los bienes comprendidos en el régimen de protección provisional.
Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura).
Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital Lambayeque a fin de que proceda de acuerdo al ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-D.
Artículo Séptimo.- PRECISAR que la protección provisional dispuesta en la presente resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo Octavo.- ANEXAR a la presente resolución el Informe de Inspección N° 24-2025-LGA-DDC LAM-MC de fecha 18 de noviembre de 2025, el Informe N° 002050 -2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, Informe N° 000250-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-MDR/MC e Informe Nº 000472-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC y el Plano Perimétrico con código PPROV-015-SDPCICI DDC LAM-MC-2025WGS 84, los cuales se publican en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura) para conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
Directora de la Dirección General de
Patrimonio Arqueológico Inmueble
2472661-1
2472528-1
Determinan Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Blanca Sur - Sector B ubicado en el distrito de San José, provincia y departamento de Lambayeque
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 000465-2025-DGPA-VMPCIC/MC
San Borja, 24 de diciembre del 2025
Vistos, el Informe de Inspección N° 23-2025-LGA-DDC LAM-MC de fecha 17 de noviembre de 2025, en razón del cual la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque sustenta la propuesta para la determinación de la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Blanca Sur - Sector B ubicado en el distrito de San José, provincia y departamento de Lambayeque; los Informes N° 002049-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000249-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-MDR/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000473-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;
CONSIDERANDO:
Que, según se establece en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 31414 “Ley de Reforma Constitucional que refuerza la protección del Patrimonio Cultural de La Nación” “Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)”;
Que, en los artículos IV y VII del Título Preliminar de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1255, se establece que es de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 inciso b) Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2017-MC, se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII, referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen especial que “permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (…)” aplicable “en el caso específico de afectación verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar el bien protegido por presunción legal (…)”, conforme a lo previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo legal;
Que, el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, dispone que “Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más.”;
Que, mediante la Directiva Nº 003-2018-VMPCIC/MC se aprobaron los “Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”;
Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 000001-2025-VMPCIC-MC de fecha 02 de enero de 2025 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de enero de 2025, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2025, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, mediante Informe de Inspección N° 23-2025-LGA-DDC LAM-MC de fecha 17 de noviembre de 2025 que sustenta el forme Técnico de Viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico, el especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura Lambayeque sustenta la propuesta de Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Blanca Sur - Sector B ubicado en el distrito de San José, provincia y departamento de Lambayeque; especificando los fundamentos sobre la valoración cultural positiva y niveles de vulnerabilidad del bien inmueble objeto de protección provisional, de acuerdo con los lineamientos y criterios técnicos contenidos en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC. En el referido informe se indica que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos, de acuerdo a lo siguiente:
Sea observado los siguientes casos por agentes antrópicos alarmantes:
1. Actividades de nivelación y remoción de suelo en el sector noroeste del BIP, en un área de 3 183 m2 aprox. La coordenada UTM (WGS84) referencial de la afectación es 614979E – 9250478N (centroide).
2. Asentamiento de estructuras de material noble en el limite de poligonal del BIP. a) La coordenada UTM (WGS84) referencial es 614962.14E – 9250273.46N (centroide), b) La coordenada UTM (WGS84) referencial es 615023.93E – 9250330.17N (centroide)
Que, mediante Memorando N° 001182-2025-DDC LAM/MC de fecha 02 de diciembre de 2025, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble la propuesta de Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Blanca Sur - Sector B, recaída en el Informe de Inspección N° 23-2025-LGA-DDC LAM-MC de fecha 17 de noviembre de 2025, para su atención;
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el acto administrativo “puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”;
Que, mediante Informe N° 002049-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, sustentado en el Informe N° 000249-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-MDR/MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal asume la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 23-2025-LGA-DDC LAM-MC, elaborado por el Lic. Luis Martín Gómez Acosta; y, en consecuencia, recomienda la determinación de la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Blanca Sur - Sector B;
Que, mediante Informe Nº 000473-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de fecha 23 de diciembre de 2025, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda emitir resolución directoral que determine la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Blanca Sur - Sector B;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED y sus modificatorias; la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC; la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DETERMINAR la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Huaca Blanca Sur - Sector B ubicado en el distrito de San José, provincia y departamento de Lambayeque, por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo plazo. Las especificaciones de la presente determinación de protección provisional se encuentran indicadas en el Informe de Inspección N° 23-2025-LGA-DDC LAM-MC de fecha 17 de noviembre de 2025, así como en los Informes N° 002049-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, Informe N° 000249-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-MDR/MC y en el Plano Perimétrico con código PPROV-018-SDPCICI DDC LAM-MC-2025WGS84; los cuales se adjuntan como Anexo de la presente Resolución Directoral y forman parte integrante de la misma.
Artículo Segundo.- DISPONER como medidas preventivas, en el polígono especificado en el artículo precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, las siguientes:
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MEDIDA
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REFERENCIA
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Paralización y/o cese de la afectación:
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x
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Coordinar y notificar a la Municipalidad Distrital de San José, gobernador distrital, teniente local y otras instituciones y/o autoridades a efecto de que, en lo que les corresponda, se abstengan de brindar cualquier autorización en contra de la protección y conservación del sitio arqueológico Huaca Blanca Sur – Sector B.
Comunicación a la Comisaria de la Policía Nacional del Perú del distrito de San José, para la realización de Patrullaje inopinado al sitio arqueológico para frenar cualquier tipo de acto que atenta destruir al patrimonio arqueológico.
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Señalización:
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x
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Colocar hitos y paneles informativos sobre su intangibilidad.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección Desconcentrada de Cultura Lambayeque, la determinación y ejecución de las medidas indicadas en el Artículo Segundo de la presente resolución, así como las acciones de control y coordinación institucional e interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción coordinada de las acciones administrativas y legales necesarias para la definitiva identificación, declaración y delimitación de los bienes comprendidos en el régimen de protección provisional.
Artículo Quinto. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura).
Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital de San José a fin de que proceda de acuerdo al ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.
Artículo Séptimo.- PRECISAR que la protección provisional dispuesta en la presente resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo Octavo.- ANEXAR a la presente resolución el Informe de Inspección N° 23-2025-LGA-DDC LAM-MC de fecha 17 de noviembre de 2025, el Informe N° 002049 -2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, Informe N° 000249-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-MDR/MC e Informe Nº 000473-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC y el Plano Perimétrico con código PPROV-018-SDPCICI DDC LAM-MC-2025WGS84, los cuales se publican en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (https://www.gob.pe/cultura) para conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
Directora de la Dirección General
de Patrimonio Arqueológico Inmueble
2472528-1
DEFENSA
2472721-1
Autorizan ampliación de permanencia de Capitán de Navío de la Marina de Guerra del Perú, como Representante Permanente Alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional (OMI), en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Resolución Ministerial
N° 01879-2025-DE
Lima, 16 de diciembre del 2025
VISTOS:
El Oficio N° 11229/51 de la Secretaría de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú; los Oficios N° 02976-2025-MINDEF/VPD-DIGRIN y N° N° 03039-2025-MINDEF/VPD-DIGRIN de la Dirección General de Relaciones Internacionales; y, el Informe Legal N° 02475-2025-MINDEF/SG-OGAJ y el Oficio N° 1244-2025-MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Suprema N° 043-2025-DE, se designó al Capitán de Navío Juan José GONZALES MIRANDA, identificado con CIP N° 00909440 y DNI N° 06790498, como Representante Permanente Alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional (OMI), en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a partir del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2027, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Que, con Oficio N° 11229/51, la Secretaría de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú, solicita autorizar la permanencia del Capitán de Navío Juan José GONZALES MIRANDA, en Comisión Especial en el Exterior, como Representante Permanente Alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional (OMI), en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, a partir del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2027; así como, autorizar su retorno al país el 2 de julio de 2027;
Que, a través del citado documento, la Institución Armada remite el Informe Legal N° 068-2025; la Hoja de Gastos N° 156-2025, la Hoja de Disponibilidad Presupuestaria N° 002-2026 y la Constancia de Previsión de Recursos N° 262-2025, que garantizan el financiamiento correspondiente;
Que, mediante la Exposición de Motivos, la Institución Armada señala que resulta conveniente para los intereses institucionales, por cuanto permitirá al Estado Peruano afianzar su participación en la Organización Marítima Internacional (OMI), lo cual contribuirá significativamente para lograr permanecer como miembro del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) en la “Categoría C”, con el fin de que el país sea participante activo de las más importantes decisiones que se adopten en el referido organismo internacional, con el correspondiente beneficio que lo que se adopte esté conforme a los intereses marítimos del Perú;
Que, el Reglamento de viajes al exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG, y sus modificatorias, establece las modalidades de viaje al exterior, siendo entre otros, la Comisión Especial en el Exterior, que permite la designación de personal militar en actividad o retiro en las representaciones a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores; asimismo, el pago de los conceptos que corresponde al designado bajo dicha modalidad se sujeta a lo dispuesto en el artículo 18 del citado Reglamento y a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 262-2014-EF;
Que, el numeral 1.4 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 262-2014-EF, que establece disposiciones respecto al monto por Compensación extraordinaria por Servicios en el Extranjero en Misión Diplomática y Comisión Especial en el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de Servicios y Tratamiento Médico Altamente Especializado de personal militar y civil del sector Defensa e Interior, dispone que el monto de la compensación extraordinaria mensual por servicio en el extranjero será reducido en la misma cantidad que la bonificación otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, que se encuentra percibiendo el personal militar que sea nombrado en Misión Diplomática y Comisión Especial en el Exterior;
Que, conforme al artículo 26 de la Ley N° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, modificada por Decreto Legislativo N° 1143, el Oficial nombrado en comisión de servicio o misión de estudios por cuenta del Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase a la situación militar de disponibilidad o retiro, hasta después de haber servido en su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo compensatorio previsto en la ley de la materia;
Que, mediante el Oficio N° 02976-2025-MINDEF/VPD-DIGRIN e Informe Técnico N° 5912025-MINDEF/VPD-DIGRIN-HMC, la Dirección General de Relaciones Internacionales emite opinión favorable para la autorización de la ampliación de permanencia de viaje al exterior referida en los considerandos precedentes;
Que, mediante el Informe Legal N° 02475-2025-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, señala que acuerdo a lo informado por la Marina de Guerra del Perú, el Capitán de Navío Juan José Gonzales Miranda se encuentra hasta el 31 de diciembre de 2025 prestando servicios en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en Misión Diplomática como Agregado Naval Adjunto a la Embajada del Perú en dicho país, y representante ante la Organización Marítima Internacional, en tal sentido, considera que resulta legalmente viable emitir la resolución ministerial que autorice la ampliación de permanencia, bajo la modalidad de Comisión Especial en el Exterior, toda vez que su condición legal ha variado ante dicho organismo internacional, encontrándose la propuesta conforme al marco normativo sobre la materia;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 01837-2025-DE se autoriza la ampliación de permanencia, en Comisión Especial en el Exterior, del Capitán de Navío Juan José GONZALES MIRANDA, a partir del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2027, como Representante Permanente Alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional (OMI), en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores; así como, autorizar su retorno al país el 2 de julio de 2027;
Que, a través del Oficio N° 03039-2025-MINDEF/VPD-DIGRIN el Director General de Relaciones Internacionales considera viable corregir la Resolución Ministerial N° 01837-2025-DE en el extremo referido al año fiscal al que corresponde el pago de la compensación extraordinaria por servicio en el extranjero del personal comisionado;
Que, en virtud del Oficio N° 01244-2025-MINDEF/SG-OGAJ la Oficina General de Asesoría Jurídica recomienda se deje sin efecto la Resolución Ministerial N° 01837-2025-DE y remite un nuevo proyecto de dispositivo que atiende el pedido efectuado por la Marina de Guerra del Perú para autorizar la ampliación de permanencia en el exterior del Capitán de Navío Juan José GONZALES MIRANDA;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa, de la Dirección General de Relaciones Internacionales; y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1134, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y modificatoria; y, el Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, y sus modificatorias.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 01837-2025-DE en atención a lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución ministerial.
Artículo 2.- Autorizar la ampliación de permanencia, en Comisión Especial en el Exterior, del Capitán de Navío Juan José GONZALES MIRANDA, a partir del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2027, como Representante Permanente Alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional (OMI), en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores; así como, autorizar su retorno al país el 2 de julio de 2027.
Artículo 3.- La Marina de Guerra del Perú efectúa los pagos que correspondan con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2026, de acuerdo al siguiente concepto:
Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
£ 8,455.21 x 12 meses (ene.-dic.) x 1 persona £ 101,462.52
Total a pagar: £ 101,462.52
Artículo 4.- El otorgamiento de la compensación extraordinaria mensual por servicio en el extranjero se hace por días reales y efectivos de servicios en el exterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG y de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 262-2014-EF, con cargo al respectivo Presupuesto Institucional del Año Fiscal correspondiente.
Artículo 5.- El pago por los conceptos de compensación extraordinaria por servicio en el extranjero, gastos de traslado (retorno) y pasajes aéreos internacionales (retorno) del titular, esposa e hijos, que origine el cumplimiento de la presente autorización, se efectúa con cargo al Presupuesto Institucional de la Marina de Guerra del Perú del año fiscal correspondiente, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 6.- El Comandante General de la Marina de Guerra del Perú queda facultado para variar la fecha de término de la autorización a que se refiere el artículo 2 de la presente Resolución Ministerial, sin incrementar el tiempo de autorización, sin variar la actividad para la cual se autoriza el viaje ni el nombre del personal autorizado.
Artículo 7.- El Oficial Superior comisionado debe cumplir con presentar un informe detallado ante el titular de la entidad, describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de retorno al país.
Artículo 8.- El Oficial Superior designado está impedido de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR FRANCISCO DÍAZ PECHE
Ministro de Defensa
2472721-1
2472726-1
Autorizan ampliación de permanencia de Capitán de Fragata de la Marina de Guerra del Perú en los Estados Unidos de América, en comisión de servicio
Resolución Ministerial
N° 01903-2025-DE
Lima, 23 de diciembre del 2025
VISTOS:
El Oficio N° 11620/51 de la Secretaría de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú; el Oficio N° 03048-2025-MINDEF/VPD-DIGRIN de la Dirección General de Relaciones Internacionales; y el Informe Legal N° 02583-2025-MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 00032-2025-DE se autorizó el viaje al exterior, en comisión de servicio, del Capitán de Fragata FERNANDO MANUEL HOUGHTON SOTO, identificado con CIP. N° 01017135 y DNI. N° 43310863, para participar como Oficial de Enlace en la Comandancia de la Fuerza de Submarinos del Atlántico de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Norfolk, estado de Virginia, Estados Unidos de América, del 28 de enero al 31 de diciembre de 2025; así como, autorizar su salida del país el 27 de enero de 2025 y su retorno el 1 de enero de 2026;
Que, mediante Oficio N° 10844/42 el Secretario de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú hace de conocimiento al Comandante de la Fuerza de Submarinos del Atlántico de los Estados Unidos de América que el citado Oficial Superior permanecerá hasta el 31 de diciembre de 2026, en el puesto de Oficial de Enlace de la mencionada Comandancia;
Que, por medio del Oficio N° 2139/42 el Comandante General de Operaciones del Pacífico de la Marina de Guerra del Perú remitió a la Dirección General del Personal de la citada Institución Armada, la documentación para la ampliación de permanencia en el exterior, en comisión de servicio, del Capitán de Fragata FERNANDO MANUEL HOUGHTON SOTO para continuar desempeñándose como Oficial de Enlace en la Comandancia de la Fuerza de Submarinos del Atlántico de los Estados Unidos de América, en ciudad de Norfolk, estado de Virginia, Estados Unidos de América, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026;
Que, con Informe Legal N° 175-2025 la Jefatura de la Oficina de Asesoría Legal de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico de la Marina de Guerra del Perú opina que resulta legalmente procedente autorizar la ampliación de permanencia en el exterior, en comisión de servicio, del Capitán de Fragata FERNANDO MANUEL HOUGHTON SOTO para continuar desempeñándose como Oficial de Enlace en la Comandancia de la Fuerza de Submarinos del Atlántico de los Estados Unidos de América, hasta el 31 de diciembre de 2026;
Que, de acuerdo a la Exposición de Motivos, anexada al expediente administrativo, resulta conveniente para los intereses institucionales autorizar el presente viaje al exterior, por cuanto permitirá al citado Oficial Superior efectuar coordinaciones de planeamiento y detalles de ejecución entre la unidad submarina participante y la Armada de los Estados Unidos de América en los despliegues SUBDIEX - DESI, SIFOREX, SCOTA, entre otros; así como, asistir activamente en las reuniones y foros de carácter internacional para la promoción y defensa de los intereses nacionales e internacionales, permitiendo dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos establecidos en el Maritime Staff Talks (MST) relacionado con la Fuerza de Submarinos; asimismo, permitirá intercambiar conocimientos y fortalecer la cooperación y comunicación entre ambas Instituciones Armadas;
Que, mediante Hoja de Gastos N° 234-2025 suscrita por el Jefe de la División de Pasaportes, Visas y Viáticos, y por el Jefe de la Oficina de Gestión de Remuneraciones, Pasajes y Viáticos de la Dirección de Administración de Personal de la Marina, los gastos por concepto de pasajes aéreos (ida y retorno), gasto de traslado (retorno) y compensación extraordinaria por servicio en el extranjero, se efectuarán con cargo al presupuesto institucional del Año Fiscal respectivo, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG;
Que, con Hoja de Disponibilidad Presupuestaria N° 010-2026 el Jefe de la Oficina de Planes, Programas y Presupuestos de la Sub-Unidad Ejecutora 01 “Personal y Bienestar” detalla los recursos que se verán involucrados en la ejecución del presente viaje al exterior, en comisión de servicio; asimismo, con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000006361, emitida por el Departamento de Evaluación y Ejecución Presupuestaria de la Dirección de Presupuesto de la Dirección General de Economía de la Marina, se garantiza el financiamiento del presente viaje al exterior, en comisión de servicio, del Año Fiscal respectivo;
Que, asimismo, conforme a la Constancia de Previsión de Recursos N° 389-2025 emitida por el Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto del Estado Mayor General de la Marina, se ha programado para el Año Fiscal 2026 los gastos que irrogue la ampliación de permanencia en el exterior, en comisión de servicio, del citado Oficial Superior garantizando la programación de recursos para cumplir con el pago correspondiente;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los vuelos internacionales, resulta necesario autorizar su retorno al país un (1) día después de la fecha de término de la citada comisión de servicio en el exterior, sin que este día adicional genere gasto alguno al Tesoro Público;
Que, mediante Oficio N° 11620/51 la Secretaría de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú solicita la autorización de la ampliación de permanencia en el exterior, en comisión de servicio, del Capitán de Fragata FERNANDO MANUEL HOUGHTON SOTO para continuar desempeñándose como Oficial de Enlace en la Comandancia de la Fuerza de Submarinos del Atlántico de los Estados Unidos de América, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026; así como, autorizar su retorno al país el 1 de enero de 2027;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 262-2014-EF, que establece disposiciones respecto a montos por Compensación Extraordinaria por Servicios en el Extranjero, en Misión Diplomática, Comisión Especial en el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de Servicios y Tratamiento Médico Altamente Especializado de personal militar y civil del Sector Defensa e Interior, dispone que el monto de la compensación extraordinaria mensual por servicio en el extranjero, será reducido en la misma cantidad que la bonificación otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1132, Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;
Que, conforme al artículo 26 de la Ley N° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, modificado por Decreto Legislativo N° 1143, el Oficial nombrado en comisión de servicio o misión de estudios por cuenta del Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase a la situación militar de disponibilidad o retiro, hasta después de haber servido en su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo compensatorio previsto en la ley de la materia;
Que, mediante Oficio N° 03048-2025-MINDEF/VPD-DIGRIN y el Informe Técnico N° 610-2025-MINDEF/VPD-DIGRIN-HMC, la Dirección General de Relaciones Internacionales emitió la opinión técnica favorable para la presente ampliación de permanencia en el exterior, en comisión de servicio;
Que, mediante el Informe Legal N° 02583-2025-MINDEF/SG-OGAJ la Oficina General de Asesoría Jurídica considera que resulta legalmente viable emitir la resolución ministerial que autorice la ampliación de permanencia en el exterior, en comisión de servicio, del Capitán de Fragata FERNANDO MANUEL HOUGHTON SOTO para continuar desempeñándose como Oficial de Enlace en la Comandancia de la Fuerza de Submarinos del Atlántico de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Norfolk, Estado de Virginia, Estados Unidos de América, por encontrarse conforme al marco normativo sobre la materia;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa; de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, de la Dirección General de Relaciones Internacionales;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1134, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y modificatorias; y el Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar del Sector Defensa, y sus modificatorias; y el Decreto Supremo N° 262-2014-EF, que establece disposiciones referente a montos por Compensación Extraordinaria por Servicios en el Extranjero en Misión Diplomática, Comisión Especial en el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de Servicios y Tratamiento Médico Altamente Especializado de personal militar y civil del Sector Defensa e Interior, y modificatoria.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la ampliación de permanencia en el exterior, en comisión de servicio, del Capitán de Fragata FERNANDO MANUEL HOUGHTON SOTO, identificado con CIP. N° 01017135 y DNI. N° 43310863, para continuar desempeñándose como Oficial de Enlace en la Comandancia de la Fuerza de Submarinos del Atlántico de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Norfolk, Estado de Virginia, Estados Unidos de América, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026; así como, autorizar su retorno al país el 1 de enero de 2027.
Artículo 2.- La Marina de Guerra del Perú efectuará los pagos que correspondan con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2025 y 2026, de acuerdo a los siguientes conceptos:
Pasajes aéreos (ida): Lima - Norfolk, Estado de Virginia (Estados Unidos de América)
clase económica - hasta por un monto de:
US$ 1,718.40 x 4 personas (esposa - hijas) US$ 6,873.60
Pasajes aéreos (retorno): Norfolk, Estado de Virginia (Estados Unidos de América) - Lima
clase económica - hasta por un monto de:
US$ 1,718.40 x 5 personas (titular, esposa - hijas) US$ 8,592.00
Gasto de Traslado (retorno): (Equipaje, bagaje e instalación)
US$ 6,416.28 x 2 compensaciones x 1 persona US$ 12,832.56
Compensación extraordinaria por servicio en el extranjero:
US$ 6,416.28 x 12 meses (ene.-dic.) x 1 persona US$ 76,995.36
Total a pagar: US$ 105,293.52
Artículo 3.- El otorgamiento de la compensación extraordinaria mensual por servicio en el extranjero se hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG y de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 262-2014-EF, con cargo al respectivo Presupuesto Institucional del Año Fiscal correspondiente.
Artículo 4.- El gasto que origine el cumplimiento de la presente autorización de viaje en comisión de servicio, se efectuará con cargo a las partidas presupuestales del Sector Defensa - Marina de Guerra del Perú, del año fiscal correspondiente, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 5.- El Comandante General de la Marina de Guerra del Perú queda facultado para variar la fecha de término de la autorización a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, sin incrementar el tiempo de autorización sin variar la actividad para la cual se autoriza el viaje ni el nombre del personal autorizado.
Artículo 6.- El Oficial Superior comisionado debe cumplir con presentar un informe detallado ante el titular de la entidad, describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de retorno al país.
Artículo 7.- El citado Oficial Superior revistará en la Dirección General del Personal de la Marina de Guerra del Perú, por el periodo que dure la comisión de servicio en el exterior.
Artículo 8.- El mencionado Oficial Superior está impedido de solicitar su pase a la situación militar de disponibilidad o retiro, hasta después de haber servido en su respectiva Institución el tiempo mínimo, más el tiempo compensatorio dispuesto en la ley de la materia.
Artículo 9.- La presente Resolución Ministerial no otorga derecho a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR FRANCISCO DÍAZ PECHE
Ministro de Defensa
2472726-1
2472755-1
Aprueban el Plan Operativo Institucional - POI Anual 2026 del Ministerio de Defensa
Resolución Ministerial
N° 01914-2025-DE
Lima, 29 de diciembre del 2025
VISTOS:
El Oficio N° 04485-2025-MINDEF/VRD-DGPP, complementado con el Oficio N° 04503-2025-MINDEF/VRD-DGPP, de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 00613-2025-MINDEF/VRD-DGPP-DIPP de la Dirección de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe Legal N° 02612-2025-MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1134, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, establece que éste es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y que constituye pliego presupuestal del Estado;
Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que corresponde a los Ministros de Estado dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes;
Que, mediante Ley N° 32513, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026;
Que, el inciso 3 del numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;
Que, de acuerdo a la “Guía para el Planeamiento Institucional”, cuya versión actualizada ha sido aprobada mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD, el Plan Operativo Institucional - POI es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional que contiene las actividades operativas e inversiones, pudiendo ser multianual y anual;
Que, de acuerdo al numeral 3.2.2 de la citada Guía para el Planeamiento Institucional, luego que el Congreso de la República aprueba la Ley Anual de Presupuesto y cada Pliego aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tenga consistencia con el PIA. De no ser consistente, la entidad ajusta la programación, y en consecuencia las metas físicas son revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual. A partir de ello, el POI Anual comprenderá la Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en formal mensual;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 00490-2025-DE se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI Multianual 2026-2028 del Ministerio de Defensa; y, mediante Resolución Ministerial N° 01835-2025-DE se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2025-2030 actualizado del Ministerio de Defensa;
Que, por medio de la Resolución Ministerial N° 01886-2025-DE se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2026 del Pliego 026: Ministerio de Defensa;
Que, por medio del Oficio N° 04485-2025-MINDEF/VRD-DGPP, complementado con el Oficio N° 04503-2025-MINDEF/VRD-DGPP, la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, remite el Informe N° 00613-2025-MINDEF/VRD-DGPP-DIPP de la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, a través del cual señala que el Plan Operativo Institucional POI Anual 2026 del Ministerio de Defensa se formuló siguiendo las disposiciones de la Guía para el Planeamiento Institucional actualizada y las del Instructivo para la Formulación del Plan Operativo Institucional POI Anual 2026 del Ministerio de Defensa, con la información enviada por las unidades ejecutoras del Pliego 026: Ministerio de Defensa, así como los reportes obtenidos de la información registrada en el Sistema de Planeamiento - SISPLAN; siendo que, al contener información vinculada a la Seguridad y Defensa Nacional, constituye información con la clasificación de “SECRETO”, en el marco de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-20219-JUS;
Que, mediante Informe Legal N° 02612-2025-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica señala que se encuentra justificada la aprobación del POI Anual 2026 la misma que debe materializarse a través de una resolución ministerial;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Recursos para la Defensa; de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto; y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto Legislativo N° 1134, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2016-DE.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional - POI Anual 2026 del Ministerio de Defensa, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- El Plan Operativo Institucional - POI Anual 2026 del Ministerio de Defensa, se encuentra clasificado como información “Secreta” por razones de Seguridad Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los literales f) y g) del numeral 1 del artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.
Artículo 3.- La Dirección General de Planeamiento y Presupuesto es la encargada del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI Anual 2026, así como de su distribución a los órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa, según corresponda.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en la sede digital del Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef), en la misma fecha que su publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR FRANCISCO DÍAZ PECHE
Ministro de Defensa
2472755-1
2473088-1
Nombran en Misión Diplomática a Oficial Superior de la Fuerza Aérea del Perú en la Agregaduría del Exterior
Resolución Ministerial
N° 01926-2025-DE
Lima, 30 de diciembre del 2025
VISTOS:
El Oficio C-35-SGFA-DGPE N° 1043, complementado con el Oficio C-35-COFA-DGPE-N° 1121, de la Secretaría General de la Fuerza Aérea del Perú; el Oficio N° 03102-2025-MINDEF/VPD-DIGRIN de la Dirección General de Relaciones Internacionales; y, el Informe Legal N° 02616-2025-MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 14 de la Ley N° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, establece, entre otros, que el Oficial en situación de actividad podrá ser nombrado para ocupar un cargo en el exterior de la República, en representación de su institución; en este caso, tendrá los mismos derechos que el personal diplomático, establecidos en la norma que regula la materia;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0977-2019-DE/SG, se aprueba el Reglamento de Personal Militar de las Fuerzas Armadas nombrado en Agregadurías del Exterior (en adelante, el Reglamento), cuyo artículo 15 señala que por resolución ministerial se nombra al personal militar de las Fuerzas Armadas para las Agregadurías en el exterior, por un periodo máximo de dos años;
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Suprema N° 005-2025-DE, se aprobaron las vacantes y cargos a ser desempeñados por Personal de Oficiales Generales y Oficiales Superiores de la Fuerza Aérea del Perú, en las Agregadurías a las Misiones Diplomáticas del Perú en el Exterior, a partir del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, considerándose entre ellos el cargo de Agregado Aéreo a la Embajada del Perú en Canadá;
Que, luego de ello, mediante Resolución Ministerial N° 01323-2025-DE, se nombra en Misión Diplomática a los Oficiales Superiores de la Fuerza Aérea del Perú que ejercerán los cargos aprobados en las Agregadurías del Exterior, considerando entre ellos, al Coronel FAP JUAN CARLOS MINAYA MEDINA, como Agregado Aéreo a la Embajada del Perú en Canadá;
Que, a través del Oficio C-35-SGFA-DGPE N° 1043, complementado con el Oficio C-35-COFA-DGPE-N° 1121, la Fuerza Aérea del Perú remite al Ministerio de Defensa la documentación que sustenta la propuesta institucional de la citada Institución Armada para dejar sin efecto el nombramiento efectuado a favor del Coronel FAP Juan Carlos MINAYA MEDINA y nombrar al Coronel FAP CESAR ALBERTO HUANQUI VALCARCEL, como Agregado Aéreo a la Embajada del Perú en Canadá;
Que, mediante el Oficio N° 03102-2025-MINDEF/VPD-DIGRIN, la Dirección General de Relaciones Internacionales, en su calidad de órgano técnico del Ministerio de Defensa ha emitido opinión favorable a la propuesta de nombramiento del Coronel FAP CESAR ALBERTO HUANQUI VALCARCEL, como Agregado Aéreo a la Embajada del Perú en Canadá, dejando sin efecto el nombramiento efectuado a favor del Coronel FAP Juan Carlos MINAYA MEDINA, adjuntando a tal efecto el Acta para proponer la designación del Agregado Aéreo a la Embajada del Perú en Canadá, del 19 de diciembre de 2025;
Que, mediante Informe Legal N° 02616-2025-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica considera legalmente viable aprobar, por medio de resolución ministerial, el nombramiento del Coronel FAP CESAR ALBERTO HUANQUI VALCARCEL como Agregado Aéreo a la Embajada del Perú en Canadá y dejar sin efecto el nombramiento efectuado a favor del Coronel FAP Juan Carlos MINAYA MEDINA, en los términos propuestos por la Fuerza Aérea del Perú, la verificación efectuada por la Dirección General de Relaciones Internacionales y la validación del Comité de Selección que preside el Viceministro de Política para la Defensa;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa, de la Dirección General de Relaciones Internacionales y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 37) del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1134, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; y, el Reglamento del Personal Militar de las Fuerzas Armadas nombrado en Agregadurías del Exterior, aprobado por Resolución Ministerial N° 0977-2019-DE/SG.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 01323-2025-DE, con el objeto de dejar sin efecto el nombramiento a favor Coronel FAP N° Juan Carlos MINAYA MEDINA.
Artículo 2.- Modificar el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 01323-2025-DE, con el objeto de nombrar en Misión Diplomática al Oficial Superior de la Fuerza Aérea del Perú en la Agregaduría del Exterior, de acuerdo con el siguiente detalle:
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CARGO
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GRADO
NOMBRES Y APELLIDOS
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Agregado Aéreo a la Embajada
del Perú en Canadá
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Coronel FAP
CESAR ALBERTO HUANQUI VALCARCEL
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en la sede digital del Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR FRANCISCO DÍAZ PECHE
Ministro de Defensa
2473088-1
DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
2473021-1
Delegan funciones y facultades en diversos funcionarios del INIA para el Ejercicio Fiscal 2026
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 136-2025-MIDAGRI-INIA
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTO: El Informe N° 00818-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 30 de diciembre de 2025, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es un organismo público adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con personería jurídica de derecho público. Tiene competencia de alcance nacional y constituye un Pliego Presupuestal;
Que, los numerales 10.1 y 10.2 del artículo 10 del Texto Integrado del ROF del INIA, establece que la Presidencia Ejecutiva del INIA es la máxima autoridad ejecutiva de la Entidad, siendo este el Titular del Pliego Presupuestal y responsable de dirigir y ejercer la representación legal del INIA ante los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales; asimismo, el literal a) de su artículo 11 prescribe que, es una función de la Presidencia Ejecutiva, la de dirigir y supervisar el adecuado funcionamiento de la entidad, definiendo las políticas de dirección y supervisión para la marcha de la misma y ejercer la representación legal ante los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales;
Que, el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante TUO de la Ley N° 27444), señala que el ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o evocación;
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del TUO de la Ley N° 27444, establece que procede la delegación de competencia de un órgano a otro interior de una misma entidad, con excepción de las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez recibidas en delegación; en tal sentido, el artículo 85 de la norma antes citada contempla la desconcentración a través de la cual la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la referida Ley;
Que, el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que el Titular de la Entidad puede delegar sus funciones en materia presupuestaria cuando lo establezca expresamente el citado Decreto Legislativo, las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público o la norma de creación de la Entidad; el Titular es responsable solidario con el delegado;
Que, al respecto, el numeral 47.2 del artículo 47 del referido Decreto Legislativo señala que las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad; el Titular puede delegar dicha facultad de aprobación a través de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el literal a) del artículo 2 de la Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03, modificado por la Resolución Directoral N° 014-2019-EF/52.03, prescribe el procedimiento para la designación de los titulares y suplentes de las cuentas bancarias autorizadas por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP), el cual señala que la designación de los titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales, así como en las Municipalidades, debe efectuarse mediante Resolución del Titular del Pliego o del funcionario a quien éste hubiera delegado esta facultad de manera expresa;
Que, la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, tiene como finalidad maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado, en términos de eficacia, eficiencia y economía, de tal manera que dichas contrataciones permitan el cumplimiento oportuno de los fines públicos y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos; señalando en el literal a) del numeral 25.1 del artículo 25 de la Ley que, el Titular de la entidad, es la máxima autoridad ejecutiva al interior de la entidad contratante conforme a sus normas de creación y organización; aunado a ello, el numeral 25.2 del artículo 25 de la Ley, que el Titular de la entidad contratante puede delegar, mediante resolución, las facultades que la mencionada ley le otorga, salvo las excepciones previstas en el Reglamento;
Que, el marco normativo de las contrataciones de bienes, servicios y obras del Estado, recoge principios que deben regir en los procesos de contratación, señalando que deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos, es así que la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, establecen las reglas y procedimientos obligatorios que las Entidades del Estado deben observar cuando requieran contratar bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como en las obligaciones y derechos que se deriven de los mismos;
Que, de conformidad con lo señalado en el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, son sujetos de la negociación colectiva en el sector público, por la parte empleadora, en la negociación colectiva centralizada, el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Presidencia del Consejo de Ministros; y en la negociación colectiva descentralizada, los representantes designados de las entidades públicas correspondientes, dependiendo del ámbito escogido por las organizaciones sindicales; asimismo el artículo 8 refiere que son representantes de las partes en la negociación colectiva descentralizada, los funcionarios o directivos que el titular de la entidad designe, en igual número al de la representación de la parte sindical;
Que, el artículo 57 del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, prescribe que la instancia competente para aprobar los actos sobre predios estatales, entre otros, los actos de disposición, es el Titular del Pliego, los cuales requieren previamente la opinión técnica de la Superintendencia de Bienes Nacionales, salvo los supuestos de excepción previstos en el Reglamento;
Que, a través de la Resolución N° 0009-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0002-2021-EF/54.01, en adelante la Directiva de bienes inmuebles, modificada con Resolución N° 0016-2023-EF/54.01 y Resolución N° 0009-2024-EF/54.01, “Directiva que regula los Actos de Adquisición y Disposición Final de Bienes Inmuebles”, que tiene por objeto regular los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles privados; así como, la disposición final de bienes inmuebles de titularidad del Estado o de las entidades públicas para su adecuada gestión en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Que, el numeral 8.3 del artículo 8 de la Directiva de bienes inmuebles, contempla que la entidad pública donataria, mediante resolución de su titular o funcionario a quien se delegue dicha potestad, acepta la donación del predio o bien inmueble privado; asimismo, en su numeral 10.4 del artículo 10, establece que la dación en pago se aprueba mediante resolución del titular de la entidad pública acreedora o a quien se delegue dicha potestad;
Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, se aprueba la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, modificada por Resolución Directoral N° 0006-2022-EF/54.01, y Resolución Directoral N° 0016-2023-EF/54.01, la cual tiene por objeto regular la gestión de los bienes muebles que formen parte o sean susceptibles de incorporación al patrimonio de las entidades del Sector Público que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento;
Que, los artículos 9 y 10 de la Directiva de bienes muebles, contemplan el procedimiento de aceptación de donación de bienes muebles que se encuentran en el territorio nacional o proveniente del extranjero, respectivamente, los cuales deben ser aceptados por el titular de la entidad o por quien éste delegue;
Que, asimismo, los artículos 57 y 63 de la Directiva contemplan el trámite de la afectación de uso y transferencia de bienes muebles, respectivamente; cuyas solicitudes deben ser suscritas por el titular de la entidad o por quien éste delegue;
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00021-2024/CEPLAN/PCD modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00039-2024/CEPLAN/PCD, se aprobó la “Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - Sinaplan”, que establece el marco normativo de carácter general del sistema de planeamiento estratégico, que incluye lineamientos en materia de seguimiento y evaluación; estableciendo su literal e) numeral 7.2 que, dentro del proceso de planeamiento estratégico a desarrollar les corresponde ejecutar las siguientes acciones: (…) e) “Aprobar los informes de evaluación de las políticas y planes formulados en el marco de su competencia a través de la máxima autoridad administrativa, o delegar la acción de aprobación al órgano de planeamiento o quien haga sus veces en la entidad”;
Que, el artículo 16 de la Directiva N° 0006-2025-EF/53.01, “Lineamientos para la formulación, aprobación y modificación del Presupuesto Analítico de Personal en las entidades del Sector Público del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales”, aprobada por Resolución Directoral N° 0008-2025-EF/53.01, cuyo objeto es establecer los lineamientos para la formulación, aprobación y modificación del presupuesto analítico de personal en las entidades del Sector Público, con la finalidad de contribuir con la asignación y utilización eficientes de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, en el marco de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos; contempla que la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal se efectúa mediante acto administrativo emitido por el Titular del Pliego, o a quien éste delegue expresamente dicha función;
Que, la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, tiene por objeto regular la utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad; a través del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM y modificatorias, designa a la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, como Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano. La Secretaría de Gobierno Digital es responsable de la gestión de los servicios de la ECERNEP; y se designa al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC como Entidad de Certificación para el Estado Peruano, Entidad de Registro o Verificación para el Estado Peruano. Los servicios a ser prestados en cumplimiento de los roles señalados están a disposición de todas las Entidades Públicas del Estado Peruano y de todas las personas naturales y jurídicas que mantengan vínculos con él, no excluyendo ninguna representación del Estado Peruano en el territorio nacional o en el extranjero;
Que, en el artículo 9 y el segundo párrafo del artículo 14 del referido Reglamento se prevé que, en el caso de las personas jurídicas, éstas se constituyen en Titulares del Certificado Digital. En dicho marco, el representante de la persona jurídica será quién realice la solicitud del certificado digital y el registro o verificación de su identidad;
Que, por Resolución de Gerencia General N° 024-2021-INIA-GG, de fecha 05 de abril de 2021, se aprobó la Directiva General N° 0004-2021-INIA-GG, denominada: “Directiva General para la recepción, liquidación y transferencia de las obras e inversiones ejecutadas por administración directa del Instituto Nacional de Innovación Agraria”, la misma que establece respecto al procedimiento de liquidación y recepción de proyectos de inversión ejecutados por administración directa, lo siguiente: sub numeral 6.2.1 del numeral 6.2 que: “El Titular de la Entidad o el funcionario a quien este delegue dicha facultad, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del Certificado de Conformidad Técnica, emite la resolución constituyendo una comisión de recepción y liquidación técnica y financiera (en adelante, LA COMISIÓN), cuyas funciones de sus miembros son personales e intransferibles”. Asimismo, el numeral 6.7.7 señala cuales son los documentos que sustentan la liquidación, entre otros: “el acto resolutivo que aprueba la liquidación técnica y financiera, emitida por el Titular de la entidad o el funcionario a quien este delegue”. Acotando a lo indicado, el numeral 6.7.12 refiere: “De encontrarlo conforme informa al titular de la entidad o al funcionario a quien este delegue, a fin que emita el acto resolutivo correspondiente para la aprobación de la liquidación técnica y financiera de la inversión, disponiendo además la rebaja contable, la transferencia de los activos y la implementación de las recomendaciones contenidas en el expediente de liquidación técnica y financiera”;
Que, por Decreto Supremo N° 019-2021-MINAM, se aprueba el Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos y sus derivados, el cual establece en el literal b) del artículo 12 que el INIA es la Autoridad Nacional Competente para los recursos genéticos y sus derivados de las especies cultivadas o domesticadas continentales, así como los microorganismos asociados a estas, que se encuentran en el territorio nacional, incluyendo las áreas naturales protegidas de administración nacional, las áreas de conservación regional y las áreas de conservación privada. Esta competencia abarca los recursos genéticos y sus derivados contenidos en todo o parte del ejemplar;
Que, el literal c) del artículo 13 del referido Reglamento prescribe que las Autoridades Nacionales Competentes tienen la función de otorgar las autorizaciones o negociar y suscribir los contratos de acceso a los recursos genéticos y sus derivados, en el ámbito de su competencia, asegurando la participación justa y equitativa en los beneficios;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1060, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria, establece que el INIA tiene a su cargo la producción de semillas, plantones y reproductores de alto valor genético, entre otros. Asimismo, el ROF prescribe en el artículo 4 literal o) que es función general de este Instituto producir semillas, plantones y reproductores de alto valor genético, conforme a la normatividad vigente sobre la materia; a su vez, el literal l) del artículo 8, establece como función del Jefe del INIA, hoy Presidente Ejecutivo, celebrar actos, convenios y contratos con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y promover la conformación de Redes de Innovación Agraria, en el ámbito de su competencia;
Que, el literal d) del numeral 46.1 del artículo 46 del Reglamento General de la Ley General de Semillas, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2012-AG y modificatorias, señala que los organismos del sector público pueden producir semillas, bajo contrato, por encargo de personas naturales o jurídicas, individuales o asociadas, pertenecientes al sector privado y público;
Que, el artículo 7 del Reglamento sobre Formalización del Reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad orientadas a la conservación y uso sostenible de especies nativas cultivadas por parte de pueblos indígenas, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2016-MINAGRI, establece que las zonas de agrobiodiversidad son reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Riego (actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI), previa opinión técnica favorable del INIA. Asimismo, el artículo 14 del referido reglamento prescribe que el MIDAGRI a través de este instituto, en coordinación con las autoridades competentes, realiza monitoreos y evaluaciones periódicas a las zonas de agrobiodiversidad para identificar el estado de conservación de la agrobiodiversidad y los factores que influyen en ellas;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 339-2023-MINAM del 7 de noviembre de 2023, se aprueban los “Lineamientos para el reporte de otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC) en la Base de Datos Mundial sobre OMEC”, en adelante los LINEAMIENTOS. En el numeral 5.1 de los referidos lineamientos se establece que se considera como OMEC aquella zona delimitada geográficamente que no sea un área protegida y que esté gobernada y gestionada de manera tal de lograr en forma sostenida resultados positivos y duraderos para la conservación de la diversidad biológica in situ, con funciones y servicios asociados de los ecosistemas y, donde proceda, valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores pertinentes a nivel local. El reporte de OMEC ante el Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-WCMC, por sus siglas en inglés) para su incorporación en la Base de Datos Mundial OMEC es voluntario;
Que, en el numeral 8.1 de los LINEAMIENTOS se establece que el proponente presenta su propuesta al Ministerio del Ambiente - MINAM para que sea reportada ante la UNEP-WCMC a efectos de su incorporación en la Base de Datos Mundial OMEC, adjuntando evidencias que sustenten el cumplimiento de los criterios OMEC y datos espaciales de Sistemas de Información Geográfica (shapes). En dicho numeral se precisa que el proponente puede ser, entre otros, personas naturales o jurídicas que estén a cargo de la gestión de una modalidad de conservación. Asimismo, el numeral 10.1 prescribe que, el seguimiento a las OMEC incorporadas en la Base de Datos Mundial OMEC está a cargo de la DGDB del MINAM, y tiene carácter permanente, con miras a contar con información sobre el mantenimiento de las condiciones que garantizan la conservación efectiva de su ámbito de intervención. Sobre la base del compromiso asumido por el proponente de brindar información periódica actualizada, la DGDB solicita información actualizada respecto al mantenimiento de las citadas condiciones;
Que, el artículo 32 del Reglamento de intervenciones arqueológicas, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2022-MC, y sus modificatorias, dispone que el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie - CIRAS es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica, a solicitud de parte, que en un área determinada no existen evidencias arqueológicas en superficie. El CIRAS procede de la verificación en superficie luego de una inspección ocular o de un PEA, о de un PRA luego de la excavación total en la dimensión vertical, cuando un bien inmueble prehispánico haya sido rescatado total o parcialmente en la dimensión horizontal;
Que, en esa misma línea, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural, a través de Resolución Viceministerial N° 356-2024-VMPCIC/MC, aprobó la “Guía para la expedición del certificado de inexistencia de restos arqueológicos en superficie (CIRAS)”, con el objetivo de establecer las pautas que deben seguir los administrados (personas naturales o jurídicas) para elaborar y presentar el expediente técnico a fin de solicitar la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie - CIRAS;
Que, el numeral 6.1 de la citada Guía, establece que para la presentación del expediente técnico correspondiente a la solicitud del CIRAS, el administrado tiene en cuenta que el artículo 34 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA) y el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Cultura señalan como requisitos para la solicitud de expedición del CIRAS los siguientes: 1) Solicitud, 2) Memoria descriptiva del terreno (área a certificar), y 3) Plano perimétrico del área a certificar;
Que, de acuerdo al marco normativo expuesto precedentemente y, atendiendo a la estructura orgánica del Instituto Nacional de Innovación Agraria, con el propósito de otorgar celeridad a la gestión administrativa de la entidad, para el cumplimiento de los objetivos del Sector, resulta conveniente delegar determinadas funciones asignadas al/ a la Titular de la entidad en el marco de lo dispuesto por el artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado;
Con los vistos de la Gerencia General y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con las facultades conferidas en el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del INIA, aprobado con Resolución Jefatural N° 006-2025- INIA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DELEGAR en el(la) Gerente(a) General del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, las siguientes funciones:
1.1 En materia presupuestaria:
a) Aprobar, modificar o formalizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático entre unidades ejecutoras del Pliego 0163: Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA.
1.2 En materia financiera:
a) Designar a los titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA.
b) Suscribir los estados financieros y presupuestarios del Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria, periodicidad mensual, trimestral y semestral, requeridos para la elaboración de la Cuenta General de la República y remitir a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
1.3 En materia de contrataciones públicas:
a) Designar los Comités de Recepción de Obra, en el marco de la Ley N° 30225.
b) Designar los Comités de Recepción de Obra, en el marco de la Ley N° 32069.
1.4 En materia laboral:
a) Designar a los funcionarios que representarán a la parte empleadora en la negociación colectiva descentralizada, debiendo ser en igual número al de la representación de la parte sindical.
Artículo 2.- DELEGAR en el(la) Director(a) General de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, las siguientes funciones:
2.1 En materia administrativa:
a) Resolver excepcionalmente, las solicitudes de pago por las prestaciones de bienes, servicios u obras ejecutadas al margen de lo establecido en la Ley General de Contrataciones Públicas, su Reglamento y demás normas que rigen la materia, debiendo contar para tal efecto con los informes y sustentación correspondiente.
b) Representar al Instituto Nacional de Innovación Agraria, ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, para que gestione la información y autorice documentos relacionados a temas tributarios y aduaneros.
c) Representar al Instituto Nacional de Innovación Agraria para celebrar y suscribir contratos con las empresas prestadoras de los servicios de agua, luz, teléfono, internet, cable y demás que la Institución pudiera requerir; gestionar el pago, la desafiliación y efectuar los diversos reclamos que se requieran ante estas.
d) Representar al Instituto Nacional de Innovación Agraria ante cualquier tipo de autoridades y/o dependencias administrativas para iniciar y proseguir procedimientos, formular solicitudes y/o presentar escritos de carácter administrativo, desistirse, participar en cualquier tipo de audiencias administrativas e interponer recursos administrativos de impugnación, queja contra los defectos de tramitación, solicitar la rectificación de errores, entre otras pretensiones administrativas y, en general emitir e implementar los actos u actuaciones que no sean privativas del Titular de la Entidad o de la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
2.2 En materia de proyectos de inversión ejecutados por administración directa
a) Constituir la comisión de recepción y liquidación técnica y financiera; y,
b) Aprobar la liquidación técnica y financiera de los proyectos de inversión.
2.3 En materia de bienes estatales:
a) Aprobar los actos de disposición sobre predios estatales, previa opinión técnica de la SBN, según lo estipula el artículo 57 del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA.
b) Emitir acto administrativo que contempla la aceptación de donación de predio o bien inmueble privado, de acuerdo a lo previsto en el numeral 8.3 del artículo 8 de la Directiva N° 0002-2021-EF/54.01, “Directiva que regula los Actos de Adquisición y Disposición Final de Bienes Inmuebles”, y, modificatorias.
c) Emitir acto administrativo que establece la dación en pago de bienes inmuebles, conforme a lo establecido en el numeral 10.4 del artículo 10 de la Directiva N° 0002-2021-EF/54.01, “Directiva que regula los Actos de Adquisición y Disposición Final de Bienes Inmuebles”, y, modificatorias.
d) Emitir el acto administrativo de aceptación de bienes muebles que se encuentran en el territorio nacional o proveniente del extranjero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, y, modificatorias.
e) Suscribir las solicitudes de afectación en uso o transferencia de bienes muebles, conforme lo estipula los artículos 57 y 63 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, y, modificatorias.
2.4 En materia de contrataciones públicas:
a) Suscribir la solicitud de compra centralizada, en condición de entidad encargante, a presentarse ante una entidad encargada de la compra, en el caso que dicha compra sea propuesta por el Instituto Nacional de Innovación Agraria
b) Suscribir, en condición de entidad encargante, la comunicación escrita por la que se acepta la compra centralizada propuesta por Perú Compras u otra entidad contratante.
c) Aprobar el desistimiento de participar en una compra corporativa facultativa, previo informe técnico legal.
d) Aprobar, mediante Resolución en condición de entidad que formula políticas nacionales y/o sectoriales del Estado, la relación de bienes y servicios en general que se contratan a través de compra corporativa, debiendo señalar la entidad encargada de la misma, las entidades encargantes, así como las obligaciones y responsabilidades de estas últimas.
e) Resolver los recursos de apelación en procedimientos o compras por encargo cuando se tenga la condición de entidad encargada, salvo que dicha facultad corresponda al Tribunal de Contrataciones Públicas
f) Suscribir los convenios para la formalización de compras centralizadas y compras corporativas facultativas.
Artículo 3.- DELEGAR en el(la) Director(a) General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, las siguientes facultades:
3.1 En materia de planeamiento:
a) Aprobar los informes de evaluación de las políticas y planes formulados dentro del proceso de planeamiento estratégico, de conformidad con el literal e) numeral 7.2 de la Directiva N° 001-2024-CEPLAN/PCD “Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - Sinaplan” y modificatorias.
Artículo 4.- DELEGAR en el(la) Director(a) de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, las siguientes funciones:
a) Representar al Instituto Nacional de Innovación Agraria, en audiencias y procedimientos administrativos ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y/o Seguro Social de Salud; así como presentar escritos de carácter administrativos e interponer recursos de impugnación, queja contra los defectos de tramitación, entre otras pretensiones administrativas relacionadas a los procedimientos administrativos iniciados por y contra la entidad sobre temas laborales.
b) Suscripción y/o renovación de contratos, y todos aquellos actos o actuaciones que sean necesarios para una adecuada conducción del personal, comprendido en el régimen de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, así como el personal comprendido en el régimen especial de contratación administrativa de servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057.
c) Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal, y sus modificaciones, de conformidad con lo señalado en la Directiva N° 0006-2025-EF/53.01, “Lineamientos para la formulación, aprobación y modificación del Presupuesto Analítico de Personal en las entidades del Sector Público del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales” aprobada por Resolución Directoral N° 0008-2025-EF/53.01.”.
Artículo 5.- DELEGAR en el(la) Director(a) General de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, las siguientes facultades:
5.1 En materia de acceso a los recursos genéticos y sus derivados de las especies cultivadas o domesticadas continentales, así como los microorganismos asociados a estas:
a) Suscribir contratos de acceso a los recursos genéticos y sus derivados con fines comerciales y sus respectivas modificaciones.
b) Suscribir la autorización de acceso a los recursos genéticos y sus derivados sin fines comerciales, así como los contratos y formatos que se requiera para su eficacia y aplicación. La presente delegación incluye la suscripción de las modificaciones correspondientes.
c) Emitir el acto administrativo que corresponda en relación a los literales precedentes.
Artículo 6.- DELEGAR en el(la) Director(a) de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del Instituto Nacional de Innovación Agraria, la siguiente facultad:
6.1 En materia de producción de Semillas, conforme a la normatividad vigente sobre la materia:
a) Celebrar Contratos para producción de semillas, y adendas.
6.2 En materia de trámites administrativos en la ejecución de obras de proyectos de inversión pública
a) Representar legalmente al INIA ante el trámite del procedimiento administrativo “Expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie - CIRAS”, ante el Ministerio de Cultura, cuando los proyectos de inversión a su cargo lo requieran.
Artículo 7.- DELEGAR en el(la) Director(a) General de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del Instituto Nacional de Innovación Agraria las siguientes facultades:
7.1 En materia conservación de los recursos genéticos de uso agrario, fomentar su puesta en valor y su desarrollo competitivo en lo económico, ambiental, social y científico:
a) Suscribir la comunicación dirigida al Ministerio del Ambiente para proponer a las zonas de agrobiodiversidad reconocidas como OMEC; así como presentar los documentos que contengan las evidencias que sustenten el cumplimiento de los criterios para el reporte como OMEC; y datos espaciales de Sistemas de Información Geográfica (shapes); en el marco del numeral 8.1 de los Lineamientos para el reporte de otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC) en la Base de Datos Mundial sobre OMEC, aprobados por Resolución Ministerial N° 339-2023-MINAM
b) Brindar información periódica actualizada sobre las condiciones que garantizan la conservación efectiva del ámbito de intervención de la OMEC a la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, en el marco del numeral 10.1 de los Lineamientos para el reporte de otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC) en la Base de Datos Mundial sobre OMEC, aprobados por Resolución Ministerial N° 339-2023-MINAM.
Artículo 8.- DELEGAR en el(la) Director(a) General de la Dirección de Servicios Estratégicos Agrarios del Instituto Nacional de Innovación Agraria las siguientes facultades:
8.1 En materia de trámites administrativos en la ejecución de obras de proyectos de inversión pública
a) Representar legalmente al INIA ante el trámite del procedimiento administrativo “Expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie -CIRAS”, ante el Ministerio de Cultura, cuando los proyectos de inversión a su cargo lo requieran.
Artículo 9.- DELEGAR en el(la) Director(a) de la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, la facultad de solicitar ante el Jurado Nacional de Elecciones la autorización previa y presentar el reporte posterior de publicidad estatal, en el marco de lo dispuesto por la Resolución N° 0112-2025-JNE que aprueba el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, sus modificatorias y/o sustitutorias”.
Artículo 10.- DELEGAR en el(la) Director(a) de la Unidad de Trámite Documentario del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, la facultad de gestionar ante la Entidad de Registro o Verificación para el Estado Peruano (EREP) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la emisión y cancelación de los Certificados de Suscriptores a nombre de la Entidad.
Artículo 11.- Establecer que las delegaciones a que se refiere la presente Resolución son indelegables y comprenden las atribuciones de pronunciarse y/o resolver, sin eximir de la obligación de cumplir con los requisitos y procedimientos legales establecidos para cada caso en concreto.
Artículo 12.- Disponer que los funcionarios(as) delegados/as de la Sede Central deberán informar trimestralmente, respecto a los actos que emitan como producto de la presente Resolución, a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, a través de la Gerencia General. Asimismo, los(las) Directores(as) de las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego señaladas en el artículo 2, deberán informar en el mismo plazo a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, bajo responsabilidad.
Artículo 13.- Disponer que las delegaciones autorizadas mediante la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva tendrán vigencia durante el Ejercicio Fiscal 2026.
Artículo 14.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, el mismo día de su publicación en el portal Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE JUAN GANOZA RONCAL
Presidente Ejecutivo
Instituto Nacional de Innovación Agraria
2473021-1
2473075-1
Delegan funciones en diversos funcionarios del INIA para el Ejercicio Fiscal 2026
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 0138-2025-INIA-GG
Lima, 30 de diciembre del 2025
VISTO: El Informe N° 00817-2025-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 30 de diciembre de 2025, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es un organismo público adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con personería jurídica de derecho público. Tiene competencia de alcance nacional y constituye un Pliego Presupuestal;
Que, el numeral 12.1 del artículo 12 del Texto Integrado del ROF del INIA, dispone que la Gerencia General está a cargo del Gerente General, quien es la máxima autoridad administrativa del INIA actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de asesoramiento y de apoyo; asimismo, el literal a) de su artículo 13 prescribe que, es una función de la Gerencia General, la de dirigir coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento, en el marco de la normatividad vigente, las políticas de Estado y los lineamientos de la Alta Dirección del INIA;
Que, el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante TUO de la Ley N° 27444), señala que el ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o evocación;
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del TUO de la Ley N° 27444, establece que procede la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad, con excepción de las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez recibidas en delegación; en tal sentido, el artículo 85 de la norma antes citada contempla la desconcentración a través de la cual la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la referida Ley;
Que, la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, tiene como finalidad maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado, en términos de eficacia, eficiencia y economía, de tal manera que dichas contrataciones permitan el cumplimiento oportuno de los fines públicos y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos; señalando en el literal b) del numeral 25.1 del artículo 25 de la Ley N° 32069, establece que la Autoridad de la gestión administrativa, es la más alta autoridad de la gestión administrativa de cada entidad contratante, es responsable de la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, con excepción de aquellas reservadas al titular de la entidad; en los organismos públicos, es la gerencia general, quien ejerce la máxima autoridad administrativa; asimismo, el numeral 25.2 del artículo 25 de la Ley, que la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante puede delegar, mediante resolución, las facultades que la mencionada ley le otorga, salvo las excepciones previstas en el Reglamento;
Que, el marco normativo de las contrataciones de bienes, servicios y obras del Estado, recoge principios que deben regir en los procesos de contratación, señalando que deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos, es así que la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, establecen las reglas y procedimientos obligatorios que las Entidades del Estado deben observar cuando requieran contratar bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como en las obligaciones y derechos que se deriven de los mismos;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019- EF, modificado por Decreto Supremo N° 050-2025-EF, y la Versión Integrada de la Directiva N° 0002-2021-EF/54.01 “Directiva que regula los Actos de Adquisición y Disposición Final de Bienes Inmuebles”, aprobada por Resolución Directoral N° 0009-2021-EF-54.01, modificada por Resolución Directoral N° 0016-2021-EF/54.01, Resolución Directoral N° 0004-2022-EF/54.01, Resolución Directoral N° 0013-2023-EF/54.01, Resolución Directoral N° 0009-2024-EF/54.01 y Resolución Directoral N° 0001-2025-EF/54.01 que aprueba la versión integrada, establecen que la Dirección General de Abastecimiento - DGA, es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento - SNA, que tiene, entre otras funciones, la gestión y administración relativa a los bienes inmuebles (edificaciones) que tengan la condición jurídica de bienes de dominio público y dominio privado del Estado, por ende, regula los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles privados; así como, la disposición final de bienes inmuebles de titularidad del Estado o de las entidades públicas para su adecuada gestión en el marco del SNA;
Que, en esa línea, el literal g) del artículo 5 de la Directiva N° 0002-2021-EF/54.01 “Directiva que regula los Actos de Adquisición y Disposición Final de Bienes Inmuebles” -vñersión Integrada- (en adelante la Directiva), define como Disposición Final: “a la actividad de la administración de bienes que comprende los actos de administración, actos de disposición u otras modalidades que permiten la adecuada gestión del patrimonio inmobiliario del Estado y de las entidades públicas”. El trámite y la aprobación de los actos de disposición final lo efectúan las entidades públicas respecto a los bienes inmuebles de su titularidad, o la DGA respecto de los bienes inmuebles de titularidad del Estado;
Que, de acuerdo al artículo 11 de la Directiva, establece que, la afectación en uso es el acto de administración mediante el cual se otorga el uso, a título gratuito de un bien inmueble de libre disponibilidad a favor de una entidad pública, para que lo destine al uso público o servicio público; del mismo modo los numerales 12.1 y 12.2 del artículo 12 de la referida Directiva, la afectación en uso se otorga a plazo determinado o indeterminado, de acuerdo a la naturaleza del uso público o servicio público a brindarse, lo que debe constar en la resolución aprobatoria correspondiente. Las afectaciones en uso aprobadas a plazo determinado pueden ser objeto de prórroga o modificación a plazo indeterminado, siempre y cuando la entidad pública lo solicite y lo sustente debidamente, hasta treinta (30) días hábiles, antes del vencimiento del plazo de la afectación en uso otorgada originalmente o en calidad de prórroga. Asimismo, el punto i) del numeral 30.6 del artículo 30 de la misma, señala que la máxima autoridad administrativa de la entidad pública, o a quien ésta haya delegado, mediante resolución aprueba la afectación en uso del bien inmueble;
Que, de igual manera, el numeral 24.4 del artículo 24 de la Directiva, contempla que la máxima autoridad administrativa de la entidad pública, o a quien ésta haya delegado, mediante resolución extingue la afectación en uso del bien inmueble. Cuando el bien inmueble es de titularidad del Estado, la DGA emite la resolución correspondiente;
Que, el artículo 25 de la Directiva, establece que la demolición es la obra que permite eliminar parcial o totalmente de manera planificada la edificación de un bien inmueble destinada a un uso público o servicio público. En esa línea, el literal a) del artículo 29 del documento normativo en mención, establece que para solicitar la autorización o comunicar la demolición se presenta, entre otros requisitos, la solicitud de autorización o la comunicación de demolición, suscrita por la máxima autoridad administrativa de la entidad pública afectataria o a quien ésta delegue, según el Anexo N° 2 de la Directiva en mención;
Que, por otro lado, el artículo 32 de la directiva, contempla que la transferencia es el traslado de propiedad de un bien inmueble de dominio privado de libre disponibilidad a favor de las entidades públicas o del Estado representado por la DGA, a título gratuito y para que se destinen al cumplimiento de una finalidad vinculada con el uso público o con la prestación de un servicio público, o, para que se incorporen a la Cartera Inmobiliaria Pública. Es de carácter excepcional y residual; asimismo, establece que, para la solicitud de transferencia de bienes inmuebles, cuotas ideales o cambio de finalidad, la referida solicitud debe contener, entre otros requisitos, lo siguiente: Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería de la máxima autoridad administrativa de la entidad pública o a quien este haya delegado, de conformidad con el literal a) del numeral 35.1. del artículo 35 del mismo cuerpo normativo;
Que, en cuanto a la reversión de dominio, conforme a lo establecido en los numerales 38.1, 38.2 y 38.3. del artículo 38 de la Directiva, en caso la DGA o la entidad pública transferente del bien inmueble o la cuota ideal verifique, a través de inspecciones técnicas u otros medios que permitan realizar la constatación correspondiente, que la entidad pública beneficiaria no cumple con las obligaciones establecidas en la resolución con la que fue transferido el dominio del bien inmueble o la cuota ideal, y/o con las obligaciones establecidas en la Directiva, revierte el dominio del bien inmueble o la cuota ideal; para ello, la DGA o la entidad pública transferente del bien inmueble o la cuota ideal comunica dicha situación a la entidad pública beneficiaria otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles a fin de que informe acerca del citado incumplimiento. En caso se determine que el incumplimiento no es por causas atribuibles a la entidad pública beneficiaria, la DGA o la entidad pública transferente del bien inmueble o cuota ideal, según corresponda, remite una comunicación informando que no se continúa con el procedimiento para la reversión de dominio; caso contrario, corresponde a la máxima autoridad administrativa de la entidad pública transferente, o a quien ésta haya delegado, mediante resolución revertir el dominio del bien inmueble o cuota ideal;
Que, en cuanto a la permuta de bienes inmuebles los numerales 42.1. y 42.2 del artículo 42 de la Directiva, contempla que la solicitud para la permuta de bienes inmuebles se presenta ante la entidad pública titular del bien inmueble, cuya solicitud contiene, entre otros requisitos, lo siguiente: Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería de la máxima autoridad administrativa de la entidad pública o a quien ésta haya delegado. Asimismo, el numeral 43.7 del artículo 43 de la citada directiva, establece que la máxima autoridad administrativa de la entidad pública, o a quien ésta haya delegado, mediante resolución aprueba la transferencia o la permuta del bien inmueble. Cuando el bien inmueble es de titularidad del Estado, la DGA emite la resolución correspondiente;
Que, respecto a la venta por subasta pública, los numerales 50.4 y 50.6 del artículo 50 de la directiva, la máxima autoridad administrativa de la entidad pública titular emite la resolución que aprueba realizar la venta por subasta pública de los bienes inmuebles identificados, previa declaración de la desafectación y/o a la emisión de la opinión técnica previa favorable por parte de la DGA, según corresponda. Esta atribución es indelegable; sin perjuicio de ello, contempla que, aprobada la realización de la venta por subasta pública, se elaboran las bases, conforme al Anexo N° 7 de la Directiva y se aprueban mediante resolución emitida por la máxima autoridad administrativa de la entidad pública titular o a quien ésta delegue;
Que, la cuarta disposición complementaria transitoria de la Directiva, antes citada, contempla que la máxima autoridad administrativa de la entidad pública afectaría o beneficiada con la transferencia de un bien inmueble, o a quien ésta delegue, comunica el cumplimiento de la obligación de cambio de zonificación, según el Anexo N° 2 de la presente Directiva, a la entidad pública titular o la DGA, según corresponda, adjuntando el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios o el certificado de zonificación y vías, los cuales deben encontrarse vigentes. En la misma comunicación la entidad pública afectaría, en el caso del literal a) del numeral precedente, puede requerir una prórroga o modificación del plazo de la afectación en uso otorgada, conforme al numeral 12.2 del artículo 12. de la norma en mención;
Que, de otro lado, el Decreto Legislativo N° 1023, crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, precisa que dicho Sistema está compuesta, entre otros, por las oficinas de Recursos Humanos de las entidades o empresas del Estado, o las que hagan sus veces, que constituyen el nivel descentralizado responsable de implementar las normas, principios, métodos, procedimientos y técnicas del Sistema;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, se aprueba la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH denominada “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas” , la cual señala que el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, es el que establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del servicio civil, a través del conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de los recursos humanos;
Que, el numeral 5.3 de la mencionada Directiva desarrolla el ámbito de acción de las Oficinas de Recursos Humanos en el Sistema, el cual comprende la gestión de siete (07) subsistemas conforme a lo establecido en el artículo 3 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, que son: Ss1. Planificación de políticas de recursos humanos; Ss2. Organización del trabajo y su distribución; Ss3. Gestión del Empleo, Ss4. Gestión del Rendimiento; Ss5. Gestión de la Compensación; Ss6. Gestión de desarrollo y capacitación; y Ss7. Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales;
Que, el Subsistema 7 - Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, está referido, entre otros, a las relaciones que se establecen entre la organización y sus servidores civiles en torno a las políticas y prácticas de personal; dicho Subsistema está conformado, entre otros, por el proceso de Bienestar Social que desarrolla actividades orientadas a propiciar las condiciones para generar un buen ambiente de trabajo y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores, que incluye la identificación y atención de las necesidades de los servidores civiles y el desarrollo de programas de bienestar social, tipo asistenciales, recreativos, culturales, deportivos, celebraciones, entre otros y considera entre sus productos esperados el Plan de Bienestar Social, convenios con instituciones para facilidades del servidor civil, evaluación de satisfacción de las actividades sociales, entre otros;
Que, de igual manera, dentro de los procesos del referido subsistema se encuentra el de Comunicación Interna mediante el cual se transmite y comparte mensajes dirigidos al servidor civil, con un contenido adecuado, que cumpla las características de integralidad y claridad; con la finalidad de generar unidad de visión, propósito e interés, el mismo que comprende el diagnóstico de necesidades de comunicación, la identificación de la audiencia de interés, definición del mensaje, identificación de los medios o canales de comunicación, el período o momento oportuno para transmitir el mensaje, la medición de la efectividad de las acciones desarrolladas y los planes de acción de mejora del proceso, siendo su producto el Plan de Comunicación interna;
Que, en atención a lo antes señalado, tanto el Plan de Bienestar Social como el Plan Comunicación Interna se enmarcan dentro del Subsistema de Relaciones Humanas y Sociales del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1023 y la Directiva N° 002-2014-SERVIR-GDSRH; los cuales corresponden ser aprobados por la Gerencia General, según lo dispuesto en el literal i) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el mismo que establece que para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública;
Que, de acuerdo al marco normativo expuesto precedentemente y, atendiendo a la estructura orgánica del Instituto Nacional de Innovación Agraria, con el propósito de otorgar celeridad a la gestión administrativa de la entidad, para el cumplimiento de los objetivos del Sector, resulta conveniente delegar determinadas funciones asignadas a la Gerencia General de la entidad en el marco de lo dispuesto por el artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado;
Con los vistos de la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con las facultades conferidas en el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del INIA, aprobado con Resolución Jefatural N° 006-2025-INIA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DELEGAR en el(la) Director(a) General de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de Agraria, las siguientes funciones:
1.1 En materia de contrataciones públicas:
a) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el máximo permitido por ley.
b) Autorizar la reducción de prestaciones en el caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el máximo permitido por ley.
c) Aprobar el expediente de contratación de los procedimientos de selección competitivos y no competitivos.
d) Designar a los integrantes titulares y suplentes de los comités de los procedimientos de selección competitivos, así como aprobar su remoción, renuncia y designar nuevos integrantes.
e) Designar a una o más unidades orgánicas de la entidad contratante como áreas técnicas estratégicas.
f) Aprobar la cancelación de procedimientos de selección competitivos, en cualquier momento previo a la adjudicación de la buena pro o la adjudicación para la innovación, por los supuestos señalados en el artículo 57 de la Ley.
g) Suscribir los contratos derivados de los procedimientos de selección competitivos y no competitivos, y de las adendas para su modificación, de corresponder.
h) Aprobar la decisión de conciliar.
i) Aprobar la designación del árbitro por parte de la entidad, tanto en el arbitraje institucional como en el ad hoc.
j) Designar a los expertos integrantes del jurado, titulares y suplentes de los procedimientos de selección competitivos, así como aprobar su remoción, renuncia y designar nuevos integrantes.
k) Suspender el plazo de ejecución contractual.
l) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo y notificar la decisión a los contratistas. Asimismo, en virtud a la ampliación otorgada, ampliar el plazo de los contratos directamente vinculados al principal.
m) Autorizar el pago de la ejecución de mayores metrados conforme a lo previsto por el artículo 197 del Reglamento de la Ley N° 32069.
n) Suscribir convenios interinstitucionales para encargar a Perú Compras u otra entidad contratante la realización de la fase de actuaciones preparatorias y/o la fase de selección de bienes, servicios en general, consultorías y obras, y sus respectivas adendas.
o) Aprobar que no se utilice la subasta inversa para la contratación de un bien o servicio que cuente con ficha técnica, cuando de la estrategia de contratación determina que existe el riesgo objetivamente sustentado de que no se presenten suficientes proveedores para realizar la puja correspondiente; así como remitir a Perú Compras la documentación que sustenta dicha aprobación.
p) Aceptar el desistimiento ante un procedimiento administrativo.
1.2 En materia de bienes estatales:
a) Aprobar la afectación en uso de los bienes inmuebles de la entidad, su prórroga o modificación del plazo, cambio de finalidad o de obligaciones.
b) Aprobar la extinción de la afectación en uso de los bienes inmuebles.
c) Aprobar la reversión del dominio de bienes inmuebles o cuota ideal.
d) Aprobar la transferencia o la permuta de bienes inmuebles.
e) Aprobar las bases de la venta por subasta pública, conforme al Anexo N° 7 de la Directiva N° 0002-2021-EF/54.01, sus modificatorias y/o sustitutorias.
f) Suscribir y presentar la solicitud de transferencia de bienes inmuebles, cuotas ideales o cambio de finalidad.
g) Suscribir y presentar la solicitud para la permuta de bienes inmuebles ante la entidad pública titular del bien inmueble o ante la DGA, según corresponda.
h) Suscribir y presentar la solicitud de autorización o la comunicación de demolición total o parcial, según el Anexo N° 02 de la Directiva N° 0002-2021-EF/54.01, sus modificatorias y/o sustitutorias.
i) Suscribir y presentar solicitudes para otorgamiento de la afectación en uso, su prórroga o modificación; así como para la regularización de bien inmueble.
j) Suscribir y presentar solicitudes de otorgamiento y regularización de la afectación en uso de cuotas ideales de bien inmueble, según el Anexo N° 02 de la Directiva N° 0002-2021-EF/54.01, sus modificatorias y/o sustitutorias.
k) Suscribir y presentar la comunicación de la obligación de cambio de zonificación según el Anexo N° 02 de la Directiva N° 0002-2021-EF/54.01, sus modificatorias y/o sustitutorias.
Artículo 2.- DELEGAR en el(la) Director(a) de la Oficina General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Innovación Agraria, las siguientes funciones:
2.1 En materia de gestión de recursos humanos
a) Aprobar y suscribir la resolución que aprueba el Plan de Bienestar Social y sus modificatorias.
b) Aprobar la resolución que aprueba el Plan de Comunicación Interna, y sus modificatorias.
c) Aprobar y modificar el rol de vacaciones de los trabajadores del Régimen Laboral de la Actividad Privada, Decreto Legislativo N° 728 y Decreto Legislativo N° 1057, para el ejercicio presupuestal 2027, correspondiente al derecho vacacional del periodo 2026 de la Sede Central y las Estaciones Experimentales Agrarias.
Artículo 3.- DELEGAR en el/la Jefe(a) de la Unidad de Abastecimiento del Instituto Nacional de Innovación Agraria, las siguientes funciones:
3.1 En materia de contrataciones públicas:
a) Aprobar las modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades del Instituto Nacional de Innovación Agraria.
b) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria, así como sus modificatorias (inclusiones y/o exclusiones).
Artículo 4.- DELEGAR en los(as) Directores(as) de las Estaciones Experimentales Agrarias constituidas como Unidad Ejecutora N° 013: El Porvenir, Unidad Ejecutora N° 014: Illpa, Unidad Ejecutora N° 015: Pucallpa, Unidad Ejecutora N° 016: Santa Ana, Unidad Ejecutora N° 017: Vista Florida y Unidad Ejecutora N° 018: Andenes, para el ejercicio fiscal 2025, las siguientes facultades:
4.1 En materia de contrataciones públicas:
a) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el máximo permitido por ley.
b) Autorizar la reducción de prestaciones en el caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el máximo permitido por ley.
c) Aprobar el expediente de contratación de los procedimientos de selección competitivos y no competitivos.
d) Designar a los integrantes titulares y suplentes de los comités de los procedimientos de selección competitivos, así como aprobar su remoción, renuncia y designar nuevos integrantes.
e) Suscribir los contratos derivados de los procedimientos de selección competitivos y no competitivos, y de las adendas para su modificación, de corresponder.
f) Designar a los expertos integrantes del jurado, titulares y suplentes de los procedimientos de selección competitivos, así como aprobar su remoción, renuncia y designar nuevos integrantes.
g) Suspender el plazo de ejecución contractual.
h) Aprobar las modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades.
i) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones, así como sus modificatorias (inclusiones y/o exclusiones).
Artículo 5.- Establece que las delegaciones a que se refiere la presente Resolución son indelegables y comprenden las atribuciones de pronunciarse y/o resolver, sin eximir de la obligación de cumplir con los requisitos y procedimientos legales establecidos para cada caso en concreto.
Artículo 6.- Disponer que los funcionarios(as) delegados/as de la Sede Central deberán informar trimestralmente, respecto a los actos que emitan como producto de la presente Resolución, a la Gerencia General del Instituto Nacional de Innovación Agraria.
Artículo 7.- Disponer que las delegaciones autorizadas mediante la presente Resolución tendrán vigencia durante el Ejercicio Fiscal 2026.
Artículo 8.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, el mismo día de su publicación en el portal Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA ANGELITA POZO LÓPEZ
Gerenta General
2473075-1
DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
2472978-1
Aprueban el Plan Operativo Institucional (POI) 2026 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
Resolución ministerial
N° 0516-2025-MIDAGRI
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El Memorando N° 03030-2025-MIDAGRI-SG/OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 00380-2025-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA, de la Oficina de Planeamiento y el Informe N° 1961-2025-MIDAGRI-SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29158, ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que corresponde a los Ministros de Estado, dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes;
Que, mediante la Ley N° 31075 se crea el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego estableciendo su naturaleza jurídica, el ámbito de competencia, sus funciones y su organización básica;
Que, por Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;
Que, el numeral 7.3 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), sujetándose a la normatividad vigentes;
Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, entre otros, señala que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD el CEPLAN aprueba la versión actualizada de la Guía para el Planeamiento Institucional, que tiene por objetivo establecer la metodología para el proceso de elaboración (formulación o actualización) del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), conforme al Ciclo de Planeamiento Estratégico, aplicable a las entidades de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local;
Que, el subnumeral 3.2.2. Elaboración y aprobación del POI de la citada Guía, en el ítem referido al POI Anual consistente con el PIA, establece que para contar con el POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad; para ello, luego que el Congreso de la República aprueba la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y cada Pliego aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tenga consistencia con el PIA; y, de no ser consistente, la entidad ajusta la programación, y en consecuencia las metas físicas son revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual;
Que, por Resolución Ministerial N° 0020-2025-MIDAGRI, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2025-2030 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;
Que, por Resolución Ministerial N° 0166-2025-MIDAGRI, se aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;
Que, mediante Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2026;
Que, por la Resolución Ministerial N° 0515-2025-MIDAGRI, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2026 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;
Que, a través del Acta N° 008-2025-MIDAGRI-SG/OGPP-ST/CPE-PLIEGO 013, la Comisión de Planeamiento Estratégico del Pliego 013: MINAGRI, hoy MIDAGRI, creada con Resolución Ministerial N° 0129-2018-MINAGRI y sus modificatorias, en el ámbito de sus funciones, valida el Plan Operativo Institucional (POI) 2026 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI);
Que, los literales b) y d) del artículo 26 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por la Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, establecen que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto tiene como función elaborar el Plan Operativo Institucional, así como efectuar su seguimiento y evaluación;
Que, mediante Memorando N° 03030-2025-MIDAGRI-SG/OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto expresa su conformidad y remite el Informe N° 00380-2025-MIDAGRI-SG/OGPP-OPLA, de la Oficina de Planeamiento, a través del cual se sustenta la propuesta señalando que el POI 2026 consistente con el PIA 2026 del Pliego 013: MIDAGRI, fue elaborado considerando los lineamientos metodológicos de la versión actualizada de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, así como se encuentra alineado en el marco de las Acciones Estratégicas Institucionales AEI del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;
Que mediante el Informe N° 1961-2025-MIDAGRI-SG/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión favorable a la aprobación mediante acto resolutivo del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2026 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;
Con la visación del Secretario General, del Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobado por Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI; y, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD, que aprueba la versión actualizada de la Guía para el Planeamiento Institucional;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2026 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), documento que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Oficina de Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, es responsable del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2026 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional.
Artículo 3.- Se dispone la publicación de la presente Resolución y de su Anexo en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), en la sede digital del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (www.gob.pe/midagri y en el Portal de Transparencia Estándar el mismo día de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VLADIMIR GERMÁN CUNO SALCEDO
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
2472978-1
2472205-1
Declaran a la plaga Thrips Palmi bajo control oficial a nivel nacional y establecen medidas fitosanitarias que se deben aplicar para el control y contención de la mencionada plaga
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° D000049-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV
La Molina, 24 de diciembre del 2025
VISTO:
El INFORME Nº D000161-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SCV de fecha 21 de noviembre de 2025, emitido por la Subdirección de Cuarentena Vegetal de la Dirección de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 17 del Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, se crea el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) como organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura, denominación modificada por la Ley Nº 31075 a Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera;
Que, a través del Decreto Supremo Nº 097-2021-PCM se aprueba la actualización de la calificación y relación de los organismos públicos adscritos a cada ministerio, establecida por el Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, calificándose al SENASA como organismo público técnico especializado adscrito al MIDAGRI;
Que, el artículo 1 de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1059, en adelante la Ley, establece, entre sus objetivos, la prevención, el control y la erradicación de plagas y enfermedades en vegetales y animales que representan riesgo para la vida, la salud de las personas y los animales y la preservación de los vegetales. El artículo 4 de la Ley designa al SENASA como la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria;
Que, el artículo 6 de la Ley establece que la movilización de plantas, animales, productos de origen vegetal y animal, y otros productos reglamentados que puedan constituir un riesgo, será regulada por el SENASA, estableciendo medidas fito y zoosanitarias específicas;
Que, el artículo 9 de la Ley señala que el SENASA dictará las medidas fito y zoosanitarias para prevenir, controlar o erradicar plagas y enfermedades; asimismo, que su cumplimiento será obligatorio para propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, de predios o establecimientos, así como para los propietarios o transportistas de los productos correspondientes;
Que, el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley indica que el SENASA podrá inspeccionar en cualquier momento el estado sanitario de plantas, productos vegetales, animales, productos de origen animal, insumos agrarios, nacionales o importados, y otros productos regulados. La inspección abarca las condiciones de los materiales de empaque, embalaje, acondicionamiento, medios de transporte, infraestructura y equipos, sin excepción, al nivel de producción, distribución, comercialización y almacenamiento. En caso de ser necesario, podrá requerir el apoyo de la fuerza pública. La inspección de las mercancías que ingresan al país deberá realizarse en coordinación con la autoridad aduanera;
Que, el artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado por el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, establece que el SENASA es la autoridad con competencia exclusiva para dictar medidas fito y zoosanitarias de cumplimiento obligatorio destinadas a prevenir, controlar o erradicar plagas y enfermedades;
Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1387, Decreto Legislativo que fortalece las competencias, las funciones de supervisión, fiscalización y sanción y, la rectoría del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, define a las medidas sanitarias o fitosanitarias como toda medida aplicada, entre otros, para preservar los vegetales de los riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas; igualmente, precisa que las medidas sanitarias o fitosanitarias comprenden todas las leyes, reglamentos, prescripciones y procedimientos pertinentes, con inclusión, entre otras cosas, de criterios relativos al producto final; procesos y métodos de producción; procedimientos de prueba, inspección, certificación y aprobación; regímenes de cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes asociadas al transporte de animales o vegetales, o a las condiciones necesarias para tal actividad; disposiciones relativas a los métodos estadísticos, procedimientos de muestreo y métodos de evaluación del riesgo pertinentes; y, prescripciones en materia de embalaje y etiquetado directamente relacionadas con la inocuidad de los alimentos;
Que, el artículo 115 del Reglamento de Cuarentena Vegetal, aprobado por el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, faculta al SENASA a establecer medidas fitosanitarias específicas para evitar la dispersión de plagas hacia áreas libres o de escasa prevalencia;
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 056-2012-AG-SENASA-DSV, publicada el 5 de enero de 2013 en el diario oficial El Peruano, se aprueba la Lista de Plagas Reglamentadas que detalla las plagas cuarentenarias no presentes en nuestro país. En esa lista está incluido el insecto Thrips palmi;
Que, en el informe del visto, la Subdirección de Cuarentena Vegetal concluye que es necesario fortalecer acciones de contención y control de la plaga Thrips palmi, debido a que representa riesgo para una superficie hospedante de 939,393 hectáreas, con un valor de producción de S/. 20´431,060 millones de soles aproximadamente y afectando a 837,291 productores;
Que, del mismo modo, la referida Subdirección manifiesta que la plaga Thrips palmi es altamente polífaga y tiene distribución restringida en los distritos de Copallín y Bagua de la provincia de Bagua, y en los distritos de Bagua Grande, Cajaruro, Cumba y El Milagro de la provincia de Utcubamba del departamento de Amazonas, así como en el distrito de Bellavista, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca;
Que, asimismo, en el informe del visto se señala que la dispersión de la plaga Thrips palmi ocurre principalmente a través del transporte de plantines y flores cortadas de los hospedantes de la plaga y en el embalaje de estos en sustrato o suelo de predios o áreas con presencia de la plaga;
Que, por otra parte, la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) Nº 24, Directrices para la determinación y el reconocimiento de la equivalencia de las medidas fitosanitarias, reconoce la soberanía de las partes contratantes (países que han ratificado la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria) para aplicar medidas fitosanitarias con el fin de proteger la sanidad vegetal dentro de sus territorios;
Que, considerando lo expuesto, dada la alta capacidad de dispersión de la plaga Thrips palmi y las condiciones ambientales favorables para su establecimiento en el país, resulta necesario declarar la plaga Thrips palmi bajo control oficial a nivel nacional, así como establecer las medidas fitosanitarias a aplicar para su control y contención;
Con las visaciones del Director de la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria, del Director (e) de la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios, de la Directora (e) la Subdirección de Cuarentena Vegetal y de la Directora General de la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DECLARAR la plaga Thrips palmi bajo control oficial a nivel nacional, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral.
Artículo 2.- ESTABLECER las medidas fitosanitarias que se deben aplicar para el control y contención de la plaga Thrips palmi a nivel nacional, según se detalla a continuación:
1. Notificar inmediatamente al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) de cualquier sospecha o detección de insectos del orden Thysanoptera.
En caso de contar con muestras de los insectos antes referidos, deberán entregarlas a la Dirección Ejecutiva del SENASA más cercana a su ubicación o remitirlas al laboratorio oficial de la Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal del SENASA, para su identificación y comunicación oportuna ante detecciones positivas.
El SENASA atenderá y verificará sospechas de cualquier problema fitosanitario a través de sus oficinas descentralizadas a nivel nacional o mediante el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/senasa/campa%C3%B1as/5894-notificacion-de-ocurrencia-de-plagas
2. Implementar el control y manejo integrado en las áreas que se detecte o establezca la plaga Thrips palmi, conforme a los siguientes lineamientos de obligatorio cumplimiento:
2.1. Ante la detección positiva de la plaga, el productor (propietario, arrendatario o encargado del predio) deberá permitir el ingreso del personal del SENASA al predio, así como dar las facilidades para realizar los trabajos de vigilancia y control fitosanitario.
2.2. Delimitar las áreas afectadas con la plaga e identificar los puntos de entrada y salida y colocar en lugar visible un letrero con la siguiente publicación oficial: “SENASA: PROHIBIDO EL INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO”. En las áreas afectadas se restringe el tránsito de personas, animales y vehículos, con excepción de los que autorice el SENASA.
2.3. Está prohibida la movilización o traslado de plantines (plantas para plantar) y flores cortadas de los hospederos de la plaga (solanáceas, cucurbitáceas y ornamentales), así como también su embalaje en sustrato o suelo preveniente de áreas en las cuales se ha detectado la plaga. El incumplimiento de la prohibición resultará en el rechazo, comiso y destrucción del material interceptado o encontrado. Se aplicarán, además, las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.
2.4. Los puntos de control itinerantes y puntos de verificación serán establecidos y publicados en el portal institucional del SENASA, a través de los cuales se fiscalizará el cumplimiento de las medidas fitosanitarias señaladas en el punto anterior.
Artículo 3.- Las medidas fitosanitarias establecidas en el presente acto resolutivo se aplican con prioridad en las áreas confirmadas con la presencia de la plaga Thrips palmi; asimismo, son de obligatorio cumplimiento para las personas naturales y jurídicas, productores, comerciantes, transportistas, pasajeros y público en general relacionados con la producción, comercialización y movilización de plantines y flores cortadas de los hospederos de la plaga y el embalaje de estos realizado en sustrato o suelo de predios o áreas confirmadas con la presencia de la misma.
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral en el portal institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (www.gob.pe/senasa), en la misma fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ORLANDO ANTONIO DOLORES SALAS
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
2472205-1
2472590-1
Aprueban prórroga de la vigencia del “Régimen de incentivos para el pago de las multas administrativas impuestas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria” señalada en el numeral 1 del Anexo I de la Resolución Jefatural N° D000174-2025-MIDAGRI-SENASA-JN
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° D000269-2025-MIDAGRI-SENASA-JN
La Molina, 29 de diciembre de 2025
VISTOS:
El INFORME N° D000039-2025-MIDAGRI-SENASA-OAD-UEC de fecha 2 de diciembre de 2025, elaborado por la Unidad de Ejecutoría Coactiva; el INFORME N° D000093-2025-MIDAGRI-SENASA-OPDI-UGCA del 10 de diciembre de 2025, de la Unidad de Gestión de la Calidad y Autorizaciones; el INFORME N° D000127-2025-MIDAGRI-SENASA-OPDI de fecha 11 de diciembre de 2025, de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional; el INFORME N° D000315-2025-MIDAGRI-SENASA-OAJ del 11 de diciembre de 2025, de la Oficina de Asesoría Jurídica; el INFORME N° D000058-2025-MIDAGRI-SENASA-OAD de fecha 15 de diciembre de 2025, de la Oficina de Administración del Servicio Nacional de Sanidad Agraria; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 17 del Decreto Ley N° 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, se crea el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) como organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura, denominación modificada por la Ley N° 31075 a Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera;
Que, a través del Decreto Supremo N° 097-2021-PCM se aprueba la actualización de la calificación y relación de los organismos públicos adscritos a cada ministerio establecida por el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM, calificándose al SENASA como organismo público técnico especializado adscrito al MIDAGRI;
Que, la Novena Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1387 establece que el régimen de incentivos para el pago de multas administrativas se aprueba mediante resolución del titular, previo informe favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina de Administración y de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, o las que hagan sus veces;
Que, mediante la Resolución Jefatural N° D000174-2025-MIDAGRI-SENASA-JN, publicada el 18 de septiembre de 2025 en el Diario Oficial El Peruano, se aprueba el régimen de incentivos para el pago de las multas administrativas impuestas por el SENASA, cuyos criterios de aplicación están contenidos en el Anexo I que forma parte de la referida Resolución Jefatural;
Que, el numeral 1 del Anexo I de la Resolución Jefatural citada en el considerando precedente establece que el régimen de incentivos tiene una vigencia comprendida desde el día siguiente de la publicación del referido acto resolutivo en el Diario Oficial El Peruano hasta el 31 de diciembre de 2025;
Que, con el MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° D000123-2025-MIDAGRI-SENASA-OAD de fecha 4 de diciembre de 2025, la Oficina de Administración respalda la propuesta de la Unidad de Ejecutoría Coactiva, formulada en el INFORME N° D000039-2025-MIDAGRI-SENASA-OAD-UEC, para que se prorrogue hasta el 31 de julio de 2026 el régimen de incentivos antes mencionado; asimismo, solicita que la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional y la Oficina de Asesoría Jurídica emitan los respectivos informes;
Que, a través del INFORME N° D000315-2025-MIDAGRI-SENASA-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto a la propuesta de la Unidad de Ejecutoría Coactiva para que se prorrogue el plazo de vigencia del régimen de incentivos aprobado con la Resolución Jefatural N° D000174-2025-MIDAGRI-SENASA-JN;
Que, mediante el INFORME N° D000127-2025-MIDAGRI-SENASA-OPDI, la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional considera que se encuentra debidamente fundamentada la opinión de la Unidad de Gestión de la Calidad y Autorizaciones, emitida a través del INFORME N° D000093-2025-MIDAGRI-SENASA-OPDI-UGCA, en el sentido de prorrogar el régimen de incentivos para el pago de multas administrativas impuestas por el SENASA hasta el 31 de julio de 2026;
Que, atendiendo a lo manifestado en los informes de vistos, se estima necesario emitir el acto resolutivo que prorrogue el régimen de incentivos aprobado por la Resolución Jefatural N° D000174-2025-MIDAGRI-SENASA-JN;
Que, el artículo 12 del ROF del SENASA, modificado por el artículo 4 del Decreto Supremo N° 027-2008-AG, establece que el Jefe del SENASA es la máxima autoridad de la institución que ejerce funciones ejecutivas y administrativas en su calidad de funcionario de mayor jerarquía de la entidad; asimismo, según el literal k) del citado artículo, tiene la función de emitir Resoluciones Jefaturales en asuntos de su competencia;
Con las visaciones de la Directora General de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, del Director General de la Oficina de Administración y de la Directora General de la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR la prórroga de la vigencia del “Régimen de incentivos para el pago de las multas administrativas impuestas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria” señalada en el numeral 1 del Anexo I de la Resolución Jefatural N° D000174-2025-MIDAGRI-SENASA-JN, hasta el 31 de julio de 2026.
Artículo 2.- DISPONER que la prórroga dispuesta en el artículo precedente entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.
Artículo 3.- DISPONER que los Anexos I, II-A y II-B, aprobados por la Resolución Jefatural N° D000174-2025-MIDAGRI-SENASA-JN, serán aplicables durante la vigencia del régimen de incentivos prorrogados mediante el artículo 1 de la presente Resolución Jefatural, en lo que corresponda.
Artículo 4.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y a la Unidad de Ejecutoría Coactiva del Servicio Nacional de Sanidad Agraria la aplicación del “Régimen de incentivos para el pago de las multas administrativas impuestas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria”, cuya vigencia se prorroga mediante el presente acto resolutivo.
Artículo 5.- DISPONER que la Secretaría Técnica y las Direcciones Ejecutivas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria adopten las acciones necesarias para la difusión de la vigencia del régimen de incentivos prorrogada mediante el presente acto resolutivo y de los beneficios que este otorga, así como para su adecuada aplicación.
Artículo 6.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural en el portal institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (www.gob.pe/senasa), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VILMA AURORA GUTARRA GARCÍA
Jefa
Jefatura Nacional
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
2472590-1
2473068-1
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0508-2025-MIDAGRI
Mediante Oficio N° 04761-2025-MIDAGRI-SG, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución Ministerial N° 0508-2025-MIDAGRI, publicada en la Edición Extraordinaria del día sábado 20 de diciembre de 2025.
1.- Denominación de la Resolución Ministerial N° 0508-2025-MIDAGRI
DICE:
“Disponen publicación del proyecto de Decreto Supremo que determina las actividades agroindustriales comprendidas en la Ley N° 34234, Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna y su Exposición de Motivos”
DEBE DECIR:
Disponen publicación del proyecto de Decreto Supremo que determina las actividades agroindustriales comprendidas en la Ley N° 32434, Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna y su Exposición de Motivos
2.- Cuarto considerando de la parte considerativa de la Resolución Ministerial N° 0508-2025-MIDAGRI
DICE:
“Que, la Ley N° 34234, Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna, tiene por objeto establecer un marco legal que impulse la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario;”
DEBE DECIR:
Que, la Ley N° 32434, Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna, tiene por objeto establecer un marco legal que impulse la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario;
3.- Quinto considerando de la parte considerativa de la Resolución Ministerial N° 0508-2025-MIDAGRI
DICE:
“Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley N° 34234, comprende como beneficiarios, entre otros, a los pequeños productores agrarios y las empresas agrarias que realicen directa y principalmente actividad agroindustrial, siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, fuera de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao;”
DEBE DECIR:
Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley N° 32434, comprende como beneficiarios, entre otros, a los pequeños productores agrarios y las empresas agrarias que realicen directa y principalmente actividad agroindustrial, siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, fuera de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao;
4.- Séptimo considerando de la parte considerativa de la Resolución Ministerial N° 0508-2025-MIDAGRI
DICE:
“Que, mediante Informe Técnico N° 0058-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDAA-JYVF la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Ganadero consolida y sustenta la necesidad de expedir el Decreto Supremo que determina las actividades agroindustriales comprendidas en la citada Ley N° 34234;”
DEBE DECIR:
Que, mediante Informe Técnico N° 0058-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDAA-JYVF la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Ganadero consolida y sustenta la necesidad de expedir el Decreto Supremo que determina las actividades agroindustriales comprendidas en la citada Ley N° 32434;
5.- Décimo segundo considerando de la parte considerativa de la Resolución Ministerial N° 0508-2025-MIDAGRI
DICE:
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; la Ley N° 34234, Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobado por Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI;”
DEBE DECIR:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; la Ley N° 32434, Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobado por Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI;
6.- Artículo 1 de la parte resolutiva de la Resolución Ministerial N° 0508-2025-MIDAGRI
DICE:
“Artículo 1.- Publicación del proyecto normativo
Se dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que determina las actividades agroindustriales comprendidas en la Ley N° 34234, Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna y su Exposición de Motivos, en la sede digital del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (www.midagri.gob.pe), por el plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día hábil siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano, a efectos de recibir los comentarios, aportes, opiniones y sugerencias de las entidades públicas o instituciones privadas, y de la ciudadanía en general, según corresponda.”
DEBE DECIR:
Artículo 1.- Publicación del proyecto normativo
Se dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que determina las actividades agroindustriales comprendidas en la Ley N° 32434, Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna y su Exposición de Motivos, en la sede digital del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (www.midagri.gob.pe), por el plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día hábil siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano, a efectos de recibir los comentarios, aportes, opiniones y sugerencias de las entidades públicas o instituciones privadas, y de la ciudadanía en general, según corresponda.
2473068-1
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
2473127-1
Decreto Supremo que aprueba el Instrumento que establece indicadores y metas así como las condiciones para la asignación de recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) correspondiente al periodo 2025 - 2026
DECRETO SUPREMO
N° 012-2025-MIDIS
El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 6 de la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dispone que dicho Ministerio es el organismo rector de las políticas nacionales de su responsabilidad, ejerciendo competencia exclusiva y excluyente para dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales; para ello, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la citada Ley, coordina con las entidades del Poder Ejecutivo y con los gobiernos regionales y locales en la implementación de las políticas nacionales y sectoriales objeto de su rectoría, así como la aplicación de mecanismos de articulación y coordinación que considere pertinentes;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2022-MIDIS, se aprueba la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, la cual define como problema público la exclusión social que genera pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas, estableciendo para su abordaje objetivos prioritarios, lineamientos, servicios y actividades operativas, cuya implementación y ejecución están a cargo de las entidades de la Administración Pública en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Que, la Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, crea el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la finalidad de impulsar el logro de los resultados establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en materia de Desarrollo Infantil Temprano, así como para los cinco ejes establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS), y para financiar las metas asociadas a la reducción de la violencia contra la mujer definidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, conforme a lo señalado en la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, y en el artículo 18 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019;
Que, el artículo 2 del Reglamento del FED, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2024-MIDIS, señala que la finalidad del FED, como mecanismo de incentivo, es impulsar la mejora del desempeño de la gestión de los gobiernos regionales y entidades nacionales, en la provisión de servicios priorizados vinculados a la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y metas asociadas a la reducción de la violencia contra la mujer;
Que, asimismo, el artículo 16 del citado Reglamento dispone que, una vez definidos los ámbitos de intervención, los montos máximos para cada entidad del gobierno nacional y/o gobierno regional; los compromisos de gestión, indicadores de cobertura y/o calidad, valores basales y metas; así como los procedimientos, condiciones y mecanismos para la asignación de recursos del FED, son aprobados por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social. El equipo técnico del FED elabora el informe que sustenta la propuesta de decreto supremo y el Coordinador General del FED eleva la propuesta al Comité Directivo para su aprobación;
Que, mediante el Informe N° D000189-2025-MIDIS-FED, la Coordinación General del FED señala que se han definido los indicadores y metas, las condiciones para la asignación de recursos del FED, los mecanismos para la verificación del cumplimiento de metas de los indicadores, así como la asignación y transferencia de los recursos FED para el Periodo 2025-2026;
Que, el literal e) del numeral 41.1 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2025-PCM, dispone que se encuentra fuera del alcance de la obligación de presentar expediente de Análisis del Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante, las disposiciones normativas de organización, reorganización, fusión de entidades o mecanismos de reforma del Estado (como proyectos de normas con rango de ley o reglamentos de organización y funciones, fusiones de entidades públicas, creación de programas o proyectos, entre otros), manuales de operaciones de programas y proyectos, y demás normas de organización, las cuales se regulan por las normas de la materia;
Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el Instrumento que establece indicadores y metas, así como las condiciones para la asignación de recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) correspondiente al periodo 2025 -2026;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y, el Reglamento del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2024-MIDIS;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
Aprobar el Instrumento que establece indicadores y metas así como las condiciones para la asignación de recursos del fondo de estímulo al desempeño y logro de resultados sociales (FED) correspondiente al periodo 2025 – 2026, el cual consta de once (11) artículos, así como el Anexo I: “Definiciones Operacionales de los indicadores” y el Anexo II: “Metas de indicadores”, los mismos que forman parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo y sus Anexos se publican en la sede digital del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
Única.- Aprobación de Montos Máximos
Los montos máximos para cada entidad del gobierno nacional y para los gobiernos regionales, se aprueban mediante Decreto Supremo, refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a propuesta de esta última. Teniendo presente el artículo 5 del Instrumento que establece indicadores y metas; así como, las condiciones para la asignación de recursos del fondo de estímulo al desempeño y logro de resultados sociales (FED), sobre el periodo y tramo de implementación, para la primera verificación de la Edición 2025 -2026, se aprueban los montos máximos dentro de los 50 días hábiles posteriores a la vigencia de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; y, para la segunda verificación, dentro de los 50 días hábiles posteriores de haberse aprobado los recursos autorizados para los fines del FED mediante la norma correspondiente.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
LESLY NADIR SHICA SEGUIL
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
INSTRUMENTO QUE ESTABLECE INDICADORES Y METAS ASI COMO LAS CONDICIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES (FED) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025 – 2026
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Finalidad
Las disposiciones contenidas en el presente instrumento tienen como finalidad impulsar la mejora del desempeño de la gestión de las entidades de Gobiernos Regionales y/o Gobierno Nacional en la provisión de servicios priorizados vinculados a la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y a la reducción de la violencia contra la mujer, en adelante el Instrumento.
Artículo 2. Objetivos
Los objetivos del instrumento son los siguientes:
a) Establecer los indicadores y metas, así como las condiciones para la asignación de recursos de la Edición 2025-2026 del FED y hacer de conocimiento las mismas a los Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional para su cumplimiento.
b) Establecer los mecanismos para la verificación del cumplimiento de metas de los indicadores del periodo 2025 – 2026, así como la asignación y transferencia de los recursos FED.
Artículo 3. Ámbito de aplicación
EL presente instrumento es de aplicación obligatoria para los Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional que participan en el FED, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las Entidades rectoras de acuerdo a sus competencias según lo establecido en el Reglamento del FED.
Artículo 4. De las Categorías priorizadas
En esta edición se implementará las siguientes categorías de indicadores priorizados:
- Salud
- Reducción de violencia contra la mujer
- Agua
- Educación
- Articulación Territorial
Artículo 5. Periodo y tramo de implementación
La presente edición 2025-2026 del FED, se implementará de la siguiente manera para todas las categorías:
Primera verificación: plazo de cumplimiento a partir del mes de diciembre 2025 hasta el mes de mayo 2026.
Segunda verificación: plazo de cumplimiento del mes de junio 2026 hasta el mes de diciembre 2026.
TÍTULO II
ÁMBITO, INDICADORES Y METAS DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES (FED) 2025 - 2026
Artículo 6. Ámbitos de intervención
Los ámbitos geográficos de intervención para la presente edición del FED, considera a los veinticinco (25) Gobiernos Regionales y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana1. El ámbito de intervención para la medición de indicadores por categoría se describe en el Anexo I del Decreto Supremo que aprueba el Instrumento2.
Artículo 7. De los Indicadores y Metas
7.1 La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y los Gobiernos Regionales que participan en el FED deben cumplir con los indicadores que se muestran en las siguientes Tablas 1 y 2, y cuyas definiciones operacionales se describen en el Anexo I del Decreto Supremo que aprueba el Instrumento. Estos indicadores son producto de los procesos operativos de diseño ejecutados por el equipo técnico del FED en coordinación con los entes rectores para la edición 2025-2026 del FED.
Tabla 1: Compromisos de gestión del FED correspondiente al periodo 2025 – 2026
Categoría Salud
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Código
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Nombre del Compromiso de Gestión
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Código
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Nombre Indicador
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Entidad Rectora
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SI-01
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Gestantes atendidas en establecimientos de salud del Gobierno Regional, que reciben suplementación preventiva o tratamiento con hierro, y dosaje de hemoglobina.
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SI-01.01
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Condición previa (CP): Porcentaje de gestantes atendidas en establecimientos de salud del Gobierno Regional, que reciben su primera atención prenatal en el primer trimestre de gestación.
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MINSA
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SI-01.02
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Porcentaje de gestantes con anemia atendidas en establecimientos de salud del Gobierno Regional, que reciben tratamiento con hierro y dosaje de hemoglobina.
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MINSA
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SI-01.03
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Porcentaje de mujeres con parto institucional sin anemia atendidas en establecimientos de salud del Gobierno Regional, que durante su gestación recibieron suplementación preventiva con hierro y dosaje de hemoglobina.
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MINSA
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SI-02
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Niñas y niños de doce (12) meses de edad del departamento que reciben tratamiento o suplementación preventiva con hierro, y dosaje de hemoglobina.
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SI-02.01
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Condición previa (CP): Porcentaje de niñas y niños de seis (06) meses de edad, del departamento, que a los cuatro (04) meses de edad reciben suplementación preventiva con hierro, y dosaje de hemoglobina.
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MINSA
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SI-02.02
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Porcentaje de niñas y niños de seis (06) meses de edad, prematuros y/o bajo peso al nacer, del departamento, sin anemia; que reciben suplementación preventiva con hierro y dosaje de hemoglobina.
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MINSA
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SI-02.03
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Porcentaje de niñas y niños de doce (12) meses de edad del departamento, con anemia, que reciben tratamiento con hierro y dosaje de hemoglobina.
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MINSA
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SI-02.04
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Porcentaje de niñas y niños de doce (12) meses de edad del departamento, sin anemia, que reciben suplementación preventiva con hierro y dosaje de hemoglobina.
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MINSA
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SI-03
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Adolescentes mujeres de 12 a 17 años de edad, atendidas en establecimientos de salud del Gobierno Regional, cuentan con dosaje de hemoglobina y otras prestaciones priorizadas.
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SI-03.01
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Condición previa: Porcentaje de adolescentes mujeres de 12 a 17 años de edad, atendidas en establecimientos de salud del Gobierno Regional, con dosaje de hemoglobina.
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MINSA
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SI-03.02
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Porcentaje de adolescentes mujeres de 12 a 17 años de edad, sin anemia, atendidas en establecimientos de salud del Gobierno Regional, que reciben prestaciones priorizadas.
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MINSA
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Categoría Reducción de violencia contra la mujer
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Código
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Nombre del Compromiso de Gestión
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Código
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Nombre Indicador
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Entidad Rectora
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VI-01
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Gestantes atendidas en establecimientos de salud del Gobierno Regional, que cuentan con tamizaje positivo de violencia, y reciben un paquete mínimo de intervenciones terapéuticas especializadas.
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VI-01.01
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Condición previa: Porcentaje de gestantes atendidas en establecimientos de salud del Gobierno Regional, que cuentan con tamizaje positivo de violencia contra la mujer.
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MINSA
MIMP
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VI-01
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VI-01.02
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Porcentaje de gestantes atendidas en establecimientos de salud del Gobierno Regional, que reciben un paquete mínimo de intervenciones terapéuticas especializadas.
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MINSA
MIMP
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Categoría Agua
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Código
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Nombre del Compromiso de Gestión
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Código
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Nombre Indicador
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Entidad Rectora
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AI-01
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Centros Poblados del ámbito rural con presencia de cloro residual y con diagnóstico de disposición sanitaria de excretas por hogar
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AI-01.01
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Número de centros poblados rurales con sistemas de agua en estado bueno/regular que presentan cloro residual ≥ 0.5 mg/L y turbiedad ≤ 5 UNT e información de disposición sanitaria de excretas
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MVCS
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AI-02
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Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano
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AI-02.01
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Número de centros poblados con vigilancia de la calidad del agua y seguimiento a programación de metas y ejecución presupuestal
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MINSA (DIGESA)
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AI-03
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Implementación de acciones correctivas en Sistemas de Agua Potable que presentaron riesgo sanitario durante la vigilancia de la calidad del agua
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AI-03.01
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Número de centros poblados con sistemas de agua potable que implementan medidas correctivas a partir de la identificación de riesgos sanitarios en la calidad del agua
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MVCS
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AI-04
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Valoración de los Servicios de agua y saneamiento
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AI-04.01
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Número de centros poblados con hogares rurales que reciben educación sanitaria para la valoración de los servicios e implementación del PPIS 0083
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MVCS
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AI-05
|
Sostenibilidad de los servicios de agua potable y
saneamiento y el control de la calidad del agua en las Instituciones Educativas
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AI-05.01
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Número de Instituciones Educativas (II.EE) que realizaron mantenimiento de infraestructura sanitaria con control de calidad del agua.
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MVCS
SUNASS
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Categoría Educación
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Código
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Nombre del Compromiso de Gestión
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Código
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Nombre Indicador
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Entidad Rectora
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EI-01
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Condiciones óptimas de los estudiantes
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EI-01.01
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Porcentaje de IE del Modelo de Servicio Educativo (MSE) de secundaria en ámbito rural que reciben oportunamente los kits de bienestar asignados y se encuentran registrados en el Módulo Complementario del SIGA.
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MINEDU
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EI-02
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Contratación de personal docente y no docente
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EI-02.01
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Porcentaje de plazas CAS para la atención de los servicios en los centros y programas de la modalidad EBE que son cubiertas de forma oportuna3.
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MINEDU
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EI-03
|
Ejecución de acciones de mantenimiento en instalaciones sanitarias de servicios educativos públicos
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EI-03.01
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Porcentaje de locales educativos de IIEE públicos que forman parte del programa Mi Mantenimiento que ejecutaron acciones de mantenimiento en instalaciones sanitarias en el marco del programa de mantenimiento 2026.
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MINEDU
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Categoría Articulación Territorial
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Código
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Nombre del compromiso de gestión
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Código
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Nombre del indicador
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Entidad Rectora
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ART-01
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Gestión articulada para la mejora de resultados territoriales de los gobiernos locales del Pacto Regional
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ART-01.01
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Número de gobiernos locales firmantes del pacto regional con características de interés que mejoran su situación respecto a indicadores priorizados, con asistencia técnica del Gobierno Regional.
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MIDIS
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Tabla N° 2: Indicadores de Cobertura del FED correspondiente al periodo 2025 – 2026
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Código
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Nombre de la Meta de Cobertura
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Código
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Nombre Indicador
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Entidad Rectora
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MC-01
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Mujeres con parto institucional, procedentes de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que durante su gestación recibieron el paquete integrado de servicios.
Mujeres con parto institucional, del departamento, que durante su gestación recibieron el paquete integrado de servicios.
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MC-01.01
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Porcentaje de mujeres con parto institucional, procedentes de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental que durante su gestación recibieron el paquete integrado de servicios.
Porcentaje de mujeres con parto institucional, del departamento que durante su gestación recibieron el paquete integrado de servicios4.
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MINSA
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MC-02
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Niñas y Niños menores de 12 meses de edad procedentes de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental que reciben el paquete integrado de servicios.
Niñas y Niños menores de 12 meses de edad, del departamento, que reciben el paquete integrado de servicios.
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MC-02.01
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Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses de edad procedentes de distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que recibieron el paquete integrado de servicios.
Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses de edad, del departamento, que recibieron el paquete integrado de servicios5.
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MINSA
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MC-03
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Recién nacidos del departamento, reciben vacunas BCG, HvB, controles CRED y tamizaje neonatal.
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MC-03.01
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Porcentaje de recién nacidos del departamento, reciben vacunas BCG, HvB, controles CRED y tamizaje neonatal.
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MINSA
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MC-04
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Acceso al servicio educativo
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MC-04.01
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Porcentaje de niñas y niños de 3 años de edad que son matriculados y registrados en el SIAGIE, en el año escolar 2026 a nivel departamental.
Porcentaje de niñas y niños de 3 años de edad que son matriculados y registrados en el SIAGIE, en el año escolar 2026 a nivel Provincia 6
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MINEDU
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MC-05
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Docentes con recursos para la enseñanza-aprendizaje
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MC-05.01
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Porcentaje de servicios educativos de Educación Intercultural Bilingüe y de la Educación Rural que reciben de manera pertinente y suficiente todo el material educativo que le corresponde recibir.
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MINEDU
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MC-06
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Docentes con competencias
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MC-06.01
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Porcentaje de docentes de IIEE EIB matriculados y que culminan los cursos de lectura y escritura en lengua originaria mediante la plataforma de SIFODS.
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MINEDU
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MC-07
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Fortalecimiento de las competencias de los docentes.
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MC-07.01
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Porcentaje de docentes y otros agentes educativos de instituciones y programas educativos de Educación Básica Especial (EBE) que aprueban los cursos en el marco de educación inclusiva y atención a la diversidad, en materia de discapacidad7.
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MINEDU
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MC-08
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Acceso a agua clorada
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MC-08.01
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Proporción de niños y niñas menores de 60 meses de edad que NO acceden a agua clorada (cloro residual en muestra de agua de consumo >=0.5 mg/L).
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MVCS
MINSA
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7.2 Las fichas técnicas de los indicadores son aprobados por el Comité Directivo del FED, y son publicadas en la sede digital del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) (www.gob.pe/midis) en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir de la publicación de la norma que aprueba el Instrumento.
7.3 En caso se requiera realizar alguna modificación de las fichas técnicas, estas deberán ser solicitadas por las entidades rectoras, mediante un oficio que se acompañe de un informe técnico que justifique la modificación. Esta documentación deberá ser analizada por el equipo técnico del FED, la Dirección de Seguimiento de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social del MIDIS y la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.
7.4 Cuando corresponda, la modificación de las fichas técnicas será aprobada por el Comité Directivo del FED. La modificación de las fichas técnicas puede ejecutarse en el proceso de implementación, siempre que i) no modifiquen los objetivos y/o el sentido de la medición, ii) no sean aplicados de manera retroactiva una vez culminado el periodo de medición del indicador.
7.5 Las metas de los indicadores son estimadas de acuerdo a la metodología aprobada por el Comité Directivo del FED.
7.6 Las metas de los indicadores asociados a los compromisos de gestión y/o indicadores de cobertura y/o calidad, negociados con cada Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana; y el periodo de implementación aprobado por el Comité Directivo del FED, se encuentran en el Anexo II del Decreto Supremo que aprueba el Instrumento.
7.7.7 Las metas de los indicadores asociados a los compromisos de gestión y/o indicadores de cobertura y/o calidad, negociados con cada Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana; y el periodo de implementación aprobado por el Comité Directivo del FED, se encuentran en el Anexo Il del Decreto Supremo que aprueba el Instrumento.
TÍTULO III
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES PARA LA ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE RECURSOS PARA LAS ENTIDADES DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES
Artículo 8. De la verificación del cumplimiento de metas
8.1 La verificación del cumplimiento de metas vinculadas a indicadores de cada periodo de implementación está a cargo del equipo técnico del FED en coordinación con la Dirección de Seguimiento de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social y los Entes Rectores, y es realizada a partir de bases de datos oficiales generadas por encuestas poblacionales y/o sistemas administrativos del Estado. El MIDIS y las entidades rectoras coordinan con las entidades que gestionan bases de datos y/o reportes necesarios para el FED.
8.2 Las entidades rectoras, remiten, dentro de los veinte cinco (25) días hábiles posteriores a la fecha de corte de medición del indicador, las bases de datos y/o reportes con la información para la evaluación del cumplimiento de metas, de acuerdo con la estructura y en el formato que se establezca.
8.3 En caso fuera necesario, el MIDIS puede solicitar mediante correo electrónico y/o oficio información complementaria a las entidades rectoras, la misma que debe ser remitida en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida la comunicación.
8.4 Si dentro del plazo señalado la Entidad Rectora no remite la información necesaria para la verificación de alguno de los indicadores, el presidente del Comité Directivo FED comunicará mediante correo electrónico y/o oficio, la cancelación de su verificación al día siguiente de vencido el plazo, y se procederá a redistribuir los recursos asignados a los indicadores que cuenten con información completa y disponible, el cual será aprobado por el Comité Directivo FED en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles. Esta situación será de conocimiento de los Gobiernos Regionales y/o Gobierno Nacional involucrados.
8.5 La verificación del cumplimiento de las metas vinculadas a indicadores, se realiza en un plazo no mayor a cuarenta (40) días hábiles contados a partir de la recepción de la base de datos de las entidades rectoras. Este plazo puede ser modificado por el Comité Directivo, por razones debidamente justificadas.
8.6 La Dirección de Seguimiento de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social del MIDIS, con información que brinda las entidades rectoras, realiza el procesamiento de datos para la verificación del cumplimiento de indicadores y genera reportes de información, la que valida con las entidades rectoras de acuerdo con los instrumentos establecidos en las fichas técnicas y, de corresponder concilia los algoritmos. La generación de reportes de información se realiza dentro de los quince (15) días hábiles, contados a partir de la recepción de la base de datos remitida por las entidades rectoras.
8.7 Con la información emitida por la Dirección de Seguimiento de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social del MIDIS, el equipo técnico del FED elabora los reportes de verificación del cumplimiento de los indicadores. La verificación se realiza considerando los criterios de las fichas técnicas y metas establecidas. Esta verificación se realiza en veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida los reportes de información de la Dirección de Seguimiento.
8.8 El Comité Directivo FED en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, aprueba los informes de verificación de cumplimiento de las entidades de Gobierno Regional y/o Gobierno Nacional, el cual incluye el monto a transferir por el nivel de cumplimiento.
8.9 Los resultados de la verificación del cumplimiento de metas de indicadores se remiten a las Entidades de Gobierno Regional y a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, y se publican en la sede digital del MIDIS (www.gob.pe/midis) en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir de la aprobación por parte del Comité Directivo FED.
8.10 En el proceso de verificación la asignación del recurso se determina en función al cumplimiento de las metas. En el caso que, el Gobierno Regional y/o Gobierno Nacional, que participa en el FED cumple parcialmente los compromisos pactados, se transferirá el monto equivalente al porcentaje de avance.
TÍTULO IV
ASIGNACIÓN CONDICIONADA DE RECURSOS POR CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DEL FED
Artículo 9. Determinación de los Montos máximos de recursos para cada Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
Los montos máximos para cada entidad de gobierno regional y/o gobierno nacional a ser aprobados de acuerdo a lo establecido en el literal d) del artículo 6 del Reglamento del FED aprobado con Decreto Supremo N° 003-2024-MIDIS serán publicados mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a propuesta de este último. Para la primera verificación, se realizará con cargo a los recursos que sean autorizados para los fines del FED mediante norma, y deben aprobarse dentro de los 50 días hábiles posteriores a la vigencia de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, y para la segunda verificación a los 50 días hábiles de haberse aprobado los recursos autorizados para los fines del FED mediante norma.
Artículo 10. Transferencia de los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales
10.1 Los recursos, se otorgan considerando los resultados de cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos en el periodo 2025 – 2026, a favor de los Gobiernos Regionales y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana participantes. En esta edición del FED, se realizarán dos transferencias de recursos:
- Primera transferencia: Posterior a la aprobación de los informes de la primera verificación, sujeto a la disponibilidad de recurso publicado la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
- Segunda transferencia: Posterior a la aprobación de los informes de la segunda verificación, sujeto a la disponibilidad de recursos autorizados para los fines del FED mediante norma.
10.2 Para determinar el monto asignado, se toma en consideración la metodología de estimación de recurso que comprende lo siguiente: i) avances de las metas, ii) el monto máximo asignable, iii) ponderación de cada indicador, y la iv) la ficha técnica de cada indicador.
10.3 En función a los resultados de la verificación del cumplimiento de indicadores, el equipo técnico del FED remite a los Gobiernos Regionales y a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana la propuesta de distribución inicial de los recursos elaborados de acuerdo a la metodología de distribución del monto asignado; para su revisión y conformidad. Si el Gobierno Regional y/o Gobierno Nacional no está de acuerdo envía una contrapropuesta mediante correo electrónico y/o oficio en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de remitida la propuesta de distribución inicial, la cual será evaluada por el equipo técnico del FED
- Como parte de la contrapropuesta y con el sustento correspondiente el Gobierno Regional y/o Gobierno Nacional puede solicitar la transferencia de recursos para bienes y servicios y/o bienes de capital, los cuales están relacionados a los indicadores del FED. La contrapropuesta no debe exceder a los porcentajes asignados en la distribución por categoría.
- El equipo técnico del FED revisa la contrapropuesta enviada por cada Gobierno Regional y/o Gobierno Nacional, y en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles elabora la propuesta final de la distribución de los recursos, la cual es suscrita por el Coordinador General del FED. Esta propuesta debe ser aprobada por el Comité Directivo del FED, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles.
Los recursos presupuestales en el marco del FED, se transfieren en el marco de la normatividad presupuestaria vigente.
Artículo 11. Destino de los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales
11.1 Los recursos que se transfieren en el marco del FED, son recursos adicionales al presupuesto institucional de las Entidades de Gobierno Regional y /o Gobierno Nacional, y tienen como sustento fáctico el cumplimiento de determinadas metas, frente a lo cual procede su otorgamiento. En consecuencia, el titular del pliego es responsable de la incorporación, programación, y gestión oportuna de los recursos en los compromisos y metas de indicadores.
11.2 Para el uso de los recursos transferidos en el marco del FED, se aplican los mismos supuestos y restricciones normativas establecidas para la utilización de los recursos públicos.
1 La implementación se realiza a través de las Unidades de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana.
2 La fuente de información para la determinación de los distritos clasificados como quintil 1 y 2 de pobreza, corresponde al mapa de pobreza 2018.
3 La implementación del indicador EI-02.01 se realiza a través de las Unidades de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana.
4 MC-01.01 se medirá en los gobiernos regionales de Tacna, Tumbes y Moquegua
5 MC-02.01 se medirá en los gobiernos regionales de Tacna, Tumbes y Moquegua
6 La implementación del indicador MC-04.01se realiza a través de las Unidades de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana
7 La implementación del indicador MC-07.01 se realiza a través de las Unidades de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana
2473127-1
2473049-1
Designan Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la Unidad de Integridad y Gestión de la Calidad del Programa Nacional Cuna Más
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 002501-2025-MIDIS/PNCM-DE
San Isidro, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El Memorando N° 4407-2025-MIDIS/PNCM-UGTH de fecha 30 de diciembre de 2025, de la Unidad de Gestión del Talento Humano; y el Informe N°004085 -2025-MIDIS/PNCM-UAJ de fecha 30 de diciembre de 2025, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS se crea el Programa Nacional Cuna Más, como programa social focalizado, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el propósito de brindar atención integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional;
Que, se encuentra vacante el cargo de Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la Unidad de Integridad y Gestión de la Calidad del Programa Nacional Cuna Más, por lo que resulta necesario designar a quien lo asuma;
Que, mediante el Memorando N° 4407-2025-MIDIS/PNCM-UGTH de fecha 30 de diciembre de 2025, la Unidad de Gestión del Talento Humano comunica la propuesta de designar, a partir del 1 de enero de 2026, a la señora Diana Beatriz Príncipe Asca, en el cargo de Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la Unidad de Integridad y Gestión de la Calidad, conforme al Cuadro de Puestos de la Entidad, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 91-2021-SERVIR-PE y al Manual de Perfiles de Puestos del Programa, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 386-2020-MIDIS/PNCM, precisándose que cumple con los requisitos del referido puesto;
Que, mediante Informe N° 004085-2025-MIDIS/PNCM-UAJ de fecha 30 de diciembre de 2025, la Unidad de Asesoría Jurídica considera jurídicamente viable la referida designación;
Con el visado de conformidad, de acuerdo a sus competencias, de la Unidad de Gestión del Talento Humano y de la Unidad de Asesoría Jurídica;
De conformidad, con la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 91-2021-SERVIR-PE que aprueba el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) del Programa Nacional Cuna Más y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 386-2020-MIDIS/PNCM que aprueba el Manual de Perfiles de Puestos del Programa Nacional Cuna Más;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la señora DIANA BEATRIZ PRINCIPE ASCA, en el cargo de Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la Unidad de Integridad y Gestión de la Calidad del Programa Nacional Cuna Más, a partir del 1 de enero de 2026.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional del Programa Nacional Cuna Más (www.cunamas.gob.pe).
Regístrese, notifíquese y publíquese.
MIRIAM CRISTINA MEDINA CHONG
Directora Ejecutiva
Programa Nacional Cuna Más
2473049-1
ECONOMÍA Y FINANZAS
2473125-1
Decreto Supremo que autoriza Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 a favor de la Reserva de Contingencia y del Ministerio de Educación
DECRETO SUPREMO
N° 332-2025-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que, para efecto de las acciones orientadas al cierre del Presupuesto del Sector Público, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General de Presupuesto Público, se aprueban las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional necesarias durante el mes de diciembre, con cargo a los saldos disponibles según la proyección al cierre del Año Fiscal 2025, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por un monto no mayor al equivalente al uno por ciento (1%) de la citada fuente, y utilizando, de ser necesario, el procedimiento establecido en el artículo 54 del citado Decreto Legislativo;
Que, el artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1440, dispone que las transferencias o habilitaciones que se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se autorizan mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, en el marco de las acciones orientadas al cierre del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, mediante el Oficio N° 03023-2025-MINEDU/SG, el Ministerio de Educación informa que, de acuerdo con su proyección de gastos al cierre del Año Fiscal 2025, ha identificado saldos disponibles provenientes de diversas genéricas de gasto por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, razón por la cual solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a su presupuesto institucional. Asimismo, el Ministerio de Educación solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a su favor, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar el pago de los costos académicos de los becarios del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo; adjuntando para dicho efecto el Informe N° 02532-2025-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica del citado Ministerio, con el respectivo sustento;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de
S/ 83 354 246,00 (OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación; y una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de
S/ 83 354 246,00 (OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del Ministerio de Educación, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, para los fines señalados en los considerandos precedentes, en el marco de lo establecido en el numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo Nº 1440;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 36.5 del artículo 36 y en el artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
DECRETA:
Artículo 1. Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia
1.1 Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 83 354 246,00 (OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los saldos disponibles según proyección de gastos efectuada al cierre del Año Fiscal 2025, en el presupuesto institucional del Ministerio de Educación, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el marco de lo dispuesto en el numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440, de acuerdo con el siguiente detalle:
DE LA: En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 010 : M. de Educación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7 728 671,00
2.3 Bienes y Servicios 13 754 538,00
2.4 Donaciones y Transferencias 1 896 156,00
2.5 Otros Gastos 4 295 716,00
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 55 679 165,00
===========
TOTAL EGRESOS 83 354 246,00
===========
A LA: En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : M. de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 27 675 081,00
GASTO DE CAPITAL
2.0 Reserva de Contingencia 55 679 165,00
===========
TOTAL EGRESOS 83 354 246,00
===========
1.2 El detalle de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 1.1 del presente artículo se encuentra en el Anexo “Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia”, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual se publica en las sedes digitales del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu) y del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano.
Artículo 2. Transferencia de Partidas a favor del Ministerio de Educación
Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 83 354 246,00 (OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), a favor del Ministerio de Educación, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar el pago de los costos académicos de los becarios del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de lo establecido en el numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo
Nº 1440, de acuerdo con el siguiente detalle:
DE LA: En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : M. de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 83 354 246,00
===========
TOTAL EGRESOS 83 354 246,00
===========
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 010 : M. de Educación
UNIDAD EJECUTORA 0117 : Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0122 : Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad
PRODUCTO 3000885 : Entrega de Beca de Educación Superior a Población con Alto Rendimiento Académico
ACTIVIDAD 5004960 : Entrega de beca integral en la modalidad ordinaria
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.5 Otros Gastos 73 622 750,00
ACTIVIDAD 5004963 : Entrega de beca integral en la modalidad especial
GASTO CORRIENTE
2.5 Otros Gastos 8 184 593,00
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
ACTIVIDAD 5001061 : Otorgamiento de becas
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.5 Otros Gastos 1 546 903,00
===========
TOTAL EGRESOS 83 354 246,00
===========
Artículo 3. Procedimiento para la aprobación institucional
3.1 El Titular del pliego habilitador en la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 1.1 del artículo 1, y habilitado en la Transferencia de Partidas autorizada en el artículo 2, aprueba, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en los citados artículos del presente Decreto Supremo, a nivel programático, hasta el 31 de diciembre de 2025. Copia de la resolución se remite dentro de los cinco (5) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
3.2 La Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
3.3 La Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, instruye a sus unidades ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas de Modificación Presupuestaria” que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 4. Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el artículo 2 del presente Decreto Supremo, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
2473125-1
2473125-2
Decreto Supremo que autoriza Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 a favor de la Reserva de Contingencia y de diversos Gobiernos Regionales
DECRETO SUPREMO
N° 333-2025-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que para efecto de las acciones orientadas al cierre del Presupuesto del Sector Público, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General de Presupuesto Público, se aprueban las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional necesarias, durante el mes de diciembre, con cargo a los saldos disponibles según la proyección al cierre del Año Fiscal 2025, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por un monto no mayor al equivalente al uno por ciento (1%) de la citada fuente, y utilizando, de ser necesario, el procedimiento establecido en el artículo 54 del citado Decreto Legislativo;
Que, el artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1440, establece que las transferencias o habilitaciones que se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se autorizan mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, en el marco de las acciones orientadas al cierre del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, mediante el Oficio N° 02935-2025-MINEDU/SG, el Ministerio de Educación informa que cuenta con saldos de libre disponibilidad según su proyección de gastos efectuada al cierre del Año Fiscal 2025, provenientes de diversas genéricas de gasto, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, razón por la cual solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a su presupuesto institucional. Asimismo, el Ministerio de Educación solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, a favor de 14 (catorce) Gobiernos Regionales, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la remuneración mensual de los docentes de la Carrera Pública Docente y de los docentes contratados de los Institutos de Educación Superior e Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, así como el pago de la remuneración mensual de los docentes nombrados y contratados de las Escuelas Superiores de Formación Artística; adjuntando para dicho efecto el Informe N° 02384-2025-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica del citado Ministerio, con el respectivo sustento;
Que, mediante el Memorando N° 5263-2025-EF/53.04, que adjunta el Informe
N° 4560-2025-EF/53.04, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas determina el costo estimado de la información registrada en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) respecto a los docentes de la Carrera Pública Docente y de los docentes contratados de los Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación Superior; así como, de los docentes nombrados y contratados de las Escuelas Superiores de Formación Artística de los diversos gobiernos regionales, correspondiente a diciembre de 2025;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 22 586 273,00 (VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación; y, una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 22 586 273,00 (VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de 14 (catorce) Gobiernos Regionales, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, para los fines señalados en los considerandos precedentes, en el marco de lo establecido en el numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo Nº 1440;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 36.5 del artículo 36 y en el artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
DECRETA:
Artículo 1. Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia
1.1 Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 22 586 273,00 (VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES Y 00/100 SOLES), a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los saldos disponibles según proyección de gastos efectuada al cierre del Año Fiscal 2025, en el presupuesto institucional del Ministerio de Educación, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el marco de lo dispuesto en el numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, de acuerdo con el siguiente detalle:
DE LA: En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 010 : M. de Educación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5 252 044,00
2.3 Bienes y Servicios 17 332 291,00
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 1 938,00
===========
TOTAL EGRESOS 22 586 273,00
===========
A LA: En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : M. de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 22 584 335,00
GASTO DE CAPITAL
2.0 Reserva de Contingencia 1 938,00
===========
TOTAL EGRESOS 22 586 273,00
===========
1.2 El detalle de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 1.1 del presente artículo, se encuentra en el Anexo I “Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia”, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual se publica en las sedes digitales del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu) y del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano.
Artículo 2. Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales
2.1 Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 22 586 273,00 (VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES Y 00/100 SOLES), a favor de diversos Gobiernos Regionales, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar el pago de la remuneración mensual de los docentes de la Carrera Pública Docente y de los docentes contratados de los Institutos de Educación Superior e Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, y de la remuneración mensual de los docentes nombrados y contratados de las Escuelas Superiores de Formación Artística, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de lo establecido en el numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, de acuerdo con el siguiente detalle:
DE LA: En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : M. de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 22 586 273,00
===========
TOTAL EGRESOS 22 586 273,00
===========
A LA: En Soles
SECCION SEGUNDA : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS : Gobiernos Regionales
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
ACTIVIDAD 5000673 : Desarrollo de la Formación de Docentes y Artistas
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22 586 273,00
===========
TOTAL EGRESOS 22 586 273,00
===========
2.2 El detalle de los pliegos habilitados y de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 2.1 del presente artículo, se encuentra en el Anexo II “Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor de diversos Gobiernos Regionales”, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual se publica en las sedes digitales del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu) y del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano.
Artículo 3. Procedimiento para la aprobación institucional
3.1 El Titular del Pliego habilitador en la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 1.1 del artículo 1, así como los Titulares de los Pliegos habilitados en la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 2.1 del artículo 2, aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en los citados artículos del presente Decreto Supremo, a nivel programático, hasta el 31 de diciembre de 2025. Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco (5) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
3.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los Pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
3.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruyen a sus unidades ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas de Modificación Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 4. Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el artículo 2 del presente Decreto Supremo, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
2473125-2
2473125-3
Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 a favor de la Reserva de Contingencia
DECRETO SUPREMO
N° 334-2025-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 2025, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, lo que comprende los recursos que se autoricen mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional mediante una norma con rango de ley y los recursos que se asignen o transfieran para el financiamiento de los fines de los Fondos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, a favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; las que se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Asimismo, para dicho fin, se exceptúa a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales de lo establecido en el literal b) del artículo 33 de la Ley N° 32185;
Que, el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440 establece que las Leyes de Presupuesto del Sector Público consideran una Reserva de Contingencia que constituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, destinada a financiar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos;
Que, diversos pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales informan al Ministerio de Economía y Finanzas sobre los saldos de libre disponibilidad al cierre del Año Fiscal 2025, en el marco de la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32185, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios;
Que, en tal sentido, corresponde autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, con cargo a los recursos del presupuesto institucional de diversos pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, hasta por la suma de S/ 650 870 647,00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, en el marco de lo establecido en la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32185;
De conformidad con lo establecido en la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; y, en el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
DECRETA:
Artículo 1. Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia
1.1 Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 650 870 647,00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los recursos del presupuesto institucional de diversos pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, en el marco de la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, de acuerdo con el siguiente detalle:
DE LA: En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGOS : Gobierno Nacional
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105 123 734,00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 578 490,00
2.3 Bienes y Servicios 164 832 810,00
2.4 Donaciones y Transferencias 13 073 212,00
2.5 Otros Gastos 130 971 695,00
GASTO DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias 9 473 992,00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 174 312 974,00
============
SUBTOTAL GOBIERNO NACIONAL 598 366 907,00
============
SECCIÓN SEGUNDA : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS : Gobiernos Regionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11 606 102,00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 400 000,00
2.3 Bienes y Servicios 8 575 971,00
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25 497 814,00
===========
SUBTOTAL GOBIERNOS REGIONALES 46 079 887,00
===========
SECCIÓN SEGUNDA : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS : Gobiernos Locales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4 313 797,00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 13 120,00
2.3 Bienes y Servicios 173 989,00
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1 922 947,00
============
SUBTOTAL GOBIERNOS LOCALES 6 423 853,00
============
TOTAL EGRESOS 650 870 647,00
============
A LA En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : M. de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORÍA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no
PRESUPUESTARIA resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del proceso presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 439 662 920,00
GASTO DE CAPITAL
2.0 Reserva de Contingencia 211 207 727,00
============
TOTAL EGRESOS 650 870 647,00
============
1.2 El detalle de los pliegos y los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 1.1 del presente artículo, se encuentra en el Anexo “Transferencia de Partidas de diversos pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales a favor de la Reserva de Contingencia - Recursos Ordinarios” que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual se publica en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano.
Artículo 2. Procedimiento para la aprobación institucional
2.1 Los Titulares de los pliegos habilitadores en la Transferencia de Partidas autorizada en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, aprueban mediante resolución la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1, a nivel programático, hasta el 31 de diciembre de 2025. Copia de la resolución se remite dentro de los cinco (5) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
2.2. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
2.3. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas de Modificación Presupuestaria” que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo. Para el caso de los gobiernos locales, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en dichos pliegos, elabora las correspondientes “Notas de Modificación Presupuestaria” que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
2473125-3
2473125-4
Decreto Supremo que autoriza Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 a favor de la Reserva de Contingencia, de diversos gobiernos regionales y de un gobierno local
Decreto Supremo
N° 335-2025 -EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dispone que, para efecto de las acciones orientadas al cierre del Presupuesto del Sector Público, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General de Presupuesto Público, se aprueban las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional necesarias, durante el mes de diciembre, con cargo a los saldos disponibles según proyección al cierre del Año Fiscal 2025, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por un monto no mayor al equivalente al uno por ciento (1%) de la citada fuente y utilizando, de ser necesario, el procedimiento establecido en el artículo 54 del citado Decreto Legislativo;
Que, el artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1440, establece que las transferencias o habilitaciones que se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se autorizan mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, en el marco de las acciones orientadas al cierre del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, diversos gobiernos regionales informan que cuentan con saldos disponibles según la proyección de gastos efectuada al cierre del Año Fiscal 2025, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, los cuales ponen a disposición de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas; asimismo, diversos gobiernos regionales y un gobierno local solicitan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, destinada a financiar el pago de la planilla continua de personal activo, Contratos Administrativos de Servicios (CAS), pensionistas, bienes y servicios, y la continuidad de la ejecución de dieciséis (16) inversiones que requieren mayor asignación de recursos; adjuntando para dicho efecto los Informes de las Oficinas de Presupuesto o la que haga sus veces, en los gobiernos regionales y en el gobierno local, respectivamente, con los sustentos correspondientes;
Que, mediante los Memorandos N° 0642-2025-EF/63.04, N° 0653-2025-EF/63.04 y N° 0654-2025-EF/63.04, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas emite opinión técnica respecto a diversas inversiones, indicando el estado situacional de acuerdo con los registros efectuados en el aplicativo informático del Banco de Inversiones por las entidades responsables;
Que, mediante los Memorandos N° 4986-2025-EF/53.06 y N° 5060-2025-EF/53.06, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la información registrada en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), informa el costo anualizado y proyectado del personal activo, Contratos Administrativos de Servicios (CAS) y pensionistas de diversos gobiernos regionales;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 164 056 785,00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los recursos de diversos gobiernos regionales; y autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 103 760 301,00 (CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de diversos gobiernos regionales y de un gobierno local, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, para los fines señalados en los considerandos precedentes, en el marco de lo establecido en el numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 36.5 del artículo 36 y el artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
DECRETA:
Artículo 1.- Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia
1.1 Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 164 056 785,00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los saldos disponibles según proyección de gastos al cierre del Año Fiscal 2025 en el presupuesto institucional de diversos gobiernos regionales, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el marco de lo establecido en el numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, de acuerdo con siguiente detalle:
DE LA: En Soles
SECCIÓN SEGUNDA : Instancias Descentralizadas
PLIEGO : Gobiernos Regionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE 44 982 894,00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19 897 755,00
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 909 113,00
2.3 Bienes y Servicios 22 963 425,00
2.5 Otros Gastos 1 212 601,00
GASTO CAPITAL 119 073 891,00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 119 073 891,00
============
TOTAL EGRESOS 164 056 785,00
============
A LA: En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : M. de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002 : Asignaciones Presupuestarias que No
Resultan en Productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE 44 982 894,00
2.0 Reserva de Contingencia 44 982 894,00
GASTO CAPITAL 119 073 891,00
2.0 Reserva de Contingencia 119 073 891,00
============
TOTAL EGRESOS 164 056 785,00
============
1.2 El detalle de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 1.1 del presente artículo, se detallan en el Anexo I “Transferencia de Partidas de diversos gobiernos regionales a favor de la Reserva de Contingencia” y en el Anexo I-A “Detalle de Inversiones de la Genérica de Gasto 2.6 correspondientes a la Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia”, que forman parte integrante del presente Decreto Supremo, los cuales se publican en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2.- Transferencia de Partidas a favor de diversos gobiernos regionales y un gobierno local
2.1 Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 103 760 301,00 (CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de diversos gobiernos regionales y de un gobierno local, para financiar el pago de la planilla del personal activo, Contratos Administrativos de Servicios (CAS), pensiones, bienes y servicios; y la continuidad de dieciséis (16) inversiones, correspondiente al mes de diciembre, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de lo establecido en el numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, de acuerdo con el siguiente detalle:
DE LA: En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : M. de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE 47 856 963,00
2.0 Reserva de Contingencia 47 856 963,00
GASTO CAPITAL 55 903 338,00
2.0 Reserva de Contingencia 55 903 338,00
============
TOTAL EGRESOS 103 760 301,00
============
A LA: En Soles
SECCIÓN SEGUNDA : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS : Gobiernos Regionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE 47 856 963,00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26 493 401,00
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 8 266 082,00
2.3 Bienes y Servicios 13 097 480,00
GASTO CAPITAL 33 803 338,00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 33 803 338,00
--------------------
81 660 301,00
PLIEGO : Gobierno Local
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL 22 100 000,00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 22 100 000,00
--------------------
22 100 000,00
============
TOTAL EGRESOS 103 760 301,00
============
2.2 El detalle de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 2.1 del presente artículo se encuentran en el Anexo II “Transferencia de Partidas a favor de diversos gobiernos regionales”, en el Anexo II-A “Detalle de Inversiones de la Genérica de Gasto 2.6 correspondientes a la Transferencia de Partidas” y en el Anexo III “Transferencia de Partidas a favor de un gobierno local”, que forman parte integrante del presente Decreto Supremo, los cuales se publican en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Procedimiento para la aprobación institucional
3.1 Los Titulares de los pliegos habilitadores en la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 1.1 del artículo 1, así como los Titulares de los pliegos habilitados en la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 2.1 del artículo 2, aprueban mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en los citados artículos del presente decreto supremo, a nivel programático, hasta el 31 de diciembre de 2025. Copia de la resolución se remite dentro de los cinco (5) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
3.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicitan a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
3.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas para la Modificación Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo. Para el caso del gobierno local, la Oficina de Presupuesto o la que haga de sus veces en dicho pliego, elabora las correspondientes “Notas de Modificación Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 4.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de las Transferencias de Partidas a que hace referencia el artículo 2 del presente Decreto Supremo, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
2473125-4
2473125-5
Decreto Supremo que autoriza Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 a favor de la Reserva de Contingencia y de diversos gobiernos locales
Decreto Supremo
N° 336-2025-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 2025, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, lo que comprende los recursos que se autoricen mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional mediante una norma con rango de ley y los recursos que se asignen o transfieran para el financiamiento de los fines de los Fondos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, a favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; las que se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Para tal fin, se exceptúa a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales de lo establecido en el literal b) del artículo 33 de la Ley N° 32185;
Que, el literal a) del numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley N° 32185, autoriza, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2025, al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar los gastos asociados a la reactivación de la economía a través de la ejecución de la inversión, incluyendo proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, considerados en el artículo 2 de la Ley Nº 32103 en ejecución, e intervenciones de mantenimiento. Asimismo, el numeral 17.2 del citado artículo dispone que las referidas modificaciones presupuestarias se aprueban utilizando solo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 1440, debiendo contar, además, con el refrendo del ministro del sector correspondiente en el caso de las entidades del Gobierno Nacional, a propuesta del Titular de la entidad solicitante;
Que, los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo N° 1440 establecen que las Leyes de Presupuesto del Sector Público consideran una Reserva de Contingencia que constituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo que las transferencias o habilitaciones que se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se autorizan mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, mediante el Oficio N° 02855-2025-MINEDU/SG, el Ministerio de Educación solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32185. Asimismo, solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor de seis (6) gobiernos locales, para financiar los gastos asociados a la reactivación de la economía a través de la continuidad de seis (6) proyectos de inversión en infraestructura educativa con Código Único de Inversiones (CUI) Nº 2355273, CUI Nº 2321804, CUI Nº 2522406, CUI Nº 2472616, CUI Nº 2412506 y CUI Nº 2300256, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del numeral 17.1 y en el numeral 17.2 del artículo 17 de la Ley N° 32185. Para tal fin, adjunta el Informe N° 02210-2025-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educación. Adicionalmente, mediante el Oficio N° 03153-2025-MINEDU/SPE-OPEP, la citada Oficina remite el Informe N° 02453-2025-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, con información complementaria;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación, hasta por la suma de S/ 19 223 330,00 (DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES), a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, corresponde autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma de S/ 19 223 330,00 (DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES), a favor de diversos gobiernos locales, para los fines señalados en los considerandos precedentes;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 17.1 y en el numeral 17.2 del artículo 17, y en la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; y, en los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
DECRETA:
Artículo 1.- Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia
Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 19 223 330,00 (DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES), a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación, en el marco de la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, de acuerdo con el siguiente detalle:
DE LA: En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 010 : M. de Educación
UNIDAD EJECUTORA 108 : Programa Nacional de Infraestructura Educativa
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 0090 : Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros 13 680 701,00
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 0068 : Reducción de Vulnerabilidad y
Atención de Emergencias por
Desastres
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros 55 777,00
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 0106 : Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes
con Discapacidad en la Educación
Básica y Técnico Productiva
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros 318 458,00
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que No
Resultan en Productos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros 5 168 394,00
===========
TOTAL EGRESOS 19 223 330,00
===========
A LA: En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : M. de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
2.0 Reserva de Contingencia 19 223 330,00
===========
TOTAL EGRESOS 19 223 330,00
===========
1.2 El detalle de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 1.1 del presente artículo se detalla en el Anexo I “Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia” que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual se publica en las sedes digitales del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano.
Artículo 2.- Transferencia de Partidas a favor de diversos gobiernos locales
2.1 Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 19 223 330,00 (DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de seis (6) gobiernos locales, para financiar la continuidad de seis (6) proyectos de inversión en infraestructura educativa con CUI Nº 2355273, CUI Nº 2321804, CUI Nº 2522406, CUI Nº 2472616, CUI Nº 2412506 y CUI Nº 2300256, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del literal a) del numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, de acuerdo con el siguiente detalle:
DE LA: En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : M. de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que No
Resultan en Productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
2.0 Reserva de Contingencia 19 223 330,00
===========
TOTAL EGRESOS 19 223 330,00
===========
A LA: En Soles
SECCION SEGUNDA : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS : Gobiernos Locales
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 0090 : Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 19 223 330,00
===========
TOTAL EGRESOS 19 223 330,00
===========
2.2 El detalle de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 2.1 del presente artículo se detalla en el Anexo II “Transferencia de Partidas a favor de diversos gobiernos locales, para financiar la continuidad seis (6) proyectos de inversión en infraestructura educativa”, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual se publica en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano.
Artículo 3.- Procedimiento para la Aprobación Institucional
3.1 El Titular del pliego habilitador en la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 1.1 del artículo 1 y el Titular de los pliegos habilitados en la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 2.1 del artículo 2 aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en los citados artículos del presente Decreto Supremo, a nivel programático, dentro de los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco (5) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
3.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
3.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados elabora las correspondientes “Notas de Modificación Presupuestaria” que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 4.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el artículo 2 del presente Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y por el Ministro de Educación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
JORGE EDUARDO FIGUEROA GUZMÁN
Ministro de Educación
2473125-5
2473125-6
Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 a favor del Gobierno Regional de Ica
Decreto Supremo
N° 337-2025-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el literal a) del numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, autoriza, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2025, al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, a favor de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar, los gastos asociados a la reactivación de la economía a través de la ejecución de la inversión, incluyendo proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, considerados en el artículo 2 de la Ley N° 32103 en ejecución, e intervenciones de mantenimiento;
Que, asimismo, el numeral 17.2 del artículo 17 de la Ley N° 32185, establece que las referidas modificaciones presupuestarias se aprueban utilizando solo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1440, debiendo contar con el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros, en el caso de los gobiernos regionales, a propuesta del Titular de la entidad solicitante;
Que, los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo N° 1440, establecen que las Leyes de Presupuesto del Sector Público consideran una Reserva de Contingencia que constituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, disponiendo que las transferencias o habilitaciones que se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se autorizan mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, mediante el Oficio N° 587-2025-GORE.ICA/GR-GGR-ORAJ-GRPPAT-SPRE, el Gobierno Regional de Ica solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 14 827 987,00 (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar los gastos asociados a la reactivación de la economía a través de la continuidad de la ejecución del proyecto de inversión “Control de Desbordes e Inundaciones en el Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla”, con Código Único de Inversiones (CUI) N° 2228738, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley N° 32185; adjuntando, para dicho efecto, el Informe N° 330-2025-GORE.ICA-GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del citado Gobierno Regional, con el sustento correspondiente; y, el Oficio N° 0949-2025-EF/63.04, que adjunta el Informe N° 0890-2025-EF/63.04 de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, con la opinión técnica favorable sobre el citado proyecto de inversión;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 14 827 987,00 (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del Gobierno Regional de Ica, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, para los fines señalados en los considerandos precedentes;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 17.1 y en el numeral 17.2 del artículo 17 de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; y, en los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 14 827 987,00 (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del Gobierno Regional de Ica, para financiar los gastos asociados a la reactivación de la economía a través de la ejecución del proyecto de inversión “Control de Desbordes e Inundaciones en el Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla” con Código Único de Inversiones (CUI) N° 2228738, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 17.1 y en el numeral 17.2 del artículo 17 de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, de acuerdo con el siguiente detalle:
DE LA: En Soles
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : M. de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORÍA 9002 : Asignaciones presupuestarias
PRESUPUESTARIA que no resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso
Presupuestario del Sector
Público
FUENTE DE 1 : Recursos Ordinarios
FINANCIAMIENTO
GASTO DE CAPITAL
2.0 Reserva de Contingencia 14 827 987,00
===========
TOTAL EGRESOS 14 827 987,00
===========
A LA: En Soles
SECCIÓN SEGUNDA : Instancias Descentralizadas
PLIEGO 449 : Gobierno Regional del
Departamento de Ica
UNIDAD EJECUTORA 002 : Proyecto Especial Tambo
Ccaracocha
CATEGORÍA 0068 : Reducción de Vulnerabilidad y
PRESUPUESTARIA Atención de Emergencias por
Desastres
PROYECTO 2228738 : Control de Desbordes e
Inundaciones en el Río
Ica y Quebrada Cansas/
Chanchajalla
FUENTE DE 1 : Recursos Ordinarios
FINANCIAMIENTO
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros 14 827 987,00
===========
TOTAL EGRESOS 14 827 987,00
===========
Artículo 2.- Procedimiento para la aprobación institucional
2.1 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de Partidas aprueba, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, a nivel programático, dentro de los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la resolución se remite dentro de los cinco (5) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas de Modificación Presupuestaria” que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por la Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
ERNESTO JULIO ÁLVAREZ MIRANDA
Presidente del Consejo de Ministros
DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
2473125-6
2473126-1
AVISO 2473126_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2473126-1
2473127-10
Aceptan renuncia de Presidenta Ejecutiva del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes - OECE
Resolución Suprema
N° 052-2025-EF
Lima, 30 de diciembre de 2025
CONSIDERANDO:
Que, mediante el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la citada Ley establece que toda referencia, en las leyes y sus normas de desarrollo, al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE debe entenderse como Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE;
Que, mediante Resolución Suprema N° 012-2025-EF, se designa a la señora Mirtha Agustina Razuri Alpiste como Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE;
Que, la señora Mirtha Agustina Rázuri Alpiste ha presentado su renuncia al referido puesto, por lo que resulta pertinente aceptarla;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas; y, el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000090-2025-OECE-PRE;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Aceptar la renuncia formulada por la señora Mirtha Agustina Rázuri Alpiste como Presidenta Ejecutiva del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2. La presente Resolución Suprema es refrendada por la Ministra de Economía y Finanzas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
2473127-10
2473127-11
Designan Presidenta Ejecutiva del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes - OECE
Resolución Suprema
N° 053-2025-EF
l
Lima, 30 de diciembre de 2025
CONSIDERANDO:
Que, mediante el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, según el literal b) del numeral 12.1 del artículo 12 de la citada Ley, el OECE cuenta con un Presidente Ejecutivo, quien es la máxima autoridad ejecutiva, titular del Pliego y representante legal de la Entidad, y, según el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley N° 32069, su designación se realiza mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, se encuentra vacante el cargo de Presidente(a) Ejecutivo(a) del OECE;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas; y, el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000090-2025-OECE-PRE;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la señora Karla Romero Sánchez como Presidenta Ejecutiva del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por la Ministra de Economía y Finanzas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
2473127-11
2472954-1
Aprueban la contratación del servicio de Calificadora de Riesgo Soberano a ser suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y FITCH RATINGS, INC. y Autorizan al/a Jefe/a de la Oficina General de Administración para que suscriba el referido contrato
resolución ministerial
N° 616-2025-EF/43
Lima, 30 de diciembre del 2025
CONSIDERANDO:
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, establece que el Ministerio de Economía y Finanzas está autorizado a contratar, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas, los servicios de asesoría legal y financiera y otros servicios especializados, vinculados directa o indirectamente, para la realización de las operaciones a su cargo dispuestas bajo el ámbito del citado Decreto Legislativo;
Que, bajo dicho marco normativo, mediante Decreto Supremo N° 167-2021-EF, se aprueban los Procedimientos para la Contratación de Servicios de Asesoría Legal, Financiera y Otros Servicios Especializados, en el marco del Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, cuyo artículo 3 establece que la contratación de servicios especializados, vinculados indirectamente para la realización de las operaciones, son efectuadas por la Oficina General de Administración;
Que, asimismo, el literal a) del artículo 9 de los citados Procedimientos, señala que se consideran servicios especializados vinculados indirectamente con la realización de las operaciones, entre otros, a los servicios de clasificación de riesgo;
Que, en tal sentido, el numeral 10.2 del artículo 10 de los referidos Procedimientos dispone que cuando la Dirección General del Tesoro Público requiera contratar servicios prestados por proveedor único, la Oficina General de Administración procede a su contratación, previo cumplimiento del procedimiento señalado en dicho numeral;
Que, asimismo, el numeral 10.3 del aludido artículo 10, establece que, mediante resolución ministerial, a propuesta de la Oficina General de Administración, se aprueba la contratación correspondiente al numeral 10.2 y se autoriza al Director General de la Oficina General de Administración a suscribir el contrato en representación del MEF;
Que, el numeral 10.4 del artículo 10 de los aludidos Procedimientos, establece que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Oficina General de Administración, remite la información correspondiente a la contratación, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes de realizada la contratación correspondiente, bajo responsabilidad del titular del pliego, conforme a lo previsto en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público;
Que, en este marco, la Dirección General del Tesoro Público, mediante Memorando N° 0944-2025-EF/52.09, sustenta las razones que justifican la contratación como proveedor único de la empresa FITCH RATINGS, INC., para que brinde el servicio de clasificación de riesgo, considerado como un servicio especializado vinculado indirectamente con la realización de operaciones de endeudamiento y operaciones de administración de deuda;
Que, la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración con el Informe N° 1099-2025-EF/43.03, señala que se ha cumplido con lo señalado en el numeral 10.2 del artículo 10 de los Procedimientos aprobados por Decreto Supremo N° 167-2021-EF y alcanza el proyecto de contrato de prestación de servicios que cuenta con la conformidad de la Dirección General del Tesoro Público;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público; los Procedimientos para la Contratación de Servicios de Asesoría Legal, Financiera y Otros Servicios Especializados en el marco Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, aprobados por el Decreto Supremo N° 167-2021-EF; y, el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado con Resolución Ministerial N° 331-2023-EF/41;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la contratación del servicio de Calificadora de Riesgo Soberano a ser suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y FITCH RATINGS, INC.
Artículo 2.- Autorizar al/a Jefe/a de la Oficina General de Administración para que, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, suscriba el contrato referido en el artículo precedente.
Artículo 3.- Remitir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República, la información correspondiente a la contratación que se aprueba en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su realización.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial se publica en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DENISSE MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
2472954-1
2473003-1
AVISO 2473003_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2473003-1
2473122-1
Resolución Ministerial que autoriza a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente Sociedad Anónima a concertar una operación de endeudamiento interno sin la garantía del Gobierno Nacional
Resolución Ministerial
N° 619-2025-EF/52
Lima, 30 de diciembre del 2025
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 61.2 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, las Empresas Públicas No Financieras pueden concertar operaciones de endeudamiento sin la garantía del Gobierno Nacional, previa autorización mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente Sociedad Anónima (ELECTRO ORIENTE S.A.), mediante las Cartas N° G-0721-2025 y N° G-1352-2025, solicita autorización para concertar una operación de endeudamiento interno sin la garantía del Gobierno Nacional, hasta por la suma de S/ 171 119 868,00 (CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES), destinada al financiamiento de catorce (14) proyectos de inversión en infraestructura eléctrica;
Que, la indicada operación de endeudamiento interno sin la garantía del Gobierno Nacional cumple con los requisitos establecidos en el artículo 22 de la Directiva N° 001-2019-EF/52.04 “Directiva para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público, Contratación de Financiamientos Contingentes, y Otorgamiento o Contratación de Garantías en Asociaciones Público Privadas”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 015-2019-EF/52.01;
Que, sobre el particular, han opinado favorablemente la Dirección General del Tesoro Público y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 61.2 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público; y, en el artículo 22 de la Directiva N° 001-2019-EF/52.04 “Directiva para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público, Contratación de Financiamientos Contingentes, y Otorgamiento o Contratación de Garantías en Asociaciones Público Privadas”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 015-2019-EF/52.01;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Autorización para concertar una operación de endeudamiento interno sin garantía del Gobierno Nacional
Autorizar a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente Sociedad Anónima (ELECTRO ORIENTE S.A.) a concertar una operación de endeudamiento interno sin la garantía del Gobierno Nacional, hasta por la suma de S/ 171 119 868,00 (CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES), destinada al financiamiento de catorce (14) proyectos de inversión en infraestructura eléctrica.
Artículo 2. Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DENISSE MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
2473122-1
2473118-1
Aprueban la “Nota Técnica de Introducción a las Estructuras de Gestión de Proyectos”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0020-2025-EF/63.01
Lima, 30 de diciembre de 2025
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y sus modificatorias, se creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI) como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;
Que, conforme al párrafo 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) es el ente rector del SNPMGI y, en su calidad de más alta autoridad técnico-normativa, está facultado, entre otros, para aprobar metodologías generales, instrumentos metodológicos de alcance general y desarrollar estándares de dirección de proyectos, así como brindar acompañamiento especializado en dicha materia como Centro de Excelencia;
Que, según el numeral 1 del párrafo 8.2 del artículo 8 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, la DGPMI tiene por función, entre otras, aprobar directivas, procedimientos, lineamientos, instrumentos metodológicos de alcance general y demás normas complementarias del SNPMGI, necesarias para su funcionamiento y la aplicación de las fases del Ciclo de Inversión;
Que, conforme al artículo 6 Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica, se crean las instancias para la aplicación de los estándares de dirección de proyectos denominadas Estructuras de Gestión de Proyectos (EGP), las cuales reciben acompañamiento especializado de la DGPMI, en el marco del SNPMGI;
Que, de acuerdo con el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024-2030, actualizado mediante el Decreto Supremo N° 203-2024-EF, en el Objetivo Prioritario N° 1 “Dotar al país de infraestructura económica y social de calidad”, se establece la medida de política 1.2: Oficinas de gestión de proyectos (PMO) para dotar de mayor dinamismo y eficiencia a la ejecución de las inversiones públicas; en ese contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de su ejecución, correspondiendo a la DGPMI, en su calidad de Centro de Excelencia, impulsar la implementación de Estructuras de Gestión de Proyectos (EGP) en los tres niveles de gobierno, constituyendo PMO adaptadas al SNPMGI y encargadas de aplicar buenas prácticas de dirección de proyectos;
Que, los Lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública (LPNIP), aprobados mediante el Decreto Supremo N° 020-2025-EF, identifican problemas como la débil articulación de inversiones con el planeamiento estratégico, desvinculación de la programación multianual respecto a la priorización presupuestaria, baja calidad en la formulación y evaluación de proyectos, débil sistema de control de calidad, limitadas capacidades institucionales y alta rotación de operadores, así como desafíos para mejorar la gestión en la ejecución de las inversiones, para lo cual se plantea fortalecer las entidades públicas mediante la adopción de buenas prácticas de gestión de proyectos con enfoque PMO;
Que, en tal sentido, siendo necesario desarrollar herramientas vinculadas a la dirección de proyectos, se ha elaborado la Nota Técnica de Introducción a las Estructuras de Gestión de Proyectos que, constituye un instrumento introductorio de alcance general que orienta a las entidades de los tres niveles de gobierno en la adopción progresiva de EGP adaptadas al SNPMGI, incorporando estándares internacionales de dirección de proyectos y buenas prácticas nacionales;
Que, bajo dicho contexto, resulta necesario aprobar la “Nota Técnica de Introducción a las Estructuras de Gestión de Proyectos” con la finalidad de que las entidades públicas sujetas al SNPMGI conozcan sobre los principios básicos y los estándares en dirección de proyectos, así como sobre la relevancia de implementar una EGP, de tal forma que se contribuya a la mejora de la gestión de la inversión pública;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y sus modificatorias; el Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, y sus modificatorias; el Decreto Legislativo Nº 1553,Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica y su modificatoria; y los literales c) y d) del artículo 208 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por Resolución Ministerial Nº 331-2023-EF/41.
SE RESUELVE:
Artículo 1. Objeto
Aprobar la “Nota Técnica de Introducción a las Estructuras de Gestión de Proyectos” que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.
Artículo 2. Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral y de su Anexo, en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de la publicación de la presente Resolución Directoral en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DAVID GUILLERMO MIRANDA HERRERA
Director General
Dirección General de Programación Multianual
de Inversiones
2473118-1
EDUCACIÓN
2473126-4
Decreto Supremo que declara de interés nacional la realización del evento deportivo internacional “LATIN AMERICA AMATEUR CHAMPIONSHIP”
DECRETO SUPREMO
N° 021-2025-MINEDU
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2 de la Ley N° 28036, Ley de promoción y desarrollo del deporte, define al deporte como una actividad física que se promueve como un factor importante para la recreación, la mejora de la salud, la renovación y desarrollo de las potencialidades físicas, mentales y espirituales del ser humano, mediante la participación y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas y recreativas;
Que, el artículo 7 de la Ley N° 28036, señala que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) constituye un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. Constituye un pliego presupuestal. El Instituto Peruano del Deporte (IPD), en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), formula, imparte e implementa la política del deporte en general y, por ende, de cada uno de sus componentes. Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa y fiscaliza en el ámbito nacional el desarrollo del deporte, la actividad física y la recreación en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías, y ejerce la rectoría del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN);
Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-2022-MINEDU, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física (PARDEF). Dicha Política Nacional, establece como cuarto objetivo prioritario “Incrementar el desempeño exitoso del deportista de alta competencia en torneos internacionales”. Asimismo, la PARDEF contempla el despliegue de aprendizajes relacionados con la actividad física, recreación, deporte y educación física, orientados a desarrollar en la población hábitos para una vida activa y saludable, y en los deportistas federados y de alta competencia logros deportivos internacionales;
Que, el artículo 1 de la Ley N° 31816, Ley de facilitación aduanera para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional, señala que ésta tiene por objeto coadyuvar a la reactivación del turismo de negocios, reuniones y eventos, restableciendo el marco legal para la facilitación de trámites aduaneros y el ingreso de participantes, entre otros, para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional por el Poder Ejecutivo; asimismo, según el literal d) del artículo 2 de la Ley N° 31816, se considera como evento a la asamblea, foro, congreso, cumbre, competencia deportiva o cualquier actividad programada de relevancia internacional que hayan sido declarados de interés nacional por el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Que, mediante el Oficio FPG-2025-460/PRESID, la Federación Deportiva Nacional Peruana de Golf, en su condición de organismo rector en la disciplina de golf, es responsable de la organización y realización del “LATIN AMERICA AMATEUR CHAMPIONSHIP”, por lo que solicita se gestione la Declaración de Interés Nacional del referido evento deportivo internacional, programado para desarrollarse en el Lima Golf Club, en la ciudad de Lima de la República del Perú, entre el 12 y 18 de enero de 2026; evento conjuntamente organizado y promovido por The Royal & Ancient Golf Club, con sede en Escocia, la Asociación de Golf de los Estados Unidos de América (USGA, por sus siglas en inglés) y The Augusta National Golf Club (Augusta National) de los Estados Unidos de América;
Que, el “LATIN AMERICA AMATEUR CHAMPIONSHIP” constituye un evento deportivo internacional de golf amateur, en el cual participarán los mejores golfistas aficionados de Latinoamérica, quienes competirán, entre otros, por el incentivo adicional de una invitación a tres de los cuatro torneos más prestigiosos de la temporada: el Masters Tournament, el U.S. Open en los Estados Unidos de América, así como el Open Championship en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;
Que, por su trascendencia a nivel deportivo, el “LATIN AMERICA AMATEUR CHAMPIONSHIP” será difundido a nivel internacional conjuntamente con la imagen de nuestro país en el extranjero, constituyendo una plataforma de especial relevancia para incentivar el desarrollo del golf en la juventud y la población nacional y de esta forma posicionar a la ciudad de Lima de la República del Perú, como un punto de encuentro del golf amateur de alto nivel;
Que, con el Oficio N° 002330-2025-P/IPD; los Memorando N° 003220-2025-DINADAF/IPD y N° 002406-2025-OPP/IPD; así como, los Informes N° 000642-2025-DINADAF/IPD, N° 000190-2025-UPTO-OPP/IPD, N° 000838-2025-OAJ/IPD y N° 001028-2025-OAJ/IPD, el IPD sustenta y propone el Decreto Supremo que declara de interés nacional la realización del evento deportivo “LATIN AMERICA AMATEUR CHAMPIONSHIP”, a realizarse en la ciudad de Lima de la República del Perú, del 12 al 18 de enero de 2026;
Que, a través de los Informes N° 02224-2025-MINEDU/SPE-OPEP-UPP y N° 02550-2025-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación, emite opinión favorable a la propuesta de Decreto Supremo que declara de interés nacional la realización del referido evento deportivo;
Que, considerando lo expuesto, resulta necesario declarar de interés nacional la realización del evento deportivo “LATIN AMERICA AMATEUR CHAMPIONSHIP”, a llevarse a cabo en la ciudad de Lima de la República del Perú, del 12 al 18 de enero de 2026;
Que, en virtud del literal a) del numeral 41.1 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por el Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, el presente Decreto Supremo se encuentra excluido del alcance del AIR Ex Ante por la materia que comprende, al tratarse de una declaratoria de interés nacional la realización del referido evento deportivo, el cual no genera efectos a terceros;
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28036, Ley de promoción y desarrollo del deporte; la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación; y la Ley N° 31816, Ley de facilitación aduanera para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto y finalidad
El presente Decreto Supremo tiene por objeto declarar de interés nacional la realización del evento deportivo “LATIN AMERICA AMATEUR CHAMPIONSHIP”, a llevarse a cabo en la ciudad de Lima de la República del Perú, del 12 al 18 de enero de 2026. Asimismo, tiene como finalidad constituir una plataforma de especial relevancia para incentivar y promover el desarrollo del golf en la juventud y la población nacional, dada su trascendencia deportiva a nivel internacional.
Artículo 2.- Responsable del evento deportivo
La Federación Deportiva Nacional Peruana de Golf es la responsable de la organización y realización del evento deportivo internacional “LATIN AMERICA AMATEUR CHAMPIONSHIP”.
Artículo 3.- Participación de Entidades
Todos los organismos públicos de los diversos sectores y niveles de gobierno cuyo ejercicio de competencias incida en la organización y realización del evento deportivo internacional “LATIN AMERICA AMATEUR CHAMPIONSHIP”, a llevarse a cabo en la ciudad de Lima de la República del Perú, del 12 al 18 de enero de 2026, participan de manera conjunta, coordinada, oportuna y con respeto de la diversidad cultural y lingüística del país.
Artículo 4.- Facilitación aduanera y de ingreso de participantes y bienes
El Estado facilita los trámites aduaneros y el ingreso de participantes y bienes para la realización del evento declarado de interés nacional en el artículo 1 de la presente norma, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 31816, Ley de facilitación aduanera para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional.
Artículo 5.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en la presente norma, se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 6.- Publicación
Se dispone la publicación del presente Decreto Supremo en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), así como en las sedes digitales del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu); y del Instituto Peruano del Deporte (www.gob.pe/ipd), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Educación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
JORGE EDUARDO FIGUEROA GUZMÁN
Ministro de Educación
2473126-4
2473018-1
Designan Asesor Legal de la Dirección de Infraestructura Educativa del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 00115-2025-PEIP-EB
Lima, 29 de diciembre de 2025
VISTOS:
i) El Informe Nº 02700-2025-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE, de la Dirección de Infraestructura Educativa; ii) el Informe N° 00521-2025-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH, de la Unidad de Recursos Humanos; iii) el Informe N° 00261-2025-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU, modificado por el Decreto Supremo N° 013-2025-MINEDU, se crea el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, en adelante PEIP Escuelas Bicentenario, con el objeto de ejecutar una cartera de inversiones constituida por noventa y dos (92) proyectos de inversión de las Instituciones Educativas ubicadas en diecisiete (17) departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, cuya vigencia ha sido ampliada inicialmente hasta el 23 de enero de 2026, a través del Decreto Supremo N° 005-2024-MINEDU, y posteriormente, hasta el 31 de marzo de 2028 en virtud de lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32272, Ley que modifica el Decreto de Urgencia 0021-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de Educación Básica de gestión privada y para el fortalecimiento de la educación básica brindada por instituciones educativas privadas y dicta otras disposiciones;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 338-2020-MINEDU, se aprueba el Manual de Operaciones del PEIP Escuelas Bicentenario (en adelante MOP del PEIP Escuelas Bicentenario), que establece que se trata de un Proyecto Especial que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa, en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020;
Que, de acuerdo con los artículos 7 y 8 del MOP del PEIP Escuelas Bicentenario, el Director Ejecutivo es la máxima autoridad administrativa del PEIP Escuelas Bicentenario, responsable de la dirección y administración general, quien ejerce funciones ejecutivas, de administración y representación del PEIP Escuelas Bicentenario, encontrándose entre sus funciones la de designar y remover a los titulares de los órganos del PEIP Escuelas Bicentenario y puestos de confianza;
Que, a la fecha se encuentra vacante el puesto de Asesor Legal de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario; motivo por el cual, resulta necesario designar a la persona que ocupe el puesto antes referido;
Que, a través de los documentos de vistos, la Unidad de Recursos Humanos y la Oficina de Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus respectivas competencias, concluyen que resulta viable designar a la señora JUANA ROSA TERRAZOS POVES en el puesto de Asesor Legal de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario;
Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos;
De conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 021-2020, que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones; el Decreto Supremo Nº 119-2020-EF, Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020 y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU, que crea el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario y modificatoria; la Resolución Ministerial Nº 338-2020-MINEDU, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario; y, la Resolución Ministerial N° 521-2025-MINEDU, a través de la cual se designa al Director Ejecutivo del PEIP Escuelas Bicentenario;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Designar a la señora JUANA ROSA TERRAZOS POVES en el puesto de Asesor Legal de la Dirección de Infraestructura Educativa del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario.
Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Recursos Humanos del PEIP Escuelas Bicentenario, la notificación de la presente Resolución, a la señora JUANA ROSA TERRAZOS POVES.
Artículo 3°- Encargar a la Oficina de Tecnologías de Información la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia Estándar del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, el mismo día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALVARO GUILLERMO ESTRADA BRICEÑO
Director Ejecutivo
Proyecto Especial de Inversión Pública
Escuelas Bicentenario
2473018-1
ENERGÍA Y MINAS
2473126-7
Decreto Supremo que amplía el plazo de los Encargos Especiales otorgados mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, para los años 2026, 2027 y 2028
DECRETO SUPREMO
Nº 025-2025-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4 de la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, establece que el Ministerio de Energía y Minas ejerce competencias en materia de energía, que comprende electricidad e hidrocarburos, y de minería;
Que, el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, indica que el Ministerio de Energía y Minas ejerce la función rectora de dictar normas para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas, de acuerdo con la normativa vigente; asimismo, el artículo 9 de dicha ley dispone que el Ministerio de Energía y Minas cumple la función de aprobar las disposiciones normativas que le correspondan;
Que, mediante la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, se crea el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), como un sistema de compensación energética, que permita brindar seguridad al sistema, así como de un esquema de compensación social y mecanismos de acceso universal a la energía, el cual tiene como uno de sus fines, la compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables tanto urbanos como rurales;
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, dispone que, respecto a la compensación para promover el acceso al GLP, el FISE es aplicable exclusivamente a los balones de GLP de hasta 10 kg, con la finalidad de permitir el acceso a este combustible a los usuarios de los sectores vulnerables;
Que, de acuerdo con el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, las empresas concesionarias de distribución eléctrica del Estado efectúan las actividades operativas y administrativas, a través de sus sistemas comerciales, para asegurar el funcionamiento del sistema y efectuar las transferencias de acuerdo con el procedimiento que establezca el Reglamento de la referida Ley;
Que, mediante el artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM, se otorga un Encargo Especial a las empresas concesionarias de distribución eléctrica del Estado respecto de las actividades administrativas y operativas referidas en el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley N° 29852;
Que, los citados Encargos Especiales han sido ampliados de forma consecutiva hasta el 31 de diciembre de 2016, el 31 de diciembre de 2018, el 31 de diciembre de 2020, el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, por medio del Decreto Supremo N° 035-2014-EM, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM; del Decreto Supremo N° 033-2016-EM, que amplía el plazo de los encargos especiales otorgados mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM, Reglamento de la Ley N° 29852 que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético; del Decreto Supremo N° 036-2018-EM, que amplía el plazo de los encargos especiales otorgados mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético; del Decreto Supremo N° 035-2020-EM, que amplía el plazo de los encargos especiales otorgados mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético; y, del Decreto Supremo N° 019-2022-EM, que amplía el plazo del encargo especial otorgado mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, respectivamente;
Que, el numeral 20.1 del artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1693, Decreto Legislativo que ordena, sistematiza y optimiza la eficiencia de la actividad empresarial del Estado y fortalece la estructura y gestión del FONAFE, establece que las Empresas del Estado pueden recibir encargos especiales, mediante mandato expreso aprobado por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el ministro a cuyo sector pertenece dicho encargo;
Que, en ese sentido, a fin de garantizar la continuidad y ejecución de las actividades administrativas y operativas referidas en el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, resulta necesario ampliar el plazo de los Encargos Especiales otorgados a las empresas concesionarias de distribución eléctrica del Estado para el desarrollo del Programa de Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM, hasta el 31 de diciembre del año 2028;
Que, de conformidad con el literal a) del numeral 41.1 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, la presente norma se encuentra fuera del alcance del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante – AIR Ex Ante, al tratarse de una disposición normativa referida al otorgamiento de subsidios, subvenciones, bonos, donaciones, transferencias financieras y similares de parte del Estado, como es el caso de la entrega del subsidio económico a través del Vale de Descuento FISE a cargo de las empresas concesionarias de distribución eléctrica del Estado para el desarrollo del Programa de Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético; la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas; el Decreto Legislativo N° 1693, Decreto Legislativo que ordena, sistematiza y optimiza la eficiencia de la actividad empresarial del Estado y fortalece la estructura y gestión del FONAFE; el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas; el Decreto Supremo N° 021-2012-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético; y, el Decreto Supremo N° 292-2024-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1693, Decreto Legislativo que ordena, sistematiza y optimiza la eficiencia de la actividad empresarial del Estado y fortalece la estructura y gestión del FONAFE;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto ampliar el plazo de los Encargos Especiales otorgados a las empresas concesionarias de distribución de energía eléctrica del Estado al amparo del artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM.
Artículo 2.- Ampliación del plazo de los Encargos Especiales
Se amplía el plazo de los Encargos Especiales otorgados a las empresas concesionarias de distribución de energía eléctrica del Estado hasta el 31 de diciembre del año 2028.
Artículo 3.- De los Encargos Especiales
En el marco de los Encargos Especiales, las empresas concesionarias de distribución de energía eléctrica del Estado continúan efectuando las actividades operativas y administrativas para la operatividad del Programa de Compensación Social y Promoción para el acceso al GLP, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM.
Artículo 4.- De los recursos para la sostenibilidad financiera de los Encargos Especiales
La sostenibilidad financiera de los Encargos Especiales otorgados a las empresas concesionarias de distribución de energía eléctrica del Estado es cubierta por el Fondo de Inclusión Social Energético – FISE, conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM.
Artículo 5.- Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en las sedes digitales del Ministerio de Energía y Minas (www.gob.pe/minem) y del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Energía y Minas y la Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
LUIS ENRIQUE BRAVO DE LA CRUZ
Ministro de Energía y Minas
2473126-7
2469247-1
Otorgan concesión temporal para centrales de generación del proyecto “Central Eólica Quercus 300 MW” en el distrito de Olmos, provincia y departamento de Lambayeque
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 425-2025-MINEM/DM
Lima, 16 de diciembre de 2025
VISTOS: El Expediente Nº 27425525 que contiene la solicitud de otorgamiento de concesión temporal para centrales de generación del proyecto “Central Eólica Quercus 300 MW”, presentada por la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C.; el Informe Nº 905-2025-MINEM/DGE-DCE, de la Dirección General de Electricidad; el Informe Nº 1244-2025-MINEM/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 23 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, se puede otorgar concesiones temporales para la ejecución de estudios de factibilidad, cuyo otorgamiento permite utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener la imposición de servidumbre temporal, asumiendo el titular de la concesión, la obligación de realizar estudios de factibilidad relacionados con las actividades de generación y transmisión; específicamente, la de realizar estudios de centrales de generación, subestaciones o líneas de transmisión, cumpliendo un cronograma de estudios;
Que, el artículo 30 y siguientes del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, establecen los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de concesiones temporales; asimismo, el código CE02-1 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2014-EM, regula el procedimiento denominado: “Otorgamiento de concesión temporal para centrales de generación”;
Que, mediante documento ingresado con Registro Nº 4143243, de fecha 02 de octubre de 2025, la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C., presentó una solicitud de “Otorgamiento de concesión temporal para centrales de generación” del proyecto “Central Eólica Quercus 300 MW”, con una capacidad instalada estimada de 300 MW, señalando que los estudios de factibilidad se desarrollarán en el distrito de Olmos, provincia y departamento de Lambayeque, en la zona comprendida dentro las coordenadas UTM (WGS84) que figuran en el Expediente;
Que, de acuerdo con los Informes de Vistos, la Dirección General de Electricidad y la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus competencias, han verificado que la solicitud de la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C., cumple con los requisitos establecidos en el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, y el código CE02-1 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 038-2014-EM, por lo que concluyen que corresponde otorgar la concesión temporal para el proyecto “Central Eólica Quercus 300 MW”;
Con los vistos de la Dirección General de Electricidad, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Despacho Viceministerial de Electricidad;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM; el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM; y, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 038-2014-EM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a favor de la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C., la concesión temporal para centrales de generación del proyecto “Central Eólica Quercus 300 MW”, con una capacidad instalada estimada de 300 MW, ubicado en el distrito de Olmos, provincia y departamento de Lambayeque, por un plazo de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la publicación de la presente Resolución Ministerial, según lo establecido en el artículo 23 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.
Artículo 2.- Establecer como área de la concesión temporal otorgada, la zona delimitada por las siguientes coordenadas UTM (WGS84) - Zona 17S:
|
VÉRTICE
|
ESTE
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NORTE
|
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P1
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555366.9768
|
9305957.6811
|
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P2
|
555392.4781
|
9308119.0742
|
|
P3
|
557973.1795
|
9312254.4058
|
|
P4
|
565236.8550
|
9312246.8910
|
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P5
|
565939.4269
|
9311686.1773
|
|
P6
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566515.4108
|
9311685.1959
|
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P7
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566971.5086
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9311284.4183
|
|
P8
|
566441.6982
|
9311285.3210
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P9
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567420.0477
|
9310504.5126
|
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P10
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567425.8871
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9305913.5589
|
Artículo 3.- Disponer que la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C., realice los estudios de factibilidad, respetando las normas técnicas y de seguridad, preservando el medio ambiente y salvaguardando el Patrimonio Cultural de la Nación, y cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, la Resolución Directoral Nº 046-2010-EM/DGE, y las demás normas legales pertinentes.
Artículo 4.- Establecer que, si vencido el plazo mencionado en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C., no cumpliera con las obligaciones contraídas en su solicitud, respecto a la ejecución de estudios y el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de los Estudios de Factibilidad, el cual incluye la presentación de los estudios ejecutados con la correspondiente conformidad de la Dirección General de Electricidad, o no renovara oportunamente la garantía de fiel cumplimiento, la referida Dirección General ejecutará la garantía otorgada, según lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial por una (1) sola vez en el diario oficial El Peruano por cuenta de la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ENRIQUE BRAVO DE LA CRUZ
Ministro de Energía y Minas
2469247-1
2470013-1
Otorgan a la Empresa de Generación Eléctrica Quercus S.A.C. la concesión temporal de transmisión del proyecto “Línea de Transmisión 220 kV S.E. Quercus - S.E. La Niña”, ubicado en los distritos de Olmos y Sechura, provincias de Lambayeque y Sechura y departamentos de Lambayeque y Piura
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 428-2025-MINEM/DM
Lima, 17 de diciembre de 2025
VISTOS: El Expediente N° 24425625 que contiene la solicitud de otorgamiento de concesión temporal de transmisión del proyecto “Línea de Transmisión 220 kV S.E. Quercus - S.E. La Niña”, presentada por la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C.; el Informe N° 900-2025-MINEM/DGE-DCE, de la Dirección General de Electricidad; y, el Informe N° 1252-2025-MINEM/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 23 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, se puede otorgar concesiones temporales para la ejecución de estudios de factibilidad, cuyo otorgamiento permite utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener la imposición de servidumbre temporal, asumiendo el titular de la concesión, la obligación de realizar estudios de factibilidad relacionados con las actividades de generación y transmisión; específicamente, la de realizar estudios de centrales de generación, subestaciones o líneas de transmisión, cumpliendo un cronograma de estudios;
Que, el artículo 30 y siguientes del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM, establecen los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de concesiones temporales; asimismo, el código CE02-2 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2014-EM, regula el procedimiento denominado: “Otorgamiento de concesión temporal de transmisión”;
Que, mediante documento ingresado con Registro N° 4143262, de fecha 02 de octubre de 2025, la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C., presentó una solicitud de concesión temporal de transmisión del proyecto “Línea de Transmisión 220 kV S.E. Quercus - S.E. La Niña”, señalando que los estudios de factibilidad se desarrollarán en los distritos de Olmos y Sechura, provincias de Lambayeque y Sechura y departamentos de Lambayeque y Piura, en la zona comprendida dentro las coordenadas UTM (WGS84) que figuran en el Expediente;
Que, de acuerdo con los Informes de Vistos, la Dirección General de Electricidad y la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus competencias, han verificado que la solicitud de la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C., cumple con los requisitos establecidos en el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM, y el código CE02-2 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2014-EM, por lo que concluyen que corresponde otorgar la concesión temporal de transmisión del proyecto “Línea de Transmisión 220 kV S.E. Quercus - S.E. La Niña”;
Con los vistos de la Dirección General de Electricidad, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Despacho Viceministerial de Electricidad;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM; el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM; y, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2014-EM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a favor de la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C., la concesión temporal de transmisión del proyecto “Línea de Transmisión 220 kV S.E. Quercus - S.E. La Niña”, ubicado en los distritos de Olmos y Sechura, provincias de Lambayeque y Sechura y departamentos de Lambayeque y Piura, por un plazo de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la publicación de la presente Resolución Ministerial, según lo establecido en el artículo 23 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.
Artículo 2.- Establecer como área de la concesión temporal otorgada, la zona delimitada por las siguientes coordenadas UTM (WGS84) - Zona 17S:
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VÉRTICE
|
ESTE
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NORTE
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PORTICO SE QUERCUS
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559294.879
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9310364.081
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P1
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559294.880
|
9310409.080
|
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P2
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558896.000
|
9311516.250
|
|
P3
|
558971.280
|
9315755.710
|
|
P4
|
555293.230
|
9326154.650
|
|
P5
|
553132.810
|
9327097.440
|
|
P6
|
551734.510
|
9330879.450
|
|
P7
|
551231.700
|
9334357.040
|
|
P8
|
551980.920
|
9335293.450
|
|
P9
|
551478.700
|
9343248.140
|
|
P10
|
551372.220
|
9344501.740
|
|
P11
|
551639.660
|
9344951.890
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PORTICO SE LA NIÑA
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551833.802
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9344962.949
|
Artículo 3.- Disponer que la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C., realice los estudios de factibilidad, respetando las normas técnicas y de seguridad, preservando el medio ambiente y salvaguardando el Patrimonio Cultural de la Nación, y cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, la Resolución Directoral N° 046-2010-EM/DGE, y las demás normas legales pertinentes.
Artículo 4.- Establecer que, si vencido el plazo mencionado en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C., no cumpliera con las obligaciones contraídas en su solicitud, respecto a la ejecución de estudios y el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de los Estudios de Factibilidad, el cual incluye la presentación de los estudios ejecutados con la correspondiente conformidad de la Dirección General de Electricidad, o no renovara oportunamente la garantía de fiel cumplimiento, la referida Dirección General ejecutará la garantía otorgada, según lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial por una (1) sola vez en el diario oficial El Peruano por cuenta de la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA QUERCUS S.A.C., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ENRIQUE BRAVO DE LA CRUZ
Ministro de Energía y Minas
2470013-1
2472936-1
AVISO 2472936_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2472936-1
INTERIOR
2473126-2
Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2016-IN
DECRETO SUPREMO
N° 021-2025-IN
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo V del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, señala que es atribución del Estado, ejercida por la Policía Nacional del Perú que faculta el uso de la fuerza de manera legítima en el cumplimiento de sus competencias, funciones y atribuciones, para la conservación del orden interno y el orden público con la finalidad de garantizar el funcionamiento de los poderes del Estado dentro del orden constitucional, ejerciéndose con pleno respeto de los derechos fundamentales y en el marco de las normas sobre la materia;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, establece el marco legal que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú;
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2016-IN se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, el cual desarrolla y establece los procedimientos, las reglas y las normas para la aplicación del mencionado Decreto Legislativo, en el ejercicio de sus competencias, funciones y atribuciones establecidas por ley;
Que, el Decreto Legislativo N° 1186 ha sido modificado, entre otras, por la Ley N° 32291, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, para precisar el uso de armas letales y no letales e incorporar el uso de armas de fuego en caso de flagrante delito;
Que, la Única Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 32291, señala que el Poder Ejecutivo, con el refrendo del Ministerio del Interior, adecúa el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, aprobado por el Decreto Supremo 012-2016-IN, a las modificaciones dispuestas en la referida Ley N° 32291, en un plazo no mayor de sesenta días calendario contados a partir de su entrada en vigor;
Que, en virtud de la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32291, corresponde adecuar el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2016-IN;
Que, la presente norma se encuentra excluida del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante), al encontrarse comprendida dentro del supuesto previsto en el numeral 41.2 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley general de mejora de la calidad regulatoria, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 023-2025-PCM; conforme al pronunciamiento de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria de fecha 12 de diciembre de 2025;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; el Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú; el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú; y la Ley N° 32291, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, para precisar el uso de armas letales y no letales e incorporar el uso de armas de fuego en caso de flagrante delito;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar los artículos 6, 8 y 9 e incorporar el artículo 11-A al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 012-2016-IN.
Artículo 2.- Finalidad
Adecuar el actual Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2016-IN, a las últimas modificaciones efectuadas por la Ley Nº 32291, que han generado cambios en la normativa aplicable al uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú; fortaleciendo la institucionalidad policial y garantizando un marco normativo íntegro y alineado con el ordenamiento jurídico vigente, con un impacto significativo positivo en la Policía Nacional del Perú.
Artículo 3.- Modificación de los artículos 6, 8 y 9 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 012-2016-IN
Modificar los artículos 6, 8 y 9 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 012-2016-IN, en los siguientes términos:
“Artículo 6.- Consideraciones
Para la aplicación e interpretación de los principios de uso de la fuerza contenidos en el artículo 4 del Decreto Legislativo, deberá tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
6.1. Para el principio de legalidad:
a. La legalidad implica la sujeción de la fuerza pública al mandato de la ley. La atribución de emplear la fuerza contra las personas tiene límites, condiciones y protocolos, explícitos y previamente establecidos, para el ejercicio legítimo de este recurso.
b. El objetivo legal es la finalidad a la que se dirige el uso de la fuerza. El uso de la fuerza debe estar amparado en normas jurídicas constitucionales, legales, reglamentarias, administrativas o directivas, dentro de las facultades atribuidas a la Policía y de acuerdo con los fines para que les fueron conferidas.
c. Los medios de policía son las armas letales o no letales, los equipos, los accesorios y otros elementos de apoyo, autorizados o proporcionados por el Estado, que emplea el personal policial para enfrentar una amenaza o atentado contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas.
d. Los métodos constituyen la forma de actuación policial en el cumplimiento del deber, establecidos en los manuales de procedimientos operativos, directivas o protocolos, compatibles con la normatividad interna e internacional que obliga al Estado en materia de derechos humanos.
6.2. Para el principio de necesidad:
a. El nivel de cooperación, resistencia activa o pasiva, agresión o grado de oposición, que realiza un presunto infractor frente a una intervención de la autoridad policial, tomando en cuenta la peligrosidad de su accionar, los elementos que emplee, la intensidad de la agresión y las condiciones del entorno en que se desarrolla.
b. La condición del entorno es la situación específica relacionada al espacio geográfico, configuración urbana o rural y la situación social que rodea la intervención policial. Es un factor que puede incidir en el nivel de resistencia y el uso de la fuerza.
6.3. Para el principio de proporcionalidad:
a. En la aplicación del principio de proporcionalidad, el nivel de fuerza y los medios empleados para alcanzar el objetivo legal buscado deben ser concordantes y proporcionales a la resistencia ofrecida, la intensidad de la agresión o amenaza, la forma de proceder y el peligro que representa la persona a intervenir o la situación por controlar.
b. La proporcionalidad se establecerá entre los bienes jurídicos que se defiendan, los bienes jurídicos por afectar y los medios que se disponen para tal defensa, excluyéndose el criterio de igualdad de medios.”
“Artículo 8.- Niveles de resistencia
8.1 La aplicación de la fuerza en el control de presuntos infractores de la ley implica siempre oposición de parte de éstos, lo que se manifiesta en diferentes niveles de resistencia pasiva o activa.
8.2 El personal policial al intervenir a una o varias personas en el cumplimiento de sus funciones, deberá hacer un uso diferenciado y progresivo de la fuerza considerando los siguientes niveles de resistencia:
a. Resistencia pasiva:
1. Riesgo latente. Es la amenaza permanente no visible presente en toda intervención policial. Está relacionada con la condición y configuración geográfica, entorno social, económico y actividad delictiva permanente o eventual y que determina el nivel de respuesta policial.
2. Cooperador. Acata todas las indicaciones del efectivo policial sin resistencia manifiesta durante la intervención. Debe entenderse como el ciudadano, presunto infractor de la ley, que mantiene respeto hacia el acto de autoridad cumpliendo las indicaciones que el efectivo policial le da para garantizar el orden e incluso efectuar un arresto.
3. No cooperador. No acata las indicaciones. No reacciona ni agrede. Es la actuación del ciudadano, presunto infractor de la ley, que se evidencia en una desobediencia manifiesta hacia el acto de autoridad, sin llegar a la agresión física y que puede expresarse verbalmente.
b. Resistencia activa:
1. Resistencia física. Se opone a su reducción, inmovilización y/o conducción, llegando a un nivel de desafío físico. Es la conducta del ciudadano presunto infractor de la ley que se expresa en la oposición física, en la sujeción a elementos materiales que evitan su traslado o en el empleo de cualquier medio para impedir la acción policial de control físico.
2. Agresión no letal. Se agrede físicamente al personal policial o a personas involucradas en la intervención mediante el empleo de la fuerza corporal u objeto que atenta contra la integridad física, sin generar un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves.
3. Agresión letal. Acción que pone en peligro real e inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención; o, cuando la persona utilice en el mismo lugar de la intervención armas de fuego, armas letales inoperativas, armas falsas u otros elementos de evidente peligrosidad. Es la conducta del ciudadano presunto infractor de la ley que mediante cualquier acción pone en peligro real e inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención; o hace presumir al efectivo policial que su vida o la de otra persona se encuentran en grave riesgo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.4 del artículo 8 del Decreto Legislativo.”
“Artículo 9.- Niveles del uso de la fuerza
Los niveles de uso de la fuerza aplicados por el personal de la Policía Nacional del Perú deben ser proporcionales a los niveles de resistencia activa o pasiva del infractor o intervenido:
a. Niveles Preventivos:
1. Presencia policial. Entendida como demostración de autoridad del personal de la Policía Nacional del Perú uniformado, o debidamente identificado con dispositivos con la palabra policía, su placa insignia y carnet de identidad, debidamente equipado, en actitud de alerta y realizando un control visual, que previene y disuade la comisión de una infracción o un delito.
2. Verbalización. Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el uso de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos por las personas a intervenir, facilitando su control individual o grupal. La verbalización debe ser utilizada en todos los niveles de uso de la fuerza.
3. Control de Contacto. Es el uso de técnicas de comunicación, negociación y procedimientos destinados a guiar, contener la acción o actitud de la persona o grupos a ser intervenidos sin llegar al control físico.
b. Niveles reactivos
1. Control físico. Es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir a la persona intervenida, evitando en lo posible causar lesiones.
2. Tácticas defensivas no letales. Es el uso de medios no letales de la Policía Nacional del Perú para contrarrestar o superar el nivel de agresión o resistencia que atenten contra el orden público y la seguridad ciudadana.
3. Fuerza letal: Es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía Nacional del Perú contra quién realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas.”
Artículo 4.- Incorporación del artículo 11-A al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2016-IN.
Incorporar el artículo 11-A al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2016-IN, en los términos siguientes:
“Artículo 11-A.- Abatimiento en defensa propia en casos de flagrancia
11-A.1. En los casos de flagrancia, cuando se utilicen armas de fuego, armas letales inoperativas, armas falsas u otros elementos de evidente peligrosidad, que pongan o hagan presumir al efectivo policial que su vida o la de otra persona se encuentran en grave riesgo, este último puede abatir, a través de los medios de policía, al agresor en el lugar de los hechos, considerándose esta acción como defensa propia, referida en el literal a) del numeral 8.3. del artículo 8 del Decreto Legislativo y en el literal a) del numeral 11.1. del artículo 11 del presente Reglamento.
11-A.2. La actuación del personal de la Policía Nacional del Perú, en la situación señalada en el numeral precedente, debe observar lo prescrito en los artículos 4 y 6 y en el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo, y se realiza excepcionalmente, cuando sea estrictamente necesario y solo cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas.”
Artículo 5.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y conforme a las disposiciones legales vigentes.
Artículo 6.- Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe); y en la sede digital del Ministerio del Interior (www.gob.pe/mininter), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro del Interior.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
VICENTE TIBURCIO ORBEZO
Ministro del Interior
2473126-2
2472812-1
Designan Director General de la Dirección General de Inteligencia
Resolución Ministerial
N° 2411-2025-IN
Lima, 30 de diciembre de 2025
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a General de la Dirección General de Inteligencia del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior, por lo que resulta necesario designar a la persona que ejercerá dicho cargo;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Orden Interno, de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor ADOLFO GREGORIO VALVERDE ARCOS en el cargo de Director General de la Dirección General de Inteligencia del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE TIBURCIO ORBEZO
Ministro del Interior
2472812-1
2473044-1
AVISO 2473044_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2473044-1
2473051-1
AVISO 2473051_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2473051-1
2473061-1
AVISO 2473061_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2473061-1
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
2473125-7
Decreto Supremo que adecua las designaciones y encargaturas del Instituto Nacional Penitenciario
DECRETO SUPREMO
nº 027-2025-JUS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, establece que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad;
Que, el Decreto Supremo N° 009-2025-JUS tiene por objeto establecer excepcionalmente los requisitos mínimos ad hoc para la designación del jefe del Instituto Nacional Penitenciario; así como para la designación o encargatura de los puestos de director, subdirector de seguridad, jefe de división de seguridad, jefe de departamento de seguridad y/o jefe de sección de seguridad penitenciaria de establecimientos penitenciarios, en el marco de lo dispuesto por la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 006-2025;
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del citado Decreto Supremo dispone que vencido el plazo de vigencia del mismo, que ocurrirá el 31 de diciembre de 2025, las entidades deben adecuar las designaciones y encargaturas realizadas bajo su amparo a los regímenes y disposiciones previstas en el marco normativo vigente;
Que, el párrafo 2.3.7 del numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley Nº 32527, Ley que delega en el Poder Ejecutiva la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional, contempla la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) como ente rector del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social;
Que, en ese contexto y dado el incremento de la inseguridad ciudadana y criminalidad organizada asociada a incidentes que comprometen la seguridad en los establecimientos penitenciarios, la integridad y la vida de los internos, así como del personal penitenciario, resulta necesario establecer el plazo de adecuación de las designaciones y encargaturas a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 009-2025-JUS;
Que, la medida señalada en el considerando previo guarda relación con la declaración de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario, efectuada mediante Decreto Supremo Nº 014-2024-JUS, medida que fue adoptada ante la grave crisis que atraviesa el Sistema Penitenciario ocasionado principalmente por la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios y ante la situación de cosas inconstitucional declarada por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el Expediente Nº 05436-2014-PHC/TC; en cuyo marco es fundamental implementar medidas específicas que complementen las establecidas en la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria 2025-2026, aprobada a través de la Resolución Ministerial Nº 0057-2025-JUS;
Que, se cuenta con la opinión favorable de SERVIR, contenida en el Informe Técnico N° 00010-2025-SERVIR-GDGP, de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Plazo para la adecuación de las designaciones y encargaturas
Precísese que el plazo para la adecuación de las designaciones y encargaturas realizadas bajo el Decreto Supremo N° 009-2025-JUS, a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del citado decreto supremo, es de treinta (30) días calendario.
Transcurrido el plazo de adecuación, aquellas designaciones y encargaturas que no cumplan con la normativa vigente al momento del vencimiento de la vigencia del Decreto Supremo N° 009-2025-JUS se dan por concluidas.
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en la Plataforma Digital Única del Estado peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), en la sede digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus) y del Instituto Nacional Penitenciario (www.gob.pe/inpe), el mismo día de la publicación del presente Decreto Supremo en el diario oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
WALTER ELEODORO MARTÍNEZ LAURA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
2473125-7
2473127-12
Conceden la gracia presidencial de indulto común a liberado que concurre al Establecimiento de Medio Libre de Lambayeque
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 297-2025-JUS
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTO, el Informe del Expediente N° 00725-2024-PO-JUS/CGP, del 19 de diciembre de 2025, con recomendación favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales;
CONSIDERANDO:
Que, el señor RAMON RAMOS, DEIVIS BAVILON, es un liberado que concurre al Establecimiento de Medio Libre de Lambayeque;
Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú facultan al Presidente de la República a dictar resoluciones, conceder indultos, conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;
Que, el indulto común es la potestad que tiene el Presidente de la República para adoptar la renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado respecto de los condenados, implica el perdón de la pena impuesta por la autoridad judicial;
Que, toda solicitud de indulto común, al margen de su modalidad, conlleva la realización de un procedimiento especialísimo que no se guía por los criterios aplicables a un proceso judicial o a un procedimiento administrativo ordinario, en los que se exige el reconocimiento de un derecho;
Que, dicho procedimiento está a cargo de la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano colegiado multisectorial a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ciñe su actuación a las normas del orden constitucional y legal, analizando y calificando las solicitudes de gracias presidenciales en estricto cumplimiento de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia;
Que, en dicho contexto, el artículo 25 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0162-2010-JUS, prescribe que: “Se podrá recomendar el indulto común y conmutación común sólo en los casos en los que no existiera impedimento legal expreso”; es el caso que la solicitud planteada por el liberado RAMON RAMOS, DEIVIS BAVILON, no contiene impedimento legal expreso;
Que, asimismo, la referida solicitud contiene todos los documentos para tramitar la solicitud de indulto común, los mismos que han sido materia de análisis y revisión por parte de la Comisión de Gracias Presidenciales, de conformidad con lo acordado en la Sesión Ordinaria N° 94 de fecha 31 de enero de 2024, en la cual se determinó los documentos a solicitar con relación a los concurrentes a los Establecimientos de Medio Libre;
Que, el artículo 30 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, dispone que: “La Comisión procede al análisis y calificación de la solicitud de indulto común o conmutación común, teniendo los siguientes criterios: a) Forma, circunstancias, grado de participación y lesividad al bien jurídico protegido realizadas por el solicitante en el evento delictivo; b) Calificación jurídica que se hubiera hecho de tales circunstancias para la determinación de la pena; c) Pena impuesta, sus modificatorias y las circunstancias de su imposición; d) Tiempo de condena cumplida por el solicitante; e) La conducta observada por el solicitante durante su internamiento penitenciario; así como el esfuerzo demostrado por éste en participar en actividades que coadyuven a la reinserción social; y f) La situación personal, familiar y social del solicitante que emane de los informes emitidos por el Órgano Técnico de Tratamiento; así como el proyecto de vida indicado por el solicitante para su reinserción social, esta información podrá ser contrastada con la entrevista personal al interno solicitante”;
Que, el 3 de julio de 2024, la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales recibe la solicitud de indulto común de RAMON RAMOS, DEIVIS BAVILON, quien egresó del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo con fecha 3 de octubre de 2024 al haber obtenido beneficio penitenciario de liberación condicional, por lo que, se encuentra concurriendo al Establecimiento de Medio Libre de Lambayeque, desde el 21 de octubre de 2024 y, además, participa en el programa de tratamiento penitenciario, Programa de Intervención TMD (Talleres Multidisciplinarios) desde el 12 de noviembre de 2024;
Que, durante el trámite de la solicitud se han recabado diversos documentos emitidos por el referido establecimiento de medio libre que evidencian el tratamiento penitenciario extramuros recibido por el liberado y su conducta durante el periodo en el que se encuentra en libertad cumpliendo reglas de conducta impuestas por la autoridad judicial;
Que, el Certificado de Conducta, del 11 de diciembre de 2025, suscrito por el Lic. Abel Farro Esquén, jefe del Establecimiento de Medio Libre de Lambayeque, se desprende que el solicitante no registra falta disciplinaria, manifestando a la fecha buena conducta;
Que, la Evaluación Anual Sobre el Proceso de Reinserción Social del Liberado en Tratamiento, del 31 de octubre de 2025, suscrito por el Lic. Roberto Carlos Vílchez Uriarte, psicólogo del Establecimiento de Medio Libre de Lambayeque, la Abg. Nancy Margot Flores Santa Cruz, y la Mg. Tatiana N. Portillas Guerrero, especialista en Tratamiento Extramuros I del citado establecimiento de medio libre, concluye que el liberado se encuentra en un proceso de reinserción social favorable según la puntuación señalada (35 a 50);
Que, del Informe Psicológico N° 002-2025-INPE/Ps.RCVU, del 11 de diciembre de 2025, elaborado por el Lic. Roberto Carlos Vílchez Uriarte, psicólogo del Establecimiento de Medio Libre de Lambayeque, se desprende que, viene participando del Programa de Intervención TMD (Talleres Multidisciplinarios), desde el 12 de noviembre de 2024 (psicológico) hasta la actualidad, registrándose un control mensual consecutivo en las sesiones de talleres grupales, cumpliendo el liberado con los criterios de inclusión al programa, mostrándose colaborador y participativo en el desarrollo de las sesiones, reflejando iniciativa propia para fortalecer su plan de intervención, predisposición al cambio y al cumplimiento del mandato judicial, lo que evidencia una evolución progresiva en su proceso de readaptación con el medio social favorable;
Que, el Certificado de Antecedentes Judiciales a Nivel Nacional (Hoja Penal), del 5 de diciembre de 2025, suscrito por la Abg. Lucila Violeta Luna Quispe, directora de la Dirección de Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario y la Sra. María Antonieta Rivera Torres, gestor de Base de Datos de la citada dirección, señala el detalle de registro del ingreso al Establecimiento Penitenciario, la sentencia condenatoria, integración de sentencia y la libertad, relacionados al liberado;
Que, las entrevistas virtuales realizadas al liberado y a los profesionales del Establecimiento de Medio Libre de Lambayeque, el día 15 de diciembre de 2025, que forman parte del Acta de Entrevista de dicha fecha, permitieron corroborar la información proporcionada por el citado establecimiento de medio libre, respecto al proyecto de vida del liberado, su participación en el tratamiento penitenciario extramuros, su conducta durante el tiempo de libertad y su grado de resocialización, así como obtener mayores elementos de juicio para que la Comisión de Gracias Presidenciales emita su opinión;
Que, mediante Informe del Expediente N° 00725-2024-PO-JUS/CGP, la Comisión de Gracias Presidenciales considera que la documentación presentada por el solicitante y el Establecimiento de Medio Libre de Lambayeque, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 25 y 30 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS, y lo acordado por la citada comisión en Sesión Ordinaria N° 94 de fecha 31 de enero de 2024, por lo tanto, recomienda la concesión del indulto común al solicitante;
Que, en tal sentido, seguir cumpliendo la pena que se impuso al liberado, ha perdido todo sentido jurídico y sancionador; siendo necesario que el Estado renuncie al ejercicio de su poder punitivo, al advertir que el liberado no representaría un peligro para la sociedad, considerando objetivamente las condiciones favorables que demostrarían su reinserción social;
De conformidad con los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, el Decreto Supremo N° 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo N° 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales; y, la Resolución Ministerial N° 0162-2010-JUS, que aprueba el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conceder, la gracia presidencial de INDULTO COMÚN al liberado RAMON RAMOS, DEIVIS BAVILON, que concurre al Establecimiento de Medio Libre de Lambayeque.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
WALTER ELEODORO MARTÍNEZ LAURA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
2473127-12
2473127-13
Conceden la gracia presidencial de conmutación de la pena a interna sentenciada recluida en el Establecimiento Penitenciario de Sullana Mujeres
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 298-2025-JUS
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTO, el Informe del Expediente N° 00078-2025-PO-JUS/CGP, del 19 de diciembre de 2025, con recomendación favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales;
CONSIDERANDO:
Que, la señora REYES LOZADA, OLGA ROSA, es una interna recluida en el Establecimiento Penitenciario de Sullana Mujeres;
Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú facultan al Presidente de la República a dictar resoluciones, conceder indultos, conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;
Que, la conmutación de la pena es la potestad del Presidente de la República para reducir la pena privativa de libertad impuesta a un quantum menor;
Que, dicha gracia presidencial implica la renuncia parcial al ejercicio del poder punitivo del Estado respecto de los condenados, reduciendo prudencialmente la pena privativa de libertad impuesta en un proceso penal;
Que, dicho procedimiento está a cargo de la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano colegiado multisectorial a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ciñe su actuación a las normas del orden constitucional y legal, analizando y calificando las solicitudes de gracias presidenciales en estricto cumplimiento de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia;
Que, en dicho contexto, el artículo 25 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0162-2010-JUS, prescribe que: “Se podrá recomendar el indulto común y conmutación común sólo en los casos en los que no existiera impedimento legal expreso”; es el caso que la solicitud planteada por la interna REYES LOZADA, OLGA ROSA, no contiene impedimento legal expreso;
Que, asimismo, la referida solicitud contiene todos los documentos para tramitar la conmutación de la pena, los mismos que han sido materia de análisis y revisión por parte de la Comisión de Gracias Presidenciales, de conformidad con lo establecido por el artículo 26 de su norma reglamentaria;
Que, el artículo 30 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, dispone que: “La Comisión procede al análisis y calificación de la solicitud de indulto común o conmutación común, teniendo los siguientes criterios: a) Forma, circunstancias, grado de participación y lesividad al bien jurídico protegido realizadas por el solicitante en el evento delictivo; b) Calificación jurídica que se hubiera hecho de tales circunstancias para la determinación de la pena; c) Pena impuesta, sus modificatorias y las circunstancias de su imposición; d) Tiempo de condena cumplida por el solicitante; e) La conducta observada por el solicitante durante su internamiento penitenciario; así como el esfuerzo demostrado por éste en participar en actividades que coadyuven a la reinserción social; y f) La situación personal, familiar y social del solicitante que emane de los informes emitidos por el Órgano Técnico de Tratamiento; así como el proyecto de vida indicado por el solicitante para su reinserción social, esta información podrá ser contrastada con la entrevista personal al interno solicitante”;
Que, el 4 de marzo de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales recibe la solicitud de conmutación de la pena de la interna REYES LOZADA, OLGA ROSA, quien se encuentra privada de su libertad en el Establecimiento Penitenciario de Sullana Mujeres;
Que, durante el trámite de la solicitud se han recabado diversos documentos emitidos por el referido establecimiento penitenciario que evidencian el tratamiento penitenciario recibido por la interna y su conducta durante su internamiento;
Que, el Certificado de Conducta N° 559-2025, del 20 de junio de 2025, suscrito por la Ing. Milagros Sosa García, directora del Establecimiento Penitenciario de Sullana Mujeres, y el correo electrónico institucional, del 5 de diciembre de 2025, que adjunta el Certificado de Conducta N° 491-2025 del 4 diciembre 2025, suscrito por la citada profesional, señalan que la interna no registra sanción disciplinaria;
Que, la Constancia de Trabajo N° 002-2025, del 20 de junio de 2025, suscrito por la abog. Ruth Victoria Velasco Ato, responsable del área de trabajo del Establecimiento Penitenciario de Sullana Mujeres, se desprende que la solicitante participó en la actividad de manualidades, durante los meses de abril de 2023 a junio de 2025;
Que, la Constancia de Estudio N° 004-2025, del 30 de julio de 2025, suscrito por la Sra. Cinthia M. Árcela Távara, coordinadora del área de educación del Establecimiento Penitenciario de Sullana Mujeres, se desprende que la solicitante registra estudios en el CETPRO “VEDRUNA”, en el programa ciclo básico 2022, en el módulo educativo de confección de prendas de vestir para damas, en el periodo de marzo a diciembre de 2022;
Que, el Certificado de Antecedentes Judiciales a Nivel Nacional (Hoja Penal), del 12 de diciembre de 2025, suscrito por la abog. Lucila Violeta Luna Quispe, directora de la Dirección de Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario y el abog. Álvaro Palomino Huamanchumo, especialista en registro penitenciario de la citada dirección, señala el detalle de registro del ingreso al Establecimiento Penitenciario, la detención, la sentencia y otros, relacionados a la interna;
Que, el Informe de intentos y existencia de fugas, gracias presidenciales concedidas y beneficios penitenciarios otorgados o en trámite, del 24 de julio de 2025, suscrito por la Ing. Milagros Sosa García, directora del Establecimiento Penitenciario de Sullana Mujeres y la Sra. Jennifer Abad Arismendiz, jefa de Registro Penitenciario del referido recinto, se desprende que la interna no registra fuga, intento de fuga, haber gozado de gracia presidencial con anterioridad, ni haber obtenido beneficio penitenciario. Asimismo, precisa que la solicitante registra beneficio penitenciario en trámite (no especifica detalle);
Que, la Constancia, del 18 de junio de 2025, suscrita por el Pbro. Wilmer Córdova Guerrero, Vicario Parroquial en la Iglesia Matriz de Sullana “Parroquia Santísima Trinidad”, se desprende que la solicitante participa en las actividades y celebraciones que realiza la referida iglesia católica durante el presente año;
Que, el Informe Social N° 025-2025-INPE.17.117.ASS, del 24 de junio de 2025, elaborado por la Lic. Carolina Lucy Novoa Luy, trabajadora social del Establecimiento Penitenciario de Sullana Mujeres, señala que la interna participa del tratamiento social, se encuentra arrepentida por el delito cometido y desea recuperar el tiempo con su madre, hijos y nietos, constituyendo su familia el principal soporte durante su internamiento, por lo que, la profesional concluye favorable a la gracia presidencial solicitada por la interna, quien se encuentra apta y preparada para reinsertarse a la sociedad;
Que, el Informe Psicológico N° 003-2025-EP SULLANA, del 17 de julio de 2025, elaborado por el Ps. Nelson Espinoza Yong, psicólogo del Establecimiento Penitenciario de Sullana Mujeres, señala que la interna participa del tratamiento psicológico, asistiendo a sesiones individuales y grupales, presenta seis evaluaciones semestrales favorables continuas, además, ha desarrollado sus habilidades sociales, tales como normas de convivencia, conciencia del delito, distorsiones cognitivas, asertividad y sus técnicas, patrones de comportamiento, relaciones interpersonales, presión del grupo, empatía, así como, manejo emocional y práctica de valores humanos; asimismo, con el procedimiento ejecutado se aprecia que la interna muestra características positivas en su proceso de reinserción social, por lo que el profesional concluye favorable a la gracia presidencial solicitada;
Que, la entrevista virtual realizada a la interna y a los profesionales del Establecimiento Penitenciario de Sullana Mujeres, el día 5 de diciembre de 2025, que forma parte de la Acta de Entrevista de dicha fecha, permitió corroborar la información proporcionada por el citado establecimiento penitenciario, respecto al proyecto de vida de la interna, su participación en el tratamiento penitenciario, su conducta durante el tiempo de reclusión, y su grado de resocialización, así como obtener mayores elementos de juicio para que la Comisión de Gracias Presidenciales emita su opinión;
Que, mediante Informe del Expediente N° 00078-2025-PO-JUS/CGP, la Comisión de Gracias Presidenciales considera que la documentación presentada por la solicitante y el Establecimiento Penitenciario de Sullana Mujeres, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 25, 26 y 30 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado por Resolución Ministerial N° 0162-2010-JUS, y recomienda la concesión de la conmutación de la pena a la solicitante;
Que, estando a las consideraciones precedentes, se advierte que la reducción de la pena privativa de libertad impuesta a la interna REYES LOZADA, OLGA ROSA, a la que se aspira a través de la gracia presidencial de conmutación de la pena, no busca la libertad inmediata de la interna; sino, únicamente, que se disminuya prudencialmente la condena, señalándose una nueva fecha de vencimiento de la misma, a efectos que la citada interna pueda egresar del Establecimiento Penitenciario;
Que, en tal sentido, seguir cumpliendo la pena que se impuso a la interna, ha perdido todo sentido jurídico y sancionador; siendo necesario que el Estado renuncie parcialmente al ejercicio de su poder punitivo, al advertir que la interna no representaría un peligro para la sociedad, considerando objetivamente las condiciones favorables que demostrarían su reinserción social;
De conformidad con los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, el Decreto Supremo N° 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo N° 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales; y, la Resolución Ministerial N° 0162-2010-JUS, que aprueba el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conceder, la gracia presidencial de CONMUTACIÓN DE LA PENA a la interna sentenciada REYES LOZADA, OLGA ROSA, recluida en el Establecimiento Penitenciario de Sullana Mujeres, conmutándole la pena privativa de libertad de 8 años a 6 años, que vencerá el 25 de octubre de 2027.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
WALTER ELEODORO MARTÍNEZ LAURA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
2473127-13
2473127-14
Conceden la gracia presidencial de indulto común a liberada que concurre al Establecimiento de Medio Libre La Oroya
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 299-2025-JUS
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTO, el Informe del Expediente N° 00451-2024-PO-JUS/CGP, del 19 de diciembre de 2025, con recomendación favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales;
CONSIDERANDO:
Que, la señora ORTEGA LEON, HERLINDA, es una liberada que concurre al Establecimiento de Medio Libre La Oroya;
Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú facultan al Presidente de la República a dictar resoluciones, conceder indultos, conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;
Que, el indulto común es la potestad que tiene el Presidente de la República para adoptar la renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado respecto de los condenados, implica el perdón de la pena impuesta por la autoridad judicial;
Que, toda solicitud de indulto común, al margen de su modalidad, conlleva la realización de un procedimiento especialísimo que no se guía por los criterios aplicables a un proceso judicial o a un procedimiento administrativo ordinario, en los que se exige el reconocimiento de un derecho;
Que, dicho procedimiento está a cargo de la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano colegiado multisectorial a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ciñe su actuación a las normas del orden constitucional y legal, analizando y calificando las solicitudes de gracias presidenciales en estricto cumplimiento de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia;
Que, en dicho contexto, el artículo 25 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0162-2010-JUS, prescribe que: “Se podrá recomendar el indulto común y conmutación común sólo en los casos en los que no existiera impedimento legal expreso”; es el caso que la solicitud planteada por la liberada ORTEGA LEON, HERLINDA, no contiene impedimento legal expreso;
Que, asimismo, la referida solicitud contiene todos los documentos para tramitar la solicitud de indulto común, los mismos que han sido materia de análisis y revisión por parte de la Comisión de Gracias Presidenciales, de conformidad con lo acordado en la Sesión Ordinaria N° 94 de fecha 31 de enero de 2024, en la cual se determinó los documentos a solicitar con relación a los concurrentes a los Establecimientos de Medio Libre;
Que, el artículo 30 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, dispone que: “La Comisión procede al análisis y calificación de la solicitud de indulto común o conmutación común, teniendo los siguientes criterios: a) Forma, circunstancias, grado de participación y lesividad al bien jurídico protegido realizadas por el solicitante en el evento delictivo; b) Calificación jurídica que se hubiera hecho de tales circunstancias para la determinación de la pena; c) Pena impuesta, sus modificatorias y las circunstancias de su imposición; d) Tiempo de condena cumplida por el solicitante; e) La conducta observada por el solicitante durante su internamiento penitenciario; así como el esfuerzo demostrado por éste en participar en actividades que coadyuven a la reinserción social; y f) La situación personal, familiar y social del solicitante que emane de los informes emitidos por el Órgano Técnico de Tratamiento; así como el proyecto de vida indicado por el solicitante para su reinserción social, esta información podrá ser contrastada con la entrevista personal al interno solicitante”;
Que, el 20 de junio de 2024, la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales recibe la solicitud de indulto común de ORTEGA LEON, HERLINDA, quien egresó del Establecimiento Penitenciario de Jauja con fecha 31 de octubre de 2024 al haber obtenido beneficio penitenciario de semilibertad, por lo que, se encuentra concurriendo al Establecimiento de Medio Libre La Oroya, desde el 27 de noviembre de 2024;
Que, durante el trámite de la solicitud se han recabado diversos documentos emitidos por el referido establecimiento de medio libre que evidencian la conducta demostrada por la liberada durante el periodo en el que se encuentra en libertad cumpliendo reglas de conducta impuestas por la autoridad judicial;
Que, el Certificado de Conducta, del 12 de diciembre de 2025, suscrito por la Sra. Catalina Teófila Nuñez Iparraguirre, jefa del Establecimiento de Medio Libre de La Oroya y responsable de Registro y Control de Expediente Personales del citado medio libre, se desprende que la solicitante viene observando buena conducta;
Que, la Evaluación Anual Sobre el Proceso de Reinserción Social en Control, del 28 de noviembre de 2025, suscrito por la Lic. Celida Sofia Inga Ríos, trabajadora social del Establecimiento de Medio Libre La Oroya, concluye que la liberada se encuentra en un proceso de reinserción social favorable, según la puntuación señalada (35 a 50);
Que, el Informe N° 01-2025-INPE/ORCHYO-EMLLAOROYA, del 12 de diciembre de 2025, elaborado por la Lic. Celida Sofia Inga Ríos, trabajadora social del Establecimiento de Medio Libre La Oroya, concluye que la liberada cuenta con soporte familiar que le ofrecen sus familiares; por otra parte, participa de manera puntual y da cumplimiento a sus reglas de conducta de informar mensualmente sus actividades en el Establecimiento de Medio Libre La Oroya;
Que, el Certificado de Antecedentes Judiciales a Nivel Nacional (Hoja Penal), del 05 de diciembre de 2025, suscrito por la Abog. Lucila Violeta Luna Quispe, directora de la Dirección de Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario y la Sra. María Antonieta Rivera Torres, gestor de base de datos de la citada dirección, señala el detalle de registro del ingreso al Establecimiento Penitenciario, la sentencia y la revocatoria de la condicionalidad de la pena y la libertad, relacionados a la liberada;
Que, las entrevistas virtuales realizadas a la liberada y a la profesional del Establecimiento de Medio Libre La Oroya, el día 15 de diciembre de 2025, que forman parte del Acta de Entrevista de dicha fecha, permitieron corroborar la información proporcionada por el citado establecimiento de medio libre, respecto al proyecto de vida de la liberada, su participación en el tratamiento penitenciario extramuros, su conducta durante el tiempo de libertad y su grado de resocialización, así como obtener mayores elementos de juicio para que la Comisión de Gracias Presidenciales emita su opinión;
Que, mediante Informe del Expediente N° 00451-2024-PO-JUS/CGP, la Comisión de Gracias Presidenciales considera que la documentación presentada por la solicitante y el Establecimiento de Medio Libre La Oroya, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 25 y 30 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS, y lo acordado por la citada comisión en Sesión Ordinaria N° 94 de fecha 31 de enero de 2024, por lo tanto, recomienda la concesión del indulto común a la solicitante;
Que, en tal sentido, seguir cumpliendo la pena que se impuso a la liberada, ha perdido todo sentido jurídico y sancionador; siendo necesario que el Estado renuncie al ejercicio de su poder punitivo, al advertir que la liberada no representaría un peligro para la sociedad, considerando objetivamente las condiciones favorables que demostrarían su reinserción social;
De conformidad con los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, el Decreto Supremo N° 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo N° 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales; y, la Resolución Ministerial N° 0162-2010-JUS, que aprueba el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conceder, la gracia presidencial de INDULTO COMÚN a la liberada ORTEGA LEON, HERLINDA, que concurre al Establecimiento de Medio Libre La Oroya.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
WALTER ELEODORO MARTÍNEZ LAURA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
2473127-14
2472880-1
Aprueban Metodología para el cálculo de multas en materia de Protección de Datos Personales
Resolución Ministerial
N° 0476-2025-JUS
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS, el Informe N° 038-2025-JUS/DGTAIPD, y el Informe N° 1723-2025-JUS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú dispone que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar;
Que, la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales, previsto en el numeral 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú; estableciéndose en su artículo 32 que, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, a la que le corresponde realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones de la citada Ley y de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2024-JUS;
Que, el literal d) del artículo 6 de la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establece que, el Ministerio tiene competencias para emitir normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales, la gestión de los recursos del sector, así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva en las materias de su competencia;
Que, el literal h) del artículo 7 de la referida Ley establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de sus competencias específicas, ejerce la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales a que se refiere la Ley N° 29733;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0326-2020-JUS se aprobó la primera versión de la Metodología para el cálculo de multas en materia de protección de datos personales, instrumento normativo elaborado sobre la base de criterios técnicos y económicos que establece pautas y criterios uniformes para la imposición de sanciones, en observancia del principio de razonabilidad y con el objetivo de brindar predictibilidad a los administrados, la cual se encuentra actualmente vigente y viene siendo aplicada en los procedimientos sancionadores a cargo de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales;
Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2024-JUS, se aprueba el nuevo Reglamento de la Ley N° 29733, el cual ha generado una modificación al régimen de infracciones administrativas en materia de protección de datos personales, incorporando nuevos supuestos infractores, así como nuevos criterios agravantes y atenuantes para la determinación de la responsabilidad administrativa;
Que, mediante el documento de vistos, la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales señala que resulta necesario actualizar la Metodología para el cálculo de multas en materia de Protección de Datos Personales, considerando los nuevos tipos infractores y la modulación de los factores de responsabilidad incorporados por el Decreto Supremo N° 016-2024-JUS;
Que, de conformidad con los artículos 70 y 71 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ejerce la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y es un órgano de línea del Despacho Viceministerial de Justicia, que tiene entre sus funciones, proponer políticas y proyectos normativos en materia de su competencia;
Con de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; y, la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Metodología para el cálculo de multas en materia de Protección de Datos Personales, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 0326-2020-JUS.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en la Sede Digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER E. MARTÍNEZ LAURA
Ministro
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
2472880-1
2472881-1
Aprueban el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026
resolución ministerial
N° 0477-2025-JUS
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS, el Informe N° 0524-2025-JUS/OGPM, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Informe N° 1725-2025-JUS/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el literal a) del numeral 23.1 del artículo 23 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece como funciones de los Ministerios, entre otras, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
Que, el numeral 1 del artículo 25 de la citada Ley, establece que corresponde a los Ministros de Estado, entre otras funciones, dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco de Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y, asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes;
Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, señala que la administración financiera del Sector Público se encuentra vinculada con los planes y/o políticas nacionales, sectoriales e institucionales de corto, mediano y largo plazo;
Que, la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y actualizada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 055-2024-CEPLAN/PCD, establece pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional (POI);
Que, el numeral 3.2.2 Elaboración y aprobación del POI de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, establece que para contar con el POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual, toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad; para ello, una vez aprobada la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tengan consistencia con el PIA y, de no ser consistente, la entidad ajusta la programación física y financiera, para finalmente obtener el POI Anual;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0079-2024-JUS se aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2024-2030 del Sector Justicia y Derechos Humanos; mediante Resolución Ministerial N° 0331-2024-JUS se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, mediante Resolución Ministerial N° 0161-2025-JUS se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028 del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que, mediante Ley N° 32513, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; y, por Resolución Ministerial N° 0468-2025-JUS se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2026 del Pliego 006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que, el artículo 26 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, señala que la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, es el órgano de asesoramiento responsable de conducir y coordinar los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, inversión pública, modernización de la gestión pública, así como de los asuntos de cooperación técnica nacional e internacional, conforme a las normas legales vigentes;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el literal g) del artículo 9 de citado Reglamento, corresponde al Titular de la Entidad, aprobar las políticas, planes y programas propios de su función de Ministro de Estado, así como evaluar su ejecución;
Que, en este contexto, corresponde aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual conforme a las evaluaciones realizadas resulta consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026;
Con el visado de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 055-2024-CEPLAN/PCD que aprueba la versión actualizada de la “Guía para el Planeamiento Institucional”.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026, el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- El cumplimiento de la programación de las actividades consideradas en el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es de responsabilidad de los Directores, Jefes, de los Órganos y Unidades Orgánicas, y de los Presidentes y/o Secretarios Técnicos de los Consejos, Comisiones y Programas, y Unidades Ejecutoras del Ministerio.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización realizar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado mediante la presente Resolución.
Artículo 4.- Disponer la publicación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobado en el artículo 1 de la presente Resolución, en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en la Sede Digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus),.
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución, a todos los Órganos, Unidades Orgánicas, Consejos, Comisiones y Programas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y fines correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER E. MARTÍNEZ LAURA
Ministro
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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Aprueban Directiva que establece las disposiciones para la designación, desempeño y funciones del Oficial de Datos Personales
Resolución Directoral
N° 100-2025-JUS/DGTAIPD
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El Informe N° 044-2025-JUS/DGTAIPD del 23 de diciembre de 2025 de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Informe N° 170-2025-OGPM-OOM del 24 de diciembre de 2025 de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y;
CONSIDERANDO:
Que, el inciso 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú señala que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar;
Que, la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales, previsto en el numeral 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú;
Que, la mencionada norma legal, creó la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, como órgano competente para realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones de dicha Ley y su Reglamento;
Que, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ejerce funciones administrativas, orientadoras, normativas, resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales;
Que, en mérito a sus competencias normativas, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales de conformidad con lo dispuesto en el inciso 12 del artículo 33 de la Ley N° 29733, puede emitir las directivas que correspondan para la mejor aplicación de lo previsto en la Ley y su reglamento;
Que, mediante el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, se señala que la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personas es el órgano de línea encargado de ejercer la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales;
Que, conforme al inciso c) del artículo 71 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una de las funciones de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es emitir directivas y lineamientos para el cumplimiento de normas en el ámbito de su competencia;
Que, mediante Informe N° 044-2025-JUS/DGTAIPD, la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales elaboró la propuesta de Directiva que establece las disposiciones para la designación, desempeño y funciones del Oficial de Datos Personales, junto con el Informe del Sustento de Necesidad, en los cuales se concluye que resulta necesario contar con un instrumento normativo complementario, cuya ausencia ha generado incertidumbre jurídica, riesgos operativos y una menor eficacia en la labor de supervisión, comprometiendo el adecuado cumplimiento de la normativa de protección de datos personales;
Que, la emisión de la Directiva que establece las disposiciones para la designación, desempeño y funciones del Oficial de Datos Personales tiene por finalidad desarrollar los artículos 37, 38 y 39 del Reglamento de la Ley N° 29733, incorporando precisiones técnicas orientadas a asegurar su adecuada aplicación mediante el establecimiento de criterios objetivos para la designación del Oficial de Datos Personales, la delimitación de su perfil, funciones e independencia funcional, y el fortalecimiento de la gobernanza del sistema de protección de datos personales, la seguridad jurídica y la capacidad institucional del Estado para la garantía de los derechos fundamentales;
Que, la propuesta normativa responde a la necesidad de brindar criterios claros para la designación de un Oficial de Datos Personales por grandes volúmenes de datos, así como diversos aspectos complementarios vinculados a su rol y funciones; y ello, en el propósito de reducir márgenes de incertidumbre en los sujetos obligados y superar dificultades en la labor de supervisión por parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales;
Que, en dicho contexto, la Directiva incorpora parámetros técnicos vinculados, entre otros, al número de titulares, la sensibilidad o tipología del dato, la frecuencia, duración y demarcación territorial del tratamiento, lo que permite una supervisión más eficiente por parte de la Autoridad, fortalece la gestión del riesgo y refuerza la protección de los derechos de los titulares de datos personales, mediante la adopción de criterios claros y homogéneos para la designación del Oficial de Datos Personales y el adecuado tratamiento de datos personales;
Que, el Proyecto de Directiva precitada cuenta con opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a través de la Oficina de Organización y Modernización conforme al Informe N° 170-2025-JUS/OGPM-OOM del 24 de diciembre del 2025, concluyéndose que la propuesta normativa cumple con los requisitos técnicos establecidos en la Directiva para la gestión de la normativa interna del MINJUSDH (Código E2.OGPM.DI.001);
Que, el inciso g) del artículo 7 del Reglamento que establece disposiciones sobre publicación y difusión de normas jurídicas de carácter general, resoluciones y proyectos normativos, aprobado por el Decreto Supremo 009-2024-JUS, dispone que las resoluciones administrativas que aprueban reglamentos, directivas y lineamientos, cuando sean de ámbito general, siempre que sean dictadas en ejercicio de las facultades previstas en sus leyes de creación o normas complementarias, conforme a ley, se publican obligatoriamente en el diario oficial El Peruano;
Que, conforme al inciso 19.1 del artículo 19 del Reglamento en mención, los proyectos de normas jurídicas de carácter general deben ser publicados en las sedes digitales de las entidades de la Administración Pública a cargo de su elaboración o en otro medio, asegurando su debida difusión y fácil acceso. Asimismo, de acuerdo con el inciso 21.1 del artículo 21 del citado Reglamento la resolución que aprueba la publicación de dichos proyectos debe publicarse en el diario oficial;
Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2024-JUS, y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva que establece las disposiciones para la designación, desempeño y funciones del Oficial de Datos Personales, con Código M6.DGTAIPD.DI.001, versión 01.
Artículo 2.- Publicación de la Directiva que regula el Régimen para Oficiales de Datos Personales
Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral y la Directiva que establece las disposiciones para la designación, desempeño y funciones del Oficial de Datos Personales, con Código M6.DGTAIPD.DI.001, versión 01 en la sede digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus) y en la sede digital de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (www.gob.pe/anpd), en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Directoral en el diario oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO LUNA CERVANTES
Director General de la Dirección
General de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales
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FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0474-2025-JUS
Mediante Oficio N° 4777-2025-JUS/SG, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución Ministerial N° 0474-2025-JUS, publicada en la edición del 25 de diciembre de 2025.
- En el primer considerando
DICE
“(…), modificado por el artículo 3 del Decreto Supremo N° 021-2025-JUS,(…); asimismo, dispone que la citada Comisión es presidida por uno de los miembros designados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cargo que recae en un viceministro, secretario general, jefe de Gabinete, funcionario o directivo de alta dirección; además, los comisionados cumplen el encargo para el que han sido designados a título personal, sin ejercer representación alguna, y su labor es de carácter ad honórem;”
DEBE DECIR
“(…), modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo N° 008-2010-JUS, (…); asimismo, dispone que la citada Comisión es presidida por uno de los miembros designados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;”
- En el cuarto considerando
DICE
“(…) modificado por el artículo 3 del Decreto Supremo N° 021-2025-JUS, (…);”
DEBE DECIR
“(…) modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo N° 008-2010-JUS, (…);”
- En el artículo 1
DICE
“Artículo 1.- (…), de acuerdo al siguiente detalle:
- Magno Abraham García Chávarri.
(…).”
DEBE DECIR
“Artículo 1.- (…), de acuerdo al siguiente detalle:
- Magno Abraham García Chávarri, quien la preside.
(…).”
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MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
2473128-1
Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 012-2022-MIMP, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora
DECRETO SUPREMO
N° 007-2025-MIMP
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo señalado en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), este Ministerio diseña, establece, promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas a favor de las mujeres y de las poblaciones vulnerables consideradas como grupos de personas que sufren discriminación o situaciones de desprotección: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos, con el objeto de garantizar sus derechos, con visión intersectorial; y los literales b) y c) del artículo 5 del mismo cuerpo legal establecen dentro del ámbito de competencias del MIMP, la protección y promoción de los derechos de las mujeres”;
Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, establece como uno de los roles del Estado, promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando todas las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este derecho, con el fin de erradicar todas las formas de discriminación;
Que, la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada por Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, en el numeral 1.4. identifica como problema público la discriminación estructural contra las mujeres; y como principales causas, los patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino; la asignación desigual de roles, productivos a los hombres y reproductivos a las mujeres; y las normas y cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres; lo que genera desigualdad y limita el ejercicio de los derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo de las mujeres, incluidos los derechos económicos y sociales de las mujeres;
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2022-MIMP se aprobó la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora, cuyo objetivo es promover la participación plena y a todo nivel de la actividad económica de las mujeres en su diversidad que lideran emprendimientos, empresas y asociaciones empresariales, para contribuir al logro de una reactivación económica con igualdad, inclusión y sostenibilidad a nivel nacional a través de iniciativas y acciones articuladas; asimismo, tiene como finalidad promover y desarrollar la autonomía económica de las mujeres en su diversidad para lograr la reducción de brechas estructurales de género y el disfrute de una vida digna, sostenible y con bienestar pleno;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 196-2021-MIMP se aprueban los “Lineamientos técnicos para promover la autonomía económica de las mujeres en su diversidad”, con el objetivo de establecer disposiciones que permitan a las instituciones públicas y privadas implementar estrategias que promuevan las capacidades de las mujeres en su diversidad para generar ingresos propios y decidir sobre estos, en igualdad de oportunidades y respeto de sus derechos laborales y sociales;
Que, en la “Declaración de Machu Picchu de los líderes de APEC 2024”, “Declaración Conjunta de Ministras de la Mujer y Ministros de Comercio de APEC 2024”, “Declaración Ministerial del Foro Mujer y Economía en APEC 2024” y la “Declaración de Pucallpa de los Ministros de Pequeña y Mediana Empresa de APEC 2024”; se establecieron varios puntos clave para beneficiar a las mujeres emprendedoras, como son la promoción de la inclusión financiera y el acceso al crédito, el desarrollo de capacidades y competencias empresariales, el acceso a mercados y cadenas de valor globales, la transformación digital y tecnológica y el alivio de la carga de trabajo doméstico y de cuidados;
Que, en el marco de la mejora continua surge la necesidad de fortalecer la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora mediante la modificación del Decreto Supremo N° 012-2022-MIMP, actualizando los componentes sobre los que la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora basa su diseño e implementación, e incorporando a nuevas entidades en calidad de invitadas para ampliar la articulación intersectorial e intergubernamental, en línea con las declaraciones APEC 2024, a fin de contribuir al desarrollo de la autonomía económica de las mujeres que lideran emprendimientos, empresas y asociaciones empresariales;
Que, por lo expuesto, resulta necesario modificar los artículos 7, 8 y 9 del Decreto Supremo N° 012-2022-MIMP, Decreto Supremo que aprueba la “Estrategia Nacional Mujer Emprendedora”;
Que, en virtud a lo señalado en el literal g) del numeral 41.1 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, el presente Decreto Supremo se encuentra excluido del ámbito de aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio-Ex Ante, por la materia que comprende consistente en la modificación de una Estrategia Nacional;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el Decreto Legislativo Nº 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar los artículos 7, 8 y 9 del Decreto Supremo N° 012-2022-MIMP, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora.
Artículo 2.- Modificación de los artículos 7, 8 y 9 del Decreto Supremo N° 012-2022-MIMP, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora
Se modifica los artículos 7, 8 y 9 del Decreto Supremo N° 012-2022-MIMP, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora, en los siguientes términos:
“Artículo 7.- Componentes de la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora
La Estrategia Nacional Mujer Emprendedora basa su diseño e implementación en los siguientes componentes:
Componente 1: Acceso, control y uso equitativo de los activos productivos
Promueve el acceso, control y uso equitativo de las mujeres de los activos productivos necesarios para el desarrollo de sus emprendimientos desde un enfoque de sostenibilidad. Incluye acciones orientadas a aumentar la titularidad de activos físicos como tierra, equipamiento o capital de trabajo, así como a promover el uso estratégico de activos intangibles, tales como los saberes tradicionales, la biodiversidad, las prácticas culturales que las mujeres protegen y gestionan; el derecho de autor, marcas, patentes, conocimientos y saberes ancestrales y otros derechos de propiedad intelectual, con énfasis en sectores con potencial de diferenciación, escalamiento y generación de valor agregado. Incluye también la implementación de mecanismos que faciliten el registro, simplifiquen los trámites, digitalicen servicios y el goce efectivo de los derechos de sucesión de activos.
Componente 2: Acceso a mercados
Promueve la participación de las mujeres en mercados de mayor valor agregado y comercio exterior. Impulsa cadenas productivas dinámicas y el desarrollo de capacidades comerciales y logísticas en entornos físicos y digitales, así como la articulación a redes y programas de mentoría, con el fin de fortalecer su posicionamiento, diversificar canales de venta y mejorar la competitividad de sus productos o servicios en distintos segmentos de mercado, con pertinencia cultural y lingüística cuando corresponda.
Componente 3: Corresponsabilidad de los cuidados y uso del tiempo
Promueve la disponibilidad efectiva de tiempo para que las mujeres emprendedoras puedan desarrollar y gestionar sus iniciativas productivas. Fomenta la corresponsabilidad entre el Estado, sociedad y el sector privado. Impulsa la ampliación de los horarios y el fortalecimiento de la cobertura y la calidad de los servicios de cuidado infantil, de personas adultas mayores y con discapacidad; la implementación adecuada de lactarios; el cambio de normas culturales; así como la mejora de condiciones de infraestructura básica y transporte, a fin de reducir la desigualdad en la carga de tareas domésticas y de cuidado no remunerado, y promover la conciliación de la vida familiar y el trabajo, en concordancia con el enfoque de familia.
Componente 4: Fortalecimiento de capacidades
Fortalece la articulación con los sectores competentes para el desarrollo integral de competencias en habilidades blandas y empresariales en las mujeres, con pertinencia cultural y lingüística, a través del rediseño de las intervenciones para el fortalecimiento de capacidades en términos de los contenidos, duración, complementariedad con otros componentes de la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora e impacto en la participación, considerando las necesidades de las mujeres en términos de acceso, movilidad, horarios, cultura, lengua y servicios complementarios. Adicionalmente, comprende el desarrollo de estrategias basadas en evidencia para aumentar el acceso, permanencia y culminación de la educación básica de las mujeres. Incluye además acciones orientadas a cerrar brechas en la educación básica, técnico-productiva y superior tecnológica, artística y universitaria, aumentar el acceso a carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas, facilitar el desarrollo de competencias digitales, y fortalecer el desarrollo personal, la autoconfianza y la toma de decisiones.
Componente 5: Acceso al financiamiento
Fortalece la articulación con los sectores competentes para el desarrollo y la oferta de productos y servicios financieros adecuados a las necesidades específicas de las mujeres. Promueve la identificación y superación de barreras estructurales que limitan su acceso al financiamiento, el fortalecimiento de sus capacidades financieras, el acceso y uso de canales digitales que reduzcan los costos de transacción, con pertinencia cultural y lingüística cuando corresponda. Este componente se alinea con los objetivos prioritarios y lineamientos de la Política Nacional de Inclusión Financiera, con el fin de incrementar el acceso efectivo y sostenido de las mujeres a instrumentos financieros que impulsen el crecimiento y sostenibilidad de sus emprendimientos.
Artículo 8.- Articulación Multisectorial de la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora.
8.1 La participación de las entidades referidas en el artículo 5 del presente Decreto Supremo, se determina en función a las competencias de cada una de ellas y al cumplimiento del objetivo de la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora. También participan en calidad de entidades invitadas otros organismos del Poder Ejecutivo, organismos constitucionalmente autónomos, organismos públicos adscritos, así como gobiernos regionales, gobiernos locales, representantes de las comunidades nativas y campesinas, los pueblos indígenas u originarios, pueblo afroperuano y la sociedad civil organizada, representantes de entidades privadas o especialistas nacionales e internacionales en materia de autonomía económica, inclusión financiera, desarrollo productivo, y otras temáticas relevantes para el cumplimiento del objetivo de la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora.
8.2 Los instrumentos, informes, recomendaciones u otros productos que se elaboren en el marco de la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora son presentados por la Dirección General de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres, o la que haga sus veces, para su aprobación, gestión e implementación por el sector competente, según corresponda; y son de carácter público, salvo lo previsto en la regulación vigente.
Artículo 9.- Entidad que conduce la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora
La Estrategia Nacional Mujer Emprendedora es dirigida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en tanto ente rector de políticas nacionales y sectoriales sobre mujer, para lo cual encarga a la Dirección General de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres, o la que haga sus veces, la formulación, conducción, implementación, supervisión y evaluación del plan de trabajo de la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora en coordinación con las entidades participantes enumeradas en el artículo 5 del presente Decreto Supremo, en el marco de sus competencias.”
Artículo 3.- Financiamiento
El presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades respectivas, de acuerdo a sus competencias, en el marco de las leyes anuales de presupuesto, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 4.- Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), y en las sedes digitales de los ministerios cuyos titulares lo refrendan, el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de la Producción, la Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro del Ambiente, y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
ERNESTO JULIO ÁLVAREZ MIRANDA
Presidente del Consejo de Ministros
MIGUEL ANGEL ESPICHÁN MARIÑAS
Ministro del Ambiente
TERESA STELLA MERA GÓMEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
Vladimir Germán Cuno Salcedo
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
LESLY NADIR SHICA SEGUIL
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
SANDRA LIZ GUTIERREZ CUBA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
CÉSAR MANUEL QUISPE LUJÁN
Ministro de la Producción
OSCAR FAUSTO FERNÁNDEZ CÁCERES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
2473128-1
PRODUCE
2472641-1
Autorizan Transferencia Financiera con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 038: Ministerio de la Producción, a favor de COFIDE para financiar parcialmente el “Bono al Buen Pagador de IMPULSO MYPERU”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 000437-2025-PRODUCE
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS: El Memorando N° 00001440-2025-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, los Memorandos Nos 00001142-2025-PRODUCE/OGPPM y 00001150-2025-PRODUCE/OGPPM de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Informe N° 00001438-2025-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución Ministerial N° 000493-2024-PRODUCE aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2025 del Pliego 038: Ministerio de la Producción, en el marco de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025;
Que, mediante el artículo 3 de la Ley N° 31658, Ley que crea el Programa Impulso Empresarial MYPE - IMPULSO MYPERU, se crea el Programa Impulso Empresarial MYPE - IMPULSO MYPERU a través del otorgamiento de una Garantía del Gobierno Nacional a los créditos generados en favor de las micro y pequeñas empresas (MYPE), así como del otorgamiento de un mecanismo de subsidio denominado “Bono al Buen Pagador de IMPULSO MYPERU” (BBP);
Que, por el artículo 19 de la Ley N° 31658 se crea el mecanismo de subsidio BBP hasta por la suma de S/ 280 000 000,00 (Doscientos ochenta millones y 00/100 Soles), a favor de las MYPE que cuentan con crédito en el marco del Programa Impulso Empresarial MYPE - IMPULSO MYPERU y cumplen oportunamente con los pagos derivados de dichos créditos;
Que, el artículo 22 de la Ley N° 31658 autoriza al Ministerio de la Producción, a partir de la vigencia de la citada Ley y durante la vigencia de los créditos otorgados en el marco del Programa Impulso Empresarial MYPE - IMPULSO MYPERU, a realizar transferencias financieras a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A.- COFIDE, hasta por el monto señalado en el artículo 19 de la citada ley, para financiar el BBP; además, señala que dichas transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto del pliego y se publica en el Diario Oficial El Peruano;
Que, con fecha 18 de abril de 2023 se suscribió el Contrato de Fideicomiso de Administración de Garantías entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción y COFIDE relacionado al Programa Impulso Empresarial MYPE - IMPULSO MYPERU y al BBP;
Que, el numeral 1 de la Centésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, autoriza de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2025, a las entidades del Sector Producción, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para habilitar recursos a la Genérica del Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias a fin de que sean transferidos financieramente a favor de COFIDE, para financiar parcialmente el subsidio BBP, con cargo a los recursos de sus presupuestos institucionales. Para tal efecto, las entidades del Sector Producción quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 9 y en el literal a) del artículo 33 de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, así como de lo establecido en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
Que, además, el numeral 4 de la referida Disposición Complementaria Final establece que las entidades pertenecientes al Sector Producción quedan exceptuadas de lo establecido en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 008-2025, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera que coadyuven a la austeridad y a la eficiencia del gasto público;
Que, el literal a) del numeral 17.1 del artículo 17 de la Directiva N° 0001-2024-EF/50.01 denominada “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por la Resolución Directoral N° 0009-2024-EF/50.01, establece que el pliego autorizado para ejecutar recursos mediante transferencias financieras en el marco de las disposiciones legales vigentes, deberá efectuar su registro cuando la ejecución corresponda a gastos corrientes en una actividad y en la Partida de Gasto 2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes;
Que, mediante el Informe N° 00000065-2025-PRODUCE/DIF.-yliza de la Dirección de Instrumentos Financieros de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, se solicita realizar la Transferencia Financiera a favor de COFIDE para financiar parcialmente el subsidio BBP en el marco de lo dispuesto en la Centésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513;
Que, por el Informe N° 00000421-2025-PRODUCE/OP de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, se emite opinión favorable en materia presupuestaria y se considera procedente la Transferencia Financiera del Pliego 038: Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción, a favor de COFIDE, para financiar parcialmente el BBP, hasta por la suma de S/ 3 433 782,00 (Tres millones cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta y dos y 00/100 Soles), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar la Transferencia Financiera hasta por la suma de S/ 3 433 782,00 (Tres millones cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta y dos y 00/100 Soles), a favor de COFIDE para financiar parcialmente el BBP, con cargo a los recursos del Presupuesto Institucional del Pliego 038: Ministerio de la Producción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 31658 y la Centésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513;
Con las visaciones de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Oficina General de Asesoría Jurídica, y ;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31658, Ley que crea el Programa Impulso Empresarial MYPE - Impulso MYPERU; la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; el Decreto de Urgencia N° 008-2025, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera que coadyuven a la austeridad y a la eficiencia del gasto público; y la Resolución Directoral N° 0009-2024-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 0001-2024-EF/50.01 denominada “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor del subsidio “Bono al Buen Pagador de IMPULSO MYPERÚ”
Autorizar una Transferencia Financiera con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 038: Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 3 433 782,00 (Tres millones cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta y dos y 00/100 Soles) por la fuente de financiamiento 1: Recursos Ordinarios, a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A.- COFIDE para financiar parcialmente el “Bono al Buen Pagador de IMPULSO MYPERU” (BBP), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 31658, Ley que crea el Programa Impulso Empresarial MYPE - IMPULSO MYPERU y la Centésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial se atiende con cargo a los recursos autorizados en aplicación de la Centésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2025 del Pliego 038: Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción, Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos, Actividad 5004596: Desarrollo Productivo de MYPE Industria y Cooperativas, en la fuente de financiamiento 1: Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 2.4: Donaciones y Transferencias, Específica de Gasto 2.4.1 3.1 4: A Otras Entidades Públicas.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Monitoreo, Seguimiento y Cumplimiento
La Dirección General de Desarrollo Empresarial, en el ámbito de su competencia, es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales se realiza la Transferencia Financiera autorizada por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 5.- Publicación
Publicar la presente Resolución Ministerial en la sede digital del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CESAR MANUEL QUISPE LUJAN
Ministro de la Producción
2472641-1
2472907-1
AVISO 2472907_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2472907-1
2472193-1
Aprueban Normas Técnicas Peruanas conforme al procedimiento establecido en la Ley Nº 30224
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 000034-2025-INACAL/DN
San Isidro, 24 de diciembre del 2025
VISTO: El acta de fecha 19 de diciembre de 2025 del Comité Permanente de Normalización;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, dispone que el Instituto Nacional de Calidad - INACAL, es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; además es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional para la Calidad;
Que, las actividades de Normalización se realizan sobre la base del Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas, que como Anexo 3 forma parte del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en concordancia con el artículo 4 de la Ley Nº 30224, en el marco del Principio de no obstaculización comercial del Sistema Nacional para la Calidad;
Que, el numeral 19.1 del artículo 19 de la citada Ley establece que el órgano de línea responsable de la materia de normalización del INACAL, es la autoridad competente en materia de normalización, y puede delegar parte de las actividades de normalización en otras entidades, reservando para sí la función de aprobación de Normas Técnicas Peruanas; asimismo, el numeral 19.5 señala que, el órgano de línea a través del Comité Permanente de Normalización, aprueba las Normas Técnicas Peruanas y textos afines;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 30224, en concordancia con el artículo 35 del Decreto Supremo Nº 009-2019-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del INACAL, la Dirección de Normalización es la Autoridad Nacional competente para administrar la política y gestión de la Normalización, encontrándose encargada de conducir el desarrollo de normas técnicas para productos, procesos o servicios; aprobando las Normas Técnicas Peruanas y textos afines a las Actividades de normalización a través del Comité Permanente de Normalización; y de acuerdo al artículo 36 del citado Reglamento, tiene entre sus funciones, la correspondiente a revisar y actualizar periódicamente las Normas Técnicas Peruanas, así como su difusión;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 20.3 del artículo 20 de la Ley Nº 30224, los Comités Técnicos de Normalización en materia de: a) Agregados, concreto, concreto armado y concreto pretensado, b) Acuicultura, proponen aprobar 03 Proyectos de Normas Técnicas Peruanas y dejar sin efecto 02 Normas Técnicas Peruanas; sustentando ello en los informes que figuran en los expedientes correspondientes;
Que, mediante el Informe Nº023-2025-INACAL/DN.PN de fecha 16 de diciembre de 2025, la Dirección de Normalización señaló que los Proyectos de Normas Técnicas Peruanas, descritos en el considerando precedente han cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 30224;
Que, con base a los informes de los Comités Técnicos de Normalización y al informe de la Dirección de Normalización descrito precedentemente, el Comité Permanente de Normalización conformado con la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº104-2023-INACAL/PE y renovado con la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000088-2025-INACAL/PE; en sesión de fecha 19 de diciembre del año 2025, acordó por unanimidad aprobar 03 Normas Técnicas Peruanas, y dejar sin efecto 02 Normas Técnicas Peruanas;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo Nº 009-2019-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del INACAL;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas Peruanas por los fundamentos de la presente resolución, conforme al procedimiento establecido en la Ley Nº 30224:
NTP 339.034:2025 CONCRETO. Determinación de la resistencia a la compresión del concreto en muestras cilíndricas. Método de ensayo. 6ª Edición
Reemplaza a la NTP 339.034:2021
NTP 400.021:2025 AGREGADOS. Densidad relativa (peso específico) y absorción del agregado grueso. Método de ensayo. 5ª Edición
Reemplaza a la NTP 400.021:2020
NTP 209.255:2023/CT 1:2025 ACUICULTURA. Alimento balanceado o pienso compuesto para trucha. Requisitos y definiciones CORRIGENDA TÉCNICA 1. 1ª Edición
Artículo 2.- Dejar sin efecto las siguientes Normas Técnicas Peruanas:
NTP 339.034:2021 CONCRETO. Determinación de la resistencia a la compresión del concreto en muestras cilíndricas. Método de ensayo. 5a Edición
NTP 400.021:2020 AGREGADOS. Densidad relativa (peso específico) y absorción del agregado grueso. Método de ensayo. 4ª Edición
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA DEL ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización
2472193-1
2472536-1
Delegan facultades en el/la Gerente/a General y en el/la Jefe/a de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de Calidad, durante el Año Fiscal 2026
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 000117-2025-INACAL/PE
San Isidro, 29 de diciembre del 2025
VISTO:
El Memorando N° 002014-2025-INACAL/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Memorando N° 000212-2025-INACAL/OCEI de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, el Memorando N° 000189-2025-INACAL/OCOOP de la Oficina de Cooperación Internacional, el Memorando N° 001082-2025-INACAL/OA de la Oficina de Administración, el Memorando Múltiple N° 000085-2025-INACAL/OAJ, el Informe N° 000433-2025-INACAL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Nota N° 000286-2025-INACAL/GG de la Gerencia General;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30224, se crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad – INACAL como un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, que constituye Pliego Presupuestal y cuenta con personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera;
Que, a través del Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE y su modificatoria, se aprueba la Sección Única del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del INACAL, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la entidad, así como contiene las competencias y funciones generales de la misma;
Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30224 y el artículo 12 del ROF del INACAL, disponen que la Presidencia Ejecutiva del INACAL conduce el funcionamiento institucional de la entidad y está a cargo de un presidente ejecutivo, a dedicación exclusiva y remunerada, quien es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva de la entidad y ejerce la titularidad del pliego presupuestal;
Que, el artículo 16 y el literal p) del artículo 17 del mencionado ROF, señalan que la Gerencia General asume las facultades que le sean expresamente delegadas por la Presidencia Ejecutiva; en tanto que, el artículo 30 del mismo cuerpo normativo precisa que la Oficina de Administración es el órgano responsable de programar, conducir, ejecutar, controlar y supervisar los sistemas administrativos de abastecimiento, finanzas, tesorería, contabilidad y gestión de recursos humanos;
Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias, indica que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia;
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del TUO de la Ley N° 27444, dispone, entre otros, que procede la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad; asimismo, el numeral 78.2 del mismo artículo señala que son indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez recibidas en delegación;
Que, de acuerdo con los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Titular de la Entidad es responsable en materia presupuestaria, pudiendo delegar sus funciones en dicha materia cuando lo establezca expresamente el citado Decreto Legislativo, las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público o la norma de creación de la Entidad;
Que, el numeral 47.2 del artículo 47 del referido Decreto Legislativo N° 1440, señala que las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la entidad; siendo que el Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el numeral 25.2 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, establece que el Titular de la entidad y la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante pueden delegar, mediante resolución, las facultades que la citada Ley les otorga, salvo las excepciones previstas en el reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF;
Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada por Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01; y, modificada por la Resolución Directoral N° 0006-2022-EF/54.01, la aceptación de la donación de bienes muebles que se encuentran en el territorio nacional o que provengan del extranjero, se aprueban mediante resolución del Titular de la entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad;
Que, el literal l) del artículo 35 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece como uno de los derechos individuales del servidor civil, “contar con la defensa y asesoría legal, contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad”;
Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE, modificada por las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nos. 185-2016-SERVIR-PE y 103-2017-SERVIR-PE, se aprobó la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”, la cual contiene, entre otros, los requisitos de admisibilidad y procedencia que deben cumplir tales solicitudes de acceso al beneficio de defensa y asesoría, su tramitación al interior de la entidad, así como la aprobación de las mismas;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 87 del TUO de la Ley N° 27444, las entidades de la Administración Pública, en virtud del criterio de colaboración, deben: (i) proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, (ii) prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activa que otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus propias funciones, (iii) facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en contrario, (iv) brindar una respuesta de manera gratuita y oportuna a las solicitudes de información formuladas por otra entidad pública en ejercicio de sus funciones;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000017-2024-SERVIR-PE, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, formaliza el acuerdo del Consejo Directivo de dicho ente rector, mediante el cual se aprueba la “Directiva N° 002-2024-SERVIR-GDSRH, Diseño y estructura de puestos y posiciones para la elaboración, aprobación, administración y modificación del Cuadro de Puestos de la Entidad”, disponiendo en el numeral 30.2 de su artículo 30 que las actualizaciones realizadas al Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) en el transcurso del año fiscal deben ser formalizadas anualmente, como máximo, el 31 de diciembre, mediante resolución del/de la titular de la entidad pública, bajo responsabilidad; dicha formalización hace referencia a todas las actualizaciones que haya realizado la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, en el marco de la administración del CPE y aprueba la versión vigente;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000018-2024-SERVIR-PE, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, formaliza el acuerdo del Consejo Directivo de dicho ente rector, mediante el cual se aprueba la “Directiva N° 003-2024-SERVIR-GDSRH “Diseño de perfiles de puestos y elaboración, aprobación, administración y modificación del Manual de Perfiles de Puestos”, la cual en el numeral 34.2 del artículo 34 dispone que el titular de la entidad pública, en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles, contabilizados desde la fecha de recepción de la opinión técnica respectiva, aprueba la modificación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP), mediante resolución, y la publica en los medios de difusión empleados para difundir su aprobación. Asimismo, el numeral 36.1 del artículo 36 establece que las actualizaciones realizadas al MPP en el transcurso del año fiscal deben ser formalizadas anualmente, como máximo, el 31 de diciembre mediante resolución del/la titular de la entidad pública, bajo responsabilidad;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas, o las que hagan sus veces, constituyen el nivel descentralizado responsable de la gestión de recursos humanos, sujetándose a las disposiciones que emita el ente rector;
Que, conforme a lo señalado en el artículo 30 del Reglamento de Organización y Funciones del INACAL, la Oficina de Administración es el órgano responsable de programar, conducir, ejecutar, controlar y supervisar los sistemas administrativos, entre otros, de la gestión de los recursos humanos;
Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 050-2006-PCM se prohíbe en las entidades del Sector Público, la impresión, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de comunicaciones y/o documentos de todo tipo, debiendo efectuarse en blanco y negro; asimismo, el artículo 2 de la citada norma prevé que el Titular de la entidad o quien éste delegue podrá autorizar, excepcionalmente, impresos a color para casos debidamente justificados;
Que, conforme a lo señalado en el literal a) del artículo 2 de la Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03, la designación de los titulares y suplentes de las cuentas bancarias autorizadas por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP), en el caso de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, se efectúa mediante resolución del Titular del Pliego o del funcionario a quien éste hubiera delegado esta facultad de manera expresa;
Que, en consecuencia, y con la finalidad de garantizar una adecuada y ágil gestión en materia presupuestal, en materia administrativa, en las contrataciones de bienes, servicios y obras, que permitan al INACAL cumplir de manera oportuna y eficaz sus funciones previstas en la Ley N° 30224 y su Reglamento de Organización y Funciones; resulta necesario delegar para el Año Fiscal 2026, determinadas facultades y atribuciones asignadas al Titular del Pliego;
Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, y el Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE, que aprueba la Sección Única del Reglamento de Organización y Funciones del INACAL;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegación de facultades en el/la Gerente/a General
Delegar en el/la Gerente/a General del Instituto Nacional de Calidad, durante el Año Fiscal 2026, las siguientes facultades:
1.1) En materia de presupuesto:
Aprobar y/o formalizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático dentro del Pliego 244: Instituto Nacional de Calidad.
1.2) En materia de contrataciones del Estado:
a) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones -PAC, así como sus modificatorias.
b) Autorizar la conveniencia o no de someter a arbitraje las controversias derivadas de su desacuerdo total o parcial con la decisión emitida por la Junta de Prevención y Resolución de Disputas.
1.3) En materia administrativa:
a) Oficializar eventos con entidades y/o instituciones públicas y/o privadas siempre y cuando no irroguen gastos a la Entidad.
b) Formalizar las actualizaciones del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) y aprobar su versión vigente.
c) Suscribir convenios de colaboración, cooperación, gestión, memorandos de entendimiento u otros de naturaleza análoga, con entidades públicas o privadas del ámbito nacional e internacional y organizaciones de la sociedad civil, las adendas respectivas, así como, suscribir toda la documentación que permita su ejecución. La presente delegación comprende también las designaciones necesarias para la ejecución de los convenios antes citados.
d) Representar al Instituto Nacional de Calidad ante cualquier autoridad y/o dependencia administrativa a fin de emitir o suscribir garantías de toda clase, así como para solicitar y proseguir procedimientos administrativos destinados a la obtención de autorizaciones, permisos y/o cualquier otro derecho que sea necesario para asegurar los intereses del Instituto Nacional de Calidad, para lo cual podrá presentar todo tipo de escritos, participar en cualquier tipo de audiencias administrativas, formular recursos administrativos de impugnación, queja contra los defectos de tramitación, solicitar la rectificación de errores, entre otras pretensiones administrativas. La presente delegación no afecta las funciones y atribuciones de la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción, conforme a la normativa sobre la materia.
e) Autorizar, excepcionalmente, impresos a color para casos debidamente justificados.
f) Designar a los responsables titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001-1632: Administración –INACAL del Pliego 244: Instituto Nacional de Calidad.
g) Aprobar las solicitudes para acceder al derecho de defensa y asesoría, presentadas en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
h) Aprobar las solicitudes de datos e información de las entidades públicas, en el marco del deber de colaboración entre entidades previsto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
i) Aprobar las modificaciones y formalizar las actualizaciones del Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de la Entidad, a que se refieren los artículos 34 y 36 de la Directiva N° 003-2024-SERVIR-GDSRH o la norma que la modifique o reemplace.
Artículo 2.- Delegación de facultades en el/la Jefe/a de la Oficina de Administración
Delegar en el/la Jefe/a de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de Calidad, durante el Año Fiscal 2026, las siguientes facultades:
2.1) En materia de recursos humanos:
a) Suscribir y resolver los contratos del personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, así como suscribir las adendas correspondientes.
b) Autorizar y resolver acciones del personal sujeto a los regímenes del Decreto Legislativo N° 728 y del Decreto Legislativo N° 1057.
c) Suscribir, modificar y resolver convenios de Prácticas Pre Profesionales y Profesionales, así como sus prórrogas o renovaciones.
2.2) En materia administrativa:
a) Aprobar directivas, lineamientos, circulares y/o manuales, así como, todo documento de carácter normativo, respecto de los sistemas administrativos de su competencia.
b) Supervisar, conducir e implementar medidas de seguridad, disponibilidad y el correcto funcionamiento de los sistemas de información, redes y comunicaciones, para garantizar la integridad y confidencialidad de la información.
c) Regular, tramitar y expedir los actos destinados o vinculados a la administración, disposición, adquisición, transferencia, donación, registro y supervisión de los bienes muebles.
d) Aprobar las donaciones que perciba la entidad, de acuerdo al marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
2.3) En materia de contrataciones del Estado:
a) Aprobar la reserva de la cuantía, en los procedimientos de selección para consultoría o ejecución de obras.
b) Suscribir y/o resolver contratos y adendas en las contrataciones derivadas de procedimientos de selección competitivos y no competitivos, así como los contratos complementarios, cuando corresponda.
c) Aprobar las resoluciones de contratos por caso fortuito o fuerza mayor, por el incumplimiento de los mismos cuando sea imputable al contratista, así como, en otros supuestos previstos por la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento y modificatorias.
d) Aprobar, suscribir u observar las liquidaciones de contratos que se presenten al Instituto Nacional de Calidad.
e) Solicitar el inicio de los procedimientos de conciliación o arbitraje derivados del incumplimiento de los contratos suscritos.
f) Tramitar todas las comunicaciones, actuaciones, pedidos de sanción y actos vinculados a los procedimientos de selección que tengan que realizarse ante el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE, el Tribunal de Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República, así como gestionar las publicaciones que deban efectuarse por mandato legal, y los pedidos de información y consulta que resulten necesarios formular ante otras entidades en materia de contrataciones públicas.
g) Aprobar la subcontratación de prestaciones en las condiciones y por el máximo permitido por la Ley General de Contrataciones Públicas.
h) Suscribir convenios interinstitucionales con entidades contratantes para realizar compras corporativas de bienes y servicios en general, y sus respectivas adendas.
i) Suscribir los contratos, órdenes de compra o de servicio respecto a los contratos menores de bienes y servicios, cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); así como suscribir los demás actos para su ejecución, modificación y/o resolución.
j) Resolver las órdenes de compra y las órdenes de servicios que perfeccionen la contratación conforme a lo previsto en el artículo 87 del Reglamento de la Ley Nº 32069, así como las que perfeccionen contrataciones a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
Artículo 3.- La presente delegación de facultades comprende las atribuciones de pronunciarse y/o resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con los requisitos y procedimientos legales establecidos para cada caso.
Artículo 4.- Precisar que la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000025-2024-INACAL-PE del 26 de diciembre de 2024 se mantiene vigente respecto a las contrataciones convocadas bajo la vigencia de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 5.- Los/as funcionarios/as comprendidos/as en los artículos 1 y 2 de la presente resolución deben informar trimestralmente a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad, sobre los actos realizados en virtud de la delegación de facultades dispuesta en la presente resolución.
Artículo 6.- Notificar la presente resolución a los/as funcionarios/as a quienes han sido delegadas facultades mediante la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR JOSÉ BERNABÉ PÉREZ
Presidente Ejecutivo
Instituto Nacional de Calidad
2472536-1
2472770-1
Autorizan transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República, con cargo al Presupuesto Institucional del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, para el ejercicio 2025
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 0178-2025-IMARPE/PE
Callao, 17 de noviembre del 2025
VISTO:
El Memorándum N° 392-2025-IMARPE/AFC de fecha 03 de noviembre de 2025, el Área Funcional de Contabilidad; el Memorándum N° 566-2025-IMARPE/OGPP, de fecha 06 de noviembre de 2025, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 332-2025-IMARPE/OGAJ de fecha 12 de noviembre de 2025;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 063-2024-IMARPE/PE, de fecha 30 de diciembre de 2024, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025 de la Entidad, por la suma de S/ 103 970 132,00 (Ciento Tres Millones Novecientos Setenta Mil Ciento Treinta y Dos con 00/100 Soles); el cual constituye el dispositivo presupuestario que rige la ejecución del presupuesto institucional durante el presente ejercicio fiscal;
Que, mediante la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, se establecen normas y disposiciones necesarias para el fortalecimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior y del Sistema Nacional de Control, con la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, así como de optimizar sus capacidades orientadas a la lucha contra la corrupción;
Que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificado por el artículo de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, dispone entre otros, que las entidades del Gobierno Nacional, quedan autorizadas para realizar transferencias financieras a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las sociedades de auditoría, las cuales se aprueban mediante resolución del Titular del Pliego, requiriéndose en todos los casos el informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad, siendo que la resolución del Titular del Pliego se publica en el diario oficial “El Peruano”;
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 237-2021-CG, se aprueba el Tarifario que establece el monto de retribución económica de las Sociedades de Auditoría, por el periodo a auditar, que las entidades deben transferir a la Contraloría General de la República para la contratación y pago de las mismas;
Que, mediante Oficio N° 000848-2025-CG/GAD, de fecha 28 de octubre de 2025, el Gerente de Administración de la Contraloría General de la República solicita al IMARPE realizar la transferencia financiera por los periodos 2025, 2026 y 2027, para el pago por retribución económica de la contratación de la Sociedad de Auditoría que efectuará la Auditoría Financiera Gubernamental de los mencionados periodos, correspondiendo el monto de S/ 68 874,00 (Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con 00/100 Soles) para el periodo 2025;
Que, con Memorándum N° 392-2025-IMARPE/AFC de fecha 03 de noviembre de 2025, el Área Funcional de Contabilidad solicita a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto opinión presupuestal de acuerdo a lo señalado en la normativa de la materia, para el trámite de la Resolución de Transferencia correspondiente;
Que, a través del Memorándum N° 566-2025-IMARPE/OGPP, de fecha 06 de noviembre de 2025, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite informe previo favorable y señala que en el Presupuesto Institucional del Pliego 240: Instituto del Mar del Perú - IMARPE, cuenta con los recursos disponibles para realizar la transferencia financiera a que se refieren los considerandos precedentes; a favor del Pliego 019: Contraloría General de la República hasta por el importe total de S/ 68 874,00 (Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con 00/100 Soles), en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y modificatorias, por el periodo 2025;
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 332-2025-IMARPE/OGAJ de fecha 12 de noviembre de 2025, opina que resulta jurídicamente viable aprobar la transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República, en el marco de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y modificatorias;
Con los visados de la Gerencia General, de las Oficinas Generales de Planeamiento y Presupuesto, de Administración y de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Autorizar la transferencia financiera a favor de Pliego 019: Contraloría General de la República, con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 240: Instituto del Mar del Perú – Imarpe para el ejercicio 2025, por la suma de S/ 68 874,00 (Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con 00/100 Soles), correspondiente al pago por retribución económica de la contratación de la Sociedad de Auditoría que efectuará la Auditoría Financiera Gubernamental correspondiente al periodo 2025.
Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia financiera autorizada por la presente Resolución se realizará con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 240: Instituto del Mar del Perú - Imarpe, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios -RO, Meta 0033550, Administración de Recursos Humanos, Financieros y Logísticos, Específica de Gasto 2.4.13.11 “A Otras Unidades del Gobierno Nacional” por la suma S/ 68 874,00 (Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con 00/100 Soles).
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada por el artículo 1 de la presente Resolución no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano” y encargar al Responsable del Portal de Transparencia de la Entidad, a fin de que proceda a publicarla en el portal web de la entidad: http://www.imarpe.gob.pe.
Regístrese, Comuníquese y Publíquese,
JORGE PAZ ACOSTA
Presidente Ejecutivo (e)
Instituto del Mar del Perú
2472770-1
RELACIONES EXTERIORES
2473126-3
Decreto Supremo que regula el procedimiento de acreditación de los Consejeros y Agregados Económicos Comerciales de las Oficinas Comerciales del Perú en el exterior, y los efectos jurídicos que se derivan de dicha acreditación
DECRETO SUPREMO
N° 058-2025-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 6 del artículo 6 de la Ley 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, establece que es función específica del Ministerio de Relaciones Exteriores la de nombrar y acreditar a las personas que desempeñan funciones oficiales en el extranjero en el Servicio Exterior;
Que, el numeral 19 del artículo 5 de la Ley 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, modificado por el artículo 2 de la Ley N° 29890, establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores acredita a los Consejeros y Agregados Económicos Comerciales nombrados, mediante resolución ministerial, por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sujetándose a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y demás normas internacionales aplicables, precisándose que esta referencia comprende a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares;
Que, el artículo 4 de la Ley N° 29890, Ley que modifica los artículos 3 y 5 de la Ley 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, otorgándole competencia sobre las oficinas comerciales en el exterior, y el artículo 3 de la Ley 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, establece que la selección de los Consejeros y Agregados Económicos Comerciales se realiza por concurso público de méritos a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La acreditación correspondiente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores se hará una vez concluido el concurso público y oficializado el nombramiento por el sector competente;
Que, la primera disposición complementaria final de la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, establece que, en el exterior, los Consejeros y Agregados Económicos Comerciales acreditados dependen jerárquicamente del jefe de misión, en los aspectos diplomáticos y de representación, en virtud de la precitada Ley 29890;
Que, el artículo 24 de la Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas, dispone que las oficinas comerciales del Perú en el exterior (OCEX) dependen funcional, administrativa y orgánicamente de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ);
Que el numeral 1 del artículo 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 (CVRD), establece que son funciones de una misión diplomática, entre otras, las de: a) representar al Estado acreditante ante el Estado receptor y b) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional;
Que, el numeral 1 a y b del artículo 10 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone la obligación del Estado acreditante de notificar formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, o al Ministerio que se haya convenido, del Estado receptor sobre el nombramiento, así como la terminación de las funciones de los miembros de la misión; su llegada y salida definitiva y la de sus familiares, así como los cambios en la composición familiar;
Que, en ese sentido, los artículos 236 y 237 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores aprobado por Resolución Ministerial N° 0516-2025-RE, establecen que las Embajadas son responsables de ejecutar la política exterior y representan al Estado peruano mediante su gestión en los ámbitos políticos, diplomático, económico, financiero, comercial, entre otros;
Que, en ese sentido, la acreditación de los Consejeros y Agregados Económicos Comerciales es un procedimiento realizado entre un Estado acreditante y un Estado receptor, sujeto a la aceptación de este último, que confiere efectos jurídicos plenos y vinculantes, y que se otorga conforme a la CVRD y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC), las normas internas del Estado receptor y, supletoriamente, a la costumbre internacional;
Que, resulta oportuno establecer un marco jurídico que regule íntegramente el procedimiento de la acreditación, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los Consejeros y Agregados Económicos Comerciales nombrados por MINCETUR y asignados por PROMPERÚ a una determinada Oficina Comercial del Perú en el exterior, sea como titular o encargado de una OCEX, o, en calidad de no residente, en aquellos países en los que no se cuente con una OCEX, hasta el término de sus funciones ante el Estado receptor en el que se encuentre acreditado, incluyendo los derechos, obligaciones y responsabilidades que asume dicho funcionario como consecuencia de su acreditación;
Que, en virtud del literal b) del numeral 41.1 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2025-PCM, el presente decreto supremo se encuentra excluido del alcance del AIR Ex Ante por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR) de la Presidencia del Consejo de Ministros;
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas; en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; en el inciso 3 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; en la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, Decreto Supremo N° 032-2023-RE que aprueba el Reglamento Consular del Perú; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores aprobado por Resolución Ministerial N° 0516-2025-RE;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto regular el procedimiento de la acreditación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), de los Consejeros y Agregados Económicos Comerciales (CEC), nombrados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y asignados por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) para cumplir funciones en el exterior, sea como titular o encargado de una OCEX o, en calidad de no residente, en aquellos países en los que no se cuente con una OCEX, así como los efectos jurídicos que se derivan de esa acreditación, desde la aceptación por el Estado receptor hasta el término de sus funciones en dicho Estado.
Artículo 2.- Finalidad
El presente reglamento tiene por finalidad establecer los lineamientos para una eficaz y oportuna acreditación de los CEC, de conformidad con el marco legal nacional e internacional aplicable, considerando las disposiciones establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas; la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; la normativa del Estado receptor; y, supletoriamente, la costumbre internacional. Asimismo, señala las obligaciones y derechos de los CEC como miembros de una Misión Diplomática o Consular y delimita sus responsabilidades, las que, conforme a la legislación aplicable, se derivan de la acreditación.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente decreto supremo, son de obligatorio cumplimiento para las diferentes unidades de organización del MRE, del MINCETUR y de PROMPERÚ.
Artículo 4.- Entidad y Órganos competentes
4.1 El Ministro de Relaciones Exteriores ejerce la función de acreditar a las personas que desempeñan funciones oficiales en el extranjero.
4.2 La Dirección General de Promoción Económica (DPE) es la unidad de organización del MRE responsable de gestionar la acreditación de los CEC, ante el requerimiento de acreditación efectuado por la entidad competente.
4.3 El Jefe de la Misión Diplomática o, de ser el caso, Consular, previa instrucción de la DPE, es el encargado de realizar las consultas y gestiones pertinentes, tendientes a la realización del proceso de acreditación de los CEC ante el Estado receptor.
4.4 El Director General de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares (DGC), en calidad de órgano de línea responsable de los asuntos consulares del MRE, remite a la DPE, la información relacionada a las Oficinas Consulares y la respectiva circunscripción consular y sus actualizaciones, para el caso de CEC acreditado como miembro de una Misión u Oficina Consular.
4.5 El MINCETUR es la entidad responsable de nombrar a los CEC a través de una Resolución Ministerial. Por su parte, PROMPERÚ, entidad adscrita al MINCETUR, se encarga de su asignación y de gestionar el requerimiento de acreditación correspondiente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 5.- Definiciones
Para efectos del presente decreto supremo, se establecen las siguientes definiciones:
a. Acreditación de CEC: Procedimiento por el cual el MRE solicita la aceptación del Estado receptor, la que una vez concedida, habilita al CEC para el ejercicio exclusivo de sus funciones en dicho Estado, en cumplimiento de la normativa vigente y hasta el término de dichas funciones.
b. Acreditación múltiple de CEC: Procedimiento mediante el cual un CEC, acreditado ante un Estado receptor, es asimismo acreditado para que pueda ejercer funciones ante uno o más Estados receptores, distintos de aquél en el que mantiene su residencia. Este procedimiento excepcional requiere contar previamente con la aceptación tanto del Estado donde se encuentra acreditado y mantiene su residencia, como la de los otros Estados receptores donde se propone la acreditación en calidad de no residente.
c. Aceptación por parte del Estado receptor: Expresión afirmativa de la voluntad del Estado receptor, en el ejercicio de su soberanía, que determina el inicio de las funciones del CEC en la totalidad o en una parte específica del territorio de este, según corresponda. Esta aceptación se otorga conforme a su normativa interna y puede manifestarse a través de la emisión de la credencial respectiva o de la comunicación de la aceptación de la acreditación solicitada.
d. Asignación de CEC: Acto de administración mediante el cual PROMPERÚ, a través de una Resolución de su Presidencia Ejecutiva, designa a un CEC para cumplir funciones en el exterior, sea como titular o encargado de una OCEX o, en calidad de no residente en aquellos países en los que no se cuente con una OCEX.
e. Circunscripción consular: Territorio atribuido a una Oficina Consular para el ejercicio de las funciones consulares.
f. Consejero o Agregado Económico Comercial (CEC): Funcionario especializado, de confianza, nombrado mediante Resolución Ministerial del MINCETUR y asignado por PROMPERÚ, para ejercer funciones en el Estado receptor.
g. Estado receptor: Estado en cuyo territorio se establece una Misión Diplomática o Consular.
h. Jefe de Misión: Funcionario diplomático de mayor rango, responsable de dirigir la misión y asegurar que se cumplan los objetivos de política exterior del Perú ante el Estado receptor. Para los fines de la presente norma, comprende al Jefe de Misión Diplomática y al Jefe de Misión u Oficina Consular, cuando corresponda.
i. Misión Diplomática: También denominadas Embajadas, son órganos del servicio exterior que dependen orgánica y funcionalmente del Ministerio de Relaciones Exteriores. En tanto representan al Estado Peruano en el exterior en todos los ámbitos de sus relaciones bilaterales con el Estado receptor, son responsables de ejecutar la política exterior y de promover y defender los intereses del Estado y de las personas naturales y jurídicas nacionales en el extranjero, mediante su gestión en los ámbitos político, diplomático, económico, financiero, comercial, cultural, social, humanitario, entre otros. Se encuentran reguladas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
j. Misión u Oficina Consular: Órganos del servicio exterior que dependen orgánica y funcionalmente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se encuentran a cargo de funcionarios del Servicio Diplomático de la República o funcionarios consulares honorarios, que ejercen funciones en el exterior, dentro de la circunscripción consular autorizada. Se encuentran reguladas por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y el Reglamento Consular del Perú.
k. Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX): Órganos desconcentrados que dependen funcional, económica, administrativa, y orgánicamente de PROMPERÚ, en concordancia con las políticas emitidas por el MINCETUR y los sectores competentes sobre la materia y están cargo de un Consejero o Agregado Económico Comercial.
l. Requerimiento de acreditación: Oficio de PROMPERÚ, entidad adscrita a MINCETUR, acompañado del sustento documentario correspondiente, incluyendo la resolución de nombramiento y la de asignación del CEC.
m. Solicitud de acreditación: Acto por el cual el MRE solicita formalmente ante un Estado receptor la acreditación de un CEC.
Artículo 6.- Marco legal aplicable
El marco legal aplicable en materia de acreditaciones de los CEC está conformado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la costumbre internacional y demás normativa nacional e internacional aplicable.
CAPÍTULO II
DE LA ACREDITACIÓN
Artículo 7.- Modalidades de acreditación del CEC
7.1. La acreditación del CEC se realiza como miembro de una Misión Diplomática del Perú. Excepcionalmente, puede ser acreditado como miembro de una Misión u Oficina Consular peruana, cuando así lo establezca el Estado receptor, de conformidad con sus regulaciones.
7.2. La acreditación del CEC se efectúa atendiendo los requisitos y condiciones señalados por el Estado receptor y según la denominación y categoría que este prevea. Lo anterior no genera efecto alguno en la categoría o cargo materia de nombramiento efectuado por el MINCETUR.
Artículo 8.- Del procedimiento de acreditación
8.1. El procedimiento de acreditación del CEC comprende las siguientes etapas: a) requerimiento de acreditación, b) solicitud de acreditación ante el Estado receptor a cargo del MRE, y c) comunicación a PROMPERÚ de la respuesta formal del Estado receptor.
8.2. Se remite el requerimiento de acreditación, adjuntando la resolución de nombramiento del CEC y la de su asignación a una determinada OCEX a fin de que el MRE inicie el procedimiento de acreditación del funcionario ante el Estado receptor.
8.3. Realizadas las consultas correspondientes con el Estado receptor, el MRE comunica a PROMPERÚ los requisitos establecidos por dicho Estado para la acreditación del CEC, de conformidad con sus regulaciones.
8.4. Una vez cumplidos los requisitos exigidos por el Estado receptor, el MRE imparte las instrucciones necesarias a la Misión Diplomática en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, para que esta presente la solicitud de acreditación ante el Estado receptor a través de la Nota Verbal respectiva, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la recepción de la instrucción. En dicha solicitud, la Misión informa al Estado receptor que el CEC se encuentra facultado a realizar funciones en materia de promoción del comercio, turismo, imagen país e inversión empresarial, conforme a la normativa vigente. Posteriormente la Misión pone en conocimiento del MRE la respuesta del Estado receptor, para que sea comunicada a PROMPERÚ, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de recibida.
8.5. De requerirse información adicional por parte del Estado receptor, la Misión Diplomática informa este hecho en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, al MRE, el cual traslada la comunicación del Estado receptor a PROMPERÚ en igual plazo. PROMPERÚ proporciona la información requerida por el Estado receptor en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de recibido el requerimiento de información.
8.6. Recibida la respuesta del Estado receptor, la Misión Diplomática la informa al MRE, para que este, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles, la comunique a PROMPERÚ. En caso de aceptación o denegatoria se da por culminado el procedimiento de acreditación.
Artículo 9.- De la acreditación excepcional en Misión u Oficina Consular
9.1. Excepcionalmente, el CEC podrá ser acreditado como miembro de una Misión u Oficina Consular conforme a las disposiciones del Estado receptor. La solicitud de acreditación ante el Estado receptor debe ser presentada por la Misión Diplomática, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo precedente.
9.2. Cuando la acreditación excepcional de un CEC en una Oficina Consular deba ser solicitada por la propia Misión u Oficina Consular —ya sea porque la normativa del Estado receptor así lo exige o por no haber en dicho Estado una Misión Diplomática peruana—, el procedimiento de acreditación descrito en el artículo 8 se aplicará, realizando las modificaciones pertinentes para la participación de la Oficina Consular.
9.3. En el requerimiento de acreditación se precisa el ámbito geográfico en el que se propone que el CEC ejerza sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de la presente norma, a fin de que el Estado receptor otorgue su consentimiento.
Artículo 10.- Efectos de la acreditación
10.1. La aceptación de la acreditación por parte del Estado receptor permite el desempeño de las funciones del CEC en dicho Estado, como miembro de una Misión Diplomática, o de una Oficina Consular cuando corresponda, le concede el reconocimiento de privilegios e inmunidades, y establece obligaciones y responsabilidades, de conformidad con la legislación nacional, la legislación interna del Estado receptor, y las normas internacionales aplicables, hasta el término de sus funciones en el Estado receptor.
10.2. Excepcionalmente, el CEC puede ejercer funciones antes de la aceptación del Estado receptor con autorización expresa de dicho Estado.
10.3. El plazo de permanencia del CEC, como resultado de su acreditación en una Misión Diplomática o Consular, se sujeta a lo dispuesto por el Estado receptor. En caso el Estado Receptor no establezca un plazo de permanencia, este será el dispuesto por PROMPERÚ.
CAPÍTULO III
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
Artículo 11.- Modalidades de reconocimiento de privilegios e inmunidades
11.1. Los privilegios e inmunidades de los CEC en funciones en el exterior se encuentran establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (CVRD) y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC), y demás normativa aplicable, según corresponda. Su reconocimiento se encuentra sujeto a lo que disponga la legislación del Estado receptor que autorice la acreditación, o al acuerdo que sobre la materia tengan el Estado receptor y el Estado acreditante.
11.2. Los CEC gozan de los derechos establecidos en el inciso k) del artículo 8 y el artículo 11 de la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República. Los gastos a los que se hace referencia en los literales b), c), d) y e) del artículo 11 de la Ley N° 28091, están a cargo de PROMPERÚ conforme a la normativa vigente.
Artículo 12.- Limitaciones
Los privilegios e inmunidades otorgados a los CEC en funciones, no los exime de la obligación de cumplir con el ordenamiento jurídico del Estado receptor ante el cual se encuentran acreditados.
CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
DE LOS CEC
Artículo 13.- Obligaciones del CEC como consecuencia de su acreditación
13.1. El CEC, luego de su acreditación, es reconocido por el Estado receptor como miembro de la Embajada o de la Oficina Consular a la que se encuentra adscrito. Asimismo, tiene las siguientes obligaciones:
a) Coordinar e informar al Jefe de Misión Diplomática, u Oficina Consular cuando corresponda, de las actividades de promoción de exportaciones, turismo e inversión empresarial que establece PROMPERÚ y hacerle conocer oportunamente su plan de trabajo;
b) Informar al Jefe de misión de toda situación o contingencia que pueda afectar al CEC, la OCEX, o a la Misión.
c) Mantener una conducta acorde con su nivel de representación como Consejero Económico Comercial del Perú en el exterior y con la dignidad de la Misión de la que forma parte, respetando las leyes, reglamentos y costumbres del Estado receptor.
d) Cumplir con los Lineamientos de Gestión de los Consejeros Económicos Comerciales a cargo de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior que establece PROMPERÚ.
Artículo 14.- Responsabilidades derivadas de la acreditación del CEC
14.1. El jefe de misión informa a la DPE, y demás unidades de organización competentes del MRE, sobre toda notificación efectuada por autoridades del Estado receptor, así como sobre cualquier situación de incumplimiento en dicho Estado, derivada de la actuación del CEC, a efectos de su comunicación a PROMPERÚ.
14.2. Las responsabilidades que se deriven de la actuación funcional del CEC serán determinadas y aplicadas conforme al marco legal vigente. Las consecuencias de carácter patrimonial que dicha actuación genere frente a terceros en el Estado receptor serán asumidas por el sector y/o entidad al que pertenece el CEC, de acuerdo con las normas que regulan el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Lo anterior se establece sin perjuicio de las responsabilidades personales que correspondan al funcionario.
CAPÍTULO V
ÁMBITO GEOGRÁFICO Y ACREDITACIONES MÚLTIPLES
Artículo 15.- Ámbito geográfico para el ejercicio de funciones de los CEC
15.1 Los CEC acreditados como miembros de una Embajada pueden ejercer funciones en todo el territorio del Estado receptor, salvo decisión distinta de este.
15.2 Los CEC acreditados en una Misión u Oficina Consular desempeñan funciones exclusivamente dentro de la circunscripción consular o en el ámbito geográfico ampliado que cuenta con el consentimiento del Estado receptor de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
15.3 Previo al inicio de funciones del CEC, el MRE comunica a PROMPERÚ la circunscripción consular o ámbito geográfico autorizado por el Estado receptor.
Artículo 16.- Acreditaciones múltiples
16.1 La DPE, a requerimiento de PROMPERÚ y previo al inicio del procedimiento señalado en el artículo 8, instruye a las Misiones Diplomáticas, o Consulares cuando corresponda, para que estas, en un plazo máximo de 5 días hábiles de recibida la mencionada solicitud], formulen las consultas necesarias a efectos de confirmar si el Estado donde se encuentra acreditado y los Estados donde se propone acreditar a un CEC permiten la acreditación múltiple y, de ser el caso, consultar sobre los requisitos o condiciones que exige cada Estado Receptor para esta modalidad de acreditación.
16.2 Para los Estados que acepten la acreditación múltiple, PROMPERÚ realiza el requerimiento de acreditación conforme al procedimiento señalado en el artículo 8.
16.3 La DPE informa a PROMPERÚ la respuesta que den los Estados receptores involucrados a la solicitud de acreditación.
CAPÍTULO VI
TÉRMINO DE LA ACREDITACIÓN DEL CEC EN UN ESTADO RECEPTOR
Artículo 17.- Causales de terminación de la acreditación
17.1 La acreditación termina por:
a) Decisión de PROMPERÚ de poner término a la asignación de un CEC sea como titular o encargado de una OCEX, o en calidad de no residente en aquellos países en los que no se cuente con una OCEX. Dicha decisión debe ser comunicada al MRE dentro de los cinco (05) días hábiles de adoptada, con indicación expresa de la fecha de término, para que sea a su vez puesta en conocimiento del Estado receptor, conforme lo dispuesto por su legislación interna y por la CVRD.
b) Expiración del plazo máximo de permanencia del CEC en el Estado receptor, de conformidad con lo dispuesto por dicho Estado.
c) Decisión del Estado receptor, la cual debe ser comunicada por el MRE a PROMPERÚ, dentro de los cinco (05) días hábiles de notificada por la Misión Diplomática o Consular respectiva al MRE.
d) Extinción del vínculo del CEC en la función pública, en cuyo caso PROMPERÚ debe comunicar el hecho al MRE dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido. PROMPERÚ remitirá una comunicación mediante la cual se acredite la extinción del vínculo, precisando la fecha de cese, a efectos de que el MRE cumpla con la notificación respectiva al Estado receptor, conforme lo dispuesto por la legislación interna de dicho Estado y por la CVRD.
17.2 La Misión Diplomática, u Oficina Consular cuando corresponda, notifica la fecha de término o cese de funciones del CEC al Estado receptor, conforme a los procedimientos establecidos por este para poner fin a la acreditación.
Artículo 18.- Acciones al término de la acreditación
18.1 Al término de la acreditación, el CEC, bajo responsabilidad, entrega oportunamente al Jefe de Misión, la documentación y todo aquel material relacionado con dicha acreditación que se requiera devolver al Estado receptor, dentro del plazo establecido por este. Para el caso de la extinción del vínculo del CEC en la función pública, el CEC, adicionalmente, entrega a PROMPERÚ o al MRE, su pasaporte diplomático, o especial, según corresponda, así como los de sus familiares.
18.2 En caso PROMPERÚ cuente con la documentación a que se refiere el numeral 18.1 de la presente norma, la remitirá oportunamente al MRE. Asimismo, de ser el caso, PROMPERÚ efectuará los requerimientos correspondientes para que el CEC cumpla con la obligación establecida en dicho numeral.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Relación del CEC con el Servicio Diplomático
La acreditación de un CEC ante un Estado receptor, no le concede la situación jurídica de miembro del Servicio Diplomático de la República, ni le otorga alguna de las categorías del escalafón diplomático, u otros derechos o beneficios propios de la carrera diplomática.
SEGUNDA. - Adecuación
La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo realiza las adecuaciones normativas necesarias en los Lineamientos para la gestión de los Consejeros Económicos Comerciales a cargo de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior.
TERCERA.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores y la Ministra de Comercio Exterior y Turismo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
TERESA STELLA MERA GÓMEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
HUGO CLAUDIO DE ZELA MARTÍNEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
2473126-3
2473127-5
Nombran al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en el Reino de España, para que se desempeñe simultáneamente como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante el Principado de Andorra
resolución suprema
nº 223-2025-re
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTA:
La Hoja de Trámite (GAC) N° 5214 del Despacho Viceministerial, de 19 de noviembre de 2025;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Suprema N° 162-2025-RE, de 21 de octubre de 2025, se nombró Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en el Reino de España al señor Luis Carlos Antonio Iberico Núñez;
Que, mediante Nota Verbal Nº NV PE. 14/24, de 12 de setiembre de 2024, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Principado de Andorra informó que su gobierno otorgó el beneplácito de estilo al señor Luis Carlos Antonio Iberico Núñez para que se desempeñe como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante el Principado de Andorra, con residencia en Madrid, Reino de España;
Que, en el numeral 12) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú se establece la facultad del señor Presidente de la República de nombrar Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado por el Decreto Supremo N° 047-2021-RE; el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado por el Decreto Supremo N° 130-2003-RE; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Nombrar al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en el Reino de España, señor Luis Carlos Antonio Iberico Núñez, para que se desempeñe simultáneamente como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante el Principado de Andorra, con residencia en Madrid, Reino de España.
Artículo 2.- La presente resolución no irroga gasto alguno al pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
HUGO CLAUDIO DE ZELA MARTÍNEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
2473127-5
2473127-6
Nombran al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la Santa Sede, para que se desempeñe simultáneamente como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta
resolución suprema
nº 224-2025-re
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El Memorándum N° PRO013632025 de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, de 23 de octubre de 2025; y, la Hoja de Trámite (GAC) N° 4735 del Despacho Viceministerial, de 23 de octubre de 2025; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Suprema N° 135-2025-RE, de 3 de setiembre de 2025, se nombró Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la Santa Sede, al Embajador en el Servicio Diplomático de la República Jorge Fernando Ponce San Román;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 0703-2025-RE, se fijó el 1 de diciembre de 2025 como la fecha en que el citado funcionario diplomático asumirá funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la Santa Sede;
Que, mediante Nota Verbal de 16 de octubre de 2025, la Cancillería de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta comunica que S.E. Frey John Dunlap, Príncipe y Gran Maestre de la Soberana y Militar Orden de Malta ha otorgado el beneplácito de estilo al Embajador en el Servicio Diplomático de la República Jorge Fernando Ponce San Román, para que se desempeñe como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, con residencia en la Santa Sede;
Que, en el numeral 12) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú se establece la facultad del Presidente de la República de nombrar Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado por el Decreto Supremo N° 047-2021-RE; y el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado por el Decreto Supremo N° 130-2003-RE; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Nombrar al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la Santa Sede, Embajador en el Servicio Diplomático de la República Jorge Fernando Ponce San Román, para que se desempeñe simultáneamente como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, con residencia en la Santa Sede.
Artículo 2.- Extenderle las Cartas Credenciales y Plenos Poderes correspondientes.
Artículo 3.- La presente resolución no irroga gasto alguno al pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
HUGO CLAUDIO DE ZELA MARTÍNEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
2473127-6
2473127-7
Nombran a Embajadora del Perú en Rumania para que se desempeñe simultáneamente como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú ante la República de Macedonia del Norte
resolución suprema
nº 225-2025-re
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El Memorándum N° PRO014052025 de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, de 30 de octubre de 2025; y, la Hoja de Trámite (GAC) N° 4878 del Despacho Viceministerial, de 31 de octubre de 2025; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Suprema N° 052-2025-RE, de 3 de abril de 2025, se nombró Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en Rumania, a la Embajadora en el Servicio Diplomático de la República Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 0227-2025-RE, se fijó el 1 de junio de 2025 como la fecha en que la citada funcionaria diplomática asumió funciones como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en Rumania;
Que, mediante Nota Verbal Nº 45-16176/25-2 de 28 de octubre de 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de la República de Macedonia del Norte comunicó que su Gobierno ha otorgado el beneplácito de estilo a la Embajadora en el Servicio Diplomático de la República Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, para que se desempeñe como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú ante la República de Macedonia del Norte, con residencia en Bucarest, Rumania;
Que, en el numeral 12) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú se establece la facultad del Presidente de la República de nombrar Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado por el Decreto Supremo N° 047-2021-RE; y el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado por el Decreto Supremo N° 130-2003-RE; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Nombrar a la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en Rumania, Embajadora en el Servicio Diplomático de la República Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, para que se desempeñe simultáneamente como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú ante la República de Macedonia del Norte, con residencia en Bucarest, Rumania.
Artículo 2.- Extenderle las Cartas Credenciales y Plenos Poderes correspondientes.
Artículo 3.- La presente resolución no irroga gasto alguno al pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
HUGO CLAUDIO DE ZELA MARTÍNEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
2473127-7
2473127-8
Nombran a Embajadora del Perú en Rumania para que se desempeñe simultáneamente como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú ante la República de Moldavia
Resolución Suprema
N° 226-2025-RE
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El Memorándum N° PRO011532025 de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, de 10 de setiembre de 2025; y, la Hoja de Trámite (GAC) N° 4043 del Despacho Viceministerial, de 10 de setiembre de 2025; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Suprema N° 052-2025-RE, de 3 de abril de 2025, se nombró Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en Rumania, a la Embajadora en el Servicio Diplomático de la República Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 0227-2025-RE, se fijó el 1 de junio de 2025 como la fecha en que la citada funcionaria diplomática asumió funciones como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en Rumania;
Que, mediante Nota Verbal Nº PD/103/8227 de 11 de agosto de 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Moldavia comunicó que su Gobierno ha otorgado el beneplácito de estilo a la Embajadora en el Servicio Diplomático de la República Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, para que se desempeñe como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú ante la República de Moldavia, con residencia en Bucarest, Rumania;
Que, en el numeral 12) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú se establece la facultad del Presidente de la República de nombrar Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado por el Decreto Supremo N° 047-2021-RE; y el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado por el Decreto Supremo N° 130-2003-RE; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Nombrar a la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en Rumania, Embajadora en el Servicio Diplomático de la República Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, para que se desempeñe simultáneamente como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú ante la República de Moldavia, con residencia en Bucarest, Rumania.
Artículo 2.- Extenderle las Cartas Credenciales y Plenos Poderes correspondientes.
Artículo 3.- La presente resolución no irroga gasto alguno al pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
HUGO CLAUDIO DE ZELA MARTÍNEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
2473127-8
2473127-9
Dan por terminadas las funciones de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en Türkiye, y ante Georgia, la República Islámica de Irán y la República de Azerbaiyán
Resolución Suprema
N° 227-2025-RE
Lima, 30 de diciembre de 2025
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Suprema N° 195-2022-RE, de 22 de diciembre de 2022, se nombró Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en Türkiye al entonces Ministro en el Servicio Diplomático de la República César Augusto De las Casas Díaz;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 0857-2022-RE, se fijó el 1 de febrero de 2023, como la fecha en que el citado funcionario diplomático asumió funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en Türkiye;
Que, mediante la Resolución Suprema N° 058-2023-RE, se nombró al Embajador en el Servicio Diplomático de la República César Augusto De las Casas Díaz, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en Türkiye, para que se desempeñe simultáneamente como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante Georgia, con residencia en Ankara, Türkiye;
Que, mediante la Resolución Suprema N° 103-2023-RE, se nombró al Embajador en el Servicio Diplomático de la República César Augusto De las Casas Díaz, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en Türkiye, para que se desempeñe simultáneamente como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la República Islámica de Irán, con residencia en Ankara, Türkiye;
Que, mediante la Resolución Suprema N° 104-2023-RE, se nombró al Embajador en el Servicio Diplomático de la República César Augusto De las Casas Díaz, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en Türkiye, para que se desempeñe simultáneamente como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la República de Azerbaiyán, con residencia en Ankara, Türkiye;
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado por el Decreto Supremo N° 047-2021-RE; y el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado por el Decreto Supremo N° 130-2003-RE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por terminadas las funciones del Embajador en el Servicio Diplomático de la República César Augusto De las Casas Díaz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en Türkiye.
Artículo 2.- Dar por terminadas las funciones del Embajador en el Servicio Diplomático de la República César Augusto De las Casas Díaz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante Georgia, con residencia en Ankara, Türkiye.
Artículo 3.- Dar por terminadas las funciones del Embajador en el Servicio Diplomático de la República César Augusto De las Casas Díaz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la República Islámica de Irán, con residencia en Ankara, Türkiye.
Artículo 4.- Dar por terminadas las funciones del Embajador en el Servicio Diplomático de la República César Augusto De las Casas Díaz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la República de Azerbaiyán, con residencia en Ankara, Türkiye;
Artículo 5.- La fecha de término de sus funciones será fijada mediante Resolución Ministerial.
Artículo 6.- Cancelar las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes correspondientes.
Artículo 7.- Darle las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones.
Artículo 8.- Aplicar el egreso que irrogue la presente Resolución a las partidas correspondientes del Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 9.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
HUGO CLAUDIO DE ZELA MARTÍNEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
2473127-9
2472916-1
Autorizan viaje de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la República de Chile y continente Antártico, en comisión de servicios
Resolución Ministerial
N° 0962-2025-RE
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El Memorándum N° DSL011852025 de la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, de 24 de noviembre de 2025 y su proveído de 22 de diciembre de 2025; la Hoja de Trámite (GAC) N° 5526 del Despacho Viceministerial; de 10 de diciembre de 2025; el Memorándum N° OPP032532025 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de 24 de diciembre de 2025; y, el Memorándum N° OAP040062025, de la Oficina de Administración de Personal, de 24 de diciembre de 2025;
CONSIDERANDO:
Que, el Perú se adhirió al Tratado Antártico el 10 de abril de 1981 y el 09 de octubre de 1989 fue aceptado como Parte Consultiva del mismo al demostrar su interés científico en la Antártida a través de las expediciones científicas ANTAR I y ANTAR II y el establecimiento de la Estación Científica Antártica “Machu Picchu” (ECAMP);
Que, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud del artículo 6º, inciso 13, de la Ley N.º 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, es responsable de formular, coordinar, conducir y supervisar la Política Nacional Antártica, en cuyo marco se ejecutan todas las actividades que las entidades de los sectores público y privado realicen;
Que, la Política Nacional Antártica, aprobada por Decreto Supremo N° 014-2014-RE, dispone que debe asegurarse la realización y continuidad de las Expediciones Científicas del Perú a la Antártida (ANTAR), a fin de consolidar la presencia activa y permanente del Perú en el continente antártico;
Que, la Política Nacional Antártica, prescribe que la formulación, coordinación, conducción y supervisión de la misma, está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su calidad de órgano rector;
Que, la Matriz de Estrategias, Metas e Indicadores de la Política Nacional Antártica, aprobada por Resolución Ministerial N° 0624-2014/RE, establece como Acción Estratégica la ejecución anual de las Expediciones Científicas del Perú a la Antártida (ANTAR);
Que, mediante el Decreto Supremo 075-2024-PCM se ha dispuesto la inclusión en el Eje 10 de los Lineamientos de la Política General de Gobierno denominado: “Conducción de una política exterior reforzada al servicio de los intereses permanentes del Perú”, el numeral 10.3 referido a “Cautelar y promover los intereses y derechos del Perú en la región antártica, fortaleciendo la participación y el cumplimiento de los compromisos del Estado peruano en el marco del Sistema del Tratado Antártico, orientados a asegurar la paz y la cooperación en dicho continente”.
Que, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha previsto la realización de la Trigésimo Segunda Expedición Científica del Perú a la Antártida (ANTAR XXXII) del 19 de diciembre de 2025 al 26 de marzo de 2026.
Que, la citada expedición tendrá como objetivos profundizar el aporte científico del Perú al conocimiento de la Antártida; dar continuidad a las investigaciones que se vienen desarrollando desde expediciones anteriores; actualizar los estudios técnicos de base para la formulación de proyectos orientados al fortalecimiento de la infraestructura antártica nacional; fortalecer la cooperación con otros Estados Parte del Tratado Antártico; y contribuir a la difusión del valor de la Antártida como Reserva Natural para la Paz y la Ciencia;
De conformidad con la Ley Nº 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por Resolución Ministerial N° 0516-2025-RE; la Política Nacional Antártica, aprobada por el Decreto Supremo Nº 014-2014-RE; la Matriz de Estrategias, Metas e Indicadores de la Política Nacional Antártica, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 0624-2014-RE; la Directiva Nº 002-2021-DSL/RE “Lineamientos para la Conducción y Coordinación de la Política Nacional Antártica”, aprobada por la Resolución Ministerial Nº 0196-2021-RE; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; el Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM; la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo Nº 1057, Contratación Administrativa de Servicios y otorga derechos laborales y, la Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2023;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorización
Autorizar el viaje, en comisión de servicios, de los siguientes comisionados, a la ciudad de Punta Arenas, República de Chile, así como al continente Antártico, del 2 al 8 de enero de 2026, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución:
• Embajador en el Servicio Diplomático de la República Librado Orozco Zapata, Director General de la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos; y,
• Capitán de Navío (r) José Francisco Gianella Herrera, contratado bajo el Fondo de Apoyo Gerencial, Consultor de la Dirección General de soberanía, Limites y Asuntos Antárticos.
Artículo 2.- Financiamiento
Los gastos de participación por concepto de viáticos en la ciudad de Punta Arenas, República de Chile, en la etapa de repliegue, que irrogue el cumplimiento de la presente comisión de servicios serán cubiertos por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meta 0033896 (311) Realización periódica de las campañas científicas a la antártica; y, Código POI AOI00004500310: “Realización de la Campaña Científica a la Antártida”, debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:
Del 7 al 8 de enero de 2026:
|
Nombres y Apellidos
|
Pasajes Aéreos
Clase Económica
(USD)
|
Viáticos
por día
(USD)
|
Número
de días
|
Total
viáticos
(USD)
|
|
Librado Orozco Zapata
|
1 395.05
|
370.00
|
1 + 1
|
740.00
|
|
José Francisco Gianella Herrera
|
1 395.05
|
370.00
|
1 + 1
|
740.00
|
Conforme a los establecido en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, y atendiendo al itinerario de viaje, se ha adicionado un (1) día de viáticos por concepto de gasto de instalación y traslado, todo lo cual formará parte de la rendición de viáticos que corresponda.
Artículo 3.- Traslados
El citado personal se trasladará del puerto de Punta Arenas, República de Chile, a la Antártida por vía marítima con el B.A.P. Carrasco y/o por vía aérea con el empleo del Hércules C-130.
Artículo 4.- Informe
Dentro de los quince (15) días calendario, posteriores a su retorno al país, los citados funcionarios deberán presentar al Ministro de Relaciones Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.
Artículo 5.- No liberación ni exoneración de impuestos
La presente Resolución Ministerial no libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Hugo de Zela
Ministro de Relaciones Exteriores
2472916-1
2473093-1
Delegan facultades al Viceministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios del Ministerio
Resolución Ministerial
N° 0963-2025-RE
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTO:
La Hoja de Trámite (SGG) N° 2413 del 15 de diciembre de 2025, de la Secretaría General; el Memorándum N° LEG027012025 del 24 de diciembre de 2025, de la Oficina General de Asuntos Legales; y,
CONSIDERANDO:
Que, el último párrafo del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone que los Ministros de Estado pueden delegar, en los funcionarios de su cartera ministerial, las facultades y atribuciones que no sean privativas a su función, siempre que la normatividad lo autorice;
Que, en ese marco, el artículo 9 de la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, dispone que el Ministro es la más alta autoridad política del Sector Relaciones Exteriores y es el titular del pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, pudiendo desconcentrar en los empleados públicos de su Ministerio, las facultades y atribuciones que no sean privativas a su función. Asimismo, el literal v) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo Texto Integrado fue aprobado por Resolución Ministerial N° 0516-2025-RE, establece que el Ministro de Relaciones Exteriores puede delegar las facultades y atribuciones que no sean privativas a su función de Ministro de Estado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
Que, el literal a) del artículo 235 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que los derechos, obligaciones, y demás normas de la ley y el referido reglamento, para ser aplicado a los funcionarios públicos, se sujetan a diversas disposiciones específicas, precisando que, en materia de desplazamiento, solo les son aplicables la comisión de servicios y el encargo de funciones;
Que, de acuerdo con lo señalado por el artículo 64 del Reglamento de la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado por Decreto Supremo N 130-2003-RE, la encargatura de funciones de funcionarios diplomáticos para el ejercicio de cargos correspondientes a los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo de la Cancillería, del centro de formación profesional, así como para su desempeño como asesores principales y asesores especializados, se efectúa mediante Resolución Ministerial;
Que, conforme al Decreto Supremo N° 001-2001-RE, modificado por el Decreto Supremo N° 083-2016-RE, el Ministerio de Relaciones Exteriores oficializa el carácter internacional de cualquier evento que se realice en el territorio de la República con la participación de delegaciones extranjeras, mediante Resolución Ministerial o resolución emitida por el órgano a quien se delegue dicha facultad;
Que, el numeral 39.1 del artículo 39 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, establece que el/la Procurador/a Público/a ejerce la defensa jurídica del Estado en el ámbito nacional, en sede administrativa, jurisdiccional y no jurisdiccional, conforme a diversas acciones, entre ellas, la consignada en el inciso 17 del numeral antes referido, esto es, aprobar tanto en el arbitraje institucional como en el Ad Hoc, la designación del árbitro por parte de la entidad, siempre que dicha atribución haya sido expresamente delegada por el titular del pliego; lo cual resulta aplicable en el escenario de inicio de arbitraje potestativo a que se refiere el numeral 18.2 del artículo 18 de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal;
Que, el numeral 1.5 del artículo 1 del Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2024-JUS, dispone que la máxima autoridad de la entidad, bajo responsabilidad, se encuentra obligada a clasificar y registrar la información de carácter secreta y reservada y/o designar a los/las funcionarios/as encargados de tal clasificación y registro;
Que, los artículos 23 y 24 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado por Resolución N° 0047-2024-JNE, establecen que el titular del pliego o a quien este faculte solicita al Jurado Especial Electoral autorización previa para publicidad estatal por radio o televisión o efectúa el reporte posterior de la publicidad estatal difundida a través de medios distintos a la radio o televisión;
Que, la Directiva Nº 002-2024-PCM/SGP “Directiva que regula las disposiciones para el funcionamiento de los Canales de Atención Presenciales y Mixto de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano – MAC”, aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2024-PCM/SGP, establece y regula las disposiciones para la delegación de la administración de los canales de atención presenciales y mixto de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) por parte de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en otras entidades, y precisa que el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) es suscrito entre el/la Secretario/a de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y el/la servidor/a civil o representante designado/a por la entidad administradora o participante que formen parte de la Plataforma MAC;
Que, la Directiva N° 003-2021-EF/43.01 “Lineamientos para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, en el marco de la Ley Nº 29806”, aprobada con Resolución Ministerial Nº 109-2021-EF/43, y modificada por Resolución Ministerial Nº 360-2021-EF/43 y Resolución Ministerial Nº 323-2023-EF/43, regula, entre otros asuntos, de manera exclusiva las obligaciones que deben cumplir los titulares de los Sectores o los funcionarios que cuenten con la delegación de las funciones correspondiente, en los temas relativos a la selección y contratación del personal altamente calificado;
Que, la Directiva N° 003-2024-EF/43.01 “Lineamientos para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, en el marco del Decreto Ley Nº 25650”, aprobada con Resolución Ministerial Nº 397-2024-EF/43, y modificada por Resolución Ministerial Nº 144-2025-EF/43, establece, entre otros asuntos, las obligaciones que deben cumplir los titulares de las entidades contratantes o los funcionarios que cuenten con la delegación de las funciones correspondiente, en los temas relativos a procesos de selección y contratación de consultores;
Que, en concordancia con lo establecido por el artículo 8 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobado por el Decreto Supremo N° 057-2022-EF, corresponde al titular de la entidad suscribir y/o presentar la rendición de cuentas conforme al artículo 23, pudiendo delegar esta función en la máxima autoridad administrativa o quien haga sus veces;
Que, el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece los principios y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto Público; asimismo, establece en el numeral 7.2 del artículo 7 que el titular de la Entidad puede delegar sus funciones en materia presupuestaria cuando lo establezca expresamente aquel Decreto Legislativo, las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público o la norma de creación de la respectiva entidad;
Que, los numerales 9.1 y 9.3 del artículo 9 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF, establece que el órgano resolutivo es el Ministro, el titular o la máxima autoridad ejecutiva del Sector, a quien le corresponde, entre otras funciones, presidir el comité de seguimiento de inversiones, aprobar el procedimiento para realizar el cierre de oficio de las inversiones, autorizar la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes de proyectos de inversión, así como su ejecución cuando estos hayan sido declarados viables mediante fichas técnicas, precisando que estas funciones puede ser objeto de delegación;
Que, por su parte, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento Público, establece los principios, normas y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Abastecimiento Público; y en concordancia con el artículo 76 de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, establece el marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras, pudiendo el titular de la entidad, conforme al artículo 25 de dicha ley, delegar mediante resolución las facultades que le otorga la mencionada norma, salvo las excepciones previstas en su reglamento. Asimismo, de acuerdo con la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 32069, los procedimientos de selección iniciados antes de la vigencia de la referida ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria, en ese marco resulta también necesario delegar facultades del titular de entidad en el caso de las contrataciones realizadas bajo el alcance de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que se encuentren en ejecución;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 84.1 del artículo 84 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el desempeño de los cargos de los titulares de los órganos administrativos puede ser suplido temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificada, por quien designe la autoridad competente para efectuar el nombramiento de aquellos;
Con los visados de la Secretaría General, de la Oficina General de Asuntos Legales, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina General de Administración, de la Oficina General de Recursos Humanos, y de la Oficina General de Inversiones, Infraestructura y Lineamientos para la Adquisición y Mantenimiento de Bienes en el Exterior;
Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo Texto Integrado fue aprobado por Resolución Ministerial N° 0516-2025-RE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- De la delegación al Titular del Despacho Viceministerial de Relaciones Exteriores
Se delega en el/la Viceministro/a de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, las siguientes facultades:
a) Encargar las funciones correspondientes a los/las Directores/as Generales y Jefes/as de Oficina General cuando se ausenten de sus puestos por motivos de uso de días de instalación, uso del término de la distancia, licencias, vacaciones, suspensión de servicios con contraprestación, destaques, comisiones de servicio y suspensión por medidas disciplinarias.
b) Autorizar los viajes en comisión de servicios de los/las Jefes/as de Misión y de los/las Representantes Permanentes ante Organismos Internacionales que constituyan un desplazamiento para desempeñar funciones propias de su Misión fuera del ámbito territorial del Estado receptor o de la sede del Organismo Internacional en el que se encuentran acreditados/as.
Artículo 2.- De la delegación al Titular de la Secretaría General
Se delega en el/la Secretario/a General del Ministerio de Relaciones Exteriores, las siguientes facultades:
2.1 En materia presupuestaria y de planeamiento
a) Aprobar la formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático previstas en el artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
b) Aprobar el Plan Operativo Institucional del Pliego N° 008: Ministerio de Relaciones Exteriores y sus respectivas modificatorias.
c) Aprobar los procedimientos y lineamientos referidos a la información, documentos, plazos, responsabilidades y procedimientos en general para la aplicación de lo establecido en el artículo 41 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
d) Emitir directivas, lineamientos y/o manuales, así como otros documentos de carácter normativo en materia de planeamiento y presupuesto, que permita la eficiente gestión del gasto y adecuado uso de los recursos asignados.
e) Aprobar la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria del Pliego 008: Ministerio de Relaciones Exteriores.
f) Suscribir y remitir formatos, fichas y documentación que tenga incidencia presupuestaria.
2.2 En materia financiera
a) Suscribir y presentar los Estados Financieros y Presupuestarios del Pliego Nº 008: Ministerio de Relaciones Exteriores, que se reporte de manera periódica a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con excepción de aquella correspondiente al reporte anual a ser enviado para la elaboración de la Cuenta General de la República, en el marco del inciso 3 del numeral 8.1 del artículo 8 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobado por Decreto Supremo N° 057-2022-EF.
b) Designar a los titulares y suplentes de las cuentas bancarias de la unidad ejecutora 00045-Ministerio de Relaciones Exteriores.
2.3 En materia normativa
Aprobar directivas, planes, manuales, programas, así como todo documento normativo que regule los actos de administración interna, elaboración de documentos de gestión, trámites internos, lineamientos técnicos-normativos y metodológicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, orientados a optimizar los procesos internos a cargo de todas las unidades orgánicas del Ministerio.
2.4 En materia de gestión de inversiones
a) Presidir el comité de seguimiento de inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
b) Aprobar el procedimiento para realizar el cierre de oficio de las inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
2.5 En materia de contrataciones públicas
a) Dirigir a Perú Compras u otra entidad contratante la iniciativa de compra centralizada en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
b) Solicitar la inclusión de otros bienes, servicios u obras a la compra centralizada por iniciativa de Perú Compras u otra entidad contratante.
c) Formalizar la aceptación de compra centralizada por iniciativa de Perú Compras u otra entidad contratante.
2.6 En materia de gestión administrativa
a) Remitir a la Unidad Transitoria de Pago (UTP) constituida en la Oficina General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas las solicitudes de pago de honorarios del personal altamente calificado (PAC) contratado en el marco de la Ley N° 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones; así como comunicar a la UTP cuando el profesional contratado como PAC deje de prestar servicios, bajo cualquier causa y/o motivo.
b) Constituir comisiones, grupos de trabajo y/o similares al interior de la Entidad, así como disponer la modificación de la conformación de estos, de ser el caso.
c) Designar al árbitro por parte de la entidad en los procesos de arbitraje potestativo, iniciados a solicitud de las organizaciones sindicales, derivados de los procesos de negociación colectiva descentralizada, en el marco de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, y el Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, Decreto Supremo que aprueba Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, conforme al inciso 17 del numeral 39.1 del artículo 39 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS; así como demás normativa vigente y aplicable sobre la materia.
d) Clasificar, desclasificar y reclasificar como información reservada, aquella información que se encuentra contenida en el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.
e) Registrar la información reservada de la entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2024-JUS.
2.7 En materia de oficialización de eventos
Oficializar mediante resolución, el carácter internacional de eventos que se realicen en el territorio de la República con la participación de delegaciones extranjeras, cuyo requerimiento provenga de entidades de la Administración Pública, incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 3.- De la delegación al Titular de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares
Se delega en el/la Director/a General de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, la facultad de suscribir, en el ámbito de sus competencias, los Acuerdos de Nivel de Servicio para la participación en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano de la Plataforma MAC, de conformidad con las disposiciones de la Directiva Nº 002-2024-PCM/SGP “Directiva que regula las disposiciones para el funcionamiento de los Canales de Atención Presenciales y Mixto de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano – MAC”.
Artículo 4.- De la delegación al Titular de la Dirección General de Desarrollo e Integración Fronteriza
Se delega en el/la director/a de la Dirección General de Desarrollo e Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores, la facultad de aprobar el expediente técnico o documento equivalente para el proyecto de inversión Paso de Frontera Santa Rosa - Loreto.
Artículo 5.- De la delegación al Titular de la Oficina General de Recursos Humanos
Se delega en el/la jefe/a de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, las siguientes facultades a fin de administrar el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del Decreto Ley N° 25650:
a) Suscribir las solicitudes para el registro de Contratos de Locación de Servicios.
b) Suscribir los Contratos de Locación de Servicios.
c) Suscribir los Términos de Referencia del Servicio.
d) Suscribir las solicitudes para el registro de prórroga y/o renovación de contratos.
e) Suscribir las adendas.
f) Suscribir las solicitudes para el pago de honorarios.
g) Comunicar a la Unidad Transitoria de Pago (UTP) constituida en la Oficina General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas cuando un Locador FAG deje de prestar servicios, bajo cualquier causa y/o motivo.
h) Comunicar a la Unidad Transitoria de Pago, de manera inmediata, en caso tome conocimiento de la imposición a un Locador FAG de alguna sanción de destitución firme o que haya agotado la vía administrativa y/o con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada.
i) Suscribir otros documentos de carácter administrativo u operativo vinculados a la gestión del FAG.
Artículo 6.- De la delegación al Titular de la Oficina General de Comunicación Estratégica y Proyección de Imagen Internacional
Se delega en el/la jefe/a de la Oficina General de Comunicación Estratégica y Proyección de Imagen Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, las siguientes facultades:
a) Suscribir y presentar, en representación de Ministerio de Relaciones Exteriores, el formato de solicitud de autorización previa para la difusión de la publicidad estatal por radio y televisión ante el Jurado Electoral Especial correspondiente.
b) Suscribir y presentar, en representación de Ministerio de Relaciones Exteriores, el formato de reporte posterior de publicidad estatal difundida a través de medios distintos a radio o televisión ante el Jurado Electoral Especial correspondiente; lo cual incluye la realización de toda acción orientada al levantamiento de observaciones, así como la apertura de la Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones y el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas correctivas que, de ser el caso, ordene el Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Electoral Especial correspondiente, conforme a sus competencias.
Artículo 7.- De la delegación al Titular de la Oficina General de Inversiones, Infraestructura y Lineamientos para la Adquisición y Mantenimiento de Bienes en el Exterior
Se delega en el/la jefe/a de la Oficina General de Inversiones, Infraestructura y Lineamientos para la Adquisición y Mantenimiento de Bienes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, las siguientes facultades:
7.1 En materia de gestión de inversiones
a) Autorizar la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes de proyectos de inversión, así como su ejecución cuando estos hayan sido declarados viables mediante fichas técnicas.
b) Aprobar los expedientes técnicos o documentos equivalentes para la ejecución de las inversiones.
7.2 En materia de gestión de bienes patrimoniales
a) Aprobar los actos de adquisición, administración y disposición de bienes muebles e inmuebles que corresponden al Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores conforme a la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento Público y las Directivas que emite la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas; así como realizar los trámites previos y todos aquellos que deriven de los actos de adquisición, administración y disposición que se aprueben ante las entidades públicas competentes. Esta facultad incluye la aprobación y aceptación de donaciones.
Artículo 8.- De la delegación al Titular de la Oficina General de Administración.
Se delega en el/la jefe/a de la Oficina General de Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, las siguientes facultades:
8.1 En materia de contrataciones bajo el alcance de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas
a) Autorizar y ordenar la ejecución de prestaciones adicionales de obra hasta por el máximo permitido por ley; así como informar al Tribunal de Contrataciones Públicas y a la Contraloría General de la República en caso se aprueben prestaciones adicionales de obras por deficiencias en el expediente técnico de obra.
b) Disponer las acciones pertinentes en los casos previstos en el numeral 9.6 de la Directiva Nº 005-2025-PERÚ COMPRAS “Directiva para el Desarrollo del Proceso de Implementación y Operación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco” o la que haga sus veces.
8.2 En materia de contrataciones bajo el alcance de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
a) Resolver las contrataciones a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, así como aprobar las ampliaciones de plazo de dichas contrataciones.
b) Modificar y/o resolver contratos que deriven de procedimientos de selección, incluidas las contrataciones directas, y los que deriven de procedimientos de selección desarrollados en el marco de convenios de encargo de actuaciones preparatorias y/o procedimiento de selección a organismos internacionales; así como suscribir las adendas a dichos contratos.
c) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes, servicios en general y servicios de consultoría, hasta por el máximo permitido por ley.
d) Autorizar la reducción de prestaciones en el caso de bienes, servicios en general, servicios de consultoría y obras, hasta por el máximo permitido por ley.
e) Autorizar otras modificaciones a los contratos derivados de procedimiento de selección, incluso cuando estas impliquen incremento de precio.
f) Resolver las solicitudes de ampliaciones de plazo presentadas por los contratistas.
g) Ampliar el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal que haya sido objeto de modificación mediante una ampliación de plazo previamente aprobada.
h) Acordar con el contratista la suspensión del plazo de ejecución contractual, y una vez reiniciado dicho plazo comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución.
i) Aprobar la subcontratación de prestaciones solicitada por los contratistas, hasta por el máximo permitido por ley.
j) Autorizar la cesión de posición contractual en los casos permitidos por ley.
k) Designar a los miembros integrantes de comités de recepción de obra, así como disponer su reemplazo o remoción.
l) Aprobar, suscribir u observar las liquidaciones de ejecución de obra y de consultoría de obra; emitir pronunciamiento respecto a las observaciones formuladas a las referidas liquidaciones; y, notificar a los contratistas las referidas liquidaciones, cuando corresponda.
m) Suscribir contratos de fideicomiso derivados de contratos de ejecución de obra.
n) Designar al inspector o, en su caso, al equipo de inspectores cuando no se pueda contar con la supervisión de obra.
o) Pronunciarse respecto a las discrepancias sobre observaciones realizadas por el comité de recepción de obra.
8.3 En materia de gestión administrativa
a) Representar al Ministerio de Relaciones Exteriores ante las diferentes entidades públicas e instituciones privadas para realizar cualquier tipo de acto, trámite, gestión, procedimiento y/o actividad en materia administrativa que resulte necesaria para el desarrollo de las funciones del Ministerio.
b) Suscribir los convenios de gestión, y de colaboración y cooperación interinstitucional, y de auspicios, y sus respectivas adendas, así como efectuar los trámites que deriven de estos; con excepción de aquellos convenios que por norma expresa deban ser suscritos por el Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores o que cuenten con delegación de facultades en otro funcionario en virtud de la materia específica del convenio.
c) Suscribir contratos administrativos, civiles, licencias de uso, compromisos de voluntariado, y otros contratos o acuerdos de diversa índole o naturaleza, y sus respectivas adendas, minutas y/o escrituras públicas, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, pudiendo además resolver tales contratos o acuerdos; con excepción de aquellos con cargo a asignaciones ordinarias o extraordinarias de los órganos del servicio exterior.
e) Aprobar y aceptar las donaciones de existencias de almacén denominadas suministro de funcionamiento.
f) Reconocer los créditos internos y devengados de ejercicios fenecidos; así como aquellos adeudos en los que resulte aplicable la acción por enriquecimiento sin causa en la vía correspondiente, en concordancia con la normativa vigente, y sin perjuicio de disponer el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar.
Artículo 9.- De la delegación al Titular de la Procuraduría Pública
Se delega en el/la Procurador/a Público/a, así como en el/la Procurador/a Público/a Adjunto/a del Ministerio de Relaciones Exteriores la facultad de evaluar la decisión de conciliar o rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio, considerando criterios de costo-beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliación, en el marco de lo dispuesto por Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, previos informes técnico y legal. La referida delegación se ejerce de manera individual e indistinta.
Artículo 10.- De la delegación a los/las Jefes/as de los Órganos del Servicio Exterior
Se delega en los/las Jefes/as de Misión, de Oficina Consular y en los/las Representantes Permanentes ante Organismos Internacionales la facultad de autorizar los viajes en comisión de servicios de los/las funcionarios/as de la Misión, de los funcionarios/as consulares y de los/las Representantes Permanentes Alternos/as, respectivamente, que constituyan un desplazamiento para desempeñar funciones propias de su Misión, Oficina Consular o de su Representación Permanente, fuera del ámbito territorial del Estado receptor o de la sede del Organismo Internacional en el que se encuentran acreditados/as.
Artículo 11.- Del alcance de la delegación
La delegación de facultades, así como la asignación de responsabilidades a que se refiere la presente resolución, comprende las atribuciones de decidir y resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con los requisitos legales establecidos para cada caso.
Artículo 12.- De las actuaciones realizadas
Los/as funcionarios/as a quienes se les delega las facultades indicadas en la presente resolución están obligados a dar cuenta e informar al Despacho Ministerial de Relaciones Exteriores, respecto de las actuaciones realizadas en el marco de las delegaciones otorgadas, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del semestre.
Artículo 13.- Notificación
Se notifica la presente resolución al/la Viceministro/a de Relaciones Exteriores, al/la Secretario/a General, a la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, a la Dirección General de Desarrollo e Integración Fronteriza, a la Oficina General de Recursos Humanos, a la Oficina General de Comunicación Estratégica y Proyección de Imagen Internacional, a la Oficina General de Inversiones, Infraestructura y Lineamientos para la Adquisición y Mantenimiento de Bienes en el Exterior, a la Oficina General de Administración, a la Procuraduría Pública, a los Órganos del Servicio Exterior, y a los(as) titulares de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, para su conocimiento, cumplimiento y difusión.
Artículo 14.- De la vigencia
Las delegaciones otorgadas mediante la presente resolución tendrán vigencia durante el año 2026.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HUGO DE ZELA
Ministro de Relaciones Exteriores
2473093-1
2472847-1
Delegan facultades en materia de contrataciones públicas en diversas jefaturas del Ministerio
Resolución Secretaría General
N° 0738-2025-RE
Lima, 24 de diciembre de 2025
VISTO:
La Hoja de Trámite (SGG) N° 2417 del 16 de diciembre de 2025, de la Secretaría General; el Memorándum N° LEG027002025 del 24 de diciembre de 2025, de la Oficina General de Asuntos Legales; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 11 de la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, dispone, entre otros aspectos, que el Secretario General es la más alta autoridad administrativa del Ministerio;
Que, el artículo 10 de la Primera Sección del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 025-2025-RE, establece que el Secretario General es la más alta autoridad administrativa del Ministerio que se encarga de asistir y asesorar al Ministro en la gestión de los sistemas administrativos de la entidad, entre otros; estando facultado en base al literal p) del artículo 11 de referido reglamento a desconcentrar las funciones administrativas que no sean privativas del cargo del Secretario General;
Que, respecto a la delegación de competencias, los numerales 78.1 y 78.2 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisan que las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Procede también la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad. Asimismo, procede la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad, mientras no se trate sobre atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso impugnativo, y las atribuciones a su vez recibidas en delegación;
Que, asimismo, el numeral 85.1 del artículo 85 del citado Texto Único Ordenado establece que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en dicha ley;
Que, en concordancia con el artículo 76 de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, establece el marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras. Así, el literal b) del numeral 25.1. del artículo 25 la referida ley, establece que la autoridad de gestión administrativa de cada entidad contratante es responsable de la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, con excepción de aquellas reservadas al titular de la entidad; y, en el caso de los ministerios, la secretaría general es la autoridad de gestión administrativa;
Que, adicionalmente, el numeral 25.2. del artículo 25 de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, dispone que la autoridad de gestión administrativa puede delegar, mediante resolución, las facultades que la presente les otorga, salvo las excepciones previstas en el reglamento de la referida ley;
Que, en atención a lo expuesto y la propuesta del documento de vistos, resulta pertinente delegar facultades en materia de contrataciones públicas bajo el alcance de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en el/la jefe/a de la Oficina General de Administración, el/la jefe/a de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración y en el/la titular de la Procuraduría Pública;
Con los visados de la Oficina General de Administración y de la Oficina General de Asuntos Legales;
Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y, la Primera Sección del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2025-RE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- De la delegación al Titular de la Oficina General de Administración
Se delega en el/la jefe/a de la Oficina General de Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, las siguientes facultades en materia de contrataciones públicas bajo el alcance de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas:
a) Aprobar las modificaciones (inclusiones y exclusiones) al Cuadro Multianual de Necesidades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
b) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
c) Aprobar los procesos de compatibilización del requerimiento de bienes y servicios.
d) Publicar, modificar, así como realizar el seguimiento y monitoreo del plan multianual de homologación que apruebe el Ministerio de Relaciones Exteriores, y comunicar los avances de su cumplimiento a Perú Compras. Asimismo, realizar el seguimiento de las actividades del equipo de homologación informando a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores.
e) Aprobar los expedientes de contratación de procedimientos de selección competitivos y no competitivos.
f) Aprobar la no utilización de la subasta inversa electrónica para la contratación de bienes o servicios que cuenten con ficha técnica, cuando de la estrategia de contratación se determine que existe el riesgo objetivamente sustentado de que no se presenten suficientes proveedores para realizar la puja correspondiente; así como remitir a Perú Compras la documentación que sustenta dicha aprobación.
g) Designar a los miembros integrantes de comités y a los expertos integrantes del jurado de procedimientos de selección competitivos, así como aprobar su remoción, renuncia y designar nuevos integrantes.
h) Evaluar el motivo de la ausencia de integrantes titulares de comités de procedimientos de selección competitivos a efectos de determinar indicios de responsabilidad, comunicando el resultado de la evaluación a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores.
i) Autorizar la participación de expertos en los comités y jurados de procedimientos de selección competitivos.
j) Aprobar la cancelación de procedimientos de selección.
k) Suscribir convenios interinstitucionales con entidades contratantes para realizar compras corporativas de bienes y servicios en general, y sus respectivas adendas.
l) Suscribir convenios interinstitucionales para encargar a Perú Compras u otra entidad contratante la realización de la fase de actuaciones preparatorias y/o la fase de selección de bienes, servicios en general, consultorías y obras, y sus respectivas adendas.
m) Suscribir convenios para encargar a organismos internacionales la realización de la fase de actuaciones preparatorias y/o la fase de selección de bienes, servicios, consultorías y obras, previa aprobación del encargo por el Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, y sus respectivas adendas; así como, aprobar el expediente de contratación derivado de dichos convenios.
n) Suscribir convenios o actas para formalizar compras centralizadas.
o) Suscribir convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga entre entidades contratantes, siempre que se brinden los bienes, servicios y obras propios de la función que por ley les corresponde, no se persiga fines de lucro, no se obtengan utilidades y solo se reconozcan los costos en que incurre la entidad a cargo de la entrega del bien, servicio u obra, y sus respectivas adendas.
p) Suscribir y resolver los contratos y adendas en las contrataciones derivadas de procedimientos de selección competitivos y no competitivos, y los que deriven de los procedimientos de selección desarrollados en el marco de los convenios a que se refieren los literales k), l) y m) precedentes.
q) Suscribir, y resolver contratos con proveedores no domiciliados en el país, a que se refiere el literal n) del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como suscribir sus respectivas adendas.
r) Suscribir el contrato tripartito para el funcionamiento de la junta de prevención y resolución de disputas (JPRD).
s) Autorizar la suspensión del plazo de ejecución contractual cuando el evento se deba a causa imputable a la entidad contratante, y efectuar la comunicación para el inicio del respectivo deslinde de responsabilidades.
t) Autorizar y ordenar la ejecución de prestaciones adicionales de bienes, servicios y consultoría de obras hasta por el máximo permitido por ley.
u) Autorizar y ordenar la ejecución de prestaciones adicionales de obras hasta por el máximo permitido por ley; así como informar al Tribunal de Contrataciones Públicas y a la Contraloría General de la República en caso se aprueben prestaciones adicionales de obra por deficiencias en el expediente técnico de obra.
v) Autorizar y ordenar la reducción de prestaciones de bienes, servicios y obras hasta por el máximo permitido por ley.
w) Autorizar la modificación contractual por hecho sobreviviente que conlleve la variación del monto contractual o se deba a causa imputable a alguna de las partes siempre que no hubiere dolo, y efectuar la comunicación para el inicio del respectivo deslinde de responsabilidades cuando corresponda.
x) Autorizar el pago de la ejecución de mayores metrados.
y) Designar al inspector o, en su caso, al equipo de inspectores cuando no se pueda contar con la supervisión de obra.
z) Suscribir contratos complementarios hasta por el máximo permitido por ley.
aa) Designar a los miembros integrantes de comités de recepción de obra, así como disponer su reemplazo o remoción.
bb) Aprobar u observar las liquidaciones de ejecución de obra y de consultoría de obra.
cc) Suscribir contratos de fideicomiso para constituir garantías de fiel cumplimiento de contratos, así como garantías de adelanto directo, adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario.
dd) Verificar que los compradores públicos de la dependencia encargada de las contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentren certificados conforme al nivel que corresponda a las actividades que realizan.
ee) Informar al Tribunal de Contrataciones Públicas sobre las supuestas infracciones que pueden dar lugar a imposición de sanción conforme al artículo 359 del Reglamento de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
ff) Representar al Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Dirección General de Abastecimiento - MEF, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE y ante el Tribunal de Contrataciones del Estado en los procedimientos, trámites y gestiones que se realicen ante dichas instancias, de acuerdo con la normatividad de contratación pública.
Artículo 2.- De la delegación al Titular de la Oficina General de Inversiones, Infraestructura y Lineamientos para la Adquisición y Mantenimiento de Bienes en el Exterior
Se delega en el/la jefe/a de la Oficina General de Inversiones, Infraestructura y Lineamientos para la Adquisición y Mantenimiento de Bienes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, la facultad de aprobar los expedientes técnicos de obra, en el marco de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
Artículo 3.- De la delegación al Titular de la Oficina de Logística
Se delega en el/la jefe/a de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, las siguientes facultades en materia de contrataciones públicas bajo el alcance de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas:
a) Aprobar los expedientes de contratación para las contrataciones que se realicen a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
b) Suscribir, modificar y resolver las órdenes de compra y las órdenes de servicios que perfeccionen la contratación conforme a lo previsto en el artículo 87 del Reglamento de la Ley Nº 32069, así como las que perfeccionen contrataciones a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
c) Suscribir y resolver los contratos menores, ya sea que se perfeccionen mediante orden de compra, orden de servicio o contrato, así como acordar modificaciones mediante la suscripción del acta respectiva.
d) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo y notificar la decisión a los contratistas.
e) Aprobar la subcontratación de prestaciones hasta por el máximo permitido por ley.
f) Expedir a los contratistas de bienes, servicios y obras las constancias de prestación que soliciten, en tanto se implementan las funcionalidades de la Pladicop para generar las constancias de prestación.
Artículo 4.- De la delegación al Titular de la Procuraduría Pública
Se delega en el/la Procurador/a Público/a, así como en el/la Procurador/a Público/a Adjunto/a del Ministerio de Relaciones Exteriores, de manera individual e indistinta, las siguientes facultades en materia de contrataciones públicas bajo el alcance de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas:
a) Evaluar, a través de un informe, la decisión de conciliar o no, en base al principio de eficacia y eficiencia, considerando criterios de costo-beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos de un eventual proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje, la conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliación, así como los riesgos que representa la controversia en el normal desarrollo de la ejecución contractual, en el marco de lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
b) Evaluar la conveniencia o no de someter a arbitraje cada una de las controversias que cumplan con el supuesto de arbitrabilidad y el numeral 80.2 del artículo 80 de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, conforme a lo previsto en el artículo 353 del Reglamento de la Ley Nº 32069, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2025-EF.
Artículo 5.- Del alcance de la delegación
La delegación de facultades, así como la asignación de responsabilidades a que se refiere la presente resolución, comprende las atribuciones de decidir y resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con los requisitos legales establecidos para cada caso.
Artículo 6.- De las actuaciones realizadas
Los/as funcionarios/as a quienes se les delega las facultades indicadas en la presente resolución están obligados a dar cuenta e informar a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto de las actuaciones realizadas en el marco de las delegaciones otorgadas, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del semestre.
Artículo 7.- Notificación
Se notifica la presente resolución a la Oficina General de Inversiones, Infraestructura y Lineamientos para la Adquisición y Mantenimiento de Bienes en el Exterior, a la Oficina General de Administración, a la Oficina de Logística, a la Procuraduría Pública, y a los(as) titulares de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, para su conocimiento, cumplimiento y difusión.
Artículo 8.- De la vigencia
Las delegaciones otorgadas mediante la presente resolución tendrán vigencia durante el año 2026.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ERIC ANDERSON MACHADO
Secretario General
2472847-1
SALUD
2473127-2
Decreto Supremo que define el listado de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios a cumplir en el año 2026, las fichas técnicas y los scripts para su aplicación e implementación para percibir la entrega económica anual a la que hace referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del personal de la salud al servicio del Estado
DECRETO SUPREMO
N° 021-2025-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del personal de la salud al servicio del Estado, tiene por finalidad que el Estado alcance mayores niveles de equidad, eficacia, eficiencia, y preste efectivamente servicios de calidad en materia de salud al ciudadano, a través de una política integral de compensaciones y entregas económicas que promueva el desarrollo del personal de la salud al servicio del Estado;
Que, el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, dispone que la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, es la entrega económica que se otorga una vez al año, al personal de los establecimientos de salud, redes y microrredes del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y gobiernos regionales, por el cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios; asimismo, establece que dichas metas, indicadores y compromisos deben redactarse en términos simples, para su adecuada comprensión, y deben ser cuantificables, a efectos de su evaluación y fiscalización; y, su publicación y difusión debe efectuarse a más tardar el 31 de diciembre del año anterior al ejercicio presupuestal al que corresponden;
Que, el numeral 43.6 del artículo 43 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, señala que, para la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios alcanzados en el Año Fiscal 2026 en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, cuyo pago se realiza en el Año Fiscal 2027, el Ministerio de Salud aprueba, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Salud, a propuesta de este último, el listado de indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, relacionados a los programas presupuestales asociados a dichos pagos, y otras prioridades sanitarias definidas por la autoridad sanitaria nacional, las fichas técnicas y los scripts para replicar y contrastar los indicadores de desempeño que se aprueben mediante el decreto supremo antes mencionado; asimismo, el decreto supremo debe establecer los criterios técnicos para el fortalecimiento y uso de los sistemas de información establecidos por la autoridad sanitaria nacional que permitan el registro de los servicios prestados por el personal asistencial de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de los gobiernos regionales. Además, se dispone que el citado dispositivo legal se publica en concordancia con los plazos de publicación establecidos en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153;
Que, en este contexto, y como parte del fortalecimiento del Sector Salud, debe aprobarse para el Año 2026 el listado de indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, las fichas técnicas, los scripts y los criterios técnicos para el fortalecimiento y uso de los sistemas de información, para percibir la entrega económica anual a la que hace referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, para incentivar y garantizar la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios en beneficio de la población;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, en el numeral 43.6 del artículo 43 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026;
DECRETA:
Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Supremo tiene como objeto definir el listado de indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, las fichas técnicas y los scripts para su aplicación e implementación, para percibir la entrega económica anual a la que hace referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del personal de la salud al servicio del Estado, así como los criterios técnicos para el fortalecimiento y uso de los sistemas de información que permitan el registro de los servicios prestados por el personal asistencial de los establecimientos de salud.
Artículo 2. Alcance
Se encuentran comprendidos en el presente Decreto Supremo el Ministerio de Salud y sus órganos desconcentrados, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, los gobiernos regionales y sus Direcciones Regionales de Salud o Gerencias Regionales de Salud, así como los órganos dependientes de las mismas. El personal de la salud que puede ser beneficiario de la asignación económica anual por cumplimiento de metas se encuentra definido en el Decreto Supremo N° 116-2014-EF.
Artículo 3. Definiciones
3.1. Ámbito de aplicación: Corresponde al ámbito en el cual se implementa y evalúa el cumplimiento de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios en las siguientes instituciones: Dirección Regional de Salud, Gerencia Regional de Salud, Red, Establecimientos de Salud del I nivel de atención, Centro de Salud Mental Comunitario, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Hospitales e Institutos Especializados de las entidades comprendidas en el artículo 2 del presente Decreto Supremo.
3.2 Asignación económica anual por cumplimiento de metas: Entrega económica que se otorga una vez al año al personal de la salud de las entidades bajo el alcance del artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, en caso se cumplan con las condiciones establecidas para el otorgamiento de esta asignación.
3.3 Bases de datos: Conjunto de datos organizados, agrupados, estructurados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados para un determinado fin. Este conjunto de datos no debe permitir la identificación o hacer identificable a las personas, en estricto cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales, y el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar.
3.4 Compromiso de mejora de los servicios: Conjunto de acciones cuyo cumplimiento facilita la prestación de servicios de salud por parte del personal de salud y/o la gestión de la institución.
3.5 Indicador de desempeño: Instrumento a través del cual se mide el rendimiento del personal de la salud en base al resultado esperado para el área o servicio, y que permite ser referencia en cada gestión institucional a la contribución individual, desempeño o competencia del trabajador.
3.6 Logro esperado: Situación que se espera alcanzar en los indicadores de desempeño o compromisos de mejora de los servicios, al término del periodo de vigencia del convenio de gestión.
3.7 Logro alcanzado: Situación alcanzada en los indicadores de desempeño o compromisos de mejora de los servicios, al término del periodo de vigencia del convenio de gestión.
3.8 Órgano desconcentrado del Ministerio de Salud: Direcciones de Redes Integradas de Salud, los Hospitales e Institutos Especializados de Lima Metropolitana.
3.9 Peso ponderado: Valor que se le asigna a los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios de acuerdo con su relevancia. La suma de los pesos ponderados para una determinada institución es igual al cien por ciento (100%).
3.10 Porcentaje de cumplimiento anual de los indicadores de desempeño: Resultado de la división de la diferencia entre el logro alcanzado y el valor umbral, y la diferencia entre el logro esperado y el valor umbral, expresado como porcentaje.
Si el logro alcanzado es mayor que el logro esperado, el valor es cien por ciento (100%). Si el logro alcanzado es inferior al valor umbral, el valor es cero por ciento (0%).
Para algunos indicadores se realizan cálculos más específicos que se describen en la ficha técnica de cada indicador.
3.11 Porcentaje global de cumplimiento: Resultado de la sumatoria de los porcentajes de cumplimiento anual de cada indicador de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, multiplicados por sus respectivos pesos ponderados; dividido entre cien por ciento (100%). Se calcula a nivel de cada una de las instituciones
3.12 Responsable de información: Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Salud y organismos públicos adscritos al Ministerio de Salud encargados de generar y reportar la información necesaria para el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de los indicadores de desempeño y los compromisos de mejora de los servicios.
3.13 Responsable técnico: Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Salud encargadas de definir los aspectos técnicos y metodológicos y brindar seguimiento y asistencia técnica relacionada a los indicadores de desempeño y los compromisos de mejora de los servicios.
3.14 Scripts: Documento que contiene instrucciones escritas en códigos de programación informática, para describir, contrastar y replicar los valores de cada indicador propuesto. Este documento no contiene datos que permitan la identificación o que haga identificable a las personas, en estricto cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales, y el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar.
3.15 Valor Umbral: Situación a partir de la cual se evalúa positivamente un indicador de desempeño. No aplica para compromisos de mejora de los servicios.
Artículo 4. Indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios
4.1 Los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios correspondientes al año 2026 para la entrega económica al personal de la salud al servicio del Estado, en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, están contenidos en el Anexo I “Listado de indicadores de desempeño (ID), compromisos de mejora de los servicios (CM) y fichas técnicas del año 2026”, del presente Decreto Supremo.
4.2 Los scripts de los indicadores de desempeño están contenidos en el Anexo II “Scripts de los indicadores de desempeño (ID) para la evaluación del año 2026”, del presente Decreto Supremo.
4.3 El ámbito de evaluación, pesos ponderados de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios se encuentran contenidos en el Anexo III “Criterios Técnicos: Ámbito de evaluación y pesos ponderados de los indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora de los servicios (CM) del año 2026”, del presente Decreto Supremo.
4.4 Los criterios técnicos para el fortalecimiento y uso de los sistemas de información establecidos por la autoridad sanitaria nacional que permitan el registro de los servicios prestados por el personal asistencial de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de los gobiernos regionales, se encuentran contenidos en el Anexo IV “Criterios técnicos para el fortalecimiento y uso de los sistemas de información del año 2026”, del presente Decreto Supremo.
4.5 Durante el Año Fiscal 2026, con una periodicidad trimestral, el Ministerio de Salud pone a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas las bases de datos para la verificación del avance del cumplimiento de los logros esperados, de acuerdo con los scripts aprobados en el Anexo II del presente Decreto Supremo.
4.6 Los logros esperados de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios están contenidos en cada ficha técnica, las mismas que forman parte del Anexo I del presente Decreto Supremo.
4.7 El Ministerio de Salud, mediante resolución ministerial, en un plazo de hasta sesenta (60) días calendario contados desde la vigencia del presente Decreto Supremo, establece los aspectos metodológicos para la elaboración, suscripción, seguimiento y evaluación de los convenios de gestión 2026.
Artículo 5. Suscripción de convenios de gestión
Disponer la suscripción de convenios de gestión entre el Titular del Ministerio de Salud y los Gobernadores de los gobiernos regionales, directores generales de las Direcciones de Redes Integradas de Salud, Hospitales, Institutos, y el jefe del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Por medio de estos convenios, se obligan al cumplimiento de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios para el año 2026.
Artículo 6. Responsabilidades
El cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto Supremo se encuentra a cargo del Ministerio de Salud, sus órganos desconcentrados, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, los gobiernos regionales y sus Direcciones Regionales de Salud o Gerencias Regionales de Salud, así como los órganos dependientes de las mismas.
Artículo 7. Seguimiento y Evaluación
7.1 La Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS) a través de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Gestión en Salud (DIMON), en coordinación con los responsables técnicos de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios del Ministerio de Salud y de sus organismos públicos adscritos, realizan el seguimiento de la aplicación, implementación y evaluación de lo establecido en el presente Decreto Supremo.
7.2 La Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) a través de la Oficina de Innovación y Desarrollo Tecnológico (OIDT), realiza el seguimiento de la aplicación, implementación y evaluación de los criterios técnicos para el fortalecimiento y uso de los sistemas de información establecidos por la autoridad sanitaria nacional que permitan el registro de los servicios prestados por el personal asistencial de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de los gobiernos regionales.
Artículo 8. Listado final de beneficiarios y asistencia técnica
8.1 El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Personal de la Salud, revisa e implementa los procesos para que las instituciones definan el listado final de los beneficiarios de la entrega económica a la que hace referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153; asimismo, brinda asistencia técnica a las instituciones en el marco de su competencia.
8.2 El Ministerio de Salud, a través de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, brinda asistencia técnica para la adecuada incorporación de recursos presupuestales para el pago de la entrega económica a la que hace referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153.
Artículo 9. Publicación
Los Anexos I, II, III y IV del presente Decreto Supremo se publican en las sedes digitales del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa) y del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano.
Artículo 10. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Salud y por la Ministra de Economía y Finanzas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Precisión del Decreto Supremo N° 005-2014-SA
Precisar que toda referencia al Decreto Supremo N° 005-2014-SA señalada en el Decreto Supremo N° 116-2014-EF, Decreto Supremo que aprueba los criterios técnicos, aplicación e implementación de la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, en el marco del artículo 15 el Decreto Legislativo N° 1153, se entiende referida al presente Decreto Supremo.
SEGUNDA. Actualización de las fichas técnicas y los scripts
La actualización de las fichas técnicas de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios y de los scripts de los indicadores de desempeño son aprobados mediante resolución ministerial del Ministerio de Salud, previa opinión del Ministerio de Economía y Finanzas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
ÚNICA. Derogación del Decreto Supremo N° 022-2024-SA
Al término de la evaluación de los convenios de gestión correspondientes al año 2025, entre el Ministerio de Salud y las instituciones contrapartes de los mismos, y una vez ejecutada la entrega económica anual en aplicación del artículo 15 el Decreto Legislativo N° 1153, queda derogado el Decreto Supremo N° 022-2024-SA, Decreto Supremo que define el listado de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios a cumplir en el año 2025, las fichas técnicas y los scripts para su aplicación e implementación para percibir la entrega económica anual a la que hace referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del personal de la salud al servicio del Estado
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES
Ministra de Economía y Finanzas
LUIS NAPOLEÓN QUIROZ AVILÉS
Ministro de Salud
2473127-2
2472768-1
Disponen la publicación del proyecto de Reglamento de la Ley N° 30846, Ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas, de su exposición de motivos y del Decreto Supremo que lo aprueba
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 971-2025/MINSA
Lima, 29 de diciembre del 2025
Visto, el Expediente N° DGIESP20240000163, que contiene el Informe N° D000112-2025-DGIESP-DENOT-MINSA, el Memorándum N° D006404-2025-DGIESP-MINSA y la Nota Informativa N° D001677-2025-DGIESP-DENOT-MINSA de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; y el Informe N° D001266-2025-OGAJ-MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;
Que, el numeral 1) del artículo 3 y el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establecen que el Ministerio de Salud es competente en salud de las personas, y que el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;
Que, los literales b) y h) del artículo 5 del mencionado Decreto Legislativo establecen que son funciones rectoras del Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; y dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y políticas sectoriales de salud, la gestión de los recursos del sector, así como para el otorgamiento de derechos, fiscalización, sanción y ejecución coactiva en las materias de su competencia, entre otras funciones;
Que, conforme al artículo 3 de la Ley N° 30846, Ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas, el mencionado Plan tiene como objetivo general asegurar la inclusión de los cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud, a fin de lograr la máxima calidad de vida posible para el paciente y para su entorno familiar y cuidadores. El citado Plan atiende las enfermedades crónicas progresivas que generan dependencia y constituyen amenazas para la vida y ha de contener apoyo espiritual y psicológico y las medidas necesarias, con enfoque intercultural, que demandan los enfermos crónicos y terminales;
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la citada Ley dispone su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo;
Que, el numeral 14.7 del artículo 14 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2022-JUS, señala que todo proyecto de reglamento ejecutivo debe ser publicado para recibir opiniones de la ciudadanía, de conformidad a las normas establecidas en el Capítulo IV del Reglamento que establece disposiciones sobre publicación y difusión de normas jurídicas de carácter general, resoluciones y proyectos normativos o la norma que lo sustituya;
Que, al respecto, el literal c) del artículo 20 del Reglamento que establece disposiciones sobre publicación y difusión de normas jurídicas de carácter general, resoluciones y proyectos normativos, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-JUS, dispone que la publicación de proyectos normativos debe contener, como mínimo, entre otros elementos, el plazo para la recepción de los comentarios, aportes u opiniones, que no debe ser menor a quince (15) días calendario contados desde el día siguiente de su publicación, salvo disposición normativa de rango superior que establezca lo contrario;
Que, de otro lado, el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, establece que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas de salud pública en materia de, entre otras, prevención y control de enfermedades no transmisibles, raras y huérfanas;
Que, con los documentos del visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública propone la publicación del proyecto de Reglamento de la Ley N° 30846, Ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas, durante el plazo de quince (15) días hábiles;
Con el visado de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, de la Dirección General de Operaciones en Salud, de la Dirección General de Personal de la Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Secretaría General, del Despacho Viceministerial de Salud Pública y del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado mediante los Decretos Supremos N° 011-2017-SA y N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer que la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General efectúe la publicación del proyecto de Reglamento de la Ley N° 30846, Ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas, de su exposición de motivos y del Decreto Supremo que lo aprueba, en la sede digital del Ministerio de Salud (https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales), a efecto de recibir las sugerencias, comentarios o recomendaciones de las entidades públicas o privadas, y de la ciudadanía en general, a través del correo electrónico: webmaster@minsa.gob.pe., o presentadas en la mesa de partes presencial, ubicada en la Avenida Salaverry N° 801 - Jesús María, de lunes a viernes de 8:30 horas a 16:30 horas, durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública la recepción, procesamiento y sistematización de las sugerencias y comentarios que se presenten, así como la elaboración de la propuesta final de Reglamento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS NAPOLEÓN QUIROZ AVILÉS
Ministro de Salud
2472768-1
2472718-1
Designan Asesor de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 000225-2025-DG-INSNSB
San Borja, 26 de diciembre del 2025
VISTO:
El expediente DG-000020250000169, sobre la propuesta al cargo de Asesor de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 14.1 literal a) del artículo 14° de la Resolución Ministerial N° 002-2025/MINSA, de fecha 06 de enero del 2025, que delega durante el Año Fiscal 2025 a los Directores de Institutos Nacionales Especializados y Directores de Hospitales del Ministerio de Salud la facultad de emitir actos resolutivos sobre acciones de personal siendo una de ellas: Designación en cargo de confianza o de libre designación;
Que, el numeral II.2.1 del Manual de Operaciones del INSNSB, aprobado por Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA, establece que la Dirección General es la máxima autoridad del INSNSB y está a cargo de la conducción general, coordinación y evaluación de los objetivos, políticas, proyectos, programas y actividades que corresponden al Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja;
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja (CAPP N° 004), cuya clasificación es como Empleado de Confianza-EC, por lo que resulta necesario encargar dicho cargo;
Que, mediante Memorando N° 000610-2025-DG-INSNSB, la Directora General propone al Abogado Richard Frank León Vargas, para el cargo de Asesor de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, clasificado como empleado de confianza Nivel F4, con el número de orden 004 (CAPP 004); contratado bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), regulado por el Decreto Legislativo N° 1057; señalando que sea efectiva a partir del 06 de enero de 2026;
Que, mediante Nota Informativa N° 000712-2025-UAD-INSNSB, la Unidad de Administración, emite opinión favorable al Informe N° 000108-2025-ERH-UAD-INSNSB elaborado por el Equipo de Recursos Humanos, manifestando que ha verificado que el Abogado Richard Frank León Vargas, cumple con los requisitos del perfil del puesto para el cargo de Asesor de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja (CAPP N° 004), señalando que cumple con los requisitos establecidos en el Manual de Clasificador de Cargos del MINSA.
Que, mediante Informe Legal N° 000316-2025-UAJ-INSNSB, la Unidad de Asesoría Jurídica, emite opinión legal favorable para la designación del Abogado Richard Frank León Vargas en el cargo de Asesor de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja;
Que, atendiendo a lo señalado en el documento del Visto, se estima conveniente efectuar las acciones de personal solicitada para el cargo de Asesor de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja;
Con el visto bueno del Director Adjunto, del Director Ejecutivo de la Unidad de Administración, del Jefe de la Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica, del Jefe de Equipo de la Unidad de Administración, y;
De conformidad con la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, con la Resolución Ministerial N° 002-2025/MINSA, con la Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA; y con la Resolución Ministerial N° 977-2020/MINSA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DESIGNAR, al Abogado Richard Frank León Vargas, en el cargo de Asesor de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (CAPP 004), cuya clasificación es como Empleado de Confianza-EC, bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), regulado por el Decreto Legislativo N° 1057; a ser efectiva a partir del 06 de enero de 2026;
Artículo 2°.- DISPONER que se realice la publicación de la presente Resolución en la página web de la Institución, conforme a las normas de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES
Directora General
Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja
2472718-1
TRABAJO Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO
2473009-1
Modifican la Resolución Ministerial N° 217-2019-TR, que aprueba la creación del “Observatorio de la Formalización Laboral”
Resolución Ministerial
N° 207-2025-TR
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS: El Memorándum N° 000899-2025-MTPE/2 del Despacho Viceministerial de Trabajo; la Hoja de Elevación N° 000456-2025-MTPE/2/16 de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo; la Hoja de Elevación N° 000065-2025-MTPE/2/16.5 de la Dirección de Supervisión y Evaluación de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo; el Memorándum N° 000597-2025-MTPE/3 del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral; la Hoja de Elevación N° 000201-2025-MTPE/3/17 de la Dirección General de Promoción del Empleo; el Memorándum N° 000474-2025-MTPE/4/9 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Memorándum N° 000032-2025-MTPE/4/13 de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y, la Hoja de Elevación N° 000623-2025-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 22 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los ministerios son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores; y diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas;
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, establece que el referido Ministerio es el organismo rector en materia de trabajo y promoción del empleo y ejerce competencia exclusiva y excluyente respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional en formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en las materia sociolaboral, derechos fundamentales en el ámbito laboral, seguridad y salud en el trabajo, difusión de normatividad, información laboral e información del mercado de trabajo, relaciones de trabajo, seguridad social, inspección del trabajo, promoción del empleo, intermediación laboral, formación profesional y capacitación para el trabajo, normalización y certificación de competencias laborales, autoempleo, reconversión laboral y migración laboral;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 217-2019-TR, que aprueba la creación del “Observatorio de la Formalización Laboral”, se establece que el referido observatorio es un instrumento de producción, análisis y difusión de información especializada, confiable y oportuna respecto a la situación del empleo formal e informal, a nivel nacional y regional, con la finalidad de contribuir a la generación de políticas públicas para la reducción de la informalidad laboral;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 203-2024-EF, Decreto Supremo que aprueba la Actualización del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019 - 2030 y cambio de denominación a “Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024 - 2030”, se establece que el referido Plan Nacional actualizado comprende en su “Objetivo Prioritario 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno”, la “Medida de Política 5.2. Institucionalización, articulación y fortalecimiento de los mecanismos y servicios de formalización laboral”, la cual establece como hito el “Fortalecimiento del Observatorio de la Formalización laboral - indicadores de pronóstico y alerta semáforo de bajo crecimiento del empleo formal asalariado privado a nivel regional”;
Que, a través de la Hoja de Elevación de vistos, la Dirección de Supervisión y Evaluación de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo plantea, respecto del Observatorio de la Formalización Laboral, actualizar la denominación de la unidad a cargo de administrarla, actualizar y modificar sus componentes, así como precisar e incorporar sus fuentes de información, a fin de dar cumplimiento a la Medida de Política 5.2 del Objetivo Prioritario 5 del mencionado “Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024 - 2030”;
Que, a efectos de fortalecer el Observatorio de la Formalización Laboral y cumplir así con el “Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024 - 2030”, corresponde modificar la Resolución Ministerial N° 217-2019-TR;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de Trabajo, del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, de la Secretaría General, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29518, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; el Decreto Supremo N° 203-2024-EF, Decreto Supremo que aprueba la Actualización del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019 - 2030 y cambio de denominación a “Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024 - 2030”; la Resolución Ministerial N° 217-2019-TR, que aprueba la creación del “Observatorio de la Formalización Laboral”; y, la Resolución Ministerial N° 194-2024-TR, que actualiza el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
La presente Resolución Ministerial tiene por objeto modificar la Resolución Ministerial N° 217-2019-TR, que aprueba la creación del “Observatorio de la Formalización Laboral”.
Artículo 2.- Finalidad
La presente Resolución Ministerial tiene por finalidad fortalecer el “Observatorio de la Formalización Laboral” y dar cumplimiento a lo establecido en la Medida de Política 5.2 del Objetivo Prioritario 5 del “Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024 - 2030”, aprobado por Decreto Supremo N° 203-2024-EF.
Artículo 3.- Modificación del artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 217-2019-TR, que aprueba la creación del “Observatorio de la Formalización Laboral”
Modificar el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 217-2019-TR, que aprueba la creación del “Observatorio de la Formalización Laboral”, en los siguientes términos:
“Artículo 3.- Administración del “Observatorio de la Formalización Laboral”
La administración del “Observatorio de la Formalización Laboral” se encuentra a cargo de la Dirección de Supervisión y Evaluación de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
La referida Dirección General, de ser necesario, mediante resolución directoral, emite la normativa complementaria para la debida administración de dicho observatorio.”
Artículo 4.- Incorporación del artículo 3-A en la Resolución Ministerial N° 217-2019-TR, que aprueba la creación del “Observatorio de la Formalización Laboral”
Incorporar el artículo 3-A en la Resolución Ministerial N° 217-2019-TR, que aprueba la creación del “Observatorio de la Formalización Laboral”, en los siguientes términos:
“Artículo 3-A.- Fuentes de información
3-A.1 Las fuentes de información del “Observatorio de la Formalización Laboral” son la Planilla Electrónica, la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), y otras del sector público.
3-A.2 La Dirección de Investigación Socio Económico Laboral de la Dirección General de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es la responsable de suministrar al administrador del “Observatorio de la Formalización Laboral”, lo siguiente:
a) De manera mensual, la información innominada que proviene de la Planilla Electrónica, previa evaluación en el marco de sus competencias, y las normas que regulan la protección de datos personales, en coordinación con el área usuaria y la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
b) De manera anual, la información que proviene de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) a partir del año 2023, la cual incluye las variables recodificadas del mercado de trabajo.
c) La información que proviene de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) hasta el año 2022, la cual incluye las variables recodificadas del mercado de trabajo.
3-A.3 La Dirección de Supervisión y Evaluación de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realiza las acciones y coordinaciones necesarias con las entidades públicas pertinentes para un mayor suministro de fuentes de información al Observatorio de la Formalización Laboral.”
Artículo 5.- Modificación del Anexo de la Resolución Ministerial N° 217-2019-TR, que aprueba la creación del “Observatorio de la Formalización Laboral”
Modificar el Anexo de la Resolución Ministerial N° 217-2019-TR, que aprueba la creación del “Observatorio de la Formalización Laboral”, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial, y que se constituye como el Anexo actualizado de la Resolución Ministerial N° 217-2019-TR.
Artículo 6.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe), el mismo día de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano, siendo responsable de dicha acción la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ÓSCAR FAUSTO FERNÁNDEZ CÁCERES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
2473009-1
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
2473126-8
Decreto Supremo que establece la modificación del cronograma de implementación del circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial y otras disposiciones
decreto supremo
N° 024-2025-MTC
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece que la acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto;
Que, el literal a) del artículo 16 de la citada Ley N° 27181 dispone que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, con competencias normativas para dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en dicha Ley, así como aquellos que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito;
Que, el numeral 1.2 del artículo 1 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, establece que tiene por objeto regular el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, que comprende las siguientes fases: evaluación médica y psicológica del postulante; formación del alumno; evaluación de los conocimientos y habilidades en la conducción del postulante y el procedimiento de otorgamiento de Licencias de Conducir;
Que, de acuerdo al literal c) del numeral 53.3 del artículo 53 del citado Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, es una condición mínima exigida a la persona jurídica para operar como Escuela de Conductores, en materia de infraestructura, contar con un circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial, propia o de terceros, que cumpla con las características técnicas previstas por la normativa vigente, donde el alumno realiza las prácticas de manejo para el dominio y control del vehículo;
Que, conforme al literal c) del numeral 82.4 del artículo 82 del referido Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, es requisito mínimo para operar como Centro de Evaluación, en materia de infraestructura, contar con una infraestructura cerrada a la circulación vial, propia o de terceros, que cumpla con las características técnicas previstas por la normativa vigente, donde el postulante realiza la evaluación de habilidades en la conducción;
Que, en los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 025-2024-MTC se dispone aprobar el “Cronograma de implementación del circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial de acuerdo a las características técnicas que establece la normativa vigente, por parte de las Escuelas de Conductores y Centros de Evaluación”; disposiciones aplicables a la implementación de sus fases; y, se dispone prorrogar hasta el 30 de abril de 2026, la suspensión establecida en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2021-MTC, prorrogada a su vez por el numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 019-2021-MTC, el numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto Supremo 030-2021-MTC, el numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 011-2022-MTC, el numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto Supremo N° 021-2022-MTC y el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 016-2023-MTC, respectivamente;
Que, la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal sustenta la necesidad de modificar el citado “Cronograma de implementación del circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial de acuerdo a las características técnicas que establece la normativa vigente, por parte de las Escuelas de Conductores y Centros de Evaluación”, y las disposiciones aplicables a la implementación de sus fases; dado que, estas entidades complementarias, debido a aspectos económicos, técnicos y operativos, no han podido cumplir con los plazos de implementación establecidos;
Que, asimismo, la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal sustenta la necesidad de prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión establecida en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2021-MTC, prorrogada a su vez por el numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 019-2021-MTC, el numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto Supremo 030-2021-MTC, el numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 011-2022-MTC, el numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto Supremo N° 021-2022-MTC, el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 016-2023-MTC y el artículo 2 del Decreto Supremo N° 025-2024-MTC; referida a la exigencia de la acreditación de los instructores, formación y evaluación en la vía pública y al uso de vehículos con sistema de doble comando, a fin de garantizar una transición ordenada hacia el nuevo esquema de formación y evaluación;
Que, en ese sentido, resulta pertinente aprobar la modificación del “Cronograma de implementación del circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial de acuerdo a las características técnicas que establece la normativa vigente, por parte de las Escuelas de Conductores y Centros de Evaluación”, de las disposiciones aplicables a la implementación de sus fases, y prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026, la suspensión establecida en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2021-MTC, prorrogada a su vez por el numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 019-2021-MTC, el numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto Supremo 030-2021-MTC, el numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 011-2022-MTC, el numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto Supremo N° 021-2022-MTC, el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 016-2023-MTC y el artículo 2 del Decreto Supremo N° 025-2024-MTC;
Que, con fecha 24 de octubre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria informa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que, respecto del presente Decreto Supremo, no corresponde efectuar el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, por encontrarse comprendido en el supuesto de excepción previsto en el numeral 41.2 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2025-PCM; y, adicionalmente, precisa que el presente Decreto Supremo no contiene ni modifica procedimientos administrativos, por lo que no requiere la realización de un Análisis de Calidad Regulatoria Ex Ante previo a su aprobación;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; y, el Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01;
DECRETA:
Artículo 1.- Modificación del artículo 1 del Decreto Supremo N° 025-2024-MTC
Modificar el artículo 1 del Decreto Supremo N° 025-2024-MTC, Decreto Supremo que establece el cronograma de implementación del circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial y otras disposiciones, en los términos siguientes:
“Artículo 1.- Aprobación del cronograma de implementación del circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial
1.1 La obligación dispuesta en el literal c) del numeral 53.3 del artículo 53 y en el literal c) del numeral 82.4 del artículo 82 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, relacionada al circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial de acuerdo a las características técnicas que establece la normativa vigente, por parte de las Escuelas de Conductores autorizadas y Centros de Evaluación, se implementa de manera progresiva, de acuerdo a las fases que comprende el siguiente Cronograma:
|
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO O INFRAESTRUCTURA CERRADA A LA CIRCULACIÓN VIAL DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE ESTABLECE LA NORMATIVA VIGENTE, POR PARTE DE LAS ESCUELAS DE CONDUCTORES Y CENTROS DE EVALUACIÓN
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|
ENTIDAD COMPLEMENTARIA
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FASE
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FECHA MÁXIMA DE IMPLEMENTACIÓN
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CENTRO DE EVALUACIÓN GOBIERNO REGIONAL/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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1
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- Área perimetral.
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31/08/2025
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|
2
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- Superficie de rodadura
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- Sub base y base
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30/06/2026
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|
- Tratamiento superficial bicapa
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31/08/2026
|
|
3
|
- Elementos de seguridad y luminarias.
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31/10/2026
|
|
4
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- Señalización horizontal y vertical.
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30/11/2026
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5
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- Demás características mínimas de la infraestructura cerrada a la circulación vial.
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31/12/2026
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|
ESCUELAS DE CONDUCTORES
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1
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- Área perimetral.
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30/06/2025
|
|
2
|
- Superficie de rodadura.
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31/08/2026
|
|
3
|
- Elementos de seguridad y luminarias.
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31/10/2026
|
|
4
|
- Señalización horizontal y vertical.
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30/11/2026
|
|
5
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- Demás características mínimas del circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial.
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31/12/2026
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1.2 Para el caso de las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación, la implementación de las fases del cronograma establecido en el numeral precedente se rige por las siguientes disposiciones:
a) Hasta la fecha máxima de implementación de la fase 2 (superficie de rodadura), las actas de fiscalización levantadas por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, únicamente tienen carácter orientativo.
b) A partir del día siguiente de la fecha máxima de implementación de la fase 2 (superficie de rodadura), las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación que no cumplan con alguna de las fases del mencionado cronograma dentro de las fechas de implementación dispuestas en el mismo, se considera que no cuentan con circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial, siendo pasibles de ser sancionados con la infracción con Código E.09 del Anexo II Cuadro de Infracciones y Sanciones aplicables a las Escuelas de Conductores, y con la infracción con Código C.05 del Anexo IV: Tabla de Infracciones y Sanciones aplicables a los Centros de Evaluación, respectivamente, del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016-MTC.”
Artículo 2.- Prórroga de suspensión de disposiciones del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016-MTC
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026, la suspensión establecida en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2021-MTC, prorrogada a su vez por el numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 019-2021-MTC, el numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto Supremo 030-2021-MTC, el numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 011-2022-MTC, el numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto Supremo N° 021-2022-MTC, el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 016-2023-MTC y el artículo 2 del Decreto Supremo N° 025-2024-MTC; referida a las obligaciones contenidas en el literal a) del numeral 53.4 del artículo 53, en el segundo párrafo del numeral 55.6 del artículo 55, en el artículo 65, en el literal a) del numeral 82.3 del artículo 82 y en el literal b) del numeral 86.2 del artículo 86 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, así como a la aplicación de las infracciones del citado Reglamento que involucren la inobservancia de dichas obligaciones.
Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en la sede digital del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
ALDO MARTÍN PRIETO BARRERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
2473126-8
2473000-1
AVISO 2473000_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2473000-1
2473007-1
AVISO 2473007_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2473007-1
2473094-1
AVISO 2473094_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2473094-1
2473055-1
Otorgan a la empresa PIXETEL E.I.R.L. Concesión Única para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, en área que comprende todo el territorio nacional
Resolución Ministerial
N° 962-2025-MTC/01.03
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTO, el escrito de registro N° T-495470-2025, mediante el cual la empresa PIXETEL E.I.R.L., solicita otorgamiento de Concesión Única para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones en todo el territorio de la República del Perú; precisando que el servicio portador local, en la modalidad conmutado, será el servicio a prestar inicialmente; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3 del artículo 75 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en materia de telecomunicaciones;
Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, define la concesión como “al acto jurídico mediante el cual el Estado concede a una persona natural o jurídica la facultad de prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El Ministerio otorgará concesión única para la prestación de todos los servicios públicos de telecomunicaciones, independientemente de la denominación de éstos contenida en esta Ley o en su Reglamento, con excepción de la concesión para Operador Independiente. La concesión se perfecciona mediante contrato escrito aprobado por resolución del Titular del Sector”;
Que, adicionalmente, el citado artículo señala que “las personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión única, previamente deberán informar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones los servicios públicos a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones correspondientes a cada uno de los servicios conforme a la clasificación general prevista en la Ley, a lo dispuesto en el Reglamento, normas complementarias y al respectivo contrato de concesión”. Asimismo, indica que “El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento”;
Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos de telecomunicaciones”;
Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, dispone que “Los servicios portadores, finales y de difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen de concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento, y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular del Ministerio”. El artículo 144 del mismo reglamento indica los requisitos que deben ser adjuntados a las solicitudes de otorgamiento de concesión;
Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, señala que “El otorgamiento de la concesión única confiere al solicitante la condición de concesionario para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones establecidos en la legislación”;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar servicios adicionales al servicio portador local, en la modalidad conmutado, debe cumplir con lo establecido en el artículo 155 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la inscripción de dichos servicios en el registro habilitado para tal fin, los mismos que se sujetan a los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de Concesión Única y en la ficha de inscripción en el registro que forma parte de aquel;
Que, mediante Informe N° 0347-2025-MTC/27, la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones señala que habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos que establece la legislación para otorgar la Concesión Única solicitada para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, resulta procedente la solicitud formulada por la empresa PIXETEL E.I.R.L.;
Que, con Informe N° 2422-2025-MTC/08, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión, considerando legalmente viable el otorgamiento de la Concesión Única solicitada;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modificatoria; el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias; el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01; el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2022-MTC y su modificatoria; y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones y la conformidad del Despacho Viceministerial de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa PIXETEL E.I.R.L. Concesión Única para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, en el área que comprende todo el territorio de la República del Perú, estableciéndose como el primer servicio a brindar el servicio portador local, en la modalidad conmutado.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única a celebrarse con la empresa PIXETEL E.I.R.L. para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, el que consta de veintiocho (28) cláusulas.
Artículo 3.- Autorizar al Director General de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones para que en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscriba el Contrato de Concesión Única que se aprueba en el artículo 2 de la presente Resolución Ministerial, así como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a suscribir la escritura pública del referido contrato y de las adendas.
Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo correspondiente, si el Contrato de Concesión Única no es suscrito por la empresa PIXETEL E.I.R.L. en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados a partir de la publicación de la presente Resolución Ministerial. Para la suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el derecho de concesión.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución Ministerial a la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALDO M. PRIETO BARRERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
2473055-1
2473101-1
Otorgan a la empresa CORPORATION SAYWANET E.I.R.L. Concesión Única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones
Resolución Ministerial
N° 963-2025-MTC/01.03
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTO, el escrito de registro N° T-482147-2025 mediante el cual la empresa CORPORATION SAYWANET E.I.R.L. solicita otorgamiento de Concesión Única para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones en todo el territorio de la República del Perú; precisando que el servicio portador local, en la modalidad conmutado será el servicio a prestar inicialmente; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3 del artículo 75 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en materia de telecomunicaciones;
Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, modificado por la Ley N° 28737, define la concesión como “al acto jurídico mediante el cual el Estado concede a una persona natural o jurídica la facultad de prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El Ministerio otorgará concesión única para la prestación de todos los servicios públicos de telecomunicaciones, independientemente de la denominación de éstos contenida en esta Ley o en su Reglamento, con excepción de la concesión para Operador Independiente. La concesión se perfecciona mediante contrato escrito aprobado por resolución del Titular del Sector”;
Que, adicionalmente, el citado artículo señala que “las personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión única, previamente deberán informar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones los servicios públicos a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones correspondientes a cada uno de los servicios conforme a la clasificación general prevista en la Ley, a lo dispuesto en el Reglamento, normas complementarias y al respectivo contrato de concesión”. Asimismo, indica que “El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento”;
Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos de telecomunicaciones”;
Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, dispone que “Los servicios portadores, finales y de difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen de concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento, y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular del Ministerio”. El artículo 144 del mismo reglamento indica los requisitos que deben ser adjuntados a las solicitudes de otorgamiento de concesión;
Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, señala que “El otorgamiento de la concesión única confiere al solicitante la condición de concesionario para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones establecidos en la legislación”;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar servicios adicionales al servicio portador local, en la modalidad conmutado debe cumplir con lo establecido en el artículo 155 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la inscripción de dichos servicios en el registro habilitado para tal fin, los mismos que se sujetan a los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de Concesión Única y en la ficha de inscripción en el registro que forma parte de aquel;
Que, mediante Informe N° 0338-2025-MTC/27, la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones señala que habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos que establece la legislación para otorgar la Concesión Única solicitada para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, resulta procedente la solicitud formulada por la empresa CORPORATION SAYWANET E.I.R.L.;
Que, con Informe N° 2280-2025-MTC/08 la Oficina General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento, considerando legalmente viable el otorgamiento de la Concesión Única solicitada;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modificatoria; el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias; el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01; el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2022-MTC y su modificatoria y;
Con la opinión favorable de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones y la conformidad del Despacho Viceministerial de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa CORPORATION SAYWANET E.I.R.L. Concesión Única para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, en el área que comprende todo el territorio de la República del Perú, estableciéndose como el primer servicio a prestar el servicio portador local, en la modalidad conmutado.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única a celebrarse con la empresa CORPORATION SAYWANET E.I.R.L. para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, el que consta de veintiocho (28) cláusulas.
Artículo 3.- Autorizar al Director General de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones para que en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscriba el Contrato de Concesión Única que se aprueba en el artículo 2 de la presente Resolución Ministerial, así como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a suscribir la escritura pública del referido contrato y de las adendas.
Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo correspondiente, si el Contrato de Concesión Única no es suscrito por la empresa CORPORATION SAYWANET E.I.R.L. en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados a partir de la publicación de la presente Resolución Ministerial. Para la suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el derecho de concesión.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución Ministerial a la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALDO M. PRIETO BARRERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
2473101-1
2473113-1
Aprueban el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 964-2025-MTC/01
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS: El Memorando N° 3348-2025-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y los Informes Nos. 0378 y 0373-2025-MTC/09.01 de la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme al numeral 1 del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, corresponde a los Ministros de Estado dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno, así como aprobar los planes de actuación, y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes;
Que, el inciso 3) del numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que el titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), sujetándose a la normatividad vigente;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;
Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0055-2024/ CEPLAN/PCD, se aprueba la versión actualizada de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, que establece la metodología para el proceso de elaboración (formulación o actualización) del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, conforme al Ciclo de Planeamiento Estratégico;
Que, de acuerdo al glosario de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que presenta la estrategia de corto plazo de la institución a fin de implementar el Plan Estratégico Institucional (PEI); comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para implementar las acciones estratégicas institucionales establecidas en el PEI durante su horizonte temporal; establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI; precisando que el POI es de tipo multianual y anual, y que el POI multianual se formula con un horizonte temporal de tres (3) años, alineado a las metas del PEI al cual se articula, y el POI anual se formula con un horizonte temporal de un (1) año, alineado a las metas del POI multianual y en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año fiscal a ejecutar;
Que, con Resolución Ministerial N° 168-2024-MTC/01, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024 - 2030 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 261-2025-MTC/01 se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026 - 2028 del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, con Resolución Ministerial N° 949-2025-MTC/01, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2026 del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, conforme a los artículos 31 y 32 del Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01 (en adelante el ROF), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoramiento responsable de la conducción del sistema administrativo de planeamiento estratégico, y tiene entre sus funciones, conducir el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos sectorial e institucional y del plan operativo institucional del ministerio; así como cada una de las fases del planeamiento estratégico, conforme a la normatividad vigente, en coordinación con las unidades de organización del ministerio y otras entidades del sector;
Que, mediante los documentos de Vistos, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, sustenta la necesidad de aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2026 del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, documento que comprende la programación física y financiera de las actividades operativas e inversiones priorizadas en forma mensual; asimismo, señala que el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), ha sido elaborado de acuerdo a las disposiciones de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, y se encuentra validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, conforme a los literales b) y h) del artículo 8 del ROF, son funciones del Despacho Ministerial, dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial en el marco del sistema nacional de planeamiento estratégico y determinar los objetivos sectoriales, funcionales y nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno, así como aprobar los planes que correspondan; y expedir resoluciones ministeriales en el marco de su competencia;
Que, en ese sentido, es necesario aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Las Unidades de Organización y Unidades Ejecutoras del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones son responsables de la ejecución de las actividades operativas e inversiones establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALDO M. PRIETO BARRERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
2473113-1
2473114-1
Rectifican error material contenido en la R.M. N° 576-2025-MTC/01, que autorizó viaje de personal de la Procuraduría Pública del MTC a los EE.UU., en comisión de servicios
Resolución Ministerial
N° 965-2025-MTC/01
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS: El Memorando N° 2528-2025-MTC/10 de la Oficina General de Administración y el Informe N° 1993-2025-MTC/10.02 de la Oficina de Abastecimiento; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución Ministerial N° 576-2025-MTC/01 publicada el 24 de agosto de 2025 en el diario oficial El Peruano, autoriza el viaje en comisión de servicios a personal de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América del 25 al 29 de agosto de 2025;
Que, mediante el Memorando N° 2528-2025-MTC/10 la Oficina General de Administración remite el Informe N° 1993-2025-MTC/10.02 emitido por la Oficina de Abastecimiento, que adjunta el Informe N° 1153-2025-MTC/10.02.02 de la Suboficina de Adquisiciones y Seguimiento Contractual, por el cual sustenta la rectificación del error material contenido en el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 576-2025-MTC/01, publicada el 24 de agosto de 2025, en el extremo referido al costo de los pasajes aéreos para el personal de la Procuraduría Pública autorizado para el viaje en comisión de servicios, señalando el monto que corresponde por dicho concepto;
Que, el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS establece que: “212.1. Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 212.2. La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original”;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y el Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por la Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Rectificar el error material contenido en el Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 576-2025-MTC/01, conforme al texto siguiente:
DICE:
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado en el artículo precedente, son cubiertos con cargo al presupuesto institucional 2025 del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo al siguiente detalle:
|
Nombres y Apellidos
|
Pasajes aéreos
(Incluido TUUA)
US$
|
Viáticos por día US$ 440.00
(3 días de viáticos + 1 día adicional por concepto de instalación y traslado)
|
TOTAL
US$
|
|
David Aníbal Ortiz Gaspar
|
1 424.77
|
1 760.00
|
3 184.77
|
|
Asisclo Esteban Quispe Ricaldi
|
1 424.77
|
1 760.00
|
3 184.77
|
|
Daniel Gonzales Gonzales
|
1 424.77
|
1 760.00
|
3 184.77
|
DEBE DECIR:
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado en el artículo precedente, son cubiertos con cargo al presupuesto institucional 2025 del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo al siguiente detalle:
|
Nombres y Apellidos
|
Pasajes aéreos
(Incluido TUUA)
US$
|
Viáticos por día US$ 440.00
(3 días de viáticos + 1 día adicional por concepto de instalación y traslado)
|
TOTAL
US$
|
|
David Aníbal Ortiz Gaspar
|
1 923.44
|
1 760.00
|
3 683.44
|
|
Asisclo Esteban Quispe Ricaldi
|
1 923.44
|
1 760.00
|
3 683.44
|
|
Daniel Gonzales Gonzales
|
1 923.44
|
1 760.00
|
3 683.44
|
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALDO M. PRIETO BARRERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
2473114-1
2472808-1
Designan Jefe de la Unidad Zonal I - Piura-Tumbes, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 1269-2025-MTC/20
Lima, 29 de diciembre de 2025
VISTO:
El Informe N° 369-2025-MTC/20.5, de fecha 29 de diciembre de 2025 de la Oficina de Recursos Humanos del Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12 de julio de 2002, modificado por los Decretos Supremos N° 021-2018-MTC y 014-2019-MTC, se creó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional no concesionada, así como de la planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional no concesionada;
Que, a través de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 098- 2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la calificación y relación de los Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo, se actualiza la calificación; entre otros, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, calificándolo desde el punto de vista organizacional, como un programa, bajo dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin afectar sus funciones, continuidad de sus actividades, identidad organizacional, denominación, ni las obligaciones o derechos que tuviera;
Que, por la Resolución Directoral N° 1672-2023-MTC/20 de fecha de publicación en el Diario Oficial El Peruano el 12 de enero de 2024, se designa al ingeniero Wilser Alberto Briones Vargas, en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad Zonal I - Piura-Tumbes del Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, por indicación de la Dirección Ejecutiva, se debe dar por concluida la citada designación;
Que, en el literal m), del artículo 8 del Manual de Operaciones del Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02, publicada el 24 de noviembre de 2020 y modificada con Resolución Ministerial N° 0731-2023-MTC/01, publicada el 10 de junio de 2023, establece que dentro de las funciones de la Dirección Ejecutiva, se encuentra la de designar o encargar, según corresponda, al personal de confianza de PROVÍAS NACIONAL; así como, encargar las direcciones, oficinas y jefaturas de las unidades zonales, en caso de ausencia de su titular, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva;
Que, de forma verbal, la Dirección Ejecutiva solicita a la Oficina de Recursos Humanos proceder con la evaluación de un curriculum vitae para la designación en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad Zonal I - Piura-Tumbes, del Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, mediante Informe N° 369-2025-MTC/20.5, de fecha 29 de diciembre de 2025, la Oficina de Recursos Humanos ha verificado el cumplimiento del perfil del profesional propuesto por la Dirección Ejecutiva, por lo que resulta viable designar al licenciado Franco Felipe Castillo Querebalu, en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad Zonal I - Piura-Tumbes, del Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Estando a lo expuesto, es pertinente emitir la resolución respectiva;
Con la visación de las Oficinas de Asesoría Jurídica y de Recursos Humanos, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;
En mérito al Decreto Supremo 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos N° 021-2018-MTC y 014-2019-MTC, Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02, modificado por Resolución Ministerial N° 0731-2023-MTC/01; y la Resolución Ministerial N° 764-2025-MTC/01;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, la designación en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad Zonal I - Piura-Tumbes del Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del ingeniero WILSER ALBERTO BRIONES VARGAS, con efectividad a la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2.- DESIGNAR, al licenciado FRANCO FELIPE CASTILLO QUEREBALU en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad Zonal I - Piura-Tumbes, del Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con efectividad al día siguiente de la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución al ingeniero WILSER ALBERTO BRIONES VARGAS y al licenciado FRANCO FELIPE CASTILLO QUEREBALU, transcribirla a todas las Unidades Funcionales de Administración Interna y de Línea y a las Unidades Funcionales Desconcentradas (Unidades Zonales) del Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CLAUDIA LILIANA DÁVILA MOSCOSO
Directora Ejecutiva
PROVIAS NACIONAL
2472808-1
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN
Y SANEAMIENTO
2473127-15
Crean la Comisión Consultiva denominada “Comisión Consultiva en Vivienda y Urbanismo”, dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y dictan otras disposiciones
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 019-2025-VIVIENDA
Lima, 30 de diciembre de 2025
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 37 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que las Comisiones Consultivas están conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad, experiencia, designados por Resolución Suprema; asimismo dispone que el cargo de miembro de la Comisión Consultiva es honorario, de confianza y que no inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada;
Que, de conformidad con lo regulado en el artículo 10 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio tiene la función compartida de normar, aprobar, efectuar y supervisar las políticas nacionales sobre ordenamiento y desarrollo urbanístico, habilitación urbana y edificaciones, uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable, en el ámbito de su competencia, en concordancia con las leyes orgánicas de los gobiernos regionales y de municipalidades;
Que, el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, dispone que las Comisiones Consultivas tienen por función, entre otros, absolver consultas o emitir opinión en asuntos de competencia del Sector, cuando el Ministro lo considere necesario, y que su funcionamiento se regula mediante Reglamento Interno aprobado por Resolución Ministerial;
Que, asimismo, el literal c) del artículo 15 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, establece que los órganos consultivos son los encargados de asesorar o emitir opinión sobre asuntos que solicite la Alta Dirección, conformados por un equipo colegiado experto en la materia o vinculado a ella. Sus miembros pueden ser designados por la propia Ley que los crea, mediante el mecanismo previsto por esta o por el Titular de la entidad. Ejercen funciones ad honorem y no ejercen una línea de autoridad ni poseen dependencia jerárquica. Se ubican en el primer nivel organizacional y no tienen unidades orgánicas. Incluye a las Comisiones Consultivas, las que se crean mediante Resolución Suprema, la cual regula su objeto, la designación de los representantes que la conforman, su plazo de vigencia, sus funciones y la entidad de la cual depende;
Que, en atención al marco legal antes citado, se considera pertinente crear una Comisión Consultiva conformada por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad y/o experiencia, encargada de brindar asesoramiento especializado y emitir opinión en materia de Vivienda y Urbanismo, expidiendo pronunciamientos con carácter no vinculante, a solicitud del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que, conforme a los considerandos precedentes, es necesario crear y designar a sus miembros de la Comisión Consultiva en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA; y, los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Creación
Crear la Comisión Consultiva denominada “Comisión Consultiva en Vivienda y Urbanismo”, dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Artículo 2.- Objeto y función
La Comisión Consultiva tiene por objeto brindar asesoramiento especializado en materia de Vivienda y Urbanismo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y tiene por función emitir opinión en materia de Vivienda y Urbanismo con carácter no vinculante, a solicitud de la Alta Dirección del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuando se considere necesario.
Artículo 3.- Conformación
La Comisión Consultiva está conformada por las siguientes personas:
▪ Sr. Alberto Javier Kamahara Rázuri, quien la preside.
▪ Sr. Miguel Luis Estrada Mendoza.
▪ Sr. Jorge Zapata Ríos.
▪ Sr. Luis Alberto Villanueva Carbajal.
▪ Sr. Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar.
▪ Sr. Guido Íñigo Peralta.
▪ Sr. Carlos Fernando Canales Anchorena.
▪ Sr. Alfredo Reynaga Ramírez.
▪ Sr. Alejandro José Garland Stromsdorfer.
▪ Sr. Jose Ricardo Espantoso Salom.
▪ Sra. Lourdes Giusti Hundskopf.
▪ Sr. Dennys Mercurio Cuba Rivera.
Los integrantes de la Comisión Consultiva ejercen su cargo ad honorem y son designados a título personal.
Artículo 4.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica de la Comisión Consultiva está a cargo de la Dirección de Vivienda de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo. Tiene como función brindar asistencia y soporte administrativo, en lo que corresponda.
Artículo 5.- Colaboración, asesoramiento y apoyo
Para el cumplimiento del encargo, la Comisión Consultiva, por acuerdo de sus miembros, puede invitar a participar en las sesiones respectivas a representantes de instituciones públicas o privadas, así como a especialistas y profesionales relacionados con las materias de vivienda y urbanismo, sean nacionales e internacionales, incluyendo la cooperación técnica internacional.
Artículo 6.- Instalación y duración
La Comisión Consultiva se instalará en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados desde la publicación de la presente Resolución Suprema, y tendrá una duración de doce (12) meses, contados desde la sesión de instalación.
Artículo 7.- Reglamento Interno
La Comisión Consultiva se rige por su Reglamento Interno, el cual se aprobará mediante Resolución Ministerial, a propuesta de la citada comisión, en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles posteriores a su instalación.
Artículo 8.- Financiamiento
El cumplimiento de la función de la Comisión Consultiva no demanda recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 9.- Refrendo
La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese
JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República
WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
2473127-15
2472691-1
Aprueban el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026
Resolución Ministerial
N° 363-2025-VIVIENDA
Lima, 29 de diciembre de 2025
VISTOS:
El Memorando N° 2293-2025-VIVIENDA/SG-OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 509-2025-VIVIENDA/OGPP-OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización, el Informe N° 1077-2025-VIVIENDA/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que corresponde a los Ministros de Estado la función de dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes;
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) como órgano rector y orientador del SINAPLAN;
Que, el inciso 12 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que la programación multianual consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del SINAPLAN;
Que, con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD se aprueba la versión actualizada de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, la cual tiene como objetivo establecer la metodología para el proceso de elaboración (formulación o actualización) del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), conforme al Ciclo de Planeamiento Estratégico;
Que, el numeral 3.2 del Capítulo 3 de la versión actualizada de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, señala que el POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para implementar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, por un período de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI;
Que, asimismo, el subnumeral 3.2.2 del numeral 3.2 del Capítulo 3 de la versión actualizada de la mencionada Guía señala que luego que el Congreso de la República aprueba la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y cada Pliego aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tenga consistencia con el PIA; de no ser consistente, la entidad ajusta la programación, y en consecuencia las metas físicas son revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual; a partir de ello, el POI Anual comprenderá la programación física y financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en forma mensual;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 484-2017-VIVIENDA, se constituye la “Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, de carácter permanente, la cual tiene como función, entre otras, determinar el plan de trabajo para elaborar o modificar el PEI y el POI, así como, validar el documento del PEI y POI;
Que, con la Resolución Ministerial N° 566-2023-VIVIENDA, se aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2024-2030 del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que, por la Resolución Ministerial N° 151-2024-VIVIENDA, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2030 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que, con la Resolución Ministerial N° 129-2025-VIVIENDA, se aprueba el “Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 360-2025-VIVIENDA, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2026 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que, con el “Acta de validación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026” del 24 de diciembre de 2025, la “Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, constituida con Resolución Ministerial N° 484-2017-VIVIENDA, valida el “Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026”;
Que, el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, establece que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoramiento responsable de conducir los sistemas de planeamiento, modernización, inversión pública y de presupuesto; asimismo, el literal a) del artículo 40 del citado Reglamento establece que la Oficina de Planeamiento y Modernización tiene como función coordinar, formular y actualizar los planes estratégicos sectorial e institucional y el plan operativo institucional, así como realizar estudios prospectivos e investigaciones para el planeamiento sectorial;
Que, con el Memorando N° 2293-2025-VIVIENDA/SG-OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 509-2025-VIVIENDA/OGPP-OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización, a través del cual se sustenta y propone la aprobación del POI Anual 2026 consistente con el PIA 2026 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para lo cual, señala que ha sido elaborado de acuerdo a las disposiciones de la “Guía para el Planeamiento Institucional” y validado por la “Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”;
Que, mediante el Informe N° 1077-2025-VIVIENDA/SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el marco de la normativa indicada y a lo opinado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, considera viable continuar con el trámite para la expedición del acto resolutivo para la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026;
Que, en ese sentido, corresponde expedir el presente acto resolutivo;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; y, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación
Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Cumplimiento
Disponer que el cumplimiento de la programación de metas físicas y financieras consideradas en el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026, aprobado en el artículo precedente, es responsabilidad de los órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Artículo 3.- Seguimiento y Evaluación
La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realiza el seguimiento y evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026.
Artículo 4.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), el mismo día de la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
2472691-1
2473080-1
Modifican Resolución Ministerial N° 247-2024-VIVIENDA, y amplían la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial, que tiene por objeto la formulación y diseño de la propuesta de Política Nacional de Accesibilidad Universal al 2040
Resolución Ministerial
N° 365-2025-VIVIENDA
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
La Nota N° 117-2025-VIVIENDA/VMVU-DGADT de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico; el Informe Técnico Legal N° 03-2025-VIVIENDA/VMVU/DGADT-DA-RCIS-JFOS de la Dirección de Accesibilidad; el Memorando N° 2284-2025-VIVIENDA/SG-OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 506-2025-VIVIENDA/OGPP-OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización; el Informe N° 1083-2025-VIVIENDA/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo el diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno;
Que, asimismo, el numeral 2 del artículo 6, en concordancia con el numeral 22.2 del artículo 22 de la precitada Ley, señala que el Poder Ejecutivo ejerce -entre otras- la función de planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales, siendo los Ministerios responsables de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 274-2019-VIVIENDA, se aprueba la lista sectorial de Políticas Nacionales bajo la rectoría o conducción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre las cuales tenemos la Política Nacional de Accesibilidad;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 247-2024-VIVIENDA, se crea el Grupo de Trabajo Multisectorial, de naturaleza temporal, que tiene por objeto la formulación y diseño de la propuesta de Política Nacional de Accesibilidad Universal al 2040, dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante, Grupo de Trabajo;
Que, el numeral 7.2 del artículo 7 de la Resolución Ministerial N° 247-2024-VIVIENDA dispone que el Grupo de Trabajo tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025;
Que, de acuerdo con el numeral 28.2 del artículo 28 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, los grupos de trabajo pueden ser sectoriales o multisectoriales, y se aprueban mediante resolución ministerial del Ministerio del cual dependen;
Que, mediante la Nota N° 117-2025-VIVIENDA/VMVU-DGADT que contiene el Informe Técnico Legal N° 02-2025-VIVIENDA/VMVU/DGADT-DA-RCIS-JFOS de la Dirección de Accesibilidad, la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico sustenta y propone la ampliación de la vigencia del Grupo de Trabajo hasta el 30 de junio de 2026, conforme a lo señalado en el Acta de la Sesión Extraordinaria N° 05-2025 de fecha 19 de diciembre de 2025, motivo del Grupo de Trabajo;
Que, con el Memorando N° 03-2025-VIVIENDA/VMVU/DGADT-DA que contiene el Informe Técnico Legal N° 03-2025-VIVIENDA/VMVU/DGADT-DA-RCIS-JFOS, la Dirección de Accesibilidad remite a la Oficina de Planeamiento y Modernización el expediente con el sustento técnico legal de la ampliación peticionada;
Que, a través del Memorando N° 2284-2025-VIVIENDA/SG-OGPP, la OGPP en atención al Informe N° 506-2025-VIVIENDA/OGPP-OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización, considera oportuna la ampliación de la vigencia del Grupo de Trabajo hasta el 30 de junio de 2026;
Que, mediante el Informe N° 1083-2025-VIVIENDA/SG-OGAJ, la OGAJ emite opinión legal favorable para continuar con el trámite de aprobación de la Resolución Ministerial formulada por la DGADT;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el numeral 7.2 del artículo 7 de la Resolución Ministerial N° 247-2024-VIVIENDA
Modificar el numeral 7.2 del artículo 7 de la Resolución Ministerial N° 247-2024-VIVIENDA, en los siguientes términos:
“Artículo 7.- Instalación y vigencia
(…)
7.2. El Grupo de Trabajo tiene una vigencia hasta el 30 de junio de 2026”.
Artículo 2.- Notificación
Se dispone la notificación de la presente Resolución Ministerial a las unidades de organización y entidades integrantes del Grupo de Trabajo Multisectorial, para conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 3.- Publicación
Se dispone la publicación de la presente Resolución Ministerial, en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
2473080-1
2472681-1
Aprueban el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 Actualizado -Versión 1 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 113-2025-VIVIENDA-SG
Lima, 29 de diciembre de 2025
VISTOS:
El Memorando N° 2291-2025-VIVIENDA/SG-OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 508-2025-VIVIENDA/OGPP-OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización, el “Acta de Validación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 Actualizado Versión 1 del Pliego 037 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, el Informe N° 1078-2025-VIVIENDA/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que corresponde a los Ministros de Estado la función de dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes;
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) como órgano rector y orientador del SINAPLAN;
Que, el inciso 12 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que la programación multianual consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del SINAPLAN;
Que, con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055- 2024/CEPLAN/PCD se aprueba la versión actualizada de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, la cual tiene como objetivo establecer la metodología para el proceso de elaboración (formulación o actualización) del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), conforme al Ciclo de Planeamiento Estratégico;
Que, el numeral 3.2.3 del Capítulo 3 de la versión actualizada de la “Guía para el Planeamiento Institucional” señala que el POI Anual en ejecución se actualiza cuando se presenta, entre otras, las siguientes circunstancias: a) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización; y b) Incorporación o inactivación de Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI;
Que, el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado con el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, establece que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoramiento responsable de conducir los sistemas de planeamiento, modernización, inversión pública y de presupuesto; asimismo, el literal a) del artículo 40 del citado Reglamento establece que la Oficina de Planeamiento y Modernización tiene como función coordinar, formular y actualizar los planes estratégicos sectorial e institucional y el plan operativo institucional, así como realizar estudios prospectivos e investigaciones para el planeamiento sectorial;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 484-2017-VIVIENDA, se constituye la “Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, de carácter permanente, la cual tiene como función, entre otras, determinar el plan de trabajo para elaborar o modificar el PEI y el POI, así como, validar el documento del PEI y POI;
Que, con la Resolución Ministerial N° 481-2024-VIVIENDA, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025;
Que, con el “Acta de Validación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 Actualizado Versión 1 del Pliego 037 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, la “Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, constituida con la Resolución Ministerial N° 484-2017-VIVIENDA, valida el proyecto del “Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 actualizado versión 1 del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”; asimismo, en la citada Acta se señala que la actualización del POI se debe a las modificaciones presupuestales vigentes al 30 de noviembre de 2025, así como a la inclusión y exclusión de actividades operativas e inversiones respecto de las metas programadas, entre otros ajustes en la programación;
Que, con el Memorando N° 2291-2025-VIVIENDA/SG-OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 508-2025-VIVIENDA/OGPP-OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización, con el cual sustenta y propone la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 Actualizado - Versión 1 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para lo cual, señala que el mismo ha sido elaborado en coordinación con los centros de costo del Ministerio, de acuerdo a los lineamientos metodológicos establecidos en la “Guía para el Planeamiento Institucional” y cuenta con la validación de la “Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, a través del Acta de Validación citado en el considerando precedente; habiéndose registrado en el aplicativo CEPLAN V.01 las respectivas modificaciones;
Que, mediante el Informe N° 1078-2025-VIVIENDA/SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica señala que estando a la validación de la “Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, constituida con la Resolución Ministerial N° 484-2017-VIVIENDA, y a lo opinado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, corresponde se expida una Resolución de Secretaría General para la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 Actualizado - Versión 1 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que, conforme a lo señalado en el literal b) del numeral 2.2 del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 027-2025-VIVIENDA, se delega en el Secretario General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la facultad de aprobar las actualizaciones del POI;
Que, en consecuencia, corresponde disponer la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 Actualizado - Versión 1 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación
Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 Actualizado -Versión 1 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución de Secretaría General.
Artículo 2.- Cumplimiento
Las unidades de organización y programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, comprendidos en la actualización que se aprueba en el artículo 1 de la presente Resolución de Secretaría General, dan estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, al contenido del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 Actualizado - Versión 1 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Artículo 3.- Seguimiento y evaluación
La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Oficina de Planeamiento y Modernización, efectúa el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 Actualizado - Versión 1 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Artículo 4.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría General y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), el mismo día de la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL EDUARDO LARREA SÁNCHEZ
Secretario General
Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
2472681-1
ORGANISMOS EJECUTORES
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO
Y TELEVISIÓN DEL PERÚ
2473105-1
Designan Director(a) de la Dirección de Televisión del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú
RESOLUCIÓN DE JEFATURA
N° 000097-2025-IRTP-JE
Lima, 30 de diciembre del 2025
VISTOS: el Proveído N° 004970-2025-IRTP-GG de la Gerencia General, el Informe N° 000357-2025-IRTP-OGTH de la Oficina de Gestión del Talento Humano; y el Informe N° 000473-2025-IRTP-OAJ,
CONSIDERANDO:
Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura que rige sus actividades por su Ley de creación, Decreto Legislativo Nº 829;
Que, mediante Informe N° 000357-2025-IRTP-OGTH, la Oficina de Gestión del Talento Humano, en atención al Proveído N° 01096-2025-IRTP-JE de la Jefatura Institucional, concluye que la señora Jeannie Margit Torres Tuesta cumple la totalidad de requisitos para su designación en el puesto de Director(a) de la Dirección de Televisión y no presenta impedimentos para su contratación bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 728, siendo un cargo de clasificación Servidor Público Directivo Superior (SP-DS), posición de confianza;
Que, el literal k) del artículo 9 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, aprobado por Resolución de Jefatura N° 000002-2025-IRTP-JE señala que es función de la Jefatura designar y encargar a servidores públicos que ocupen cargos de confianza;
Con el visto de la Gerencia General, de la Oficina de Gestión del Talento Humano; la Oficina de Asesoría Jurídica, y,
De conformidad con la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción y otras disposiciones, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM y modificatorias, y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, aprobado por Resolución de Jefatura N° 000002-2025-IRTP-JE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DESIGNAR a la señora JEANNIE MARGIT TORRES TUESTA en el cargo de confianza de Director(a) de la Dirección de Televisión del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución a la señora JEANNIE MARGIT TORRES TUESTA, a la Oficina de Gestión del Talento Humano y a la Gerencia General.
Artículo 3.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la publicación de la presente Resolución en la sede digital del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (www.gob.pe/irtp), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CINTHIA VANESSA RAMIREZ SANTILLANA
Jefa Institucional
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú
2473105-1
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES
2472583-1
Modifican la Directiva N° 00002-2021/SBN denominada “Disposiciones para el Desarrollo de Capacidades y Certificación de Profesionales y Técnicos encargados de la Gestión de Predios Estatales”
RESOLUCIÓN N° 0109-2025/SBN
San Isidro, 29 de diciembre de 2025
VISTOS:
El Informe N° 00453-2025/SBN-DNR-SDNC, emitido por la Subdirección de Normas y Capacitación; el Memorándum N° 00485-2025/SBN-DNR, emitido por la Dirección de Normas y Registro; el Informe N° 02150-2025/SBN-OPP, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 00561-2025/SBN-OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, en adelante “TUO de la Ley N° 29151”, crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE) como el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan, de manera integral y coherente, los predios estatales en sus niveles de gobierno nacional, regional y local, a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) como ente rector;
Que, según el artículo 37 del mismo cuerpo normativo, los funcionarios y servidores encargados de las actividades relativas a la gestión de predios estatales que, en razón de sus funciones, intervienen directamente en la aplicación de las normas del SNBE, deben ser profesionales y técnicos debidamente certificados, estableciéndose los requisitos para tal efecto;
Que, conforme a lo previsto por los incisos 1 y 2 del numeral 10.7 del artículo 10, en concordancia con los numerales 52.1 y 52.4 del artículo 52 y el artículo 53 del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, en adelante “Reglamento de la Ley N° 29151”, es función y atribución de la SBN, en calidad de ente rector del SNBE, certificar a los profesionales y técnicos encargados de la gestión de predios estatales que, en razón de sus funciones, intervienen directamente en la aplicación de las normas del SNBE, así como a los que no se encuentren encargados de dicha gestión, pero cumplen con los requisitos previstos en el TUO de la Ley N° 29151 y su Reglamento; de igual forma, administrar la base de datos de los profesionales y técnicos que cuentan con la respectiva certificación;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 6 del numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 29151, es función y atribución de la SBN, en su calidad de ente rector del SNBE, expedir directivas y otras disposiciones normativas en materia de capacitación sobre el SNBE y respecto a la certificación de los funcionarios y servidores de las entidades encargados de las actividades relativas a la gestión de predios estatales;
Que, la Resolución N° 078-2021/SBN, que aprueba la Directiva N° 00002-2021/SBN, denominada “Disposiciones para el Desarrollo de Capacidades y Certificación de Profesionales y Técnicos encargados de la Gestión de Predios Estatales”, modificada por Resolución N° 034-2022/SBN y Resolución N° 032-2024/SBN, regula los aspectos operativos para ejecutar el procedimiento de desarrollo de capacidades y el procedimiento de certificación, que realiza la SBN;
Que, según lo establecido por la Primera Disposición Complementaria y Final de la Directiva N° 00002-2021/SBN, la exigencia de certificación contenida en el artículo 37 del TUO de la Ley N° 29151, para los profesionales y técnicos encargados de las actividades relativas a la gestión de predios estatales que, en razón de sus funciones, intervienen directamente en la aplicación de las normas del SNBE, inició el 1 de enero de 2024;
Que, asimismo, conforme al numeral 5.8 de la Directiva N° 00002-2021/SBN, la certificación que otorga la SBN se expide con mención de Especialista en gestión de predios estatales, y tiene vigencia indeterminada, sin perjuicio de los supuestos contemplados en el numeral 7.8 de la indicada Directiva;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 7.6 de la Directiva N° 00002-2021/SBN, el profesional o técnico que cuente con certificación vigente se encuentra obligado a actualizar permanentemente sus conocimientos a través de capacitaciones; en este orden de ideas, se precisa en el primer párrafo del literal a) del indicado numeral que cada cuatro años, contados a partir del primer día del año siguiente al año en el que obtuvo su certificación, el profesional o técnico debe participar en programas de capacitación que sumen un mínimo de sesenta horas lectivas, sobre el SNBE o gestión patrimonial en general;
Que, los literales a) y b) del mismo numeral de la Directiva N° 00002-2021/SBN, regulan los medios, el plazo y las condiciones para que los profesionales y técnicos acrediten ante la SBN la actualización permanente de sus conocimientos;
Que, según lo establecido por el literal c) del numeral 7.6, en concordancia con el literal d) del numeral 7.8 de la Directiva N° 00002-2021/SBN, en caso la Subdirección de Normas y Capacitación compruebe, previa fiscalización, que el profesional o técnico con certificación vigente no haya cumplido con lo indicado en el literal a) del numeral 7.6, referido a la acreditación de la participación en programas de capacitación por un mínimo de sesenta horas lectivas en cada periodo de cuatro años, le requiere el cumplimiento de la presentación de la documentación que acredite dicha capacitación o la subsanación de la documentación presentada, según corresponda, en un plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de dejar sin efecto la certificación otorgada;
Que, mediante Informe N° 00453-2025/SBN-DNR-SDNC, la Subdirección de Normas y Capacitación sustenta el proyecto de Resolución que modifica la Directiva N° 00002-2021/SBN, denominada “Disposiciones para el Desarrollo de Capacidades y Certificación de Profesionales y Técnicos encargados de la Gestión de Predios Estatales”, aprobada por la Resolución N° 078-2021/SBN, con el propósito de habilitar la presentación de la documentación que acredite la actualización permanente, por parte del profesional o técnico, en cualquier momento durante cada periodo de cuatro años, así como optimizar la regulación de los medios, el plazo y las condiciones para la presentación de la indicada documentación, y las acciones de verificación que realiza la SBN;
Que, de esta forma, la modificación propuesta permitirá asegurar un proceso oportuno y eficaz de acreditación de la actualización permanente de conocimientos a la que se encuentran obligados los profesionales y técnicos que cuentan con certificación vigente como especialistas en gestión de predios estatales;
Que, mediante Resolución N° 087-2025/SBN, se dispuso la publicación del proyecto de Resolución que modifica la Directiva N° 00002-2021/SBN y su Exposición de Motivos en la Sede Digital de la SBN (www.gob.pe/sbn), a efectos de recibir los comentarios, aportes u opiniones de las entidades públicas y privadas, así como de las personas interesadas, dentro del plazo de quince (15) días calendario, periodo que inició el día siguiente de la publicación de la indicada resolución en el Diario Oficial El Peruano, la cual tuvo lugar el 07 de noviembre de 2025;
Que, la propuesta normativa se encuentra fuera del alcance de la obligación de presentar expediente de Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, conforme a lo previsto en el numeral 41.2 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, tal y como lo ha ratificado la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria mediante correo electrónico de fecha 05 de diciembre de 2025;
Que, a través del Informe N° 02150-2025/SBN-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica favorable a la modificación propuesta; y mediante Informe N° 00561-2025/SBN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable a la citada propuesta;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar la Resolución que modifique la Directiva N° 00002-2021/SBN, denominada “Disposiciones para el Desarrollo de Capacidades y Certificación de Profesionales y Técnicos encargados de la Gestión de Predios Estatales”, aprobada por Resolución N° 078-2021/SBN;
Con los visados de la Dirección de Normas y Registro, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Subdirección de Normas y Capacitación, y;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA; el Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA; y, en uso de las funciones previstas en los literales h) e i) del artículo 9 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Resolución N° 0066-2022/SBN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación del numeral 7.6 y el literal d) del numeral 7.8 de la Directiva N° 00002-2021/SBN denominada “Disposiciones para el Desarrollo de Capacidades y Certificación de Profesionales y Técnicos encargados de la Gestión de Predios Estatales”
Modificar el numeral 7.6 y el literal d) del numeral 7.8 de la Directiva N° 00002-2021/SBN, denominada “Disposiciones para el Desarrollo de Capacidades y Certificación de Profesionales y Técnicos encargados de la Gestión de Predios Estatales”, aprobada por Resolución N° 078-2021/SBN de fecha 14 de septiembre de 2021, en los términos siguientes:
“7.6 Actualización permanente
El profesional o técnico que cuente con certificación vigente se encuentra obligado a actualizar permanentemente sus conocimientos a través de capacitaciones, de acuerdo a las siguientes reglas:
a) Cada cuatro años, contados a partir del primer día del año siguiente al año en el que obtuvo su certificación, el profesional o técnico debe participar en programas de capacitación que sumen un mínimo de sesenta horas lectivas, sobre el SNBE o gestión patrimonial en general.
La indicada capacitación debe ser acreditada mediante las constancias o certificados respectivos que el profesional o técnico remite a la SBN mediante el Sistema de Certificación o la Mesa de Partes virtual.
Excepcionalmente, en caso que, durante el último mes del plazo máximo para la presentación de la documentación al que se refiere el literal b), se verifique algún inconveniente de interconexión para realizar el registro en el Sistema de Certificación, las constancias o certificados también pueden ser remitidos a través de la Mesa de Partes presencial, en cuyo caso se presenta copia simple, acompañados de la Declaración Jurada acerca de su autenticidad, o fedateados por servidor responsable de la SBN, debidamente foliados.
b) La presentación de la documentación es efectuada por parte del profesional o técnico en cualquier momento durante cada periodo de cuatro años, a que se refiere el literal precedente, una vez que haya completado el número mínimo de horas lectivas. El plazo máximo para la presentación de la documentación es el último día hábil del mes de enero del año siguiente a cada periodo de cuatro años.
c) Las constancias o certificados que se presentan deben cumplir con los requisitos previstos en el literal a) del numeral 5.7, con excepción del plazo de finalización de los referidos programas, el cual debe ser como máximo el 31 de diciembre del año en que finaliza el periodo de cuatro años al que se refiere el literal a) del presente numeral.
d) En caso la SDNC observe la documentación presentada por el profesional o técnico, por no cumplir con acreditar el número mínimo de horas lectivas al que se refiere el literal a) o con las exigencias a las que se refiere el literal c) del presente numeral, le comunica las observaciones advertidas, precisando que el plazo máximo para la remisión o registro de la documentación debidamente subsanada vence el último día hábil del mes de enero del año siguiente a la finalización del respectivo periodo de cuatro años al que se refiere el literal a) del presente numeral.
e) Si vencido el plazo máximo antes indicado, la SDNC comprueba que el profesional o técnico no cumplió con presentar las constancias o certificados de actualización permanente o no subsanó las observaciones advertidas, le requiere el cumplimiento de la presentación de la documentación o la subsanación de la documentación presentada, según corresponda, en un plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de dejar sin efecto la certificación otorgada. Las constancias o certificados que el profesional o técnico remite para atender el requerimiento efectuado deben estar referidos a programas de capacitación que cumplan con el plazo máximo de finalización y demás exigencias previstas en el literal c).
f) En caso se verifique la idoneidad de la documentación presentada, así como el número mínimo de horas lectivas al que se refiere el literal a) del presente numeral, la SDNC comunica al profesional o técnico la calificación favorable de la indicada documentación, en cuyo caso el nuevo periodo de cuatro años para la actualización permanente inicia una vez finalizado el periodo de cuatro años respecto del cual se ha acreditado la respectiva capacitación.”
“7.8 Pérdida de vigencia de la certificación
La certificación es dejada sin efecto por la SDNC ante las siguientes causales:
(…)
d) El supuesto contemplado en el literal e) del numeral 7.6.”
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la publicación de la presente Resolución y su Exposición de Motivos en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe) y en la Sede Digital de la SBN (www.gob.pe/sbn).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ FELISANDRO MAS CAMUS
Superintendente
2472583-1
ORGANISMOS REGULADORES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
2472994-1
Aprueban Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público, y de Ingresos del Personal del Ositrán para el Año Fiscal 2026
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 00094-2025-PD-OSITRAN
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El Memorando Nº 002620-2025-GA-OSITRAN de la Gerencia de Administración; el Memorando Nº 00561-2025-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 684-2025-GG-OSITRAN de la Gerencia General; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y sus modificatorias, se creó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositrán, como organismo público encargado de normar, regular, supervisar, fiscalizar y resolver controversias respecto de los mercados relativos a la explotación de la infraestructura de transporte de uso público;
Que, la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, establece, entre otros, que determinadas entidades públicas deben aprobar disposiciones de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de ingresos del personal. Respecto a los Organismos Supervisores y Reguladores de servicios públicos, el literal d) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria señala que, el procedimiento para la aprobación de tales disposiciones incluye resolución de su titular y su respectiva publicación en el Diario Oficial El Peruano, en un plazo que no exceda el 31 de diciembre de 2025; asimismo, en materia de ingresos del personal se sujeta a lo dispuesto en dicha normativa, y, en lo que corresponda, a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus Reglamentos, aprobados en el marco de la Décima Disposición Complementaria Final de la mencionada ley;
Que, mediante el Memorando N° 002620-2025-GA-OSITRAN, la Gerencia de Administración informa a la Gerencia General que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Jefatura de Contabilidad, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, la Jefatura de Tesorería, la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos y la Jefatura de Tecnología de la Información, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, remitieron la propuesta de Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de Ingresos del Personal en el Ositrán para el Año Fiscal 2026, en el ámbito de sus competencias;
Que, asimismo, la Gerencia de Administración señaló que teniendo en consideración las citadas propuestas, se elaboró el proyecto de Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de Ingresos del Personal en el Ositrán para el Año Fiscal 2026, en el cual se incorporaron los aportes en materia de personal, viajes al exterior y asignación de viáticos, telefonía fija, telefonía celular, uso de impresoras, adquisición y administración de vehículos, movilidad local, eventos y atenciones oficiales, así como modificaciones presupuestarias, cuya versión final cuenta con la conformidad de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, así como de las jefaturas antes mencionadas;
Que, a través del Memorando N° 00561-2025-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica, luego de la revisión del sustento normativo correspondiente, señaló que la propuesta del acto resolutivo presentada por la Gerencia de Administración resulta jurídicamente viable; asimismo, precisó que en atención a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, y modificatorias, la Presidencia Ejecutiva del Ositrán es la máxima autoridad ejecutiva y titular de la entidad, así como que ejerce las facultades atribuidas al Titular de la entidad en la normativa de Presupuesto Público, por lo que corresponde a dicho órgano emitir el acto resolutivo a través del cual se apruebe las Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de Ingresos del Personal en el Ositrán para el Año Fiscal 2026;
Que, mediante el Memorando N° 684-2025-GG-OSITRAN la Gerencia General indicó que encuentra conforme la propuesta presentada por la Gerencia de Administración y remitió el acto resolutivo debidamente visado;
Que, de conformidad con lo señalado en la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2026; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar las Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público, y de Ingresos del Personal del Ositrán para el Año Fiscal 2026, que como Anexo forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Poner en conocimiento de la Gerencia de Administración y de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la presente resolución y las medidas aprobadas.
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución y las Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público, y de Ingresos del Personal del Ositrán para el Año Fiscal 2026 en el diario oficial El Peruano, así como en el Portal Institucional del Ositrán ubicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe/ositran).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidente del Consejo Directivo
Presidencia Ejecutiva
MEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO Y DE
INGRESOS DEL PERSONAL EN EL OSITRAN
PARA EL AÑO FISCAL 2026
I. OBJETO
Establecer las disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público, y de ingresos de personal en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRÁN, orientadas a la gestión eficiente y optimización en el uso de los recursos de la Entidad para la ejecución presupuestal del Año Fiscal 2026; en el marco de las facultades establecidas por la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
II. ALCANCE
Las disposiciones contenidas en las presentes Medidas son de observancia obligatoria para todas las unidades de organización y personal del OSITRÁN, bajo cualquier modalidad laboral.
III. BASE LEGAL
3.1. Ley Nº 32513, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
3.2. Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
IV. DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO, Y DE INGRESOS DEL PERSONAL
4.1 En materia de personal
4.1.1 En materia de ingreso de personal, el OSITRÁN se sujeta a lo dispuesto en el Ley Nº 32513, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; y, en lo que corresponda, a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su normativa reglamentaria, así como a los documentos de gestión de la entidad, a la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, y demás normativa sobre la materia.
4.1.2 El ingreso de personal a la Entidad en el marco del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE, se efectúa necesariamente por concurso conforme a la normativa aplicable vigente. Está disposición no incluye a los cargos o puestos de confianza, contenido en el instrumento de gestión antes referido.
4.1.3 El ingreso de personal se efectúa solo en los casos de contratación para el reemplazo por cese, para la suplencia temporal de los servidores. En el caso de los reemplazos por cese del personal, este comprende al cese que se hubiese producido hasta en dos años anteriores a la vigencia de las presentes medidas.
4.1.4 Las plazas vacantes para el reemplazo del personal por cese referido en el párrafo precedente, que no cuenten con el financiamiento correspondiente, podrán ser habilitadas conforme al numeral 4.9 de las presentes medidas, para continuar los trámites correspondientes en el Aplicativo informático para Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas.
4.1.5 La contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa, por suplencia en casos de licencia por enfermedad o maternidad, queda exceptuada de los dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1057. Una vez que se reincorpore el titular de la plaza, los contratos respectivos quedan resueltos automáticamente.
4.1.6 La celebración de contratos bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 (CAS) se sujeta a los criterios de racionalidad y necesidad del servicio para el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales, lo cual debe ser sustentado por la unidad de organización que requiere la contratación y ser autorizado por la Gerencia General.
4.1.7 No se autoriza a efectuar pagos por concepto de horas extras. La compensación por el trabajo en sobretiempo y otros aspectos en materia laboral se rigen por lo establecido en el Reglamento Interno de los Servidores Civiles del OSITRÁN o instrumento que haga sus veces, y la normativa de la materia.
4.2 En materia de autorización de viajes y asignación de viáticos
4.2.1 Los viajes al exterior del personal del OSITRÁN con cargo a sus recursos se efectúan en base a los costos más económicos y de acuerdo a la disponibilidad de pasajes aéreos, exceptuándose a los funcionarios de la Alta Dirección, siempre que el tiempo de viaje sea mayor a ocho (8) horas o cuando la estancia sea menor a cuarenta y ocho (48) horas. La autorización para viajes al exterior de las personas señaladas en el párrafo precedente se aprueba conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias, así como, en la Directiva que regula el Procedimiento para la Asignación de Viáticos y Rendición de Cuentas por Viajes al Exterior e Interior del País.
4.2.2 Los viajes al exterior del personal del OSITRÁN se realizarán para los casos de reuniones técnicas con organismos públicos y privados para tratar temas inherentes a las funciones y misión del OSITRÁN, para las acciones de desarrollo, colaboración y cooperación con organismos internacionales respecto de la promoción de temas de importancia para el Perú vinculados con la competencia y ejercicio de las funciones del OSITRÁN, así como por concepto de capacitación o participación de eventos de interés en el exterior y otros que se encuentren alineados con los objetivos institucionales del OSITRÁN; los cuales deben estar debidamente sustentados por las unidades de organización que lo soliciten.
4.2.3 Las solicitudes de tramitación para viajes al exterior a ser remitidas a la Presidencia del Consejo de Ministros, así como el monto de los viáticos asignados se rigen por la normativa de la materia y la Directiva interna, que regula el Procedimiento para la Asignación de Viáticos y Rendición de Cuentas por Viajes al Exterior e Interior del País.
4.2.4 Queda prohibido otorgar viáticos por viajes al exterior del país cuando éstos sean cubiertos por los organizadores del evento u otra entidad, bajo responsabilidad de la Gerencia de Administración, de la Jefatura de Contabilidad y la unidad de organización que solicitó la asignación de viáticos.
4.2.5 Los viajes al exterior del personal del OSITRÁN que no irroguen recursos públicos, son aprobadas por Resolución de Presidencia, no siendo de obligatoria publicación en el diario oficial “El Peruano” las mencionadas autorizaciones.
4.3 En materia de telefonía fija
4.3.1 El servicio de telefonía fija se encuentra bajo un esquema de pago único fijo, por lo que no se generarán cargos adicionales por consumo. Sin embargo, el uso debe ser racional y exclusivamente para fines institucionales.
4.3.2 Se mantiene la restricción para llamadas desde teléfonos fijos hacia celulares, debiendo priorizar otros medios de comunicación o el uso de la telefonía móvil asignada.
4.3.3 El acceso a llamadas internacionales seguirá requiriendo autorización expresa de la Gerencia General mediante el Formato Nº 06 (Solicitud de acceso y detalla de recursos informáticos).
Al respecto, la Jefatura de Tecnologías de la Información informará mensualmente a la Gerencia General y a cada Gerencia u Oficina sobre el uso del servicio.
4.4 En materia de telefonía celular
4.4.1 En ningún caso, el gasto mensual por servicios de telefonía móvil puede exceder de S/. 120.00 (Ciento veinte y 00/100 Soles) por equipo. Considérese dentro del referido monto el costo por el alquiler del equipo, así como el valor agregado al servicio, según sea el caso. La diferencia de consumo en la facturación por el uso de telefonía móvil es abonada por el servidor que tenga asignado el equipo conforme a lo solicitado por la Gerencia de Administración.
4.4.2 Las restricciones por los conceptos indicados precedentemente no son aplicables para la Alta Dirección, para el Coordinador de la Oficina de Comunicación Corporativa y para los Gerentes de las unidades de organización de línea; y, en casos de emergencia, para el personal que se encuentre en comisión de servicio, situación que se sustentará ante la Gerencia de Administración para su evaluación y aprobación.
4.4.3 El acceso a las llamadas internaciones estará sujeto al plan de datos del servicio contratado, en caso de requerir mayores servicios deberá ser autorizado por la Gerencia General. La Jefatura de Tecnologías de la Información de la Gerencia de Administración informará semestralmente a la Gerencia General, el costo de llamadas telefónicas internacionales del personal que tiene asignado los teléfonos celulares.
4.4.4 El acceso a roaming internacional se aplica para la Alta Dirección solicitado a la Jefatura de Tecnologías de la Información mediante correo electrónico, en caso alguna gerencia y/o jefatura lo requiera deberá ser autorizado por la Gerencia General. La Jefatura de Tecnologías de la Información de la Gerencia de Administración informará semestralmente a la Gerencia General el detalle y los costos del uso del roaming internacional.
4.5 En materia de uso de impresoras
4.5.1 El consumo de las impresiones y/o fotocopias deberá ser de manera responsable y racional, debiendo el personal de la entidad evitar la reproducción innecesaria, debiendo emplearse preferentemente la digitalización y el uso de la documentación electrónica orientada a reemplazar la utilización del medio físico.
4.6 En materia de Adquisición de Vehículos
4.6.1 Está permitida la adquisición de vehículos para la consecución de metas de los proyectos de inversión pública del OSITRÁN, en casos de pérdida total del vehículo, así como para renovación de los vehículos que tengan una antigüedad igual o superior a cinco (5) años.
4.6.2 En caso se requiera la adquisición de vehículos adicionales a los existentes para el cumplimiento de las funciones de la Entidad, la necesidad de dicho requerimiento será sustentada por la unidad de organización que lo requiera y será evaluado por la Gerencia de Administración y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus competencias, para efectos de la aprobación de la Gerencia General, como máxima autoridad administrativa.
4.7 En materia de administración de vehículos y movilidad local
4.7.1 La asignación exclusiva de vehículos automotores es únicamente para uso oficial de la Presidencia del Consejo Directivo y de la Gerencia General del Ositrán.
4.7.2 El uso del servicio de movilidad local, para la atención de comisiones de servicio, se rige por la Directiva para el uso, control, mantenimiento y abastecimiento de combustible de los vehículos del OSITRÁN y de acuerdo con lo establecido en la Directiva de Fondo Fijo para Caja Chica.
4.8 En materia de eventos y atenciones oficiales
4.8.1 Se podrán realizar gastos por actos protocolares, atenciones oficiales y las actividades programadas en los planes que la Entidad tenga aprobados de acuerdo a la normativa vigente, Plan de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional, el Plan de Acción de Clima Organizacional, el Plan de Desarrollo de Personas, el Plan de Bienestar y Motivación del Talento Humano de OSITRÁN, entre otros que la entidad cuente, siempre que cuenten con disponibilidad presupuestal, en el marco de las disposiciones vigentes en materia de contrataciones y la normativa interna del OSITRÁN.
4.8.2 Se podrán realizar gastos para la atención en reuniones de trabajo y eventos para el cumplimiento de las funciones y de los objetivos institucionales, estratégicos y operativos, restringiéndose a su consumo indispensable, debiendo ser sustentado por la unidad de organización solicitante y autorizado por la Gerencia de Administración, en el marco de las disposiciones vigentes en materia de contrataciones y la normativa interna del OSITRÁN.
4.8.3 En el caso que se haga uso de los recursos de fondo fijo de caja chica para cubrir de manera excepcional y urgente gastos para la atención en reuniones de trabajo, dentro del marco normativo aplicable, los comprobantes de pago que sustentan dichos gastos emitidos a nombre del OSITRÁN, deberán ser visados en señal de aprobación y conformidad.
4.9 Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.
Partidas de Gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en Efectivo” y 2.1.3 “Contribuciones a la Seguridad Social”
4.9.1 Si se verifica que las partidas de gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en Efectivo” y 2.1.3 “Contribuciones a la Seguridad Social”, disponen de saldos presupuestales de libre disponibilidad producto de las proyecciones del año fiscal, podrán ser habilitadoras a otras partidas y genéricas del gasto durante todo el año fiscal 2026. Asimismo, se permite que las partidas de gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en Efectivo” y 2.1.3 “Contribuciones a la Seguridad Social”, puedan ser habilitadas por otras partidas genéricas o específicas del gasto, durante todo el año fiscal 2026.
4.9.2 Para la habilitación y anulación de las partidas de gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en Efectivo” y 2.1.3 “Contribuciones a la Seguridad Social”, se tomará en consideración las proyecciones de gastos mensuales que la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, las mismas que fueron coordinadas con las respectivas unidades de organización correspondientes al personal del Decreto Legislativo N° 728, Ley del Servicio Civil Ley Nº 30057 y Decreto Legislativo Nº 1057.
Partida de Gasto 2.2.2 “Prestaciones y asistencia social”
4.9.3 A nivel de pliego, la partida 2.2.2 “Prestaciones y asistencia social” podrá habilitar otras partidas genéricas o específicas del gasto o ser habilitada por otras partidas genéricas o específicas del gasto. Para dicho fin, la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos remitirá la información respectiva, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para su aprobación.
Modificaciones Presupuestarias – CAS
4.9.4 Si se verifica que las Específicas del Gasto 2. 1. 1 13. 1 1 “Contrato Administrativo de Servicios - indeterminado”, 2. 1. 1 13. 1 2 “Contrato Administrativo de Servicios - transitorio”, 2.1.31.1 15 “Contribuciones a Essalud de CAS” y 2. 1. 1 9. 1 4 “Aguinaldo CAS”, disponen de saldos presupuestales de libre disponibilidad producto de las proyecciones del año fiscal, podrán habilitar a otras partidas genéricas o específicas del gasto, durante todo el Año Fiscal 2026.
Asimismo, se permite que las citadas específicas pueden ser habilitadas por otras partidas genéricas o específicas del gasto durante todo el Año Fiscal 2026, para el financiamiento de los siguientes casos:
a. Los contratos CAS que tienen el carácter de indefinido en el marco de lo establecido en la Ley 31131.
b. Los contratos CAS que tienen el carácter de transitorio.
c. Los contratos CAS para casos de suplencia por enfermedad y/o maternidad.
d. La incorporación de nuevos contratos CAS transitorios para garantizar la operatividad institucional durante el año 2026.
4.9.5 Para la habilitación y anulación de las partidas citadas en el numeral precedente se requiere la solicitud de la unidad de organización debidamente sustentada, así como la presentación de la nota de habilitación por parte de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para su aprobación.
Otras Modificaciones presupuestarias
4.9.6 Las Partidas de Gasto 2.3.1.6 Repuestos y accesorios, 2.3.1.11 Suministros para mantenimiento y reparación y 2.3.2.4 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, podrán habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto y ser habilitadas por otras partidas genéricas o específicas de gastos previa coordinación con la Jefatura de Logística y Control Patrimonial y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
4.9.7 Las Partidas de Gasto 2.3.2 2.1 servicios de energía eléctrica, agua y gas y 2.3.2 2.2 servicios de telefonía e internet, podrán habilitar otras partidas genéricas o específicas de gasto y ser habilitadas por otras partidas genéricas o específicas de gastos previa coordinación con la Jefatura de Logística y Control Patrimonial y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
4.9.8 Las Partidas de Gasto 2.3.2.7.1 Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Jurídicas; 2.3.2.7.2: Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales; y, 2.3.2.2.4: Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional, y 2.3.2.7.11.99 Otros Servicios Diversos, podrán habilitar otras partidas genéricas o específicas de gasto y ser habilitadas por otras partidas genéricas o específicas de gastos previa coordinación entre la respectiva unidad de organización con la Jefatura de Logística y Control Patrimonial y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
4.9.9 La partida de Gasto 2.3.2.7.5 “Practicantes, Secigristas y Similares”, pueden habilitar a otras partidas genéricas o específicas del gasto y ser habilitadas por otras partidas genéricas o específicas del gasto, siempre que el pago de los practicantes que cuentan con convenio de prácticas esté debidamente financiado. Para este efecto la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos presentará ante la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la información respectiva que sustente dicha modificación, para su aprobación, previa coordinación con la unidad de organización, de corresponder.
4.9.10 La Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros podrá ser habilitada por otras partidas genéricas o específicas de gasto, previa coordinación entre la respectiva unidad de organización, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
4.9.11 Las modificaciones presupuestarias derivadas de los numerales precedentes, deben efectuarse durante el ejercicio presupuestal 2026 y aprobadas por la Gerencia General.
4.9.12 Las anulaciones a las respectivas partidas de gasto en el marco del presente artículo podrán ser materia de demandas adicionales durante la fase de Ejecución Presupuestaria.
4.9.13 Las Partidas de Gastos aprobadas en la Actividad 5000007: Defensa Judicial del Estado”, podrán habilitar otras partidas genéricas o específicas de gasto y ser habilitadas por otras partidas genéricas o específicas de gastos previa coordinación entre la respectiva unidad de organización y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
V. RESPONSABLES
5.1 Las unidades de organización y el personal del OSITRÁN, bajo cualquier régimen laboral, son responsables de cumplir con las presentes Medidas.
5.2 Las unidades de organización del OSITRÁN son responsables de programar los recursos necesarios para la atención de sus requerimientos relacionados con las presentes medidas, en el marco de sus competencias y para el cumplimiento de sus funciones, los cuales se sujetan a la disponibilidad presupuestal respectiva.
5.3 La Gerencia de Administración y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto son responsables de verificar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las presentes medidas.
VI. VIGENCIA
Las presentes medidas rigen a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre del Año Fiscal 2026.
2472994-1
ORGANISMO SUPERVISOR
DE INVERSIÓN PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES
2472379-1
Aprueban publicación para comentarios del proyecto de Norma que establece el Cargo de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles de Telefonía Móvil, Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática (Troncalizado)
RESOLUCIÓN N° 000133-2025-CD/OSIPTEL
San Borja, 22 de diciembre del 2025
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EXPEDIENTE
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N° 00001-2025-CD-DPRC/IX
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MATERIA
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Publicación para comentarios del proyecto de Norma que establece el Cargo de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles de Telefonía Móvil, Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática (Troncalizado)
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ADMINISTRADOS
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Empresas concesionarias de los servicios públicos de telecomunicaciones móviles de Telefonía Móvil, Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática (Troncalizado).
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VISTOS:
(i) El proyecto de resolución presentado por la Gerencia General, que tiene por objeto disponer que se publique para comentarios el proyecto de Norma que establece el Cargo de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles; y,
(ii) El Informe N° 000276-2025-DPRC/OSIPTEL de la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia con el apoyo de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el cual se sustenta el proyecto de resolución al que se refiere el numeral precedente y que recomienda su publicación para comentarios;
(iii) El Acuerdo N° 5092/1056/2025 correspondiente a la Sesión N° 1056/25.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, establece que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel ejerce, entre otras, la función normativa, que comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de su competencia, los reglamentos, normas que regulan los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios;
Que, en el numeral 37 de los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones en el Perú, aprobados mediante Decreto Supremo N° 020-98-MTC, se establece que el Osiptel tiene competencia exclusiva sobre los temas de la interconexión de los servicios públicos de telecomunicaciones;
Que, el inciso i) del artículo 25 del Reglamento General del Osiptel, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, señala que este organismo, en ejercicio de su función normativa, tiene la facultad de dictar reglamentos o disposiciones de carácter general referidas a las condiciones de acceso a servicios y redes e interconexión entre los mismos;
Que, el numeral 1 del artículo 4 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú (en adelante, Lineamientos de Competencia), aprobados por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC e incorporado al Decreto Supremo N° 020-98-MTC, señala que corresponde al Osiptel regular los cargos de interconexión y establecer el alcance de dicha regulación, así como el detalle del mecanismo específico a ser implementado, de acuerdo con las características, la problemática de cada mercado y las necesidades de desarrollo de la industria;
Que, el numeral 4 del artículo 9 de los Lineamientos de Competencia establece que la revisión de los cargos de interconexión se efectuará cada 4 años;
Que, el numeral 1 del artículo 9 de los Lineamientos de Competencia señala que para el establecimiento de los cargos de interconexión, se obtendrá la información sobre la base de: a) la información de costos y de demanda, con su respectivo sustento, proporcionados por las empresas; b) en tanto la empresa concesionaria no presente la información de costos, el Osiptel utilizará de oficio un modelo de costos de una empresa eficiente, que recoja las características de la demanda y ubicación geográfica reales de la infraestructura a ser costeada; asimismo, dicho artículo precisa que, excepcionalmente y por causa justificada, el Osiptel podrá establecer cargos utilizando mecanismos de comparación internacional;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 215-2018-CD/OSIPTEL se aprobaron las Normas Procedimentales para la Fijación o Revisión de Cargos de Interconexión Tope y Tarifas Tope (en adelante, Normas Procedimentales);
Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de las Normas Procedimentales, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 054-2025-CD/OSIPTEL, el Osiptel inició el procedimiento para revisar el Cargo de interconexión tope por la terminación de llamadas en las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones móviles de Telefonía Móvil, Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática (Troncalizado);
Que, conforme al Artículo Segundo de la citada Resolución se dispuso otorgar a las empresas concesionarias de los servicios públicos de telecomunicaciones móviles un plazo de cincuenta (50) días hábiles, para que presenten sus propuestas de cargo de interconexión tope por terminación de llamadas en la redes de los servicio públicos de telecomunicaciones móviles, conjuntamente con el estudio de costos correspondiente que incluya el sustento técnico-económico de los supuestos, parámetros, bases de datos y cualquier otra información utilizada en su estudio;
Que, atendiendo a la evaluación de los argumentos de los administrados para solicitar una ampliación del plazo y conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de las Normas Procedimentales, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 127-2025-PE/OSIPTEL, se otorgó veinte (20) días hábiles adicionales al plazo inicialmente establecido;
Que, dentro del plazo establecido antes señalado se recibieron las propuestas de cargo de interconexión tope de las empresas Integratel Perú S.A.A. y Entel Perú S.A.; y, asimismo, se recibió la información que fue requerida en su oportunidad por este organismo, tanto de las citadas empresas, como de América Móvil Perú S.A.C. y Viettel Perú S.A.C.;
Que, luego de evaluar las propuestas de cargo de interconexión tope, así como la información proporcionada por los concesionarios en respuesta a los requerimientos realizados, mediante Informe N° 000276-2025-DPRC/OSIPTEL, la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia concluye, entre otros aspectos, que: (i) ha evaluado las propuestas presentadas y ha calculado un valor para el cargo móvil de USD 0,00082 por minuto tasado al segundo sin IGV aplicable a todos los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones móviles; y, (ii) los cargos de interconexión diferenciados, Cargo Rural y Cargo Urbano, aplicados por América Móvil Perú S.A.C., Entel Perú S.A., Integratel Perú S.A.A. Viettel Perú S.A.C., quedan establecidos en USD 0,00003 por minuto tasado al segundo sin IGV y USD 0,00082 por minuto tasado al segundo sin IGV, respectivamente;
Que, en ejecución de lo previsto en el inciso i) del artículo 3 de las Reglas para la Determinación de Cargos de Interconexión Diferenciados, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2010-CD/OSIPTEL, y los Principios Metodológicos Generales para Determinar Cargos de Interconexión Diferenciados aplicables en Comunicaciones con Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social, aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 005-2010-CD/OSIPTEL, ambas resoluciones modificadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 038-2018-CD/OSIPTEL, en el presente procedimiento se deben determinar los cargos de interconexión diferenciados aplicables para las respectivas empresas concesionarias, sobre la base del valor del cargo tope que se haya establecido;
Que, de manera concordante con el sentido y alcances de la facultad normativa que las leyes le atribuyen al Osiptel, el artículo 17 de las Normas Procedimentales señala expresamente que las resoluciones regulatorias o normativas que se emitan en el marco de los procedimientos previstos en la misma norma pueden establecer reglas o condiciones específicas para su aplicación;
Que, efectuada la evaluación correspondiente, el Consejo Directivo en la Sesión N° 1056/25 de fecha 17 de diciembre de 2025 manifiesta su conformidad con los fundamentos y conclusiones del Informe N° 000276-2025-DPRC/OSIPTEL, el cual forma parte de la motivación de la presente resolución y aprueba la publicación para comentarios del proyecto de Norma que establece el Cargo de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles de Telefonía Móvil, Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática (Troncalizado).
Que, conforme a conforme a lo establecido en el artículo 7 de las Normas Procedimentales se considera pertinente disponer la difusión y consulta pública del proyecto de Norma que establecerá el Cargo de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles;
De acuerdo con lo establecido en los artículos 28, 29 y 33 del Reglamento General del Osiptel, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, el inciso b) del artículo 8 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Osiptel, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 160-2020-PCM, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del Osiptel en su Sesión N° 1056/25, sobre la base del Informe N° 000276-2025-DPRC/OSIPTEL;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la publicación para comentarios del proyecto de Norma que establece el Cargo de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles de Telefonía Móvil, Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática (Troncalizado), el cual forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Publicar la presente resolución con el proyecto de Norma, la exposición de motivos, el informe sustentatorio, y las propuestas de cargo de interconexión tope, en la sede digital del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel (www.gob.pe/osiptel); guardando reserva de la información confidencial. Asimismo, poner en conocimiento de las empresas concesionarias directamente involucradas, la citada documentación.
Artículo 3.- Establecer un plazo de veinticinco (25) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente en el diario oficial El Peruano, para que los interesados puedan presentar sus comentarios con respecto al proyecto de Norma referido en el artículo 1, a través de la plataforma de Mesa de Partes Virtual del Osiptel (https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/MesaPartesVirtual/).
Los comentarios deben enviarse de acuerdo al formato establecido en el anexo de la presente resolución.
Los comentarios que se presenten fuera del plazo definido para esta consulta pública o sin los requisitos señalados, pueden ser omitidos para efectos de la emisión de la resolución final.
Artículo 4.- Convocar a una audiencia pública para el 11 de febrero de 2026, a fin de que los interesados puedan expresar verbalmente sus comentarios sobre el proyecto de Norma que se aprueba en el artículo 1 de la presente resolución.
Para estos efectos, la Gerencia General dispone las acciones necesarias para que en la sede digital del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel (www.gob.pe/osiptel) se publique la información del lugar y hora de la audiencia pública, así como las reglas para la inscripción de participantes, al menos tres (3) días calendario antes de la fecha de su realización.
Artículo 5.- Encargar a la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia el acopio, procesamiento y sistematización de los comentarios que se presenten, así como la formulación del informe técnico que sustenta el proyecto de la resolución final para presentación a la alta dirección y su trámite correspondiente para su aprobación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JESUS EDUARDO GUILLEN MARROQUIN
Presidente Ejecutivo (e)
Consejo Directivo
ANEXO
Formato para la presentación de comentarios
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Proyecto de Norma que establece el Cargo de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles
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Artículo del Proyecto de Norma
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Comentarios
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Disposiciones Complementarias Finales
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Comentarios generales
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Otros comentarios
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PROYECTO
NORMA QUE ESTABLECE EL CARGO DE INTERCONEXIÓN TOPE POR TERMINACIÓN DE LLAMADAS EN LAS REDES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES
Artículo 1.- Objeto y alcance
Mediante la presente norma se establece el cargo de interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones móviles, el cual es aplicable a las Empresas Operadoras Móviles con Red que son concesionarias de los servicios públicos de telecomunicaciones móviles de Telefonía Móvil, Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática (Troncalizado), incluyendo aquellas que en el futuro puedan prestar esta facilidad esencial.
Para efectos de la presente norma, las empresas referidas en el párrafo anterior se denominarán, indistintamente, Empresas Operadoras de Servicios Públicos Móviles.
Artículo 2.- Valor del cargo de interconexión tope único
El valor del cargo de interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de los servicios públicos móviles, aplicable a todas las Empresas Operadoras de Servicios Públicos Móviles, es de USD 0,00082.
Este cargo de interconexión tope es por minuto tasado al segundo, está expresado en dólares corrientes de los Estados Unidos de América y no incluye el Impuesto General a las Ventas.
Artículo 3.- Paridad en la terminación y originación
Las Empresas Operadoras de Servicios Públicos Móviles no pueden aplicar cargos de interconexión por terminación de llamadas diferentes para las comunicaciones que terminen o que se originen en sus respectivas redes, independientemente del origen o destino de tales comunicaciones, salvo la aplicación de los cargos diferenciados urbano/rural que se establecen en la Primera Disposición Complementaria Final de la presente norma.
Artículo 4.- Adecuación de contratos y mandatos
Los cargos de interconexión previstos en los contratos y mandatos de interconexión que resulten mayores al cargo de interconexión tope fijado en la presente norma, se adecuarán a partir de la fecha de su entrada en vigencia, siendo el nuevo valor el referido cargo de interconexión tope establecido en el artículo 2 y en la Primera Disposición Complementaria Final de esta norma.
Artículo 5.- Negociación de cargos menores
Las Empresas Operadoras de Servicios Públicos Móviles tienen el derecho de negociar cargos menores al cargo de interconexión tope establecido en la presente norma, debiendo ser aprobados por el Osiptel antes de su aplicación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES
Primera.- Cargo de Interconexión Tope Rural y Urbano
Los cargos de interconexión diferenciados aplicables para las Empresas Operadoras de Servicios Públicos Móviles, por la originación y/o terminación de llamadas en las redes del servicio público móvil, quedan determinados en los niveles siguientes:
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Empresa Operadora de Servicios Públicos Móviles
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CARGO RURAL
(USD por minuto tasado al segundo, sin IGV)
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CARGO URBANO
(USD por minuto tasado al segundo, sin IGV)
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América Móvil Perú S.A.C.
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0,00003
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0,00082
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Integratel Perú S.A.A.
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Entel Perú S.A.
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Viettel Perú S.A.C.
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La aplicación de los cargos de interconexión diferenciados que se determinan en la presente norma se sujeta a las disposiciones establecidas por las Resoluciones de Consejo Directivo N° 005-2010-CD/OSIPTEL, N° 038-2010-CD/OSIPTEL y N° 038-2018-CD/OSIPTEL, o las que las modifiquen o sustituyan.
Segunda.- Los cargos de interconexión tope por terminación de llamadas en los Operadores Móviles Virtuales se rigen por su normativa específica.
Tercera.- El incumplimiento de las disposiciones de la presente norma es sancionado de conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 134-2012-CD/OSIPTEL, el Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-CD/OSIPTEL y sus modificatorias; y, la Norma que Establece el Régimen de Calificación de Infracciones del Osiptel, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 118-2021-CD/OSIPTEL, así como otras normas que resulten aplicables.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
NORMA QUE ESTABLECE EL CARGO DE INTERCONEXIÓN TOPE POR TERMINACIÓN DE LLAMADAS EN LAS REDES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES
1. Consideraciones generales y marco normativo aplicable
La determinación y regulación de diversas variables que son de gran importancia dentro de las relaciones existentes entre los distintos agentes que actúan en el mercado de telecomunicaciones (usuarios y empresas operadoras), constituye una de las principales funciones del Osiptel, la cual, a su vez, guarda una estrecha relación con los objetivos de política de este organismo, establecidos para el desarrollo del sector telecomunicaciones.
Desde el punto de vista de la relación empresa-empresa, la interconexión de los servicios públicos de telecomunicaciones cumple un papel fundamental en la promoción de la competencia en la medida que permite lograr la integración de las distintas redes en una sola gran red y facilita a los usuarios acceder a múltiples servicios de telecomunicaciones utilizando la misma infraestructura.
Por tal razón, una de las principales funciones del Osiptel, en el marco del diseño de medidas regulatorias orientadas a generar un mayor bienestar en los usuarios, a través de una mayor expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú, es la regulación de ciertas variables que tienen un impacto significativo en el desempeño del mercado. Este es el caso del cargo de interconexión que deben retribuirse entre empresas operadoras.
El cargo de interconexión tope es fijado por el Osiptel, en el marco de su competencia y conforme a sus funciones, mediante la emisión de una norma de carácter general, de acuerdo a lo dispuesto por el literal c) del artículo 3.1 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332; el literal b del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC; y el artículo 23 y el literal i) del artículo 25 del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM.
Las reglas técnicas, económicas y legales a las cuales deberán sujetarse los pronunciamientos sobre interconexión que emita el Osiptel, están establecidas en el Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 134-2012-CD/OSIPTEL, las cuales se encuentran acorde a los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC, y los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, aprobados por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC.
Asimismo, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 215-2018-CD/OSIPTEL, publicada el 5 de octubre de 2018 en el diario oficial El Peruano, se aprobaron las Normas Procedimentales para la Fijación o Revisión de Cargos de Interconexión Tope y Tarifas Tope (en adelante, Normas Procedimentales).
Bajo el referido marco normativo, y de conformidad con las reglas establecidas en las Normas Procedimentales, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 054-2025-CD/OSIPTEL, publicada el 09 de junio de 2025 en el diario oficial El Peruano, el Osiptel inició el Procedimiento para la Revisión del Cargo de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles.
2. Sobre la determinación del cargo de interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones móviles
De acuerdo con el inciso 2 del artículo 14 del Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión, el cargo de interconexión tope que establezca el Osiptel será igual a la suma de: (i) los costos de interconexión; (ii) contribuciones a los costos totales; y, (iii) un margen de utilidad razonable.
Considerando que el Osiptel, en el marco de sus competencias, ha promovido en el tiempo para que las empresas operadoras alcancen el nivel de eficiencia observado en un mercado competitivo y contestable; esto es, que los cargos cobrados reflejen el menor costo eficiente por la prestación de esta facilidad esencial, este organismo ha modelado un operador hipotético eficiente existente que permita estimar un cargo único.
Se entiende como operador hipotético eficiente, al operador que hace uso de tecnologías modernas equivalentes; es decir, no se consideran decisiones históricas potencialmente ineficientes. No obstante, el operador eficiente recoge las características que no son directamente inherentes a su operación o al mercado. Por ejemplo, la geografía heterogénea peruana.
Además, si bien el operador hipotético eficiente existente es un operador con características ‘similares a’ o ‘derivadas de’ los operadores existentes en el mercado, este operador no pretende reproducir fehacientemente la red real de ninguno de los operadores del mercado.
Como se ha mencionado, el regulador al buscar establecer los incentivos adecuados para un mejor desempeño de la industria móvil debe reconocer solamente los costos incurridos de manera eficiente para determinar el valor del cargo regulado.
De este modo, aplicando una metodología LRAIC+, que considera los costos incrementales de largo plazo en un mercado competitivo, se asegura que los operadores obtengan una rentabilidad razonable sobre el capital invertido en el largo plazo. Por su parte, la disputabilidad asegura que los operadores no puedan recobrar los costos contraídos de manera ineficiente.
En consecuencia, las diferencias observadas en el desempeño de las empresas serán el resultado de estrategias comerciales y niveles de innovación diferenciados, y no de la diferencia en el cargo de terminación móvil entre empresas. Como resultado, se generan los incentivos adecuados para conservar la dinámica competitiva a nivel minorista de manera endógena.
Considerando el valor del cargo de interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de los servicios públicos móviles, corresponde como parte del presente procedimiento determinar los cargos de interconexión diferenciados Urbano/Rural para la referida prestación de interconexión. Ello, en el marco de las Reglas para la Determinación de Cargos de Interconexión Diferenciados, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2010-CD/OSIPTEL, y los Principios Metodológicos Generales para Determinar Cargos de Interconexión Diferenciados aplicables en Comunicaciones con Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social, aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 005-2010-CD/OSIPTEL.
Cabe mencionar que, de acuerdo al diseño regulatorio del presente procedimiento, se mantiene una regulación simétrica, es decir, el cargo de terminación en redes móviles se aplica para todos los operadores móviles con red que actualmente brindan el servicio de terminación de llamadas en las redes de los servicios públicos móviles como para aquellos que decidan que en el futuro puedan prestar dicha facilidad esencial. Además, se determina que el cargo de terminación es recíproco, en el sentido que solo se establece un único cargo para todas las empresas sujetas a la regulación.
Finalmente, se establece que su aplicación será inmediata, por lo que no se implementa un esquema de gradualidad en su aplicación ni tendrá mecanismos de ajustes anuales.
2472379-1
ORGANISMOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
CENTRO NACIONAL DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
2473047-1
Aprueban Plan Operativo Institucional (POI) 2026 del CEPLAN, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 0100-2025/CEPLAN/PCD
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTO: El Proveído N° 003788-2025-CEPLAN-DE, el Informe N° 000105-2025-CEPLAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 000226-2025-CEPLAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-Ceplan; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Ceplan, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, el numeral 7.3 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en adelante el Decreto Legislativo, señala que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de los objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;
Que, el numeral 12 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que la Programación Multianual consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el ámbito del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);
Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo, dispone entre otros, que el Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual, tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal;
Que, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD y modificatorias, el Plan Operativo Institucional comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional, por un período no menor de tres (3) años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual, en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI;
Que, en el paso 2: Aprobación del POI, acápite 2.2 sobre Elaboración y Aprobación del POI, del numeral 2, referido al Plan Operativo Institucional – POI, Capítulo 3. Decisión Estratégica, de la Guía para el Planeamiento Institucional, establece que para contar con el Plan Operativo Institucional Anual, la entidad con base en el Plan Operativo Institucional Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad, para ello una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tenga consistencia con el PIA y, de no ser consistente, la entidad ajusta la programación, para finalmente obtener el POI Anual;
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 048-2025/CEPLAN/PCD, se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028 del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico;
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 099-2025/CEPLAN/PCD, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2026 del Pliego 016: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico;
Que, mediante Informe N° 000105-2025-CEPLAN-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remitió el Plan Operativo Institucional - POI consistente con el PIA 2026, por lo que corresponde emitir el actor resolutivo que formalice su aprobación conforme al procedimiento establecido;
Con el visado del Director Ejecutivo, del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Oficina General de Administración y del Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - Ceplan;
De conformidad con lo señalado en la Ley N° 32513, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2026; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el Decreto Supremo N° 095-2022-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 205; el Decreto Supremo N° 103-2023-PCM que aprueba la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050; la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD y sus modificatorias; el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; y en uso de las facultades otorgadas en el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobado mediante Decreto Supremo N° 046- 2009-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2026 del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - Ceplan, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026, el mismo que como anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2026 por todos los órganos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, bajo responsabilidad.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2026.
Artículo 4.- Disponer que la Oficina General de Administración gestione la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la publicación de su respectivo anexo en el portal institucional (www.gob.pe/ceplan).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GIOFIANNI DIGLIO PEIRANO TORRIANI
Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN
2473047-1
CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
2473083-1
AVISO 2473083_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2473083-1
ORGANISMO ESPECIALIZADO
PARA LAS CONTRATACIONES
PÚBLICAS EFICIENTES
2473043-1
Formalizan la derogación de diversas directivas del OSCE, emitidas en el marco de una normativa de contrataciones públicas que no se encuentra vigente a la fecha
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° D000129-2025-OECE-PRE
Jesús María, 29 de diciembre del 2025
VISTOS:
El Informe N° D000074-2025-OECE-DTN de la Dirección Técnico Normativa; el Memorando N° D001023-2025-OECE-OPPM de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° D000258-2025-OECE-UMOD de la Unidad de Modernización; el Informe N° D000247-2025-OECE-OAJ y el Informe N° D000320-2025-OECE-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, el Acta de Sesión de Consejo Directivo N° 11-2025/OECE-CD del Consejo Directivo del OECE; y,
CONSIDERANDO:
Que, el párrafo 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, establece que el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, administrativa, funcional, económica y financiera;
Que, el literal b) del artículo 10 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OECE, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE, establece dentro de las funciones y atribuciones del Consejo Directivo, la de aprobar las directivas y lineamientos de alcance general en materia de contratación pública;
Que, el literal o) del artículo 12 del Texto Integrado Actualizado del ROF del OECE, establece como una de las funciones de la Presidencia Ejecutiva la de proponer al Consejo Directivo los proyectos de directivas y lineamientos de alcance general en materia de contratación públicas;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 y el literal c) del artículo 87 del Texto Integrado Actualizado del ROF del OECE, la Dirección Técnico Normativa es el órgano de línea, encargado de promover la generación de directivas y lineamientos de alcance general en materia de contratación pública, absolver consultas sobre el sentido o alcance de la normativa vigente; y, tiene entre sus funciones, el evaluar y proponer directivas y lineamientos de alcance general en materia de contratación pública, respectivamente;
Que, en mérito al Acuerdo N° 004-002-2016/OSCE-CD de la Sesión Ordinaria N° 002-2016/OSCE-CD del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) de fecha 9 de enero de 2016, se aprueba en el artículo 1 de la Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE, de fecha 9 de enero de 2016, la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”;
Que, en mérito al Acuerdo N° 002-010-2016/OSCE-CD de la Sesión Ordinaria N° 006-2016/OSCE-CD del Consejo Directivo del OSCE de fecha 23 de junio de 2016, se aprueba con Resolución N° 239-2016-OSCE/PRE, de fecha 28 de junio de 2016, la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a la Comparación de Precios”; asimismo, se formaliza la aprobación de la modificación de su numeral 6.1 del acápite 6, así como la formalización de la modificación del numeral 4 de su Anexo 1, mediante el artículo 1 y artículo 2, respectivamente, de la Resolución N° 094-2020-OSCE/PRE, de fecha 13 de julio de 2020, en mérito al Acuerdo N° 003-009-2020/OSCE-CD de la Sesión del Consejo Directivo N° 009-2020/OSCE-CD del OSCE;
Que, en mérito al Acuerdo N° 001-011-2016/OSCE-CD de la Sesión Ordinaria N° 007-2016/OSCE-CD del Consejo Directivo del OSCE de fecha 21 de julio de 2016, se aprueba con Resolución N° 274-2016-OSCE/PRE, de fecha 22 de julio de 2016, la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones;
Que, en mérito al Acuerdo N° 013-001-2017/OSCE-CD de la Sesión Ordinaria N° 001-2017/OSCE-CD del Consejo Directivo del OSCE de fecha 31 de marzo de 2017 se aprueba, en el artículo 2 de la Resolución N° 007-2017-OSCE/CD, de fecha 31 de marzo de 2017, la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los catálogos electrónicos de acuerdo marco”;
Que, en mérito al Acuerdo N° 002-2017/OSCE-CD de la Sesión Ordinaria N° 002-2017/OSCE-CD del Consejo Directivo del OSCE de fecha 9 de mayo de 2017, se aprueba con la Resolución N° 014-2017-OSCE/CD, de fecha 9 de mayo de 2017, la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras”; asimismo, es modificada mediante el artículo 1 de la Resolución N° 018-2017-OSCE/CD, de fecha 23 de mayo de 2017, en mérito al Acuerdo N° 004-003-2017/OSCE-CD de la Sesión Ordinaria N° 003-2017/OSCE-CD del Consejo Directivo del OSCE de fecha 23 de mayo de 2017;
Que, en mérito al Acuerdo N° 005-001-2018/PSCE-CD de la Sesión Ordinaria N° 001-2018/OSCE-CD del Consejo Directivo del OSCE de fecha 16 de marzo de 2018, se aprueba con Resolución N° 016-2018-OSCE/PRE, de fecha 16 de marzo de 2018, la Directiva N° 001-2018-OSCE/CD “Requisito de solvencia económica en adjudicaciones simplificados cuyo uso se autoriza mediante normas de excepción”;
Que, en mérito al Acuerdo N° 002-002-2019/OSCE-CD de la Sesión de Consejo Directivo N° 002-2019/OSCE-CD, Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del OSCE fecha 28 de enero de 2019, se formaliza la aprobación en el artículo 1 de la Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, que entra en vigencia a partir del 30 de enero de 2019; asimismo es modificada mediante el artículo 1 de la Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, de fecha 30 de diciembre de 2021, en mérito al Acuerdo N° 003-0012-2021/OSCE-CD del Acta de Sesión del Consejo Directivo N° 012-2021/OSCE-CD del Consejo Directivo del OSCE;
Que, en mérito al Acuerdo N° 006-002-2019/OSCE-CD de la Sesión de Consejo Directivo N° 002-2019/OSCE-CD - Sesión Ordinaria de fecha 28 de enero de 2019 del Consejo Directivo del OSCE, se formaliza la aprobación en el artículo 1 de la Resolución N° 015-2019-OSCE/PRE, de fecha 29 de enero de 2019, la Directiva N° 003-2019-OSCE/CD “Lineamientos para la aplicación de la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias”, que entra en vigencia a partir del 30 de enero de 2019;
Que, en mérito al Acuerdo N° 008-002-2019/OSCE-CD de la Sesión de Consejo Directivo N° 002-2019/OSCE-CD - Sesión Ordinaria de fecha 28 de enero de 2019 del Consejo Directivo del OSCE, se formaliza la aprobación en el artículo 1 de la Resolución N° 016-2019-OSCE/PRE la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido de resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias”, que entra en vigencia a partir del 30 de enero de 2019; asimismo, se formaliza la aprobación de la modificación del literal c) del numeral 7.2 y del acápite VIII, así como se formaliza la incorporación del formato “Resumen Ejecutivo del Estudio de las Actuaciones Preparatorias Servicios a contratar en el marco de la Decimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, como anexo de la Directiva, conforme a los artículos 1 y 2, respectivamente, de la Resolución N° 099-2019-OSCE/PRE de fecha 28 de mayo de 2019, en mérito al Acuerdo N° 004-005-2019/OSCE-CD de la Sesión de Consejo Directivo N° 005-2019/OSCE-CD - Sesión Ordinaria de fecha 24 de mayo de 2019 del Consejo Directivo del OSCE. Posteriormente, se formaliza la aprobación de la modificación del numeral 7.1, el literal c) del numeral 7.2 y el acápite VIII, así como se formaliza la incorporación del formato “Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias para bienes y servicios a ser contratados de conformidad con el Decreto de Urgencia N° 070-2020” como anexo, conforme a los artículos 1 y 2, respectivamente, de la Resolución N° 080-2020-OSCE/PRE de fecha 25 de junio de 2020, en mérito al Acuerdo N° 002-007-2020/OSCE-CD de la Sesión de Consejo Directivo N° 007-2020/OSCE-CD del Consejo Directivo del OSCE;
Que, en mérito al Acuerdo N° 005-002-2019/OSCE-CD de la Sesión de Consejo Directivo N° 002-2019/OSCE-CD - Sesión Ordinaria de fecha 28 de enero de 2019 del Consejo Directivo del OSCE, se formaliza la aprobación, en el artículo 1 de la Resolución N° 017-2019-OSCE/PRE, de fecha 29 de enero de 2019, de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD “Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado”, que entra en vigencia a partir del 30 de enero de 2019;
Que, en mérito al Acuerdo N° 003-002-2019/OSCE-CD de la Sesión de Consejo Directivo N° 002-2019/OSCE-CD - Sesión Ordinaria de fecha 28 de enero de 2019 del Consejo Directivo del OSCE, en el artículo 1 de la Resolución N° 018-2019-OSCE/PRE, de fecha 29 de enero de 2019, se formaliza la aprobación de la Directiva N° 006-2019-OSCE/CD “Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica”, que entra en vigencia a partir del 30 de enero de 2019; asimismo, se formaliza la aprobación de su modificación, que entra en vigencia a partir del 28 de octubre del 2022, conforme al artículo 1 de la Resolución N° D000213-2022-OSCE-PRE de fecha 26 de octubre de 2022, en mérito al Acuerdo N° 004-011-2022/OSCE-CD de la Sesión de Consejo Directivo N° 011-2022/OSCE-CD del Consejo Directivo del OSCE;
Que, en mérito al Acuerdo N° 002-006-2019/OSCE-CD de la Sesión de Consejo Directivo N° 006-2019/OSCE-CD - Sesión Ordinaria de fecha 10 de junio de 2019 del Consejo Directivo del OSCE, se formaliza con la Resolución N° 112-2019-OSCE/PRE, de fecha 13 de junio de 2019, la aprobación de la Directiva N° 011-2019-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido del convenio de compra corporativa facultativa”;
Que, en mérito al Acuerdo N° 001-009-2019/OSCE-CD de la Sesión del Consejo Directivo N° 009-2019/OSCE-CD - Sesión Ordinaria de fecha 18 de octubre de 2019 del Consejo Directivo del OSCE, se formaliza con el artículo de la Resolución N° 183-2019-OSCE/PRE, de fecha 18 de octubre de 2019, la aprobación de la Directiva N° 013-2019-OSCE/CD “Intervención Económica de la Obra”;
Que, en mérito al Acuerdo N° 001-005-2020/OSCE-CD de la Sesión de Consejo Directivo N° 005-2020/OSCE-CD - Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del OSCE, se formaliza con Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE, de fecha 19 de mayo de 2020, la aprobación de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD “Alcances y Disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486”; asimismo, se formaliza la aprobación de la modificación de los numerales 6.2 y 7.1.1 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, conforme al artículo 1 de la Resolución N° 102-2020-OSCE/PRE de fecha 30 de julio de 2020, en mérito al Acuerdo N° 003-010-2020/OSCE-CD de la Sesión de Consejo Directivo N° 010-2020/OSCE-CD;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8.1.14 de la Directiva N° 003-2025-OECE/GG, Directiva para la Gestión de Documentos Normativos Institucionales, aprobada por Resolución de Gerencia General N° D000053-2025-OECE-GG, puede proponerse la derogación de documentos normativos institucionales de alcance interno, entre otros criterios, cuando el documento normativo contiene disposiciones que han sido superadas por nuevas normas o lineamientos vigentes;
Que, mediante Informe N° D000074-2025-OECE-DTN, la Dirección Técnico Normativa sustenta la propuesta de la derogación de las Directivas N° 004-2016-OSCE/CD, N° 022-2016 -OSCE/CD, N° 023-2016 -OSCE/CD, N° 007-2017-OSCE/CD, N° 012-2017-OSCE/CD, N° 001-2018-OSCE/CD, N° 002-2019-OSCE/CD, N° 003-2019-OSCE/CD, N° 004-2019-OSCE/CD, N° 005-2019-OSCE/CD, N° 006-2019-OSCE/CD, N° 011-2019-OSCE/CD, N° 013-2019-OSCE/CD y N° 005-2020-OSCE/CD; lo cual incluye sus respectivas modificaciones; precisando que, sin perjuicio de la derogatoria expresa de los dispositivos normativos precitados, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 32069 establece que los procedimientos de selección iniciados antes de la vigencia de la referida Ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria, por lo que la normativa de contrataciones públicas dispone que, aquellos procedimientos de selección que han sido convocados antes de la entrada en vigencia de la citada Ley, continúan rigiéndose por las normas vigentes al momento de su convocatoria, permitiéndose así, la aplicación ultractiva de la anterior normativa de contrataciones del Estado;
Que, mediante Memorando N° D001023-2025-OECE-OPPM, que adjunta el Informe N° D000258-2025-OECE-UMOD de la Unidad de Modernización, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización sustenta y emite opinión técnica favorable para la derogación de las Directivas N° 004-2016-OSCE/CD, N° 022-2016 -OSCE/CD, N° 023-2016 -OSCE/CD, N° 007-2017-OSCE/CD, N° 012-2017-OSCE/CD, N° 001-2018-OSCE/CD, N° 002-2019-OSCE/CD, N° 003-2019-OSCE/CD, N° 004-2019-OSCE/CD, N° 005-2019-OSCE/CD, N° 006-2019-OSCE/CD, N° 011-2019-OSCE/CD, N° 013-2019-OSCE/CD y N° 005-2020-OSCE/CD; incluyendo sus modificatorias;
Que, mediante Informe N° D000247-2025-OECE-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que es legalmente viable continuar con el trámite para la derogación de las Directivas, N° 004-2016-OSCE/CD, N° 022-2016-OSCE/CD, N° 023-2016-OSCE/CD, N° 007-2017-OSCE/CD, N° 012-2017-OSCE/CD, N° 001-2018-OSCE/CD, N° 002-2019-OSCE/CD, N° 003-2019-OSCE/CD, N° 004-2019-OSCE/CD, N° 005-2019- OSCE/CD, N° 006-2019-OSCE/CD, N° 011-2019-OSCE/CD, N° 013-2019-OSCE/CD y N° 005-2020-OSCE/CD, incluida sus respectivas modificatorias, aprobadas o formalizadas por Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE, Resolución N° 239-2025-OSCE/PRE, Resolución N° 274-2016-OSCE/PRE, Resolución N° 007-2017-OSCE/CD, Resolución N° 014-2017-OSCE/CD (y modificatoria), Resolución N° 016-2018-OSCE/PRE, Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE ( y modificatoria), Resolución N° 015-2019-OSCE/PRE, Resolución N° 016-2019-OSCE/PRE (y modificatorias), Resolución N° 017-2019-OSCE/PRE, Resolución N° 018-2019-OSCE/PRE (y modificatoria), Resolución N° 112-2019-OSCE/PRE, Resolución N° 183-2019-OSCE/PRE , Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE (y modificatoria), respectivamente, por cuanto se emitieron en el marco de una normativa de contrataciones públicas que no se encuentra vigente a la fecha;
Que, en atención a la propuesta presentada, mediante acuerdo adoptado en la Sesión de Consejo Directivo N° 11-2025/OECE-CD, el Consejo Directivo del OECE acordó, por unanimidad, aprobar la derogación de los documentos normativos citados precedentemente, incluyendo sus modificatorias; así como, disponer la formalización de la derogación a través de la Presidencia Ejecutiva;
Que, por lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde emitir el acto resolutivo que formalice el citado acuerdo del Consejo Directivo;
Con las visaciones de la Gerenta General, de la Directora de la Dirección Técnico Normativa, del Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF; la Resolución de Gerencia General N° D000053-2025-OECE-GG, que aprueba la Directiva N° 003-2025-OECE/GG Directiva para la Gestión de Documentos Normativos Institucionales; y, el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, aprobada conforme al artículo 1 de la Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE.
Artículo 2.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a la Comparación de Precios”, aprobada mediante Resolución N° 239-2016-OSCE/PRE, incluyendo su modificatoria aprobada por Resolución N° 094-2020-OSCE/PRE.
Artículo 3.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”, aprobada mediante Resolución N° 274-2016-OSCE/PRE.
Artículo 4.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los catálogos electrónicos de acuerdo marco”, aprobada conforme al artículo 2 de la Resolución N° 007-2017-OSCE/CD.
Artículo 5.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras”, aprobada mediante Resolución N° 014-2017-OSCE/CD, incluyendo su modificatoria aprobada por Resolución N° 018-2017-OSCE/CD.
Artículo 6.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 001-2018-OSCE/CD “Requisito de solvencia económica en adjudicaciones simplificados cuyo uso se autoriza mediante normas de excepción”, aprobada mediante Resolución N° 016-2018-OSCE/PRE.
Artículo 7.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, cuya aprobación fue formalizada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, incluyendo su modificatoria formalizada por Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE.
Artículo 8.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 003-2019-OSCE/CD “Lineamientos para la aplicación de la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias”, cuya aprobación fue formalizada mediante Resolución N° 015-2019-OSCE/PRE.
Artículo 9.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido de resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias”, cuya aprobación fue formalizada conforme al artículo 1 de la Resolución N° 016-2019-OSCE/PRE, incluyendo sus modificatorias formalizadas con Resolución N° 099-2019-OSCE/PRE y Resolución N° 080-2020-OSCE/PRE.
Artículo 10.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD “Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado”, cuya aprobación fue formalizada mediante Resolución N° 017-2019-OSCE/PRE.
Artículo 11.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 006-2019-OSCE/CD “Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica”, cuya aprobación fue formalizada conforme al artículo 1 de la Resolución N° 018-2019-OSCE/PRE, incluyendo su modificatoria formalizada con Resolución N° D000213-2022-OSCE-PRE.
Artículo 12.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 011-2019-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido del convenio de compra corporativa facultativa”, cuya aprobación fue formalizada mediante Resolución N° 112-2019-OSCE/PRE.
Artículo 13.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 013-2019-OSCE/CD “Intervención Económica de la Obra”, cuya aprobación fue formalizada conforme al artículo 1 de la Resolución N° 183-2019-OSCE/PRE.
Artículo 14.- Formalizar la derogación de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD “Alcances y Disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486”, cuya aprobación fue formalizada mediante Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE, incluyendo su modificatoria formalizada con Resolución N° 102-2020-OSCE/PRE.
Artículo 15.- Precisar que, de conformidad con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 32069, los procedimientos de selección iniciados antes de la vigencia de la referida Ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria.
Artículo 16.- Poner en conocimiento la presente Resolución a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y a la Dirección Técnico Normativa para los fines correspondientes.
Artículo 17.- Disponer la publicación de la presente Resolución, en el diario oficial El Peruano, en la sede digital del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) (www.gob.pe/oece), y en el Portal de Transparencia Estándar del Estado (www.transparencia.gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE
Presidenta Ejecutiva
2473043-1
2473096-1
Aprueban el Plan Operativo Institucional 2026 del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° D000136-2025-OECE-PRE
Jesús María, 30 de diciembre del 2025
VISTOS:
El Acta de Sesión del Grupo de Trabajo para el Planeamiento Institucional del OECE N° 006-2025-GTPI; el Informe N° D000044-2025-OECE-OPPM de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° D000325-2025-OECE-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;
Que, de conformidad con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, uno de sus objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es articular e integrar en forma coherente y concertada las diferentes propuestas y opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los planes nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales, así como las orientaciones, los métodos, los procesos y los instrumentos para el planeamiento estratégico;
Que, el numeral 12 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que la Programación Multianual consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);
Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0021-2024-CEPLAN/PCD se aprueba la Directiva N° 001-2024-CEPLAN/PCD “Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – Sinaplan” cuyo objeto es establecer las disposiciones técnicas que regulan el proceso del planeamiento estratégico, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Estado constitucional de derecho;
Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 0055-2024-CEPLAN/PCD, se aprueba la versión actualizada de la Guía para el Planeamiento Institucional, que tiene como objeto establecer pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI);
Que, el Glosario de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD, refiere que el POI es un instrumento de gestión que presenta la estrategia de corto plazo de la institución a fin de implementar el PEI. Comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para implementar las acciones estratégicas institucionales establecidas en el PEI durante su horizonte temporal;
Que, el sub numeral 3.2.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, referido a la Elaboración y Aprobación del POI, establece que, para contar con el POI Anual, la entidad toma la programación del primer año del POI Multianual y realiza el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad. Para ello, una vez que el Pliego apruebe su Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos (PIA), revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tengan consistencia con el PIA y, de no ser consistente, ajusta la programación; en ese sentido, las metas físicas son revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000023-2025-OECE-PRE, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028 del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE);
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000122-2025-OECE-PRE, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2026-2030 del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE);
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000119-2025-OECE-PRE, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2026, del Pliego 059 Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE);
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE, se aprueba el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), que contiene la estructura orgánica de la entidad de conformidad con las competencias y funciones asignadas mediante Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas;
Que, conforme con el Acta N° 006-2025-OECE-GTPI, el Grupo de Trabajo para el Planeamiento Institucional del OECE valida la propuesta de Plan Operativo Institucional 2026 del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes;
Que, mediante Informe Nº D000044-2025-OECE-OPPM, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización sustenta la propuesta del Plan Operativo Institucional 2026 del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026, señalando que dicho instrumento ha sido elaborado sobre la base del POI Multianual 2026-2028 del OECE; asimismo, señala que ha sido actualizado y alineado a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2030 del OECE, e incluye la programación mensual de 138 actividades (131 operativas y 07 de inversión) distribuidas entre los 20 centros de costos del Pliego 059: OECE, por lo que dichas actividades se agrupan en tres categorías presupuestarias: Programa Presupuestal 149 “Mejora del Desempeño en las contrataciones públicas” (78 AO), Acciones Centrales (51 AO) y Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos – APNOP (9 AO);
Que, mediante el Informe N° D000325-2025-OECE-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que es legalmente viable continuar con la aprobación de la propuesta de Plan Operativo Institucional 2026 del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026, por encontrarse acorde al marco normativo vigente;
Que, estando a las consideraciones expuestas, corresponde aprobar el Plan Operativo Institucional 2026 del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026, debiendo disponerse, asimismo, su publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, en la sede digital del OECE y en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad, de conformidad a lo dispuesto mediante Directiva N° 013-2021-OSCE/SGE, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 118-2021-OSCE/SGE; así como lo dispuesto en el Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública, aprobado por Resolución Directoral Nº 066-2025-JUS/DGTAIPD;
Que, de conformidad con el artículo 11 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones la Presidencia Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. Conduce y supervisa el funcionamiento de la entidad. Está a cargo del Presidente Ejecutivo, quien es titular del pliego y representante legal de la entidad, siendo que conforme con el literal c) del artículo 12 del citado Reglamento tiene entre sus funciones la de aprobar el Plan Operativo Institucional (POI), dando cuenta al Consejo Directivo, y disponer su remisión a las entidades correspondientes; así como, la respectiva publicación;
Con las visaciones de la Gerenta General, del Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0055-2024/CEPLAN/PCD, que aprueba la versión actualizada de la “Guía para el Planeamiento Institucional”; la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0021-2024-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2024-CEPLAN/PCD “Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – Sinaplan”; la Resolución de Secretaría General N° 118-2021-OSCE/SGE, que aprueba la Directiva N° 013-2021-OSCE/SGE “Directiva para la Gestión de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 059: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado”; y el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2026 del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026, el que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización el seguimiento y evaluación para la ejecución del Plan Operativo Institucional 2026 del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en la sede digital del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) (www.gob.pe/oece) y en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad, el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE
Presidenta Ejecutiva
Presidencia Ejecutiva
2473096-1
2473100-1
Delegan facultades en diversos funcionarios del OECE durante el Año Fiscal 2026
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° D000137-2025-OECE-PRE
Jesús María, 30 de diciembre del 2025
VISTOS:
El Memorando N° D001164-2025-OECE-OPPM de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° D000285-2025-OECE-UMOD de la Unidad de Modernización; el Informe N° D000324-2025-OECE-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el párrafo 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, dispone que el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, administrativa, funcional, económica y financiera;
Que, el literal b) del párrafo 12.1 del artículo 12 de la citada Ley N° 32069, establece que el Presidente Ejecutivo del OECE es la máxima autoridad ejecutiva, titular del pliego y representante legal de la entidad;
Que, mediante Decreto Supremo N° 067-2025-EF y Resolución N° D00049-2025-OSCE-PRE, se aprueba la Sección Primera y Segunda del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), respectivamente; esta última modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000088-2025-OECE-PRE;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE se aprueba el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE);
Que, el literal p) del artículo 12 de Texto Integrado Actualizado del ROF del OECE señala como una atribución de la Presidencia Ejecutiva del OECE la delegación de funciones que no sean privativas de su competencia, conforme a la normativa de la materia;
Que, por su parte, el párrafo 61.2 del artículo 61 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, indica que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia;
Que, el artículo 67 de la Ley N° 27444 señala que las entidades pueden delegar la competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad, siendo indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las atribuciones para emitir normas generales, las atribuciones para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso y las atribuciones a su vez recibidas en delegación;
Que, la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, establecen el marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras; precisando en el párrafo 25.2 del artículo 25 de la referida Ley que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, las facultades que le otorga dicha normativa, salvo las excepciones previstas en el Reglamento;
Que, las normas citadas precedentemente derogaron la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, las cuales establecían las disposiciones que deben observar y seguir las entidades a efectos de tramitar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, los procedimientos de selección iniciados antes de la vigencia de dicha Ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria; por lo que resulta necesario delegar facultades en distintas unidades de organización en el marco de la Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF;
Que, el párrafo 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dispone que el Titular de la Entidad puede delegar sus funciones en materia presupuestaria cuando lo establezca expresamente la citada norma, las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público o la norma de creación de la entidad; además, el párrafo 40.2 del artículo 40 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, vigente en virtud de la Novena Disposición Complementaria Final y la Primera Disposición Complementaria Transitoria del citado Decreto Legislativo, establece que las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad; además, indica que el Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el diario oficial El Peruano;
Que, los artículos 9 y 14 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, establecen que, dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, la responsabilidad sobre los efectos jurídicos generados por la utilización de una firma digital corresponde al titular del certificado, siendo que, en el caso de personas jurídicas, éstas son titulares del certificado digital; y que en el caso de personas jurídicas, la solicitud del certificado digital y el registro o verificación de su identidad deberán realizarse a través de un representante debidamente acreditado, respectivamente;
Que, el párrafo 23.1 del artículo 23 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado por Resolución N° 0112-2025-JNE, señala que si se trata de avisos o mensajes publicitarios que las entidades estatales consideren de impostergable necesidad o utilidad pública, a ser difundidos por radio o televisión; la entidad debe solicitar autorización previa del Jurado Electoral Especial (JEE), a través del titular del Pliego o a quien este faculte; asimismo, el párrafo 24.1 del artículo 24 del citado Reglamento, dispone que la publicidad estatal difundida a través de medios distintos a la radio o la televisión no requiere de autorización previa; sin embargo, será materia de reporte posterior, presentado ante el JEE por el titular del pliego o a quien este faculte;
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, establece que en los procesos o procedimientos con contenido patrimonial, los procuradores públicos, con autorización del Titular de la Entidad, pueden conciliar, transigir, desistirse, así como dejar consentir resoluciones, cumpliendo los requisitos establecidos en el procedimiento contemplado dentro del numeral; asimismo, señala que, en el ámbito extrajudicial, el procurador público está facultado a representar al Estado con atribuciones exclusivas suficientes para participar en dichos procedimientos y suscribir los respectivos acuerdos previamente autorizado por el Titular de la Entidad o la persona a quien éste delegue mediante acto resolutivo;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 050-2006-PCM, que prohíbe en las entidades del sector público la impresión, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de comunicaciones y/o documentos de todo tipo, establece que el titular de la entidad o a quien éste delegue podrá autorizar, excepcionalmente, impresos a color para casos debidamente justificados;
Que, la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, establece que la aceptación de donación de bienes muebles patrimoniales que se encuentren en el territorio nacional o provenientes del extranjero, se aprueba mediante resolución del Titular de la Entidad o del funcionario que se delegue; y que la suscripción de la solicitud de afectación en uso y transferencia de bienes muebles patrimoniales es suscrita por el Titular de la Entidad o por quien este delegue;
Que, la Directiva N° 0009-2025-EF/54.01 “Directiva que regula los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles de propiedad privada y disposición final de bienes inmuebles”, aprobada por la Resolución Directoral N° 0034-2025-EF/54.01, dispone que la aceptación de la donación de predios y/o bienes inmuebles privados se aprueba mediante resolución del Titular de la Entidad o a quien se delegue dicha potestad;
Que, mediante informe de vistos, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite opinión favorable sobre la propuesta de delegación de facultades por parte de la Presidenta Ejecutiva a los distintos órganos del OECE;
Que, mediante informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable sobre la propuesta de delegación de facultades por parte de la Presidenta Ejecutiva a los distintos órganos del OECE;
Que, con la finalidad de garantizar una adecuada gestión que permita al OECE agilizar el cumplimiento tanto de las funciones previstas en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF); así como, con la programación de las metas institucionales para el Año Fiscal 2026, es conveniente delegar determinadas facultades y atribuciones para la emisión e implementación de actos y/o actuaciones que no sean privativas del Titular de la entidad;
Con el visado de la Gerenta General, del Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF; y, el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el Gerente General del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), las siguientes facultades:
1.1. En materia Presupuestaria y Planeamiento Estratégico:
a) Aprobar la formalización de las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático que correspondan al Titular del Pliego 059: Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dando cuenta al Consejo Directivo, a través de la Presidencia Ejecutiva.
b) Aprobar las actualizaciones del Plan Operativo Institucional (POI) del OECE.
1.2. En materia de Contrataciones Públicas:
a) Resolver los recursos de apelación interpuestos en las compras por encargo.
b) Aprobar la contratación mediante procedimientos de selección no competitivos en los supuestos previstos en los literales b), c), y k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley N° 32069.
c) Aprobar el desistimiento de participación en una compra corporativa facultativa, previo sustento técnico y legal.
d) Solicitar el inicio de la compra centralizada, en calidad de entidad encargante, de acuerdo a lo señalado en el artículo 231 del Reglamento de la Ley N° 32069.
e) Suscribir los convenios o actas que formalicen la compra centralizada, de acuerdo a lo señalado en el artículo 231 del Reglamento de la Ley N° 32069.
f) Solicitar a Perú Compras, que se considere a la entidad en una compra centralizada en conjunto con las entidades contratantes afectadas mediante emergencias nivel 4 y 5.
1.3. En materia de Programación Multianual y Gestión de Inversiones:
a) Aprobar expedientes técnicos o documentos equivalentes que constituyan proyectos de inversión conforme a lo previsto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF.
1.4. En materia de Gestión Administrativa:
a) Presentar, ante el Jurado Electoral Especial o a quien corresponda, el reporte posterior, en los casos de publicidad estatal difundida a través de medios distintos a la radio y a la televisión, en razón de necesidad o utilidad pública, en periodo electoral, de conformidad a la normativa sobre la materia.
b) Solicitar, ante el Jurado Electoral Especial o a quien corresponda, autorización previa para la difusión de avisos o mensajes publicitarios que se consideren de impostergable necesidad o utilidad pública, a ser difundidos por radio o televisión, en periodo electoral, de conformidad a la normativa sobre la materia
c) Autorizar, excepcionalmente, impresos a color para casos debidamente justificados.
d) Suscribir el Convenio Marco y/o los Convenios Específicos de Colaboración Interinstitucional que deriven del referido convenio, entre el OECE y el Ministerio de Economía y Finanzas referidos al CONECTAMEF, así como sus respectivas adendas.
1.5 En materia de Defensa Jurídica:
a) Autorizar al procurador público a conciliar, transigir, consentir resoluciones y desistirse de la pretensión, respecto del supuesto establecido en el inciso 1 del numeral 15.6 del artículo 15 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 018-2019-JUS.
1.6 En materia de Contrataciones Públicas, bajo el marco normativo de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo con la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas:
a) Resolver los recursos de apelación interpuestos en procedimientos de selección cuyo valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT.
b) Aprobar las ofertas económicas que superen el valor estimado o el valor referencial, según corresponda, previa certificación de crédito presupuestario.
c) Aprobar la contratación directa en el supuesto indicado en el literal l) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
d) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes, servicios y consultorías, cuando el monto sea igual o mayor a S/ 100,000.00 (Cien mil y 00/100 soles), hasta por el máximo permitido por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
e) Declarar la nulidad en caso el pliego de absolución de consultas y observaciones e integración de bases incurra en alguno de los supuestos previstos en el numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 2.- Delegar en el Jefe de la Oficina de Administración del OECE, las siguientes facultades:
2.1. En materia de Gestión Administrativa:
a) Representar al OECE ante cualquier tipo de autoridades y/o dependencias administrativas para iniciar y proseguir procedimientos, formular solicitudes y/o presentar escritos de carácter administrativo, desistirse, participar en cualquier tipo de audiencias administrativas e interponer recursos administrativos de impugnación, queja contra los defectos de tramitación, solicitar la rectificación de errores, entre otras pretensiones administrativas y, en general, emitir e implementar los actos o actuaciones que no sean privativas del Titular de la Entidad o de la Procuraduría Pública. Así como, suscribir en representación del OECE, la documentación que deba ser remitida a la Contraloría General de la República, en el marco de lo dispuesto en la normativa de Gestión de Sociedades de Auditoría para la Ejecución de Auditorías Financieras Gubernamentales.
b) Ejercer la representación legal del OECE para suscribir minutas, escrituras públicas de levantamiento de garantía hipotecaria y cualquier otro documento necesario para el levantamiento de hipotecas constituidas a favor de terceros, así como para su respectiva inscripción en los Registros Públicos.
c) Reconocer aquellos adeudos en los que resulte aplicable la acción por enriquecimiento sin causa en la vía correspondiente, en concordancia con la normativa vigente, y sin perjuicio del deslinde de responsabilidades que diere lugar.
d) Aprobar la aceptación de donación de bienes muebles patrimoniales que se encuentren en el territorio nacional o provenientes del extranjero, así como, suscribir la solicitud de afectación en uso y transferencia de bienes muebles patrimoniales, en el marco del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF, directivas y normas complementarias.
e) Aprobar la aceptación de la donación de predios y/o bienes inmuebles privados, en el marco del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, su Reglamento, directivas y normas complementarias.
2.2 En materia de Defensa Jurídica:
a) Autorizar al procurador público a conciliar o transigir, conforme a la ley de la materia, respecto del supuesto establecido en el numeral 15.8 del artículo 15 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, en los supuestos sin contenido patrimonial y con contenido patrimonial cuando la cuantía no supere las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), en moneda nacional o su equivalente en moneda extranjera, monto que no incluye intereses.
2.3. En materia de Contrataciones Públicas, bajo el marco normativo de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo con la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas:
a) Autorizar la reducción de prestaciones en el caso de bienes y servicios acorde a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
b) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes, servicios y consultorías, cuando el monto sea menor a S/ 100,000.00 (CIEN MIL CON 00/100 SOLES), hasta por el máximo permitido por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
c) Remover a los integrantes titulares y suplentes de los comités de los procedimientos de selección en curso.
d) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo en contratos de bienes y/o servicios, en concordancia con lo estipulado en la normativa de contrataciones.
e) Autorizar otras modificaciones a los contratos suscritos en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato e impliquen incremento del precio.
Artículo 3.- Delegar en el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del OECE, la facultad de aprobar los encargos y designaciones temporales de funciones y puestos de un directivo o personal de confianza, sin distinción de su régimen laboral.
Artículo 4.- Delegar en el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, la facultad de autorizar la emisión y cancelación de certificados digitales a los suscriptores.
Artículo 5.- La delegación de facultades a que se refiere la presente resolución, es indelegable y comprende las atribuciones de pronunciarse y/o resolver, sin eximir de la obligación de cumplir con los requisitos y procedimientos legales establecidos para cada caso en concreto. Los funcionarios/servidores a los cuales se les ha delegado las facultades indicadas en la presente resolución, están obligados a indicar expresamente que actúan en vía de delegación.
Artículo 6.- Los servidores a los cuales se les ha delegado las facultades están obligados a dar cuenta trimestralmente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de culminado el trimestre que corresponda, respecto de las actuaciones derivadas de las facultades delegadas, correspondiendo la consolidación de la información a la Gerencia General, quien informará al Titular de la Entidad en un plazo de cinco (5) días hábiles.
Artículo 7.- Las delegaciones autorizadas mediante la presente resolución tienen vigencia durante el Año Fiscal 2026.
Artículo 8.- Disponer la publicación de la presente resolución en la sede digital del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) (www.gob.pe/oece) y en el Portal de Transparencia Estándar del Estado (www.transparencia.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE
Presidenta Ejecutiva
Presidencia Ejecutiva
2473100-1
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LA PRODUCCIÓN
2472646-1
Aprueban el “Tarifario de Servicios Tecnológicos del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado, Textil, Confecciones e Industrias Conexas – CITEccal”
RESOLUCIÓN EJECUTIVA
N° 000191-2025-ITP/DE
San Isidro, 29 de diciembre del 2025
VISTOS:
El Informe Técnico N° 0024-2025-ITP/CITECCAL-LIMA, el Informe Técnico N° 0025-2025-ITP/CITECCAL-LIMA, el Informe Técnico N° 0028-2025-ITP/CITECCAL-LIMA, el Informe N° 0042-2025-ITP/CITECCAL-LIMA y el Informe N° 0046-2025-ITP/CITECCAL-LIMA del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado, Textil, Confecciones e Industrias Conexas – CITEccal (en adelante, CITEccal); el Memorando N° 0900-2025-ITP/DEDFO y el Proveído N° 2003-2025-ITP/DEDFO, de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE (en adelante, DEDFO); el Memorando N° 1478-2025-ITP/OGRRHH de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos (en adelante, OGRRHH); el Memorando N° 1866-2025-ITP/OA, el Memorando N° 1884-2025-ITP/OA y el Memorando N° 2025-2025-ITP/OA, de la Oficina de Administración (en adelante, OA); el Memorando Múltiple N° 0148-2025-ITP/OPPM, el Memorando N° 7227-2025-ITP/OPPM y el Memorando N° 8003-2025-ITP/OPPM, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (en adelante, OPPM); el Informe N° 0619-2025-ITP/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica (en adelante, OAJ); y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1228, Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE, establece que los CITE públicos del Sector Producción son órganos desconcentrados del Instituto Tecnológico de la Producción (en adelante ITP);
Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 45.3 del artículo 45 del Decreto de Urgencia N° 013-2020, que Promueve el Financiamiento de la MIPYME, Emprendimientos y Startups, el financiamiento de los servicios que brinda el ITP, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1228 y sus normas reglamentarias y complementarias, se realiza a través de recursos ordinarios y tarifas, siendo que estas últimas son fijadas de acuerdo con la metodología que apruebe el ITP, la cual podrá establecer esquemas promocionales, según criterios objetivos, y se aprueban por Resolución del Director Ejecutivo del ITP;
Que, mediante Resolución Ejecutiva N° 000154-2025-ITP/DE, publicada en el Diario Oficial el Peruano el 6 de noviembre de 2025, se aprobó la “Directiva de determinación de tarifas basada en costos del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP” – DIR N° 004-2025-ITP/DE que deroga la Directiva N° 001-2021-ITP/DE aprobada por el artículo 2 de la Resolución Ejecutiva N° 042-2021- ITP/DE, y se precisa en su numeral 9.2 que los trámites de gestión del Catálogo de Servicios (CDS) y de tarifarios iniciados antes de la vigencia de dicha Directiva, se rigen bajo la Directiva N° 001-2021-ITP/DE, por lo que, al haber iniciado el CITE su solicitud del CDS el 6 de junio de 2025, le resulta aplicable ésta última;
Que, a través de la Resolución Suprema N° 063-98-ITINCI se creó el “Centro de Innovación Tecnológica del Cuero Calzado e Industrias Conexas - CITEccal”, modificándose su denominación por el de “Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado, Textil, Confecciones e Industrias Conexas – CITEccal” en virtud a la Resolución Ministerial N° 038-2019-PRODUCE y Resolución de Consejo Directivo N° 003-2022-ITP/CD; así también, mediante Resolución Ejecutiva N° 111-2013-ITP/DEC, modificada por la Resolución Ejecutiva N° 108-2020-ITP/DE, la Resolución Ejecutiva N° 004-2024-ITP/DE y la Resolución Ejecutiva N° 137-2025-ITP/DE, se aprobó su Tarifario de Servicios Tecnológicos conformado a la fecha por doscientos dos (202) servicios tecnológicos, consignados en el Anexo correspondiente;
Que, con el Informe Técnico N° 0024-2025-ITP/CITECCAL-LIMA y Informe Técnico N° 0025-2025-ITP/CITECCAL-LIMA, el CITEccal remitió a la DEDFO su propuesta de aprobación de ciento cincuenta y nueve (159) servicios tecnológicos, así como once (11) Notas, al Tarifario de Servicios Tecnológicos vigente; la cual cuenta con opinión favorable de la DEDFO, conforme lo señalado en el Memorando N° 0900-2025-ITP/DEDFO, sustentado en el Informe N° 0017-2025-ITP/JMR-DEDFO;
Que, a través del Informe Técnico N° 0028-2025-ITP/CITECCAL-LIMA e Informe N° 0046-2025-ITP/CITECCAL-LIMA, el CITEccal remitió el Catálogo de Servicios Tecnológicos (CDS) validado, así como once (11) Notas y las estructuras de costos enmarcadas en la metodología e incluidas en el Módulo del Sistema de Gestión de Tarifarios – SISTAR; y, asimismo, con Memorando N° 1478-2025-ITP/OGRRHH; el Memorando N° 1866-2025-ITP/OA, el Memorando N° 1884-2025-ITP/OA y el Memorando N° 2025-2025-ITP/OA; y el Memorando N° 7227-2025-ITP/OPPM sustentado en el Informe Técnico N° 0016-2025-ITP/OPPM-UFM y el Memorando N° 8003-2025-ITP/OPPM, sustentado en el Informe N° 0050-2025-ITP/OPPM-UFM, la OGRRHH, la OA y la OPPM, respectivamente, validan la propuesta remitida;
Que, mediante el Informe N° 0619-2025-ITP/OAJ, la OAJ opinó que resulta legalmente factible la aprobación de la propuesta de Tarifario del CITEccal, consistente en ciento cincuenta y nueve (159) servicios tecnológicos, y derogar el Tarifario de Servicios Tecnológicos vigente del CITEccal;
Con los vistos de la Secretaría General, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, en lo que corresponde a sus competencias;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 92, modificado por el Decreto Legislativo N° 1451 que crea el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); el Decreto Legislativo N° 1228, Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE; Decreto de Urgencia N° 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, Emprendimientos y Startups; el Decreto Supremo N° 004-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE; Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP);
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Tarifario de Servicios Tecnológicos del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado, Textil, Confecciones e Industrias Conexas – CITEccal”, conformado por ciento cincuenta y nueve (159) servicios tecnológicos y sus respectivas Notas, detallados en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Derogar el Tarifario de Servicios Tecnológicos aprobado mediante la Resolución Ejecutiva N° 111-2013-ITP/DEC, modificado por la Resolución Ejecutiva N° 108-2020-ITP/DE, la Resolución Ejecutiva N° 004-2024-ITP/DE y la Resolución Ejecutiva N° 137-2025-ITP/DE respecto de los Subanexos I.1, I.2 y I.3.
Artículo 3.- Disponer que los servicios tecnológicos incluidos en el Tarifario derogado mediante el artículo precedente, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución se encuentren en trámite de atención, podrán ser brindados hasta la culminación de los referidos servicios.
Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información, en aplicación de los artículos 1 y 2 de la presente Resolución y en coordinación con los órganos correspondientes, realice las acciones para la actualización del Sistema de Servicios de Innovación Productiva del ITP – SSIPRO para la aplicación de los esquemas promocionales a los servicios tecnológicos conforme a la versión 3 de la Directiva N° 002-2021-ITP/DE, así como en el módulo del sistema de gestión de tarifarios del SSIPRO, según corresponda.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en la Sede Digital del Instituto Tecnológico de la Producción (https://www.gob.pe/itp), en la misma fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO
Directora Ejecutiva
Instituto Tecnológico de la Producción
2472646-1
2473098-1
Autorizan transferencia financiera a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE)
RESOLUCIÓN EJECUTIVA
N° 000197-2025-ITP/DE
San Isidro, 30 de diciembre del 2025
VISTO:
El Memorando N° 008241-2025-ITP/OPPM, sustentado en el Informe Técnico N° 000039-2025-ITP/OPPM-UFP, ambos de fecha 30 de diciembre de 2025, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° 000630-2025-ITP/OAJ, de fecha 30 de diciembre de 2025, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 92, modificado por el Decreto Legislativo N° 1451, se crea el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), como organismo público adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho público interno, el cual tiene a su cargo la coordinación, orientación, concertación y calificación de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica-CITE;
Que, en el marco de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, a través de la Resolución Ejecutiva N° 000217-2024-ITP/DE, de fecha 17 de diciembre del 2024, se aprobó la Estructura Funcional Programática y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2025 del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, a nivel de Unidad Ejecutora, Función, Programa, Sub Programa, Actividad, Proyecto, Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico de gasto, por la suma de S/ 146’964,672.00 (Ciento cuarenta y seis millones novecientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos con 00/100 soles);
Que, el numeral 76.2 del artículo 76 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que las transferencias financieras que se puedan efectuar durante la ejecución, se autorizan y regulan en las Leyes Anuales del Presupuesto del Sector Publico;
Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 de la Centésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, se autoriza de manera excepcional, durante el año fiscal 2025, entre otros, al Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, aprobar transferencias financieras a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), con la finalidad de coadyuvar y complementar el financiamiento parcial del Bono al Buen Pagador creado mediante el artículo 19 de la Ley N° 31658, Ley que crea el Programa Impulso Empresarial MYPE – IMPULSO MYPERU;
Que, el numeral 3 de la Centésima Novena Disposición Complementaria Final del dispositivo legal antes mencionado, dispone que las transferencias financieras autorizadas en la referida disposición se aprueban mediante resolución del Titular del Pliego, previo informe favorable de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego, el mismo que se deberá publicar en el diario oficial El Peruano;
Que, a través del Memorando N° 008241-2025-ITP/OPPM, sustentado en el Informe Técnico N° 000039-2025-ITP/OPPM-UFP, ambos de fecha 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite opinión favorable a fin que la Directora Ejecutiva, en su calidad de Titular del Pliego, emita el acto resolutivo a fin de autorizar la transferencia financiera con cargo al Presupuesto Institucional 2025, del Pliego 0241: Instituto Tecnológico de la Producción ITP, Unidad Ejecutora 001: Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 148,167.00 (Ciento cuarenta y ocho mil ciento sesenta y siete con 00/100 soles), en la fuente de financiamiento 1: Recursos Ordinarios, a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 de la Centésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026;
Que, mediante Informe N° 000630-2025-ITP/OAJ, de fecha 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que resulta jurídicamente viable que la Directora Ejecutiva, en su calidad de Titular del Pliego, autorice la trasferencia financiera en cuestión, en los términos propuestos por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;
Con los vistos de la Secretaría General, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en lo que corresponde a sus respectivas competencias, y;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 92, modificado por el Decreto Legislativo N° 1451, que crea el Instituto Tecnológico de la Producción - ITP; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Autorizar la transferencia financiera con cargo al Presupuesto Institucional 2025, del Pliego 0241: Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, Unidad Ejecutora 001: Instituto Tecnológico de la Producción - ITP para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/ 148,167.00 (Ciento cuarenta y ocho mil ciento sesenta y siete con 00/100 soles), en la fuente de financiamiento 1: Recursos Ordinarios, a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 de la Centésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia financiera aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución, se atenderá con cargo a los recursos autorizados por la Centésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; en el Presupuesto del Año Fiscal 2025 del Pliego 0241: Instituto Tecnológico de la Producción ITP, Unidad Ejecutora 001: Instituto Tecnológico de la Producción ITP, Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, Producto 3999999 Sin Producto, Actividad 5000003 Gestión Administrativa, Genérica de Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, Específica de Gasto 2.4.1 3.1 4 “Otras Entidades Públicas”.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia financiera autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales fueron transferidos.
Artículo 4.- Acciones Administrativas
Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Administración para la ejecución de las acciones administrativas que correspondan.
Artículo 5.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en la sede digital del Instituto Tecnológico de la Producción - ITP (www.gob.pe/itp), el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO
Directora Ejecutiva
Instituto Tecnológico de la Producción
2473098-1
PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO
2473012-1
Designan procurador público de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, provincia y departamento de Lima
RESOLUCIÓN N° D001218-2025-JUS/PGE-PG
San Isidro, 30 de diciembre del 2025
VISTOS:
El Acta N° 35-2025-PGE de la Centésima Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, que aprueba el “Acta de resultados finales del procedimiento de designación por ternas de las plazas de procurador público de la Municipalidad Distrital de San Bartolo y de procurador público de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, ambas en la provincia y departamento de Lima”; el Informe N° D000014-2025-JUS/PGE-SGCD, de la Secretaría General del Consejo Directivo; y el proveído N° 008464-2025-JUS/PGE-PG, de la Procuraduría General del Estado; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1326 se reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del Estado, como ente rector del Sistema y como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno, autonomía funcional, técnica, económica y administrativa para el ejercicio de sus funciones;
Que, el artículo 27 del Decreto Legislativo N° 1326 señala que el procurador público es el funcionario que ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado por mandato constitucional, manteniendo vinculación de dependencia funcional y administrativa con la Procuraduría General del Estado, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones. Asimismo, el artículo 32 del mismo cuerpo normativo dispone que los procuradores públicos son designados mediante Resolución del Procurador General del Estado;
Que, los numerales 18.4 y 18.5 del artículo 18 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, establecen que el procurador público o procurador público adjunto es un servidor de confianza que asume sus funciones desde la fecha en que se publica la resolución de su designación en el diario oficial El Peruano;
Que, mediante Resolución N° D000761-2024-JUS/PGE-PG, se formaliza la aprobación de la Directiva N° 0001-2024-PGE/CD, denominada “Directiva que regula el proceso de selección para la designación de procuradores públicos y procuradores públicos adjuntos”, estableciendo, los literales b) y c) del numeral 9.2 de la acotada Directiva que en caso que una plaza haya quedado desierta por dos veces consecutivas, la Dirección de Información y Registro elabora una lista de los candidatos aprobados y accesitarios que se encuentren inscritos en el RUAAPP y que cumplan la especialidad, experiencia y los años en el ejercicio de la profesión respecto a la plaza y que se encuentren en la misma subsección de dicha plaza. La cual se pone en conocimiento del Consejo Directivo para que elija las ternas correspondientes y disponga la programación de entrevistas personales. Este procedimiento se realiza tantas veces como sea necesario hasta ocupar la plaza correspondiente. En caso no exista la posibilidad de elegir una terna, se realiza una nueva convocatoria;
Que, por su parte, el numeral 9.3.1 de la Directiva, establece que la Secretaría General del Consejo Directivo, traslada la propuesta de candidatos ganadores para designar a un procurador público o procurador público adjunto al procurador general del Estado, quien emite la resolución de designación;
Que, en la Centésima Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, se aprueba por mayoría el acta de los resultados finales del procedimiento de designación por ternas de las plazas de procurador público de la Municipalidad Distrital de San Bartolo y de procurador público de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, ambos en la provincia y departamento de Lima;
Que, mediante informe de vistos, la Secretaría General del Consejo Directivo, en cumplimiento de lo señalado en el numeral 1 del apartado 9.3.1 de la Directiva N° 0001-2024- PGE/CD, traslada a la procuradora general del Estado, la propuesta de designación del abogado Naxssor Shapiama García en la plaza de procurador público de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, provincia y departamento de Lima, al haber cumplido con presentar, dentro del plazo establecido y de forma íntegra, los documentos que motivaron su inscripción en el RUAAPP y que dieron lugar a su condición de ganador de dicha plaza.
Con el visto de la Secretaría General del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, de la Dirección de Información y Registro, y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del Estado;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1326 que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2019-JUS; y, la Directiva N° 0001-2024-PGE/CD, denominada “Directiva que regula el proceso de selección para la designación de procuradores públicos y procuradores públicos adjuntos”, cuya aprobación fue formalizada por Resolución N° D000761-2024-JUS/PGE-PG;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designación
Designar al abogado NAXSSOR SHAPIAMA GARCIA, como procurador público de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, provincia y departamento de Lima.
Artículo 2.- Obligatoriedad de brindar las facilidades logísticas
Disponer que el titular de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, provincia y departamento de Lima, implemente adecuadamente su órgano de defensa jurídica y asegure la asignación de los recursos logísticos necesarios para el normal desempeño de las funciones del procurador que ha sido designado a su entidad, conforme a lo dispuesto en la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1326.
Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, y en la sede digital de la Procuraduría General del Estado (www.gob.pe/procuraduria).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA AURORA CARUAJULCA QUISPE
Procuradora General del Estado
Procuraduría General del Estado
2473012-1
SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS
POR EL ESTADO
2472262-1
Aprueban la Directiva N° 002-2025-SERNANP-DUSRN “Directiva para la implementación de las disposiciones del Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos y sus Derivados, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2021-MINAM, en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP”
RESOLUCIóN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 000087-2025-SERNANP/PE
San Isidro, 22 de octubre del 2025
VISTOS:
El Informe N° 000135-2025-SERNANP/DUSRN-SMGS del 29 de agosto del 2025, emitido por la Subdirección de Manejo y Gestión Sostenible de los Servicios Ecosistémicos de la Dirección de Uso Sostenible de los Recursos Naturales, el Memorando N° 000922-2025-SERNANP/DUSRN del 31 de agosto del 2025, emitido por la Dirección de Uso Sostenible de los Recursos Naturales, el Informe N° 000434-2025-SERNANP/OPP del 30 de setiembre del 2025, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 000434-2025-SERNANP/OAJ del 03 de octubre del 2025, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú, establece que es obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas,
Que, por el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad técnico-normativa;
Que, de conformidad con el literal g) del artículo 2 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, se precisa que la protección de las áreas tiene entre sus objetivos, el mantener la base de recursos, incluyendo los genéticos, que permita desarrollar opciones para mejorar los sistemas productivos, encontrar adaptaciones frente a eventuales cambios climáticos perniciosos y servir de sustento para investigaciones científicas, tecnológicas e industriales;
Que, el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG, establece que SERNANP es la Autoridad Nacional respecto de los recursos genéticos ubicados en las Áreas Naturales Protegidas y en el caso de actividades de bioprospección que impliquen la utilización de recursos genéticos en el ámbito de un ANP, cuya categoría y zonificación lo permita, debe cumplirse con los procedimientos establecidos por la normatividad específica;
Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2021-MINAM del 24 de julio del 2021, se aprueba el Reglamento de acceso a los recursos genéticos y sus derivados, con el objeto regular las disposiciones referidas al acceso a los recursos genéticos y sus derivados establecidas en la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina (CAN), Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, en concordancia con lo establecido por el Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica;
Que, el citado reglamento, identifica en su artículo 12 al SERNANP como autoridad nacional competente en materia de recursos genéticos y sus derivados del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre y de los parientes silvestres de especies cultivadas o domesticadas, que se encuentran en las áreas naturales protegidas de administración nacional, así como los microorganismos asociados a estas, abarcando los recursos genéticos y sus derivados contenidos en todo o parte del espécimen, estableciéndose entre sus funciones la aprobación de las disposiciones complementarias y lineamientos para la gestión del acceso a los recursos genéticos y sus derivados, en el ámbito de sus competencias;
Que, mediante Resolución Presidencial N° 000042-2025-SERNANP/J-SGD del 01 de abril del 2025, se dispuso la publicación del proyecto de la “Directiva para la implementación de las Disposiciones del Reglamento de acceso a los recursos genéticos y sus derivados, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2021-MINAM, en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP”, con numeración “Directiva N° 002-2025-SERNANP/DGANP y con código DIR-DGANP-075 en su versión N° 01, con el objetivo de recibir opiniones y/o sugerencias de los interesados;
Que, con Informe N° 000135-2025-SERNANP/DUSRN-SMGS, la Subdirección de Manejo y Gestión Sostenible de los Servicios Ecosistémicos de la Dirección de Uso Sostenible de los Recursos Naturales informó que durante el proceso de publicación de la propuesta se recibieron los aportes de la Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad del Ministerio del Ambiente (MINAM);
Que, en dicho informe se indica que la citada propuesta de Directiva, establece las disposiciones que regulan la implementación de los procedimientos de acceso a los recursos genéticos y sus derivados del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre y de los parientes silvestres de especies cultivadas o domesticadas, que se encuentran en las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, así como los microorganismos asociados a estas; y establece las competencias funcionales de los órganos de línea, o quien haga sus veces, las jefaturas de las áreas y los Ejecutores de Contratos de Administración, involucrados en la atención de los procedimientos para el acceso a los recursos genéticos y sus derivados;
Que, con Memorando N° 000922-2025-SERNANP/DUSRN, la Dirección de Uso Sostenible de los Recursos Naturales remite la propuesta de Directiva con las precisiones de forma solicitadas por la Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad del Ministerio del Ambiente y otras relacionadas con la actualización del Reglamento de Organización y Funciones de esta institución, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;
Que, con Informe N° 000434-2025-SERNANP/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto precisa que, a través de la Unidad de Planeamiento y Modernización de la Gestión en el marco de sus funciones y de conformidad con la normativa vigente, emite opinión técnica favorable a la mencionada Directiva, ya que cuenta con la formalidad que amerita el documento que se propone aprobar;
Que, con Informe N° 000434-2025-SERNANP/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica precisa que, al ser SERNANP la autoridad competente en materia de recursos genéticos y sus derivados del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre y de los parientes silvestres de especies cultivadas o domesticadas, que se encuentran en las áreas naturales protegidas de administración nacional, así como los microorganismos asociados a estas, abarcando los recursos genéticos y sus derivados contenidos en todo o parte del espécimen y, en cumplimiento la función establecida en el artículo 13 del Reglamento de acceso a los recursos genéticos y sus derivados aprobado por Decreto Supremo N° 019-2021-MINAM, teniendo en consideración los informes emitidos por las áreas competentes, corresponde emitir el acto que apruebe lo solicitado;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar la Directiva N° 002-2025-SERNANP-DUSRN “Directiva para la implementación de las disposiciones del Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos y sus Derivados, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2021-MINAM, en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP”, con código DIR-DUSRN-075 en su Versión N° 1.00;
Con las visaciones de la Subdirección de Manejo y Gestión Sostenible de los Servicios Ecosistémicos, la Dirección de Uso Sostenible de los Recursos Naturales, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, y;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2025-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 002-2025-SERNANP-DUSRN “Directiva para la implementación de las disposiciones del Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos y sus Derivados, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2021-MINAM, en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP”, con código DIR-DUSRN-075 en su Versión N° 1.00 , que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos del SERNANP, en mérito a lo resuelto en la presente resolución.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como su publicación y la de su Anexo en la Sede Digital del SERNANP (https://www.gob.pe/sernanp).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ CARLOS NIETO NAVARRETE
Presidente Ejecutivo del SERNANP
2472262-1
2472655-1
Aprueban el Plan Maestro de la Reserva Nacional San Fernando, periodo 2025-2030
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 000167-2025-SERNANP/PE
San Isidro, 29 de diciembre del 2025
VISTOS:
El Informe N° 000210-2025-SERNANP/DDE-SPPB del 24 de diciembre de 2025 de la Subdirección de Políticas, Prospectiva y Base Física de la Dirección de Desarrollo Estratégico, el Memorando N° 002877-2025- SERNANP/DURSN del 19 de diciembre del 2025 de la Dirección de Uso Sostenible de Recursos Naturales, el Memorando N° 002004-2025-SERNANP/DGTANP del 24 de diciembre del 2025 de la Dirección de Gestión Territorial de Áreas Naturales Protegidas y el Informe N° 000727-2025-SERNANP/OAJ de fecha 29 de diciembre de 2025 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la institución;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú, establece que es obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas;
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad técnico-normativa;
Que, de conformidad con el literal g) del artículo 8 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, es función del SERNANP aprobar los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas;
Que, el artículo 18 de la precitada Ley, establece que las Áreas Naturales Protegidas contarán con documentos de planificación de carácter general y específicos, por tipo de recurso y actividad, aprobados por el SERNANP con la participación de los sectores competentes correspondientes, los mismos que una vez aprobados constituyen normas de observancia obligatoria para cualquier actividad que se desarrolle dentro de las áreas;
Que, el artículo 20 de la precitada Ley, establece que la misma Autoridad Nacional aprobará un Plan Maestro por cada Área Natural Protegida, el cual constituye el documento de planificación de más alto nivel con el que cuenta cada ANP y serán elaborados bajo procesos participativos y revisados cada cinco (5) años;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM, se establecen las Disposiciones para la elaboración de los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 017-2011-MINAM, se categoriza en forma definitiva la Zona Reservada San Fernando, como Reserva Nacional San Fernando, sobre la superficie de 154, 716.37 ha, ubicado en el distrito de Santiago de la provincia y en los distritos de Changillo, Nazca y San Juan de Marcona, en la provincia de Nazca del departamento de Ica;
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 239-2019-SERNANP, se aprobó el Plan Maestro de la Reserva Nacional San Fernando, para el periodo 2019-2024, como documento de planificación de más alto nivel de dicha área natural protegida;
Que, mediante Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP, se aprueban las Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros;
Que, mediante Resolución Directoral N° 005-2022-SERNANP-DDE se aprueban los formatos que permitirán la implementación de las Disposiciones Complementarias para el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros aprobadas mediante Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP;
Que, Resolución Directoral N° 000005-2024-SERNANP/DDE-SGD modificada por la Resolución Directoral N° 000011-2024-SERNANP/DDE-SGD, se aprueba la relación de las Áreas Naturales Protegidas aptas para iniciar el proceso de elaboración o actualización de sus respectivos Planes Maestros en el año 2024, siendo una de ellas la Reserva Nacional San Fernando;
Que, Resolución Directoral N° 000018-2024-SERNANP/DDE, se aprueba los Términos de Referencia del proceso de actualización del Plan Maestro de la Reserva Nacional San Fernando;
Que, teniendo en cuenta que en el Informe N° 000210-2025-SERNANP/DDE-SPPB, se concluye que el Plan Maestro de la Reserva Nacional San Fernando periodo 2025-2030, ha sido elaborado conforme a las Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP, siendo validado por la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión del ANP y sustentada ante las direcciones de línea y la Alta Dirección del SERNANP, contando con la respectiva conformidad y visto bueno de la Dirección de Gestión Territorial de Áreas Naturales Protegidas y de la Dirección de Uso Sostenible de los Recursos Naturales, solicita su aprobación;
Que, dicho informe concluye además que, en relación a la zonificación de dicha Reserva Nacional, ha sido modificada, la cual cumple con lo señalado en la Directiva Normas que regulan la gestión de la información geográfica del SERNANP aprobada por la Resolución Presidencial N° 331-2022-SERNANP; precisándose además que, no corresponde proceso de consulta previa, ya que no se han identificado pueblos indígenas u originarios en el ANP ni su zona de amortiguamiento. Asimismo, concluye que, la zona de amortiguamiento no ha sido modificada;
Que, en el Informe N° 000727-2025-SERNANP/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que atendiendo al informe emitido por la Dirección de Desarrollo Estratégico y la conformidad de la Dirección de Gestión Territorial de Áreas Naturales Protegidas y de la Dirección de Uso Sostenible de los Recursos Naturales, en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 31.8 y 31.9 del artículo 31 de las Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros, aprobadas a través de la Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP, corresponde emitir el acto resolutivo que apruebe el Plan Maestro de la Reserva Nacional San Fernando periodo 2025-2030;
Con las visaciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico, de la Dirección de Gestión Territorial de Áreas Naturales Protegidas, de la Dirección de Uso Sostenible de los Recursos Naturales, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Gerencia General, y;
De conformidad con las atribuciones conferidas en el literal f) del artículo 10 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000012-2025-SERNANP y en los numerales 31.8 y 31.9 del artículo 31 de las Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros, aprobadas a través de la Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Maestro de la Reserva Nacional San Fernando, periodo 2025-2030, como documento de planificación de más alto nivel de la referida Área Natural Protegida, cuyo texto se encuentra contenido en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Aprobar la modificación de la zonificación, así como, ratificar la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional San Fernando aprobada mediante Resolución Presidencial N° 118-2015-SERNANP.
Artículo 3.- Encargar a la Jefatura de la Reserva Nacional San Fernando, velar por la implementación del referido Plan Maestro.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano y en la sede digital del SERNANP: https://www.gob.pe/sernanp, en el cual, además deberá publicarse el texto del Plan Maestro.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
José Carlos Nieto Navarrete
Presidente Ejecutivo del SERNANP
2472655-1
2472651-1
Designan Subdirector de la Subdirección de Políticas, Prospectiva y Base Física de la Dirección de Desarrollo Estratégico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
RESOLUCIóN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 000168-2025-SERNANP/PE
San Isidro, 30 de diciembre del 2025
VISTO:
El Informe N° 000346-2025-SERNANP/GG-ORH de fecha 29 de diciembre de 2025, emitido por la Oficina de Recursos Humanos; y el Informe N° 000731-2025-SERNANP/OAJ de fecha 29 de diciembre de 2025, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la institución, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), conforme a lo dispuesto en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, constituye un organismo público técnico especializado, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE);
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2025-MINAM, se aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP y con Resolución Presidencial N° 000100-2025-SERNANP/J-SGD se aprueba la Sección Segunda del mismo, siendo el documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la entidad, que contiene las competencias y funciones generales de la entidad, las funciones específicas de sus unidades de organización, así como las relaciones entre sus dependencias;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 000239-2025-MINAM se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) del SERNANP, en cuya numeración correlativa N° 043, corresponde a la Subdirección de Políticas, Prospectiva y Base Física de la Dirección de Desarrollo Estratégico con cargo estructural de “Subdirector/a de la Subdirección de Políticas, Prospectiva y Base Física”, clasificado como Directivo Superior (SP-DS);
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000002-2025-SERNANP/PE de fecha 04 de julio de 2025, se designó temporalmente al señor Marco Luis Pastor Rozas, en el cargo de Subdirector de Políticas, Prospectivas y Base Física de la Dirección de Desarrollo Estratégico de la Institución;
Que, con Nota de Envío N° 000142-2025-SERNANP/DDE de fecha 24 de diciembre de 2025, la Dirección de Desarrollo Estratégico solicita, por necesidad de servicio, realizar las evaluaciones respectivas y efectuar las gestiones que correspondan para la designación del señor Francisco Lozano Pérez en el cargo de Subdirector de la Subdirección de Políticas, Prospectiva y Base Física de la Dirección de Desarrollo Estratégico, en consideración al Proveído N° 001083-2025-SERNANP/PE de fecha 29 de diciembre de 2025 emitido por esta Presidencia;
Que, a través del documento de vistos, la Oficina de Recursos Humanos concluye que: “De la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Clasificador de Cargos, se concluye que el señor Francisco Lozano Pérez reúne las condiciones exigidas para la designación en el cargo de Subdirector de la Subdirección de Políticas, Prospectiva y Base Física, resultando viable proceder con dicha designación. Asimismo, la evaluación se sustentó en la revisión del currículum vitae debidamente documentado, así como en la consulta de las plataformas y registros de obligatoria revisión por parte de las Oficinas de Recursos Humanos, siendo la designación efectiva a partir del 02 de enero de 2026”, asimismo añade que se deberá dejar sin efecto a designación temporal del cargo de Subdirector/a (e) de la Subdirección de Políticas, Prospectiva y Base Física, a favor del servidor Marcos Luis Pastor Rozas, formalizado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000002-2025-SERNANP/PE;
Que, por su parte, en el Informe N° 000731-2025-SERNANP/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, concluye que, en virtud a la normativa aplicable, y a la opinión favorable emitida por la Oficina de Recursos Humanos, corresponde emitir la resolución que atienda lo solicitado;
Con las visaciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico, de la Oficina de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, y;
En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2025- MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, a partir del 02 de enero de 2026, al señor Francisco Lozano Pérez en el cargo de Subdirector de la Subdirección de Políticas, Prospectiva y Base Física de la Dirección de Desarrollo Estratégico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, en atención a lo expuesto en la presente Resolución.
Artículo 2.- Dejar sin efecto el extremo de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000002-2025-SERNANP/PE de fecha 04 de julio de 2025, en el cual designa temporalmente las funciones de Subdirector de la Subdirección de Políticas, Prospectiva y Base Física de la Dirección de Desarrollo Estratégico, de acuerdo a lo señalado en la presente resolución.
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a los señores Francisco Lozano Pérez y Marcos Luis Pastor Rozas, así como a la Oficina de Recursos Humanos.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano y en la sede digital del SERNANP: https://www.gob.pe/sernanp.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ CARLOS NIETO NAVARRETE
Presidente Ejecutivo del SERNANP
2472651-1
2473035-1
Aprueban “Directiva sobre la comercialización de los derechos generados por proyectos sobre servicios ecosistémicos de secuestro y almacenamiento de carbono presentes dentro de Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional” con código DIR-DUSRN-079 en su versión 1.00
RESOLUCIóN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 000170-2025-SERNANP/PE
San Isidro, 30 de diciembre del 2025
VISTOS:
El Informe N° 000428-2025-SERNANP/DUSRN-SMGS de fecha 24 de diciembre de 2025, emitido por la Subdirección de Manejo y Gestión Sostenible de los Servicios Ecosistémicos de la Dirección de Uso Sostenible de los Recursos Naturales, el Informe N° 00537-2025-SERNANP/OPP de fecha 29 de diciembre de 2025, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 000733-2025-SERNANP/OAJ del 30 de diciembre de 2025 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la institución, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú señala que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas - ANP;
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad técnico-normativa;
Que, el artículo 1 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, señala que dichas áreas son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país;
Que, el artículo 2 de la referida Ley dispone que las áreas naturales protegidas tienen como objetivos el asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos en áreas extensas y representativas de unidades ecológicas del país, mantener y manejar los recursos de la flora silvestre, de modo que aseguren una producción estable y sostenible, además de proporcionar oportunidades para la recreación y el esparcimiento al aire libre, así como para un desarrollo turístico sostenible basado en las características naturales y culturales del país, entre otros;
Que, en el artículo 17 de la misma Ley, se dispone que el Estado reconoce y promueve la participación privada en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas. Para ello, faculta al SERNANP a suscribir u otorgar: a) Contratos de Administración del área, b) Concesiones para la prestación de servicios económicos dentro del área, c) Contratos para el aprovechamiento de recursos del sector, d) Convenios para la ejecución de proyectos o programas de investigación y/o conservación, e) Autorizaciones y permisos para el desarrollo de actividades menores, f) Otras modalidades que se establezcan en la legislación;
Que, la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, establece en su artículo 16 que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, de manera articulada y participativa diseña e implementa programas, proyectos y actividades orientadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la captura de carbono y el incremento de sumideros, priorizando la protección, conservación y manejo sostenible de los bosques;
Que, los proyectos sobre servicios ecosistémicos de secuestro y almacenamiento de carbono, que se desarrollan en las Áreas Naturales Protegidas aportan al logro del objetivo establecido en la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, respecto a la conservación de la diversidad biológica y su contribución al desarrollo sostenible del país. Asimismo, dichos proyectos buscan asegurar la continuidad de la provisión de los servicios ecosistémicos que prestan tales áreas, siendo que las actividades de los proyectos deben realizarse en estricto cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, ambientales y de pueblos indígenas del SERNANP, así como de los derechos de las poblaciones locales, con énfasis en la normatividad nacional e internacional relacionada a los pueblos indígenas;
Que, mediante Resolución Presidencial N° 026-2014-SERNANP, el SERNANP aprobó la Directiva General N° 001-2014-SERNANP denominada “Directiva sobre la comercialización de los derechos generados por proyectos de conservación de los ecosistemas naturales presentes dentro de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional”, con la finalidad de promover la inversión en la conservación de los ecosistemas presentes dentro de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, que generan servicios ecosistémicos susceptibles de ser retribuidos;
Que, el Decreto Supremo N° 010-2024-MINAM, publicado el 12 de noviembre de 2024, que aprueba las disposiciones para el funcionamiento del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI), en su única disposición complementaria transitoria, señala que, el SERNANP, en coordinación con la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del MINAM, actualiza la Resolución Presidencial N° 026-2014-SERNANP, que aprueba la Directiva General N° 001-2014-SERNANP “Directiva sobre la comercialización de los derechos generados por proyectos de conservación de los ecosistemas naturales presentes dentro de Áreas Naturales Protegidas de administración nacional”;
Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento que establece disposiciones sobre publicación y difusión de normas jurídicas de carácter general, resoluciones y proyectos normativos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2024-JUS, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000017-2025-SERNANP/PE, publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de julio de 2025, se publica el proyecto de la “Directiva sobre la comercialización de los derechos generados por proyectos sobre servicios ecosistémicos de secuestro y almacenamiento de carbono presentes dentro de Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional”, incorporado los aportes correspondientes conforme se detalla en el Informe N° 000428-2025-SERNANP/DUSRN-SMGS;
Que, de acuerdo al sustento brindado por la Subdirección de Manejo y Gestión Sostenible de los Servicios Ecosistémicos de la Dirección de Uso Sostenible de los Recursos Naturales y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la presente Directiva identificada como Directiva N° 001-2025-SERNANP-DUSRN “Directiva sobre la comercialización de los derechos generados por proyectos sobre servicios ecosistémicos de secuestro y almacenamiento de carbono presentes dentro de Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional”, permitirá promover la gestión sostenible para la conservación y manejo de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, cuyos ecosistemas generan servicios ecosistémicos susceptibles de ser retribuidos, habiendo sido coordinada con la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del MINAM;
Que, a través del Informe N° 00537-2025-SERNANP/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica favorable a la propuesta de “Directiva sobre la comercialización de los derechos generados por proyectos sobre servicios ecosistémicos de secuestro y almacenamiento de carbono presentes dentro de Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional”;
Que, en el Informe N° 000733-2025-SERNANP/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que, tanto la Dirección de Uso Sostenible de los Recursos Naturales mediante la Subdirección de Manejo y Gestión Sostenible de los Servicios Ecosistémicos, como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto han manifestado su conformidad, por lo que corresponde emitir el acto que apruebe la mencionada Directiva, así como derogar la Resolución Presidencial N° 026-2014-SERNANP, que aprobó la Directiva General N° 001-2014-SERNANP;
Con el visto bueno de la Dirección de Uso Sostenible de los Recursos Naturales, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Gerencia General, y;
De conformidad con las atribuciones contenidas en el literal d), artículo 10 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000012-2025-SERNANP/PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 001-2025-SERNANP-DUSRN “Directiva sobre la comercialización de los derechos generados por proyectos sobre servicios ecosistémicos de secuestro y almacenamiento de carbono presentes dentro de Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional” con código DIR-DUSRN-079 en su versión 1.00, cuyo contenido se encuentra en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva.
Artículo 2.- Derogar la Resolución Presidencial N° 026-2014-SERNANP, que aprobó la Directiva General N° 001-2014-SERNANP “Directiva sobre la comercialización de los derechos generados por proyectos de conservación de los ecosistemas naturales presentes dentro de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional”, atendiendo a los fundamentos expuestos en la presente Resolución.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), y en la Sede Digital del SERNANP (https://www.gob.pe/sernanp), el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ CARLOS NIETO NAVARRETE
Presidente Ejecutivo del SERNANP
2473035-1
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2472998-1
Disponen excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría correspondientes al ejercicio gravable 2026
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 000390-2025/SUNAT
EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR PAGOS A CUENTA Y SUSPENSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR RETENCIONES Y/O PAGOS A CUENTA POR RENTAS DE CUARTA CATEGORÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO GRAVABLE 2026
Lima, 30 de diciembre de 2025
CONSIDERANDO:
Que los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo N° 215-2006-EF prevén que la SUNAT establecerá los importes para que opere la excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y la suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta, respecto del impuesto a la renta por rentas de cuarta categoría;
Que la primera disposición complementaria final del referido decreto supremo señala que la SUNAT dictará las normas que resulten necesarias para su aplicación, incluyendo las que regulen los medios, forma y lugares para solicitar la suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta del impuesto a la renta; en atención a lo cual mediante la Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT se dictaron las normas relativas a la excepción y a la suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta del impuesto a la renta por rentas de cuarta categoría;
Que el primer párrafo de la norma XV del Título Preliminar del Código Tributario, cuyo último Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, dispone que la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias para determinar las bases imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los tributos que considere conveniente el legislador;
Que mediante el Decreto Supremo N° 301-2025-EF se ha determinado que el valor de la UIT durante el año 2026 será de S/ 5 500,00 (cinco mil quinientos y 00/100 soles), por lo que resulta necesario señalar los nuevos importes para que operen las mencionadas excepción y suspensión;
Que mediante la presente resolución de superintendencia solo se trata de adecuar a la UIT vigente para el ejercicio 2026 los montos para que opere la excepción y suspensión antes señaladas; así como de indicar el formato a utilizar en los casos de presentación excepcional de la solicitud de suspensión de retenciones y/o de pagos a cuenta del impuesto a la renta previstos en la Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT, por lo que no está contenida en lo previsto en el numeral 4.10 del artículo 4 del reglamento que establece disposiciones sobre publicación y difusión de normas jurídicas de carácter general, resoluciones y proyectos normativos, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2024-JUS, al tratarse de una norma de carácter general que no afecta los derechos, obligaciones e intereses de los contribuyentes; en consecuencia, no resulta comprendida en la obligación establecida para las entidades de la Administración Pública de publicar sus proyectos normativos, según lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19 del citado reglamento;
En uso de las facultades conferidas por los artículos 3, 5 y la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 215-2006-EF; el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 501, Ley General de la SUNAT; el artículo 5 de la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, y el inciso k) del artículo 10 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, aprobada por el Decreto Supremo N° 040-2023-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
La presente resolución tiene por objeto:
a) Establecer los nuevos importes para que opere la excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y la suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta, respecto del impuesto a la renta por rentas de cuarta categoría por el ejercicio 2026.
b) Indicar el formato que utilizarán los contribuyentes que excepcionalmente presenten la solicitud de suspensión de retenciones y/o de pagos a cuenta del impuesto a la renta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de las normas relativas a la excepción y a la suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta del impuesto a la renta por rentas de cuarta categoría, aprobadas por la Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT.
Artículo 2.- Finalidad
La presente resolución tiene por finalidad que opere la excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y la suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta respecto del impuesto a la renta por rentas de cuarta categoría por el ejercicio 2026, y así reducir la posibilidad de que se generen pagos en exceso del contribuyente.
Artículo 3.- Importes aplicables para el ejercicio gravable 2026
Para el ejercicio gravable 2026, los importes a que se refieren los supuestos previstos en los literales a) y b) del numeral 2.1 del artículo 2 y los literales a) y b) de los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 de las normas relativas a la suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta del impuesto a la renta, aprobadas por la Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT, son los siguientes:
a) Tratándose del supuesto contemplado en el literal a) del numeral 2.1 del artículo 2: S/ 4 010,00 (cuatro mil diez y 00/100 soles) mensuales.
b) Tratándose del supuesto contemplado en el literal b) del numeral 2.1 del artículo 2: S/ 3 208,00 (tres mil doscientos ocho y 00/100 soles) mensuales.
c) Tratándose de los supuestos contemplados en el literal a) de los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3: S/ 48 125,00 (cuarenta y ocho mil ciento veinticinco y 00/100 soles) anuales.
d) Tratándose de los supuestos contemplados en el literal b) de los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3: S/ 38 500,00 (treinta y ocho mil quinientos y 00/100 soles) anuales.
Artículo 4.- Formato para la presentación excepcional de la solicitud
Los contribuyentes que excepcionalmente presenten la solicitud de suspensión de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de las normas relativas a la excepción y a la suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta del impuesto a la renta por rentas de cuarta categoría, aprobadas por la Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT, utilizarán el formato anexo a la Resolución de Superintendencia N° 004-2009/SUNAT, denominado “Guía para efectuar la Solicitud de Suspensión de Retenciones y/o Pagos a Cuenta - Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría”, el cual se encuentra a disposición de los interesados en SUNAT Virtual.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Solicitudes de suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta del impuesto a la renta
Los importes a que se refiere el artículo 3 de la presente resolución son de aplicación para las solicitudes de suspensión de retenciones y/o de pagos a cuenta del impuesto a la renta presentadas desde el 1 de enero de 2026.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER EDUARDO FRANCO CASTILLO
Superintendente Nacional
2472998-1
2473017-1
Establecen la forma, plazo y condiciones para el acogimiento a la exoneración del IGV regulado en la Ley N° 32434
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 000391-2025/SUNAT
ESTABLECE LA FORMA, PLAZO Y CONDICIONES PARA EL ACOGIMIENTO A LA EXONERACIÓN DEL IGV REGULADO EN LA LEY N° 32434
Lima, 30 de diciembre de 2025
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley N° 32434, Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna (en adelante, la Ley), son beneficiarios de esta, los pequeños productores agrarios y las empresas agrarias que desarrollen principalmente actividades de cultivo o crianza y los pequeños productores agrarios y empresas agrarias que realicen directa y principalmente actividad agroindustrial, siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, fuera de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao;
Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley, los beneficiarios que produzcan y vendan en el país bienes agrarios contenidos en el Apéndice I del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-EF, exonerados del IGV, tienen derecho al reintegro tributario equivalente al IGV consignado separadamente en los comprobantes de pago correspondientes a sus adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción, así como al pago en sus importaciones; siendo que, en caso la SUNAT hubiera aprobado su renuncia a la referida exoneración hasta el 31 de diciembre de 2025, pueden, excepcionalmente, acogerse nuevamente a aquella presentando una solicitud de acogimiento de acuerdo con la forma, plazo y condiciones que establezca la SUNAT mediante resolución de superintendencia;
Que, en consecuencia, resulta necesario regular la forma, plazo y condiciones en que se podrá presentar la solicitud de acogimiento a la exoneración del IGV a que se refiere el considerando precedente;
En uso de las atribuciones conferidas por el párrafo 16.2 del artículo 16 de la Ley; el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 501, Ley General de la SUNAT; el artículo 5 de la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, y el literal k) del artículo 10 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, aprobada por el Decreto Supremo N° 040-2023-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto y finalidad
La presente resolución de superintendencia tiene por objeto establecer la forma, plazo y condiciones para la presentación de la solicitud de acogimiento a la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a que se refiere el párrafo 16.2 del artículo 16 de la Ley N° 32434, Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna; a fin de que los beneficiarios de esta que produzcan y vendan en el país bienes agrarios contenidos en el Apéndice I del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del IGV e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), y cuya renuncia a la exoneración del IGV hubiese sido aprobada hasta el 31 de diciembre de 2025 puedan, excepcionalmente, acogerse nuevamente a la exoneración establecida en el mencionado apéndice y, en su caso, solicitar el reintegro tributario a que se refiere el artículo 15 de la citada Ley.
Artículo 2.- Condiciones para el nuevo acogimiento a la exoneración del IGV
El solicitante del nuevo acogimiento a la exoneración del IGV deberá:
a) Estar comprendido como beneficiario dentro de los alcances del artículo 4 de la Ley N° 32434, y
b) Contar con la aprobación de su renuncia a la exoneración del IGV hasta el 31 de diciembre de 2025, en los términos previstos en la Resolución de Superintendencia N° 103-2000/SUNAT, que aprueba el formulario para solicitudes de renuncia a la exoneración del Apéndice I del TUO de la Ley del IGV e ISC.
Artículo 3.- De la solicitud de acogimiento
3.1. A fin de solicitar el nuevo acogimiento a la exoneración del IGV, el beneficiario debe presentar a través de la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT o en los Centros de Servicios al Contribuyente a nivel nacional un escrito que contenga la siguiente información:
a) Número de Registro Único de Contribuyente.
b) Apellidos y nombres, denominación o razón social, según corresponda.
c) Señalar expresamente que solicita acogerse nuevamente a la exoneración del Apéndice I del TUO de la Ley del IGV e ISC en virtud de lo señalado en el artículo 16 de la Ley N° 32434.
3.2. La solicitud puede presentarse desde el 1 de enero hasta el 1 de abril de 2026, y será aprobada por única vez.
Artículo 4.- Del resultado de la evaluación y plazo
La SUNAT mediante resolución, de manera expresa, aprueba el nuevo acogimiento a la exoneración del IGV por las operaciones comprendidas en el Apéndice I del TUO de la Ley del IGV e ISC, siempre que la solicitud cumpla con las condiciones previstas en el artículo 3 de la presente Resolución.
El plazo máximo para resolver la solicitud de acogimiento es de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de su presentación.
En caso de que la Administración Tributaria no emita pronunciamiento alguno dentro del plazo establecido, el solicitante podrá considerar denegada la solicitud.
Artículo 5.- De la vigencia del nuevo acogimiento a la exoneración del IGV
El nuevo acogimiento a la exoneración del Apéndice I del TUO de la Ley del IGV e ISC se hace efectivo a partir del primer día del mes siguiente de la aprobación de la solicitud.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Vigencia
La presente resolución de superintendencia entra en vigor el 1 de enero de 2026.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER EDUARDO FRANCO CASTILLO
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria
2473017-1
2473072-1
Disponen postergar la oportunidad desde la cual deben llevar sus Registros en el Sistema Integrado de Registros Electrónicos los principales contribuyentes cuyos ingresos netos superen las 2 300 UIT
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 000392-2025/SUNAT
Lima, 30 de diciembre de 2025
SE POSTERGA LA OPORTUNIDAD DESDE LA CUAL DEBEN LLEVAR SUS REGISTROS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE REGISTROS ELECTRÓNICOS LOS PRINCIPALES CONTRIBUYENTES CUYOS INGRESOS NETOS SUPEREN LAS 2 300 UIT
CONSIDERANDO:
Que la Resolución de Superintendencia N° 000112-2021/SUNAT (Resolución), modificada por la Resolución de Superintendencia N° 000040-2022/SUNAT (Resolución modificatoria), aprueba el Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE), conformado por el Módulo para el llevado del Registro de Ventas e Ingresos de manera electrónica (RVIE) y el Módulo para el llevado del Registro de Compras de manera electrónica (RCE), a fin de que todo aquel sujeto obligado a llevar el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras (registros), de acuerdo con la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), lo haga de manera conjunta a través de dicho sistema;
Que, conforme a lo dispuesto en el inciso g) del párrafo 3.1 del artículo 3 de la Resolución, a partir del período enero de 2026 se encuentran obligados a llevar el RVIE y el RCE a través del SIRE, los sujetos designados como principales contribuyentes al 31 de diciembre de 2024, entre los cuales se encuentran aquellos con un alto volumen de emisión de comprobantes de pagos, quienes requieren la implementación de soluciones informáticas específicas que aseguren la estabilidad de la plataforma informática y una asistencia personalizada para facilitar su adaptación a dichas soluciones, habiéndose identificado que estos sujetos registraron ingresos netos que superan las 2 300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el ejercicio gravable 2024;
Que, en vista de lo antes señalado, esta Superintendencia Nacional estima conveniente postergar la oportunidad desde la cual deben llevar sus registros en el SIRE los principales contribuyentes cuyos ingresos netos al 31 de diciembre de 2024 sean superiores a 2 300 UIT; por lo que, para tal fin, resulta necesario modificar la Resolución y la Resolución modificatoria;
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 16 del artículo 62 y los numerales 4 y 7 del artículo 87 del Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo N° 816 cuyo último Texto Único Ordenado (TUO) fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 133-2013-EF; el inciso c) del tercer párrafo del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada por el Decreto Legislativo N° 774, cuyo TUO fue aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF; el numeral 1 del artículo 10 del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N° 029-94-EF; el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 501, Ley General de la SUNAT; el artículo 5 de la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, y el inciso k) del artículo 10 de la sección primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2023-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
1.1. La presente resolución tiene por objeto postergar, del período enero de 2026 al período junio de 2026, la oportunidad a partir de la cual deben llevar el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras a través del Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE), los sujetos designados como principales contribuyentes al 31 de diciembre de 2024, cuyos ingresos netos del ejercicio gravable 2024 sean superiores a 2 300 UIT, que se encuentran obligados a llevar los mencionados registros.
1.2. Para efecto de lo señalado en el párrafo anterior, se modifican:
a) La Resolución de Superintendencia N° 000112-2021/SUNAT, que dicta nuevas disposiciones para el llevado del Registro de Ventas e Ingresos en forma electrónica y modifica resoluciones de superintendencia relacionadas con dicho tema, a la cual se hará referencia en el presente dispositivo como Resolución; y
b) La Resolución de Superintendencia N° 000040-2022/SUNAT, que aprueba el SIRE y el Módulo para el llevado del Registro de Compras que se incorpora en dicho sistema.
Artículo 2.- Finalidad
La presente resolución tiene por finalidad facilitar la implementación del SIRE a los sujetos comprendidos en la postergación a que se alude en el artículo 1.
Artículo 3.- Modificaciones a la Resolución
Modificar el inciso g) del párrafo 3.1. y el párrafo 3.5. del artículo 3, así como el inciso a) del primer párrafo del artículo 4 de la Resolución, en los términos siguientes:
“Artículo 3.- Sujetos obligados a llevar el RVIE y el RCE a través del SIRE
3.1. (…)
g) Los principales contribuyentes que, al 31 de diciembre de 2024, se encuentren designados como tales, estén obligados a llevar el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras, y no estén comprendidos en los incisos a), b), c) y d) de acuerdo con el siguiente detalle:
g.1) Desde el período enero de 2026, aquellos cuyos ingresos netos del ejercicio gravable 2024 sean de hasta 2 300 UIT.
g.2) Desde el período junio de 2026, aquellos cuyos ingresos netos del ejercicio gravable 2024 superen las 2 300 UIT.
A tal efecto:
a) Los ingresos netos se calcularán considerando los montos consignados en las casillas 461 (ventas netas o ingresos por servicios), 473 (ingresos financieros gravados), 475 (otros ingresos gravados), 476 (otros ingresos no gravados) y 477 (enajenación de valores o bienes del activo fijo) del Formulario Virtual N° 710: Renta Anual Simplificado - Tercera Categoría o del Formulario Virtual N° 710: Renta Anual - Completo - Tercera Categoría e ITF correspondiente al ejercicio gravable 2024.
Para el cálculo de los referidos ingresos se debe considerar los montos consignados en las declaraciones juradas rectificatorias que hayan surtido efecto al 30 de noviembre de 2025.
Tratándose de sujetos que, al 31 de diciembre de 2025, no hayan presentado la declaración jurada anual del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio gravable 2024, se considera que no han superado el límite de las 2 300 UIT debiendo utilizar el SIRE a partir de enero de 2026.
b) La UIT a utilizar es la que estuvo vigente al último día del año 2024.
(…)
3.5. Lo señalado en los párrafos 3.3. y 3.4. no implica en ningún caso la obligación de llevar el RVIE y el RCE con anterioridad al período julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre o diciembre de 2023, o enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre o diciembre de 2024, o enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre o diciembre de 2025, o enero, febrero, marzo, abril, mayo o junio de 2026, según corresponda.”
“Artículo 4.- De la afiliación para el llevado del RVIE y del RCE a través del SIRE
(…)
a) Desde el período julio de 2023 hasta el período mayo de 2026, los sujetos obligados a llevar dichos registros en forma electrónica, por los referidos períodos en los que no se encuentren obligados a llevar el RVIE y el RCE.
(…).”
Artículo 4.- Modificaciones a la Resolución de Superintendencia N° 000040-2022/SUNAT
Modificar el epígrafe y el encabezado del primer párrafo de la cuarta disposición complementaria final de la Resolución de Superintendencia N° 000040-2022/SUNAT, en los términos siguientes:
“Cuarta.- De la obligación de llevar el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras en el SLE - PLE o SLE - Portal desde el período abril de 2022 hasta el período mayo de 2026 y de la afiliación.
Los deudores tributarios que no se encuentran comprendidos en el anexo N° 7 de la Resolución continuarán sujetos a la normativa que regula la obligación de llevar el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras en forma electrónica a través del SLE - PLE o el SLE - Portal hasta el período mayo de 2026, según sea el caso, salvo que:
(…).”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Vigencia
La presente resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER EDUARDO FRANCO CASTILLO
Superintendente Nacional
2473072-1
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE FISCALIZACIÓN LABORAL
2473089-1
Fe de Erratas
Resolución de Superintendencia
N° 171-2025-SUNAFIL
Mediante Oficio N° 036-2025-SUNAFIL/GG, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, solicita la publicación de Fe de Erratas de la Resolución de Superintendencia N° 171-2025-SUNAFIL, publicada en la edición del día 28 de diciembre de 2025.
- En el segundo considerando;
DICE:
(…) Intendente Regional de la Intendencia Regional de Apurímac (…)
DEBE DECIR:
(…) Intendente Regional de la Intendencia Regional de Tumbes (…)
2473089-1
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD
2472736-1
Delegan en el/la Director(a) General de la Oficina General de Administración de la Superintendencia Nacional de Salud diversas facultades en materia de contratación pública
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 0160-2025-SUSALUD/GG
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTO:
El Memorándum N° 000588-2025-SUSALUD-GG de la Gerencia General; el Informe N° 001219-2025-SUSALUD-OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1158 y su modificatoria, se disponen medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud por Superintendencia Nacional de Salud, constituyéndose como un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;
Que, la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, establece el nuevo marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras, así como para regular, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública;
Que, el literal b) del numeral 25.1 del artículo 25 de la Ley, establece que la Autoridad de la Gestión Administrativa es responsable de la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, con excepción de aquellas reservadas al Titular de la Entidad; en el mismo sentido, el numeral 25.2 del precitado artículo establece que la Autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante puede delegar, mediante resolución, las facultades que dicha ley le otorga, salvo las excepciones previstas en el Reglamento;
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que procede la delegación de competencia de un órgano a otro, al interior de una misma entidad, con excepción de las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez recibidas en delegación;
Que, el artículo 85 del precitado Texto Único Ordenado, establece, entre otros aspectos, que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la referida Ley;
Que, con la finalidad de garantizar una adecuada gestión que permita a la Entidad agilizar el cumplimiento de las funciones previstas en su Reglamento de Organización y Funciones, resulta necesario delegar determinadas facultades y atribuciones asignadas a la Gerencia General para el Año Fiscal 2026;
Que, el artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-SA, establece que la Secretaría General (hoy Gerencia General) es el órgano de Alta Dirección dependiente de la Superintendencia, responsable de conducir estratégicamente las actividades de los órganos de administración interna de la institución y constituye la máxima autoridad administrativa; asimismo, de acuerdo al literal r) del artículo 12 del citado Reglamento, tiene dentro de sus funciones el delegar las funciones que no le sean privativas a su cargo;
Que, mediante el Informe de Visto, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto a la nueva delegación de facultades a favor del/de la Director/a General de la Oficina General de Administración.
Con el visto del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud,
Estando a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud y su modificatoria; la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF; el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DELEGAR, en el (la) Director General de la Oficina General de Administración de la Superintendencia Nacional de Salud las facultades en materia de contratación pública, siguientes:
a) Aprobar la compatibilización de los bienes o servicios a ser contratados.
b) Designar a una o más unidades orgánicas como áreas técnicas estratégicas, para la atención de una o más necesidades de otras áreas usuarias, por el periodo y forma que establezca la ley.
c) Aprobar la no utilización de la subasta inversa para la contratación de un bien o servicio que cuente con ficha técnica, previo informe emitido por el órgano correspondiente.
d) Aprobar el expediente de contratación de los procedimientos de selección competitivos y no competitivos, así como de las contrataciones que se realicen a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
e) Designar y/o remover a los integrantes titulares y suplentes de los comités, así como evaluar el motivo de la ausencia de integrantes titulares de comités, a efectos de determinar indicios de responsabilidad, si la hubiere.
f) Designar a los expertos integrantes del comité o jurado y a los suplentes.
g) Aprobar la cancelación el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la buena pro o la adjudicación para la innovación, por los supuestos señalados en el artículo 57 de la Ley, previo informe de sustento de la Unidad Funcional Encargada de las Contrataciones.
h) Suscribir y/o resolver contratos y adendas en las contrataciones derivadas de procedimientos de selección competitivos y no competitivos, así como los contratos complementarios, cuando corresponda.
i) Autorizar la suspensión del plazo de ejecución contractual de los contratos derivados de procedimientos de selección competitivos y no competitivos cuando el evento se deba a causa imputable a la entidad contratante, además, efectuar la comunicación para el inicio del respectivo deslinde de responsabilidades.
j) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales en bienes, servicios y consultorías de obras hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.
k) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de obra bajo el sistema de solo construcción hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados.
l) Autorizar la reducción de prestaciones hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.
m) Autorizar las modificaciones contractuales cuando impliquen modificación del monto contractual o sea imputable a alguna de las partes.
n) Suscribir y/o resolver los contratos que se deriven de contrataciones de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
o) Resolver las solicitudes de ampliación del plazo contractual de contrataciones formalizadas por la Unidad Funcional Encargada de las Contrataciones y las derivadas de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
p) Suscribir y resolver los contratos menores, sean perfeccionados mediante órdenes de compra, servicio o contratos; así como, acordar sus modificaciones contractuales y resolver las ampliaciones de plazo.
q) Autorizar el pago de los mayores metrados.
r) Autorizar la subcontratación hasta por el máximo permitido por la norma en contrataciones públicas.
s) Aprobar las solicitudes de no aplicación de penalidades por mora, en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas.
t) Aprobar la designación del árbitro por parte de la entidad contratante a propuesta de la Procuraduría Pública.
u) Informar, suscribir y tramitar la documentación relacionada al procedimiento sancionador a proveedores, participantes, postores y contratistas ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en el marco de los procedimientos de contratación llevados a cabo en SUSALUD.
v) Ejercer la representación legal de SUSALUD, para hacer efectiva la ejecución de las garantías ante las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, autorizadas para emitir garantías; o las consideradas en la lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
w) Solicitar y gestionar ante el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes la inscripción, actualización y desactivación de la entidad en el Registro de Entidades Contratantes y del usuario Gestor de la Información de la Entidad.
x) Emitir constancias de prestación de los contratos provenientes de procedimientos de selección competitivos, no competitivos y de los contratos menores.
Artículo 2.- PRECISAR, que la delegación de las facultades previstas en el artículo 1 de la presente Resolución son indelegables y comprenden las atribuciones de pronunciarse y/o resolver, pero no eximen de la obligación de cumplir con los requisitos y procedimientos legales establecidos para cada caso en concreto.
Artículo 3.- DISPONER, que el Director General de la Oficina General de Administración informe a la Gerencia General, semestralmente y cuando se solicite, sobre las actuaciones realizadas en virtud de la delegación dispuesta en la presente Resolución; así como informar de manera inmediata ante los riesgos u otros hechos advertidos que pudieran transgredir lo regulado por la normativa de la materia y que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad pública de las contrataciones públicas.
Artículo 4.- REMITIR, copia de la presente Resolución al Director General de la Oficina General de Administración, para su cumplimiento y difusión.
Artículo 5.- PRECISAR, que la delegación de las facultades previstas en la presente Resolución, tiene vigencia desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2026.
Artículo 6.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal Institucional (www.gob.pe/susalud) y en el Portal de Transparencia Estándar de SUSALUD.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN FRANCISCO CÓRDOVA PINTADO
Gerente General
2472736-1
2472627-1
Delegan facultades en el Gerente General y diversos funcionarios de SUSALUD y dictan otras disposiciones
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 0163-2025-SUSALUD/S
Lima, 29 de diciembre de 2025
VISTO:
El Memorándum N° 000588-2025-SUSALUD-GG, de la Gerencia General; el Informe N° 001218-2025-SUSALUD-OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1158 y modificatoria, se disponen medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud por Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), constituyéndose como un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;
Que, de conformidad con los numerales 1) y 4) del artículo 23 del Decreto Legislativo N° 1158 y los literales a), d) y t) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de SUSALUD, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2014-SA, corresponde al Superintendente ejercer la representación legal de la Superintendencia; organizar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la Institución; expedir resoluciones que correspondan al ámbito de sus funciones; y, por la función establecida en el literal y), el Superintendente puede delegar en los servidores públicos de SUSALUD las facultades y atribuciones que no le sean privativas a su función;
Que, en materia presupuestaria, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que el referido Sistema es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas; asimismo, el artículo 7 establece que el Titular de la entidad es responsable en materia presupuestaria, pudiendo delegar sus funciones en dicha materia cuando lo establezca expresamente la citada norma, las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público o la norma de creación de la entidad. El Titular es responsable solidario con el delegado;
Que, el numeral 47.2 del artículo 47 del precitado Decreto Legislativo N° 1440, establece que las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la entidad. El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial “El Peruano”;
Que, la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, determina las normas para el proceso presupuestario que deben observar las entidades del sector público, durante el ejercicio fiscal 2026;
Que, en materia de contrataciones, el numeral 25.2 del artículo 25 de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Públicas, establece que se puede delegar, mediante resolución, las facultades que la propia ley les otorga, salvo las excepciones previstas en el reglamento;
Que, en materia de contabilidad, el subnumeral 3) del numeral 8.1 del artículo 8 del TUO del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobado por el Decreto Supremo N° 057-2022-EF, establece que el Titular de la entidad, los jefes de las Oficinas Generales de Administración, los jefes de las Oficinas de Contabilidad y de Presupuesto o quienes hagan sus veces, están obligados a suscribir y/o presentar por medio digital la rendición de cuentas, de acuerdo al artículo 23 del citado Decreto Legislativo. El titular de la entidad puede delegar esta función en la máxima autoridad administrativa o quien haga sus veces;
Que, en materia de tesorería, conforme se desprende del artículo 2 de la Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03, modificada por la Resolución Directoral N° 014-2019-EF/52.03, emitida por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, los titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras son designados mediante Resolución del Titular del Pliego o del funcionario a quien éste hubiera delegado esta facultad de manera expresa;
Que, en materia de recursos humanos, el Decreto Legislativo N° 1057 regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, estableciendo en el artículo 15 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y modificatoria, que el órgano encargado de los contratos administrativos de servicios es la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad o la que haga sus veces;
Que, en materia de bienes estatales, el artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, prescribe, entre otros aspectos, que las entidades públicas pueden realizar actos de administración y gestión de los bienes de propiedad estatal;
Que, mediante Resolución N° 0112-2025-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, cuyo objeto es establecer disposiciones reglamentarias destinadas al control y sanción de las infracciones en la difusión de propaganda electoral y publicidad estatal, así como a la regulación de las actividades relativas al deber de neutralidad, durante el periodo electoral. El numeral 23.1 del artículo 23 y el numeral 24.1 del artículo 24 del precitado Reglamento, establece que el Titular del pliego puede delegar la presentación del formato de solicitud (Anexo 1) de autorización previa para publicidad estatal por radio o televisión y el formato de reporte posterior (Anexo 2) de publicidad estatal, al Jurado Electoral Especial;
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del T.U.O, de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente, y que procede también la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad;
Que, al amparo del marco normativo precitado y con el propósito de mantener la desconcentración de las facultades del Titular de la entidad, para dar mayor dinamismo a los actos o actuaciones de administración y con ello seguir dotando de mayor fluidez en la marcha administrativa de SUSALUD, a fin de garantizar una adecuada gestión de su aparato administrativo y de sus recursos asignados en materia presupuestal, contable, tesorería, en las contrataciones de bienes y servicios y en la gestión de recursos humanos, que permitan a SUSALUD seguir cumpliendo de manera oportuna y eficaz las funciones establecidas en su norma de creación y sus respectivos instrumentos de gestión institucional; resulta pertinente delegar en la Gerencia General, en la Oficina General de Administración, en la Oficina General de Gestión de las Personas, en la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y en la Oficina de Comunicación Corporativa; determinadas facultades asignadas al Titular de la entidad, que no sean privativas de su cargo, hasta la culminación del Año Fiscal 2026 y;
Que, mediante el Informe de Vistos, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión favorable para la nueva delegación de facultades para el Año Fiscal 2026;
Con los vistos del Gerente General, del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, y;
Estando a las facultades establecidas en el Decreto Legislativo N° 1158 y en el Reglamento de Organización y Funciones de SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-SA.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar las siguientes facultades en el (la) Gerente General de SUSALUD:
1.1. En materia administrativa:
a) Representar a SUSALUD, ante autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, así como todas aquellas que resulten vinculadas con las funciones de SUSALUD, para que realice cualquier tipo de actividad que resulte necesaria.
b) Representar a SUSALUD, en su calidad de administrado, ante cualquier tipo de autoridades y dependencias públicas, así como para iniciar y proseguir acciones legales o procedimientos administrativos, como parte o tercero con legítimo interés; formular peticiones, solicitudes, desistirse, participar, interponer recursos impugnativos o pedidos de nulidad. Esta facultad no es extensible para los supuestos que son de competencia exclusiva de la Procuraduría Pública de SUSALUD, regulados en el Decreto Legislativo N° 1326 - Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS.
1.2. En materia presupuestaria:
a) Aprobar y formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático.
b) Aprobar las modificaciones del Plan Operativo Institucional (POI) de SUSALUD.
1.3. En materia de contratación pública:
a) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones.
b) Autorizar las prestaciones adicionales de obra, cuando le corresponda, bajo el sistema de entrega de solo construcción, conforme al numeral 64.3 del artículo 64 de la Ley, y bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, conforme a lo señalado en el Reglamento.
c) Aprobar la contratación mediante procedimientos de selección no competitivos en los supuestos previstos en los literales b), c), y k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley N° 32069
d) Resolver recursos de apelación presentados en procedimientos de selección que correspondan ser resueltos por SUSALUD.
e) Solicitar el inicio de los procedimientos de conciliación o arbitraje y representar a la Entidad en dichos procedimientos de solución de controversias en materia de contrataciones del Estado, sin perjuicio de las competencias exclusivas del Procurador Público de SUSALUD.
f) Autorizar el inicio de la acción judicial de anulación de laudo arbitral conforme lo señalado en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069.
1.4. En materia contable y de tesorería:
a) Designar a los responsables titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias de SUSALUD.
b) Suscribir y/o presentar por medio digital, la rendición de cuentas de acuerdo al artículo 23 del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad y modificatorias, y demás normas complementarias y conexas, ante la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 2.- Delegar las siguientes facultades en el (la) Director (a) General de la Oficina General de Administración de SUSALUD:
2.1. En materia de bienes estatales:
a) Aprobar los actos de administración de los bienes de la Entidad, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
b) Aceptar las donaciones de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
2.2 En materia administrativa:
a) Suscribir en nombre y representación de SUSALUD, la documentación que resulte necesaria presentar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaría (SUNAT), con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de SUSALUD.
2.3 En materia de contratación pública:
a) Aprobar las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones.
b) Aprobar las modificaciones del Cuadro Multianual de Necesidades.
Artículo 3.- Delegar las siguientes facultades en el (la) Director (a) General de la Oficina General de Gestión de las Personas de SUSALUD:
a) Suscribir los contratos administrativos de servicios (CAS), sus respectivas adendas, así como la suscripción de los contratos indeterminados (D. Leg. 728), las cartas de no renovación o no prórroga de dichos contratos.
b) Registrar en el aplicativo informático para el registro y difusión de ofertas laborales de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR.
c) Elevar los recursos de apelación ante el Tribunal del Servicio Civil, previa verificación de los requisitos de admisibilidad exigidos en el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; así como ejecutar lo dispuesto en las resoluciones expedidas por el referido tribunal administrativo.
d) Conducir y suscribir la documentación referida a los afiliados y/o asegurados, en diversas entidades públicas y privadas (ONP, AFPs, ESSALUD, Entidades Financieras).
e) Suscribir, en representación de SUSALUD, los convenios de prácticas (pre profesionales y profesionales) celebrados conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo tiene por objeto crear el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público y su modificatoria, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2019-PCM.
f) Representar a SUSALUD ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para intervenir en cualquier tipo de diligencias relacionadas con las inspecciones de trabajo que sean sobre temas laborales, denuncias y gestiones de índole laboral que se lleven a cabo tanto en las instalaciones de SUSALUD como en la SUNAFIL y/o MTPE; y sin perjuicio de las facultades que ostenta el Procurador Público de SUSALUD.
g) Suscribir en nombre y representación de SUSALUD la documentación que resulte necesaria presentar a las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (AFP), con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de trámites y pagos respecto de las retenciones efectuadas en las respectivas planillas de pago de la Entidad.
Artículo 4.- Delegar las siguientes facultades en el (la) Director (a) de la Oficina de Comunicación Corporativa de SUSALUD:
a) Presentar el formato de solicitud de autorización previa para publicidad estatal por radio o televisión al Jurado Electoral Especial, establecido en el numeral 23.1 del artículo 23 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Período Electoral, aprobado por Resolución N° 0112-2025-JNE.
b) Presentar el formato de reporte posterior de publicidad estatal al Jurado Electoral Especial, establecido en el artículo 24.1 del artículo 24 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Período Electoral, aprobado por Resolución N° 0112-2025-JNE.
Artículo 5.- Delegar las siguientes facultades en el (la) Director (a) General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de SUSALUD:
a) Supervisar y controlar la correcta implementación de las medidas de disciplina fiscal, racionalidad y austeridad del gasto público a ser ejecutadas por la Entidad, contenidas en la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, y demás normas complementarias, vinculadas con la materia.
Artículo 6.- Observancia de los requisitos legales
La delegación de facultades previstas por la presente Resolución es indelegable y comprenden las atribuciones de pronunciarse y/o resolver, pero no eximen de la obligación de cumplir con los requisitos y procedimientos legales establecidos para cada caso en concreto.
Artículo 7.- Obligaciones dar cuenta
Los directivos públicos delegados deberán informar al Superintendente, de manera semestral y cada vez que este lo solicite, acerca de los actos realizados en ejercicio de la delegación conferida mediante la presente Resolución.
Artículo 8.- Remisión
Remitir copia de la presente Resolución a los directivos públicos responsables a quienes se les delega facultades, para su cumplimiento y difusión.
Artículo 9.- Derogatoria
Derogar la Resolución de Superintendencia N° 023-2025-SUSALUD/S del 5 de febrero de 2025.
Artículo 10.- Vigencia
Las delegaciones efectuadas mediante la presente Resolución tendrán vigencia desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2026.
Artículo 11.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal Institucional (www.gob.pe/susalud) y en el Portal de Transparencia Estándar de SUSALUD.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALONSO TANTALEÁN DEL ÁGUILA
Superintendente
2472627-1
AUTORIDAD NACIONAL DE
SANIDAD E INOCUIDAD EN
PESCA Y ACUICULTURA
2472413-1
Actualizan la “Lista de Enfermedades Infecciosas y Especies Susceptibles de los Recursos Hidrobiológicos”, prevista en el Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en el ámbito de competencia de SANIPES, aprobado mediante D.S. N° 027-2021-PRODUCE
RESOLUCIóN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 000138-2025-SANIPES/PE
Lince, 29 de diciembre del 2025
VISTOS:
El Informe Técnico N° 000248-2025-SANIPES/DSI-SDS de la Subdirección de Sanidad, el Memorando N° 001518-2025-SANIPES/DSI de la Dirección de Sanidad e Inocuidad, el Informe Técnico N° 000114-2025-SANIPES/DN de la Dirección de Normatividad; el Informe N° 000308-2025-SANIPES/OPPM-UPM de la Unidad de Planeamiento y Modernización; el Memorando N° 002019-2025-SANIPES/OPPM de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° 0356-2025-SANIPES/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe N° 00691-2025-SANIPES/GG; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30063, se crea la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES), como organismo técnico adscrito al Ministerio de la Producción, encargado de normar, vigilar, supervisar y fiscalizar en el ámbito de su competencia; asimismo, tiene por objeto garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano, incluidos los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura, en toda su cadena de valor, a través de procedimientos administrativos, técnicos, normativos y de vigilancia con la finalidad de proteger la salud pública y el estatus sanitario del país, así como promover la competitividad de los actores involucrados en toda la cadena alimentaria nacional e internacional en el ámbito de su competencia;
Que, el literal n) del artículo 9 de la Ley N° 30063 establece que SANIPES tiene entre sus funciones “Velar y asegurar la sanidad e inocuidad de los recursos y productos, bajo el ámbito de su competencia”;
Que, de acuerdo al numeral 11.1 del artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 30063, Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES ) aprobado por Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE (en adelante, Reglamento de la Ley N° 30063), se establece: “SANIPES propone y/o aprueba la normativa sanitaria pesquera y acuícola de conformidad con la normativa nacional y con las normas y medidas sanitarias y fitosanitarias internacionales, incluidas las disposiciones del Codex Alimentarius y de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA), en el ámbito de su competencia; y aplica los criterios del Codex Alimentarius y/o de la Organización Mundial de Sanidad Animal”;
Que, asimismo, el numeral 12.1 del artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 30063, indica que: “Para establecer las medidas que permitan proteger la salud pública, asegurar el estatus sanitario del país, zonas y/o compartimentos donde se encuentran los recursos hidrobiológicos y formular la normativa sanitaria, SANIPES puede emplear la información obtenida como resultado de los planes, programas y desarrollo de investigación científica aplicada y tecnológica, ejecutadas en el marco de sus competencias”;
Que, el Código Sanitario para los Animales Acuáticos establecido por la OMSA establece normas para la mejora mundial de la sanidad de los animales acuáticos. El Código Acuático incluye igualmente normas para el bienestar de los peces de cultivo y el uso de los agentes antimicrobianos en los animales acuáticos;
Que, el Capítulo 1.3 del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OMSA establece la lista de enfermedades de los animales acuáticos de la OMSA, entre las cuales, se encuentran las enfermedades de los peces, moluscos y crustáceos;
Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2021-PRODUCE, se aprueba el Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en el ámbito de competencia de SANIPES (en adelante, el Reglamento para la Sanidad), el cual tiene como finalidad asegurar el estatus sanitario del país, zonas y/o compartimientos en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos y proteger la salud pública; siendo aplicable al SANIPES, a los laboratorios de diagnóstico, a los operadores que realizan las actividades vinculadas con los recursos hidrobiológicos, y al medio natural acuático en donde se encuentren, incluidos los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura, dentro del territorio nacional, precisándose que el mismo no incluye a las actividades correspondientes a la pesca;
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento para la Sanidad dispone que: “(…) SANIPES, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva, aprueba y actualiza los procedimientos técnicos, protocolos, lineamientos sanitarios y formatos así como la Lista de Enfermedades infecciosas y especies susceptibles de los recursos hidrobiológicos , enfermedades emergentes, enfermedades de importancia nacional, previstos en el Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en el ámbito de competencia del (…) (SANIPES) (…)”;
Que, en virtud a lo dispuesto en el numeral 27.1 del artículo 27 del Reglamento para la Sanidad, se establece que: “SANIPES, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva, aprueba, actualiza y publica, cada año, la lista de enfermedades infecciosas y especies susceptibles de los recursos hidrobiológicos sujetas a prevención, vigilancia, control y erradicación de enfermedades, incorporando las descritas y actualizadas en la lista de enfermedades de notificación obligatoria de la OIE, las enfermedades emergentes y las enfermedades de importancia productiva nacional, considerando como parámetros de evaluación su virulencia, prevalencia, diseminación, impacto en la sanidad de los recursos hidrobiológicos, la salud pública y su repercusión económica en el país”;
Que, estando a los considerandos antes expuestos; y, a los documentos de los vistos, corresponde actualizar la “Lista de enfermedades infecciosas y especies susceptibles de los recursos hidrobiológicos”, la misma que incluye a las enfermedades de notificación obligatoria de la OMSA, las enfermedades emergentes y las enfermedades de importancia productiva nacional, que se encuentran sujetas a los planes y programas de prevención, vigilancia, control y erradicación de enfermedades que se derivan del Reglamento para la Sanidad;
Que, el literal y) del artículo 11 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de SANIPES, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 053-2021-SANIPES/PE, establece que es función de Presidencia Ejecutiva, emitir resoluciones en el ámbito de su competencia;
Que, mediante Informe N° 000356-2025-SANIPES/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que resulta legalmente viable que la Presidencia Ejecutiva emita un acto administrativo por el cual se actualiza la “Lista de Enfermedades Infecciosas y Especies Susceptibles de los Recursos Hidrobiológicos”, prevista en el Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en el ámbito de competencia de SANIPES, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2021-PRODUCE, la que como anexo acompaña a la presente resolución;
Que, mediante Informe N° 000691-2025-SANIPES/GG, la Gerencia General, refrenda la opinión de sus dependencias y otorga su conformidad a la actualización de la “Lista de Enfermedades Infecciosas y Especies Susceptibles de los Recursos Hidrobiológicos”;
Con los vistos de la Subdirección de Sanidad, de la Unidad de Planeamiento y Modernización, de la Dirección de Sanidad e Inocuidad, de la Dirección de Normatividad, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia General, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30063, Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES), el Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos aprobado por Decreto Supremo N° 027-2021-PRODUCE; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES) aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 053-2021-SANIPES/PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- ACTUALIZAR la “Lista de Enfermedades Infecciosas y Especies Susceptibles de los Recursos Hidrobiológicos”, prevista en el Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en el ámbito de competencia de SANIPES, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2021-PRODUCE, la que como anexo acompaña a la presente resolución.
Artículo 2.- ESTABLECER que la “Lista de Enfermedades Infecciosas y Especies Susceptibles de los Recursos Hidrobiológicos” es de aplicación a la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES), y con finalidad informativa para los operadores de las categorías productivas Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), a los laboratorios de diagnóstico; a los operadores que intervienen en las actividades de poblamiento, repoblamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos, incluidos aquellos con fines ornamentales; y a todo operador que realiza actividades vinculadas con los recursos hidrobiológicos.
Artículo 3.- CONSIDERAR como especies susceptibles a los recursos hidrobiológicos afectados por las enfermedades infecciosas consignadas en la Lista a la que hace referencia el artículo 1 de la presente resolución, a todas aquellas que se encuentren señaladas en el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), y aquellas que, ante alguna evidencia de carácter científico, y bajo un enfoque precautorio, se deba considerar con la finalidad de asegurar el estatus sanitario del país, zona y/o compartimento donde se encuentren los recursos hidrobiológicos.
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente resolución y su Anexo en el portal institucional de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (www.sanipes.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 5.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 167-2024-SANIPES/PE, de fecha 27 de diciembre de 2024, que aprobó la Actualización de la “Lista de enfermedades infecciosas y especies susceptibles de los recursos hidrobiológicos”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MONICA PATRICIA SAAVEDRA CHUMBE
Presidenta Ejecutiva
Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad
en Pesca y Acuicultura
Anexo 01. Actualización de la lista de enfermedades infecciosas y especies susceptibles de los recursos hidrobiológicos
LISTA 1: Enfermedades de notificación obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA)
|
N°
|
Enfermedad infecciosa
|
Agente patógeno
|
|
COMPONENTE I: PECES
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|
1
|
Infección por el virus de la tilapia lacustre
|
Virus de la tilapia lacustre (TiLV)
|
|
2
|
Infección por el virus de la necrosis
hematopoyética epizoótica (EHN)
|
Virus de la necrosis hematopoyética epizoótica (EHNV)
|
|
3
|
Síndrome ulcerante epizoótico (EUS)
|
Aphanomyces invadans
|
|
4
|
Infección por el virus de la necrosis
hematopoyética infecciosa (IHN)
|
Virus de la necrosis hematopoyética
infecciosa (IHNV)
|
|
5
|
Infección por las variantes con supresión en la HPR y HPR0 del virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA)
|
Virus de la anemia infecciosa del salmón (ISAV)
|
|
6
|
Enfermedad del páncreas (PD)
|
Alfavirus de los salmónidos (SAV-1, SAV-3)
|
|
7
|
Enfermedad del sueño (SD)
|
Alfavirus de los salmónidos (SAV-2)
|
|
8
|
Infección por Megalocitivirus pagrus 1
|
Virus de la Necrosis Infecciosa del Bazo y el Riñón (ISKNV)
|
|
9
|
Infección por el herpesvirus de la carpa koi (KHV)
|
Herpesvirus-3 de los ciprínidos (CyHV-3)
|
|
10
|
Infección por el virus de la Viremia primaveral de la carpa (SVCV)
|
Virus de la viremia primaveral de la carpa (SVCV)
|
|
11
|
Infección por el virus de la Septicemia hemorrágica viral (VHS)
|
Virus de la septicemia hemorrágica viral (VHSV)
|
|
COMPONENTE II: CRUSTÁCEOS
|
|
1
|
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (AHPND)
|
Vibrio parahaemolyticus con genes PirA y PirB (Vp AHPND)
|
|
2
|
Infección por Hepatobacter penaei
(hepatopancreatitis necrotizante - NHP)
|
Hepatobacter penaei
(NHPB)
|
|
3
|
Infección por el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa
|
Virus de la necrosis hipodérmica y
hematopoyética infecciosa (IHHNV)
|
|
4
|
Infección por el virus del síndrome de las manchas blancas
|
Virus del síndrome de las manchas
blancas (WSSV)
|
|
5
|
Infección por el virus de la cabeza amarilla genotipo 1
|
Virus de la cabeza amarilla genotipo 1 (YHV-1)
|
|
6
|
Infección por el virus de la mionecrosis infecciosa
|
Virus de la mionecrosis infecciosa
(IMNV)
|
|
7
|
Infección por el virus iridiscente de los decápodos tipo 1
|
Virus iridiscente de los decápodos
tipo 1 (DIV-1)
|
|
8
|
Infección por el virus del síndrome de Taura
|
Virus del síndrome de Taura (TSV)
|
|
9
|
Infección por el nodavirus Macrobrachium rosenbergii (Enfermedad de la cola blanca -WTD)
|
Nodavirus Macrobrachium rosenbergii (NVMr)
|
|
COMPONENTE III: MOLUSCOS
|
|
1
|
Infección por Perkinsus marinus
|
Perkinsus marinus (PM)
|
|
2
|
Infección por Perkinsus olseni
|
Perkinsus olseni (PO)
|
|
3
|
Infección por herpesvirus del abalón o Ganglioneuritis viral del abalón (GVA)
|
Herpesvirus del abalón 1
(HVAb 1)
|
LISTA 2: Enfermedades emergentes
|
N°
|
Enfermedad
|
Agente patógeno
|
|
COMPONENTE I: PECES
|
|
1
|
Infección por el virus del edema de la carpa
|
Virus del edema de la carpa (CEV)
|
|
2
|
Infección por Francisella noatunensis subsp. orientalis (Francisellosis)
|
Francisella noatunensis subsp. orientalis (Fno)
|
|
3
|
Infección por Streptococcus agalactiae - Grupo B (GBS)
|
Streptococcus agalactiae
|
|
COMPONENTE II: CRUSTACEOS
|
|
1
|
Microsporidiosis hepatopancreática
|
Ecytonucleospora hepatopenaei (EHP)
|
|
2
|
Infección por el nodavirus de la mortalidad encubierta (VCMD)
|
Nodavirus de la mortalidad encubierta (CMNV)
|
LISTA 03: Enfermedades de importancia productiva nacional
|
N°
|
Enfermedad
|
Agente patógeno
|
|
COMPONENTE I: PECES
|
|
1
|
Enfermedad bacteriana del riñón (BKD)
|
Renibacterium salmoninarum
|
|
2
|
Enfermedad similar a la inflamación del músculo esquelético y cardíaco
(HSMI-like)
|
Piscine orthoreovirus (PRV-3)
|
|
3
|
Enfermedad bacteriana del agua fría (BCWD) /
Síndrome del alevín de la trucha arcoíris (RTFS)
|
Flavobacterium psychrophilum
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4
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Necrosis pancreática infecciosa (IPN)
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Virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV)
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5
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Weissellosis (WS)
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Weissella ceti
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2472413-1
2473123-1
Aprueban transferencia financiera a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE)
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 000139-2025-SANIPES/PE
Lince, 30 de diciembre del 2025
VISTO:
El Informe N° 000203-2025-SANIPES/OPPM-UPIP, de la Unidad de Presupuesto e Inversión Pública, el Memorando N° 002171-2025-SANIPES/OPPM y el Memorando N° 002149-2025-SANIPES/OPPM, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Informe N° 000778-2025-SANIPES/OA de la Oficina de Administración, el Informe N° 000362-2025-SANIPES/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 000701-2025-SANIPES/GG de la Gerencia General, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N°30063, se crea la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES) como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, encargado de normar, vigilar, supervisar y fiscalizar en el ámbito de su competencia. Asimismo, la citada Ley establece que SANIPES es un organismo que tiene personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, funcional, económica, financiera y administrativa, y constituye pliego presupuestal;
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000162-2024-SANIPES/PE, de fecha 19 de diciembre de 2024, se resuelve: “Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2025 del Pliego 243: Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura – SANIPES”, por un total de S/ 61 077 825.00 (Sesenta y un millones setenta y siete mil ochocientos veinticinco con 00/100 soles);
Que, el numeral 76.2 del artículo 76 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece: “76.2 Las transferencias financieras que se pueden efectuar durante la ejecución, se autorizan y regulan en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público.”;
Que, mediante los numerales 1 y 2 de la centésima novena disposición complementaria final de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, se autorizó de manera excepcional durante el año fiscal 2025, que la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura - SANIPES apruebe transferencias financieras a favor de Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), con la finalidad de coadyuvar y complementar el financiamiento parcial del Bono al Buen Pagador creado mediante el artículo 19 de la Ley N° 31658, Ley que crea el Programa Impulso Empresarial MYPE – IMPULSO MYPERU;
Que, el numeral 3 de la centésima novena disposición complementaria final del dispositivo legal antes mencionado, dispone que: “Las transferencias financieras autorizadas en la presente disposición se aprueban mediante resolución del titular del pliego, previo informe favorable de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego. La resolución del titular del pliego se publica en el diario oficial El Peruano”;
Que, mediante el Memorando N° 002171-2025-SANIPES/OPPM, de fecha 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, hace suyo el Informe N° 000203-2025-SANIPES/OPPM-UPIP de la Unidad de Presupuesto e Inversión Pública, e informó en el marco de sus competencias técnico-normativas sobre el Sistema Nacional de Presupuesto Público, de la disponibilidad presupuestal de S/ 208,680.00 (Doscientos ocho mil seiscientos ochenta y 00/100 soles), en la genérica de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, clasificador presupuestal 2.4.1.3.1.4 Otras Entidades Públicas, meta 028, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del Presupuesto Institucional 2025 del Pliego 243: Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura – SANIPES; así como emitió opinión favorable para la aprobación de la transferencia financiera de los precitados recursos a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), con la finalidad de coadyuvar y complementar el financiamiento parcial del Bono al Buen Pagador creado mediante el artículo 19 de la Ley N° 31658;
Que, mediante Informe N° 000362-2025-SANIPES/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que contando con el informe favorable previo de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del SANIPES, resulta legalmente viable que la Presidencia Ejecutiva emita el acto por el cual resuelva aprobar la transferencia financiera previamente descrita;
Que, mediante Informe N° 000701-2025-SANIPES/GG, la Gerencia General refrenda las opiniones de sus dependencias y emite su conformidad para que la Presidencia Ejecutiva apruebe la transferencia financiera a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), por la suma de S/ 208,680.00 (Doscientos ocho mil seiscientos ochenta y 00/100 soles);
Con los vistos de la Unidad de Presupuesto e Inversión Pública, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Gerencia General;
De conformidad con la Ley N°30063, que crea la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura – SANIPES; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del SANIPES aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 053-2021-SANIPES/PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR la transferencia financiera de la suma de S/ 208,680.00 (Doscientos ocho mil seiscientos ochenta y 00/100 soles), a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 de la centésima novena disposición complementaria final de la Ley N° 32513, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
Artículo 2.- DISPONER que la transferencia financiera aprobada en el artículo 1 de la presente resolución, se atienda con cargo al presupuesto aprobado en el presente año fiscal del pliego 243: Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura - SANIPES, en la genérica de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, clasificador presupuestal 2.4.1.3.1.4 Otras Entidades Públicas, meta 028, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
Artículo 3.- DISPONER que la Gerencia General efectúe las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.
Artículo 4.- DISPONER que los recursos de la transferencia financiera aprobada en el artículo 1 de la presente resolución no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos, y expresamente autorizados por la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la sede digital de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura – SANIPES (www.sanipes.gob.pe) y en el Portal de Transparencia Estándar, en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MÓNICA PATRICIA SAAVEDRA CHUMBE
Presidenta Ejecutiva
Autoridad Nacional de Sanidad e
Inocuidad en Pesca y Acuicultura
SANIPES
2473123-1
PODER JUDICIAL
CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
2472942-1
Designan juez superior integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada
Presidencia del Consejo Ejecutivo
RESOLUCIóN ADMINISTRATIVA
N° 000138-2025-P-CE-PJ
Lima, 30 de diciembre del 2025
VISTO:
El Proveído N° 3248-2025-P-CSJPU-PJ cursado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 000476-2025-CE-PJ, dispuso aceptar, a partir del 1 de enero de 2026, la declinación presentada por el señor Edgar Francisco Medina Salas, Juez Superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho a su designación como integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada; y designó, a partir del 1 de enero de 2026, al señor Javier Hilbert Arpasi Pacho, Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Puno como como integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
Segundo. Que el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno mediante Proveído N° 3248-2025-P-CSJPU-PJ, de fecha 29 de diciembre de 2025, pone a conocimiento que el magistrado Javier Hilbert Arpasi Pacho, fue designado como Miembro titular para desempeñar el cargo de Presidente del Jurado Electoral Especial, conforme al acuerdo de Sala Plena de fecha 11 de julio de 2025, la misma que fue oficializada a través de la Resolución Administrativa N° 000423-2025-P-CSJPU-PJ y que además por Resolución Administrativa N° 000093-2025-CED-CSJPU, se le concedió licencia sin goce de haber, a partir del 30 de setiembre de 2025 y en tanto se cumpla el encargo de ejecutar las Elecciones Generales 2026 y/o se emita disposición en contrario.
Tercero. Que, atendiendo a lo señalado por el Presidente de Corte Superior de Justicia de Puno, corresponde dejar sin efecto el artículo segundo de la Resolución Administrativa N° 000476-2025-CE-PJ, y designar, a partir del 1 de enero de 2026, al señor Alfredo José Sedano Nuñez, Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Ica, como integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
Cuarto. Que, el artículo 82, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias, para que las dependencias de este Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
En consecuencia, la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con cargo a dar cuenta al Pleno de este Órgano de Gobierno,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto el artículo segundo de la Resolución Administrativa N° 000476-2025-CE-PJ.
Artículo Segundo.- Designar, a partir del 1 de enero de 2026, al señor Alfredo José Sedano Nuñez, Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Ica, como integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
Artículo Tercero.- Las medidas administrativas señaladas precedentemente no deberán afectar los procesos jurisdiccionales a cargo del juez designado; por lo que tendrá que intervenir en los casos que la ley procesal lo dispone de manera imperativa, para evitar el quiebre de juicios o frustrar la conclusión de los requerimientos y solicitudes que se encuentran a la fecha en trámite avanzado. El incumplimiento de la mencionada disposición generará responsabilidad disciplinaria.
Artículo Cuarto.- Notificar la presente resolución a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Cortes Superiores de Justicia de Ayacucho e Ica, juez designado; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JANET TELLO GILARDI
Presidenta
2472942-1
2472947-1
Disponen el cese por fallecimiento de juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de San Martín
Presidencia del Consejo Ejecutivo
RESOLUCIóN ADMINISTRATIVA
N° 000139-2025-P-CE-PJ
Lima, 30 de diciembre del 2025
VISTO:
El Oficio N° 001795-2025-P-CSJM-PJ, cursado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, por el cual remite el acta de defunción del señor Walter Francisco Ángeles Bachet, juez superior titular, para que en vía de regularización se disponga su cese por fallecimiento.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el Presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín remite el acta de defunción del mencionado magistrado, en la que se constata el fallecimiento del señor Walter Francisco Ángeles Bachet, acaecido el 30 de noviembre de 2025.
Segundo. Que, el cargo de juez termina, entre otras causales, por muerte, conforme lo establece el artículo 107°, numeral 1), de la Ley de la Carrera Judicial.
Tercero. Que, en tal sentido, y habiéndose determinado que el citado juez falleció el 30 de noviembre de 2025, corresponde formalizar su cese de conformidad con la norma citada precedentemente.
En consecuencia, la Presidenta del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas mediante Resolución Administrativa N° 101-2011-CE-PJ, de fecha 16 de marzo de 2011.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer, en vía de regularización, el cese por fallecimiento del señor Walter Francisco Ángeles Bachet, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de San Martín, a partir del 30 de noviembre de 2025.
Artículo Segundo.- Expresar reconocimiento póstumo al citado juez por los servicios prestados a la Nación; así como las condolencias a nombre del Poder Judicial, a su digna familia.
Artículo Tercero.- Comunicar a la Junta Nacional de Justicia que se ha producido una plaza vacante de juez superior en el Distrito Judicial de San Martín, para las acciones respectivas.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Corte Superior de Justicia de San Martín; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JANET TELLO GILARDI
Presidenta
2472947-1
2472933-1
Aprueban Directiva N° 012-2025-CE-PJ denominada “Disposiciones para el Desarrollo de Documentos Normativos en el Poder Judicial” - Versión 004
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000463-2025-CE-PJ
Lima, 23 de diciembre del 2025
VISTO:
El Oficio N° 001361-2025-GG-PJ cursado por la Gerencia General del Poder Judicial, que contiene el Informe N° 000245-2025-SM-GMPP-GG-PJ y Memorando N° 000281-2025-SM-GMPP-GG-PJ emitidos por la Subgerencia de Modernización, vinculados a la necesidad de actualizar la Directiva N° 004-2023-CE-PJ, denominada: “Disposiciones para el Desarrollo de Documentos Normativos en el Poder Judicial” – Versión 003, los Memorandos Nros. 1347 y 1347-2025-GMPP-GG-PJ de la gerencia de Modernización, Planeamiento y Presupuesto, con los cuales hace suyos los documentos antes mencionados; y el Informe N° 001338-2025-GAJ-GG-PJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Primero.- Que, el artículo 1 de la Ley N° 27658, Ley Marco 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declaró al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.
Segundo.- Que, el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM aprueba los lineamientos de organización del Estado, regula los principios, criterios y reglas que definen el diseño, estructura, organización y funcionamiento de las Entidades, buscando que estas, conforme a su tipo, competencias y funciones, se organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas, en beneficio de la ciudadanía.
Tercero.- Que, el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, prescribe en los literales b) y g) del articulo 7.1 lo siguiente:
b) La calidad en las regulaciones
Tiene como propósito que la regulación sea un instrumento para alcanzar un objetivo de política pública, adoptando la decisión de regular basada en evidencia, racionalidad, evaluación de sus posibles impactos y cargas administrativas, con la finalidad de generar y facilitar el desarrollo integral y bienestar social. Las entidades públicas utilizan el análisis de calidad regulatoria, el análisis de impacto regulatorio y otros instrumentos que se adopten en el marco del proceso de calidad regulatoria con la finalidad de evaluar y medir impactos, así como de reducir las cargas administrativas y costos que se generen de los procedimientos administrativos, propuestas regulatorias o disposiciones normativas vigentes. Asimismo, la evaluación de las regulaciones incluye la revisión de las directivas de gestión interna y la eliminación de procedimientos de gestión administrativa que hagan menos eficiente a la entidad (…)
g) La gestión de procesos
Tiene como propósito organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de una entidad pública de manera transversal a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el logro de los objetivos institucionales. Comprende acciones conducentes a la determinación de los procesos de la entidad, así como a su medición y análisis con el propósito de implementar mejoras en su desempeño, priorizando los procesos que contribuyan al logro de los objetivos de la entidad pública o que puedan afectar dicho logro, representen mayor demanda, concentren la mayor cantidad de reclamos o quejas, entre otros similares. Las entidades públicas disponen de herramientas de gestión de la calidad y toman acciones con el fin de incrementar su eficacia y eficiencia
Cuarto.- Que, en dicho marco, a través de la Resolución Administrativa N° 000247-2023-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la Directiva N° 004-2023-CE-PJ, denominada “Disposiciones para el Desarrollo de Documentos Normativos del Poder Judicial” – Versión 003, la misma que tiene como objetivo establecer disposiciones para la elaboración, revisión, aprobación y difusión estandarizada de los documentos normativos en el Poder Judicial; y en su numeral 6.7, relacionado a la actualización de estos señala:
Para determinar si es necesaria su actualización, los documentos normativos vigentes deben ser evaluados al menos una vez al año por la unidad de organización o funcional, respecto de:
a) Su contenido para que reflejen las funciones, documentos de gestión y procesos vigentes; así como, se encuentren adecuados a la estructura establecida en la presente Directiva.
b) Su nivel de logro de resultados esperados, para asegurar la mejora de los servicios del Poder Judicial.
Quinto.- Que, en aplicación de las disposiciones antes señaladas, a través del Informe N° 245-2025-SM-GMPP-GG-PJ y Memorando N° 281-2025-SM-GMPP-GG-PJ la subgerencia de Modernización, expone la necesidad de actualizar la Directiva N° 004-2023-CE-PJ, denominada: “Disposiciones para el Desarrollo de Documentos Normativos en el Poder Judicial” – Versión 003, acompañando la propuesta respectiva, la misma que la gerencia de Modernización, Planeamiento y Presupuesto hace suya mediante los Memorandos Nros. 1375 y 1347-2025-GMPP-GG-PJ.
Sexto.- Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Gerencia General del Poder Judicial, a través del Informe N° 001338-2025-GAJ-GG-PJ, emite opinión favorable al proyecto normativo sosteniendo que es consistente con la normativa vigente.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 1667-2025 de la quincuagésima novena sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 10 de diciembre de 2025, realizada con la participación de las señoras Tello Gilardi y Barrios Alvarado, y los señores Bustamante Zegarra, Cáceres Valencia y Zavaleta Grández; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 012-2025-CE-PJ denominada “Disposiciones para el Desarrollo de Documentos Normativos en el Poder Judicial” código GMPP/DIR-002 - Versión 004.
Artículo Segundo.- Dejar sin efecto los siguientes documentos:
• La Directiva N° 004-2023-CE-PJ denominada “Disposiciones para el Desarrollo de Documentos Normativos del Poder Judicial” – Versión 003, aprobada por Resolución Administrativa N° 247-2023-CE-PJ.
• El Procedimiento “Evaluación técnica de los proyectos de documentos normativos en el Poder Judicial” y;
• El Procedimiento “Elaboración de Proyectos de documentos normativos en el Poder Judicial”, que fueron aprobados con Resolución Administrativa N° 333-2021-GG-PJ.
Artículo Tercero.- Publicar la presente resolución y el documento aprobado en el Portal Institucional del Poder Judicial (www.pj.gob.pe), para su difusión y cumplimiento.
Artículo Cuarto.- Notificar la presente resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la República, Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia del país, Procuraduría Pública del Poder Judicial, y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JANET TELLO GILARDI
Presidenta
Consejo Ejecutivo
2472933-1
2472911-1
Fijan el valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP) y aprueban el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el año 2026
Consejo Ejecutivo
RESOLUCIóN ADMINISTRATIVA
N° 000481-2025-CE-PJ
Lima, 29 de diciembre del 2025
VISTO:
El Oficio N° 001411-2025-GG-PJ cursado por la Gerencia General del Poder Judicial, por el cual remite propuesta para fijar el valor de la Unidad de Referencia Procesal y aprobar el Cuadro de Valores de Aranceles Judiciales, correspondiente al año 2026.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, de acuerdo al artículo 138 de la Constitución Política del Perú, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes; asimismo, el numeral 16 del artículo 139 de la Constitución, declara como principio de la función jurisdiccional la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos y, para todos, en los casos que la ley señala.
Segundo. Asimismo, el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, modificado por Ley N° 26846, establece que el acceso al servicio de justicia es gratuito, sin perjuicio del pago de costas, costos y multas establecidas por dicho Código y por disposiciones administrativas del Poder Judicial.
Tercero. El artículo 1 de la norma referida establece que los principios sobre los cuales se sustenta el pago de los aranceles judiciales, son: a) Equidad, por la que se exonera del pago de tasas a personas de escasos recursos económicos, obteniendo así mayores ingresos que permita mejorar el servicio de auxilio judicial; b) Promoción de una correcta conducta procesal, que desaliente el ejercicio irresponsable del litigio y el abuso del ejercicio de la tutela jurisdiccional; y, c) Simplificación administrativa, que permita mayor celeridad en el trámite de acceso al servicio de auxilio judicial.
Cuarto. Dentro del marco de la norma acotada, es necesario regular el pago de los Aranceles Judiciales, de conformidad con los principios jurídicos que los sustentan y demás disposiciones vigentes, sobre la base de criterios técnicos orientados a favorecer un mejor desarrollo de la actividad procesal.
Quinto. Que, se ha incorporado el recurso de reposición contra decretos, previsto en el artículo 362 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, como medio impugnatorio que permite al propio juez que expidió la resolución impugnada anularla o revocarla, total o parcialmente, cuando se advierta la existencia de vicio o error; en consecuencia, por la interposición del citado recurso corresponde el pago del arancel judicial equivalente al fijado para la apelación de auto, de acuerdo con la cuantía del proceso.
Sexto. De acuerdo al artículo 1, literal b), de la Ley N° 26846, que determina el sustento del pago de tasas judiciales, estimula la promoción de una correcta conducta procesal que desaliente el ejercicio irresponsable del litigio y el abuso de la tutela jurisdiccional. En ese sentido, se amplía el rango de cuantías en sus dos últimos ítems para los procesos contenciosos.
Séptimo. Que, conforme a la Primera Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para los efectos de fijación de cuantías, tasas, aranceles judiciales y multas previstas en la Ley o las establecidas en la legislación procesal especial, se debe aplicar la Unidad de Referencia Procesal (URP), correspondiendo al órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial, fijar al inicio de cada año judicial el monto de la Unidad de Referencia Procesal, monto que año a año ha sido determinado en un 10 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
Octavo. Que, el Poder Ejecutivo aprobó mediante Decreto Supremo N° 301-2025-EF1, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2026, fijando su importe en Cinco Mil Quinientos y 00/100 Soles (S/ 5,500.00); por lo que, corresponde fijar el valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP), para el año 2026, en la suma de quinientos y cincuenta y 00/100 Soles (S/ 550.00).
Noveno. Que el artículo 82, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias de este Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 1752-2025 de la sexagésima primera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 29 de diciembre de 2025, realizada con la participación de las señoras Tello Gilardi y Barrios Alvarado, y los señores Bustamante Zegarra, Cáceres Valencia, Zavaleta Grández; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Fijar el valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP) para el año 2026, en quinientos cincuenta y 00/100 Soles (S/ 550.00), equivalente al 10 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), aprobada mediante Decreto Supremo N° 301-2025-EF.
Artículo Segundo.- Aprobar el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el año 2026, el mismo que en anexo adjunto forma parte de la presente resolución, y se regirá bajo los lineamientos del Reglamento de Aranceles Judiciales vigente.
Artículo Tercero.- Disponer que las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia del país; así como la Gerencia General del Poder Judicial, en cuanto sea de su competencia, realicen las acciones administrativas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.
Artículo Cuarto.- Publicar la presente resolución y el documento aprobado en el Portal Institucional del Poder Judicial (www.pj.gob.pe), para su difusión y cumplimiento.
Artículo Quinto.- Notificar la presente resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Presidencia de las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Cortes Superiores del país; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JANET TELLO GILARDI
Presidenta
Consejo Ejecutivo
CUADRO DE VALORES DE LOS ARANCELES JUDICIALES
EJERCICIO 2026
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INDICE DE URP
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MONTO (S/)
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PROCESOS CONTENCIOSOS
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1.-
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POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEA HASTA CIEN (100) URP O DE CUANTÍA INDETERMINABLE
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a)
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Por ofrecimiento de pruebas en: Demandas, Excepciones, Defensas previas, Contestaciones de demandas, Reconvenciones, Denuncia civil, Extromisión y Sucesión procesal, Intervención de terceros, Calificación de títulos ejecutivos o de ejecución, Actuación de prueba anticipada, Contradicciones, Tercerías, Observación por parte del obligado a la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los procesos de alimentos, Observación a la tasación de bienes muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de nuevos medios probatorios.
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10.0%
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55.00
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b)
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Por solicitud de nulidad de actos procesales.
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10.0%
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55.00
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c)
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Por recurso de apelación de autos.
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10.0%
|
55.00
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|
d)
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Por recurso de apelación de sentencias.
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40.0%
|
220.00
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|
e)
|
Por recurso de nulidad y casación.
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160.0%
|
880.00
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f)
|
Por recurso de queja.
|
25.0%
|
137.50
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|
g)
|
Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.
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50.0%
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275.00
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|
h)
|
Por formas especiales de conclusión del proceso: Allanamiento y reconocimiento, Transacción judicial, Desistimiento en cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional del proceso (un arancel por cada una de las partes que intervienen en la suspensión del proceso).
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28.0%
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154.00
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|
i)
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Por otorgamiento de poder por acta.
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10.0%
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55.00
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2.-
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|
POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEA MAYOR DE CIEN (100) URP HASTA DOSCIENTOS CINCUENTA (250) URP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)
|
Por ofrecimiento de pruebas en: Demandas, Excepciones, Defensas previas, Contestaciones de demandas, Reconvenciones, Denuncia civil, Extromisión y Sucesión procesal, Intervención de terceros, Calificación de títulos ejecutivos o de ejecución, Actuación de prueba anticipada, Contradicciones, Tercerías, Observación por parte del obligado a la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los procesos de alimentos, Observación a la tasación de bienes muebles e inmuebles a ser rematados y por Ofrecimiento de nuevos medios probatorios.
|
15.0%
|
82.50
|
|
|
b)
|
Por solicitud de nulidad de actos procesales.
|
11.0%
|
60.50
|
|
|
c)
|
Por recurso de apelación de autos.
|
15.0%
|
82.50
|
|
|
d)
|
Por recurso de apelación de sentencias.
|
60.0%
|
330.00
|
|
|
e)
|
Por recurso de nulidad y casación.
|
180.0%
|
990.00
|
|
|
f)
|
Por recurso de queja.
|
37.5%
|
206.20
|
|
|
g)
|
Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.
|
75.0%
|
412.50
|
|
|
h)
|
Por formas especiales de conclusión del proceso: Allanamiento y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento en cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional del proceso (un arancel por cada una de las partes que intervienen en la suspensión del proceso).
|
39.0%
|
214.50
|
|
|
i)
|
Por otorgamiento de poder por acta.
|
10.0%
|
55.00
|
|
3.-
|
|
POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEA MAYOR DE DOSCIENTOS CINCUENTA (250) URP HASTA QUINIENTOS (500) URP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)
|
Por ofrecimiento de pruebas en: Demandas, excepciones, defensas previas, contestaciones de demandas, reconvenciones, denuncia civil, extromisión y sucesión procesal, intervención de terceros, calificación de títulos ejecutivos o de ejecución, actuación de prueba anticipada, las contradicciones, tercerías, observación por parte del obligado a la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los procesos de alimentos, observación a la tasación de bienes muebles e inmuebles a ser rematados y por Ofrecimiento de nuevos medios probatorios.
|
20.0%
|
110.00
|
|
|
b)
|
Por solicitud de nulidad de actos procesales.
|
12.0%
|
66.00
|
|
|
c)
|
Por recurso de apelación de autos.
|
20.0%
|
110.00
|
|
|
d)
|
Por recurso de apelación de sentencias.
|
80.0%
|
440.00
|
|
|
e)
|
Por recurso de nulidad y casación.
|
200.0%
|
1,100.00
|
|
|
f)
|
Por recurso de queja.
|
50.0%
|
275.00
|
|
|
g)
|
Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.
|
100.0%
|
550.00
|
|
|
h)
|
Por formas especiales de conclusión del proceso: Allanamiento y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento en cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional del proceso (un arancel por cada una de las partes que intervienen en la suspensión del proceso).
|
50.0%
|
275.00
|
|
|
i)
|
Por otorgamiento de poder por acta.
|
10.0%
|
55.00
|
|
4.-
|
|
POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEA MAYOR DE QUINIENTOS (500) URP HASTA SETECIENTOS CINCUENTA (750) URP.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)
|
Por ofrecimiento de pruebas en: Demandas, Excepciones, Defensas previas, Contestaciones de demandas, Reconvenciones, Renuncia civil, Extromisión y Sucesión procesal, Intervención de terceros, Calificación de títulos ejecutivos o de ejecución, Actuación de prueba anticipada, Contradicciones, Tercerías, Observación por parte del obligado a la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los procesos de alimentos, Observación a la tasación de bienes muebles e inmuebles a ser rematados y por Ofrecimiento de nuevos medios probatorios.
|
25.0%
|
137.50
|
|
|
b)
|
Por solicitud de nulidad de actos procesales.
|
14.0%
|
77.00
|
|
|
c)
|
Por recurso de apelación de autos.
|
25.0%
|
137.50
|
|
|
d)
|
Por recurso de apelación de sentencias.
|
100.0%
|
550.00
|
|
|
e)
|
Por recurso de nulidad y casación.
|
250.0%
|
1,375.00
|
|
|
f)
|
Por recurso de queja.
|
62.5%
|
343.70
|
|
|
g)
|
Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.
|
125.0%
|
687.50
|
|
|
h)
|
Por formas especiales de conclusión del proceso: Allanamiento y reconocimiento, Transacción judicial, Desistimiento en cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional del proceso (un arancel por cada una de las partes que intervienen en la suspensión del proceso).
|
70.0%
|
385.00
|
|
|
i)
|
Por otorgamiento de poder por acta.
|
10.0%
|
55.00
|
|
5.-
|
|
POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEA MAYOR DE SETECIENTOS CINCUENTA (750) URP HASTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1,250) URP.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)
|
Por ofrecimiento de pruebas en: Demandas, Excepciones, Defensas previas, Contestaciones de demandas, Reconvenciones, Denuncia civil, Extromisión y Sucesión procesal, Intervención de terceros, Calificación de títulos ejecutivos o de ejecución, Actuación de prueba anticipada, Contradicciones, Tercerías, Observación por parte del obligado a la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los procesos de alimentos, Observación a la tasación de bienes muebles e inmuebles a ser rematados y por Ofrecimiento de nuevos medios probatorios.
|
30.0%
|
165.00
|
|
|
b)
|
Por solicitud de nulidad de actos procesales.
|
16.0%
|
88.00
|
|
|
c)
|
Por recurso de apelación de autos.
|
30.0%
|
165.00
|
|
|
d)
|
Por recurso de apelación de sentencias.
|
120.0%
|
660.00
|
|
|
e)
|
Por recurso de nulidad y casación.
|
300.0%
|
1,650.00
|
|
|
f)
|
Por recurso de queja.
|
75.0%
|
412.50
|
|
|
g)
|
Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.
|
150.0%
|
825.00
|
|
|
h)
|
Por formas especiales de conclusión del proceso: Allanamiento y reconocimiento, Transacción judicial, Desistimiento en cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional del proceso (un arancel por cada una de las partes que intervienen en la suspensión del proceso).
|
90.0%
|
495.00
|
|
|
i)
|
Por otorgamiento de poder por acta.
|
20.0%
|
110.00
|
|
6.-
|
|
POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEA MAYOR DE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1,250) URP HASTA DOS MIL (2,000) URP.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)
|
Por ofrecimiento de pruebas en: Demandas, excepciones, defensas previas, contestaciones de demandas, reconvenciones, denuncia civil, extromisión y sucesión procesal, intervención de terceros, calificación de títulos ejecutivos o de ejecución, actuación de prueba anticipada, las contradicciones, tercerías, observación por parte del obligado a la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los procesos de alimentos, observación a la tasación de bienes muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de nuevos medios probatorios.
|
45.0%
|
247.50
|
|
|
b)
|
Por solicitud de nulidad de actos procesales.
|
18.0%
|
99.00
|
|
|
c)
|
Por recurso de apelación de autos.
|
45.0%
|
247.50
|
|
|
d)
|
Por recurso de apelación de sentencias.
|
180.0%
|
990.00
|
|
|
e)
|
Por recurso de nulidad y casación.
|
450.0%
|
2,475.00
|
|
|
f)
|
Por recurso de queja.
|
112.5%
|
618.70
|
|
|
g)
|
Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.
|
225.0%
|
1,237.50
|
|
|
h)
|
Por formas especiales de conclusión del proceso: Allanamiento y reconocimiento, Transacción judicial, Desistimiento en cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional del proceso (un arancel por cada una de las partes que intervienen en la suspensión del proceso).
|
180.0%
|
990.00
|
|
|
i)
|
Por otorgamiento de poder por acta.
|
20.0%
|
110.00
|
|
7.-
|
|
POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEA MAYOR DE DOS MIL (2,000) URP HASTA TRES MIL (3,000) URP.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)
|
Por ofrecimiento de pruebas en: Demandas, Excepciones, Defensas previas, Contestaciones de demandas, Reconvenciones, Denuncia civil, Extromisión y sucesión procesal, Intervención de terceros, Calificación de títulos ejecutivos o de ejecución, Actuación de prueba anticipada, Contradicciones, Tercerías, Observación por parte del obligado a la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los procesos de alimentos, Observación a la tasación de bienes muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de nuevos medios probatorios.
|
90.0%
|
495.00
|
|
|
b)
|
Por solicitud de nulidad de actos procesales.
|
20.0%
|
110.00
|
|
|
c)
|
Por recurso de apelación de autos.
|
90.0%
|
495.00
|
|
|
d)
|
Por recurso de apelación de sentencias.
|
360.0%
|
1,980.00
|
|
|
e)
|
Por recurso de nulidad y casación.
|
870.0%
|
4,785.00
|
|
|
f)
|
Por recurso de queja.
|
225.0%
|
1,237.50
|
|
|
g)
|
Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.
|
450.0%
|
2,475.00
|
|
|
h)
|
Por formas especiales de conclusión del proceso: Allanamiento y reconocimiento, Transacción judicial, Desistimiento en cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional del proceso (un arancel por cada una de las partes que intervienen en la suspensión del proceso).
|
270.0%
|
1,485.00
|
|
|
i)
|
Por otorgamiento de poder por acta.
|
22.0%
|
121.00
|
|
8.-
|
|
POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEA MAYOR DE TRES MIL (3,000) URP HASTA TRES MIL QUINIENTOS (3,500) URP.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)
|
Por ofrecimiento de pruebas en: Demandas, Excepciones, Defensas previas, Contestaciones de demandas, Reconvenciones, Denuncia civil, Extromisión y Sucesión procesal, Intervención de terceros, Calificación de títulos ejecutivos o de ejecución, Actuación de prueba anticipada, Contradicciones, Tercerías, Observación por parte del obligado a la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los procesos de alimentos, Observación a la tasación de bienes muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de nuevos medios probatorios.
|
135.0%
|
742.50
|
|
|
b)
|
Por solicitud de nulidad de actos procesales.
|
22.0%
|
121.00
|
|
|
c)
|
Por recurso de apelación de autos.
|
135.0%
|
742.50
|
|
|
d)
|
Por recurso de apelación de sentencias.
|
540.0%
|
2,970.00
|
|
|
e)
|
Por recurso de nulidad y casación.
|
1300.0%
|
7,150.00
|
|
|
f)
|
Por recurso de queja.
|
337.5%
|
1,856.20
|
|
|
g)
|
Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.
|
500.0%
|
2,750.00
|
|
|
h)
|
Por formas especiales de conclusión del proceso: Allanamiento y reconocimiento, Transacción judicial, Desistimiento en cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional del proceso (un arancel por cada una de las partes que intervienen en la suspensión del proceso).
|
410.0%
|
2,255.00
|
|
|
i)
|
Por otorgamiento de poder por acta.
|
22.0%
|
121.00
|
|
9.-
|
|
POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEA MAYOR DE TRES MIL QUINIENTOS (3,500) URP HASTA CUATRO MIL QUINIENTOS (4,500) URP.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)
|
Por ofrecimiento de pruebas en: Demandas, Excepciones, Defensas previas, Contestaciones de demandas, Reconvenciones, Denuncia civil, Extromisión y sucesión procesal, Intervención de terceros, Calificación de títulos ejecutivos o de ejecución, Actuación de prueba anticipada, Contradicciones, Tercerías, Observación por parte del obligado a la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los procesos de alimentos, Observación a la tasación de bienes muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de nuevos medios probatorios.
|
150.0%
|
825.00
|
|
|
b)
|
Por solicitud de nulidad de actos procesales.
|
24.0%
|
132.00
|
|
|
c)
|
Por recurso de apelación de autos.
|
150.0%
|
825.00
|
|
|
d)
|
Por recurso de apelación de sentencias.
|
720.0%
|
3,960.00
|
|
|
e)
|
Por recurso de nulidad y casación.
|
2000.0%
|
11,000.00
|
|
|
f)
|
Por recurso de queja.
|
400.0%
|
2,200.00
|
|
|
g)
|
Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.
|
550.0%
|
3,025.00
|
|
|
h)
|
Por formas especiales de conclusión del proceso: Allanamiento y reconocimiento, Transacción judicial, Desistimiento en cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional del proceso (un arancel por cada una de las partes que intervienen en la suspensión del proceso).
|
500.0%
|
2,750.00
|
|
|
i)
|
Por otorgamiento de poder por acta.
|
30.0%
|
165.00
|
|
10.-
|
|
POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEA MAYOR DE CUATRO MIL QUINIENTOS (4,500) URP.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)
|
Por ofrecimiento de pruebas en: Demandas, Excepciones, Defensas previas, Contestaciones de demandas, Reconvenciones, Denuncia civil, Extromisión y sucesión procesal, Intervención de terceros, Calificación de títulos ejecutivos o de ejecución, Actuación de prueba anticipada, Contradicciones, Tercerías, Observación por parte del obligado a la liquidación de pericias laborales y/o devengados en los procesos de alimentos, Observación a la tasación de bienes muebles e inmuebles a ser rematados y por ofrecimiento de nuevos medios probatorios.
|
180.0%
|
990.00
|
|
|
b)
|
Por solicitud de nulidad de actos procesales.
|
26.0%
|
143.00
|
|
|
c)
|
Por recurso de apelación de autos.
|
180.0%
|
990.00
|
|
|
d)
|
Por recurso de apelación de sentencias.
|
900.0%
|
4,950.00
|
|
|
e)
|
Por recurso de nulidad y casación.
|
3500.0%
|
19,250.00
|
|
|
f)
|
Por recurso de queja.
|
500.0%
|
2,750.00
|
|
|
g)
|
Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.
|
600.0%
|
3,300.00
|
|
|
h)
|
Por formas especiales de conclusión del proceso: Allanamiento y reconocimiento, Transacción judicial, Desistimiento en cualquiera de sus modalidades y por suspensión convencional del proceso (un arancel por cada una de las partes que intervienen en la suspensión del proceso).
|
600.0%
|
3,300.00
|
|
|
i)
|
Por otorgamiento de poder por acta.
|
30.0%
|
165.00
|
|
11.-
|
|
MEDIDAS CAUTELARES EN TODAS SUS MODALIDADES, ANOTACIONES DE DEMANDAS EN TODOS LOS PROCESOS, EMBARGOS EN EJECUCIÓN FORZADA, SOLICITUD DE REQUERIMIENTO JUDICIAL DE INCAUTACIÓN
|
|
|
|
|
a)
|
Hasta cien (100) URP o por cuantía indeterminada (1).
|
100.0%
|
550.00
|
|
|
b)
|
Más de cien (100) URP hasta doscientos (200) URP.
|
200.0%
|
1,100.00
|
|
|
c)
|
Más de doscientos (200) URP hasta trescientos (300) URP.
|
300.0%
|
1,650.00
|
|
|
d)
|
Más de trescientos (300) URP hasta seiscientos (600) URP.
|
400.0%
|
2,200.00
|
|
|
e)
|
Más de seiscientos (600) URP hasta mil (1,000) URP.
|
500.0%
|
2,750.00
|
|
|
f)
|
Más de mil (1,000) URP hasta dos mil (2,000) URP.
|
600.0%
|
3,300.00
|
|
|
g)
|
Más de dos mil (2,000) URP hasta tres mil (3,000) URP.
|
800.0%
|
4,400.00
|
|
|
h)
|
Más de tres mil (3,000) URP hasta tres mil quinientos (3,500) URP.
|
1250.0%
|
6,875.00
|
|
|
i)
|
Más de tres mil quinientos URP (3,500) URP.
|
1650.0%
|
9,075.50
|
(1) Las personas naturales que soliciten medidas cautelares por una cuantía inferior a las 10 URP se encuentran exoneradas del pago del arancel judicial.
|
12.-
|
|
SOLICITUD DE REMATE JUDICIAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)
|
Hasta cien (100) URP o por cuantía indeterminada.
|
100.0%
|
550.00
|
|
|
b)
|
Más de cien (100) URP hasta doscientos (200) URP.
|
200.0%
|
1,100.00
|
|
|
c)
|
Más de doscientos (200) URP hasta trescientos (300) URP.
|
300.0%
|
1,650.00
|
|
|
d)
|
Más de trescientos (300) URP hasta seiscientos (600) URP.
|
400.0%
|
2,200.00
|
|
|
e)
|
Más de seiscientos (600) URP hasta mil (1,000) URP.
|
500.0%
|
2,750.00
|
|
|
f)
|
Más de mil (1,000) URP hasta dos mil (2,000) URP.
|
600.0%
|
3,300.00
|
|
|
g)
|
Más de dos mil (2,000) URP hasta tres mil (3,000) URP.
|
800.0%
|
4,400.00
|
|
|
h)
|
Más de tres mil (3,000) URP hasta tres mil quinientos (3,500) URP
|
1250.0%
|
6,875.00
|
|
|
i)
|
Más de tres mil quinientos URP (3,500) URP.
|
1650.0%
|
9,075.00
|
Nota
Para efectos de sufragar el arancel judicial por solicitud de remate judicial, debe tomarse en consideración la Tasación del bien mueble o inmueble que apruebe el Juez mediante resolución judicial.
|
13.-
|
|
LAUDO ARBITRAL (actos procesales en fuero judicial): RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO, CONTESTACIÓN DE RECURSO DE ANULACIÓN, EJECUCIÓN DE LAUDO EN LA VÍA JUDICIAL, OPOSICIÓN CONTRA MANDATO DE EJECUCIÓN Y PEDIDO DE SUSPENSIÓN DE LAUDO ARBITRAL; SOLICITUDES DE MEDIDAS CAUTELARES EN EJECUCIÓN DE LAUDO EN TODAS SUS MODALIDADES, RECURSO DE CASACIÓN.
|
|
|
|
|
a)
|
Hasta cien (100) URP o por cuantía indeterminada.
|
100.0%
|
550.00
|
|
|
b)
|
Más de cien (100) URP hasta doscientos (200) URP.
|
200.0%
|
1,100.00
|
|
|
c)
|
Más de doscientos (200) URP hasta trescientos (300) URP.
|
300.0%
|
1,650.00
|
|
|
d)
|
Más de trescientos (300) URP hasta seiscientos (600) URP.
|
400.0%
|
2,200.00
|
|
|
e)
|
Más de seiscientos (600) URP hasta mil (1,000) URP.
|
500.0%
|
2,750.00
|
|
|
f)
|
Más de mil (1,000) URP hasta dos mil (2,000) URP.
|
600.0%
|
3,300.00
|
|
|
g)
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Más de dos mil (2,000) URP hasta tres mil (3,000) URP.
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800.0%
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4,400.00
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h)
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Más de tres mil (3,000) URP hasta tres mil quinientos (3,500) URP.
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1250.0%
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6,875.00
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i)
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Más de tres mil quinientos URP (3,500) URP.
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2000.0%
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11,000.00
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PROCESOS NO CONTENCIOSOS
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1.-
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EN LOS SIGUIENTES ACTOS DE PROCEDIMIENTOS
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a)
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Por ofrecimiento de pruebas.
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20.0%
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110.00
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b)
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Por recurso de apelación de autos.
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40.0%
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220.00
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|
c)
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Por recurso de queja.
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50.0%
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275.00
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d)
|
Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.
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100.0%
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550.00
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e)
|
Por formas especiales de conclusión del proceso.
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50.0%
|
275.00
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f)
|
Por otorgamiento de poder por acta.
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10.0%
|
55.00
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2.-
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DE RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA O LAUDO EXTRANJERO
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SOLICITUD DE ACTOS JUDICIALES
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a)
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Por ofrecimiento de pruebas.
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40.0%
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220.00
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b)
|
Por recurso de apelación de autos.
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80.0%
|
440.00
|
|
|
c)
|
Por recurso de queja.
|
50.0%
|
275.00
|
|
|
d)
|
Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.
|
100.0%
|
550.00
|
|
|
e)
|
Por formas especiales de conclusión del proceso.
|
100.0%
|
550.00
|
|
|
f)
|
Por otorgamiento de poder por acta.
|
10.0%
|
55.00
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SOLICITUD DE ACTOS JUDICIALES
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1.-
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POR PRUEBA ANTICIPADA
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Por la actuación de prueba anticipada de cuantía indeterminable y determinable, se sujetarán a los valores consignados en los Procesos No Contenciosos.
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2.-
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POR DERECHO A PARTICIPAR EN REMATE JUDICIAL DE BIENES MUEBLES.
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Valor del Bien Mueble por Rematar
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a)
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Hasta diez (10) URP.
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15.0%
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82.50
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b)
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Más de diez (10) URP hasta treinta (30) URP.
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30.0%
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165.00
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|
|
c)
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Más de treinta (30) URP.
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50.0%
|
275.00
|
Nota:
De acuerdo a lo establecido por el Artículo 730° del Código Procesal Civil (CPC) para efectos de sufragar el arancel judicial por derecho a participar en remate judicial, debe tomarse en consideración la Tasación del Bien Mueble que apruebe el Juez mediante la correspondiente resolución judicial.
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3.-
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POR DERECHO A PARTICIPAR EN REMATE JUDICIAL DE BIENES INMUEBLES.
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Valor del Bien Inmueble por Rematar
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a)
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Hasta cien (100) URP.
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50.0%
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275.00
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b)
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Más de cien (100) URP hasta quinientos (500) URP.
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100.0%
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550.00
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|
c)
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Más de quinientos (500) URP hasta mil (1,000) URP.
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150.0%
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825.00
|
|
|
d)
|
Más de mil (1,000) URP.
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200.0%
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1,100.00
|
Nota:
De acuerdo a lo establecido por el Artículo 730° del Código Procesal Civil (CPC) para efectos de sufragar el arancel judicial por derecho a participar en remate judicial, debe tomarse en consideración la Tasación del Bien Mueble que apruebe el Juez mediante la correspondiente resolución judicial.
|
4.- POR SANEAMIENTO Y EXPEDICIÓN DE PARTES JUDICIALES PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE o MUEBLE DEL BIEN REMATADO*.
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1% de valor de adjudicación del bien inmueble y/o mueble
|
Nota:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 739° del Código Procesal Civil (CPC), previamente a la expedición de los partes judiciales, están obligados al pago de este Arancel las partes o terceros que se adjudiquen un bien inmueble o mueble, para su posterior inscripción en el registro respectivo.
|
5.- POR EXPEDICIÓN DE PARTES JUDICIALES PARA INSCRIPCIÓN PREVENTIVA Y DEFINITIVA DE SOLICITUDES EN PROCESOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS (MUNICIPALIDADES, REGISTROS PÚBLICOS, RENIEC, MINERÍA Y OTROS).
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10%
|
55.00
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6.- POR EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES EN TODOS LOS TIPOS DE PROCESOS Y EN VIOLENCIA FAMILIAR SEGÚN RANGO (Pago que efectúa el Demandado en atención al Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP).
• Hasta 10 copias será gratuito, de 11 a más se pagarán todas las copias solicitadas a S/ 0.10 c/u (Por cada folio).
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7.-
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POR EXPEDICIÒN DE COPIAS CERTIFICADAS EN TODOS LOS TIPOS DE PROCESOS.
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• Por cada folio
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1.0%
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5.50
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8.-
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POR TRÁMITE DE EXHORTO
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Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial (En diferente localidad)
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10.0%
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55.00
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Por exhorto: Otro Distrito Judicial
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20.0%
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110.00
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Por exhorto: Al extranjero
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50.0%
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275.00
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9.-
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LOS ACTOS PROCESALES POR QUERELLAS
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Se sujetarán al pago de Aranceles Judiciales de los procesos contenciosos en lo que sea aplicable según la cuantía de la indemnización solicitada.
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10.-
|
PUBLICACIÓN DE EDICTO JUDICIAL ELECTRÓNICO
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32.00
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11.-
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SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE ARANCELES JUDICIALES
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4.00
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12.-
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COPIA DE GRABACION DE LAS AUDIENCIAS PRESENCIALES Y VIRTUALES
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18.00
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13.-
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HABILITACIÓN DE NOTIFICACIONES POR EL JUZGADO (DÍA Y HORA).
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10.0%
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55.00
|
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Ante el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, los jueces podrán aplicar sanciones a las partes en uso de sus facultades coercitivas, conforme a lo señalado en el numeral 1 del artículo 53° del Código Procesal Civil.
Segunda.- Los jueces, al calificar las demandas, deberán advertir obligatoriamente que en éstas se haya cuantificado el petitorio, salvo que no pudiera establecerse.
Tercera.- A solicitud de parte, se devolverá el importe del Arancel Judicial por Nulidad de Acto Procesal; siempre y cuando el Órgano Jurisdiccional declare Fundado el Acto Procesal viciado, con las deducciones de gastos que se generen.
Cuarta.- Cuando el Órgano Jurisdiccional ordene la devolución del monto contenido en el Comprobante de Pago del Arancel Judicial presentado en un expediente, ésta deberá estar sustentada, asumiendo la responsabilidad que pueda derivarse de la devolución indebida con las deducciones de gastos que se generen.
Los usuarios que soliciten la devolución de un Arancel Judicial, deberán regirse según lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 000456-2020-GG-PJ que aprueba la Directiva denominada “Devolución de Aranceles Judiciales y Derechos de Tramitación en el Poder Judicial” o la que se encuentre vigente.
Quinta.- El Desistimiento del Acto Procesal, no está afecto al pago de Arancel Judicial, siempre que no implique la conclusión del proceso.
Sexta.- En el caso que la adjudicación de un bien inmueble se realice en moneda extranjera, sólo para los efectos del cálculo del valor del Arancel Judicial, deberá ser expresado en soles, al tipo de cambio del valor de venta del día de la adjudicación, señalado por la Superintendencia de Banca y Seguros y que es publicado en el Diario Oficial “El Peruano”; debiendo pagarse el correspondiente Arancel Judicial previo al otorgamiento del respectivo Parte Judicial.
Séptima.- Cuando exista la figura de acumulación subjetiva, esto es, que en un proceso concurran varias personas como demandantes o demandados, cada titular de la acción pagará el Arancel respectivo, salvo las sociedades conyugales que conformen una misma parte y lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 76 del Código Procesal Civil.
Octava.- En los casos de Apelación de Auto sin efecto suspensivo, el apelante está exonerado sólo del pago por concepto de Copias Certificadas de aquellas que determine el Juez para la formación del cuaderno a ser elevado al Superior Jerárquico, manteniéndose la obligación de pago respecto de la adición de actuados judiciales requerida por el apelante.
Novena.- En los procesos de alimentos, cuando la pretensión del demandante exceda las veinte (20) URP se sujetarán a los pagos dispuestos en la presente Resolución, reducidos en un cincuenta (50%) por ciento.
Décima.- En los asuntos de familia e interés de menores, cuando se solicite la ejecución anticipada de la futura decisión final, están exonerados del pago del Arancel Judicial por el concepto de medida cautelar.
Décima Primera.- En los procesos laborales y previsionales, los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos, cuyo petitorio exceda del mínimo señalado en el literal i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (70 URP), se sujetarán al pago dispuesto en la presente Resolución, reducidos en cincuenta por ciento (50%).
Décima Segunda.- Se encuentran exonerados del pago de Aranceles Judiciales, los demandantes en los Procesos Previsionales y en los Procesos de Garantías Constitucionales (Amparo, Hábeas Corpus, Hábeas Data, Acción Popular y Acción de Cumplimiento). No obstante, esta exoneración no aplica para los procesos de amparo contra resolución judicial, laudo arbitral o proceso parlamentario interpuesto por personas jurídicas con fines de lucro, ello de conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31307- Nuevo Código Procesal Constitucional, modificada por la Ley N° 31583.
Décimo Tercera.- Las empresas del sistema financiero en proceso de disolución o liquidación se encuentran exonerados del pago de aranceles judiciales, ello en virtud a lo dispuesto en el artículo 114° de la Ley N° 26702: “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”.
Décimo Cuarta.- No se encuentran exonerados del pago de aranceles judiciales, las empresas del Estado dentro del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE; así como las empresas regionales o municipales, con excepción de ESSALUD.
Décimo Quinta.- Para la expedición de copias simples y/o certificadas de los expedientes judiciales en trámite, se deberá pagar el arancel judicial que se encuentra establecido en el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales del presente año.
Décimo Sexta.- Las resoluciones o autos que se encuentran escaneadas en la sección de Consultas de Expedientes Judiciales (CEJ) del portal web del Poder Judicial, son de libre acceso al público en general y como tal, pueden ser descargadas gratuitamente.
Décimo Séptima.- De conformidad con la Resolución Administrativa N° 093-2018-CE-PJ de fecha 14 de marzo de 2018, se encuentra permitido tomar notas de la información contenida en los expedientes judiciales, a través de mecanismos de digitalización o el uso de teléfonos celulares.
Décimo Octava.- En los procesos judiciales referidos a Impugnación de Acuerdos Societarios, el monto del arancel judicial a pagar por todos los conceptos se calculará en función del capital social inscrito en los Registros Públicos.
Décimo Novena.- En los procesos judiciales referidos a Otorgamiento de Escritura, el monto del arancel judicial a pagar se calculará en función al valor de la compra venta pactada entre las partes.
Vigésima.- De acuerdo a lo establecido por el Artículo 12° del Código Procesal Civil, el monto del Arancel Judicial a pagar por los diversos conceptos en los casos de procesos de Prescripción Adquisitiva de Dominio, se calculará en función al valor del inmueble vigente a la fecha de interposición de la demanda, el cual corresponderá al año de su presentación.
Sin embargo, el Juez determinará la cuantía de lo que aparece en la demanda y su eventual anexo. Si éstos no ofrecen elementos para su estimación, no se aplicará el criterio de la cuantía y será competente el Juez Civil.
Vigésimo Primera.- En los procesos de Nulidad de Acto Jurídico e Ineficacia, el monto del Arancel Judicial a pagar por los diversos conceptos se calculará en función al petitorio (objeto) materia de nulidad en cuanto sea cuantificable. Esas mismas reglas son aplicables a las medidas cautelares y anotaciones de demanda.
Vigésimo Segunda.- En los procesos contenciosos administrativos, distintos a los previsionales, en los que se busque como fin alcanzar un beneficio económico (Pago de Devengados, Bonos, Intereses, Decretos de Urgencia, entre otros), las personas naturales y jurídicas (este último, distintas a las señaladas en el inciso g) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial2, deberán cumplir con lo preceptuado por la norma, vale decir, expresar en forma clara la cuantía, máxime si lo que desea obtener mediante sentencia es cuantificable y liquidable en ejecución de sentencia, correspondiéndoles pagar el arancel judicial de acuerdo al petitorio de la demanda.
Vigésimo Tercera.- En las solicitudes de conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo, la parte solicitante deberá pagar el arancel judicial conforme a lo establecido en las formas especiales de conclusión del proceso.
Vigésimo Cuarta.- En los procesos laborales y previsionales, al admitirse como medios probatorios la actuación, verificación, exhibición, recopilación de información y otros que requieran que el Especialista Legal, Revisor de Planillas o Perito adscrito al Despacho, realicen tal labor fuera del local del juzgado, el oferente del medio probatorio deberá pagar el Arancel Judicial por diligencia a realizarse fuera del local del juzgado. En caso que el oferente sea el demandante, se tendrá presente lo dispuesto en la Vigésima Primera Disposición de la presente resolución.
Vigésimo Quinta.- En caso de interponerse Recurso de Oposición contra una medida cautelar, se abonará el arancel judicial por recurso de apelación de autos, de acuerdo al monto de la medida cautelar que se pretende desafectar.
Vigésimo Sexta.- En los procesos donde el solicitante interponga recursos de Oposición y/o Tacha a la Actuación de Medios Probatorios, deberá pagar el Arancel Judicial por recurso de apelación de autos según la cuantía del petitorio.
Vigésimo Séptima.- En los procesos donde se solicite la desafectación de bienes o se interponga Proceso de Tercería, se deberá pagar el concepto de ofrecimiento de pruebas según monto de la medida cautelar que se pretende desafectar.
Vigésimo Octava.- En el supuesto de solicitud de remate judicial, el pago del arancel judicial correspondiente se efectuará única y exclusivamente en la primera oportunidad de dicha solicitud.
Vigésimo Novena.- En caso una solicitud de medida cautelar fuese denegada (inadmisible, improcedente, rechazada o infundada), a solicitud de parte, se devolverá el monto del 50% del arancel judicial, siempre y cuando el solicitante no interponga recurso de apelación; deduciéndose previamente los gastos y comisiones que hubiera efectuado el Banco de la Nación.
Trigésima.- En caso de interponerse más de una excepción, se abonará un arancel por cada una de ellas.
Trigésimo Primera.-Las diligencias judiciales se seguirán comisionando mediante exhorto en todos los Distritos Judiciales, tal como viene ocurriendo hasta la fecha, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de fecha 7 de enero de 2004; quedando prohibida la realización de notificaciones vía exhortos dentro del Distrito Judicial en las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Callao, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Puente Piedra-Ventanilla, manteniéndose en el resto de las Cortes Superiores de Justicia de la República.
Trigésima Segunda.- La Autorización Judicial de Viaje de Menor es un proceso no contencioso; en tal sentido, el pago del arancel judicial que corresponda se sujetará a los procesos no contenciosos en lo que sea aplicable.
Trigésima Tercera.- Los aranceles judiciales se pagan en las agencias y/o agentes del Banco de la Nación u otras entidades y/o plataformas financieras autorizadas; asimismo, deberá indicar el Distrito Judicial donde se tramita el proceso judicial y número de expediente, asumiendo el usuario la responsabilidad por la presentación de aranceles judiciales falsificados, cuyo procedimiento se sujeta a lo dispuesto en las normas pertinentes.
Trigésima Cuarta.- Se mantiene vigente el beneficio de exoneración del pago de Aranceles Judiciales para las personas naturales que se encuentren en zonas geográficas de extrema pobreza, comprendidas en las Resoluciones Administrativas aprobadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Trigésima Quinta.- El plazo de vigencia del arancel judicial es de un año calendario, periodo que es computado a partir de la fecha en que el justiciable, titular de dicho comprobante de pago, adquiere el mismo en el Banco de la Nación o entidades financieras designadas por convenio, a través de sus agencias, agentes y/o plataformas financieras autorizadas.
Trigésima Sexta.- El Arancel Judicial se presentará adjunto a su escrito o solicitud ante el órgano jurisdiccional correspondiente, a través de la mesa de partes, centro de distribución general o mesa de partes electrónica.
Trigésima Séptima.- Otorgar el beneficio de exoneración del pago de Aranceles Judiciales para el correcto funcionamiento de la transición al sistema de apoyos y salvaguardias en observancia obligatoria del modelo social de la discapacidad.
Trigésima Octava.- Conforme a la Ley N° 28457- Ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, modificada por la Ley N° 30628, la parte demandante se encuentra exonerada del pago de tasas judiciales en el proceso de filiación extramatrimonial.
Trigésima Novena.- La Administración de Justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos, y para todos los casos expresamente previstos por ley, ello de conformidad con el artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, de acuerdo a los incisos “f” “g” y “h” del citado artículo, se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales, el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, las diversas entidades que conforman los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos, las instituciones públicas descentralizadas y los Gobiernos Regionales y Locales, así como los que gocen de inafectación por mandato expreso de la ley.
Cuadragésima.- Salvo las exoneraciones previstas en la Ley, de conformidad con el artículo 240° del Código Procesal Civil, cuando la parte interesada ofrezca como medio de prueba copias certificadas de un expediente en trámite a pedido de parte, el Juez deberá previamente conceder un plazo a la parte solicitante para que adjunte el arancel judicial por copias certificadas de dicho expediente.
Cuadragésima Primera.- En el caso de habilitación de notificaciones por el juzgado (días y horas), conforme a lo dispuesto por el Artículo 142 del TUO. del Código Procesal Civil, deberá abonarse un arancel por cada resolución judicial que deba notificarse con arreglo a lo estipulado por el Artículo 459 del referido Código (declaración de rebeldía, saneamiento del proceso, citación para audiencia, sentencia y los requerimientos para su cumplimiento), y otras que disponga el juzgado, de oficio o a petición de parte.
Cuadragésima Segunda.- Los actos procesales que corresponden al laudo arbitral con competencia en el fuero judicial, conforme a lo establecido por Decreto Legislativo N° 1071, se han distinguido con arreglo a las siguientes modalidades: recurso de anulación de laudo arbitral, contestación de recurso de anulación de laudo, solicitud de ejecución judicial de laudo, solicitud de medida cautelar en ejecución de laudo, en todas sus modalidades, solicitud de oposición y/o suspensión contra medida cautelar, interposición de recurso de casación de laudo arbitral.
Cuadragésima Tercera.- El presente Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales se complementa con la Directiva de Gestión de Aranceles Judiciales y Derechos por Notificación Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N° 000352-2024-CE-PJ, o la normativa que se encuentre vigente.
Cuadragésima Cuarta.- El libramiento del exhorto se halla supeditado a la competencia territorial y a la jerarquía por razón del grado, según la organización judicial; debiendo tener presente que un juez tiene competencia dentro de un determinado territorio, cuando la actuación judicial sobre pasa los límites del territorio del Juez del proceso, éste encargará su cumplimiento al que corresponda, mediante exhorto.
En tal contexto, y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 112° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces encomiendan a otro igual o de inferior jerarquía, que resida en distinto lugar, las diligencias que no puedan practicar personalmente. Las Comisiones se confieren por medio de exhorto. En ningún caso puede librarse exhorto a Juez que radica en la misma localidad.
Asimismo, el Artículo 151° del Código Procesal Civil dispone que cuando una actuación judicial deba practicarse fuera de la competencia territorial del Juez del proceso, éste encargará su cumplimiento al que corresponda mediante exhorto. El exhorto contiene el escrito en que se solicita, la resolución que lo ordena, las piezas necesarias para la actuación judicial y el oficio respectivo.
Cuadragésima Quinta.- Para la solicitud de copia de grabación de las audiencias presenciales y virtuales, se deberá abonar el pago del arancel judicial establecido en el presente Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales. Dicho arancel se aplica sin perjuicio de las exoneraciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Directiva de Gestión de Aranceles Judiciales y Derechos por Notificación Judicial.
Cuadragésima Sexta.- El recurso de reposición contra decretos, estipulado en el artículo 362 del TUO. del Código Procesal Civil, es un medio impugnatorio que tiene por objeto que el propio juez que expidió dicha resolución, anule o revoque total o parcialmente el acto procesal presuntamente afectado por vicio o error, por consiguiente, corresponde abonar por interposición del recurso de reposición el arancel fijado para la apelación de auto, con arreglo a la cuantía del proceso.
1 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de diciembre de 2025.
2 TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Artículo 24.- La Administración de Justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos, y para todos los casos expresamente previstos por ley. Se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales:
(…) g) Las diversas entidades que conforman los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos, las instituciones públicas descentralizadas y los Gobiernos Regionales y Locales.”
2472911-1
2472988-1
Disponen implementar el segundo tramo del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, en la Sala Mixta y en el 1° y 2° Juzgado Civil de Andahuaylas, y dictan otras disposiciones
consejo ejecutivo
RESOLUCIóN ADMINISTRATIVA
N° 000482-2025-CE-PJ
Lima, 30 de diciembre del 2025
VISTOS:
El Oficio N° 000202-2025-P-ETIIOC-CE-PJ e Informe N° 000144-2025-ST-ETIIOC-CE-PJ, cursado por el señor Ramiro Antonio Bustamante Zegarra, Consejero Responsable del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, por Resolución Administrativa N° 229-2019-CE-PJ, de fecha 29 de mayo de 2019, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la conformación de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, a fin de centralizar y coordinar todas las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema oral en materia civil, a nivel nacional.
Segundo. Mediante Resolución Administrativa N° 374-2019-CE-PJ de fecha 4 de setiembre de 2019, se creó del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, el cual se encarga de velar por el correcto funcionamiento de cada componente, antes, durante y después de la implementación del Modelo de la Oralidad Civil en las diferentes Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional que lo hayan desplegado.
Tercero. A través de la Resolución Administrativa N° 000212-2021-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial implementó a partir del 23 de julio de 2021, a la Corte Superior de Justicia de Apurímac, bajo el modelo del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, el cual está conformado por la Sala Civil de Abancay, el 1° Juzgado Civil de Abancay y el 2° Juzgado Civil de Abancay.
Cuarto. Asimismo, mediante Resolución Administrativa N° 010-2025-CE-PJ de fecha 13 de enero de 2025, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el Protocolo “Implementación del Modelo de Oralidad Civil en las Cortes Superiores de Justicia” - Versión 001, documento normativo de observancia por parte de las Cortes Superiores de Justicia que propongan implementar el modelo de reforma procesal en el área civil.
Quinto. Por Resolución Administrativa N° 000482-2023-CE-PJ de fecha 24 de noviembre de 2023, se aprobó la actualización del Protocolo denominado “Reglamento de Funcionamiento del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral - Versión 001”; así como la Resolución Administrativa N° 000426-2025-CE-PJ de fecha 28 de noviembre de 2025, que aprobó la actualización del “Protocolo de Actuación en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral - Versión 002”.
Sexto. Que, está dentro de las funciones del Equipo Técnico Distrital garantizar las labores de supervisión, evaluación y monitoreo, directamente a la Corte Superior de Justicia de Apurímac, respecto a la implementación de la Oralidad Civil.
Séptimo. A través del Oficio N° 000941-2025-P-CSJAP de fecha 01 de diciembre de 2025, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, remite el Plan de implementación del segundo tramo de la oralidad civil en la sede de Andahuaylas, para su estudio y revisión. Dicho Plan establece en la identificación de los órganos jurisdiccionales para la entrada en vigencia del modelo oral a las siguientes dependencias:
|
DISTRITO JUDICIAL
|
PROVINCIA
|
DISTRITO
|
COD. SIGA
|
DEPENDENCIA
|
|
APURÍMAC
|
ANDAHUAYLAS
|
ANDAHUAYLAS
|
062
|
Sala Mixta
|
|
063
|
1° Juzgado Civil de Andahuaylas
|
|
7083
|
2° Juzgado Civil de Andahuaylas
|
Octavo. Estando a la información estadística presentada y sustentada por la Corte Superior de Justicia de Apurímac mediante reportes emitidos por los sistemas informáticos respectivos, de donde se advierte que los órganos jurisdiccionales propuestos ingresarán al modelo oral con su carga pendiente, según la propuesta elevada.
Noveno. En ese contexto, el señor Consejero Responsable de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial y del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, eleva a este Órgano de Gobierno el Informe N° 000144-2025-ST-ETIIOC-CE-PJ, elaborado por la Secretaría Técnica del citado equipo, el cual concluye que según el análisis realizado al Plan de Implementación presentado por la Corte Superior de Justicia de Apurímac, resulta viable la incorporación de la Sala Mixta de Andahuaylas y de los juzgados especializados civiles de Andahuaylas, como segundo tramo del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, toda vez que ha dado cumplimiento a los alcances del Protocolo de Implementación de la Oralidad Civil en las Cortes Superiores de Justicia.
Décimo. Que, el artículo 82, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias, para que las dependencias de este Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 1769-2025 de la sexagésima primera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 29 de diciembre de 2025, realizada con la participación de las señoras Tello Gilardi y Barrios Alvarado, y los señores Bustamante Zegarra, Cáceres Valencia, Zavaleta Grández; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Implementar, a partir del 16 de enero de 2026, el segundo tramo del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, en los siguientes órganos jurisdiccionales del distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas y departamento de Apurímac, sede Andahuaylas:
• Sala Mixta de Andahuaylas
• 1° Juzgado Civil de Andahuaylas
• 2° Juzgado Civil de Andahuaylas
Artículo Segundo.- Disponer que los señores magistrados y el personal contratado bajo los alcances de los Decretos Legislativos N° 728 y N° 1057 de los órganos jurisdiccionales señalados en el artículo primero, integren el segundo tramo del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, sede Andahuaylas.
Artículo Tercero.- Disponer que la Corte Superior de Justicia de Apurímac, elabore el informe de reordenamiento y actualización del Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P), que incluya a los órganos que conforman el segundo tramo del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, para revisión y validación por la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial y el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil.
Artículo Cuarto.- Disponer la aplicación de las normas contenidas en las Resoluciones Administrativas N° 482-2023-CE-PJ de fecha 24 de noviembre de 2023 y N° 000426-2025-CE-PJ de fecha 28 de noviembre de 2025; en los extremos que resulten pertinentes de aplicar por la Sala Mixta de Andahuaylas de los juzgados especializados civiles de Andahuaylas, como órganos jurisdiccionales integrantes del tercer tramo del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Apurímac.
Artículo Quinto.- Disponer que el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, informe al Consejo Ejecutivo sobre la ejecución del Plan de implementación del segundo tramo de la oralidad civil en la Corte Superior de Justicia de Apurímac, sede Andahuaylas.
Artículo Sexto.- Notificar la presente resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial,
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, Corte Superior de Justicia de Apurímac, Oficina de Productividad Judicial y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JANET TELLO GILARDI
Presidenta
Consejo Ejecutivo
2472988-1
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CONTRALORÍA GENERAL
2472257-1
Designan Jefe del Órgano de Control Institucional del Poder Judicial y dictan otras disposiciones
Resolución de Contraloría
N° 548-2025-CG
Lima, 29 de diciembre de 2025
VISTOS:
La Hoja Informativa N° 000265-2025-CG/VCG, de la Vicecontraloría de Control Gubernamental; el Memorando N° 000535-2025-CG/GPOIN, de la Gerencia de Control Político, Institucional y Económico; las Hojas Informativas N° 000068-2025-CG/JUSPE y N° 000070-2025-CG/JUSPE, de la Subgerencia de Control del Sector Justicia, Político y Electoral; el Memorando N° 001427-2025-CG/GCH, de la Gerencia de Capital Humano; el Memorando N° 002145-2025-CG/POLDEH, de la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano; la Hoja Informativa N° 000778-2025-CG/PER, de la Subgerencia de Personal y Compensaciones; la Hoja Informativa N° 000984-2025-CG/AJ, de la Subgerencia de Asesoría Jurídica; y, el Memorando N° 001313-2025-CG/GJNC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental de la Contraloría General de la República;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias, el Jefe del Órgano de Control Institucional mantiene una vinculación de dependencia funcional y administrativa con la Contraloría General de la República, en su condición de ente técnico rector del Sistema, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones;
Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785 dispone que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el principio de carácter técnico y especializado del control, designa a los Jefes de los Órganos de Control Institucional de las entidades sujetas a control; asimismo, establece que las entidades sujetas a control proporcionarán los medios necesarios para el ejercicio de la función de control en dichas entidades, de acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte la Contraloría General de la República;
Que, el numeral 7.1.3 de la Directiva Nº 020-2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 392-2020-CG, y sus modificatorias, en adelante la Directiva de los OCI, establece que la designación en el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional es una competencia exclusiva y excluyente de la Contraloría General de la República la cual se efectúa mediante Resolución de Contraloría publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el numeral 7.1.3.1 de la citada Directiva establece que el Jefe del Órgano de Control Institucional designado por la Contraloría General de la República ejercerá sus funciones en una entidad por un periodo de tres (3) años; y que, por convenir a las necesidades del servicio y al interés institucional, podrá permanecer en el cargo por un periodo menor a los tres (3) años o, de ser el caso, prorrogar el periodo de designación hasta por un máximo de cinco (5) años en total;
Que, de otro lado, el numeral 7.1.3.2 de la Directiva de los OCI establece que la designación de los Jefes de Órgano de Control Institucional termina por la ocurrencia de alguno de los hechos siguientes: a) situación sobreviniente que no le permita continuar en el ejercicio del cargo, conforme a lo dispuesto en el numeral 7.3.2 de dicha Directiva; b) renuncia del Jefe del Órgano de Control Institucional; c) culminación del período de designación, incluso al haberse emitido prórroga; d) razones de necesidad del servicio o interés institucional de la Contraloría; e) separación definitiva; f) cese por límite de edad; y, g) muerte; para lo cual se debe emitir la Resolución de Contraloría dando por terminada la designación;
Que, de acuerdo con la actual normativa y conforme al modelo de control descentralizado orientado a resultados, la supervisión de la gestión en el uso de los recursos públicos debe asegurar una rendición de cuentas y el buen gobierno de las Entidades Públicas, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como las disposiciones para la correcta y transparente gestión de sus recursos y bienes, mediante la ejecución de servicios de control gubernamental y servicios relacionados, para el cumplimiento de sus fines y metas institucionales;
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 642-2024-CG, de 25 de octubre de 2024, se designó a la señora Kattia Dalinda Tirado Arias en el cargo de Jefa del Órgano de Control Institucional del Poder Judicial;
Que, a través de la Resolución de Secretaría General
N° 000043-2025-CG/SGE, se aprobó el Manual de Clasificador de Cargos de la Contraloría General de la República, documento en el que se describen los cargos estructurales de la entidad, estableciendo su denominación, clasificación, funciones y requisitos mínimos para el ejercicio de las funciones y cumplimiento de objetivos de la entidad;
Que, la Vicecontraloría de Control Gubernamental mediante la Hoja Informativa N° 000265-2025-CG/VCG, en atención a sus funciones establecidas en el literal e) del artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 274-2025-CG, y sus modificatorias, señala su conformidad a la propuesta presentada por la Subgerencia de Control del Sector Justicia, Político y Electoral, para dar por terminada la designación en el cargo de Jefa del Órgano de Control Institucional del Poder Judicial, de conformidad con el literal d) del numeral 7.1.3.2 de la Directiva de los OCI, lo cual se justifica en la reconfiguración de las jefaturas de algunos Órganos de Control Institucional, que implica concluir los existentes, a fin de racionalizar los recursos humanos, optimizando los servicios y con ello fortaleciendo el Sistema Nacional de Control y a los Órganos de Control Institucional bajo su ámbito de control, mejorando y asegurando el ejercicio pertinente, efectivo y eficiente del control gubernamental; así como para designar en el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional de la referida entidad bajo su ámbito de control;
Que, la Gerencia de Capital Humano, así como la Subgerencia de Personal y Compensaciones, y la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano, a través de los documentos de vistos y sus antecedentes, han efectuado la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del profesional propuesto por la Vicecontraloría de Control Gubernamental para ser designado en el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional del Poder Judicial, con base en el referido Manual de Clasificador de Cargos de esta Entidad Fiscalizadora Superior, la Directiva de los OCI, y demás disposiciones aplicables para dicho proceso;
Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, y estando a lo señalado por la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental mediante el Memorando N° 001313-2025-CG/GJNC, sustentado en los argumentos expuestos en la Hoja Informativa N° 000984-2025-CG/AJ, de la Subgerencia de Asesoría Jurídica, se considera jurídicamente viable la emisión de la Resolución de Contraloría que da término a la designación y designa en el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional del Poder Judicial, entidad bajo el ámbito de la Subgerencia de Control del Sector Justicia, Político y Electoral de la Gerencia de Control Político, Institucional y Económico, de conformidad con la propuesta elevada por la Vicecontraloría de Control Gubernamental, disponiendo las acciones de personal necesarias;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias; y, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 020-2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 392-2020-CG, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por terminada la designación de la señora Kattia Dalinda Tirado Arias en el cargo de Jefa del Órgano de Control Institucional del Poder Judicial.
Artículo 2.- Designar al señor Dennis Mike Salazar Arias en el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional del Poder Judicial.
Artículo 3.- Las acciones de personal dispuestas en los artículos 1 y 2 precedentes, tendrán efectividad a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, sin perjuicio del procedimiento de entrega y recepción de cargo correspondiente.
Artículo 4.- Disponer que el personal de la Contraloría General de la República, a mérito de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente resolución, deberá presentarse al órgano o unidad orgánica que corresponda.
Artículo 5.- Disponer que el Poder Judicial proporcione los medios necesarios para el ejercicio de la función de control, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 6.- Disponer que la Gerencia de Capital Humano, la Gerencia de Administración y la Gerencia de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital de la Contraloría General de la República, adopten las acciones que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en la presente resolución.
Artículo 7.- Publicar la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano (https://www.gob.pe/contraloria), y en la Intranet de la Contraloría General de la República.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR ENRIQUE AGUILAR SURICHAQUI
Contralor General de la República
2472257-1
DEFENSORIA DEL PUEBLO
2472906-1
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Aprueban Transferencia Financiera a favor de la Contraloría General de la República
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
N° 0037-2025-DP
Lima, 29 de diciembre de 2025
VISTO:
La Hoja de Elevación Nº 0021-2025-DP/OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Memorando N° 0829-2025-DP/OGAF de la Oficina General de Administración y Finanzas, que adjunta el Oficio N° 000781-2025-CG/GAD emitido por la Contraloría General de la República, y el Informe N° 0754-2025-DP/OGAJ emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el segundo y tercer párrafo del artículo 20° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias, señalan respectivamente que las entidades del Gobierno Nacional quedan autorizadas para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las sociedades de auditoría, y se aprueban mediante resolución del Titular del Pliego en el caso del Gobierno Nacional, requiriéndose informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto, debiéndose publicar la referida resolución en el Diario Oficial El Peruano;
Que, a través de la Resolución de Contraloría N° 237-2021-CG, la Contraloría General de la República aprueba el Tarifario que establece el monto de la retribución económica, incluido el impuesto general a las ventas y el derecho de designación y supervisión de las sociedades de auditoría, que las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, entre otros, deben transferir a la Contraloría General de la República para la contratación y pago a las sociedades de auditoría que, previo concurso público de méritos, sean designadas para realizar labores de control posterior externo;
Que, mediante el Artículo Primero de la Resolución Defensorial N° 0009-2025/DP de fecha 26 de junio 2025, se resolvió aprobar la Transferencia Financiera, con cargo al Presupuesto Institucional 2025 del Pliego 020: Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 001: Defensoría del Pueblo, por la suma de S/ 58,528.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES) en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, a favor del Pliego 019: Contraloría General de la República, Unidad Ejecutora 001: Contraloría General de la República, equivalente al 50% de la retribución económica (incluye IGV), correspondiente al periodo 2025, destinada a efectuar la auditoría financiera gubernamental a cargo de una Sociedad de Auditoría;
Que, con Oficio Nº 000781-2025-CG/GAD, de fecha de suscripción 24 de octubre de 2025, la Contraloría General de la República reitera el requerimiento de transferencia de retribución económica, conforme a los establecido en el numeral 7.2.1.3 de la Directiva N° 006-2025-CG/GRECE aprobado con R.C. N° 314-2025-CG, a fin de incluir a la Defensoría del Pueblo en la próxima convocatoria para el concurso público de méritos (CPM) para la Auditoría Financiera Gubernamental de los periodos 2025 – 2026;
Que, mediante Memorando N° 0829-2025-DP/OGAF, de fecha de suscripción 31 de octubre de 2025, la Oficina General de Administración y Finanzas solicita a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, lo siguiente: “(…) en cumplimiento a la normativa vigente se solicita a su despacho, con carácter urgente, gestionar y elaborar el informe a fin de realizar la transferencia financiera por el monto de S/58,528.00 (cincuenta y ocho mil quinientos veintiocho y 00/100 soles) con cargo a la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos del presente año y la Previsión Presupuestal con cargo al presupuesto 2026 por S/ 117,056.00 a favor de la Contraloría General de la República.”;
Que, con Memorando Nº 0493-2025-DP/OGPP, de fecha de suscripción 03 de noviembre de 2025, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto comunica a la Oficina General de Administración y Finanzas lo siguiente: “(…) la Contraloría General de la República solicita realizar la transferencia por la suma de S/ 58,528.00; correspondiente al 50%, para completar el saldo correspondiente al 100% de la retribución económica por la auditoría financiera del ejercicio 2025. (…) En ese sentido, luego de la evaluación realizada al presupuesto institucional a la fecha no se cuenta con recursos disponibles para atender lo solicitado, sin embargo estamos a la espera de la realización de rebaja en las certificaciones no ejecutadas, para que en el transcurso del presente mes, podamos contar con la disponibilidad presupuestal respectiva y efectuar la transferencia correspondiente.”;
Que, a través de la Hoja de Elevación Nº 0021-2025-DP/OGPP, de fecha de suscripción 13 de junio de 2025, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala que: “(…) 2.4 A la fecha, efectuadas rebajas en las certificaciones de actividades no ejecutadas, se dispone de los recursos presupuestales necesarios para cumplir con dicha obligación, por lo que es factible autorizar la transferencia solicitada por la suma de S/ 58,528.00 (Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Veintiocho y 00/100 soles). (…). 3.1 Por lo antes expuesto es factible otorgar la conformidad a la transferencia de recursos en el presente año, según el siguiente detalle:
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Operación
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Concepto
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Transferencia por año 2025 (S/)
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Transferencia Financiera
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50% Retribución Económica (Incluye IGV)
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58,528.00
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TOTAL
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58,528.00
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(…) 3.3 Disponer que la Oficina General de Asesoría Jurídica elabore el respectivo proyecto de Resolución de transferencia financiera a favor del Pliego 019: Contraloría General.”;
Que, con el Informe N° 0754-2025-DP/OGAJ, de fecha de suscripción 11 de diciembre de 2025, en atención al proveído de la Secretaría General recaído en la Hoja de Elevación Nº 0021-2025-DP/OGPP, emitido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que: “(…) resulta procedente que el Titular de la Entidad emita el acto resolutivo que apruebe la transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República, con cargo al presente año fiscal, por la suma de S/ 58,528.00 Soles, equivalente al 50% de la retribución económica (incluye IGV) correspondiente al periodo 2025 y 2026, destinada a efectuar la auditoría financiera gubernamental, a cargo de una Sociedad de Auditoría.”;
Con los visados de la Secretaría General, de la Oficina General de Administración y Finanzas, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 5° y el numeral 8 del artículo 9° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y sus modificatorias, y de conformidad con lo previsto en los literales d) y r) del artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 006-2025/DP;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR la Transferencia Financiera, con cargo al Presupuesto Institucional 2025 del Pliego 020: Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 001: Defensoría del Pueblo, por la suma de S/ 58,528.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES) en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, a favor del Pliego 019: Contraloría General de la República, Unidad Ejecutora 001: Contraloría General de la República, equivalente al 50% de la retribución económica (incluye IGV), correspondiente al periodo 2025, destinada a efectuar la auditoría financiera gubernamental a cargo de una Sociedad de Auditoría, con cargo al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal 2025, del Pliego 020: Defensoría del Pueblo, Categoría Presupuestal 9001: Acciones Centrales, Actividad 5000003: Gestión Administrativa, Genérica de Gasto 2.4: Donaciones y Transferencias, Sub-gen érica de Gasto: 2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes, Específica del Gasto 2.4.13.11 A Otras Unidades de Gobierno Nacional, Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.
Artículo Segundo.- Los recursos autorizados en la presente Resolución no pueden ser destinados, a fines distintos para los cuales son transferidos, bajo responsabilidad.
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Josué Manuel Gutiérrez Cóndor
Defensor del Pueblo
2472906-1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
2470313-1
Autorizan transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República, para financiar la contratación de sociedad de auditoría externa correspondiente al Año Fiscal 2025
Universidad Nacional
Intercultural de Quillabamba
PRESIDENCIA
Resolución Nº 158-2025-UNIQ-CO-P
Quillabamba, 17 de diciembre de 2025
VISTOS: El Oficio Nº 001106-2025-CG/GAD de fecha 03 de diciembre, el Oficio Nº 001105-2025-CG/GAD de fecha 03 de diciembre de 2025, el Oficio Nº 001108-2025-CG/GAD de fecha, el Informe Nº 2034-2025/UNIQ-CO-OPP-UP del Jefe de la Unidad de Presupuesto de fecha 03 de diciembre de 2025, el Memorando Nº 871-2025/UNIQ-CO-DGA del la Directora de Administración de fecha 05 de diciembre de 2025, el Informe Nº 2111-2025/UNIQ-CO-OPP-UP del Jefe de la Unidad de Presupuesto de fecha 10 de diciembre de 2025, el Informe Nº 330-2025/UNIQ-CO-DGA de la Directora General de Administración de fecha 15 de diciembre de 2025, el Proveído Nº 3521 de la Presidencia de Comisión Organizadora, de fecha 15 de diciembre de 2025; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 8 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220 y sus modificatorias, precisa que el Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable;
Que, el literal f) y el último párrafo del numeral 6.1.5 del Documento Normativo denominado “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en proceso de Constitución”, aprobado mediante la Resolución Viceministerial Nº 244-2021-MINEDU y sus modificatorias, establece que son funciones del presidente, el dirigir la actividad académica y de investigación de la universidad y la gestión administrativa, económica y financiera, asimismo el presidente de la Comisión Organizadora ejerce la titularidad del pliego presupuestal;
Que, el artículo 20º de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificado por la Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, dispone que las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales quedan autorizados para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las Sociedades de Auditoría, previa solicitud de la Contraloría General de la República, bajo exclusiva responsabilidad del Titular del Pliego así como del Jefe de la Oficina de Administración y del Jefe de la Oficina de Presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego. Las transferencias financieras se aprueban mediante resolución del Titular del Pliego en el caso del Gobierno Nacional, o por acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal en el caso de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, respectivamente, requiriéndose en todos los casos el informe previo favorable de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La resolución del Titular del Pliego y el acuerdo de Consejo Regional se publican el Diario Oficial El Peruano y el acuerdo del Concejo Municipal se publica en su página web;
Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 237-2021 de fecha 04.11.2021, se aprobó el Tarifario que establece el monto de la retribución económica, así como, el impuesto general a las ventas y el derecho de designación y supervisión de las Sociedades de Auditoría por el periodo a auditar, que las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, empresas prestadoras de servicios de saneamiento, universidades, empresas en liquidación bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), proyectos/programas y otras entidades sujetas al Sistema Nacional de Control distintas a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, deben transferir a la Controlaría General de la Republica para la contratación y pago a las Sociedades de Auditoria que, previo concurso público de méritos, sean designadas para realizar labores de control posterior externo;
Que, el numeral 7.2 de la Directiva Nº 006-2025-CG/GRECE “Gestión de Sociedades de Auditoria para la ejecución de Auditorias Financieras Gubernamentales”, aprobada con Resolución de Contraloría Nº 134-2025-CG, establece que el proceso de designación de las Sociedades de Auditoria (SOA) para efectuar Auditoria Financiera Gubernamental (AFG) a las Entidades, comprende: a) Actos previos, b) Concurso Público de Méritos (CPM) o Concurso de Méritos por invitación (CMI) y c) Designación de la Sociedad de Auditoria (SOA);
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, autoriza la incorporación de los órganos de control institucional de las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales a la Contraloría General de la República, de manera progresiva y sujeto al plan de implementación aprobado para tal efecto por la Contraloría General de la República; asimismo, el tercer párrafo de la precitada Disposición Complementaria Final dispone que, para efectos del financiamiento, las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, están autorizados a realizar transferencias financieras hasta por el monto equivalente al total del gasto devengado al 31 de diciembre del año anterior a la efectiva incorporación, correspondiente a la Actividad 5000006 “Acciones de Control y Auditoría”, así como los gastos en personal y otros ejecutados para el funcionamiento de los órganos de control institucional, por toda fuente de financiamiento, con cargo al presupuesto institucional de apertura del año fiscal correspondiente a la efectiva incorporación; y conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo de la precitada norma legal, las transferencias financieras autorizadas se realizan, en el caso de las entidades del Gobierno, mediante resolución del titular del pliego, previa solicitud de la Contraloría General de la República, bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego, así como del jefe de la oficina de administración y del jefe de la oficina de presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego;
Que, mediante los Oficios Nº 0001106, 0001105 y 0001108-2025-CG/GAD, del 10 de noviembre de 2025, la Contraloría General de la República hace de conocimiento a la Presidenta de la Comisión Organizadora de la UNIQ que con la Resolución de Contraloría Nº 237-2021-CG, se aprobó el Tarifario que estableció el monto de la retribución económica (incluido el Impuesto General a las Ventas) que su representada debe transferir a esta Entidad Fiscalizadora Superior para la contratación y pago de la sociedad de auditoría que, previo Concurso Público de Méritos (en adelante, CPM), sea designada para realizar la Auditoría Financiera Gubernamental por los periodos 2025, 2026 y 2027, se debe cumplir con lo siguiente: Transferencia de la retribución económica mediante el SIAF, seleccionando el tipo de operación TF (Transferencia Financiera Otorgada), a favor de la Unidad Ejecutora 001-196: Contraloría General de acuerdo al siguiente detalle:
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CONCEPTO
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MONTO A TRANSFERIR S/
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PLAZO PARA EFECTUAR LA TRANSFERENCIA
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100% Retribución económica (incluye IGV) del periodo 2025
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36,250.00
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Dentro de los 15 días hábiles de remitido el presente oficio.
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100% Retribución económica (incluye IGV) del periodo 2026
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36,250.00
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A mas tardar en junio de 2026 se debe efectuar la transferencia. Para ello, remita una constancia de previsión presupuestal que precise la fecha exacta de la transferencia.
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100% Retribución económica (incluye IGV) del periodo 2027
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36,250.00
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A mas tardar en junio de 2027 se debe efectuar la transferencia. Para ello, remita una constancia de previsión presupuestal que precise la fecha exacta de transferencia
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Que, mediante el Informe Nº 2034-2025/UNIQ-CO-OPP-UP, la Unidad de Presupuesto y en atención a los documentos precedentes, mediante el cual se solicita la transferencia de recursos para la realización de la auditoría financiera gubernamental correspondiente a los períodos 2025, 2026 y 2027, así como el pago por derecho de designación y supervisión, por el monto de S/ 5,529.00:
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CONCEPTO
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MONTO A TRANSFERIR S/
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PLAZO PARA EFECTUAR LA TRANSFERENCIA
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100% retribución económica (incluye IGV) del periodo 2025
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36,250.00
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Dentro de los 15 días hábiles de remitido el presente oficio
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100% retribución económica (incluye IGV) del periodo 2026
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36,250.00
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A mas tardar en junio de 2026 se debe de efectuar la transferencia. Para ello remita una constancia de previsión presupuestal que precise la fecha exacta de la transferencia
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100% retribución económica (incluye IGV) del periodo 2026
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36,250.00
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A mas tardar en junio 2027 se debe de efectuar la transferencia. Para ello remita una constancia de previsión presupuestal que precise la fecha exacta de la transferencia.
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Que, asimismo la Unidad de Presupuesto informa la disponibilidad presupuestal para financiar la transferencia requerida, cumpliendo con las disposiciones legales y administrativas vigentes en materia de ejecución presupuestal por el monto de S/36,250.00 (Treinta y seis mil doscientos cincuenta y 00/100 soles) en el siguiente detalle:
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DETALLE
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AÑO 2025
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AÑO 2026
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AÑO 2027
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Rubro
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:
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00-Recursos Ordinarios
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00-Recursos Ordinarios
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00-Recursos Ordinarios
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Clasificador De Gasto
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:
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2.4.1 3.1 1
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2.4.1 3.1 1
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2.4.1 3.1 1
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Monto
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:
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S/. 36,250.00
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S/. 36,250.00
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S/. 36,250.00
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SEC. FUNC.
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:
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0053
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Que, mediante Memorando Nº 871-2025/UNIQ-CO-DGA la Directora de Administración, solicita ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la certificación presupuestal para el año 2025, hasta por el monto de S/36,250.00 según el detalle:
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DETALLE
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AÑO 2025
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RUBRO
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RECURSOS ORDINARIOS
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CLASIFICADOR DE GASTO
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2.4 1 3.11
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MONTO
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S/.36,250.00
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SEC FUN
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0053
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Asimismo, solicita la previsión presupuestal para el año 2026 y el año 2027; según el siguiente detalle:
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DETALLE
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AÑO 2026
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AÑO 2027
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RUBRO
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RECURSOS ORDINARIOS
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RECURSOS ORDINARIOS
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CLASIFICADOR DE GASTOS
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2.4 1 3.11
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2.4 1 3.11
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MONTO
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S/.36,250.00
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S/.36,250.00
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Que, la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en atención al Memorando Nº 871-2025/UNIQ-CO-DGA, emite la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0000001732, indicando la afectación presupuestal para atender lo peticionado, por el monto total de 36,250.00 (Treinta y seis mil doscientos cincuenta y 00/100 soles); documento que en anexo forma parte de la presente Resolución;
Que, mediante el Informe Nº 330-2025/UNIQ-CO-DGA, la Directora de Administración, CPC Ana María Rodríguez de la Peña, solicita a la Presidencia de la Comisión Organizadora la emisión del acto resolutivo correspondiente para autorizar la transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República, correspondiente al Año Fiscal 2025. Asimismo, señala que dicha transferencia se realiza en atención al requerimiento de pago por concepto de retribución económica, derecho de asignación y presentación del formato con la información necesaria para la designación de una Sociedad de Auditoría que efectúe la Auditoría Financiera Gubernamental de los períodos 2025, 2026 y 2027;
Que, mediante Memorándum Nº 0747-2025/UNIQ-CO-P-MINI, de fecha 16 de diciembre de 2025, se encarga el despacho presidencial al Vicepresidente Académico, Dr. Luis Aníbal Espinoza Polo, durante los días 17, 18 y 19 de diciembre del presente año;
Que, mediante Memorándum Nº 0754-2025/UNIQ-CO-P-MINI de fecha 17 de diciembre de 2025, se encarga el despacho de la Secretaria General al Abog. Walter Joel Castillo Ulloa, Jefe de la oficina de Asesoría Jurídica de la UNIQ, por los días del 17, 18 y 19 de diciembre del año en curso;
En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Ley Nº 30220, la Resolución Viceministerial Nº 244-2021-MINEDU y sus modificatorias, la Resolución Viceministerial Nº 137-2024-MINEDU, el Estatuto Universitario, y demás normas concordantes;
SE RESUELVE:
Primero.- AUTORIZAR, la transferencia financiera con cargo al Presupuesto Institucional 2025 del Pliego 556: Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, hasta por la suma de S/ 36,250.00 (Treinta y seis mil doscientos cincuenta y 00/100 soles), en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, conforme a la certificación presupuestal Nº 0000001732 a favor del Pliego 019: Contraloría General de la República, para cubrir los gastos que deriven de la contratación de la sociedad de auditoría externa, de acuerdo con los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes.
Segundo.- DISPONER, que la transferencia financiera autorizada en el Artículo Primero de la presente Resolución se atenderá con cargo al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal del Pliego 556 Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, se afectará a la cadena presupuestal: Programa: 9001 ACCIONES CENTRALES, Producto: 3999999 SIN PRODUCTO, Actividad: 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA, FUNCIÓN: 22 EDUCACIÓN, DIV. FUNCIONAL: 006 GESTIÓN, GRUPO FUNCIONAL: 0012 CONTROL INTERNO, META: 00002, FINALIDAD: 0438575 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - AUDITORÍA FINANCIERA, Especifica de gasto 2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL.
Tercero.- DISPONER, que la transferencia financiera autorizada en la presente Resolución no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
Cuarto.- ENCARGAR, a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, realizar las acciones correspondientes para la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Quinto.- ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás unidades competentes, adopte las acciones complementarias para el cumplimiento de la presente Resolución.
Sexto.- REMITIR, copia de la presente Resolución, a la Contraloría General de la Republica.
Séptimo.- PUBLICAR, la presente Resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. www.gob.pe/uniq.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ANIBAL ESPINOZA POLO
Presidente (e) de la Comisión Organizadora
WALTER JOEL CASTILLO ULLOA
Secretario General (e)
2470313-1
2472649-1
Aprueban modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Universidad Nacional de Cañete
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CAÑETE
RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N° 608-2025-UNDC/CO
Cañete, 18 de diciembre de 2025
LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE
VISTOS:
El Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 18 de diciembre de 2025; PROVEÍDO N° 883481-2025 de fecha 16 de diciembre de 2025 emitido por la Presidencia de Comisión Organizadora; INFORME LEGAL N° 537- 2025-UNDC/OAJ-JLOC de fecha 15 de diciembre de 2025 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; INFORME N° 1450-2025-UNDC/PCO/OPP de fecha 09 de diciembre de 2025 emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; INFORME N° 288-2025-UNDC/OPP/UPPM/SJJJ de fecha 05 de diciembre de 2025 emitido por el Especialista en Planeamiento; MEMORANDO MÚLTIPLE N° 019-2025-UNDC/CO/MJRH-P de fecha 24 de noviembre de 2025 emitido por la Presidencia de la Comisión Organizadora; y, demás documentos que escoltan el expediente administrativo; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 18º prevé que cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y el artículo 8º de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la referida autonomía inherente a las Universidades, se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica las organizaciones de su sistema académico, económico y administrativo, así como la administración de sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la Ley;
Que, de conformidad con la Ley N° 29488 de 22.11.2009, se creó la Universidad Nacional de Cañete, la misma que fue modificado por la Ley N° 30515, cuyo artículo 1º dispone: “Créase la Universidad Nacional de Cañete con domicilio en la provincia de Cañete, Departamento de Lima”. Asimismo, a través de la Resolución del Consejo Directivo N° 116-2018-SUNEDU/CD, el Concejo Directivo de la SUNEDU, le otorgó la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de Cañete;
Que, el artículo 29° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, establece que, aprobada la ley de creación de una universidad pública, el Ministerio de Educación (MINEDU), constituye una Comisión Organizadora integrada por tres (3) académicos de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector (…). Esta Comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan”;
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 052-2025-MINEDU de fecha 27.05.2025, se reconformó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Cañete, integrada por los académicos: Dr. Mauro Juan Ramirez Herrera, como Presidente de la Comisión Organizadora; Dr. Juvenal Castromonte Salinas como Vicepresidente Académico y Dr. Jorge Rafael Diaz Dumont, como Vicepresidente de Investigación;
Que, el artículo 58° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, concordado con el artículo 25º del Estatuto de la Universidad Nacional de Cañete, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 143-2022-CO/UNDC y sus modificatorias, establecen que el Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la universidad. En el caso de la Universidad Nacional de Cañete, dada su condición y naturaleza, corresponde ejercer dicha atribución a la Comisión Organizadora quien hace las veces de Consejo Universitario, disposición relacionada con las Disposiciones Específicas del Documento Normativo denominado: “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”, aprobado por la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, modificado mediante las Resoluciones Viceministeriales N° 055-2022-MINEDU, N° 053-2023-MINEDU y N° 077-2025-MINEDU;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU de fecha 02.12.2019, se aprobó los Lineamientos para la Formulación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de las universidades públicas, con el objetivo de establecer criterios y reglas, especiales y flexibles, para la formulación del Reglamento de Organización y Funciones de las universidades públicas, a fin que desarrollen sus estructuras orgánicas; así como las funciones generales y específicas de cada uno de sus unidades de organización que la componen, a fin que contribuyan en el desarrollo de los objetivos y las estrategias de la universidad pública;
Que, en ese marco, se tiene que mediante la Resolución de Comisión Organizadora N° 183-2022-CO/UNDC de fecha 12.10.2022, se dispuso entre otros, aprobar el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Universidad Nacional de Cañete, modificada mediante la Resolución de Comisión Organizadora N° 210-2025-CO/UNDC de fecha 23.05.2025;
Que, el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, es un instrumento técnico normativo de gestión institucional que define la naturaleza, finalidad, estructura orgánica y funciones de la de la Universidad Nacional de Cañete, así como de los órganos que la conforman en concordancia con la Ley Universitaria, Ley N° 30220 y Estatuto Universitaria;
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 183-2022-CO/UNDC de fecha 14.10.2025, se crea la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas adscrito en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Cañete; creando la necesidad de ser implementada en los documentos de la entidad, en ese sentido, el Presidente de la Comisión Organizadora a través del Memorando Múltiple N° 019-2025-UNDC/CO/MJRH-P, dispone entre ellas a la Oficina de Planeamiento y Presupuestos la implementación de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Universidad Nacional de Cañete;
Que, el literal b) del numeral 46.1 del artículo 46º de los Lineamientos para la Formulación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de las universidades públicas que señala que se requiere la modificación de un Reglamento de Organización y Funciones, entre otros supuestos, por modificación de la estructura orgánica que conlleva a un incremento del número de sus unidades de organización (es decir, cuando se crea un nuevo órgano, unidad orgánica, etc. en la estructura orgánica);
Que, con el Informe N° 1450-2025-UNDC/PCO/OPP de fecha 09.12.2025, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sustentándose en el Informe N° 288-2025-UNDC/OPP/UPPM/SJJJ del Especialista en Planeamiento, remite la propuesta de modificación del ROF en lo concerniente al inciso h) del artículo 24°, así como la modificación de los artículos 66° y 68°, todo ello en razón a la creación de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas, mediante la Resolución de Comisión Organizadora N° 460-2025-UNDC/CO, por lo que solicita su aprobación correspondiente;
Que, a través de Informe Legal N° 537-2025-UNDC/OAJ-JLOC de fecha 15.12.2025, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica considera viable la modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Universidad Nacional de Cañete, que incorpora la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas y el Departamento Académico de Derecho y Ciencias Políticas, debiendo remitirse autos a la Presidencia de la Comisión Organizadora para su aprobación, de conformidad a lo establecido en el numeral 45.3 del artículo 45 del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM;
Que, en virtud a lo expuesto la Presidencia de la Comisión Organizadora a través del Proveído N° 883481-2025 de fecha 16.12.2025, traslada el presente expediente a la Secretaría General, para ser visto en Sesión Ordinaria de fecha 18.12.2025;
Que, se ha establecido como atribución de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Cañete, la facultad de dictar el reglamento general de la universidad, el reglamento de elecciones y otros reglamentos internos especiales, así como vigilar su cumplimiento, por lo que en mérito al pedido del Presidente de la Comisión Organizadora y debatido el caso en Sesión Ordinaria N° 047-2025 de fecha 18.12.2025, se acordó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente Resolución;
Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 18° de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el Documento Normativo denominado: “Disposiciones para la Constitución y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en proceso de Constitución”, aprobado mediante la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU y sus modificatorias; Resolución Viceministerial N° 052-2025-MINEDU, así como en el Estatuto de la Universidad Nacional de Cañete y demás normas concordantes;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR, la modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Universidad Nacional de Cañete, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 183-2022-UNDC/CO y modificado con la Resolución de Comisión Organizadora N° 210-2025-CO/UNDC, en lo que corresponde al inciso h) del artículo 24°; artículo 66° y artículo 68°, debiendo quedar en los siguientes términos:
Artículo 24. Funciones del Órgano de Control Institucional
(…)
h) Realizar los servicios de control gubernamental, respecto a las denuncias evaluadas que les sean derivadas, de acuerdo a los lineamientos y normativa aplicable.
(…)
Artículo 66.- Funciones del Departamento Académico
(…)
Departamentos Académicos
La Universidad Nacional de Cañete cuenta con los siguientes Departamentos Académicos por facultades:
Facultad de Ingeniería.
- Departamento Académico de Ingeniería de Sistemas
Facultad de Ciencias Agrarias.
- Departamento Académico de Agronomía.
Facultad de Ciencias Empresariales.
- Departamento Académico de Administración.
- Departamento Académico de Administración en Turismo y Hotelería.
- Departamento Académico de Contabilidad.
- Departamento Académico de Estudios Generales.
- Departamento Académico de Derecho y Ciencias Políticas.
Artículo 68.- Funciones de la Escuela Profesional
(…)
Escuelas Profesionales
La Universidad Nacional de Cañete cuenta con las siguientes Escuelas Profesionales por facultades:
a) Facultad de ingeniería.
- Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.
b) Facultad de Ciencias Agrarias.
- Escuela Profesional de Agronomía.
c) Facultad de Ciencias Empresariales
- Escuela Profesional de Administración.
- Escuela Profesional de Administración de Turismo y Hotelería.
- Escuela Profesional de Contabilidad.
- Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas.
Artículo Segundo.- DISPONER, que la Resolución formará parte integrante de la Resolución de Comisión Organizadora N° 183-2022-UNDC/CO de fecha 12.10.2022 y de su modificatoria Resolución de Comisión Organizadora N° 210-2025-CO/UNDC de fecha 23.05.2025.
Artículo Tercero.- El Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Universidad Nacional de Cañete, consta de 2 títulos, 7 capítulos, 92 artículos y 1 anexo y que en 57 folios se anexa y forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Presidencia de la Comisión Organizadora, para que en un plazo de dos (2) días hábiles de haber sido publicada la presente Resolución, pueda ser remitida a la Dirección de Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (DICOPRO) del Ministerio de Educación, para su conocimiento y demás fines de Ley.
Artículo Quinto.- NOTIFICAR, la presente Resolución a todas las instancias y dependencias administrativas y académicas de la Universidad Nacional de Cañete, para su conocimiento, cumplimiento y demás fines pertinentes
Artículo Sexto.- DISPONER, a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de dicha Resolución y su anexo en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de Cañete (https://web.undc.edu.pe) y en el Portal de Transparencia Estándar de la Universidad Nacional de Cañete.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
MAURO JUAN RAMÍREZ HERRERA
Presidente de la Comisión Organizadora
KEVIN YUVER CHIHUAN QUISPE
Jefe de Secretaría General
2472649-1
2469501-1
AVISO 2469501_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2469501-1
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
2472673-1
Declaran infundado recurso de apelación interpuesto por personero legal alterno de la organización política Renovación Popular; y confirman la Resolución Nº 00042-2025-JEE-AAMZ/JNE, emitida por el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas
Resolución N° 0811-2025-JNE
Expediente N° EG.2026013643
YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO
JEE ALTO AMAZONAS (EG.2026012195)
ELECCIONES GENERALES 2026
APELACIÓN
Lima, 22 de diciembre de 2025
VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don Fernando Sandoval Ruiz, personero legal alterno de la organización política Renovación Popular (en adelante, OP), en contra de la Resolución N° 00042-2025-JEE-AAMZ/JNE, del 25 de noviembre de 2025, emitida por el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas (en adelante, JEE), que determinó que la citada organización política incurrió en la infracción prevista en el numeral 7.12 del artículo 7 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral1 (en adelante Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad), en el marco de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).
PRIMERO. ANTECEDENTES
En el Expediente N° EG.2026012195
1.1. Con el Informe N° 000014-2025-RRG-JEEALTOAMAZONAS-EG2026/JNE, del 15 de noviembre de 2025 (en adelante, Informe de Fiscalización), el fiscalizador provincial, adscrito al JEE, comunicó al referido órgano que, el 14 de noviembre de 2025, se detectó la difusión de propaganda electoral a favor de la OP, conforme al siguiente detalle:
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CASO
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ELEMENTO REPORTADO - CARACTERÍSTICAS
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UBICACIÓN - DIRECCIÓN
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SÍMBOLO DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA SEGÚN EL ROP
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1
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Un (1) panel unipolar monumental.
Se visualiza:
Al lado izquierdo el símbolo y nombre de la organización política Renovación Popular, al lado derecho superior Yurimaguas Pide Renovación, en la parte inferior tres (3) fotografías de ciudadanos, en la parte inferior, se lee Jorge Mera Gobernador, Dr Abdiel Alcalde y López Aliaga Porky Presidente.
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Carretera Nacional PE5NB - Ingreso a Yurimaguas, altura de la curva Km 113, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto.
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El citado informe cuenta con cuatro (4) registros fotográficos del cartel antes mencionado. En ese sentido, se advirtió una posible infracción al numeral 7.12 del artículo 7 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, esto es, por instalar propaganda electoral en un predio de dominio público sin contar con la autorización previa del órgano representativo de la entidad propietaria de dicho predio.
1.2. A través de la Resolución N° 00031-2025-JEE-AAMZ/JNE, del 18 de noviembre de 2025, el JEE admitió a trámite el procedimiento sancionador contra la OP por la presunta infracción en materia de propaganda electoral prevista en el numeral 7.12 del artículo 7 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad. Asimismo, dispuso correr traslado del Informe de Fiscalización para que la OP, en el plazo de tres (3) días hábiles luego de notificado con la resolución, realizara sus descargos; bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento sin su absolución.
1.3. El 24 de noviembre de 2025, la OP presentó sus descargos esgrimiendo los siguientes argumentos:
a) Una vez que tuvo conocimiento de la Resolución N° 00031-2025-JEE-AAMZ/JNE, solicitó al área usuaria de la OP el retiro del cartel publicitario, lo que acredita con un registro fotográfico.
b) Ofreció disculpas y señaló que se tratan de acciones que escapan a su control porque son realizadas por sus militantes a título personal, comprometiéndose a tomar las medidas correctivas a través de inducciones a los militantes de la normativa que prohíbe dicha propaganda para las EG 2026.
1.4. Mediante la Resolución N° 00042-2025-JEE-AAMZ/JNE, del 25 de noviembre de 2025, el JEE determinó la existencia de infracción en materia de propaganda electoral por parte de la OP por haber vulnerado el numeral 7.12 del artículo 7 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, por lo que ordenó el retiro de la propaganda electoral detectada en el Informe de Fiscalización en un plazo de tres (3) días calendario contados a partir de la fecha en que dicha resolución quede consentida o desde el día siguiente de la notificación de la resolución del JNE que resuelve la apelación; bajo apercibimiento de imponer sanción de amonestación pública y multa, así como de remitir copia de los actuados al Ministerio Público, en caso de incumplimiento. Asimismo, el JEE dispuso que el coordinador de fiscalización, una vez vencido el plazo antes mencionado, informe sobre el cumplimiento de las medidas correctivas dispuestas para archivar el procedimiento o iniciar la etapa de determinación de sanción, y que la OP emita un informe sobre el cumplimiento de las medidas correctivas.
En el presente expediente
1.5. El 2 de diciembre de 2025, la OP interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 00042-2025-JEE-AAMZ/JNE.
1.6. Mediante la Resolución N° 00053-2025-JEE-AAMZ/JNE, del 5 de diciembre de 2025, el JEE concedió el recurso de apelación interpuesto por la OP, al haber subsanado oportunamente las omisiones decretadas en la Resolución N° 00052-2025-JEE-AAMZ/JNE, del 3 de diciembre de 2025, disponiendo la elevación de los actuados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS
2.1. En su recurso de apelación, don Fernando Sandoval Ruiz, personero legal alterno de la OP, solicitó que se revoque la Resolución N° 00042-2025-JEE-AAMZ/JNE, con base en los siguientes argumentos:
a) Como fundamentos de derecho, invoca el principio de legalidad previsto en el literal d del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, así como los principios de culpabilidad, responsabilidad subjetiva, responsabilidad subjetiva y responsabilidad solidaria establecidos en los artículos 246 y 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General2 (en adelante, TUO de la LPAG).
b) Ante la afirmación de la resolución apelada, la cual señala que la propaganda electoral detectada beneficia a la organización política Renovación Popular, pues esta acción busca y está destinada a persuadir a los electores para favorecer a una determinada organización política o candidato, el escrito indica que:
la aceptación implícita de responsabilidad solidaria (“por ser beneficiaria”) no está debidamente fundada para imputar responsabilidad solidaria; ya que, debe acreditarse que Renovación Popular tenía control efectivo, deber jurídico de vigilancia o vínculo directo con quien difundió la propaganda. No basta el simple vínculo político o simbólico. El derecho administrativo sancionador no puede imponer sanciones por actos autónomos de afiliados o simpatizantes sin consentimiento, salvo que la organización haya asumido responsabilidad expresa mediante actos internos o acuerdos de control. En este caso, no se ha demostrado tal causalidad ni vínculo efectivo.
c) El Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad no señala expresamente la responsabilidad solidaria de la organización política frente a los actos realizados por sus simpatizantes, afiliados o candidatos.
d) En aplicación del artículo 42-A de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOE), para atribuir responsabilidad a la OP es indispensable acreditar su participación directa o indirecta en los hechos cuestionados.
e) El Informe de Fiscalización se basa en presunciones y conjeturas al inferir –a partir de la logística empleada, los costos involucrados y un supuesto beneficio directo– que la actividad habría sido realizada por la OP, conclusión que carece de sustento probatorio objetivo y no supera el estándar mínimo de verificación exigido.
f) Si bien en los descargos se señaló que la publicidad pudo haber sido colocada por un militante de la OP, ello no es concluyente porque existe la posibilidad que tal acción haya sido realizada por un tercero ajeno a la OP, lo cual escapa a su capacidad de control. Entonces, en los descargos no se aseveró que la propaganda fue realizada por un militante.
g) Se cuestiona la colocación de un cartel publicitario en una vía nacional, lo que estaría prohibido de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial3; sin embargo, no existe una prohibición absoluta para la colocación de avisos publicitarios en vías nacionales, además, la OP no instaló la estructura metálica que servía de soporte del aviso cuestionado.
h) La propaganda habría sido instalada por un tercero, lo que no pudo ser verificado. En tal sentido, se ubicó al “administrador de la infraestructura” y se hicieron las coordinaciones para proceder al retiro inmediato del material considerado como propaganda electoral, informando que la propaganda no fue autorizada por la OP.
i) La estructura publicitaria en cuestión estaba instalada con anterioridad y era utilizada para difundir anuncios de distinta naturaleza, tal como se aprecia en la imagen tomada de Google Maps de mayo de 2024, en la cual se aprecia que dicha estructura difundía publicidad ajena al proceso electoral, lo que demuestra que su uso no fue implementado ni promovido por la OP.
j) El JEE no aplicó debidamente los supuestos establecidos en la Resolución N° 3510-2018-JNE para determinar la responsabilidad por la difusión de propaganda electoral, pues supuso que el panel publicitario fue colocado por un militante de la OP, situación que no ha sido comprobada objetivamente porque la estructura publicitaria existía previamente.
k) No existe medio o prueba objetiva que vincule la colocación de la propaganda electoral con la OP.
l) La resolución apelada carece de sustento fáctico y jurídico suficiente para atribuirle responsabilidad, así como de una debida motivación, correspondiéndole al Pleno del JNE corregir dicha situación, valorando los argumentos y medios probatorios presentados, en estricto respeto a los principios de legalidad, culpabilidad, causalidad y debido procedimiento administrativo sancionador.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución Política del Perú
1.1. El numeral 3 del artículo 139 establece que son principios de la administración de justicia la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
1.2. El numeral 4 del artículo 178 establece como atribución del JNE la administración de justicia en materia electoral.
1.3. El artículo 181 establece lo siguiente:
Artículo 181.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.
En la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE)
1.4. El artículo 33 establece que el JNE tiene a su cargo la fiscalización de la legalidad del proceso electoral, ejerciendo sus atribuciones con sujeción a su Ley Orgánica y a la presente ley.
1.5. Los artículos 181 y 186 prevén lo siguiente:
Artículo 181.- La propaganda electoral debe hacerse dentro de los límites que señalan las leyes. […].
Artículo 186.- Los partidos, agrupaciones independientes y alianzas, sin necesidad de permiso de autoridad política o municipal y sin pago de arbitrio alguno, pueden:
[…]
f) Fijar, pegar o dibujar tales carteles o avisos en predios de dominio público, previa autorización del órgano representativo de la entidad propietaria de dicho predio.
En el caso contemplado en el inciso f), la autorización concedida a un partido o candidato se entiende como concedida automáticamente a los demás.
En la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP)
1.6. El artículo 42-A establece lo siguiente:
Artículo 42-A.- Responsabilidad individual de los candidatos sobre su propaganda política
Los candidatos o sus responsables de campaña son solidariamente responsables de la propaganda política que realicen durante el proceso electoral. No puede presumirse responsabilidad de las organizaciones políticas por infracción a las normas sobre propaganda electoral prohibida, a menos que se pruebe de manera fehaciente su participación directa o indirecta en la misma [resaltado agregado].
En el Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad
1.7. El artículo 5 señala lo siguiente:
Artículo 5.- Definiciones
A efectos del presente reglamento, se consideran las siguientes definiciones:
[…]
l. Informe de fiscalización
Documento elaborado por los fiscalizadores de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), para analizar el cumplimiento o reportar el posible incumplimiento de las normas sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad, así como del mandato del JEE o del JNE, de ser el caso.
[…]
u. Propaganda electoral
Toda acción destinada a persuadir a los electores para favorecer a una determinada organización política, candidato, lista u opción en consulta, con la finalidad de conseguir un resultado electoral. Solo la pueden efectuar las organizaciones políticas, candidatos, promotores de consulta popular de revocatoria y autoridades sometidas a consulta popular que utilicen recursos particulares, propios o de la organización política. La propaganda electoral por radio o televisión solo se realiza mediante la franja electoral administrada por la Oficina Nacional de Procesos.
1.8. El artículo 7 precisa:
Artículo 7.- Infracciones sobre propaganda electoral
Constituyen infracciones en materia de propaganda electoral:
[…]
7.12. Fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dominio privado o público, sin contar con autorización previa del propietario u órgano representativo de la entidad propietaria de dicho predio, respectivamente.
[…]
1.9. Sobre la legitimidad para obrar, los artículos 11 y 12 prescriben lo siguiente:
Artículo 11.- Legitimidad para obrar activa
Tienen legitimidad para actuar como parte del procedimiento las organizaciones políticas, a través de su personero legal, los promotores y las autoridades sometidas a consulta, contra quienes se hubiera cometido la presunta infracción. La denuncia formulada por uno o más ciudadanos no le confiere legitimidad para ser parte del procedimiento.
Artículo 12.- Legitimidad para obrar pasiva
El procedimiento sancionador es instaurado en contra de las organizaciones políticas, así como de los promotores y autoridades sometidas a consulta popular, según corresponda, que sean presuntamente responsables de la infracción.
1.10. El artículo 13 preceptúa:
Artículo 13.- De la admisibilidad
13.1. El JEE califica el informe del fiscalizador de la DNFPE y los demás actuados que obren en el expediente, en el término de un (1) día calendario. De verificar que los hechos descritos configuran un supuesto de infracción, admite a trámite el procedimiento sancionador contra el presunto infractor, y le corre traslado de los actuados para que efectúe los descargos respectivos, en el término de tres (3) días hábiles. Esta resolución no es apelable. En caso de no existir infracción, el JEE dispone el archivo del expediente.
1.11. El artículo 14 establece lo siguiente:
Artículo 14.- Determinación de la infracción
14.1. Vencido el plazo, con el descargo o sin él, y en el término no mayor a cinco (5) días calendario, el JEE se pronuncia sobre la existencia de infracción en materia de propaganda electoral. La resolución que determina la existencia de infracción ordena al infractor, según corresponda, lo siguiente:
[…]
d. Respecto de la infracción prevista en el numeral 7.12. del artículo 7 del presente reglamento, el cese o retiro de la propaganda prohibida, bajo apercibimiento de imponer la sanción de amonestación pública, conforme a lo dispuesto en el Capítulo I del Título V de este reglamento, así como de remitir copia de los actuados al Ministerio Público en caso de incumplimiento.
e. La emisión de un informe sobre el cumplimiento de las medidas correctivas dispuestas.
14.2. La resolución de determinación de infracción puede ser apelada dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación.
14.3. El plazo para dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución de determinación de infracción será hasta de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de que esta queda consentida o desde el día siguiente de la notificación de la resolución del JNE que resuelve la apelación. Este plazo lo fija el JEE atendiendo a las características y la magnitud de la propaganda difundida.
14.4. Vencido el plazo para dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución de determinación de la infracción, el fiscalizador de la DNFPE informa al JEE sobre el cumplimiento de lo ordenado al infractor para que disponga el archivo del procedimiento; en caso contrario, de informarse su incumplimiento, se da inicio a la etapa de determinación de la sanción [resaltado agregado].
En la jurisprudencia del JNE
1.12. El Pleno del JNE ha establecido un criterio uniforme según el cual el TUO de la LPAG no es aplicable en los procesos electorales:
a) Resolución N° 0560-2025-JNE, del 28 de octubre de 2025:
2.3. En el presente caso, respecto a la nulidad presentada ante el JEE, cabe precisar que en el proceso electoral se aplican las normas electorales, como la LOE y el Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, y no son aplicables las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N. º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General2 (en adelante, TUO de la LPAG). Por consiguiente, el medio idóneo para cuestionar las resoluciones emitidas por el JEE es un recurso de apelación.
2.4. […] más aún si se tiene en cuenta las disposiciones transitorias del TUO de la LPAG, que establecen que esta es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales.
b) Resolución N° 0569-2025-JNE, del 29 de octubre de 2025:
2.4. El Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad establece de manera clara los supuestos que constituyen infracciones, las etapas del procedimiento sancionador en materia de publicidad estatal, los medios impugnatorios aplicables (artículos 47, 48 y 49) (ver S.N. 1.9) y las reglas para la notificación de los pronunciamientos (artículo 50) (ver S.N. 1.10). Dicho cuerpo normativo, emitido en ejercicio de la potestad reglamentaria del Jurado Nacional de Elecciones, constituye la norma especial que regula la materia objeto del presente procedimiento.
[…]
2.7. Por lo tanto, en materia electoral prevalece la normativa especial, como es el Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, el cual, en sus artículos 47, 48 y 49 (ver S.N. 1.9), regula los medios impugnatorios procedentes (apelación y queja por denegatoria de apelación), en estricta observancia de los plazos establecidos.
c) Resolución N° 0606-2025-JNE, del 7 de noviembre de 2025:
2.6. El señor recurrente alega que el informe de fiscalización del JEE incumple las disposiciones generales sobre el procedimiento de fiscalización previstas en el Capítulo II del TUO de la LPAG; sin embargo, debe considerarse que la disposición transitoria final de dicho cuerpo normativo establece que este se aplica de manera supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes, salvo que las contradiga o se les oponga, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales.
2.7. En consecuencia, en materia electoral prevalecen las normas electorales, como el Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, que incorpora principios propios que sostienen la seguridad jurídica de todo proceso electoral democrático. En materia de publicidad estatal, en su artículo 27, dicha norma establece que el procedimiento sancionador es promovido de oficio por informe del fiscalizador.
2.8. En ese sentido el informe de fiscalización del JEE, que dio lugar a la Resolución N° 00065- 2025-JEE-HVCA/JNE, la cual resolvió admitir a trámite el procedimiento sancionador, no adolece de vicio alguno y se encuentra dentro del marco normativo del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad.
1.13. En el considerando 2.13. de la Resolución N° 0340-2025-JNE, del 13 de agosto de 2025, se señala lo siguiente sobre el informe de fiscalización:
2.13. Así, en cuanto al procedimiento sancionador seguido en contra del titular de la entidad, el Reglamento sobre Propaganda, Publicidad y Neutralidad regula que:
[…]
b) El procedimiento sancionador es promovido por el informe de fiscalización emitido por los órganos competentes del Jurado Nacional de Elecciones; el cual constituye un medio probatorio idóneo y determinante para la toma de decisiones en el marco de los procesos y procedimientos administrativos electorales, no solo para esta institución, sino también para las entidades que conforman el Sistema Electoral; en la medida que es un documento público, elaborado por autoridad competente en ejercicio de sus funciones y por ende suficiente y vinculado a la búsqueda de la verdad material, revestido de presunción de veracidad y autenticidad, y directamente vinculado a la constatación de hechos relevantes para el control de legalidad electoral.
1.14. En la Resolución N° 0356-2025-JNE, del 27 de agosto de 2025, se reitera el criterio sobre el Informe de Fiscalización y se señala lo siguiente sobre propaganda electoral:
2.4. Sobre el particular, en cuanto al procedimiento sancionador seguido en contra de las organizaciones políticas por difundir propaganda electoral prohibida, el Reglamento sobre Propaganda, Publicidad y Neutralidad regula lo siguiente:
a) El numeral 7.3. del artículo 7 señala que constituye una infracción utilizar los muros de predios públicos para realizar pintas, fijar o pegar carteles.
b) El procedimiento sancionador es promovido por el informe de fiscalización emitido por los órganos competentes del Jurado Nacional de Elecciones, el cual constituye un medio probatorio idóneo y determinante para la toma de decisiones en el marco de los procesos y procedimientos administrativos electorales, no solo para esta institución, sino también para las entidades que conforman el Sistema Electoral. Dicho informe, en la medida en que es un documento público elaborado por autoridad competente en ejercicio de sus funciones –y, por ende, suficiente y vinculado a la búsqueda de la verdad material, está revestido de presunción de veracidad y autenticidad, así como directamente relacionado con la constatación de hechos relevantes para el control de legalidad electoral.
[…]
2.5. En el caso concreto, de los actuados, se verifica que la OP cumplió con retirar la propaganda prohibida (pinta), […].
2.6. No obstante, dicha situación no implica la inexistencia de la infracción –pues la conducta prohibida sí se produjo en el plano de los hechos–, sino que ese accionar de la OP tendría como consecuencia que el JEE no dé inicio a la etapa de determinación de la sanción y, por tanto, disponga el archivo del procedimiento sancionador, conforme lo establece el numeral 14.4 del artículo 14 del Reglamento sobre Propaganda, Publicidad y Neutralidad (ver SN 1.4.).
2.7. De lo expuesto, se concluye que la Resolución N° 00098-2025-JEE-AQP1/JNE –que determinó la existencia de la infracción– fue emitida por el JEE conforme a lo que establece el precitado reglamento; por tanto, se encuentra con arreglo a ley [resaltado agregado].
1.15. En la Resolución N° 0739-2025-JNE, del 5 de diciembre de 2025, se establece el siguiente criterio sobre propaganda electoral:
2.5. En el recurso de apelación, el señor recurrente invoca el principio de legalidad para exigir una tipificación que acredite el vínculo directo de la OP con el autor de la contratación, objetando la figura de la responsabilidad en su calidad de beneficiario; sin embargo, la prohibición en el Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad es absoluta y objetiva en cuanto al medio de difusión, lo cual está previamente calificado en la ley.
2.6. En ese sentido, es necesario resaltar que la infracción no se configura por la prueba del vínculo directo (culpa/dolo), sino por la aparición objetiva de propaganda electoral de la OP en un medio expresamente prohibido (ver SN 1.4.) o no cubierto por el modelo de financiamiento público indirecto. El texto legal prohíbe la contratación directa o “por intermedio de terceros”, lo que amplía el ámbito de la prohibición más allá de la acción directa de la OP.
2.7. Permitir la difusión por terceros no vinculados formalmente (simpatizantes o afiliados autónomos) socavaría el modelo de financiamiento público indirecto, que busca transparentar y equilibrar la competencia electoral. La aparición de la propaganda evidencia que la finalidad de persuadir electores se ha concretado; independientemente de quién pagó, este ente Supremo prioriza el principio de equidad en la contienda electoral y la legalidad del financiamiento, sobre la exigencia estricta de la responsabilidad subjetiva en estos casos. La norma busca garantizar que la competencia se dé en un marco de igualdad real entre las organizaciones políticas.
2.8. En el presente caso, se tiene en autos el informe de la fiscalizadora adscrita al JEE, en el que se adjuntaron dos videos, de los que se evidencia que la propaganda electoral difundida busca beneficiar a la OP y al candidato que figura en dichos videos, con lo cual se logra la finalidad de persuasión al voto.
2.9. En el presente caso, el procedimiento sancionador ha sido instaurado en contra de la OP, como responsable de la infracción, quien actúa con legitimidad para obrar pasiva (ver SN 1.6.), por lo que se sanciona de este modo la consecuencia material más que la culpabilidad individual del tercero que la difundió.
2.10. Asimismo, exigir la prueba de un control efectivo o vínculo directo (contratos, órdenes y pagos) para cada anuncio difundido por un tercero haría la prohibición ineficaz, cuando la OP es la única y principal beneficiaria del mensaje electoral, por lo que debe asumir la responsabilidad por su difusión a través de medios no permitidos. La norma busca evitar que los partidos se amparen en la acción de terceros para obtener una ventaja indebida en la contienda [resaltado agregado].
En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
1.16. En la sentencia recaída en el Expediente N° 00026-2021-PI/TC, del 24 de julio de 2024, se establece el siguiente criterio:
55. El principio de legalidad en materia sancionatoria se encuentra reconocido en el artículo 2, inciso 24, literal d), de la Constitución, en los siguientes términos:
Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.
[…]
58. Esto implica que no podrá existir sanción que no se encuentre establecida expresamente en una ley de manera previa, cierta y precisa y, por lo tanto, el fundamento de la sanción no puede ser otro que la violación de un mandato o prohibición contenido en la ley.
59. Ahora bien, en la sentencia emitida en el Expediente 02050-2002-AA/TC (y en criterio ratificado en la sentencia recaída en el Expediente 00020-2015-PI/TC) se puso de relieve que resulta necesario realizar una distinción entre el principio de legalidad en sentido estricto y el subprincipio de tipicidad o taxatividad que deriva de él.
El primero, garantizado en el artículo 2, inciso 24, literal d), de la Constitución, se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley. El segundo, en cambio, constituye la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta.
[…].
61. En consecuencia, se vulnera el principio de legalidad en sentido estricto si una persona es condenada o sancionada por un delito o infracción no prevista expresamente en una norma con rango de ley [resaltado agregado]. […]
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales mediante Casilla Electrónica4 (en adelante, Reglamento)
1.17. El artículo 14 contempla lo siguiente:
Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales electorales y no electorales son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que los sujetos antes mencionados no cuenten con casilla electrónica o en caso de que esta se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal electrónico institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación:
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, etc.).
<https://consultaexpediente.jne.gob.pe/>, para expedientes jurisdiccionales de procesos no electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla JNE.
De manera excepcional, en los expedientes no vinculados a procesos electorales, la parte procesal que no ha iniciado dicho expediente ante el JNE, que no tenga casilla electrónica, solo el primer pronunciamiento podrá ser notificado –por única vez– en formato papel en el domicilio registrado en el documento nacional de identidad.
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1. Antes del examen de la materia en controversia, corresponde advertir que, de la calificación del recurso de apelación, este cumple con las exigencias previstas en los artículos 358 y 366 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en esta instancia.
Sobre la aplicación del TUO de la LPAG
2.2. De acuerdo con la reiterada y uniforme jurisprudencia de este órgano colegiado en materia electoral (ver SN 1.12.), que comprende a los procedimientos sancionadores sobre publicidad estatal, se aplica la normativa especial como la LOE y el Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad. Por ende, en los procesos electorales no son aplicables las disposiciones del TUO de la LPAG, como pretende la OP5.
2.3. En ese sentido, el presente pronunciamiento se fundamentará en la Constitución Política del Perú y en la normativa especial que regula los procesos electorales.
Respecto del asunto de fondo
Sobre la responsabilidad solidaria de la OP
2.4. Con relación a los argumentos de la OP6, es menester tener presente que el artículo
42-A de la LOP establece que los candidatos o sus responsables de campaña son solidariamente responsables respecto de la propaganda política que realicen durante el proceso electoral, y que no puede presumirse responsabilidad de las organizaciones políticas por infracción a las normas sobre propaganda electoral prohibida, a menos que se pruebe de manera fehaciente su participación directa o indirecta en la misma (ver SN 1.6.).
2.5. Así pues, en observancia de lo establecido en la norma legal antes mencionada, debe acreditarse que la OP incurrió, de forma directa o indirecta, en la conducta infractora a las normas sobre propaganda electoral para que opere la presunción de responsabilidad por infringir dichas normas.
2.6. Por tal razón, si bien la infracción imputada a la OP, prevista en el numeral 7.12 del artículo 7 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad (ver SN 1.8.), no señala expresamente que la organización política –en su calidad de entidad contra la que se instaura el procedimiento sancionador de conformidad con el artículo 12 del citado reglamento (ver SN 1.9.)–, puede incurrir en dicha infracción de forma directa o indirecta, por mandato del artículo 42-A de la LOP, norma de mayor jerarquía que el citado reglamento, se debe demostrar la participación directa o indirecta de la OP en la conducta infractora para que opere la presunción de responsabilidad por infringir las normas sobre propaganda electoral.
2.7. En esa línea de ideas, resulta aplicable al presente caso la Resolución N° 0739-2025-JNE (ver SN 1.15.), que versa sobre la infracción prevista en el numeral 7.13. del artículo 7 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad (contratar, de forma directa o indirecta, propaganda electoral en radio y televisión). Por ende, siguiendo la línea jurisprudencial establecida en dicha decisión, en este caso tenemos que: i) la prohibición de difundir propaganda en carteles o avisos en predios de dominio público sin contar con la autorización previa del órgano representativo de la entidad propietaria de dicho predio, es absoluta y objetiva en cuanto al medio de difusión (cartel); ii) la infracción se produce por la aparición objetiva de propaganda electoral en un medio expresamente prohibido, ampliando el ámbito de la prohibición más allá de la acción directa de la organización política, y iii) la aparición de la propaganda evidencia que la finalidad de persuadir electores se concretó, independientemente de quién financió dicha propaganda.
2.8. Por otro lado, el Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad no instituye la responsabilidad solidaria entre la organización política y los actos efectuados por sus simpatizantes o afiliados, siendo pertinente indicar que, en observancia del artículo 12 del referido reglamento, en los casos que versen sobre infracción a las normas de propaganda electoral, como el que es materia de estos autos, la OP cuenta con legitimidad para obrar pasiva porque el procedimiento sancionador es instaurado en contra de las organizaciones políticas.
2.9. Entonces, la difusión de propaganda electoral en predios de dominio público sin contar con la respectiva autorización previa, aunque haya sido efectuada por afiliados o terceros ajenos a la OP, no exime de responsabilidad a esta respecto de la infracción imputada, lo cual, a su vez, no implica la existencia de responsabilidad solidaria con el afiliado o tercero que financió la propaganda prohibida porque el procedimiento sancionador se dirige únicamente contra la OP.
2.10. Por lo tanto, los argumentos de la OP referidos a que se habría aplicado la responsabilidad solidaria no regulada en el Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, carecen de sustento y deben ser rechazados.
Sobre el Informe de Fiscalización
2.11. Con relación a los argumentos de la OP7, cabe mencionar que el Informe de Fiscalización ha sido emitido en estricta observancia del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad (ver SN 1.7. y 1.10.), en ejercicio de la función fiscalizadora conferida al JNE por mandato del artículo 33 de la LOE (ver SN 1.4.). Resulta pertinente recalcar que, conforme establece la jurisprudencia de este Supremo Tribunal Electoral, dicho informe constituye un medio probatorio idóneo y determinante para la toma de decisiones de las entidades que conforman el Sistema Electoral8, en el marco de los procesos y procedimientos administrativos electorales. Ello se debe a que se trata de un documento público, elaborado por autoridad competente en ejercicio de sus funciones y, por ende, suficiente y vinculado a la búsqueda de la verdad material, revestido de presunción de veracidad y autenticidad, y directamente relacionado con la constatación de hechos relevantes para el control de legalidad electoral (ver SN 1.13. y 1.14.).
2.12. No obra en autos algún medio probatorio que desvirtúe la presunción de veracidad de la cual está investido el Informe de Fiscalización (ver SN 1.13. y 1.14.). Por tanto, el citado documento público mantiene su mérito probatorio, resultando idóneo y determinante para fundamentar la decisión de este órgano colegiado.
2.13. De la misma manera, lo señalado en el Informe de Fiscalización respecto de que se detectó la difusión de propaganda electoral a favor de la OP, a través de un cartel en un predio de dominio público sin contar con la autorización previa respectiva, no ha sido desvirtuado por dicho recurrente.
2.14. En conclusión, los argumentos de la OP referidos a que el Informe de Fiscalización se basa en presunciones y conjeturas, y que la propaganda pudo haber sido realizada por un afiliado o un tercero9, carecen de sustento por lo cual deben ser rechazados.
Sobre la colocación de la propaganda en una vía nacional
2.15. Con relación a los argumentos de la OP10, en la Resolución N° 00042-2025-JEE-AAMZ/JNE, materia de apelación, el JEE no analizó si la colocación del cuestionado cartel en una vía nacional constituye una infracción a la normativa sobre propaganda electoral, pues ello no está contemplado en la LOE, la LOP y el Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad.
2.16. A mayor abundamiento, si bien en el Informe de Fiscalización se menciona que la propaganda electoral se encontraba en una vía nacional, lo cual está prohibido de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, en las conclusiones del referido informe solo se hace mención a la presunta vulneración del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, coligiéndose que la contravención de dicha prohibición no ha sido materia de análisis por parte del fiscalizador provincial del JEE. Por ende, los argumentos de la OP carecen de sustento y deben ser rechazados.
Sobre el retiro de la propaganda electoral
2.17. Con relación a los argumentos de la OP11, esta alega que la propaganda cuestionada fue instalada por un tercero y que “en mérito de cumplir con la diligencia debida, se procedió a ubicar y coordinar con el administrador de la infraestructura para proceder al retiro inmediato del material considerado como propaganda electoral, informando, además que ésta no fue autorizada por la organización política”.
2.18. Al respecto, se debe considerar lo dispuesto en la Resolución N° 0356-2025-JNE (ver SN 1.14.), por lo que, aplicando dicho criterio al presente caso, se deduce que el retiro de la propaganda no implica la inexistencia de la infracción porque la conducta prohibida sí se produjo en el plano de los hechos, siendo la consecuencia del retiro que el JEE no inicie la etapa de determinación de la sanción y, por tanto, disponga el archivo del procedimiento sancionador conforme lo establece el numeral 14.4. del artículo 14 del Reglamento sobre Propaganda, Publicidad y Neutralidad (ver SN 1.11.).
2.19. Por consiguiente, el retiro de la propaganda cuestionada –cuya verificación corresponde al JEE– y el uso de la estructura publicitaria con anterioridad a la difusión de la propaganda, no eximen de responsabilidad a la OP, por lo que sus argumentos carecen de sustento y deben ser rechazados.
Sobre la aplicación de la Resolución N° 3510-2018-JNE
2.20. Con relación a los argumentos de la OP12, se debe tener presente que, en observancia del artículo 181 de la Constitución Política del Perú (ver SN 1.3.), a este órgano colegiado no solo le corresponde aplicar el Derecho, entendido como el conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico nacional (iurisdictio), sino también apreciar los hechos de los casos sometidos a su conocimiento haciendo uso del criterio de conciencia, que obliga a resolver un caso valorando integralmente los hechos y la prueba disponible, atendiendo a la razonabilidad y a los principios democráticos, constitucionales y del sistema electoral en su conjunto, ya que de no hacerlo se estaría avalando un acto irregular.
2.21. A mayor abundamiento, la norma constitucional le otorga al Pleno del JNE la potestad de no limitarse, en la actividad jurisdiccional que desarrolla, a la mera aplicación de las normas jurídicas a los casos concretos, sino que debe poner especial énfasis en su labor de apreciar los hechos teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias sociales, políticas e incluso individuales que los rodean, siempre en armonía con el resto de principios y valores que informan el sistema jurídico peruano.
2.22. En esa medida, se aprecia que las reglas establecidas en el quinto considerando de la Resolución N° 3510-2018-JNE para determinar la responsabilidad en materia de propaganda electoral13, no constituyen un precedente jurisprudencial de observancia obligatoria que, necesariamente, vincule a este colegiado, pues tal obligatoriedad no ha sido instituida en la referida resolución.
2.23. Es así que, en ejercicio de su criterio de conciencia establecido en la Norma Fundamental, este Supremo Tribunal Electoral señala que la presente decisión se fundamenta, además de la normativa constitucional, legal y reglamentaria, en la jurisprudencia citada en este pronunciamiento.
2.24. Por ende, no se configura la inobservancia de la regla jurisprudencial alegada por la OP, verificándose que sus argumentos carecen de sustento y deben ser rechazados.
Sobre la supuesta falta de sustento fáctico y jurídico de la resolución apelada
2.25. Con relación a los argumentos de la OP14, se reitera lo señalado en el considerando 2.7., en tal sentido, de acuerdo con la Resolución N° 0739-2025-JNE, se tiene que:
i) la prohibición de difundir propaganda en carteles o avisos en predios de dominio público sin contar con la autorización previa del órgano representativo de la entidad propietaria de dicho predio, es absoluta y objetiva en cuanto al medio de difusión (carteles); ii) la infracción se produce por la aparición objetiva de propaganda electoral en un medio expresamente prohibido, ampliando el ámbito de la prohibición más allá de la acción directa de la organización política, y iii) la aparición de la propaganda evidencia que la finalidad de persuadir electores se concretó, independientemente de quién financió dicha propaganda.
2.26. Asimismo, se reitera lo señalado en el considerando 2.9., por lo cual, la difusión de propaganda electoral en predios de dominio público sin contar con la respectiva autorización previa, aunque haya sido efectuada por afiliados o terceros ajenos a la OP, no exime de responsabilidad a esta respecto de la infracción imputada, lo cual, a su vez, no implica la existencia de responsabilidad solidaria con el afiliado o tercero que financió la propaganda prohibida porque el procedimiento sancionador se dirige únicamente contra la OP.
2.27. Por lo expuesto, no se configura alguna vulneración al debido proceso y al principio de legalidad contemplados en la Constitución Política del Perú (ver SN 1.1. y 1.16.), en el marco de este proceso jurisdiccional en materia electoral, por ende, los argumentos de la OP carecen de sustento y deben ser rechazados.
2.28. Por las consideraciones expuestas, este órgano electoral concluye que la decisión del JEE ha sido emitida en estricta observancia de la Constitución Política del Perú y de las normas especiales que regulan los procesos electorales, y que la OP incurrió en la infracción establecida en el literal 7.12. del artículo 7 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, por lo que corresponde declarar infundado el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en grado.
2.29. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse según lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.17.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Fernando Sandoval Ruiz, personero legal alterno de la organización política Renovación Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 00042-2025-JEE-AAMZ/JNE, del 25 de noviembre de 2025, emitida por el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas, que determinó que la citada organización política incurrió en la infracción prevista en el numeral 7.12 del artículo 7 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado por Resolución N° 0112-2025-JNE, en el marco de las Elecciones Generales 2026.
2. REMITIR el presente expediente al Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas para que continúe con el trámite respectivo.
3. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales mediante Casilla Electrónica, aprobado con la Resolución N° 117-2025-JNE.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
BURNEO BERMEJO
MAISCH MOLINA
RAMÍREZ CHÁVARRY
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
1 Aprobado por Resolución N° 0112-2025-JNE, publicada el 19 de abril de 2025 en el diario oficial El Peruano.
2 Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial El Peruano.
3 Aprobado por Decreto Supremo N° 034-2008-MTC.
4 Aprobado por la Resolución N° 0117-2025-JNE, publicada el 19 de abril de 2025 en el diario oficial El Peruano.
5 Literal a del considerando 2.1. del ítem “Síntesis de agravios”.
6 Detallados en los literales b, c y d del considerando 2.1. del ítem “Síntesis de agravios”.
7 Detallados en los literales e y f del considerando 2.1. del ítem “Síntesis de agravios”.
8 Que comprende al JNE, la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de conformidad con el artículo 177 de la Constitución Política del Perú.
9 Se debe tener en cuenta lo indicado en el considerando 2.10.
10 Detallados en el literal g del considerando 2.1. del ítem “Síntesis de agravios”.
11 Detallados en los literales h e i del considerando 2.1. del ítem “Síntesis de agravios”.
12 Detallados en el literal j del considerando 2.1. del ítem “Síntesis de agravios”.
13 Lo señalado nos debe llevar a afirmar que solo puede determinarse responsabilidad en materia de propaganda electoral en la medida en que se llegue a comprobar de manera objetiva que: i) la organización política a través de sus dirigentes, de manera directa o indirecta, realizaron la propaganda; ii) uno de los integrantes de la organización política, afiliados o simpatizantes realizaron la propaganda electoral; o, iii) alguna persona vinculada a la organización política, ya sea de manera directa o indirecta, haya efectuado la propaganda electoral.
14 Detallados en los literales k y l del considerando 2.1. del ítem “Síntesis de agravios”.
2472673-1
MINISTERIO PÚBLICO
2473050-1
Designan y nombran fiscales adjuntos en fiscalías de los Distritos Fiscales de Lima Centro y Ancash y en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3843-2025-MP-FN
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El informe N° 002-2025-MP-FN-CG-EEF-CBP-ABC-MP-RP, los oficios N°s 000022 y 000028-2025-MP-FN-ABC-CG-EEF-CBP-MP-RP, 008309 y 008160-2025-MP-FN-FSCN-FECCO, hoja de envío N° 000411-2025-MP-FN-CG-EEF-CBP-MP-RP, y el informe N° 0139-2025-MP-FN-JJCP, y;
CONSIDERANDO:
Mediante los oficios de vistos, cursados por el Coordinador General del Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y el Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, se remite y emite pronunciamiento, respectivamente, a la carta presentada en fecha 10 de noviembre de 2025 y complementada el 29 de diciembre de 2025, suscrita por la abogada Sugey Edith Huamán Skrlec, fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designada en el Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, quien presenta su renuncia al cargo por motivos personales; de modo similar, el referido Coordinador General, remite y expresa conformidad a la carta de renuncia presentada en fecha 18 de noviembre del presente año, suscrita por el abogado Juan Francisco Silva Chirinos, fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designado en el referido Equipo Especial, por motivos estrictamente personales.
En la carta de renuncia, la abogada Sugey Edith Huamán Skrlec solicita la exoneración del plazo de anticipación previsto en la ley, para que su renuncia se haga efectiva a partir del 14 de noviembre de 2025, y el retorno a su cargo de carrera como fiscal adjunta provincial titular penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima Centro, advirtiéndose que hizo de conocimiento a su jefe inmediato y cuenta con la conformidad de los coordinadores; sin embargo, con hoja de envío N° 000411-2025-MP-FN-CG-EEF-CBP-MP-RP, complementa la citada carta de renuncia, solicitando dejar sin efecto la referida fecha de efectividad.
De otro modo, el abogado Juan Francisco Silva Chirinos, solicita la exoneración del plazo de anticipación previsto en la ley para que la renuncia se haga efectiva a partir del 24 de noviembre de 2025, contando con el visto bueno de su jefe inmediato, por lo que cumple con los lineamientos establecidos en el citado oficio circular.
Sin embargo, es de señalar, que el Coordinador General del Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, en el informe N° 002-2025-MP-FN-CG-EEF-CBP-ABC-MP-RP – Informe relacionado al desempeño funcional de la Fiscalía Supraprovincial del Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, solicita, entre otros, que se deje sin efecto la designación de la abogada Sugey Edith Huamán Skrlec, fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designada en el referido Equipo Especial, quien habría incurrido en presunta inconducta funcional, por no haber cumplido ni supervisado idóneamente el cumplimiento de los plazos procesales, determinándose períodos prolongados de inactividad procesal, motivando en una oportunidad, que el órgano jurisdiccional remita copias al órgano competente debido a la excesiva demora; también, se señala en el informe, presuntas deficiencias en las tramitaciones de los incidentes de levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y levantamiento del secreto de las comunicaciones.
Por otro lado, mediante el informe señalado en el párrafo precedente, solicita entre otros, que se deje sin efecto la designación de la abogada Julianna Lissette Chávez Hernández, fiscal provincial provisional transitoria del Distrito Fiscal de Lima Centro, designada en el citado Equipo Especial, debido a que habría incurrido en presunta inconducta funcional, porque no habría cumplido con supervisar diligentemente las carpetas fiscales que se tramitan antes el despacho provincial, habiéndose determinado la existencia de prolongados períodos de tiempo de inactividad procesal injustificada (conforme se ha detallado en las carpetas fiscales señaladas en el referido informe. Además, se indica en dicho informe, que la abogada Julianna Lissette Chávez Hernández no habría realizado una asignación proporcional y equitativa de las carpetas fiscales y no ha supervisado que se proceda al registro en el sistema informático de gestión fiscal (SGF) de los actos procesales pertinentes en las carpetas fiscales, incumpliendo lo establecido en los Lineamientos de Gestión de la Fiscalía Corporativa Penal. Asimismo, del reporte de quejas y denuncias emitido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, de fecha 17 de diciembre de 2025, se advierte que registra un (01) proceso disciplinario en trámite como personal fiscal, lo cual evidencia deficiencias en el ejercicio de sus funciones y contraviene el perfil requerido para ostentar el cargo, siendo que esta situación impacta de forma negativa en la imagen del Ministerio Público y desmerece la función fiscal ante la sociedad, ya que no es compatible con la política institucional.
Con Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 672-2024-MP-FN, de fecha 8 de marzo de 2024, se resolvió nombrar a la abogada Sugey Edith Huamán Skrlec, como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándola en el Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, con retención de su cargo de carrera; laborando actualmente en mérito a la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024.
Por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1310-2025-MP-FN, de fecha 29 de abril de 2025, se resolvió nombrar al abogado Miguel Angel Gutiérrez Angulo, como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándolo en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada.
Asimismo, con Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2905-2023-MP-FN, de fecha 31 de octubre de 2023, se nombró al abogado Juan Francisco Silva Chirinos, como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándolo en el Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”; laborando actualmente en mérito a la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024.
Por otro lado, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 068-2024-MP-FN, de fecha 10 de enero de 2024, entre otros, se resolvió nombrar a la abogada Julianna Lissette Chávez Hernández, como fiscal provincial provisional transitoria del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándola en el Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, con retención de su cargo de carrera; laborando actualmente en mérito a la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024.
A través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2499-2025-MP-FN, de fecha 19 de agosto de 2025, se resolvió nombrar a la abogada Pamela Lizzet Sanchez Huarca, como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Áncash, designándola en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, con reserva de su plaza de origen.
De los reportes de quejas y denuncias emitidos por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, de fecha 17 de diciembre de 2025, se advierte que los abogados Sugey Edith Huamán Skrlec y Juan Francisco Silva Chirinos, registran una (1) queja en trámite, respectivamente; y, el abogado Miguel Angel Gutiérrez Angulo no registra quejas en trámite.
El numeral 3 del artículo 106 de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, prevé que el cargo de fiscal termina, entre otros, por motivo de renuncia desde que es aceptada. El artículo 183 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, establece que: “el término de la carrera administrativa se expresa por resolución del titular de la Entidad o de quien esté facultado para ello, con clara mención de la causal que se invoca y los documentos que acrediten la misma” (aplicación supletoria al régimen especial de carrera de los señores fiscales).
Según el numeral 64.1 del artículo 64 de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, modificada por la Ley N° 31718, los fiscales titulares son aquellos a los que se nombra de manera permanente para el ejercicio de la función fiscal en el nivel que corresponde, y, de acuerdo al numeral 64.2 del mismo artículo, los fiscales provisionales son aquellos fiscales titulares que en caso de vacancia, licencia o impedimento ocupan el nivel superior inmediato vacante y aquellos abogados que cumplen con los requisitos para el nivel que se les designa.
Los numerales 3 y 4 del artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052, modificada por el artículo único de la Ley N° 31718, establecen que corresponde al Fiscal de la Nación el nombramiento de los fiscales provisionales de todos los niveles, así como designar a los fiscales titulares y provisionales en el órgano fiscal respectivo.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 24 de noviembre de 2020, en el caso Casa Nina vs. Perú, ha señalado que la provisionalidad “no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria”. Dicha temporalidad es consustancial al nombramiento provisional y habilita al titular del Ministerio Público para gestionar la asignación y permanencia del personal fiscal, en aras de la correcta marcha de la institución.
El artículo 2 de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, define el perfil requerido para el cargo al indicar que “está constituido por el conjunto de capacidades y cualidades personales y profesionales que aseguran que, en el ejercicio de sus funciones, los fiscales respondan idóneamente a los roles constitucionales de defensa de la legalidad, de los intereses públicos tutelados por el derecho, de representación de la sociedad en juicio y de investigación del delito”. La materialización de este perfil depende de una conducta ceñida a los principios de objetividad y probidad, que son esenciales para la confianza pública en la institución.
El numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece lo siguiente: “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”.
Que, la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, fijó las condiciones resolutorias para la vigencia de los nombramientos de fiscales provisionales. Dicha norma establece que podrá concluirse el nombramiento y designación, entre otros supuestos, cuando se presente: “(v) La afectación al principio de probidad que se erige como componente esencial del fiscal desde su nombramiento y designación; u otro motivo que termine dañando la imagen institucional” y “(vi) El incumplimiento o afectación a las condiciones que se requieren para su nombramiento como fiscal, o se transgreda el orden normativo aplicable a los fiscales”.
Estando a las normas señaladas y a la carta de renuncia de la abogada Sugey Edith Huamán Skrlec, se hace necesario emitir el acto resolutivo que acepte su renuncia al cargo de fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro y su designación en el Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, a partir de la publicación de la presente resolución; en consecuencia designarla conforme a su cargo de carrera —fiscal adjunto provincial titular penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima Centro— para lo cual previamente se deberá concluir el nombramiento y designación del abogado Miguel Angel Gutiérrez Angulo, quien ocupa la plaza en la que será designada la fiscal titular, teniendo en consideración lo expresado por la Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, con oficio N° 08309-2025-MP-FN-FSCN-FECCO, de fecha 23 de diciembre de 2025; asimismo, se advierte, que en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, existe una plaza de fiscal adjunto pendiente de ser cubierta, en ese sentido, resulta oportuno nombrar y designar al abogado Miguel Angel Gutiérrez Angulo, para que ocupe provisionalmente el cargo de fiscal adjunto provincial en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada; y, por otro lado, resulta necesario emitir el acto resolutivo que acepte la renuncia del abogado Juan Francisco Silva Chirinos, con eficacia anticipada a partir del 24 de noviembre de 2025, conforme al marco normativo antes citado.
Por otro lado, al haberse configurado las condiciones resolutorias prevista en los literales (v) y (vi) de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, y en ejercicio de las prerrogativas de este Despacho para salvaguardar la integridad de la función fiscal, la confianza ciudadana y la imagen institucional del Ministerio Público, corresponde dar por concluido el nombramiento de la abogada Julianna Lissette Chávez Hernández, como fiscal provincial provisional transitoria del Distrito Fiscal de Lima Centro y su designación en el Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”; conforme al marco normativo citado y, consiguientemente, estando al título de la abogada Julianna Lissette Chávez Hernández, fiscal adjunta provincial titular penal (corporativa) de Huaylas, Distrito Fiscal de Áncash, deberá designársele en un despacho de acuerdo a su título de nombramiento, por lo cual, previamente se deberá concluir la designación de la abogada Pamela Lizzet Sanchez Huarca; ahora bien, se advierte, que en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yungay, existe una plaza de fiscal adjunto pendiente de ser cubierta, por lo tanto, se ha considerado oportuno designar en dicha plaza a la última de las abogadas mencionadas.
Es de precisar que la plaza de fiscal adjunto provincial en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada —con carácter transitorio— corresponde a las creadas mediante Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 048-2017-MP-FN-JFS, de fecha 30 de marzo de 2017, la misma que posteriormente fue prorrogada la vigencia de la plaza, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, por Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 088-2024-MP-FN-JFS, de fecha 30 de diciembre de 2024.
Estando a lo expuesto, en mérito a la evaluación de los actuados contenidos en el informe N° 0139-2025-MP-FN-JJCP, de fecha 29 de diciembre de 2025 y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 158 y 159 de la Constitución Política del Perú, y a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada con el Decreto Legislativo N° 052 y modificada por el artículo único de la Ley N° 31718;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por la abogada Sugey Edith Huamán Skrlec, como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, y a su designación en el Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N°s 672-2024-MP-FN y 2956-2024-MP-FN, de fecha 8 de marzo y 30 de diciembre de 2024, respectivamente; a partir de la publicación de la presente resolución; sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite.
Artículo Segundo.- Aceptar la renuncia formulada por el abogado Juan Francisco Silva Chirinos, como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, y a su designación en el Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N°s 2905-2023-MP-FN y 2956-2024-MP-FN, de fechas 31 de octubre de 2023 y 30 de diciembre de 2024, respectivamente; con eficacia anticipada a partir del 24 de noviembre de 2025, sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite.
Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento de la abogada Julianna Lissette Chávez Hernández, como fiscal provincial provisional transitoria del Distrito Fiscal de Lima Centro y su designación en el Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N°s 068-2024-MP-FN y 2956-2024-MP-FN, de fechas 10 de enero y 30 de diciembre de 2024, respectivamente; sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite.
Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación de la abogada Pamela Lizzet Sanchez Huarca, fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Áncash, en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2499-2025-MP-FN, de fecha 19 de agosto de 2025.
Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento del abogado Miguel Angel Gutiérrez Angulo, como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, y a su designación en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1310-2025-MP-FN, de fecha 29 de abril de 2025.
Artículo Sexto.- Designar a la abogada Sugey Edith Huamán Skrlec, fiscal adjunta provincial titular penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima Centro, en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada.
Artículo Séptimo.- Designar a la abogada Julianna Lissette Chávez Hernández, fiscal adjunta provincial titular penal (corporativa) de Huaylas, Distrito Fiscal de Áncash, en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas.
Artículo Octavo.- Designar a la abogada Pamela Lizzet Sanchez Huarca, fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Áncash, en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yungay.
Artículo Noveno.- Nombrar al abogado Miguel Angel Gutiérrez Angulo, como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándolo en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada.
Artículo Décimo.- Precisar que la plaza señalada en el artículo noveno, tiene la condición de transitoria en mérito a lo dispuesto con la Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 048-2017-MP-FN-JFS, de fecha 30 de marzo de 2017, y a la prórroga de su vigencia materia de la Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 088-2024-MP-FN-JFS, de fecha 30 de diciembre de 2024.
Artículo Décimo Primero.- Hacer de conocimiento a los abogados Julianna Lissette Chávez Hernández, Pamela Lizzet Sanchez Huarca, Sugey Edith Huamán Skrlec, Miguel Angel Gutiérrez Angulo y Juan Francisco Silva Chirinos que debe efectuar la entrega de cargo, conforme a lo dispuesto en la Directiva General N° 007-2002-MP-FN “Normas para la Entrega de Cargo”, aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 972-2002-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2002.
Artículo Décimo Segundo.- Disponer que la Oficina General de Potencial Humano y/o Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal respectivo, realice la gestión correspondiente en relación al abogado Juan Francisco Silva Chirinos, quien se encuentra con reserva de su plaza como personal administrativo registrado en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).
Artículo Décimo Tercero.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales de Áncash y Lima Centro, Coordinador General del Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Coordinación Nacional de las Fiscalías Penales de competencia de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “A” y encargado de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “B”, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad Fiscal, Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, Oficina de Imagen Institucional y a los abogados mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Tomás Aladino Gálvez Villegas
Fiscal de la Nación (i)
2473050-1
2473050-2
Nombran fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal del Callao
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3844-2025-MP-FN
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El oficio N° 004582-2025-MP-FN-PJFSCALLAO, de fecha 14 de noviembre de 2025 y el informe N° 0129-2025-MP-FN-OREF-JJCP, de fecha 17 de diciembre de 2025, y;
CONSIDERANDO:
Mediante el oficio de vistos, cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Callao, conforme a los lineamientos establecidos en el oficio circular N° 003-2024-MP-FN, se eleva propuesta en terna para ocupar el cargo de fiscal provincial en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao.
A través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3000-2025-MP-FN, de fecha 29 de septiembre de 2025, se resolvió designar al abogado Luis Alonso Mamani Catunta, fiscal adjunto provincial titular especializado contra la criminalidad organizada (supraprovincial-corporativo) con competencia nacional, en la Cuarta Fiscalía Provincial Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada.
Los numerales 3 y 4 del artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052 y modificada por el artículo único de la Ley N° 31718, establecen que corresponde al Fiscal de la Nación el nombramiento de los fiscales provisionales de todos los niveles, así como la designación de los fiscales titulares y provisionales en el órgano fiscal respectivo.
El numeral 64.2 del artículo 64 de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, modificada por la Ley N° 31718, señala que los fiscales provisionales son aquellos fiscales titulares que en caso de vacancia, licencia o impedimento ocupan el nivel superior inmediato vacante y aquellos abogados que cumplen los requisitos para el nivel que se les designa.
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado en reiterada jurisprudencia que la “(…) provisionalidad constituye una situación fáctica que no genera más derechos que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien no ostenta titularidad alguna (…)” (STC N° 2770-2010-PA/TC) y asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, caso Casa Nina vs. Perú, determinó que no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria.
En ese sentido, es necesario emitir el acto resolutivo correspondiente a fin de nombrar y designar al abogado Luis Alonso Mamani Catunta, para que ocupe provisionalmente el cargo de fiscal provincial en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao para lo cual previamente se deberá concluir su designación señalada en el segundo párrafo de la parte considerativa de la presente resolución; en atención al marco normativo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ley y según el informe N° 0129-2025-MP-FN-OREF-JJCP, de fecha 17 de diciembre de 2025.
De conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052 y modificada por el artículo único de la Ley N° 31718;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación del abogado Luis Alonso Mamani Catunta, fiscal adjunto provincial titular especializado contra la criminalidad organizada (supraprovincial-corporativo) con competencia nacional, en la Cuarta Fiscalía Provincial Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3000-2025-MP-FN, de fecha 29 de septiembre de 2025.
Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Luis Alonso Mamani Catunta, como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal del Callao, designándolo en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao, con retención de su cargo de carrera.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento al abogado Luis Alonso Mamani Catunta que debe efectuar la correspondiente entrega de cargo, conforme a las disposiciones señaladas en la Directiva General N° 007-2002-MP-FN “Normas para la Entrega de Cargo”, aprobada por la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 972-2002-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2002.
Artículo Cuarto.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales de Lima Centro y Callao, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Imagen Institucional y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Tomás Aladino Gálvez Villegas
Fiscal de la Nación (i)
2473050-2
2473050-3
Aceptan renuncia de fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Amazonas
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3845-2025-MP-FN
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El oficio N° 002780-2025-MP-FN-OCE-FEDTID, de fecha 14 de noviembre de 2025, proveídos N°s 001646 y 001650-2025-MP-FN-OCE-FEDTID, de fechas 24 y 29 de diciembre de 2025, respectivamente, e informe N° 0017-2025-MP-FN-OREF-MGAS, de fecha 29 de diciembre de 2025, y;
CONSIDERANDO:
Mediante el oficio de vistos, el Jefe de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, remite y expresa conformidad a la carta presentada en fecha 13 de noviembre de 2025, suscrita por la abogada Luz Mery Zuzunaga Silva, fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Amazonas, designada en la Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas del Distrito Fiscal de Amazonas, con sede en Chachapoyas, y destacada a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Iquitos, quien presenta su renuncia al cargo por motivos estrictamente personales.
En su carta de renuncia, la mencionada abogada señala como último día de labores el 19 de noviembre de 2025, ante lo cual el citado jefe a través de los proveídos de vistos otorga la exoneración del plazo de anticipación previsto en la ley, por lo que cumple con los lineamientos establecidos en el oficio circular N° 001-2022-MP-FN-PJFS, de fecha 20 de abril de 2022.
Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3659-2023-MP-FN, de fecha 29 de diciembre de 2023, se resolvió nombrar a la abogada Luz Mery Zuzunaga Silva como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Amazonas, designándola en la Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas del Distrito Fiscal de Amazonas, con sede en Chachapoyas; vigencia sujeta a lo dispuesto en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024. Asimismo, se dispuso su destaque a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Iquitos, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2538-2025-MP-FN, de fecha 20 de agosto de 2025.
Del reporte de quejas y denuncias emitido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, de fecha 18 de noviembre de 2025, se advierte que la citada abogada registra cinco (5) quejas en trámite.
El numeral 3 del artículo 106 de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, prevé que el cargo de fiscal termina, entre otros, por motivo de renuncia desde que es aceptada. El artículo 183 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, establece que “el término de la carrera administrativa se expresa por resolución del titular de la Entidad o de quien esté facultado para ello, con clara mención de la causal que se invoca y los documentos que acrediten la misma” (aplicación supletoria al régimen especial de carrera de los señores fiscales).
El numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece lo siguiente: “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”.
En virtud de la facultad concedida al Fiscal de la Nación (i), conforme al marco normativo antes citado y en mérito a lo señalado en el informe N° 0017-2025-MP-FN-OREF-MGAS, de fecha 29 de diciembre de 2025, resulta necesario emitir el acto resolutivo que acepte la renuncia de la abogada Luz Mery Zuzunaga Silva, con eficacia anticipada a partir del 20 de noviembre de 2025.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052, y modificada por el único artículo de la Ley N° 31718;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por la abogada Luz Mery Zuzunaga Silva, como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Amazonas, y a su designación en la Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas del Distrito Fiscal de Amazonas, con sede en Chachapoyas, así como su destaque a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Iquitos, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N°s 3659-2023-MP-FN, 2956-2024-MP-FN y 2538-2025-MP-FN, de fechas 29 de diciembre de 2023, 30 de diciembre de 2024 y 20 de agosto de 2025, respectivamente; con eficacia anticipada a partir del 20 de noviembre de 2025, sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento a la abogada Luz Mery Zuzunaga Silva que debe efectuar la entrega de cargo, conforme a lo dispuesto en la Directiva General N° 007-2002-MP-FN “Normas para la Entrega de Cargo”, aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 972-2002-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2002.
Artículo Tercero.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales de Amazonas y Loreto, Jefe de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad Fiscal, Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, Oficina de Imagen Institucional y a la abogada mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Tomás Aladino Gálvez Villegas
Fiscal de la Nación (i)
2473050-3
2473050-4
Aceptan renuncia de fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3846-2025-MP-FN
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El oficio N° 015821-2025-MP-FN-PJFSLIMA, de fecha 5 de diciembre de 2025, proveído N° 017868-2025-MP-FN-PJFSLIMA, de fecha 23 de diciembre de 2025, e informe N° 0072-2025-MP-FN-OREF-EBRV, de fecha 29 de diciembre de 2025, y;
CONSIDERANDO:
Mediante el oficio y proveído de vistos, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, remite y expresa conformidad a la carta y escrito complementario, presentados en fechas 2 y 23 de diciembre de 2025, respectivamente, suscritos por la abogada Maribel Rosa Inga Cahuana, fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designada como adscrita al Despacho de la Fiscalía de la Nación, quien presenta su renuncia al cargo por motivos personales y familiares.
En su carta de renuncia y complemento, la citada abogada solicita la exoneración del plazo de anticipación previsto en la ley para que la renuncia se haga efectiva a partir del 1 de enero de 2026, ante lo cual el jefe inmediato otorga su visto bueno, por lo que cumple con los lineamientos establecidos en el oficio circular N° 001-2022-MP-FN-PJFS, de fecha 20 de abril de 2022.
Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2631-2024-MP-FN, de fecha 18 de noviembre de 2024, se resolvió nombrar a la abogada Maribel Rosa Inga Cahuana, como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándola como adscrita al Despacho de la Fiscalía de la Nación, vigencia sujeta a lo dispuesto en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024.
El numeral 3 del artículo 106 de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, prevé que el cargo de fiscal termina, entre otros, por motivo de renuncia desde que es aceptada. El artículo 183 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, establece que “el término de la carrera administrativa se expresa por resolución del titular de la Entidad o de quien esté facultado para ello, con clara mención de la causal que se invoca y los documentos que acrediten la misma” (aplicación supletoria al régimen especial de carrera de los señores fiscales).
En virtud de la facultad concedida al Fiscal de la Nación (i), conforme al marco normativo antes citado y en mérito a lo señalado en el informe N° 0072-2025-MP-FN-OREF-EBRV, de fecha 29 de diciembre de 2025, resulta necesario emitir el acto resolutivo que acepte la renuncia de la abogada Maribel Rosa Inga Cahuana, a partir del 1 de enero de 2026.
De conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por la abogada Maribel Rosa Inga Cahuana, como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, y a su designación como adscrita al Despacho de la Fiscalía de la Nación, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N°s 2631-2024-MP-FN y 2956-2024-MP-FN, de fechas 18 de noviembre y 30 de diciembre de 2024, respectivamente; a partir del 1 de enero de 2026.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento a la abogada Maribel Rosa Inga Cahuana que debe efectuar la entrega de cargo, conforme a lo dispuesto en la Directiva General N° 007-2002-MP-FN “Normas para la Entrega de Cargo”, aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 972-2002-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2002.
Artículo Tercero.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Despacho de la Fiscalía de la Nación, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad Fiscal, Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, Oficina de Imagen Institucional y a la abogada mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Tomás Aladino Gálvez Villegas
Fiscal de la Nación (i)
2473050-4
2473050-5
Aceptan renuncia de fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Amazonas
Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 3847-2025-MP-FN
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El oficio Nº 003763-2025-MP-FN-PJFSAMAZONAS, de fecha 18 de diciembre de 2025, e informe Nº 0077-2025-MP-FN-OREF-EBRV, de fecha 29 de diciembre de 2025, y;
CONSIDERANDO:
Mediante el oficio de vistos, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, remite y expresa conformidad a la carta de renuncia presentada en fecha 16 de diciembre de 2025, suscrito por la abogada Erin Claudia Gallego Rodríguez, fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Amazonas, designada en la Fiscalía Provincial Mixta de Cumba, quien presenta su renuncia al cargo por motivos personales, de índole de salud y familiar.
En su carta de renuncia, la citada abogada solicita la exoneración del plazo de anticipación previsto en la ley para que la renuncia se haga efectiva a partir del 23 de diciembre de 2025, y señala el haber comunicado sobre la misma a su jefe inmediato, por lo que cumple con los lineamientos establecidos en el oficio circular Nº 001-2022-MP-FN-PJFS, de fecha 20 de abril de 2022.
Con Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2793-2025-MP-FN, de fecha 11 de septiembre de 2025, se resolvió nombrar a la abogada Erin Claudia Gallego Rodríguez, como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Amazonas, designándola en la Fiscalía Provincial Mixta de Cumba, con reserva de su plaza de origen.
El numeral 3 del artículo 106 de la Ley Nº 30483, Ley de la Carrera Fiscal, prevé que el cargo de fiscal termina, entre otros, por motivo de renuncia desde que es aceptada. El artículo 183 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, establece que “el término de la carrera administrativa se expresa por resolución del titular de la Entidad o de quien esté facultado para ello, con clara mención de la causal que se invoca y los documentos que acrediten la misma” (aplicación supletoria al régimen especial de carrera de los señores fiscales).
El numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece lo siguiente: “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”.
En virtud de la facultad concedida al Fiscal de la Nación (i), conforme al marco normativo antes citado y en mérito a lo señalado en el informe Nº 0077-2025-MP-FN-OREF-EBRV, de fecha 29 de diciembre de 2025, resulta necesario emitir el acto resolutivo que acepte la renuncia de la abogada Erin Claudia Gallego Rodríguez, con eficacia anticipada a partir del 23 de diciembre de 2025.
De conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por la abogada Erin Claudia Gallego Rodríguez, como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Amazonas, y a su designación en la Fiscalía Provincial Mixta de Cumba, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2793-2025-MP-FN, de fecha 11 de septiembre de 2025; con eficacia anticipada a partir del 23 de diciembre de 2025.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento a la abogada Erin Claudia Gallego Rodríguez que debe efectuar la entrega de cargo, conforme a lo dispuesto en la Directiva General Nº 007-2002-MP-FN “Normas para la Entrega de Cargo”, aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 972-2002-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2002.
Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina General de Potencial Humano y/o Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal respectivo, realice la gestión correspondiente en relación a la abogada Erin Claudia Gallego Rodríguez, quien se encuentra con reserva de su plaza como personal administrativo registrado en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).
Artículo Cuarto.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, Coordinador Nacional de las Fiscalías Penales de competencia de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “A” y encargado de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “B”, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad Fiscal, Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, Oficina de Imagen Institucional y a la abogada mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS
Fiscal de la Nación (i)
2473050-5
2473050-6
Dan por concluido el nombramiento de fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Noroeste
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3848-2025-MP-FN
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTO Y CONSIDERANDO:
Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 254-2021-MP-FN, de fecha 23 de febrero de 2021, se resolvió nombrar a la abogada Sandra Elizabeth Castro Castillo, como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Noroeste, designándola en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa, quien actualmente labora en mérito a la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024.
Del reporte de quejas y denuncias emitido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, de fecha 30 de diciembre de 2025, se advierte que la abogada Sandra Elizabeth Castro Castillo registra tres (3) quejas en trámite por irregularidad en el ejercicio de sus funciones y una (1) suspensión.
Los numerales 3 y 4 del artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052 y modificada por el artículo único de la Ley N° 31718, establecen que corresponde al Fiscal de la Nación el nombramiento de los fiscales provisionales de todos los niveles, así como designar a los fiscales titulares y provisionales en el órgano fiscal respectivo.
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado en reiterada jurisprudencia que la “(…) provisionalidad constituye una situación fáctica que no genera más derechos que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien no ostenta titularidad alguna (…)” (STC N° 2770-2010-PA/TC) y asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, caso Casa Nina vs. Perú, determinó que no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria.
En esa línea, la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024, resuelve disponer, a partir del 1 de enero de 2025, que los nombramientos y designaciones de los fiscales provisionales a nivel nacional mantengan su vigencia hasta que se presente alguna de las siguientes causales resolutorias: (i) El nombramiento del fiscal titular por la Junta Nacional de Justicia; (ii) La designación del fiscal titular en la plaza ocupada por el fiscal provisional; (iii) El nombramiento y designación del fiscal provisional como consecuencia del concurso/convocatoria de mérito en el Ministerio Público; (iv) Por orden presupuestal, comprendiendo en este supuesto la condición de la plaza fiscal a ocupar -sea de carácter permanente o transitorio-, conforme se haya establecido para su creación. Así como, otra disposición por necesidad de servicio; (v) La afectación al principio de probidad que se erige como componente esencial del fiscal desde su nombramiento y designación; u otro motivo que termine dañando la imagen institucional; (vi) El incumplimiento o afectación a las condiciones que se requieren para su nombramiento como fiscal, o se transgreda el orden normativo aplicable a los fiscales (vii) se presente alguna otra condición, circunstancia u otra causal, que amerite el término del ejercicio de la función fiscal para lo cual han sido nombrados.
El artículo 39 de la Constitución Política del Perú señala que “Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación (…)” Asimismo, el citado cuerpo normativo señala en el artículo 153, que “Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga”.
En cuanto a la Ley N° 30483 - Ley de la Carrera Fiscal, señala en su artículo 39 numeral 6, respecto a las prohibiciones que recaen en los fiscales; siendo una de ellas el “Participar en política, sindicalizarse y declararse en huelga”.
Por otro lado, la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo N° 052 señala en el artículo 20, literal h, como una de las prohibiciones en el ejercicio funcional, el “Intervenir, pública o privadamente, en actos políticos, que no sean en cumplimiento de su deber electoral.”
En atención a lo expuesto, al haberse tomado conocimiento por diversos medios periodísticos, así como de la verificación mediante la página web de la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/candidatos/busqueda/buscar) de la postulación de la abogada Sandra Elizabeth Castro Castillo para un cargo político en condición de candidata al senado de la República para las Elecciones Generales 2026, circunstancia que constituye un evidente acto político incompatible con el cargo que ostenta, conforme a su designación por la Fiscalía de la Nación, resulta necesario adoptar las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de la función fiscal en base a los principios de independencia y objetividad, teniendo en consideración las causales resolutorias de los puntos v, vi y vii dispuestas mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2024-MP-FN, y a fin de fortalecer la imagen del Ministerio Público, corresponde emitir el acto resolutivo que dé por concluidos el nombramiento y designación de la abogada Sandra Elizabeth Castro Castillo; considerando el marco normativo antes citado y el informe N° 0235-2025-MP-FN-OREF-ENYO, de fecha 30 de diciembre de 2025.
Asimismo, se deberá hacer de conocimiento lo expuesto en la presente resolución a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a fin de tome las acciones que estime pertinentes en el marco de sus funciones.
De conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052 y modificada por el artículo único de la Ley N° 31718;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento de la abogada Sandra Elizabeth Castro Castillo como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Noroeste y su designación en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa; materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 254-2021-MP-FN y 2956-2024-MP-FN, de fechas 23 de febrero de 2021 y 30 de diciembre de 2024, respectivamente, sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento a la abogada Sandra Elizabeth Castro Castillo, que debe efectuar la correspondiente entrega de cargo, conforme a las disposiciones señaladas en la Directiva General N° 007-2002-MP-FN “Normas para la Entrega de Cargo”, aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 972-2002-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2002.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a fin de que tome las medidas que estime pertinentes.
Artículo Cuarto.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Noroeste, Coordinador Nacional de las Fiscalías Penales de competencia de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “A” y encargado de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “B”, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad Fiscal, Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, Oficina de Imagen Institucional y a la abogada mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Tomás Aladino Gálvez Villegas
Fiscal de la Nación (i)
2473050-6
2473050-7
Nombran fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3849-2025-MP-FN
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El oficio N° 015893-2025-MP-FN-PJFSLIMA, de fecha 10 de diciembre de 2025; y el informe N° 0226-2025-MP-FN-OREF-ENYO, de fecha 19 de diciembre de 2025, y;
CONSIDERANDO:
Mediante el oficio de vistos, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, conforme a los lineamientos establecidos en el oficio circular N° 003-2024-MP-FN, eleva propuesta en terna para cubrir la plaza de fiscal adjunto provincial en el 2° Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince.
Los numerales 3 y 4 del artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052 y modificada por el artículo único de la Ley N° 31718, establecen que corresponde al Fiscal de la Nación el nombramiento de los fiscales provisionales de todos los niveles, así como la designación de los fiscales titulares y provisionales en el órgano fiscal respectivo.
El numeral 64.2 del artículo 64 de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, modificada por la Ley N° 31718, señala que los fiscales provisionales son aquellos fiscales titulares que en caso de vacancia, licencia o impedimento ocupan el nivel superior inmediato vacante y aquellos abogados que cumplen los requisitos para el nivel que se les designa.
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado en reiterada jurisprudencia que la “(…) provisionalidad constituye una situación fáctica que no genera más derechos que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien no ostenta titularidad alguna (…)” (STC N° 2770-2010-PA/TC); asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, caso Casa Nina vs. Perú, determinó que no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria.
En ese sentido, es necesario emitir el acto resolutivo correspondiente a fin de nombrar y designar al abogado Víctor Hugo Núñez Izaguirre, para que ocupe provisionalmente la plaza transitoria de fiscal adjunto provincial en el 2° Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince; en atención al marco normativo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ley y según el informe N° 0226-2025-MP-FN-OREF-ENYO, de fecha 19 de diciembre de 2025.
Cabe acotar que el mencionado abogado actualmente labora a plazo indeterminado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, conforme se advierte del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), por lo que corresponde la retención de su cargo administrativo.
De conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052 y modificada por el artículo único de la Ley N° 31718;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Víctor Hugo Núñez Izaguirre, como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándolo en el 2° Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince, con retención de su cargo administrativo.
Artículo Segundo.- Precisar que la plaza señalada en el artículo primero, tiene la condición de transitoria.
Artículo Tercero.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, Coordinación Nacional de las Fiscalías Penales de competencia de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “A” y encargado de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “B”, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Imagen Institucional y al abogado mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS
Fiscal de la Nación (i)
2473050-7
2473050-8
AVISO 2473050_8 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2473050-8
2473050-9
Nombran fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal del Callao
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3851-2025-MP-FN
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
El oficio N° 004471-2025-MP-FN-PJFSCALLAO, de fecha 6 de noviembre de 2025 y el informe N° 031-2025-MP-FN-OREF-EJVP, de fecha 17 de diciembre de 2025, y;
CONSIDERANDO:
Mediante el oficio de vistos, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Callao, conforme a los lineamientos establecidos en el oficio circular N° 003-2024-MP-FN, eleva propuesta en terna para cubrir la plaza de fiscal adjunto provincial en la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao.
Los numerales 3 y 4 del artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052 y modificada por el artículo único de la Ley N° 31718, establecen que corresponde al Fiscal de la Nación el nombramiento de los fiscales provisionales de todos los niveles, así como la designación de los fiscales titulares y provisionales en el órgano fiscal respectivo.
El numeral 64.2 del artículo 64 de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, modificada por la Ley N° 31718, señala que los fiscales provisionales son aquellos fiscales titulares que en caso de vacancia, licencia o impedimento ocupan el nivel superior inmediato vacante y aquellos abogados que cumplen los requisitos para el nivel que se les designa.
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado en reiterada jurisprudencia que la “(…) provisionalidad constituye una situación fáctica que no genera más derechos que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien no ostenta titularidad alguna (…)” (STC N° 2770-2010-PA/TC); asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, caso Casa Nina vs. Perú, determinó que no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria.
En ese sentido, es necesario emitir el acto resolutivo correspondiente a fin de nombrar y designar a la abogada Gabriela Beatriz Copello Manrique, para que ocupe provisionalmente el cargo de fiscal adjunta provincial en la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao; en atención al marco normativo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ley y según el informe N° 031-2025-MP-FN-OREF-EJVP, de fecha 17 de diciembre de 2025.
De conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo N° 052 y modificada por el artículo único de la Ley N° 31718;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Gabriela Beatriz Copello Manrique, como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal del Callao, designándola en la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao.
Artículo Segundo.- Disponer que la Oficina General de Potencial Humano y/o Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal respectivo, realice las acciones que correspondan en el marco de sus competencias y/o delegación de funciones, considerando el régimen laboral en el que se encuentra sujeta la abogada Gabriela Beatriz Copello Manrique.
Artículo Tercero.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Callao, Coordinador Nacional de las Fiscalías Penales de competencia de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “A” y encargado de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “B”, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Imagen Institucional y a la abogada mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS
Fiscal de la Nación (i)
2473050-9
2473050-10
Rectifican error contenido en el primer artículo de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2899-2025-MP-FN
Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 3852-2025-MP-FN
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Mediante Resolución de la Junta de Fiscales Supremos Nº 066-2009-MP-FN-JFS, de fecha 21 de septiembre de 2009, se resolvió crear, entre otros, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canchis.
A través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2899-2025-MP-FN, de fecha 19 de septiembre de 2025, se resolvió nombrar a la abogada Birzayit Magdiel Vino Mendoza, como fiscal adjunta provincial provisional de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canchis del Distrito Fiscal de Cusco, a partir de la fecha de su juramentación hasta el 31 de diciembre de 2025 u otra disposición.
Empero, con Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024, se resolvió disponer que, a partir del 1 de enero de 2025, los nombramientos y designaciones de los fiscales provisionales a nivel nacional mantengan su vigencia hasta que se presente alguna de las condiciones resolutorias señaladas en la parte considerativa de dicha resolución.
En esa línea, se advierte de la parte considerativa de la resolución mencionada en el párrafo precedente, las siguientes condiciones resolutorias: (i) El nombramiento del fiscal titular por la Junta Nacional de Justicia. (ii) La designación del fiscal titular en la plaza ocupada por el fiscal provisional. (iii) El nombramiento y designación del fiscal provisional como consecuencia del concurso/convocatoria de mérito en el Ministerio Público. (iv) Por orden presupuestal, comprendiendo en este supuesto la condición de la plaza fiscal a ocupar -sea de carácter permanente o transitorio-, conforme se haya establecido para su creación. Así como, otra disposición por necesidad de servicio. (v) La afectación al principio de probidad que se erige como componente esencial del fiscal desde su nombramiento y designación; u otro motivo que termine dañando la imagen institucional. (vi) El incumplimiento o afectación a las condiciones que se requieren para su nombramiento como fiscal, o se transgreda el orden normativo aplicable a los fiscales. (vii) Se presente alguna otra condición, circunstancia u otra causal, que amerite el término del ejercicio de la función fiscal para lo cual han sido nombrados.
El artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece que el Ministerio Público es un organismo constitucional autónomo presidido por el Fiscal de la Nación; asimismo, conforme se desprende del artículo 5 de su Ley Orgánica, aprobada por Decreto Legislativo Nº 052, se estructura como un cuerpo jerárquicamente organizado, en virtud del cual los fiscales deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores.
Los numerales 3 y 4 del artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 052 y modificada por el artículo único de la Ley Nº 31718, establecen que corresponde al Fiscal de la Nación el nombramiento de los fiscales provisionales de todos los niveles, así como la designación de los fiscales titulares y provisionales en el órgano fiscal respectivo.
El numeral 64.2 del artículo 64 de la Ley Nº 30483, Ley de la Carrera Fiscal, modificada por la Ley Nº 31718, señala que los fiscales provisionales son aquellos fiscales titulares que en caso de vacancia, licencia o impedimento ocupan el nivel superior inmediato vacante y aquellos abogados que cumplen los requisitos para el nivel que se les designa.
El Tribunal Constitucional ha manifestado en reiterada jurisprudencia que la “(…) provisionalidad constituye una situación fáctica que no genera más derechos que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien no ostenta titularidad alguna (…)” (STC Nº 2770-2010-PA/TC); asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, caso Casa Nina vs. Perú, determinó que no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria.
El numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que “Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido, ni el sentido de la decisión”.
Es de precisar que el nombramiento del personal fiscal provisional se realiza en plaza fiscal de acuerdo a los niveles contemplados en la Ley Nº 30483, Ley de la Carrera Fiscal, y en Distrito Fiscal en específico, no obstante se advierte que en el nombramiento de la abogada mencionada en el primer párrafo de la parte considerativa de la presente resolución, se ha omitido señalar el Distrito Fiscal al cual pertenece la plaza fiscal; asimismo, se observa error en la descripción de la denominación del despacho fiscal de designación; esto es:
Dice: Nombrar a la abogada Birzayit Magdiel Vino Mendoza, como fiscal adjunta provincial provisional de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canchis del Distrito Fiscal de Cusco, a partir de la fecha de su juramentación hasta el 31 de diciembre de 2025 u otra disposición.
Debe decir: Nombrar a la abogada Birzayit Magdiel Vino Mendoza, como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal del Cusco, designándola en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canchis, a partir de la fecha de su juramentación hasta el 31 de diciembre de 2025 u otra disposición.
En ese sentido, conforme a las prerrogativas y a la facultad concedida al Fiscal de la Nación (i) para dirigir, orientar y reformular la política del Ministerio Público; con la finalidad de coadyuvar a la labor fiscal y alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), así como las metas institucionales, se ha considerado oportuno emitir el acto resolutivo correspondiente, a fin de rectificar el error material en el nombramiento y designación de la abogada Birzayit Magdiel Vino Mendoza; y, considerando que estos fueron dispuestos con vigencia a partir de la fecha de su juramentación hasta el 31 de diciembre de 2025 u otra disposición, debe disponerse una nueva vigencia hasta que se presente alguna de las condiciones resolutorias señaladas en la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024.
De conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 052 y modificada por el artículo único de la Ley Nº 31718;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Rectificar el error contenido en el primer artículo de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2899-2025-MP-FN, de fecha 19 de septiembre de 2025, de acuerdo a lo siguiente:
Dice: Nombrar a la abogada Birzayit Magdiel Vino Mendoza, como fiscal adjunta provincial provisional de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canchis del Distrito Fiscal de Cusco, a partir de la fecha de su juramentación hasta el 31 de diciembre de 2025 u otra disposición.
Debe decir: Nombrar a la abogada Birzayit Magdiel Vino Mendoza, como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal del Cusco, designándola en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canchis, a partir de la fecha de su juramentación hasta el 31 de diciembre de 2025 u otra disposición.
Artículo Segundo.- Disponer que el nombramiento de la abogada Birzayit Magdiel Vino Mendoza, como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal del Cusco, y su designación en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canchis, mantengan su vigencia hasta que se presente alguna de las condiciones resolutorias señaladas en la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2956-2024-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2024.
Artículo Tercero.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Cusco, Coordinador Nacional de las Fiscalías Penales de competencia de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “A” y encargado de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “B”, Gerencia General, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Imagen Institucional y a la fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS
Fiscal de la Nación (i)
2473050-10
OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES
2472420-1
Aprueban transferencia financiera y otorgamiento mensual de subvención del financiamiento público directo, a favor de diversas organizaciones políticas beneficiarias
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000201-2025-JN/ONPE
Lima, 29 de diciembre de 2025
VISTOS: El Memorando N° 002260-2025-GPP/ONPE de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 000615-2025-GSFP/ONPE de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios; el Informe N° 000774-2025-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; así como la Hoja de Elevación N° 000039-2025-GG/ONPE de la Gerencia General; y,
CONSIDERANDO:
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es un organismo constitucionalmente autónomo y es la máxima autoridad en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la ONPE;
Mediante Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 9 de julio de 2020, se convocó a Elecciones Generales para la elección del Presidente de la República, Vicepresidentes y Congresistas de la República, así como de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, para el día 11 de abril de 2021;
Con fecha 12 de junio de 2021, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución N° 0602-2021-JNE del Jurado Nacional de Elecciones. A través de esta, se declaró que, en las elecciones de congresistas de la República del proceso de Elecciones Generales 2021, las organizaciones políticas que obtuvieron representación en el Congreso de la República son las siguientes:
|
ORGANIZACIÓN POLÍTICA
|
|
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE
|
|
FUERZA POPULAR
|
|
RENOVACIÓN POPULAR
|
|
ACCIÓN POPULAR
|
|
ALIANZA PARA EL PROGRESO
|
|
AVANZA PAÍS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
|
|
JUNTOS POR EL PERÚ
|
|
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
|
|
PODEMOS PERÚ
|
|
PARTIDO MORADO
|
De conformidad con el artículo 29 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (LOP), los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso de la República reciben financiamiento público directo por parte del Estado, cuyo monto resulta de multiplicar el número total de votos emitidos para elegir representantes al Congreso de la República por el 0.1% de la unidad impositiva tributaria;
En consideración de lo anterior, a través de la Resolución Jefatural N° 001690-2021-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano el 3 de diciembre de 2021, se aprobó el monto total destinado al financiamiento público directo (FPD) a favor de las organizaciones políticas que obtuvieron representación en el Congreso de la República en las Elecciones Generales 2021, el cual asciende a S/ 77,980,016.40 (setenta y siete millones novecientos ochenta mil dieciséis soles con 40/100). También se aprobó el monto total del FPD correspondiente a cada organización política beneficiaria;
Ahora bien, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado por Resolución Jefatural N° 000030-2025-JN/ONPE (RFSFP), la distribución de los fondos del FPD se realiza a razón de la totalidad del fondo anual que corresponde a cada organización política que haya alcanzado representación en el Congreso de la República. Aunado a ello, de acuerdo con la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, la ONPE queda autorizada a otorgar, a partir de enero de 2026, en forma mensual y proporcional, la subvención que le corresponde a cada organización política beneficiaria del FPD. Asimismo, se precisa que las referidas subvenciones deben ser aprobadas mediante resolución del titular de la ONPE o de quien este último delegue;
En observancia de ello, mediante el Informe N° 004272-2025-SGVC-GSFP/ONPE, la Subgerencia de Verificación y Control de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios efectuó el cálculo de la distribución del FPD correspondiente a cada partido político para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de julio del año 20261, así como el cálculo del monto de otorgamiento mensual y proporcional, el cronograma de depósitos, así como la fecha de rendición de cuentas del FPD. Ello se denota en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente resolución jefatural;
Por su parte, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante el documento de Vistos, informa sobre la asignación de recursos para el año 2026 a ser transferidos a las organizaciones políticas en el marco del FPD;
Por lo expuesto, y con la conformidad legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica, corresponde emitir la resolución jefatural que apruebe la transferencia financiera y el otorgamiento del FPD a las organizaciones políticas beneficiarias para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de julio del año 2026. Es de precisar que las organizaciones políticas beneficiarias del FPD deben presentar la documentación prevista en el artículo 12 del RFSFP para recibir la subvención correspondiente a dicho periodo;
A modo de cierre, a efectos de que la ONPE realice sus labores de verificación y control externo de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas respecto a la utilización de los recursos del financiamiento público directo, el artículo 15 del RFSFP prescribe que las organizaciones políticas, en el marco de la norma del presupuesto del sector público, están obligadas a presentar a la ONPE su rendición de gastos efectuados con cargo a los fondos del FPD al término de cada ejercicio anual. El informe debe encontrarse debidamente sustentado y documentado en los formatos que, para tal efecto, apruebe la ONPE, y su plazo de presentación se genera al momento de aprobar la solicitud de otorgamiento de fondos, de acuerdo con el cronograma que se establezca;
En relación con lo anterior, cabe precisar, en la presente oportunidad, la subvención del FPD se otorga únicamente por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2026. Por ello, resulta necesario que la rendición de gastos se efectúe al cierre de dicho periodo, asegurando así la coherencia entre el periodo de utilización de los fondos –es decir, su uso durante el quinquenio posterior a la elección, en virtud del artículo 29 de la LOP– y la oportunidad de la rendición de gastos. Ello permite garantizar la transparencia y el adecuado control del uso de recursos públicos, en concordancia con lo previsto en la LOP y la Constitución Política;
Siendo así, resulta necesario establecer el cronograma que fije el período y plazo de la rendición de cuentas del financiamiento público directo correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2026 por parte de las organizaciones políticas que obtuvieron representación en el Congreso de la República en las Elecciones Generales 2021, correspondiendo emitir la resolución jefatural que así lo disponga;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas; en el artículo 13 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios; en la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; así como en el literal y) del artículo 11 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural N° 000125-2024-JN/ONPE;
Con el visado de la Gerencia General, de la Secretaría General así como de las Gerencias de Supervisión de Fondos Partidarios, de Administración, de Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar la transferencia financiera y el otorgamiento mensual de la subvención del FPD del 1 de enero al 26 de julio del año 2026, a favor de las organizaciones políticas beneficiarias, en el marco de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y sus modificatorias, y la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
Artículo Segundo.- Autorizar a la Gerencia de Administración a efectuar las transferencias interbancarias de las subvenciones del FPD correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 26 julio del año 2026 en las cuentas bancarias de las organizaciones políticas beneficiarias, comunicadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y que hayan cumplido con los requisitos señalados en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 000030-2025-JN/ONPE, de conformidad con el Anexo I de la presente Resolución Jefatural.
Artículo Tercero.- Fijar el 10 de agosto de 2026 como fecha límite de presentación de la rendición de cuentas del financiamiento público directo correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de julio del año 2026, que efectuarán los partidos políticos que obtuvieron representación en el Congreso de la República en las Elecciones Generales 2021, cuyo detalle se especifica en el Anexo I de la presente Resolución Jefatural.
Artículo Cuarto.- Disponer que la Secretaría General notifique la presente resolución a los representantes legales y tesoreros de las organizaciones políticas beneficiarias del financiamiento público directo.
Artículo Quinto.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe/onpe), y en el Portal de Transparencia de la Entidad, dentro del plazo de tres (3) días de su emisión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS
Jefe
Oficina Nacional de Procesos Electorales
ANEXO I
Periodo del 01 de enero al 26 de julio de 2026
|
Nº
|
PARTIDO POLITICO CON REPRESENTACIÓN EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
|
MONTO SEMESTRAL S/
|
ENERO
S/
|
FEBRERO S/
|
MARZO S/
|
ABRIL S/
|
MAYO S/
|
JUNIO S/
|
JULIO S/
|
TOTAL
|
|
1
|
PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE
|
S/ 1,225,034.01
|
S/ 175,004.86
|
S/ 175,004.86
|
S/ 175,004.86
|
S/ 175,004.86
|
S/ 175,004.86
|
S/ 175,004.86
|
S/ 175,004.85
|
S/ 1,225,034.01
|
|
2
|
FUERZA POPULAR
|
S/ 1,090,520.94
|
S/ 155,788.71
|
S/ 155,788.71
|
S/ 155,788.71
|
S/ 155,788.71
|
S/ 155,788.71
|
S/ 155,788.71
|
S/ 155,788.68
|
S/ 1,090,520.94
|
|
3
|
RENOVACION POPULAR
|
S/ 960,389.38
|
S/ 137,198.48
|
S/ 137,198.48
|
S/ 137,198.48
|
S/ 137,198.48
|
S/ 137,198.48
|
S/ 137,198.48
|
S/ 137,198.50
|
S/ 960,389.38
|
|
4
|
ACCION POPULAR
|
S/ 940,234.41
|
S/ 134,319.20
|
S/ 134,319.20
|
S/ 134,319.20
|
S/ 134,319.20
|
S/ 134,319.20
|
S/ 134,319.20
|
S/ 134,319.21
|
S/ 940,234.41
|
|
5
|
ALIANZA PARA EL PROGRESO
|
S/ 844,388.45
|
S/ 120,626.92
|
S/ 120,626.92
|
S/ 120,626.92
|
S/ 120,626.92
|
S/ 120,626.92
|
S/ 120,626.92
|
S/ 120,626.93
|
S/ 844,388.45
|
|
6
|
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
|
S/ 844,065.59
|
S/ 120,580.80
|
S/ 120,580.80
|
S/ 120,580.80
|
S/ 120,580.80
|
S/ 120,580.80
|
S/ 120,580.80
|
S/ 120,580.79
|
S/ 844,065.59
|
|
7
|
JUNTOS POR EL PERU
|
S/ 782,782.75
|
S/ 111,826.11
|
S/ 111,826.11
|
S/ 111,826.11
|
S/ 111,826.11
|
S/ 111,826.11
|
S/ 111,826.11
|
S/ 111,826.09
|
S/ 782,782.75
|
|
8
|
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
|
S/ 752,979.94
|
S/ 107,568.57
|
S/ 107,568.57
|
S/ 107,568.57
|
S/ 107,568.57
|
S/ 107,568.57
|
S/ 107,568.57
|
S/ 107,568.52
|
S/ 752,979.94
|
|
9
|
PODEMOS PERU
|
S/ 733,685.53
|
S/ 104,812.22
|
S/ 104,812.22
|
S/ 104,812.22
|
S/ 104,812.22
|
S/ 104,812.22
|
S/ 104,812.22
|
S/ 104,812.21
|
S/ 733,685.53
|
|
10
|
PARTIDO MORADO
|
S/ 706,976.39
|
S/ 100,996.63
|
S/ 100,996.63
|
S/ 100,996.63
|
S/ 100,996.63
|
S/ 100,996.63
|
S/ 100,996.63
|
S/ 100,996.61
|
S/ 706,976.39
|
|
|
TOTAL S/
|
S/ 8,881,057.39
|
S/ 1,268,722.50
|
S/ 1,268,722.50
|
S/ 1,268,722.50
|
S/ 1,268,722.50
|
S/ 1,268,722.50
|
S/ 1,268,722.50
|
S/ 1,268,722.39
|
S/ 8,881,057.39
|
|
CRONOGRAMA DE DEPOSITOS (*)
|
1RA QUINCENA DE ENERO
|
1RA QUINCENA DE FEBRERO
|
1RA QUINCENA DE MARZO
|
1RA QUINCENA DE ABRIL
|
1RA QUINCENA DE MAYO
|
1RA QUINCENA DE JUNIO
|
1RA QUINCENA DE JULIO
|
|
|
PLAZO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
|
10 DE AGOSTO 2026
|
|
|
(*) La distribución de los fondos por el FPD, corresponde al periodo del 01 de enero al 26 de julio 2026, fecha en la que culmina el quinquenio 2021-2026 (27JUL2021 al 26JUL2026)
(*) Se debe tener presente que el cronograma de depósitos de la subvención mensual generada por el FPD a las Organizaciones Políticas, será abonado a sus cuentas bancarias, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12º del RFSFP.
1 En esa fecha, concluye el quinquenio del mandato de los congresistas de la República electos en las Elecciones Generales 2021; razón por la cual, para el otorgamiento del FPD, únicamente se asigna el porcentaje correspondiente hasta ese momento.
2472420-1
2472515-1
AVISO 2472515_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2472515-1
2472762-1
AVISO 2472762_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2472762-1
REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
2473085-1
Aprueban el Reglamento RE-007-DRE/004 “Elaboración del Padrón Electoral para las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026”, primera versión
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000216-2025/JNAC/RENIEC
Lima, 30 de diciembre de 2025
VISTOS:
Los Memorandos Nº 001715-2025/DRE/RENIEC (17OCT2025) y Nº 003020-2025/DRE/RENIEC (18DIC2025), de la Dirección de Registro Electoral; los Informes N° 000110-2025/DRE/SDPEG/RENIEC (15OCT2025) y N° 000149-2025/DRE/SDPEG/ RENIEC (17DIC2025), de la Sub Dirección de Procesamiento Electoral y Georreferenciación de la Dirección de Registro Electoral; el Memorando Nº 001485-2025/OPPM/RENIEC (23DIC2025), de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° 000290-2025/OPPM/UMO/RENIEC (23DIC2025), de la Unidad de Modernización Organizacional de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe Nº 001443-2025/OAJ/RENIEC (29DIC2025), de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 26497 se creó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con arreglo a los artículos 177º y 183º de la Constitución Política del Perú, como organismo constitucionalmente autónomo, con personería jurídica de derecho público interno, que goza de atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, económica y financiera, encargado entre otros, de manera exclusiva y excluyente de organizar y actualizar el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales, así como de inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil;
Que mediante la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se establece como finalidad fundamental del proceso de modernización, la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, con el objetivo de alcanzar, entre otros, un Estado transparente en su gestión, con trabajadores y servidores que brindan al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de bajo costo, lo que implica el desempeño responsable y transparente de la función pública, con mecanismos de control efectivos;
Que de igual forma, el Decreto Supremo N° 103-2022-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, precisa como objetivos prioritarios el de “Garantizar políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de las personas en el territorio”, el de “Mejorar la gestión interna en las entidades públicas”, el de “Fortalecer la mejora continua en el Estado” y el de “Garantizar un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas”;
Que la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, tiene como propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior; en concordancia con la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno con el objetivo principal de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública; y, la Resolución de Contraloría N° 0146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG-INTEG sobre “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, como precepto regulador del procedimiento para implementar el Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, así como las normas que dicten los órganos rectores de los sistemas administrativos;
Que la Ley 28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados, modificada por la Ley N° 31079, “Ley que modifica La Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las Municipalidades de Centros Poblados, modificada por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados”, regula el proceso de la elección democrática de alcaldes y regidores de las municipalidades de centros poblados, de acuerdo a lo previsto en el artículo 132° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Que el artículo 2° de la Ley 28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados, determina una única fecha para la realización de las elecciones municipales en los centros poblados, las mismas que deben realizarse el primer domingo del mes siguiente a la fecha de elección de alcaldes provinciales y distritales;
Que el artículo 4° de la Ley N° 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados, prescribe que “El RENIEC elabora y actualiza el padrón electoral a utilizarse en las elecciones de las municipalidades de centros poblados”;
Que los diversos órganos y unidades orgánicas del RENIEC, en su constante compromiso de mejoramiento, vienen revisando su normativa a efectos de solicitar la aprobación de nuevos documentos normativos o en otros casos, se dejen sin efecto, con la finalidad de mejorar u optimizar las labores de cada una de ellas;
Que el sub numeral 7.1.1 del numeral 7.1 de la Directiva DI-001-OPPM/001, “Documentos Normativos del RENIEC”, Primera Versión, aprobada con Resolución Secretarial N° 000084-2024/SGEN/RENIEC (08JUL2024), establece que el órgano formulador elabora los proyectos de documentos normativos necesarios para el normal desarrollo de sus actividades, a partir de normas vigentes, a iniciativa del órgano o unidad orgánica que tenga competencia en la materia a regular, en coordinación con las unidades orgánicas involucradas;
Que en ese contexto y mediante el documento de vistos, la Dirección de Registro Electoral, en virtud a las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del RENIEC, aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 000061-2024/JNAC/RENIEC (08ABR2024) y su modificatoria, propone la aprobación del documento normativo: Reglamento “Elaboración del Padrón Electoral para las Elecciones de autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026”, Primera Versión, cuyo objeto es “establecer los lineamientos de la elaboración del Padrón Electoral para las elecciones de autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026”;
Que en mérito a ello, mediante documentos de vistos, la Unidad de Modernización Organizacional de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en su condición de órgano técnico especializado de la institución, ha emitido opinión favorable respecto a la aprobación del documento normativo propuesto, asignándole la codificación siguiente: Reglamento RE-007-DRE/004 “Elaboración del Padrón Electoral para las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026”, primera versión;
Que en ese contexto, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el documento de vistos, señala que el proyecto de Reglamento RE-007-DRE/004 “Elaboración del Padrón Electoral para las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026”, primera versión, presenta la consistencia legal pertinente y precisa que, de conformidad con la Directiva DI-001-OPPM/001, denominada “Documentos Normativos del RENIEC”, aprobada con Resolución Secretarial N° 000084-2024/SGEN/RENIEC (08JUL2024), la aprobación del documento normativo sujeto a materia deberá realizarse a través de la Resolución Jefatural correspondiente por lo que procede a proyectar el acto resolutivo considerando que debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Estando a la propuesta de la Dirección de Registro Electoral, con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y de la Oficina de Asesoría Jurídica, conforme con el Reglamento de Organización y Funciones del RENIEC, aprobado por Resolución Jefatural N° 000061-2024-JNAC/RENIEC (08ABR2024) su modificatoria, y a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 009-2024-JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento RE-007-DRE/004 “Elaboración del Padrón Electoral para las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026”, primera versión, propuesto por la Dirección de Registro Electoral, que en anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Encargar a la Dirección de Registro Electoral el cumplimiento de lo dispuesto y a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización la difusión del contenido de la presente Resolución Jefatural.
Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural en el Diario Oficial El Peruano y el portal web institucional del RENIEC www.reniec.gob.pe; y de su anexo en el portal institucional www.reniec.gob.pe y en el Portal del Estado Peruano Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano www.gob.pe/reniec.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
CARMEN MILAGROS VELARDE KOECHLIN
Jefa Nacional
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –
RENIEC
2473085-1
SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
2472774-1
Modifican el Reglamento para la Elección de los Representantes al Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, aprobado por Resolución SBS N° 5788-2015 y sus modificatorias
RESOLUCIÓN SBS N° 04512-2025
Lima, 30 de diciembre de 2025
EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS N° 5788-2015 y sus modificatorias se aprobó el Reglamento para la Elección de los Representantes al Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), en adelante el Reglamento;
Que, mediante el artículo 8-A del Decreto Supremo N° 157-90-EF y sus modificatorias, en adelante la Ley Especial, se dispone que en caso existan terceros accionistas con derecho a voto, en caso de fusión de dos o más CMAC o en caso una CMAC adquiera participación en otra CMAC, cada Concejo Municipal deberá designar a un (1) representante para su participación en las sesiones de Junta General de Accionistas, las cuales se regirán por lo señalado en la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887 y sus normas modificatorias, en adelante Ley General de Sociedades;
Que, conforme al artículo 10-B de la Ley Especial y el artículo 4 del Reglamento se dispone que cuando terceros accionistas adquieran más del 50% del total de acciones suscritas con derecho a voto de la CMAC, esta se regirá por lo dispuesto en la Ley General, así como por la Ley General de Sociedades, dejando de aplicarse la Ley Especial y las normas del Sistema Nacional de Control, por lo que en caso un tercero accionista no mayoritario debe seguir rigiéndose por las disposiciones de la Ley Especial y el Reglamento;
Que, los numerales 10.2.2. y 10.2.3. del artículo 10 del Reglamento disponen la nominación del director por parte del Concejo Municipal, así como la presunción de formalización de la nominación de director, respectivamente; aplicando ambos supuestos al caso en que el único accionista de las CMAC sean los Concejos Municipales;
Que, asimismo, mediante el numeral 6) del artículo 8-B de la Ley Especial se establece que la Junta General de Accionistas carece de facultades directivas y ejecutivas, estando exclusivamente facultada para nominar a los miembros del Directorio, de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, así como fijar la política de retribuciones y dietas de dicho órgano, a propuesta del Comité de Remuneraciones de la CMAC;
Que, como consecuencia de dicha disposición es necesario que esta Superintendencia precise el procedimiento de nominación para cuando se presente el supuesto de tercero accionista no mayoritario en una CMAC con la finalidad que pueda concluirse con la formalidad de la designación de los directores de una CMAC por parte de la Junta General de Accionistas;
Que, el artículo 157 de la Ley General de Sociedades señala que el cargo de director vaca por fallecimiento, renuncia, remoción o por incurrir el director en alguna de las causales de impedimento señaladas por la ley o estatuto;
Que, el artículo 13 del Reglamento señala las causales de vacancia del cargo de director representante de una CMAC, dentro del cual se menciona la figura de la revocación por parte de la entidad designante. Asimismo, el mencionado artículo señala como otra causal de vacancia, la remoción del director por la existencia de impedimentos originarios y/o sobrevinientes o por incurrir en alguna de las causales señaladas en el artículo 89 de la Ley General.
Que, es necesario precisar la referencia en el tratamiento y uso de la figura de la remoción como causal de vacancia, considerando lo regulado en la Ley General de Sociedades;
Que, a efectos de recoger las opiniones del público sobre lo propuesto, se dispuso la prepublicación del proyecto de resolución sobre la materia en el portal electrónico de la Superintendencia, al amparo de lo dispuesto en la Trigésima Segunda Disposición Final y Complementaria de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por la Ley 26702 y sus modificatorias, así como del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, vigente al momento de la prepublicación;
Que, la Décimo Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley 32515, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026, publicada el 04.12.2025, modificó los artículos 10 y 11 de la Ley Especial, por lo que resulta necesario incorporar y adecuar lo dispuesto en la referida norma al presente Reglamento;
Contando con el visto bueno de las Superintendencias Adjuntas de Banca y Microfinanzas y de Regulación y Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 7 y 9 del artículo 349 y en el artículo 367 de la Ley General;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar el Reglamento para la Elección de los Representantes al Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, aprobado por Resolución SBS N° 5788-2015 y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento), de acuerdo con lo siguiente:
1. Modificar el literal c) del artículo 5, el numeral 7.1 del artículo 7, el artículo 8, los numerales 10.1.4, 10.2.1 y 10.2.2 del artículo 10, y los artículos 13, 14, 16 y 17 del Reglamento, de acuerdo con el siguiente texto:
“Artículo 5°.- REQUISITOS PARA SER DIRECTOR
(...)
c) Demostrar idoneidad técnica, acreditando alternativamente:
1) En caso no contar con experiencia en el sistema financiero o en empresas o instituciones vinculadas con dicho sistema, acreditar los siguientes conocimientos técnicos y experiencia:
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Conocimientos técnicos
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Experiencia
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Cargo
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Tamaño de la empresa
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Tiempo en el cargo
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Haber obtenido el grado de bachiller o título profesional en economía, finanzas, ingeniería,
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Directivos, nivel gerencial o principales funcionarios
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Empresas o instituciones con ventas o ingresos anuales de actividades ordinarias mayores a 300 unidades impositivas tributarias (UIT).
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Mayor a 3 años en los últimos 12 años
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Funcionarios que lideren unidades organizativas que se encuentren hasta el segundo nivel de reporte a la Gerencia General
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Empresas o instituciones con ventas o ingresos anuales de actividades ordinarias mayores a 1,700 unidades impositivas tributarias (UIT).
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Funcionarios que lideren unidades organizativas que se encuentren hasta el tercer nivel de reporte a la Gerencia General
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Empresas o instituciones con ventas o ingresos anuales de actividades ordinarias mayores a 2,300 unidades impositivas tributarias (UIT).
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2) En caso contar con experiencia en el sistema financiero o en empresas o instituciones vinculadas con dicho sistema, acreditar la siguiente experiencia:
- Experiencia
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- Cargo
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- Tamaño de la empresa
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- Tiempo en el cargo
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- Directivos, nivel gerencial o principales funcionarios
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- Empresas del sistema financiero o en empresas o instituciones vinculadas con dicho sistema.
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- Mayor a 3 años en los últimos 12 años
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- Funcionarios que lideren unidades organizativas que se encuentren hasta el segundo nivel de reporte a la Gerencia General
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- Empresas del sistema financiero, o entidades vinculadas a dicho sistema, que cuenten con un rating otorgado por una clasificadora externa igual o superior a B y registren ventas o ingresos anuales financieros o por actividades ordinarias, según corresponda, superiores a S/ 100 millones.
- Alternativamente, empresas del sistema financiero, o entidades vinculadas a dicho sistema, que registren ventas o ingresos anuales financieros o por actividades ordinarias superiores a S/ 800 millones.
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- Funcionarios que lideren unidades organizativas que se encuentren hasta el tercer nivel de reporte a la Gerencia General
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- Empresas del sistema financiero, o entidades vinculadas a dicho sistema, que cuenten con un rating otorgado por una clasificadora externa igual o superior a B y registren ventas o ingresos anuales financieros o por actividades ordinarias, según corresponda, superiores a S/ 500 millones.
- Alternativamente, empresas del sistema financiero, o entidades vinculadas a dicho sistema, que registren ventas o ingresos anuales financieros o por actividades ordinarias superiores a S/ 800 millones.
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Los niveles de ventas o ingresos anuales de las empresas o instituciones requeridos para la determinación del cumplimiento de los requisitos de idoneidad técnica deben ser cumplidos durante los años en los cuales el candidato acredite su experiencia. Los años de experiencia registrados simultáneamente en más de una empresa no son acumulables.”
“Artículo 7°.- DURACIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR
7.1 El período de duración en el cargo de director es de tres (3) años conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Especial. Los miembros del directorio pueden ser reelegidos en sus cargos. El presidente de directorio es elegido por un (1) año y puede ser reelegido solo por dos (2) periodos anuales consecutivos.
7.2 El periodo de duración se computa desde el día siguiente de la adopción del acuerdo de nominación por parte del Concejo Municipal o Junta General de Accionistas, según corresponda, o al día siguiente después de transcurrido el plazo máximo de quince (15) días hábiles de recibida la comunicación de la Gerencia Mancomunada a que se refiere el numeral 10.2.2, o de veinticinco (25) días hábiles de recibida la comunicación de la Gerencia Mancomunada a que se refiere el numeral 10.2.5 del artículo 10 del presente Reglamento sin que se haya formalizado la nominación, según corresponda. Transcurrido los plazos señalados se entenderá que el director desempeña funciones en su cargo y está habilitado para asistir a sesiones del directorio.
7.3 En caso de vacancia del cargo de director, la persona reemplazante, sujeta a los procedimientos de designación y nominación establecidos en el presente Reglamento, debe ser designada por la misma entidad que designó al director vacado y ocupará el cargo de director por el tiempo que falte para culminar el periodo, salvo disposición distinta del Estatuto, pudiendo ser reelecto. La designación debe efectuarse dentro de los quince (15) días hábiles de producida la vacancia.
7.4 La duración del cargo de director de una CMAC es independiente de los cambios de autoridades o representantes legales que ocurran en las entidades designantes.”
“Artículo 8°.- RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DESIGNANTES
Cada entidad designante es responsable de velar por la debida observancia de los plazos de duración del periodo de vigencia del Director que le corresponda designar, y en ese sentido cada una de ellas deberá iniciar el proceso de designación de su representante con la debida anterioridad al vencimiento del periodo, conforme lo requerido en la comunicación de la Gerencia Mancomunada a que se refiere el segundo párrafo del artículo 10° del presente Reglamento.”
“Artículo 10°.- PROCESO DE ELECCIÓN DE DIRECTORES
El proceso de elección o de reelección de los directores consta de dos etapas: designación y nominación.
Previo al inicio de la etapa de designación, la Gerencia Mancomunada de la CMAC comunica a las entidades designantes, con copia a esta Superintendencia, el próximo vencimiento del periodo de representación de los directores, sesenta (60) días calendario antes de su finalización, utilizando para ello el formato indicado en el Anexo I.”
“10.1.4. Designación del director representante de los pequeños comerciantes o productores
El representante de los pequeños comerciantes o productores es seleccionado por el Viceministerio de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, conforme a su procedimiento interno.”
“10.2.1 Informe de verificación de documentación por la UAI de la CMAC
(…)
En un plazo no mayor de quince (15) días hábiles a partir de la recepción del informe que se menciona precedentemente, esta Superintendencia podrá pronunciarse sobre la evaluación realizada por la UAI, teniendo dicho pronunciamiento carácter vinculante. En caso la Superintendencia requiera de un mayor tiempo para pronunciarse, cuenta con un plazo adicional de diez (10) días hábiles, prorrogable por un periodo similar. La prórroga debe ser notificada de forma previa a la CMAC. Transcurrido el plazo otorgado a la Superintendencia sin que esta emita un pronunciamiento, se presume su conformidad con los resultados del informe elaborado por la UAI.
Si la Superintendencia brinda su conformidad, de manera expresa o tácita, sobre el director designado, se procede con su nominación con arreglo a lo dispuesto en los numerales 10.2.2 o 10.2.4 del artículo 10 del presente Reglamento, según corresponda.
En caso contrario, la Gerencia Mancomunada de la CMAC debe comunicar dicha decisión a la entidad designante en el plazo de un (1) día hábil para que proceda a realizar la nueva designación, adjuntando el informe de la UAI y/o el pronunciamiento de esta Superintendencia, según sea el caso. La entidad designante no puede contradecir las conclusiones emitidas por la UAI y/o Superintendencia, bajo responsabilidad.
El plazo de un (1) día hábil referido en el párrafo anterior se computa desde el día hábil siguiente de recibida la comunicación por la Superintendencia o desde el día hábil siguiente de culminado el plazo legal que tiene la Superintendencia para emitir su pronunciamiento, según sea el caso.”
“10.2.2 Nominación del director de una CMAC cuyo único accionista es el Concejo Municipal
En el plazo de tres (3) días hábiles posteriores a la conformidad del director designado por parte de esta Superintendencia, la Gerencia Mancomunada remite una comunicación oficial con firmas certificadas notarialmente del requerimiento de nominación al Concejo Municipal, adjuntando los siguientes documentos:
a) Copia de la comunicación oficial con firmas certificadas notarialmente del designante; y,
b) Copia del informe oficial de verificación previsto en el numeral 10.2.1 del presente Reglamento con firma certificada notarialmente de la UAI y/o el pronunciamiento de esta Superintendencia, según sea el caso.
El Concejo Municipal, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de recibida la comunicación de la Gerencia Mancomunada, procede en sesión a formalizar la nominación del director designado. El Concejo Municipal no puede contradecir la conformidad expresa o tácita brindada por la Superintendencia, debiendo proceder conforme a ella, bajo responsabilidad.
En un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de efectuada la nominación, el Concejo Municipal debe remitir a la Gerencia Mancomunada copia certificada notarialmente del acta de sesión de Concejo que contiene el acuerdo de Concejo en el que se formaliza la nominación del representante de la Mayoría, Minoría, Institución y/o de los Pequeños Comerciantes o Productores, según sea el caso, para su inscripción en forma inmediata en el Registro Público. Dicha copia certificada notarial constituye título suficiente para su inscripción en el registro respectivo, no requiriéndose documentación adicional.”
“Artículo 13°.- VACANCIA DEL CARGO DE DIRECTOR REPRESENTANTE DE UNA CMAC
La vacancia del cargo de director de una CMAC se produce por fallecimiento, renuncia, remoción por parte de la entidad designante, o por existencia de impedimentos originarios y/o sobrevivientes o por incurrir en alguna de las causales señaladas en el artículo 89 de la Ley General.”
“Artículo 14°.- VACANCIA DEL CARGO DE DIRECTOR POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA O REMOCIÓN
El fallecimiento de un director genera automáticamente la vacancia del cargo, por lo que la entidad designante, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de tomar conocimiento del fallecimiento, deberá comunicar el fallecimiento del director a la Gerencia Mancomunada de la CMAC, adjuntando copia certificada del acta o partida de defunción del director, y designar a su nuevo representante con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.
La renuncia de un director debe ser efectuada ante la entidad que lo hubiera designado mediante comunicación oficial con firma certificada notarialmente, y comunicada simultáneamente al Concejo Municipal, al Directorio de la CMAC y a esta Superintendencia. La comunicación efectuada por el director genera automáticamente la vacancia del cargo. La entidad designante, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de conocer la renuncia, deberá comunicar la renuncia del director a la Gerencia Mancomunada de la CMAC, adjuntando el original de la carta de renuncia del director con firma certificada notarialmente presentada ante la entidad designante, y designar a su nuevo representante con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.
La remoción de directores por parte de la entidad designante debe ser comunicada, de forma simultánea, y, en un plazo no mayor a un (1) día hábil de adoptada la decisión, a la Gerencia Mancomunada de la CMAC, la Superintendencia y al director en cuestión. Para estos efectos debe considerarse lo siguiente:
- Cuando el director removido cuenta con director alterno, la remoción surte efectos a partir del día hábil siguiente de recibida la comunicación por la Superintendencia. Una vez efectiva la remoción, el director alterno debe asumir el cargo, conforme a lo establecido en el artículo 3-A del presente Reglamento.
- Cuando el director removido no cuenta con director alterno:
a) Si la remoción no está relacionada con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 17 del Reglamento, corresponde que el director removido permanezca en el cargo hasta la designación de un nuevo representante. La remoción queda suspendida hasta la nominación del reemplazante del director removido.
b) Si la remoción está relacionada con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 17 del Reglamento, la remoción surte efectos a partir del día hábil siguiente de recibida la comunicación por la Superintendencia.”
“Artículo 16.- CONSECUENCIAS DE LA VACANCIA DEL CARGO DE DIRECTOR
En un plazo máximo de quince (15) días hábiles luego de hacerse efectiva la remoción, tal como lo señala el artículo 14, o recibida la comunicación de la entidad designante informando el fallecimiento o la renuncia de un director, o en caso se produzca la vacancia por las causales señaladas en el artículo 89 de la Ley General, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 15 y 15-A del presente Reglamento, la Gerencia Mancomunada solicitará la inscripción de la vacancia del respectivo director en Registros Públicos adjuntando, según corresponda, la siguiente documentación:
1. Solicitud de inscripción de vacancia, de acuerdo con el formato del Anexo V, con firmas certificadas notarialmente de los funcionarios que ejerzan la Gerencia Mancomunada;
2. En caso de fallecimiento del director, copia certificada del acta o partida de defunción del director;
3. En caso de renuncia del director; original de la carta de renuncia del director con firma certificada notarialmente presentada ante la entidad designante;
4. En caso de remoción por parte de la entidad designante, original de la comunicación oficial con firmas certificadas notarialmente de la remoción del director presentada por la entidad designante;
5. En caso de remoción por existencia de impedimentos originarios y/o sobrevivientes, original del informe de verificación de los presuntos impedimentos del director previsto en el artículo 15 del presente Reglamento con firma certificada notarialmente de la Unidad de Auditoría Interna (UAI); y,
6. En caso de vacancia por las causales señaladas en el artículo 89 de la Ley General, original del informe de verificación de las presuntas causales de vacancia del director previsto en el artículo 15-A del presente Reglamento con firma certificada notarialmente de la Unidad de Auditoría Interna (UAI).
Los documentos antes señalados, según corresponda, constituyen título suficiente para su inscripción en el registro respectivo, no requiriéndose documentación adicional.”
“Artículo 17°.- PERMANENCIA EN EL CARGO DE DIRECTOR
El director cuyo mandato hubiera culminado o haya sido removido deberá permanecer en el cargo hasta que se nomine a su reemplazante, salvo el director que haya incurrido en un impedimento originario y/o sobreviniente de conformidad con los artículos 5 y 6 del presente Reglamento, y el director que haya incurrido en una causal de vacancia prevista en el artículo 89 de la Ley General, en cuyo caso se procederá conforme al artículo 15 o 15-A del presente Reglamento, respectivamente.”
2. Incorporar el literal d) del artículo 5, los numerales 10.2.4 y 10.2.5 en el artículo 10, y, sustituir el Anexo V del Reglamento:
“Artículo 5°.- REQUISITOS PARA SER DIRECTOR
(…)
d) No haber sido procesado o requerido por mandato judicial por el incumplimiento del artículo 6 de la Constitución Política del Perú, los artículos 472 y 474 del Código Civil, el artículo 566-A del Código Procesal Civil y el artículo 92 de la Ley 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.”
“10.2.4 Nominación del director de una CMAC con participación de terceros accionistas
En el plazo de tres (3) días hábiles posteriores a la conformidad del director designado por parte de esta Superintendencia, la Gerencia Mancomunada remite una comunicación oficial al directorio con la finalidad de que convoque a Junta General de Accionistas y proceda con la nominación, adjuntando los siguientes documentos:
a) Copia de la comunicación oficial con firmas certificadas notarialmente del designante; y,
b) Copia del informe oficial de verificación previsto en el numeral 10.2.1 del presente Reglamento con firma certificada notarialmente de la UAI y/o el pronunciamiento de esta Superintendencia, según sea el caso.
El directorio, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles de recibida la comunicación de la Gerencia Mancomunada, procede a convocar a la Junta General de Accionistas a través de un aviso en el que se mencione también la fecha de la segunda convocatoria, y la cual debe celebrarse conforme a los plazos y formalidades señaladas en la Ley General de Sociedades. La Junta General de Accionistas no puede contradecir la conformidad de esta Superintendencia, de manera expresa o presunta, debiendo proceder conforme a ella, bajo responsabilidad.
En un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de efectuada la nominación por parte de la Junta General de Accionistas, se debe remitir a la CMAC una copia certificada notarialmente del acta de sesión de Junta General de Accionistas que contiene el acuerdo en el que se formaliza la nominación del representante de la entidad designante para su inscripción en forma inmediata en el Registro Público. Dicha copia certificada notarial constituye título suficiente para su inscripción en el registro respectivo, no requiriéndose documentación adicional.”
“10.2.5 Presunción de nominación del director de una CMAC con participación de terceros accionistas
Si la Junta General de Accionistas no formaliza la nominación dentro de un plazo máximo de veinticinco (25) días hábiles, a partir de la comunicación de la Gerencia Mancomunada al directorio descrita en el primer párrafo del numeral 10.2.4, la nominación del director se presume formalizada, y la Gerencia Mancomunada es responsable de inscribir en forma inmediata la referida nominación del director en el Registro Público correspondiente, para lo cual, constituirá título suficiente para la inscripción los documentos señalados en el numeral 10.2.3 del presente Reglamento, con excepción del literal c).
Los documentos antes mencionados constituyen título suficiente para su inscripción en el registro respectivo, no requiriéndose documentación adicional.
La Gerencia Mancomunada está obligada a conservar copias certificadas notarialmente de los referidos documentos remitidos a Registros Públicos.”
ANEXO V
Solicitud por parte de la Gerencia Mancomunada de una CMAC de inscripción de vacancia de director por fallecimiento, renuncia, remoción o por las causales previstas en el artículo 89 de la Ley General
Señor Registrador del Registro de Personas Jurídicas:
En representación de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito ______________________________________, domiciliada en __________________________________________________________________________, distrito de ________________________________, Provincia de __________________________________ del Departamento de , inscrita en la Partida Electrónica / Ficha N° ____________________ del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral __________________, Zona Registral ___________________________ ante Ud. Con el debido respeto nos presentamos y decimos:
Por convenir a los intereses de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento para la Elección de los Representantes al Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, aprobado por Resolución SBS N° 5788-20151 y sus modificatorias, solicitamos la inscripción de la vacancia de los siguientes directores:
|
Nombre Completo del director
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DNI / CE
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Causa de vacancia
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1.
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1.
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Fallecimiento
Renuncia
Remoción
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( )
( )
( )
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2.
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2.
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Fallecimiento
Renuncia
Remoción
|
( )
( )
( )
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Lima, _____ de _______________ del_________
Artículo Segundo.- La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. Las disposiciones relacionadas con el procedimiento para la elección de directores son aplicables para las designaciones que se realicen posteriormente a la vigencia de la presente resolución. Para el caso de los procedimientos de elección de directores en curso se aplican las disposiciones y requisitos vigentes al momento de su inicio, salvo aquel contemplado en el literal d) del artículo 5 del Reglamento, cuya aplicación es efectiva al día siguiente de la publicación de la presente norma.
Regístrese, comuníquese y publíquese
SERGIO JAVIER ESPINOSA CHIROQUE
Superintendente de Banca, Seguros Y AFP
1 La solicitud deberá adjuntar los siguientes documentos, según corresponda:
a) En caso de fallecimiento del director, copia certificada del acta o partida de defunción del director;
b) En caso de renuncia del director; original de la carta de renuncia del director con firma certificada notarialmente presentada ante la entidad designante;
c) En caso de remoción por parte de la entidad designante, original de la comunicación oficial con firmas certificadas notarialmente de la remoción del director presentada por la entidad designante;
d) En caso de remoción por existencia de impedimentos originarios y/o sobrevivientes, original del informe oficial de verificación de los presuntos impedimentos del Director previsto en el artículo 15 del presente Reglamento con firma certificada notarialmente de la Unidad de Auditoría Interna (UAI); y,
e) En caso de vacancia por las causales señaladas en el artículo 89 de la Ley General, original del informe oficial de verificación de las presuntas causales de vacancia del Director previsto en el artículo 15-A del presente Reglamento con firma certificada notarialmente de la Unidad de Auditoría Interna (UAI).
2 La solicitud deberá ser suscrita por los funcionarios que ejerzan la Gerencia Mancomunada, conforme lo dispuesto en su estatuto.
2472774-1
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
2470169-1
Aprueban la “Agenda Regional Agraria Amazonas 2025-2030” del Gobierno Regional de Amazonas
ORDENANZA REGIONAL N° 016-2025
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR
“APROBAR LA AGENDA REGIONAL AGRARIA 2025-2030 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL
AGRARIA AMAZONAS”
EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional Amazonas, en Sesión Extraordinaria Nº 19 de fecha 05 de diciembre de 2025, con el Dictamen de aprobación presentado por la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización del Consejo Regional Amazonas, respecto a aprobar, “AGENDA REGIONAL AGRARIA AMAZONAS 2025-2030”.
VISTO:
El Dictamen Nº 009-2025-GOB.REG.AMAZONAS/COCNALyD-CR de fecha 02 de diciembre de 2025, Oficio Nº 000768-2025-G.R.AMAZONAS/SG de fecha 21 de octubre de 2025, Informe Legal Nº 0001351-2025-G.R.AMAZONAS/ORAJ de fecha 20 de octubre de 2025, Oficio Nº 001702-2025-G.R.AMAZONAS/DRA de fecha 02 de octubre de 2025, Informe 000551-2025-G.R.AMAZONAS/OPP de fecha 01 de octubre de 2025, Oficio Nº 015-2025-/CGRAA/MAIP/P de fecha 09 de octubre de 2025; con anexos de 21 files y un anillado de 123 files; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en sus artículos 191º y 192º establecen que: “Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de sus competencias” y promueven el desarrollo y la economía Regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo;
Que, el artículo 17º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, establece que los gobiernos regionales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y sus presupuestos, y en la gestión pública, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas;
Que, el artículo 4º de la Ley N.º 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que “Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”; regulando las competencias exclusivas y compartidas de los Gobiernos Regionales en el artículo 10º de la norma en cita, las mismas que son asignadas por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización y la presente Ley; así como, las competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno;
Que, los artículos 11º y 13º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala que el Consejo Regional “Es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. Le corresponden las funciones y atribuciones que se establecen en la presente Ley y aquellas que le sean delegadas;
Que, el artículo 15º de la Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, prescribe que son: “ATRIBUCIONES DEL CONSEJO REGIONAL: a. Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional;
Que, el literal a) del artículo 51º de la Ley Nº 27867- Ley Orgánica de Gobierno Regionales, establece que es función específica del Gobierno Regional en materia agraria, formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir controlar y administrar los planes y políticas de la Región en materia agraria en concordancia con la Políticas Nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de la Municipalidades Rurales;
Que, el literal b) del artículo 5º del Reglamento Interno del Consejo Regional señala: Son funciones del Consejo Regional, FUNCIÓN NORMATIVA: El Consejo Regional ejerce su función normativa formulando, analizando, debatiendo, aprobando, derogando y modificando normas de carácter regional, así como proponiendo ante el Congreso de la República iniciativas legislativas que regulan o reglamentan asuntos y materias de competencia del Gobierno Regional de Amazonas y nacional, según corresponda. Para el cumplimiento de esta función los consejeros regionales asisten a las sesiones en la cual emiten ordenanzas regionales y acuerdos de Consejo Regional de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y serán aprobados por mayoría simple. Complementariamente a la parte infine de la FUNCIÓN FISCALIZADORA: (…). Esta función o actos que realicen, no pueden ser materia de limitación, retardo ni obstrucción por ninguna autoridad o persona del ente gubernamental regional;
Que, la Resolución Ministerial Nº 0075-2017-MINAGRI, se reconoció a los veinticuatro (24) Comités de Gestión Regional Agrarios, como mecanismos de articulación y coordinación intergubernamental entre Ministerio de Agricultura y Riego y los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, cuyo Reglamento fue modificado con la Resolución Ministerial Nº 0206-2021-MIDAGRI, en dicho Reglamento se describe a los integrantes de los Comités de Gestión Regional Agrarios;
Que, la Resolución Ministerial Nº 0461-2022-MIDAGRI se aprobaron los Lineamientos de alcance sectorial LI Nº 01-2022-MIDAGRI/DGGT-DAI “Lineamientos para el Proceso de Formulación, Seguimiento y Evaluación de la Agenda Regional Agraria - Versión 01”, en los cuales se establecen los procedimientos, mecanismos y criterios que orientan a las Direcciones Regionales Agrarias en la formulación de sus respectivas agendas, considerando los procesos de articulación institucional y la validación en el marco del Comité de Gestión Regional Agrario (CGRA);
Que, el CEPLAN creado mediante el Decreto Legislativo Nº 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, es un organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país;
Que, el Dictamen Nº 009-2025-GOB.REG.AMAZONAS/CONALyD-CR de fecha 02 de diciembre de 2025, suscrito por la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización, propone al Pleno del Consejo Regional, Aprobar el “AGENDA REGIONAL AGRARIA AMAZONAS 2025 - 2030”, precisado según sus conclusiones y recomendaciones;
Que, el Oficio Nº 000768-2025-G.R. AMAZONAS/GG de fecha 21 de octubre de 2025, el Secretario General del Gobierno Regional Amazonas, eleva actuados sobre la remisión de agenda regional Agraria para su aprobación mediante ordenanza regional;
Que, el Informe Legal Nº 0001351-2025-G.R. AMAZONAS/OAL de fecha 20 de octubre de 2025, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal REFERENTE A REMISIÓN DE AGENDA REGIONAL AGRARIA AMAZONAS PARA APROBACIÓN MEDIANTE ORDENANZA REGIONAL. DECLARANDO PROCEDENTE RECONOCER, conforme en actas al Consejo Regional la propuesta de Ordenanza Regional aprobación de “AGENDA REGIONAL AGRARIA AMAZONAS 2025-2030”, a fin de ser elevada al Consejo Regional para su aprobación y promulgación con Ordenanza Regional;
Que, el Oficio Nº 001702-2025-G.R. AMAZONAS/DRA de fecha 02 de octubre de 2025, el Director Regional Agrario remite al secretario general la Agenda Regional Agraria Amazonas, para su aprobación mediante Ordenanza;
Que, el Informe 000551-2025-G.R.AMAZONAS/OPP de fecha 01 de octubre de 2025, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, presenta al Director Regional Agrario la AGENDA REGIONAL AGRARIA AMAZONAS para aprobación con ordenanza regional, anexando sus antecedentes correspondientes; en el que se tiene el Acta Nº 007-2025 - Sesión Extraordinaria del Comité de Gestión Regional Agrario de Amazonas, en dicha sesión extraordinaria, se llevó a cabo la validación y socialización de la Agenda Regional Agraria Amazonas 2025-2030, contando con la participación de los miembros titulares y alternos del CGRAA, quienes suscribieron el acta en señal de conformidad;
Que, el Oficio Nº 015-2025-/CGRAA/MAIP/P de fecha 09 de septiembre de 2025, el presidente del Comité de Gestión Regional Agrario de Amazonas remite a la Dirección Regional Agraria Amazonas el Acta Nº 007-2025, en la que se aprueba la Agenda Regional Agraria Amazonas como documento orientador para la planificación estratégica agraria regional, adjuntándose la propuesta consolidada del instrumento de gestión;
Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas conexas; el Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros hábiles, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria Nº 19 llevada a cabo el día viernes 05 de diciembre de 2025, aprobó el siguiente:
ACUERDO REGIONAL:
Artículo Primero.- APROBAR, la “AGENDA REGIONAL AGRARIA AMAZONAS 2025 - 2030” del GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, mediante Ordenanza Regional, que en calidad de Anexo se adjunta a la presente Ordenanza Regional.
Artículo Segundo.- NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Señor. GILMER WILSÓN HORNA CORRALES, para que DISPONGA a los funcionarios competentes, el cumplimiento de la implementación de la “Agenda Regional Agraria Amazonas 2025 – 2030”.
Artículo Tercero.- DERÓGUESE o déjese sin efecto, las normas o actos administrativos que se opongan a la presente Ordenanza Regional.
Artículo Cuarto.- DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente.
Artículo Quinto.- ENCARGAR al funcionario responsable de la Oficina de la Secretaría del Consejo Regional del Gobierno Regional Amazonas, realizar los trámites correspondientes para la publicación de la presente Ordenanza Regional, en el Diario Oficial “El Peruano”, y disponer su inclusión del anexo en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas ), previa promulgación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; asimismo el texto se difundirá en la página web institucional del Gobierno Regional Amazonas, conforme a lo previsto en el numeral 7.3 del artículo 7º del Decreto Supremo Nº 009-2024-JUS.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Comuníquese al Señor Gobernador Regional del Gobierno Regional de Amazonas, para su promulgación.
En Chachapoyas, a los 15 días del mes de diciembre del año 2025.
RICARDO WILMER GONZALES SALAZAR
Consejero Delegado
Consejo Regional Amazonas
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas, a los 17 días del mes de diciembre de 2025
GILMER WILSON HORNA CORRALES
Gobernador Regional
Gobierno Regional Amazonas
2470169-1
2467972-1
Aprueban Transferencia Financiera a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos de auditoría financiera, para el periodo 2025 y 2026
ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 164-2025-GRA/CR-SO.
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, en Sesión Ordinaria N° 010, de fecha jueves 25 de setiembre del año 2025, llevada a cabo en la sala de sesiones del Consejo Regional; ubicado en la provincia de Chachapoyas sede del Gobierno Regional Amazonas.
VISTO:
El Dictamen N° 003-2025-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPyAT-CR, de fecha 23 de setiembre de 2025, suscrito por la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, precisan: que los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;
Que, el artículo 17º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, establece que los gobiernos regionales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y sus presupuestos, y en la gestión pública, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas;
Que, el artículo 4° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que “Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”; regulando las competencias exclusivas y compartidas de los Gobiernos Regionales en el artículo 10° de la norma en cita, las mismas que son asignadas por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización y la presente Ley; así como, las competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno;
Que, el literal b) y e) del artículo 9° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el cual precisa como competencias constitucionales de los Gobiernos Regionales: “Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concentrado con las municipalidades y la sociedad civil”, “Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes (...)”;
Que, el inciso c) del artículo 10º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, concordante con el inciso c) del artículo 35º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, establece: “Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes anuales de Presupuesto”.
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867 y sus modificatorias, en sus artículos 11° y 13° señala que el Consejo Regional “Es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. Le corresponden las funciones y atribuciones que se establecen en la presente Ley y aquellas que le sean delegadas;
Que, el inc. a) del artículo 15° de la Ley 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, en concordancia con el artículo 8° inc. a) del Reglamento Interno del Consejo Regional Amazonas vigente precisa: Son atribuciones del Consejo Regional: Aprobar, modificar, derogar las normas que regulan o reglamentan los asuntos y materias de competencias;
Que, el inc. a) del Artículo 21° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, precisa que el Presidente Regional tiene las siguientes atribuciones: Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos;
Que, el artículo 32° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, que los Gobiernos Regionales se rigen por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Regional, en concordancia con las políticas nacionales y en cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente;
Que, el artículo 17° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente, dispone en su inc. a) Proponer normas y acuerdos regionales;
Que, el artículo 14° de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, la Contraloría General de la República es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, y como tal establece las disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes al ejercicio del control gubernamental, en función a la naturaleza y/o especialización de las entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución. En el ejercicio de este rol rector, mediante Resolución de Contraloría N° 445-2014-CG la Contraloría ha emitido la Directiva de Auditoria Financiera Gubernamental, la cual establece las disposiciones y criterios técnicos a aplicar en su desarrollo.
Que, el artículo 20 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificado por el artículo 3 de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, señala: Las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan autorizados para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las Sociedades de Auditoría, previa solicitud de la Contraloría General de la República, bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego así como del jefe de la oficina de administración y del jefe de la oficina de presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego.
Que, el inciso 13.2 del artículo 16° de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, precisa respecto a las Transferencias financieras permitidas durante el Año Fiscal 2025: “Las transferencias financieras autorizadas en el numeral 13.1 se realizan, en el caso de las entidades del Gobierno Nacional, mediante resolución del titular del pliego, y en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, mediante acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, requiriéndose en ambos casos el informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La resolución del titular del pliego y el acuerdo del Consejo Regional se publican en el diario oficial El Peruano, y el acuerdo del Concejo Municipal se publica en su sede digital”;
Que, el Dictamen N° 003-2025-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPyAT-CR, de fecha 23 de setiembre de 2025, suscrito por la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el cual propone al Pleno del Consejo Regional: “APROBAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR LA AUDITORÍA FINACIERA GUBERNAMENTAL PERIODO 2025 Y 2026 A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”, por el importe de S/. 350,413.00.
Que, luego de su exposición de motivos y conclusiones, formulan las siguientes recomendaciones:
Estando a lo expuesto en la fundamentación de motivos y conclusiones, la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, eleva al Pleno de Consejo Regional el presente dictamen con la siguiente recomendación:
1. APROBAR La Transferencia Financiera a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos de auditoría financiera, para el periodo 2025 y 2026.
2. ESTABLECER La Transferencia Financiera aprobado en el artículo primero, es por el importe de S/ 350,413.00 (Trecientos cincuenta mil cuatrocientos trece con 00/100 soles), debiendo afectar dicha transferencia a la siguiente estructura de gasto para cada año:
Bienes/servicios a adquirir : Transferencia Financiera de la retribución económica por la Auditoría Financiera Gubernamental 2025.
Importe : S/ 350,413.00
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Sec. Func. Nº : 070
Programa : 9001 Acciones Centrales-Sede Central
Genérica de Gasto : 2.4 Donaciones y Transferencias
Específica de Gasto : 2.4.13.11 S/ 350,413.00
3. AUTORIZAR al Gobernador Regional de Amazonas, Sr. Gilmer Wilson Homa Corrales para que, mediante Resolución Ejecutiva Regional formalice la Transferencia Financiera aprobada en los artículos precedentes, para lo cual, bajo responsabilidad la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial y la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional Amazonas , adopten, el monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales son entregados los recursos que comprende la Transferencia Financiera precisada en el artículo primero.
4. DISPONER que, antes de efectuar la Transferencia Financiera en favor de la Contraloría General de la República, el Titular del Pliego Gobierno Regional Amazonas, el único responsable del cumplimiento irrestricto de todas las normas aplicables y vigentes. Dando cuenta al Consejo Regional en un plazo de 10 días hábiles.
5. PUBLICAR el presente Acuerdo Regional en el Diario Oficial “El Peruano” tal como lo dispone en el artículo 16° numeral 16.3 de la ley N° 31953, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el zonas (www.gob.pe/regionamazonas).
Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas conexas; el Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros hábiles, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria Nº 10 llevada a cabo el día jueves 25 de setiembre de 2025, aprobó el siguiente:
ACUERDO REGIONAL:
Artículo Primero.- APROBAR el Dictamen N° 003-2025-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPyAT-CR, de fecha 23 de setiembre de 2025, suscrito por la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el cual propone al Pleno del Consejo Regional: “APROBAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR LA AUDITORÍA FINACIERA GUBERNAMENTAL PERIODO 2025 Y 2026 A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”, por el importe de S/. 350,413.00.
Artículo Segundo.- APROBAR La Transferencia Financiera a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos de auditoría financiera, para el periodo 2025 y 2026, debiendo afectar dicha transferencia a la siguiente estructura de gasto, por el importe de S/ 350,413.00 (Trecientos cincuenta mil cuatrocientos trece con 00/100 soles), por cada periodo debiendo afectar dicha transferencia del año 2025 a la siguiente estructura de gasto:
Bienes/servicios a adquirir : Transferencia Financiera de la retribución económica por la Auditoría Financiera Gubernamental 2025.
Importe : S/ 350,413.00
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Sec. Func. Nº : 070
Programa : 9001 Acciones Centrales-Sede Central
Genérica de Gasto : 2.4 Donaciones y Transferencias
Específica de Gasto : 2.4.13.11 S/ 350,413.00
Artículo Tercero.- AUTORIZAR al Gobernador Regional de Amazonas, Sr. Gilmer Wilson Horna Corrales para que, mediante Resolución Ejecutiva Regional formalice la Transferencia Financiera aprobado en los artículos precedentes, para lo cual, bajo responsabilidad la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial y la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional Amazonas, adopten, el monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales son entregados los recursos que comprende la Transferencia Financiera precisada en el artículo primero.
Artículo Cuarto.- DISPONER que, antes de efectuar la Transferencia Financiera en favor de la Contraloría General de la República, el Titular del Pliego Gobierno Regional Amazonas, el único responsable del cumplimiento irrestricto de todas las normas aplicables y vigentes. Dando cuenta al Consejo Regional en un plazo de 10 días hábiles.
Artículo Quinto.- Encargar a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de Información la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y, en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.), dando estricto cumplimiento a lo establecido en el inc. 13.2 del Art. 13 de la Ley N° 31953 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, y conforme dispone el artículo 61º literal B) segundo párrafo del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado con Ordenanza Regional Nº 452-2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional Nº 006-2020-GRA/ CR-SE..
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 1 días del mes de octubre de 2025.
RICARDO W. GONZALES SALAZAR
Consejero Delegado
Consejo Regional Amazonas.
2467972-1
2471192-1
Aprueban el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, correspondiente al Año Fiscal 2026 del Pliego 440: Gobierno Regional de Amazonas
ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 219-2025-GRA/CR-SO.
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, en Sesión Ordinaria Nº 013, del día jueves 18 de diciembre del año 2025, llevada a cabo en la sala de sesiones del Consejo Regional; ubicado en la provincia de Chachapoyas sede del Gobierno Regional Amazonas.
VISTO:
El, OFICIO Nº 001049-2025—G.R.AMAZONAS/GG de fecha 15 de diciembre del 2025, Informe Legal Nº 001564-2025-G.R.AMAZONAS/ORAJ de fecha 15 de diciembre de 2025, Informe Nº 000874-2025-G.R.AMAZONAS/GG-GRPPAT de fecha 12 de diciembre de 2025, Informe Nº 002999-2025-G.R.AMAZONAS/GRPPAT de fecha 12 de diciembre de 2025; y,
CONSIDERANDO:
Que, Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional aprobada mediante Ley Nº 30305, en su artículo 191º reconoce que “Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. […]”. Autonomía que es delimitada por el artículo 8º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización como el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia;
Que, mediante la Ley Nº 32513 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 por el monto de S/ 257,561,619,143.00 (Doscientos cincuenta y siete mil quinientos sesenta y un millones seiscientos diecinueve mil ciento cuarenta y tres 00/100 soles) que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondiente a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, agrupados en el Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú;
Que, el artículo 35º de la Ley Nº 27783 — Ley de Bases de la Descentralización; concordante con el Artículo 10” numeral 1 literal c), establecen como una de las competencias exclusivas de los Gobiernos Regionales, aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto;
Que, en la misma línea el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias establece lo siguiente: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un pliego presupuestal.”;
Que, el artículo 13º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867 establece que, el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. “Le corresponden las funciones y atribuciones que se establecen en la presente Ley y aquellas que le sean delegadas (…)”. De igual forma el artículo 15º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, establece como Atribuciones del Consejo Regional: “a. Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional. Asimismo, en el artículo 39º de la misma norma establece: “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. (…)”;
Que, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”, en su artículo 31º numeral 31.3, establecen los PIAs correspondientes a los Gobiernos Regionales y Locales, se aprueban mediante Acuerdo de Consejo Regional, Consejo Municipal respectivamente, a más tardar 31 del año fiscal anterior a su vigencia. (…);
Que, el artículo 13º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria, establece que el CONSEJO REGIONAL: “Es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. (…)”; prescribiendo en su artículo 15º sobre las Atribuciones del Consejo Regional: “a) Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional. (…) c) Aprobar el Plan Anual y el Presupuesto Regional Participativo, en el marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado y de conformidad con la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y a las Leyes Anuales del Presupuesto General de la Republica y la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal;
Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, precepto normativo que señala: “Las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia. (…)”;
Que, de conformidad con el numeral 1.1) del artículo IV del TUO de la Ley 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, precisa EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD: El cual dispone que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidos;
Que, con Oficio Nº 001049-2025-G.R.AMAZONAS/GG de fecha 15 de diciembre del 2025, el Gerente de Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Amazonas, se dirige al Consejero Delegado Ricardo W. Gonzales Salazar y eleva opinión legal referida al Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 440 –Gobierno Regional Amazonas para el año fiscal 2026, para su aprobación mediante Acuerdo de Consejo Regional;
Que, con Informe Legal Nº 001564-2025-G.R.AMAZONAS/ORAJ de fecha 15 de diciembre de 2025, el Asesor Jurídica de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica emite OPINIÓN LEGAL: ES PROCEDENTE aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Pliego 440 – Gobierno Regional Amazonas, correspondiente al Año Fiscal 2026.
Que, con Informe Nº 000874-2025-G.R.AMAZONAS/GG-GRPPAT de fecha 12 de diciembre de 2025 el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, eleva reportes para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 440 – Gobierno Regional Amazonas para el año fiscal 2026.
Que, con Informe Nº 002999-2025-G.R.AMAZONAS/GRPPAT de fecha 12 de diciembre de 2025, el Sub Gerente de Presupuesto y Tributación, se eleva al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el reporte para la aprobación del PIA del Pliego 440 – Gobierno Regional Amazonas para el Año Fiscal 2026, cuya distribución es la siguiente:
Gasto Corriente : S/ 1,158,461,485.00
Gasto Capital : S/ 424,333,058.00
----------------------------
TOTAL: S/ 1,582,794,543.00
La aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 440 – Gobierno Regional de Amazonas para el Año Fiscal 2026, se efectúa en el marco de lo dispuesto en el artículo 192º de la Constitución Política y el Artículo 35º de la Ley 27783 - Ley de Bases de la Descentralización que dispone que los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva el de aprobar su Presupuesto Institucional conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto; Es de precisar que, en virtud del principio de buena fe y presunción de veracidad, se debe asumir que los órganos competentes del Gobierno Regional de Amazonas le proporcionan información a su Consejo Regional, que se ajusta a la realidad y que es correcta, debiendo proceder conforme a ella. Sin embargo, se prescribe que dicha información es de naturaleza iuris tantum, por tratarse de una presunción admite prueba en contrario, y por tanto podrá ser objeto de fiscalización y control posterior por los órganos y organismos correspondientes;
Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas conexas; el Consejo Regional de Amazonas luego de la deliberación correspondiente y con el voto en mayoría de sus miembros presentes, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria Nº 013 llevada a cabo el jueves 18 de diciembre de 2025, aprobó el siguiente:
ACUERDO REGIONAL:
Artículo Primero.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, correspondiente al Año Fiscal 2026 del Pliego 440: Gobierno Regional de Amazonas, conforme a la Ley Nº 32513 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, de acuerdo a la siguiente distribución:
Gasto Corriente : S/ 1,158,461,485.00
Gasto Capital : S/ 424,333,058.00
----------------------------
TOTAL : S/ 1,582,794,543.00
Los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante del presente Acuerdo Regional.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Gobernador del Gobierno Regional de Amazonas, para que, mediante el acto resolutivo, promulgue de acuerdo a las formalidades de Ley, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), correspondiente al Año Fiscal 2026 del Pliego 440: Gobierno Regional de Amazonas.
Artículo Tercero.- NOTIFICAR con el presente Acuerdo Regional al Gobernador Regional de Amazonas, Sr. GILMER WILSON HORNA CORRALES, para que DISPONGA a través de los funcionarios, el Gerente General Regional, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la implementación del presente Acuerdo Regional en todos sus extremos, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo Cuarto.- DERÓGUENSE o DÉJENSE SIN EFECTO, según corresponda, las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo de Consejo Regional.
Artículo Quinto.- DISPENSAR el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente.
Artículo Sexto.- DISPONER su publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y, en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.), conforme dispone el artículo 61º literal B) segundo párrafo del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado con Ordenanza Regional Nº 452-2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional Nº 006-2020-GRA/ CR-SE.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 22 días del mes de diciembre de 2025.
RICARDO W. GONZALES SALAZAR
Consejero Delegado
Consejo Regional Amazonas
2471192-1
GOBIERNO REGIONAL
DE LA LIBERTAD
2472919-1
Aprueban crear la Mesa Técnica Regional del cultivo de la Palta en la Región La Libertad
ORDENANZA REGIONAL
N° 000026-2025-GRLL-CR
Trujillo, 22 de diciembre de 2025
APRUEBAN CREAR LA MESA TÉCNICA REGIONAL DEL CULTIVO DE LA PALTA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD.
LA GOBERNADORA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
POR CUANTO:
El Consejo Regional de La Libertad; de conformidad con lo previsto en los artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Perú; Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas complementarias.
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD; ha aprobado la siguiente
Ordenanza Regional:
En Sesión Ordinaria de fecha 04 de noviembre del 2025, VISTO Y DEBATIDO el Oficio N° 019 -2025- GRLL/CR- CA, suscrito por la Presidenta de la Comisión Ordinaria de Agricultura, Gissela Lileth Crisologo Polo, que contiene el Dictamen N° 006-2025-GRLL/CR-CA recaído en el Proyecto de Ordenanza Regional relativo a CREAR LA MESA TÉCNICA REGIONAL DEL CULTIVO DE LA PALTA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD, que como Anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú y el Artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;
Que, el Artículo 192° de la Constitución Política del Perú, establece que los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo, son competentes para dictar las normas inherentes a la gestión regional; promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a ley.
Que, acorde con el Artículo 17° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización , los Gobiernos Regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas; la participación de los ciudadanos, sin perjuicio de los derechos políticos que les asisten conforme a la Constitución y la Ley de la materia, se canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación y vigilancia existentes, y los que los gobiernos regionales y locales establezcan de acuerdo a Ley;
Que, el Artículo 1° de la Ley N° 28846, Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados, señala que la presente Ley tiene por objeto establecer el marco institucional y normativo para el fortalecimiento y desarrollo de las Cadenas Productivas y de los Conglomerados, promoviendo el diálogo, la cooperación y la organización empresarial entre los actores econornicos y las instituciones públicas, privadas y acadernicas, en beneficia de la competitividad. EI ámbito de la presente Ley alcanza a todas las fases productivas, comerciales y de servicios, en que intervienen las Cadenas Productivas y los Conglomerados;
Que, la Ley N° 29337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, (conocida como Ley PROCOMPITE), que declara estrategia prioritaria del Estado la ejecución de iniciativas de apoyo a la competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología;
Que, el Artículo 1° de la Ley N° 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, indica que la presente Ley, tiene por objeto establecer las responsabilidades del Estado en la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, a partir del reconocimiento de la agricultura familiar, así como la importancia de su rol en la seguridad alimentaria, en la conservación de la agrobiodiversidad, en el uso sostenible de los recursos naturales, en la dinamización de las economías locales, en la contribución al empleo rural y la vigencia de las comunidades, mediante la implementación de las políticas de Estado;
Que, conforme al inciso 2, literales “c” y “d” del Artículo 10° de la Ley N° 27867, y al artículo 36°, literales “c” y “d” de la Ley N° 27783, son competencias compartidas de los gobiernos regionales la promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente, así como la gestión sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental;
Que, los incisos a) y d) del Artículo 51° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la región en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales; promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales de la región; planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial;
Que, en concordancia con los Artículos 54° y 55° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, este nivel de gobierno, en materia de industria y comercio respectivamente, tiene entre sus funciones el impulso del desarrollo de los recursos humanos y la mejora en la productividad y competitividad de las unidades económicas de la región, a través de diversas actividades, tales como la capacitación, asistencia técnica, provisión de información y transferencia tecnológica;
Que, en el Perú se tiene una producción de palta que supera las 911 mil toneladas, las mismas que se cosechan en 23 departamentos, siendo La Libertad el primer productor con más de 280 mil toneladas que vienen a ser el 30.8% de la producción nacional el 2023, seguido de Lambayeque que le corresponde el 12.3% con 112,100 toneladas, antes de Lima que se ubica en tercer lugar con el 17.2% es decir 156,604 toneladas, e Ica con 105,131 toneladas que significan el 11.54%. luego están Junín (7.28%), Ayacucho (4.61%), Ancash (3.39%, Huancavelica (2.86%), Arequipa (2.81%), Apurímac (1.54%) y 13 departamentos más que acumulan el 5.71%. Es notorio que la producción nacional viene creciendo en 5.8% anual;
Que, el área total instalada de palto en La Libertad, al mes de diciembre del 2023, es de 18.454 hectareas, las que se ubican en un 67.9% en Virú, el 15.5% en Chepén y 4.6 % en Ascope 4.4% en Trujillo, y 2.9% en Gran Chimú, 1.8% en Otuzco y 1,2% en Sánchez Carrión, de estas áreas, las ubicadas en Virú y Trujillo son orientadas a la exportación, en especial con la variedad Hass, las empresas más representativas en el cultivo de palto son alrededor de 10 y los productores aproximadamente 600. La Libertad tiene palto en sus 12 provincias, pero solo en 56 de sus 83 distritos (66.7%). Las variedades de palto generalmente son la Hass, fuerte y otras: En Virú se estima el 97% de Hass, 3% de fuerte, mientras que en Chepén el 87% es Hass, y el 13% es fuerte. En Trujillo el 79% es Hass, el 18% es fuerte y de otro tipo 3%. En Gran Chimú el porcentaje de fuerte es 50%, 45% choqueta, 4% hass y 1% otras. A nivel del proyecto Chavimochic son 21 empresas agroexportadoras siendo las más significativas: Camposol S.A. 2562.38 hectáreas, Virú S.A. 1813.1 hectáreas; Arato Perú S.A. 1310.37 hectáreas, Beggie Perú S.A. 1136.83 hectáreas, Avo Perú S.A. 809.9 hectáreas, Agroindustrias San Simón S.A. 516.08 hectáreas, Avícola Yugoslavia S.A.C. 484 ha, Agrícola Alpamayo S.A 411.54 ha, Deshidratadora Libertad S.A.C. 293.61 ha, Green Perú S.A. 216.92 ha, Hass Perú S.A. 205.95, Agualima S.A.C. 188.3, TALS.A. 140.78 hectáreas, Norteverde S.A. 80 hectáreas, Inversiones Jordie S.A. 75.44 hectáreas, Sociedad Agrícola El Arenal S.A.C. 68.71 hectáreas, Avo Hass Perú S.A.C.66 hectáreas, GONURSA58 hectáreas, Miguel Ángel Sánchez Alayo 47.4 hectáreas, y otras (Fuente: Oficina de Información Agraria La Libertad)a palta peruana “Persea americana”, es conocida en el mundo por su calidad, textura y sabor. Es un excelente antioxidante natural debido a su alto contenido de vitaminas y aceite vegetal, por lo que es considerado un gran alimento nutritivo. El área de producción de este cultivo abarca la mayoría de la costa central del país. El Perú produce principalmente dos tipos de palta: Hass y Fuerte;
Que, el presente Proyecto de Ordenanza Regional, ha sido presentado por el Consejero Regional del Gobierno Regional La Libertad y representante por la Provincia de Ascope, Señor Dr. Samuel Alfonso Leiva López, porque cree que, a través de esta iniciativa normativa regional, se puede crear espacios de coordinación, articulación y consensuar con los actores de la cadena productiva de la palta a fin de que sean beneficiados y así menguar su situación económica por la que vienen atravesando; asimismo para que los pequeños y medianos productores de palta puedan poder comercializar y exportar este producto a otros países; aprovechando TLC y el Puerto de Chancay;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La Libertad, en uso de las facultades conferidas por los artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Perú; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; y los artículos 23°, 61° y 63° del Reglamento Interno del Consejo Regional de La Libertad, aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/CR y demás normas complementarias; con dispensa de la lectura y aprobación de Acta; el Pleno del Consejo Regional;
APROBÓ POR MAYORIA:
Que, estando a lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su Artículo 38º, el Consejo Regional del Gobierno Regional de la Libertad, ha emitido la siguiente:
HA APROBADO LA SIGUIENTE
ORDENANZA REGIONAL:
Articulo Primero.- CREAR la Mesa Técnica Regional del Cultivo de la Palta en la Región La Libertad, como un espacio de coordinación y articulación de las políticas públicas destinadas al fortalecimiento de las organizaciones o actores involucrados de la cadena de valor de la palta a nivel regional.
Articulo Segundo.- CONFORMAR la Mesa Técnica Regional del cultivo de la Palta de la Región La Libertad, estará conformada por los integrantes siguientes:
- Un representante de la Gerencia Regional de Agricultura, quien la presidirá.
- Un representante de la Gerencia Regional de Producción.
- Un representante de la Gerencia Regional de Comercio, Turismo y Artesanía.
- Un representante del Proyecto Especial de Chavimochic
- Un representante de la Cámara de Comercio y Producción La Libertad.
- Un representante de la Universidad Nacional de Trujillo
- Un representante de la Universidades Privadas de la Región La Libertad.
- Un representante de cada uno de las Municipalidades Distritales y Provinciales
- Un representante de los productores de papa de cada distrito de la Región La Libertad.
- Otras instituciones y organizaciones que crea conveniente invitar los miembros de la Mesa Técnica Regional del cultivo de Palta.
Artículo Tercero.- La Mesa Técnica Regional de la Palta, tendrá como objetivos los siguientes:
• Mejorar la articulación y coordinación entre los diversos actores involucrados en el quehacer de la cadena de valor de la palta de la región La Libertad y que redunde en elevar la competitividad de las organizaciones en la producción, transformación y comercialización de la palta.
• Mejorar la efectividad y eficacia del accionar de los organismos públicos; promover la investigación e innovación en la cadena de valor de la palta en la región La Libertad.
Artículo Cuarto.- La Mesa Técnica Regional de la Palta, tendrá las funciones entre otras las siguientes:
• Promover y aprobar la formulación de un plan de trabajo articulado que guie el accionar conjunto y coordinado de las organizaciones, destinado al logro de los objetivos planteados en el Artículo Tercero de la presente Ordenanza Regional.
• Liderar la ejecución de las actividades planteadas en el Plan Operativo de la Mesa Técnica de la Palta.
• Evaluar los resultados de las actividades ejecutadas en el marco del plan de trabajo de la Mesa Técnica de Palta.
• Promover la formulación de Proyectos de Inversión Pública, PROCOMPITE, Fondos Concursables Nacionales, internacionales y otro que coadyuven a mejorar las fuentes financiamiento para los proyectos que impulsara la Mesa Técnica de Palta.
Artículo Quinto.- ENCARGAR a los integrantes de la Mesa Técnica Regional de la Palta, elaborar su reglamento interno de funcionamiento de la misma.
Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Agricultura la instalación de la Mesa Técnica Regional de la Palta, en un plazo de 30 días calendarios, después de haberse publicado la presente Ordenanza Regional.
Artículo Septimo.- ENCARGAR al Centro Regional de Planeamiento Estratégico- CERPLAN, la elaboración del Plan Estratégico Regional de la palta al año 2035, en coordinación con los integrantes de la Mesa Técnica Regional de la Palta.
Artículo Octavo.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional La Libertad la implementación y cumplimiento de la presente Ordenanza Regional.
Artículo Noveno.- La presente Ordenanza Regional, entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional La Libertad.
Comuníquese a la Señora Gobernadora del Gobierno Regional de La Libertad para su promulgación.
Dado en la Ciudad de Trujillo, en la Casa del Gobierno Regional La Libertad, el 23 de diciembre del año dos mil veinticinco.
TANIA LORENA CARRANZA BLAS
Presidenta del Consejo Regional
A LA SEÑORA GOBERNADORA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la Sede del Gobierno Regional de La Libertad, , el 29 de diciembre del año dos mil veinticinco.
JOANA DEL ROSARIO CABRERA PIMENTEL
Gobernadora Regional
2472919-1
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
2457995-1
Aprueban Manual de Operaciones (MOP) de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali
DECRETO REGIONAL
Nº 007-2024-GRU-GR
Pucallpa, 3 de diciembre de 2024
VISTO: El INFORME N° 508-2024-GRU-DIRCETUR-OPP, INFORME TECNICO SUSTENTATORIO, OFICIO Nº 394-2024-GRU-DIRCETUR-DR, INFORME LEGAL Nº 057-2024-GRU-DIRCETUR-AL, INFORME Nº 162-2024-GRU-GRPP-SGDI, INFORME TECNICO Nº 017-2024-GRU-GRPP-SGDI/PPR, OFICIO Nº 1488-2024-GRU-GGR-ORAJ, INFORME LEGAL Nº 066-2024-GRU-GGR-ORAJ/TTC, MEMORANDO Nº 830-2024-GRU-GGR-SG, ACUERDO Nº 008-2024-GRU-DG; y demás antecedentes;
CONSIDERANDO:
Que, el Artìculo 191º de la Constitucion Polìtica del Perú, norma constitucional concondante con el Artìculo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos Regionales, son personas jurìdicas de derecho público, con autonomia polìtica, económica y administrativa en asuntos de su competencia; en tanto, el Artículo 9° numeral 9.2 de la Ley N° 27783, Ley Marco de Descentralización, explica que la autonomía administrativa es la facultad de organizarse internamente;
Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece, es misión de los gobiernos regionales, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región;
Que, el Artículo 46 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece: “Las funciones específicas que ejercen los Gobiernos Regionales se desarrollan en base a las políticas regionales, las cuales se formulan en concordancia con las políticas nacionales sobre la materia”; en este contexto, el Artículo 49º de la citada ley, establece las funciones en materia de salud;
Que, mediante Ley Nº 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias. Entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 131-2018-PCM, se aprueba los “Lineamientos de Organización del Estado”, que regula los principios, criterios y reglas que definen el diseño, estructura, organización y funcionamiento de las Entidades del Estado, busca que las entidades, conforme a su tipo, competencia y funciones, se organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas, en beneficio de la ciudadanía;
Que, el Artículo 53º de los “Lineamientos de Organización del Estado”, establece que el Manual de Operaciones MOP, es el documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza: a) La estructura funcional de los programas y los proyectos especiales, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades funcionales, estableciendo las líneas de dependencia. b) Formaliza la estructura orgánica al interior de los órganos desconcentrados, cuando corresponda, y c) La estructura orgánica al interior de los órganos académicos, cuando corresponda;
Que, asimismo, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2020-PCM/SGP, de fecha 14 de setiembre del 2020, se aprueba los Lineamientos N° 02-2020-SGP, que establecen orientaciones sobre el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y el Manual de Operaciones – MOP, la que califica el MOP como un documento técnico normativo de Gestión Organizacional; Técnico, porque es un resultado de un diseño organizacional para definir la estructura organizacional más idónea para el cumplimiento de las funciones y logro de resultados; Normativo, porque constituye una norma de carácter público y de obligatorio cumplimiento, y De Gestión Organizacional, porque es una guía administrativa sobre cómo se han asignado las funciones y responsabilidades al interior de la organización desconcentrada;
Que, el Artículo 54º del citado Lineamientos del Estado, modificado por el Decreto Supremo Nº 131-2018-PCM y Decreto Supremo Nº 064-2021-PCM, prevé que, la Estructura del MOP, contiene títulos, capítulos, y artículos teniendo en cuenta los rubros y metodología que se detallan a continuación: a) Título Primero de las Disposiciones Generales; en este título se desarrolla: 1. La finalidad, 2. Naturaleza Jurídica, 3) Entidad a la que pertenece, 4) Funciones Generales, 5) Base legal. b) Título Segundo: La estructura; en este título se desarrolla la estructura, indicando los tipos de unidades de organización que la componen, sus funciones y la interrelación interna y externa de estos. c) Título Tercero: Bienes, servicios y procesos; Identificación de los bienes y servicios que entrega el programa, proyecto especial, órgano académico o desconcentrado, según corresponda, con la respectiva descripción de los procesos operativos o misionales que los generan, además de los procesos estratégicos y de apoyo. La descripción de los procesos se realiza, en su nivel más agregado, con una breve descripción de cada uno, sus objetivos y la unidad de organización responsable. En el caso de los programas y proyectos especiales, debe adjuntarse el mapa de procesos en el que se muestren las interacciones internas y externas. d) Anexo: Organigrama que refleje la estructura;
Que, es materia de aprobación, el Manual de Operaciones - MOP de la DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE UCAYALI (DIRCETUR), contiene tres (3) títulos: Título Primero: Disposiciones Generales, Título Segundo: Estructura Orgánica, Título Tercero: Bienes, servicios y Procesos, consta de 48 Artículos;
Que, el Artículo 55º numeral 55.1 de los Lineamientos de Organización del Estado, establece que, la propuesta del MOP se sustenta en un Informe Técnico elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces, el cual justifica su estructura y los mecanismos de control y coordinación; y, en un Informe Legal elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica o la que haga sus veces;
Que, mediante mediante INFORME N° 508-2024-GRU-DIRCETUR-OPP de fecha 12 de septiembre de 2024, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) de Ucayali, presenta al Director Regional de la DIRCETUR: i) Proyecto de Manual de Operaciones- MOP de la DIRCETUR, ii) Ficha Sustentatoria de la neceidad para contar con un MOP y iii) Informe Técnico;;
Que, el INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali, forma parte de la propuesta del MOP;
Que, mediante OFICIO Nº 394-2024-GRU-DIRCETUR-DR de fecha 24 de setiembre de 2024, el Director Regional de la DIRCETUR, remite el INFORME LEGAL Nº 057-2024-GRU-DIRCETUR-AL de fecha 23 de setiembre de 2024, en el cual el Asesor legal de la DIRCETUR, CONCLUYE: Emite opinión favorable para la aprobacion del Manual de Operaciones de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali, de conformidad con los numerales 55.1. y 55.2 del Artículo 55º del decreto Supremo Nº 054-2018-PCM;
Que, mediante INFORME Nº 162-2024-GRU-GRPP-SGDI de fecha 17 de setiembre de 2024, el Director de Sisterma Administrativo III, remite a la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional de Ucayali, el INFORME TÉCNICO Nº 017-2024-GRU-GRPP-SGDI/PPR; órgano administrativo que en el marco de su competencia a revisado la propuesta del Manual de Operaciones, acorde a la normatividad vigente; CONCLUYENDO: Que de la revisión y evaluacion realizada al proyecto del MOP de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali, CUMPLEN con los criterios técnicos de los Lineamientos de Organización del Estado Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM y con las disposiciones de los Lineamientos Nº 02-2020-SGP que establece orientaciones sobre el ROF y MOP, aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 005-2020-PCM-SGP; por lo que opina favorablemente;
Que, en ese estado, mediante OFICIO Nº 1488-2024-GRU-GGR-ORAJ de fecha 25 de setiembre de 2024, el Director (e) de Sistema Administrativo IV de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, remite a la Garencia General Regional, el INFORME LEGAL Nº 066-2024-GRU-GGR-ORAJ/TTC, el cual CONCLUYE: Remitir el expediente a Secretaría General, para la emisión del acuerdo de directorio de gerentes y su posterior aprobación del MOP de DIRCETUR Ucayali, mediante Decreto Regional;
Que, mediante MEMORANDO Nº 830-2024-GRU-GGR-SG de fecha 21 de octubre de 2024, el Secretario General del Gobierno Regional de Ucayali, remite a la Oficina Regional de Asesoría Juridica la Transcripción de varios acuerdos, entre ellos el Acuerdo Nº 008-2024-GRU-DG, aprobado por el Directorio de Gerentes del Gobierno Regional de Ucayali: “ACUERDO Nº 008-2024-GRU-DG: Aprobar el Manual de Operaciones -MOP de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali;
Que, el Artículo 37° literal b) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, faculta a la Gobernador Regional, como el órgano de gobierno, dictar las normas y disposiciones, como los Decretos Regionales y las Resoluciones Regionales; concordante con el Artículo 40º de la citada Ley, los Decretos Regionales establecen normas reglamentarias. Los Decretos Regionales son aprobados y suscritos por la Gobernación Regional, con acuerdo del directorio de Gerencias Regionales; requisito que se ha cumplido en el presente caso;
Que, además, Artículo 55º numeral 55.21 de los Lineamientos de Organización del Estado, dispone, el MOP se aprueba según corresponda, por resolución ministerial o por resolución del titular de un organismo público, en el caso del Poder Ejecutivo o por Decreto Regional o de Alcaldía, en el caso de los gobiernos regionales y locales;
Que, con la facultad que otorga la Ley N° 27867, Ley Órgánica de Gobiernos Regionales, el Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM y sus modificatorias; y, con las visaciones de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional;
DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR el Manual de Operaciones (MOP) de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali; el cual, consta de tres (3) Títulos, cuarenta y ocho (48) Artículos; cuyo texto íntegro, forma parte como Anexo del presente Decreto Regional.
Artículo Segundo.- DÉJESE SIN EFECTO toda disposición que se opongan al presente Decreto Regional, por las consideraciones expuestas.
Artículo Tercero.- DISPONER a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali, la publicación del presente Decreto Regional en la sección digital Normas Legales del Diario Oficial El Peruano; y, el texto íntegro del Manual de Operaciones (MOP) en la sede digital de la sede institucional.
Artículo Cuarto.- PRECISAR que el presente Decreto Regional, entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en la sección digital Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Artículo Quinto.- DISPONER que la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali, a partir de la vigencia de la presente norma, realice las acciones pertinentes para la formulación y/o adecuación de los documentos de gestión institucional a que hubiere lugar.
Artículo Sexto.- DISPONER a Secretaría General NOTIFICAR el presente Decreto Regional a la DIRCETUR y a la Subgerencia de Desarrollo Institucional.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
MANUEL GAMBINI RUPAY
Gobernador Regional
2457995-1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA YARADA LOS PALOS
2472035-1
Autorizan viaje del Alcalde para participar en evento a realizarse en EE.UU.
Acuerdo de Concejo
N° 063-2025-CM/MDLYLP
La Yarada Los Palos, 23 de diciembre del 2025
VISTO:
En Sesión Extra Ordinaria de fecha 23 de diciembre del 2025, se puso a debate la carta de invitación del Core World Foundation, a fin de AUTORIZAR el viaje en comisión de servicios del señor Alcalde SAMUEL CUEVA HUISA, por el periodo comprendido del 12 al 16 de enero del 2026, con el propósito de participar en la misión de alianza y oportunidad de mercado para productores. (Misión Institucional a Indiana y Chicago - EEUU), invitación formulada por CORE WORLD FOUNDATION, Cuyo objetivo es desarrollar canales de exportación, promover la innovación en la cadena de valor del olivo y fortalecer la cooperación internacional que beneficie directamente a los productores del distrito.y;
CONSIDERANDO:
En mérito al artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el numeral 11 del artículo 9º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las atribuciones del Concejo Municipal, señala que corresponde al Concejo Municipal: (…) “Autorizar los viajes al exterior del país, que en comisión de servicios o en representación de la Municipalidad realicen el Alcalde, los Regidores, el Gerente Municipal y cualquier otro funcionario;
Que, los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 27619, disponen que las resoluciones de autorización de viajes al exterior se deberán sustentar en el interés nacional o institucional, bajo responsabilidad, asimismo, estas resoluciones deberán publicarse en el Diario Oficial El Peruano, con anterioridad al viaje;
Que, la Directiva Interna N° 01-2018-GAF/MDLYLP, “Directiva para el otorgamiento de pasajes y viáticos para autoridades funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de la Yarada los Palos” en el capítulo III Escala de Viáticos Art. 13 Escala de Viáticos del Ámbito Internacional, indica que los viáticos serán calculados de acuerdo al Decreto Supremo N° 047-2022-PCM;
Que, mediante carta el vicepresidente de Core World Foundation, de fecha 12 de noviembre del 2025, invita a participar los días 12 al 16 de enero del 2026, en la misión de alianza y oportunidad de mercado para productores (Misión Institucional a Indiana y Chicago - EEUU);
Que, con proveído N° 810-2025, de fecha 22 de diciembre del 2025, el Alcalde lo deriva a la Oficina de Secretaría General, Registro Civil y Archivo, para elevar a Sesión de Concejo;
Por lo que, en uso de las facultades conferidas en la Constitución Política del Perú, Ley Nro. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y con el voto por MAYORÍA, con tres votos a favor y dos en contra de la Reg. Sandra Teresa Briceño Navarro y el Reg. Rolando Froilán Mamani Calizaya, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta de sesiones de concejo municipal, se tomó el siguiente:
ACUERDO:
Artículo Primero.- AUTORIZAR: el viaje en comisión de servicios del señor Alcalde SAMUEL CUEVA HUISA en representación de la Municipalidad Distrital de La Yarada Los Palos, por el periodo comprendido del 12 al 16 de enero del 2026, con el propósito de participar en la misión de alianza y oportunidad de mercado para productores. (Misión Institucional a Indiana y Chicago - EEUU), invitación formulada por CORE WORLD FOUNDATION, Cuyo objetivo es desarrollar canales de exportación, promover la innovación en la cadena de valor del olivo y fortalecer la cooperación internacional que beneficie directamente a los productores del distrito. Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acuerdo.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y la Oficina General de Administración la implementación para el cumplimiento del presente acuerdo.
Artículo Tercero.- ENCARGAR al Teniente Alcalde, señor GUILLERMO FERNANDO ARANDA HURTADO, el despacho de la Alcaldía durante la ausencia del titular de la entidad, asimismo se pone de conocimiento que el presente se suscribirá con firma de acuerdo a las consideraciones contenidas en el presente Acuerdo.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la la Oficina de Secretaría General, Registro Civil y Archivo, la publicación del presente Acuerdo de Concejo en el Diario Oficial El Peruano, así como su notificación a las unidades orgánicas competentes, para su estricto cumplimiento, conforme a Ley; a la Oficina de Informática la publicación del presente Acuerdo en el Portal Institucional (www.munilayaradalospalos.gob.pe).
Regístrese comuníquese y cúmplase.
SAMUEL CUEVA HUISA
Alcalde
2472035-1
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
2472410-1
Ordenanza que aprueba el trámite del procedimiento de ratificación de las ordenanzas tributarias en el ámbito de la provincia de Lima
ORDENANZA N° 2799
LA TENIENTE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, ENCARGADA DEL DESPACHO
POR CUANTO:
El Concejo Metropolitano de Lima, en sesión ordinaria del 29 de diciembre del 2025; en uso de las facultades indicadas en los artículos 9 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; de conformidad con lo opinado por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización a través del Dictamen N° 255-2025-MML/CMAEO y por la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales en su Dictamen N° 227-2025-MML/CMAL; por mayoría y con dispensa del trámite de aprobación del acta, para su inmediata ejecución;
Ha dado la ordenanza siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS TRIBUTARIAS EN EL ÁMBITO
DE LA PROVINCIA DE LIMA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
La presente ordenanza tiene por objeto establecer el trámite del procedimiento para la ratificación de las ordenanzas distritales que dispongan la creación, modificación o regulación de tasas o contribuciones en la provincia de Lima.
Artículo 2.- Finalidad
La presente ordenanza tiene por finalidad establecer lineamientos y criterios para que las municipalidades distritales de la provincia de Lima presenten, de forma estandarizada, oportuna e íntegra, las solicitudes de ratificación de las ordenanzas tributarias.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
La presente ordenanza es de alcance metropolitano, siendo de aplicación obligatoria por parte de las municipalidades distritales de la provincia de Lima.
Artículo 4.- Siglas
Para efectos de la presente ordenanza, se consideran las siguientes siglas:
a) CMAEO: Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización de Lima.
b) INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
c) IPC: Índice de Precios al Consumidor.
d) LTM: Ley de Tributación Municipal.
e) LOM: Ley Orgánica de Municipalidades.
f) MML: Municipalidad Metropolitana de Lima.
g) MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.
h) SAT: Servicio de Administración Tributaria.
i) SUT: Sistema Único de Trámites.
j) SGP: Secretaría de Gestión Pública.
k) PCM: Presidencia del Consejo de Ministros.
l) TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5.- Definiciones
Para efectos de la presente ordenanza se considerarán las siguientes definiciones:
a) Acuerdo de Concejo: Es la decisión que toma el concejo municipal, referida a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresa la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
b) Arbitrio municipal: Es la tasa que se genera por la prestación o mantenimiento de un servicio público, brindado de forma individual o colectiva por los gobiernos locales, obteniendo los contribuyentes un beneficio real o potencial.
c) Contribución especial de obras públicas: Tributo municipal que grava los beneficios derivados de la ejecución de las obras públicas municipales.
La contribución especial de obras públicas incluidas en el programa de inversiones de los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, al que hace referencia la Ley Nº 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y el artículo 65-A de la LTM, se regula por sus propias disposiciones.
d) Derecho de trámite: Es la tasa que se genera por la tramitación de un procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad. Su monto es determinado en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar o proveer lo solicitado.
e) Derechos TUPA: Precisión referida a las ordenanzas municipales que aprueban tasas por derechos de tramitación de los procedimientos administrativos y servicios exclusivos contenidos en el TUPA.
f) Dictamen: Es el documento que contiene una exposición documentada, precisa y clara de los estudios que realizan las comisiones de Regidores de la MML sobre las proposiciones de ordenanza, acuerdo o resolución que son sometidas a su conocimiento, además de las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio.
g) Domicilio: Es la sede municipal de la entidad que, a través de su mesa de partes presencial o digital, se efectúa la notificación de los documentos en general que se generen en el SAT.
h) Domicilio electrónico: Es el correo electrónico institucional, proporcionado por el funcionario municipal, para efectos de la notificación de los documentos que se generen durante el procedimiento de ratificación de la ordenanza distrital enviada para su evaluación, el cual es declarado y se consigna en el REVISAT o SUT.
i) Estacionamiento vehicular: Servicio que consiste en el establecimiento de zonas ubicadas en la vía pública destinadas al estacionamiento de vehículos en forma temporal. Se rige por lo dispuesto en la Ordenanza Nº 739.
j) IPC: Indicador estadístico que mide el comportamiento de precios, de un periodo a otro. El IPC es tomado como una medición del cambio porcentual en el tiempo del costo promedio de un conjunto fijo de bienes y servicios comprados por las familias, el índice refleja únicamente los movimientos de precios, establecidos conforme las mediciones efectuadas por el INEI.
En la LTM, el IPC es tomado como base, para que las municipalidades distritales reajusten sus tasas de los arbitrios ya aprobados y obtengan una tasa reajustada.
k) Informe técnico financiero: Documento que contiene los elementos esenciales del tributo y explica los costos globales y su distribución para la determinación de la tasa municipal. El informe técnico financiero forma parte integrante de la ordenanza municipal tributaria, con excepción de los derechos TUPA, cuya regulación está a cargo de la SGP de la PCM y el MEF.
l) Procedimiento administrativo: Conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.
m) Procedimiento de ratificación virtual: Es el conjunto de actividades realizadas por las municipalidades distritales, a través del REVISAT o el SUT u otro medio virtual que se habilite, desde la presentación de la solicitud de ratificación, la emisión de un pronunciamiento por parte del SAT, y, de ser el caso, hasta la ratificación por parte del Concejo Metropolitano de Lima, materializado en el acuerdo de concejo ratificatorio.
n) Ratificación: La ratificación es el acto legislativo efectuado por el Concejo Metropolitano de Lima que constituye un requisito indispensable para la validez de las ordenanzas en materia tributaria, aprobadas por las municipalidades distritales, por mandato del tercer párrafo del artículo 40° de la LOM.
o) REVISAT: Es una plataforma virtual considerada como un servicio de la Agencia Virtual del SAT, a través de la cual las municipalidades distritales presentan sus solicitudes de ratificación digital de ordenanzas de los siguientes tributos: estacionamiento vehicular temporal en zonas urbanas, arbitrios municipales, emisión mecanizada de valores, estacionamiento vehicular temporal en zonas de playas y contribución especial por obras públicas. Asimismo, el REVISAT es una herramienta que optimiza la evaluación y notificación de documentos de dichas solicitudes.
p) Servicio municipal de emisión mecanizada de valores: Es la tasa que se genera por el servicio de emisión mecanizada que prestan las municipalidades por la actualización de valores, determinación de tributos y de recibos de pago correspondientes, incluida su distribución a domicilio.
q) Servicios prestados en exclusividad: Son prestaciones que las entidades se encuentran facultadas a brindar en forma exclusiva en el marco de su competencia. Los servicios brindados en exclusividad se incluyen en el TUPA.
r) SUT: Herramienta informática, administrado por la SGP de la PCM, para elaborar, simplificar y estandarizar el TUPA; asimismo, es el repositorio oficial de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, con su correspondiente información sustentatoria, formulados por las entidades de la administración pública.
s) Solicitud de ratificación: Acción mediante el cual se da inicio al procedimiento de ratificación de una ordenanza distrital de carácter tributario, que contiene el expediente de ratificación, según los requisitos y lineamientos regulados en la presente ordenanza o la norma que corresponda, por cada tributo.
t) Tasas municipales: Tributos creados por los concejos municipales cuya obligación tiene como hecho generador la prestación por parte de la municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las municipalidades de acuerdo con la LOM.
u) TUPA: Documento de gestión institucional que compendia y sistematiza de manera comprensible y clara la información de todos los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad incluyendo aquellos que son estandarizados, que deban tramitar los ciudadanos y empresas en las entidades de la administración pública.
TÍTULO II
PRESENTACIÓN, CRONOGRAMA, REQUISITOS Y TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN Y CRONOGRAMA DE LAS SOLICITUDES DE RATIFICACIÓN
Artículo 6.- Presentación de las solicitudes de ratificación.
6.1 Las solicitudes de ratificación se presentan con la debida anticipación a la ejecución del cobro de la tasa o contribución, conforme a los plazos máximos establecidos en el cronograma del artículo 7.
6.2 Las solicitudes de ratificación se presentan ante el SAT a través de los siguientes canales de atención virtual:
6.2.a El REVISAT, para las solicitudes sobre ordenanzas de estacionamiento vehicular temporal en zonas urbanas, arbitrios municipales, emisión mecanizada de valores, estacionamiento vehicular en zonas de playas y contribución especial por obras públicas.
6.2.b El SUT, para las solicitudes sobre derechos TUPA.
6.3 Excepcionalmente, en los supuestos establecidos en el ítem 6.2.a, cuando por situaciones imprevisibles o de fuerza mayor, el REVISAT no permita la presentación de las solicitudes de ratificación, podrán presentarse mediante correo electrónico de la mesa de partes SAT: mesadepartes@sat.gob.pe; siempre que cuenten con la autorización correspondiente de la Oficina General de Asesoría Jurídica del SAT o del área encargada de la atención de las solicitudes de ratificación.
Artículo 7.- Cronograma para la presentación de las solicitudes de ratificación
7.1 La presentación de las solicitudes de ratificación sobre estacionamiento vehicular temporal en zonas urbanas, arbitrios municipales, emisión mecanizada de valores y estacionamiento vehicular en zonas de playas, se sujetan al siguiente cronograma:
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Plazo de presentación
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Tipo de tasa municipal
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a)
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Hasta el último día hábil del mes de abril del año.
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Tasas por el servicio de estacionamiento vehicular temporal en zonas urbanas.
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b)
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Hasta el último día hábil del mes de setiembre del año.
En los años de comicios electorales municipales, presentan su solicitud de ratificación en un plazo que no exceda de los 60 días calendarios previos a la fecha prevista para la elección, según la Ley N° 29679; salvo que dicho plazo sea posterior al último día hábil del mes de setiembre.
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Tasas por los arbitrios municipales, aplicables a partir del ejercicio siguiente.
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c)
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Hasta el último día hábil del mes de octubre del año.
En los años de comicios electorales municipales, presentan su solicitud de ratificación hasta el último día hábil del mes de setiembre.
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Tasas por el servicio de emisión mecanizada de valores, aplicables a partir del ejercicio siguiente.
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d)
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Hasta el último día hábil del mes de noviembre del año.
En los años de comicios electorales municipales, presentan su solicitud de ratificación hasta el último día hábil del mes de octubre.
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Tasas por el servicio de estacionamiento vehicular temporal en zonas de playas.
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7.2 La presentación de las solicitudes de ratificación sobre tasas por derechos TUPA, se sujetan al siguiente cronograma:
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N°
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Grupos
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Municipalidades distritales comprendidas
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Plazo de presentación
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1
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Municipalidades distritales, según orden alfabético desde la letra “A” hasta la letra “M”.
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20 municipalidades:
Ancón, Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Chaclacayo, Chorrillos, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lince, Los Olivos, Lurigancho Chosica, Lurín, Magdalena del Mar, Miraflores.
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Hasta el último día hábil del mes de marzo.
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2
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Municipalidades distritales, según orden alfabético a partir de la letra “P”.
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22 municipalidades:
Pachacámac, Pucusana, Pueblo Libre, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santa María del Mar, Santa Rosa, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
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Hasta el último día hábil del mes de junio.
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Excepcionalmente, ante un cambio normativo cuya adecuación implique la modificación de derechos de trámite contenidos en el TUPA, las municipalidades distritales pueden presentar sus solicitudes de ratificación en fechas distintas a las establecidas en el cronograma, amparándose en la norma que lo habilite y conforme al plazo establecido en el artículo 38.7 de la Ley Nº 27444.
7.3 La presentación de las solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueben la contribución especial por obras públicas, se efectúan durante el año y se presentan con un mínimo de noventa (90) días hábiles previos a la contratación de la obra municipal.
Artículo 8.- Presentación irregular y/o extemporánea de las solicitudes de ratificación
8.1 La solicitud de ratificación presentada ante el SAT fuera de los mecanismos de presentación establecidos en el artículo 6 o fuera de los plazos fijados en el artículo 7, se considera no presentada, correspondiendo al SAT la emisión de un informe de devolución por presentación irregular o extemporánea, respectivamente.
8.2 Excepcionalmente, la municipalidad distrital puede solicitar la autorización para la presentación de la solicitud de ratificación extemporánea, que se efectúa ante la Oficina General de la Secretaría del Concejo de la MML, quien remite dicha solicitud a la CMAEO, a fin de que evalúe autorizar al SAT la recepción de la referida solicitud, fuera del plazo establecido, verificando que exista aún plazo suficiente para que sea evaluado en el año.
8.3 Si la CMAEO autoriza la presentación extemporánea de la solicitud de ratificación, remite el acuerdo de comisión a la Oficina General de la Secretaría del Concejo de la MML, en el que se consigna la información del tributo autorizado y el plazo en que la municipalidad distrital debe presentar su solicitud de ratificación al SAT, el cual no debe exceder de los cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado el referido acuerdo a la municipalidad distrital y al SAT.
8.4 La Oficina General de la Secretaría del Concejo de la MML notifica, en la misma fecha, el acuerdo de comisión a la municipalidad distrital y al SAT, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibido el acuerdo en mención.
8.5 La solicitud de ratificación extemporánea es evaluada por el SAT en los mismos plazos establecidos en el artículo 31.
8.6 Si la CMAEO no autoriza la presentación extemporánea de la solicitud de ratificación, devuelve la solicitud a la municipalidad distrital.
CAPÍTULO II
CONSIDERACIONES GENERALES Y REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES DE RATIFICACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES, ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL, EMISIÓN MECANIZADA Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR OBRAS PÚBLICAS
Artículo 9.- Carácter de declaración jurada de la documentación presentada
9.1 Toda documentación o información que se presente en el procedimiento de ratificación tiene el carácter de declaración jurada que compromete a la municipalidad que lo presenta. En el caso de observarse indicios razonables acerca de la presentación de información falsa o adulterada por parte de la municipalidad distrital, el SAT remite la información o documentación a la Contraloría General de la República o al Ministerio Público, según sea el caso, para la investigación y sanción que corresponda.
9.2 Si la autoridad judicial competente llega a determinar la comisión de delitos por parte de los funcionarios o personas involucradas, el Concejo Metropolitano de Lima procederá a dejar sin efecto el acuerdo de concejo que ratificó el tributo respectivo.
Artículo 10.- Consideraciones generales
10.1 La solicitud de ratificación sobre arbitrios municipales, estacionamiento vehicular temporal, emisión mecanizada y contribución especial por obras públicas, contiene la totalidad de los requisitos generales; así como los requisitos específicos y sustentatorios que se señalan para cada tributo, los cuales forman parte del expediente de ratificación, por lo que su presentación es de obligatorio cumplimiento por parte de la municipalidad distrital.
10.2 Los requisitos generales, específicos y sustentatorios se registran en formato PDF (escaneo legible), Word y Excel, conforme a los lineamientos del manual del REVISAT, de cada tributo, publicitados en la página web del SAT y en el propio REVISAT.
10.3 En el caso de la presentación excepcional referida en el artículo 6.3, los requisitos generales, específicos y sustentatorios se remiten en formato PDF (escaneo legible), Word y Excel, de forma organizada y ordenada, según los requisitos exigibles de cada tributo, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad.
10.4 Los documentos se presentan en original o copia simple, y podrán ser suscritos y visados con firma digital certificada, por lo que la firma o viso digital consignada en la primera hoja de cada documento o anexo, da validez legal al íntegro del documento.
Artículo 11.- Requisitos generales
La solicitud de ratificación sobre arbitrios municipales, estacionamiento vehicular temporal, emisión mecanizada y contribución especial por obras públicas, contiene los siguientes requisitos generales:
a) Ordenanza distrital, materia de ratificación, suscrita y visada por el alcalde y secretario general del Concejo (o quien haga sus veces), lo cual se hace extensivo a los anexos que formen parte integrante de la norma en mención.
b) Informe técnico financiero, conforme al contenido detallado en los requisitos específicos, según corresponda a cada tributo.
c) Resolución de alcaldía o de gerencia municipal que designe a dos funcionarios responsables del procedimiento de ratificación y contenga información que facilite su contacto (cargo, números telefónicos, correo electrónico institucional, entre otros).
d) Declaración jurada de aprobación legal de la ordenanza materia de ratificación, suscrita por el secretario general (o quien haga sus veces), en el que se consigne la ordenanza y su forma de aprobación; así como el número de la sesión de concejo, la fecha y número del acta.
e) Archivos digitales (Word, Excel o Macros en Excel) que contengan la información del expediente de ratificación y permitan la verificación de los cálculos efectuados.
Subcapítulo 1
Arbitrios Municipales - Nuevo Régimen Tributario (NR)
Artículo 12.- Requisitos específicos:
La solicitud de ratificación de arbitrios municipales (NR) contienen los siguientes requisitos específicos:
a) Informe técnico financiero, visado por el secretario general, por el jefe de la Oficina de Administración Tributaria (o quien haga sus veces) y de los responsables de las áreas intervinientes en la prestación de los servicios públicos, con su respectiva identificación, que contiene lo siguiente:
a.1. El resumen del plan anual, por cada servicio, detallando las actividades que se prevén realizar para la prestación de los mismos.
a.2. Las estructuras de costo, por cada servicio, conforme a los lineamientos y formatos aprobados en la Directiva N° 001-006-00000035: “Directiva sobre determinación de los costos de los servicios aprobados en ordenanzas tributarias distritales de la provincia de Lima”, aprobada por Resolución Jefatural N° 001-004-00005230, publicada el 26 de julio de 2024; y normas vigentes.
a.3. La explicación detallada de cada uno de los componentes que integran las estructuras de costos, por cada servicio, precisando su vinculación con la prestación de los servicios e indicando los documentos de sustento de los costos.
a.4. Cuadro consolidado de la ejecución de los costos totales, elaborados en función a los costos aprobados y ratificados del ejercicio anterior, que comprende los costos ejecutados en avance, como máximo de tres meses previos a la presentación de la solicitud; y su proyección a fin de año, de cada servicio, tomando como base sus últimas estructuras de costos aprobadas.
a.5. La justificación cuantitativa y cualitativa de los incrementos de costos, por cada servicio, conforme a los lineamientos de la Directiva N° 001-006-00000035 y normas vigentes. Así como el cuadro consolidado total de los costos de los servicios con su % de incremento.
a.6. La cantidad de predios y contribuyentes (afectos, inafectos o exonerados) que recibirán la prestación, por cada servicio, precisando el número de documento de sustento.
a.7. Cuadros de la metodología de distribución de costos para el cálculo de las tasas, por cada servicio, y su explicación de la determinación conforme a los criterios de las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional y normas vigentes, precisando los números de documentos de la fuente de los estudios y/o información.
Indicar las áreas urbanas que integran las zonas, sectores u otros utilizados para la determinación de las tasas de todos los servicios; así como, en el caso del servicio de barrido de calles, precisar las frecuencias de forma semanal; y para el servicio de parques y jardines indicar las ubicaciones y distancias del predio respecto del área verde, los cuales permitan al contribuyente identificar la tasa que le corresponde tributar. Además de ello, indicar la relación de áreas verdes del distrito a las cuales se les presta el servicio de parques y jardines.
a.8. Cuadros de estimación de ingresos anuales, por cada servicio, con su respectivo porcentaje de cobertura respecto del costo total de la estructura de costos. De contemplarse predios exonerados en la distribución de costos éstos se consideran en la estimación de ingresos para el cálculo final.
En caso la municipalidad distrital establezca otros beneficios tributarios, éstos no son considerados en la estimación de ingresos por ser una información que la municipalidad lo obtiene recién en su proceso final de emisión.
a.9. Cuadros comparativos de tasas, que presentan variaciones respecto de aquellas que fueran aprobadas en el ejercicio precedente, por cada servicio.
b) Documento que acredite que el informe técnico financiero fue elaborado por un profesional con conocimientos y experiencia mínima de 2 años en determinación y distribución de costos de arbitrios municipales. Dicha experiencia es verificada por el jefe de la Oficina de Administración Tributaria (o quien haga sus veces).
c) Informe de la cantidad de predios y contribuyentes (afectos, inafectos o exonerados) por cada servicio; así como la información de los metros lineales para el servicio de barrido de calles y áreas construidas para el servicio de recolección de residuos sólidos y/o parques y jardines, de ser el caso.
d) Informe que sustente la ejecución de los montos totales establecidos en las estructuras de costos de los servicios aprobadas en la ordenanza que fuera ratificada para el ejercicio anterior.
e) Informes de las áreas prestadoras que acredite la elaboración de los planes anuales que consolidan, por cada servicio, las actividades y recursos proyectados que se requieren para la prestación de los servicios, que contienen lo siguiente:
e.1. Descripción breve de cada servicio, indicando si la prestación es realizada directamente por la municipalidad o tercerizada (total o parcial), en la medida que la norma lo permita, señalando los porcentajes de gestión en cada caso; así como la frecuencia o intensidad con que se brindarán.
e.2. Descripción breve de las actividades que involucran la prestación de cada servicio, señalando si es una nueva actividad.
e.3. Cuadros comparativos de cada servicio, en función a su último nuevo régimen tributario, en el que se consigne, por cada una de las actividades, la cantidad de los recursos que se destinan para brindar el servicio (mano de obra, vehículos y equipos), precisando el % de dedicación, placas de los vehículos, año de adquisición si se incluye depreciación, de manera tal que permita la cuantificación de los recursos asociados.
En caso la municipalidad incluya conceptos que no trasladan a sus contribuyentes (debido a que asumen los costos, o sean bienes donados o adquiridos mediante otros recursos que no corresponden trasladar a los contribuyentes, entre otros); los describe a detalle seguidamente a los referidos cuadros.
e.4. Cuadro comparativo que consolide el total de los recursos que se destinan para brindar cada servicio, presentado de forma ordenada de acuerdo a los componentes de la estructura de costos de cada servicio, guardando correspondencia con las cantidades trasladadas de la estructura de costo.
e.5. Metas anuales que se proyecta alcanzar en función a los recursos previstos en la prestación de los servicios públicos.
e.6. Expectativas de mejora en la prestación del servicio público en el ejercicio siguiente (teniendo en cuenta su último nuevo régimen).
f) Informes que sustenten los estudios o información de los criterios utilizados en la metodología de distribución del costo entre los contribuyentes, de cada servicio.
g) Informe de sustento de la relación de áreas verdes a las que se les prestará el servicio de parques y jardines, la cual es elaborada en función al inventario de áreas verdes remitido a MML, según lo dispuesto en la Ley Nº 31199 y su reglamento, precisando el número y fecha del documento de remisión.
Artículo 13.- Requisitos sustentatorios:
La solicitud de ratificación de arbitrios municipales (NR) contiene los siguientes requisitos sustentatorios:
a) Informe de la Oficina de Recursos Humanos (o quien haga sus veces) que sustente los costos directos e indirectos de la mano de obra con la información de las remuneraciones del personal que interviene en la prestación de los servicios, según su cargo y régimen laboral, conforme a la normativa vigente.
b) Informe de la Oficina de Administración y Finanzas (o quien haga sus veces) que sustente los costos directos, indirectos y costos fijos, de los materiales, depreciación, otros costos y gastos variables, entre otros elementos de costos.
c) Otros documentos de sustento e información relevante del procedimiento de ratificación, de ser el caso.
Subcapítulo 2
Arbitrios Municipales - Régimen Tributario del Reajuste al IPC o Prórroga (IPC O PR)
Artículo 14.- Requisitos específicos:
14.1 La solicitud de ratificación de arbitrios municipales - Régimen Tributario del Reajuste al IPC o Prórroga (IPC o PR), que reajusta al IPC o prórroga las tasas del ejercicio anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 69-B de la LTM, debe cumplir con las siguientes condiciones para su aplicación:
a) La ordenanza del ejercicio precedente, cuyas tasas se quiere reajustar o prorrogar, debe contar con la ratificación de la MML y, además, encontrarse conforme al marco legal vigente al momento de la presentación de la solicitud.
b) En caso de reajustar los costos y tasas, éstas no deben exceder el porcentaje de variación del IPC fijado por el INEI, aplicable a Lima Metropolitana.
c) Acreditar el cumplimiento de la ejecución de los costos del ejercicio anterior.
14.2 La solicitud de ratificación de arbitrios municipales (IPC o PR) contiene los siguientes requisitos específicos:
a) Informe técnico financiero, visado por el Secretario General, Jefe de la Oficina de Administración Tributaria (o quien haga sus veces) y los responsables de las áreas intervinientes en la prestación de los servicios públicos con su respectiva identificación, que contiene lo siguiente:
a.1 La explicación y acreditación del cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 14.1.
a.2 Información de los predios y contribuyentes que recibirán la prestación del servicio, precisando el número de documento de sustento.
a.3 Cuadro consolidado de la ejecución de los costos totales, elaborados en función a los costos aprobados y ratificados del ejercicio anterior, que comprende los costos de ejecución de avance, como máximo de tres meses previos a la presentación de la solicitud; y su proyección a fin de año, de cada servicio, tomando como base sus últimas estructuras de costos aprobadas.
a.4 Cuadro consolidado total de los costos determinados de cada servicio.
a.5 Cuadros de determinación de tasas, por cada servicio, indicando las áreas urbanas que integran las zonas, sectores u otros de todos los servicios; así como en el caso del servicio de barrido de calles precisar las frecuencias; y para el servicio de parques y jardines indicar las ubicaciones y/o distancias del predio respecto del área verde, los cuales se utilizaron para la determinación de las tasas de su último NR de arbitrios ratificado, a fin de que permita al contribuyente identificar la tasa que le corresponde tributar.
a.6 Cuadros de estimación de ingresos anuales, por cada servicio, con su respectivo porcentaje de cobertura respecto a los costos totales determinados.
b) Documento que acredite que el informe técnico financiero fue elaborado por un profesional con conocimientos y experiencia mínima de 2 años en determinación y distribución de costos de arbitrios municipales, dicha experiencia es verificada por el Jefe de la Oficina de Administración Tributaria (o quien haga sus veces).
c) Informe de la cantidad de predios y contribuyentes.
d) Informe que sustente la ejecución de los costos totales, teniendo en cuenta lo detallado en el literal a.3 del presente artículo.
e) Informe de las áreas prestadoras, por cada servicio, que sustente las condiciones de la prestación del servicio con la aplicación del régimen de arbitrios de IPC o PR, tomando como base el último NR de arbitrios.
Artículo 15.- Requisitos sustentatorios:
La solicitud de ratificación de arbitrios municipales (IPC o PR), puede adjuntar otros documentos de sustento e información relevante del procedimiento de ratificación, de ser el caso.
Subcapítulo 3
Emisión Mecanizada de Valores (EM)
Artículo 16.- Requisitos específicos:
La solicitud de ratificación de emisión mecanizada de valores (EM) contiene los siguientes requisitos específicos:
a) Informe técnico financiero, visado por el Secretario General y el Jefe de la Oficina de Administración Tributaria (o quien haga sus veces), con su respectiva identificación, que contiene lo siguiente:
a.1. La descripción de las actividades o fases del servicio de emisión mecanizada.
a.2. Denominación de las hojas y/o formatos que integran la cuponera, la cantidad de las mismas y la descripción de su contenido.
a.3. La explicación de la metodología de distribución de costos para el cálculo de la tasa del servicio de emisión mecanizada de valores.
a.4. La estructura de costo, conforme a los lineamientos y formatos aprobados en la Directiva N° 001-006-00000035 y normas vigentes.
a.5. La explicación detallada de cada uno de los componentes que integran la estructura de costos, precisando su vinculación con la prestación del servicio e indicando los documentos de sustento de los costos.
a.6. La cantidad de predios y contribuyentes que recibirán la prestación del servicio, precisando el número de documento de sustento.
a.7. El cuadro de estimación de ingreso anual con su respectivo porcentaje de cobertura respecto del costo total de la estructura de costos, de acuerdo a la metodología establecida.
b) Informe de la cantidad de predios y contribuyentes (afectos, inafectos y/o exonerados), utilizados en la metodología de distribución del costo.
Artículo 17.- Requisitos sustentatorios:
La solicitud de ratificación de emisión mecanizada de valores (EM) contiene los siguientes requisitos sustentatorios:
a) Informe de la Oficina de Recursos Humanos (o quien haga sus veces), que sustente los costos directos e indirectos de la mano de obra con la información de las remuneraciones del personal que interviene en la prestación del servicio, según su cargo y régimen laboral, conforme a la normativa vigente.
b) Informe de la Oficina de Administración y Finanzas (o quien haga sus veces), que sustente los costos directos, indirectos y costos fijos, de los materiales, depreciación, otros costos y gastos variables, entre otros elementos de costos.
c) Otros documentos de sustento e información relevante del procedimiento de ratificación, de ser el caso.
Subcapítulo 4
Estacionamiento Vehicular Temporal (EV)
Artículo 18.- Requisitos específicos:
La solicitud de ratificación de estacionamiento vehicular temporal (EV) contiene los siguientes requisitos específicos:
a) Informe técnico financiero, visado por el Secretario General, Jefe de la Oficina de Transportes (o quien haga sus veces) y los responsables de su elaboración con su respectiva identificación, que contiene lo siguiente:
a.1. La estructura de costo, conforme a los lineamientos y formato aprobados en la Directiva N° 001-006-00000035 y normas vigentes.
a.2. La explicación detallada de cada uno de los componentes que integran la estructura de costos, precisando su vinculación con la prestación del servicio e indicando los documentos de sustento de los costos.
a.3. Relación de vías y/o zonas en donde se prestará el servicio, indicando el tipo de vía, cuadra, ubicación, lado, forma y número de espacios.
a.4. El Cuadro de estimación de ingresos y determinación de tasa, según los lineamientos y formatos establecidos en la Directiva N° 001-006-00000028 y normas vigentes.
b) Informe del área correspondiente que remita los planos que identifiquen la ubicación de los espacios, por cada vía y/o zonas en donde se prestará el servicio, precisando la cantidad de espacios y señalando los lugares de instalación de los letreros con la información sobre la legalidad del cobro a efectuar, conforme a lo establecido en la Ordenanza Nº 739.
c) Informe del área correspondiente en el que se determine el porcentaje de uso de los espacios de estacionamiento vehicular por día y semana.
Artículo 19.- Requisitos específicos - Estacionamiento vehicular temporal en zonas urbanas
En el caso de la solicitud de estacionamiento vehicular temporal en zonas urbanas (EVU) se presentan, adicionalmente, los siguientes requisitos específicos:
a) En el caso del establecimiento de estacionamientos en vías arteriales y colectoras, se presenta el informe emitido por la Subgerencia de Estudios y Regulación de la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML, que se pronuncia sobre la aprobación de espacios y zonas de estacionamiento a implementar, de conformidad a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 739.
b) Informe del impacto social de la implementación del servicio en vías nuevas donde se prestará el servicio de estacionamiento.
c) Informe del área correspondiente que sustente que las vías donde se establecerá el servicio son comerciales y de alta circulación, conforme lo dispuesto en el inciso d) del artículo 68 de la LTM.
Artículo 20.- Requisitos específicos - Estacionamiento vehicular temporal en zonas de playas
En el supuesto de la solicitud de estacionamiento vehicular temporal en zonas de playas (EVP) se presenta, adicionalmente, el siguiente requisito específico:
a) En el caso de la prestación de servicio en zonas adyacentes a playas de veraneo se presenta el informe favorable expedido por la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la MML, que acredita la vigencia de las condiciones señaladas en la resolución de habilitación de playas.
Artículo 21.- Requisitos sustentatorios:
La solicitud de ratificación de estacionamiento vehicular temporal (EV) contiene los siguientes requisitos sustentatorios:
a) Informe de la Oficina de Recursos Humanos (o quien haga sus veces), que sustente los costos directos e indirectos de la mano de obra con la información de las remuneraciones del personal que interviene en la prestación del servicio, según su cargo y régimen laboral, conforme a la normativa vigente.
b) Informe de la Oficina de Administración y Finanzas (o quien haga sus veces), que sustente los costos directos, indirectos y costos fijos, de los materiales, depreciación, otros costos y gastos variables, entre otros elementos de costos.
c) Otros documentos de sustento e información relevante del procedimiento de ratificación, de ser el caso.
Subcapítulo 5
Contribución Especial por Obras Públicas
Artículo 22.- Requisitos específicos:
La solicitud de ratificación sobre contribución especial por obras públicas contiene los siguientes requisitos específicos:
a) Informe técnico financiero que contiene lo siguiente:
a.1. El resumen del proyecto de la obra pública materia de la contribución en el que: i) se identifique la obra a realizar, precisando el documento que acredita la aprobación del proyecto de la obra pública; ii) se señale el tiempo aproximado que demande la ejecución, la zona donde se realice la obra pública y el tipo de ejecución de la obra a realizar (ejecución directa o por terceros); y iii) se precise las actividades que comprenden la realización de la obra y el beneficio que reciben los contribuyentes.
a.2. La estructura de costo de la obra pública, presentado en forma desagregada y detallada, para lo cual debe considerar los lineamientos de la Directiva N.° 001-006-00000035, en lo que corresponda; así como la normativa vigente de la materia, en tanto se apruebe una normativa específica sobre dicho tributo.
El costo de la obra pública debe considerar los gastos de inversiones de la ejecución de la obra municipal que corresponde ejecutar a la municipalidad, en el marco de las actividades siguientes: realización de estudios preliminares, evaluación de proyectos, construcción y ejecución de la obra pública, adquisición de predios, indemnizaciones a propietarios, gastos administrativos y de control, de ser el caso, para lo cual debe tenerse presente la normativa nacional y provincial.
a.3. La explicación en forma desagregada y detallada de los componentes que integran la estructura de costos de la obra pública, precisando su vinculación con la obra a ejecutar e indicando los documentos de sustento de los costos.
a.4. Información y explicación de que la obra pública cuenta con viabilidad presupuestal y que ha sido incluido en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; así como que cuente con expediente técnico aprobado, indicando el Código Único de Inversión.
a.5. Información de la determinación de la zona de beneficio o zona de influencia de la obra, así como de las áreas urbanas que la comprenden.
a.6. Indicación del número de contribuyentes y predios afectos a la contribución; así como aquellos que gocen de alguna exoneración o beneficio, permitido por la normativa vigente, indicando el número de documento de sustento.
a.7. Explicación de la forma de comunicación realizada por la municipalidad a los contribuyentes beneficiarios de la obra pública, el cual se efectúa de forma previa a la contratación y ejecución de la obra; así como del costo aproximado de la obra pública, o lo que establezca la normativa vigente, haciendo referencia al documento que acredite y certifique la comunicación realizada.
a.8. Explicación de la metodología de distribución del costo total de la obra pública, elaborada en función a los criterios de distribución propuestos, teniendo en cuenta que para efectos de determinar el monto de la contribución individual se debe considerar el mayor valor que adquiera la propiedad beneficiada por efecto de la obra municipal.
a.9. Estimación total de la contribución, en función a la contribución individual y al valor de la obra pública, la cual no podrá exceder el costo total de la obra, indicando su respectivo porcentaje de cobertura respecto del costo total de la obra. De contemplarse predios exonerados u otro beneficio tributario, permitido por la normativa vigente, éstos son considerados en la estimación de ingresos para el cálculo final.
El informe técnico financiero debe ser visado, con su respectiva identificación, por los siguientes funcionarios:
• Secretario General (o quien haga sus veces).
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas encargado de la determinación del costo total de la obra pública a ejecutar (o quien haga sus veces).
• Jefe de la Oficina de Administración Tributaria encargado de la determinación del costo individual de la contribución (o quien haga sus veces).
• Jefe de la Oficina de Ejecución de Inversiones encargado de la ejecución de la obra pública, (o quien haga sus veces).
b) Informe que proporcione información del lugar donde se realiza la obra, que incluya el plano de ubicación en el que se evidencia las áreas urbanas de las zonas a quienes se prevé el cobro de la contribución individual por el beneficio que tendrán por la realización de la obra pública.
c) Documento que acredite que la zona donde se ejecuta la obra pública cuenta con los permisos y autorizaciones, para le ejecución de la obra.
d) Documento que acredite que la obra pública cuenta con viabilidad presupuestal y que ha sido incluido en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; así como que cuente con expediente técnico aprobado, indicando el Código Único de Inversión.
e) Informe del área correspondiente que acredite la cantidad de contribuyentes y predios afectos a la contribución; así como aquellos que gocen de alguna exoneración o beneficio, permitido por la normativa vigente.
f) Documentación que acredite que la municipalidad distrital ha comunicado, de manera previa a la realización y ejecución de la obra, a los contribuyentes beneficiarios sobre el costo de la obra pública; así como el monto aproximado a la cual ascendería la contribución.
g) Documento que sustente los parámetros de la metodología utilizada para distribución del costo total de la obra pública, elaborada en función a los criterios de distribución propuestos.
h) Informe que sustente el monto de la contribución individual determinado en función del beneficio diferencial o plusvalor originado por la realización de la obra pública.
Artículo 23.-Requisitos sustentatorios:
La solicitud de ratificación sobre contribución especial por obras públicas contiene los siguientes requisitos sustentatorios:
a) Informe de la Oficina de Recursos Humanos (o quien haga sus veces), que sustente los costos directos e indirectos de la mano de obra con la información de las remuneraciones del personal que interviene en la obra pública, según su cargo y régimen laboral conforme a la normativa vigente; en el caso que se realice la obra pública por administración directa.
b) Informe de la Oficina de Administración y Finanzas (o quien haga sus veces), que sustente los costos directos, indirectos y costos fijos, de los materiales, depreciación, otros costos y gastos variables, entre otros elementos de costos, para lo cual deberá tenerse en cuenta la normativa vigente.
c) Otros documentos de sustento e información relevante del procedimiento de ratificación, de ser el caso.
CAPÍTULO III
CONSIDERACIONES GENERALES Y REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES DE RATIFICACIÓN DE DERECHOS TUPA
Artículo 24.- Consideraciones generales
24.1 La solicitud de ratificación de derechos TUPA se presenta mediante un expediente regular en el SUT; su elaboración, registro y revisión se efectúa conforme a los lineamientos del manual de usuario del SUT y las normas emitidas o que emita la SGP de la PCM o el MEF, siendo su presentación de obligatorio cumplimiento por parte de las municipalidades distritales.
24.2 Dicha solicitud contiene los requisitos que se señalan, los cuales forman parte del expediente de ratificación conjuntamente con los documentos que se elaboran y generan en el propio SUT (según el manual).
24.3 Los requisitos se adjuntan en PDF (escaneo legible) y/o Excel, en la sección “Norma que aprueba el TUPA” del SUT.
24.4 Los documentos se presentan en original y/o copia simple, y podrán ser suscritos y visados con firma digital certificada, por lo que la firma o viso digital consignada en la primera hoja de cada documento o anexo, da validez legal al íntegro del documento. Además de ello, deben cumplir con el carácter de declaración jurada señalado en el artículo 9.
Artículo 25.- Requisitos
La solicitud de ratificación de derechos TUPA contiene los siguientes requisitos:
a) Ordenanza distrital materia de ratificación, suscrita y visada por el Alcalde y Secretario General del Concejo (o quien haga sus veces), lo cual se hace extensivo a los anexos que formen parte integrante de la norma en mención.
b) Declaración jurada de aprobación legal de la ordenanza materia de ratificación, suscrita por el Secretario General (o quien haga sus veces), en el que se consigne la ordenanza y su forma de aprobación; así como el número de la sesión de concejo, la fecha y número del acta.
c) Informe de la Gerencia Municipal en la que se da conformidad al proyecto íntegro de la ordenanza que aprueba los derechos de trámite contenido en el TUPA; así como de sus costos, de conformidad con el artículo 17.1 de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 005-2018-PCM-SGP.
d) Informe de la Oficina de Recursos Humanos (o quien haga sus veces), que sustente la mano de obra con la información de las remuneraciones del personal que interviene en los trámites TUPA, según su cargo y régimen laboral.
e) Informe de la Oficina de Administración y Finanzas (o quien haga sus veces), que contiene las cantidades, costos unitarios y/o anuales de los recursos considerados en los cuadros maestros que sustentan la determinación de costos y los derechos de tramitación.
f) Organigrama vigente de la municipalidad distrital.
CAPÍTULO IV
TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN ANTE EL SAT
Artículo 26.- Plazos de atención de la solicitud de ratificación
26.1 El SAT y la MML cuentan con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para atender la solicitud de ratificación sobre derechos TUPA; así como en el caso de solicitud de ratificación de ordenanzas que aprueban las tasas de los arbitrios municipales, el plazo máximo es de sesenta (60) días hábiles; ambos, de conformidad con el artículo 38.8 de la Ley Nº 27444.
26.2 En el caso de las demás tasas municipales el plazo máximo para atender la solicitud de ratificación es de sesenta (60) días hábiles y para la contribución especial de obras públicas el plazo máximo es de noventa (90) días hábiles.
Artículo 27.- Inicio del procedimiento
27.1 El procedimiento de ratificación se inicia a pedido de la municipalidad distrital mediante la presentación de la solicitud de ratificación ante el SAT, según los canales virtuales de presentación establecidos en el artículo 6.
27.2 La presentación de la solicitud se efectúa dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la aprobación de la ordenanza, bajo responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la municipalidad distrital.
27.3 Si dichos plazos son modificados por norma de carácter general se ajustarán a la nueva regulación.
Artículo 28.- Documentos emitidos por el SAT durante el procedimiento de ratificación
28.1 Durante el procedimiento de ratificación, el SAT revisa, evalúa y opina sobre las solicitudes de ratificación presentadas, para lo cual emite documentos a las municipalidades distritales y/o a la MML, a través de los cuales informa sobre el resultado de la atención y los plazos para subsanar o reingresar la solicitud, de ser el caso. Los documentos que se emiten son los siguientes:
a) Requerimiento.
b) Informe de devolución.
c) Reporte de observaciones.
d) Informe técnico legal favorable.
28.2 El requerimiento, es el documento emitido por el REVISAT, mediante el cual se informa a la municipalidad distrital los requerimientos de información y/o las observaciones técnicas y/o legales, detectadas durante la primera evaluación de la solicitud de ratificación; así como se informa el plazo máximo para la subsanación. Se notifica en el domicilio electrónico de los funcionarios responsables registrados en el REVISAT.
Los plazos para subsanar el requerimiento son de:
a) Siete (7) días hábiles, en los casos de estacionamiento vehicular en zonas urbanas, arbitrios municipales y emisión mecanizada de valores.
b) Cinco (5) días hábiles, en el caso de estacionamiento vehicular en zonas de playas.
c) Quince (15) días hábiles, en el caso de la contribución especial de obras públicas.
La notificación del requerimiento suspende el cómputo del plazo de atención señalado en el artículo 26, reanudándose a partir del día hábil siguiente de la presentación de la subsanación correspondiente.
El requerimiento se emite solo en la primera evaluación de la solicitud de ratificación con la que se dio inicio al procedimiento de ratificación.
28.3 El informe de devolución es el documento a través del cual se devuelve la solicitud de ratificación a la municipalidad distrital, se efectúa según el tipo de devolución que amerite la evaluación, siendo las siguientes:
a) Devolución sin requerimiento previo: Se realiza cuando se detectan aspectos que impiden la evaluación y continuidad del procedimiento de ratificación, cuyo detalle se adjunta en el reporte de observaciones emitido por el REVISAT. Asimismo, se informa el plazo máximo para el reingreso de la solicitud, siendo los siguientes:
a.1) Diez (10) días hábiles, en los casos de Estacionamiento vehicular en zonas urbanas, Arbitrios municipales y Emisión mecanizada de valores.
a.2) Cinco (5) días hábiles, en el caso de Estacionamiento vehicular en zonas de playas.
a.3) Veinte (20) días hábiles, en el caso de la Contribución Especial de Obras Públicas.
b) Devolución con requerimiento previo: Se efectúa cuando persisten las observaciones informadas en el requerimiento y/o cuando se hayan generado nuevas observaciones producto de la modificación del expediente de ratificación, cuyo detalle se adjunta en el reporte de observaciones emitido por el REVISAT. Asimismo, se informa el plazo máximo para el reingreso de la solicitud, siendo el siguiente:
b.1) Cinco (5) días hábiles, en los casos de Estacionamiento vehicular en zonas urbanas, Arbitrios municipales, Emisión mecanizada de valores y Estacionamiento vehicular en zonas de playas.
b.2) Diez (10) días hábiles, en el caso de la Contribución Especial de Obras Públicas.
c) Devolución por vencimiento de plazo del requerimiento: Se realiza cuando no se subsana el requerimiento, dentro del plazo otorgado, por lo que no es factible continuar con la evaluación del expediente, otorgándose un plazo máximo para el reingreso de la solicitud, siendo el siguiente:
c.1) Cinco (5) días hábiles, en los casos de Estacionamiento vehicular en zonas urbanas, Arbitrios municipales, Emisión mecanizada de valores y Estacionamiento vehicular en zonas de playas.
c.2) Diez (10) días hábiles, en el caso de la Contribución Especial de Obras Públicas.
d) Devolución definitiva: Se efectúa cuando la solicitud de ratificación cuenta con una primera devolución y aún persisten las observaciones o cuando se hayan generado nuevas observaciones producto de la modificación del expediente de ratificación, cuyo detalle se adjunta en el reporte de observaciones emitido por el REVISAT. Asimismo, se informa sobre la culminación del procedimiento de ratificación en el año, por lo que no está sujeto a plazo.
Para el caso de la solicitud de derechos TUPA presentada en el SUT, solo aplica la devolución sin requerimiento y la devolución definitiva, cuyo detalle de las observaciones se registran en el propio aplicativo SUT, otorgándose, en el caso de devolución sin requerimiento el plazo máximo de treinta (30) días hábiles para que la municipalidad distrital reingrese su solicitud.
Los informes de devolución se notifican en el domicilio electrónico de los funcionarios municipales responsables registrados en el REVISAT o SUT o en el domicilio de la entidad, según sea el caso.
28.4 El reporte de observaciones, es el documento emitido por el REVISAT, que contiene el detalle de las observaciones técnicas y/o legales detectadas durante la revisión y evaluación de la solicitud de ratificación.
28.5 Informe técnico legal favorable, es el documento que contiene la opinión técnica legal favorable del SAT acerca de la viabilidad de ratificar la ordenanza sometida a evaluación, formulado conforme lo regulado en el artículo 29.
28.6 Los plazos otorgados en los referidos documentos se contabilizan a partir del primer (1) día hábil siguiente de realizada la notificación en el domicilio electrónico de los funcionarios municipales responsables registrados en el REVISAT o en el caso del SUT, desde la fecha de cierre del expediente en el SUT, según el tipo de tributo.
28.7 El SAT al culminar con la totalidad de la evaluación de las solicitudes de ratificación recibidas, por cada tipo de tributo, informa anualmente a la Oficina General de la Secretaría del Concejo y/o CMAEO de la MML sobre la atención de las mismas, entre ellas las devoluciones efectuadas.
Artículo 29.- Informe técnico legal favorable
29.1 De acuerdo a la competencia sobre ratificación de ordenanzas en materia tributaria que tiene la MML regulada en el artículo 40 de la LOM, y a la competencia delegada, corresponde al SAT evaluar y opinar a través de la emisión de un informe técnico legal sobre la determinación de los costos y las tasas o contribuciones vinculadas con la cuantía, a efectos que éstas respondan al costo que el servicio genera, conforme al marco legal vigente.
29.2 En el caso de las solicitudes de ratificación de derechos TUPA, corresponde emitir pronunciamiento respecto de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad que establecen derechos de trámite conforme al marco legal vigente.
29.3 De ser necesario, el SAT solicita a las Oficinas y/o Gerencias de la MML las opiniones que estime pertinentes en el ámbito de su competencia, las cuales deben remitir su informe en el plazo máximo de tres (3) días hábiles.
29.4 En caso que el SAT emita informe con opinión técnica legal favorable, mediante oficio de la Gerencia General del SAT dirigido a la Oficina General de la Secretaría del Concejo y/o CMAEO de la MML remite el referido informe y el íntegro de la solicitud de ratificación, incluido el expediente de ratificación virtual (REVISAT o SUT), para la evaluación y emisión del dictamen correspondiente, en un plazo máximo de:
a) Treinta y cinco (35) días hábiles siguientes de recibida la solicitud de ratificación, en el caso de derechos TUPA.
b) Cincuenta (50) días hábiles siguientes de recibida la solicitud, en los casos de Estacionamiento vehicular en zonas urbanas, Arbitrios municipales, Emisión mecanizada de valores y Estacionamiento vehicular en playas.
c) Ochenta (80) días hábiles siguientes de recibida la solicitud, en el caso de la Contribución Especial de Obras Públicas.
29.5 Los informes o cualquier otro instrumento que contenga un pronunciamiento del SAT sustentado, antes de la emisión del acuerdo de concejo, son inimpugnables.
CAPÍTULO V
TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN ANTE LA MML
Artículo 30.- Trámite para el dictamen de la CMAEO
30.1 La Oficina General de la Secretaría del Concejo de la MML recibe el oficio, informe favorable y el íntegro de la solicitud de ratificación, incluido el expediente de ratificación virtual (REVISAT o SUT), y lo remite a la CMAEO.
30.2 La CMAEO recibe los documentos señalados en el artículo 30.1 y propone su inclusión en la agenda de la sesión inmediata y emite el dictamen correspondiente.
30.3 Si el dictamen es favorable, la CMAEO remite los documentos a la Oficina General de la Secretaría del Concejo de la MML.
30.4 Si el dictamen es no favorable, la CMAEO sustenta los motivos del pronunciamiento y efectúa la devolución de la solicitud de ratificación a la municipalidad distrital de origen con lo que se dará por concluido el procedimiento de ratificación en el año.
30.5 La CMAEO, emite el pronunciamiento respectivo dentro del plazo máximo que se tiene para atender las solicitudes de ratificación prevista en el artículo 26.
30.6 Los dictámenes o cualquier otro instrumento que contenga un pronunciamiento de la CMAEO son inimpugnables.
Artículo 31.- Acuerdo de Concejo
31.1 La Oficina General de la Secretaría del Concejo de la MML, recibe el dictamen de la CMAEO y propone su inclusión en la agenda de la sesión inmediata siguiente del Concejo Metropolitano de Lima, en la que se adoptará el acuerdo que corresponda.
31.2 Si la ordenanza es aprobada por el Concejo Metropolitano de Lima, se emite el acuerdo de concejo ratificatorio. La Oficina General de la Secretaría del Concejo de la MML, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, remite una copia certificada del acuerdo de concejo ratificatorio al Secretario General y/o a los funcionarios responsables del procedimiento de ratificación de la municipalidad distrital, para su publicación.
31.3 Si la ordenanza no es aprobada por el Concejo Metropolitano de Lima, se emite el acuerdo de concejo no ratificatorio sustentando los motivos del pronunciamiento y efectuando la devolución de la solicitud de ratificación a la municipalidad distrital. La Oficina General de la Secretaría del Concejo de la MML, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, remite una copia certificada del acuerdo de concejo no ratificatorio al Secretario General y/o a los funcionarios responsables del procedimiento de ratificación de la municipalidad distrital.
31.4 La Oficina General de la Secretaría del Concejo de la MML, emite el pronunciamiento respectivo dentro del plazo máximo que se tiene para atender las solicitudes de ratificación previstas en el artículo 26.
31.5 Los acuerdos de concejo en el ámbito administrativo municipal son inimpugnables, por lo que, solo corresponde seguir el trámite previsto en el numeral 3 del artículo 52 de la LOM.
Artículo 32.- Conclusión del procedimiento de ratificación
32.1 El procedimiento de ratificación, en el año, culmina con la emisión y notificación del acuerdo de concejo ratificatorio o no ratificatorio por parte de la Oficina General de la Secretaría General del Concejo de la MML y, de ser el caso, con la notificación del dictamen no favorable por parte de la CMAEO.
32.2 El procedimiento de ratificación puede culminar en el SAT cuando se efectúa la notificación del informe de devolución definitiva o cuando se efectúe la devolución y la municipalidad distrital no reingrese su solicitud.
TÍTULO III
PUBLICACIÓN Y VIGENCIA DE LA ORDENANZA Y EL ACUERDO DE CONCEJO RATIFICATORIO
Artículo 33.- Publicación del acuerdo de concejo ratificatorio y la ordenanza ratificada
33.1 El Secretario General y/o los funcionarios responsables del procedimiento de ratificación de la municipalidad distrital, reciben el acuerdo de concejo ratificatorio y gestionan su publicación en el diario oficial El Peruano.
33.2 La publicación del acuerdo de concejo ratificatorio se efectúa en forma íntegra, incluyendo la ordenanza ratificada y sus anexos que formen partes integrantes, dentro de plazo legal establecido, de ser el caso.
33.3 Dichas publicaciones son de responsabilidad exclusiva de la municipalidad distrital correspondiente, para lo cual se debe tener presente lo regulado en el Decreto Supremo N° 009-2024-JUS.
Artículo 34.- Vigencia de la ordenanza ratificada
34.1 De acuerdo con lo establecido por la LOM, la ordenanza tributaria distrital entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del acuerdo de concejo que aprobó su ratificación, en la medida que se haya cumplido también con la publicación de la ordenanza en mención, en las formas y mecanismos previstos en ley; así como la normativa vigente en lo que corresponda.
34.2 La ordenanza publicada, antes de su ratificación por el Concejo Metropolitano de Lima, carece de todo efecto legal y no genera obligación de cumplimiento por parte de los contribuyentes, ni faculta la exigencia de la tasa o derecho de trámite o contribución.
34.3 En el caso de los arbitrios municipales, la publicación de la ordenanza y el acuerdo de concejo que la ratifique se efectúa dentro del plazo establecido en el artículo 69-A de la LTM. La obligación de publicación se hace extensiva en el caso de la ordenanza a los anexos de ésta como el informe técnico que incluye los cuadros de estructura de costos, determinación de tasas y estimación de Ingresos.
Artículo 35.- Vigencia del acuerdo de concejo ratificatorio
35.1 Los acuerdos de concejo ratificatorios de las ordenanzas que aprueban las tasas de estacionamiento vehicular en zonas urbanas y de emisión mecanizada de valores tienen una vigencia máxima de tres (3) años, en la medida que se mantengan los aspectos esenciales del tributo.
35.2 La municipalidad distrital es responsable del cómputo preciso de la vigencia del acuerdo de concejo ratificatorio, y, de corresponder de la presentación oportuna de la solicitud de ratificación.
35.3 En el caso de las ordenanzas de emisión mecanizada de valores, la municipalidad distrital, a través de su Gerencia Municipal, comunica al SAT la decisión de prorrogar la vigencia de la ordenanza ratificada por contar con el acuerdo de concejo ratificatorio vigente, para lo cual adjunta la ordenanza aprobada que dispone prorrogar la tasa ratificada.
35.4 El plazo máximo para remitir dicha comunicación al SAT es hasta el último día hábil del mes de diciembre del año anterior a su aplicación.
35.5 En el caso de los demás tributos la aprobación de la ordenanza y el acuerdo de concejo ratificatorio se rigen por las normas de la materia que los regulen.
TÍTULO IV
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
DE RATIFICACIÓN
Artículo 36.- Participación ciudadana en el procedimiento de ratificación
36.1 Los contribuyentes del distrito podrán presentar observaciones, debidamente sustentadas, a las ordenanzas en proceso de ratificación que aprueben, modifiquen o regulen tributos respecto de sus municipalidades, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de presentación de la solicitud de ratificación de la municipalidad distrital.
36.2 El SAT publicará, al día siguiente de recibida la solicitud, la información de la fecha de presentación de las solicitudes recibidas en su página web (www.sat.gob.pe) en el link de ratificación de ordenanzas. Asimismo, la municipalidad distrital debe publicar en su página web, el cargo de la solicitud de ratificación, al día siguiente de presentada ante el SAT.
36.3 Los contribuyentes del distrito presentan sus observaciones de forma virtual ante la Mesa de Partes Virtual del SAT u otro medio electrónico que se habilite, respetando el plazo previsto del artículo 36.1.
36.4 Recibidas las observaciones, son puestas en conocimiento de la municipalidad distrital, quien las absuelve en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes de notificadas.
36.5 El SAT emite pronunciamiento en el informe técnico legal sobre las observaciones formuladas, el cual pone en conocimiento del interesado; y si lo considera necesario, requerirá al interesado la presentación de información adicional o complementaria.
Artículo 37.- Transparencia de la información sobre las ordenanzas ratificadas
37.1 Dentro de la primera quincena de enero de cada año, la Oficina General de la Secretaría del Concejo publica en la página web de la MML, la relación de las ordenanzas distritales que hayan sido ratificadas por el Concejo Metropolitano de Lima durante el ejercicio anterior, cuya información es remitida al SAT para su publicación en la página web institucional.
37.2 En forma complementaria, y sin perjuicio de la publicación de las normas conforme al mecanismo previsto en la ley, el SAT publicará en su página web los textos íntegros de las normas ratificadas y los acuerdos de concejo ratificatorios.
37.3 Para facilitar la toma de conocimiento de la información en la página web del SAT, las municipalidades distritales pueden incorporar en sus ordenanzas, una disposición expresa que remita al contribuyente a dicha dirección electrónica, quedando a salvo el derecho de la municipalidad distrital de reproducir la información en mención en su propia página web.
Artículo 38.- Inclusión de información sobre la legalidad del cobro de tasas municipales
Las municipalidades distritales incluyen en las liquidaciones de deuda, recibos, estados de cuenta, resoluciones de determinación u otro acto que contenga una obligación tributaria o el monto del tributo dirigido al contribuyente, el número de ordenanza que aprueba o modifica el tributo y el acuerdo de concejo que la ratifica; así como las respectivas fechas de publicación.
Artículo 39.- Inclusión de disposición en las ordenanzas tributarias distritales sobre la vigencia
Las ordenanzas distritales que regulan materia tributaria deben incluir una disposición que establezca que su entrada en vigencia se efectuará al día siguiente de su publicación y la del acuerdo de concejo que la ratifique.
A excepción de las ordenanzas de arbitrios municipales en las que se dispone su entrada en vigencia a partir del 1 de enero del año en que corresponde la obligación tributaria, de conformidad con el artículo 69-A de la LTM. Dicha entrada en vigencia aplica a las ordenanzas de emisión mecanizada que prevean el cobro de la tasa en el primer trimestre del año.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Vigencia
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
Segunda.- Aprobación de Directiva
Facúltese al SAT, para que, mediante Directiva, dicte las disposiciones que fueren necesarias para lograr la adecuada aplicación de la presente ordenanza.
Tercera.- Publicación
Encargar a la Oficina General de la Secretaría del Concejo del Concejo de la MML la publicación de la presente ordenanza en el diario oficial El Peruano, y a la Oficina de Gobierno Digital su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Metropolitana de Lima: https://transparencia.munlima.gob.pe; y al SAT de Lima en su página web institucional: www.sat.gob.pe, el mismo día de su publicación en el diario oficial.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- Aplicación de las disposiciones sobre derechos TUPA
En el caso de las solicitudes de ratificación de derechos TUPA presentadas en el SUT, la emisión de documentos y plazos están sujetos a la regulación emitida o que emita la SGP de la PCM o el MEF, mientras no se emita disposiciones al respecto, resulta aplicable el artículo 28, en lo que corresponda.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificación de la Ordenanza Nº 739, Ordenanza Marco de la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal en la Provincia de Lima
Modifíquese el artículo 28 de la Ordenanza Nº 739 conforme al texto siguiente:
“Artículo 28.- Plazo de vigencia de la ordenanza distrital.
Las ordenanzas de las municipalidades distritales que regulen el estacionamiento de playas son de periodicidad anual.
En caso de ordenanzas distritales que regulen la tasa de estacionamiento en zonas urbanas, estas deben ser necesariamente presentadas para su ratificación cuando varíen los costos, se incrementen las tasas y/o se modifique el número de espacios habilitados para estacionamiento de vehículos. El acuerdo de concejo ratificatorio tendrá una vigencia máxima de tres (3) años, en la medida que la ordenanza distrital mantenga invariables los aspectos esenciales del tributo. Antes del transcurso del plazo mencionado, la municipalidad distrital deberá dar inicio al procedimiento de ratificación respectivo conforme el plazo previsto para tal efecto.”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Deróguese la Ordenanza Nº 2386-2021, que aprueba el procedimiento de ratificación de ordenanzas tributarias en el ámbito de la provincia de Lima, a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza; así como todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ordenanza.
POR TANTO:
Al promulgarlo, mando se registre, publique, comunique y cumpla.
Dado en el Palacio Municipal de Lima, a los veintinueve días de diciembre del dos mil veinticinco.
FABIOLA MARÍA MORALES CASTILLO
Teniente Alcalde
2472410-1
MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS
2472773-1
Ordenanza que aprueba el Proyecto Educativo Local del distrito de Los Olivos periodo 2025 - 2030
ORDENANZA N° 619/CDLO
Los Olivos, 29 de diciembre de 2025
EL CONCEJO DISTRITAL DE LOS OLIVOS
VISTOS: Oficio N° 03004-2025-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL02/DIR-ADM, Informe N° 233-2025-OPMI-OGPP/MDLO de la Oficina de Planeamiento, Modernización y Programación de Inversiones, Informe N° 258-2025-OGPP/MDLO de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Informe N° 1003-2025/MDLO/GDH/SGEC de la Subgerencia de Educación y Cultura, Informe N° 400-2025-MDLO/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Proveído N° 6769-2025-MDLO/GM de la Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;
Que, el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala que los Concejos Municipales ejercen funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos, concordante con el artículo 40° y el numeral 8 del artículo 9° de la citada norma;
Que, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 82° de la Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades, en materia de educación, tienen competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y regional, entre ellas diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Local de su jurisdicción, en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente;
Que, el artículo 73° de la Ley General de Educación, Ley N° 28044, establece que la Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional, cuya finalidad es canalizar el aporte de los gobiernos locales y otras entidades en el ámbito educativo;
Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2012-ED, se aprobó el Reglamento de la Ley General de Educación, estableciéndose en su artículo 143° que el Proyecto Educativo Local (PEL) constituye el principal instrumento de gestión educativa de mediano plazo en el ámbito territorial de la UGEL, articulado con el Plan de Desarrollo Local Concertado, el Proyecto Educativo Regional y el Proyecto Educativo Nacional;
Que, mediante Oficio N° 03004-2025-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL02/DIR-ADM, de fecha 22 de diciembre, la UGEL02 notifica a la Municipalidad de Distrital de Los Olivos la Resolución Directoral N° 09445-2025-UGEL02 que contiene como Anexo N° 01 el Proyecto Educativo Local (PEL) Distrito de Los Olivos 2025-2030;
Que, mediante Informe N° 1003 -MDLO/GDH/SGEC, la Subgerencia de Educación y Cultura, presenta opinión técnica favorable respecto al Proyecto Educativo Local (PEL) Distrito de Los Olivos 2025-2030, el cual permitirá orientar las políticas educativas locales y articular acciones interinstitucionales para mejorar la calidad del servicio educativo en la jurisdicción;
Que, mediante Informe N° 258-2025-OGPP/MDLO la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable respecto a la viabilidad de la propuesta de ordenanza;
Que, mediante Informe Legal N° 400-MDLO/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina que resulta procedente formalizar la aprobación del proyecto educativo local (PEL) del Distrito de Los Olivos 2025-2030, en atención a la aprobación emitida por la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02 mediante Resolución Directoral N° 09445-2025-UGEL02;
Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por los numerales 8 y 9 del artículo 9°, así como por el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, con el voto por mayoría del concejo municipal y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS PERIODO 2025 - 2030.
Artículo Primero.- APROBAR, el Proyecto Educativo Local (PEL) - Distrito de Los Olivos 2025 - 2030, como instrumento vinculante de planificación y gestión educativa, en concordancia con el Proyecto Educativo Nacional, y la Ley Orgánica de Municipalidades, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente ordenanza.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, a través de la SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, en coordinación con las demás gerencias, subgerencias y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, la implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Local aprobado mediante la presente ordenanza.
Artículo Tercero.- REMITIR, copia de la presente Ordenanza Municipal a la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02, para su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA la publicación del texto aprobatorio de la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y a la OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL la publicación del íntegro de la presente Ordenanza en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Los Olivos: www.munilosolivos.gob.pe.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
LUIS FELIPE CASTILLO OLIVA
Alcalde
2472773-1
2472840-1
Ordenanza que aprueba el Reglamento de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil, ante el Consejo de Coordinación Local Distrital de la Municipalidad Distrital de Los Olivos para el periodo 2026-2027
ORDENANZA N° 620/CDLO
Los Olivos, 29 de diciembre de 2025
EL CONCEJO DISTRITAL DE LOS OLIVOS
VISTOS: El Informe N° 244-2025-MDLO/GPV de la Gerencia de Participación vecinal, Informe N° 390-2023-MDLO/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Proveído N° 6602-2025/MDLO/GM de la Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificada por las Leyes de Reforma Constitucional, Leyes N° 27680 y N° 28607, las municipalidades distritales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, de conformidad con el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las ordenanzas de las municipalidades Provinciales y Distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter generales de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tienen competencia. Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley;
Que, el Consejo de Coordinación Local Distrital, de conformidad con el artículo 102º de la Ley Orgánica de Municipalidades, es un órgano de coordinación y concertación de las Municipalidades Distritales, integrado por el Alcalde Distrital que lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los regidores distritales, por los Alcaldes de Centros Poblados de la respectiva jurisdicción distrital y por los representantes de las organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel distrital; con las funciones y atribuciones que le señala la citada Ley;
Que. de acuerdo al tercer párrafo del mismo artículo los representantes de la Sociedad Civil son elegidos democráticamente, por un periodo de dos (02) años, de entre los delegados legalmente acreditados de las organizaciones de nivel Distrital, que se hayan inscrito en el Registro que abrirá para tal efecto La Municipalidad Distrital, siempre y cuando acrediten personería jurídica y un mínimo de tres (03) años de actividad institucional comprobada; en consecuencia, las organizaciones interesadas en participar en las elecciones para elegir a sus representantes ante el Consejo de Coordinación Local Distrital por un periodo de dos (02) años deberán previamente registrarse en el Libro de Registro de Inscripción de Representantes de las Organizaciones Civiles;
Que, el Artículo 4º de la Ley N 29298 - Ley que Modifica la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo señala que constituyen instancias de participación en el proceso de programación participativa del presupuesto, en concordancia con las disposiciones legales vigente el Consejo de Coordinación Regional, el Consejo de Coordinación Provincial y el Consejo de Coordinación Local Distrital;
Que, mediante Informe N° 244-2025-MDLO/GPV de fecha 12 de diciembre de 2025, el Gerente de Participación Vecinal, remite la propuesta del “Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil, ante el Consejo de Coordinación Local Distrital de la Municipalidad Distrital de Los Olivos 2026-2027”, para su trámite correspondiente;
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través Informe N° 390-2025-MDLO/OGAJ, opina que resulta viable aprobar el Proyecto de Ordenanza Municipal el cual aprueba el Reglamento de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, para el periodo 2026-2027, y sus anexos los cuales formaran parte integrante de la ordenanza. Asimismo, aprobar el Cronograma de Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLO del Distrito de Los Olivos, para el periodo 2026-2027, el mismo que se encuentra señalado en el proyecto de ordenanza; debiéndose convocar al proceso de elecciones de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local -CCDL del Distrito de Los Olivos. Señalando que, en razón al proyecto de ordenanza, se deberá derogar la Ordenanza N° 576/CDLO de fecha 29 de diciembre de 2023, y sus modificatorias donde se aprobó el Reglamento de Elecciones de Los Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, para el periodo 2024-2026;
Estando a lo expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° y el artículo 40º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el pleno del Concejo Municipal, con dispensa de lectura y aprobación de acta, aprobó por mayoría, la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ANTE EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS PARA EL PERIODO 2026-2027
Artículo Primero.- APROBAR EL REGLAMENTO DEL PROCESO DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, el mismo que consta de dos (4) títulos, veintitrés (27) artículos y cuatro (4) disposiciones complementarias que forman parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo Segundo.- APROBAR EL CRONOGRAMA ELECTORAL y LOS ANEXOS 1, 2 y 3 PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PARA EL PERIODO 2026 - 2027.
Artículo Tercero.- FACULTAR al alcalde para que mediante Resolución de Alcaldía efectúe la modificatoria del Cronograma Electoral u otro procedimiento del proceso de elección.
Artículo Cuarto.- DEROGAR la ORDENANZA N° 576/CDLO publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 29 de diciembre de 2023, que aprueba el Reglamento del Proceso de Elección de los Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital del distrito de Los Olivos, y toda norma legal que se oponga a la presente Ordenanza.
Artículo Quinto.- ENCARGAR a la OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA la publicación del texto aprobatorio de la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y a la OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL la publicación del íntegro de la presente Ordenanza en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Los Olivos: www.munilosolivos.gob.pe.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
LUIS FELIPE CASTILLO OLIVA
Alcalde
2472840-1
2473124-1
AVISO 2473124_1 A SER TRABAJADO DE MODO MANUAL
2473124-1
MUNICIPALIDAD DE
LURIGANCHO CHOSICA
2472795-1
Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 380-MDL, que otorga amnistía tributaria para el pago del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales y Multas Tributarias en el distrito de Lurigancho-Chosica
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 006-2025/MDL
Lurigancho, 29 de diciembre del 2025
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO
VISTO: El Informe N° 00605-2025-MDL/GAT-SGREC de la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva, el Informe N° 00241-2025-MDL/GAT de la Gerencia de Administración Tributaria, el Informe N° 000728-2025-MDL/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el Memorándum N° 003755-2025-MDL/GM de la Gerencia Municipal; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las municipalidades son órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobiernos administrativos y de administración, con sujeción al orden jurídico;
Que, la Tercera Disposición Complementaria de la Ordenanza N° 380-MDL faculta expresamente al señor Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, prorrogue su vigencia y/o dicte las disposiciones modificatorias, complementarias o reglamentarias necesarias para su adecuada aplicación;
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 000728-2025-MDL/OGAJ, emite opinión legal favorable a la propuesta de prórroga de la vigencia de la Ordenanza N° 380-MDL, denominada “Amnistía Tributaria por Navidad y Año Nuevo”;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del artículo 20° y el artículo 42° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, así como por la Tercera Disposición Complementaria de la Ordenanza N° 380-MDL.
SE DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR la vigencia de la Ordenanza N° 380-MDL, “Ordenanza que otorga Amnistía Tributaria para el pago del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales y Multas Tributarias en el distrito de Lurigancho-Chosica - Amnistía Tributaria por Navidad y Año Nuevo”, hasta el 31 de enero del 2026.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria, a la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva y a las demás unidades orgánicas competentes, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina General de Secretaría General, la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial “El Peruano”, a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional su difusión correspondiente y a la Oficina de Gestión de Gobierno Digital la publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Lurigancho (https://munichosica.pe/) y el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
OSWALDO HERNÁN VARGAS CUELLAR
Alcalde
2472795-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA
MARÍA DEL MAR
2471798-1
Ordenanza que modifica la única disposición complementaria final de la Ordenanza N° 002-2025-MDSMM, que aprueba la nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar
ORDENANZA N° 010-2025-MDSMM
Santa María del Mar, 23 de diciembre de 2025
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DEL MAR.
POR CUANTO:
El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N° 024-2025-MDSMM, de fecha 23 de diciembre de 2025.
VISTOS:
El Informe N° 365-2025-MDSMM/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Informe N° 199-2025-MDSMM/GPPI, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática; el Informe N° 094-2025-MDSMM/GM de la Gerencia Municipal y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, establece que “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;
Que, el numeral 8) del artículo 9º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas; asimismo, el artículo 40º de la misma norma prescribe que: “las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa”;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y sus modificatorias, se aprueban los Lineamientos de Organización del Estado con el objeto de regular los principios, criterios y reglas que definen el diseño, estructura, organización y funcionamiento de las entidades del Estado, el mismo que establece en su artículo 43º respecto al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) como el “documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la entidad. Contiene las competencias y funciones generales de la entidad, las funciones específicas de sus unidades de organización, así como sus relaciones de dependencia”; asimismo, en su numeral 45.3 del artículo 45º señala que: “Las entidades que no forman parte del Poder Ejecutivo aprueban su ROF íntegramente de la siguiente manera: (…) c) Las Municipalidades por Ordenanza Municipal”;
Que, mediante Ordenanza N° 002-2025-MDSMM, de fecha 06 de Mayo de 2025, se aprueba la Nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar;
Que, la citada Ordenanza contempla en su Única Disposición Complementaria Final “DISPONER que la implementación de la nueva estructura orgánica y Reglamento de Organización y Funciones ROF entre en vigencia una vez aprobado el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P) con la emisión del correspondiente informe de SERVIR”;
Que, mediante Informe N° 365-2025-MDSMM/GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica, concluye que “ En ese sentido, teniendo en cuenta que el Manual de Clasificador de Cargos seria aprobado por la Gerencia Municipal, esta Gerencia de Asesoría Jurídica recomienda que el Concejo Municipal evalúe y deje a su consideración la modificación de la Única Disposición Complementaria Final de la Ordenanza N° 002-2025-MDSMM, a fin de precisar que el régimen de vigencia e implementación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF opere a partir del 1 de enero de 2026, garantizando coherencia normativa y viabilidad administrativa (…)”
Que, mediante Informe N° 199-2025-MDSMM/GPPI la Gerencia de Planeamiento Presupuesto e Informática, considera que la modificación de la Única Disposición Complementaria Final de la Ordenanza N° 002-2025, que aprobó la Nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, resulta técnica y jurídicamente viable, en tanto permite precisar el régimen de vigencia del referido instrumento de gestión institucional fortaleciendo su coherencia normativa y asegurando una adecuada implementación administrativa, emitiendo opinión técnica favorable.
Que, mediante Informe N° 094-2025-MDSMM/GM la Gerencia Municipal señala que, estando al marco normativo y considerando las opiniones técnicas favorables de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática y la Gerencia de Asesoría Jurídica, remite los actuados al Despacho de Secretaría General a efectos que el mismo sea elevado al Concejo Municipal, para su respectiva deliberación y pronunciamiento correspondiente, conforme a lo estipulado en el artículo 9º de la Ley N° 27972; Ley Orgánica de Municipalidades;
ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS Y EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8) DEL ARTICULO 9º Y ARTICULO 40º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES N° 27972, CONTANDO CON EL VOTO UNANIME DE LOS SEÑORES REGIDORES ASISTENTES A LA SESIÓN DE CONCEJO DE LA FECHA, Y CON LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, SE HA DADO LA SIGUIENTE:
ORDENANZA QUE MODIFICA LA ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DE LA ORDENANZA N° 002-2025-MDSMM, ORDENANZA QUE APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DEL MAR
Artículo Primero.- MODIFICAR, la Única Disposición Complementaria Final de la Ordenanza N° 002-2025-MDSMM, con la finalidad de tramitar diversos instrumentos de gestión que fortalezcan la eficacia y eficiencia de la gestión municipal, en los términos siguientes:
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- La implementación y aplicación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, en atención a la aprobación del Manual de Clasificador de Cargos y la posterior formulación, tramitación y aprobación del Cuadro de Asignación de Personal Provisional, conforme al marco normativo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.;
Artículo Segundo.- DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza, en el Diario Oficial “El Peruano”, siendo difundidos, adicionalmente, a través de la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano del Estado Peruano (www.gob.pe) y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate (www.munisantamariadelmar.gob.pe).
Artículo Tercero.- RATIFÍQUESE, en sus demás extremos la Ordenanza N° 002-2025-MDSMM, Ordenanza que aprueba la nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
HUGO MONTEVERDE CERRUTTI
Alcalde
2471798-1
PROVINCIAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE
2471451-1
Ordenanza que establece el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio fiscal 2026, en el distrito de San Vicente de Cañete
ORDENANZA MUNICIPAL
N° 028-2025-MPC
Cañete, 22 de diciembre de 2025
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE:
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22 de diciembre de 2025, el Informe N° 524-2025-GAT-MPC la Gerencia de Administración Tributaria, de fecha 19 de diciembre del 2025, el Informe N° 1313-2025-OGAJ-MPC de la Oficina General de Asesoría, de fecha 19 de diciembre de 2025, el Memorándum N° 1834-2025-GM-MPC, la Gerencia Municipal, recepcionado el 19 de diciembre de 2025, el Informe N° 3438-2025-OGSG-MPC el Gerente de la Oficina General de Secretaria General, recepcionado el 19 de diciembre del 2025 y el Dictamen N° 60-2025-MPC-CPEAM la Comisión de Planificación, Economía y Administración Municipal, de fecha 22 de diciembre del 2025, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, y sus modificatorias por Leyes de Reforma Constitucional, expresa que “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”, concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, asimismo, el Artículo 39° de la Ley Orgánica citada establece que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos. Ergo, la autonomía que la Constitución otorga a las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 195° de la Constitución Política del Perú establece la facultad de las municipalidades, entre otros, para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. En similar forma el Artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado el Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, señala que mediante ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.
Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los gobiernos locales promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;
Que, el numeral a) del Artículo 68° de la Ley de Tributación Municipal, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF y modificado por la Ley N° 30230, que establece que las Tasas por servicios públicos o arbitrios; son las tasas que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente;
Que, el Artículo 69° Ley de Tributación Municipal indica que las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del último trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en función del costo efectivo del servicio a prestar; que deberán sujetarse a criterios de racionalidad, basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real y/o potencial; y que para la distribución del costo entre los contribuyentes se deberán utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos, el uso, tamaño y ubicación del predio.
Que, en relación con la determinación de las tasas por arbitrios municipales, el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC, se pronunció acerca de la aplicación de “parámetros mínimos de validez constitucional” que permitan una distribución de los costos de los servicios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines, y serenazgo;
Que, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal y los lineamientos establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC, así como a diversos pronunciamientos sobre el tema, corresponde que la Municipalidad Provincial de Cañete, se efectúen las acciones que resulten necesarias para determinar los Arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines, y Serenazgo correspondientes al ejercicio fiscal 2026, con la finalidad de garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y una adecuada distribución del costo, entre los contribuyentes y los responsables de los mismos servicios.
Que, con la finalidad de aprobar el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines Públicos, y Serenazgo para el Ejercicio Fiscal 2026, se hace necesario la expedición de la presente norma, para garantizar la prestación de los servicios, para el ejercicio fiscal 2026;
Que, mediante Informe N° 524-2025-GAT-MPC de fecha 19 de diciembre del 2025, la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Cañete, solicita la aprobación del informe técnico de ordenanza que establece el régimen tributario de los arbitrios municipales de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines públicos y serenazgo para el ejercicio fiscal 2026, en el distrito de San Vicente de Cañete.
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica a través del Informe N° 1313-2025-OGAJ-MPC de fecha 19 de diciembre de 2025, concluye que, resulta PROCEDENTE remitir el PROYECTO DE ORDENANZA QUE ESTABLECE EL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, previa derivación a la Comisión de Planificación, Economía y Administración Municipal, para la emisión del dictamen correspondiente.
Que, mediante Memorándum N° 1834-2025-GM-MPC, recepcionado el 19 de diciembre de 2025, la Gerencia Municipal remite a la Oficina General de Secretaria General con la finalidad de ser elevado a la Comisión de Planificación, Economía y Administración Municipal de para su evaluación y deliberación correspondiente, y posteriormente sea elevado al Pleno del Concejo Municipal;
Que, mediante Informe N° 3438-2025-OGSG-MPC recepcionado el 19 de diciembre del 2025, el Gerente de la Oficina General de Secretaria General, cumple con remitir a la Comisión de Planificación, Economía y Administración Municipal para los fines y trámite correspondiente.
Que, mediante Dictamen N° 60-2025-MPC-CPEAM de fecha 22 de diciembre del 2025, la Comisión de Planificación, Economía y Administración Municipal, dictamina, que resulta factible que el pleno de Concejo Municipal Provincial de Cañete, previo debate pueda aprobar el proyecto de la Ordenanza Municipal QUE ESTABLECE EL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, de la Municipalidad Provincial de Cañete.
Estando a lo expuesto en los considerandos y de conformidad con los dispuesto en el Artículo 9° inciso 8) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal Provincial, con el voto UNÁNIME de los señores regidores y contando con la dispensa de la lectura y aprobación del acta (por voto unánime) se aprobó la siguiente:
“ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE”
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente ordenanza regula el Régimen de Arbitrios municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo correspondientes al Ejercicio Fiscal 2026 en el Distrito de Cañete.
Artículo 2°.- HECHO IMPONIBLE
La prestación y mantenimiento de los Arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines Públicos, y Serenazgo, exige a los sujetos pasivos de la obligación tributaria propietarios y/o poseedores de los predios, a afrontar los costos que le demanden la prestación de los mencionados servicios a la Municipalidad Provincial de Cañete.
Artículo 3°.- PREDIO
Entiéndase por predio, para efecto de la presenta Ordenanza, a toda unidad de vivienda, terreno sin construir, local dedicado a actividad comercial, industrial, oficina u otra actividad, ubicado en el Distrito de San Vicente de Cañete. En caso de predios que sean destinados a distintas modalidades de uso a la vez, los arbitrios se determinarán separadamente considerando las áreas destinadas a la realización de los usos.
No tendrán la calidad de predios los aires, estacionamientos, azoteas, depósitos, cocheras, tendales u otras unidades inmobiliarias similares que formen parte accesoria de la unidad inmobiliaria principal.
Artículo 4°.- SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos al pago de los arbitrios municipales, en calidad de contribuyentes:
4.1. Los propietarios de los predios ubicados en el Distrito de San Vicente Cañete.
4.2. Tratándose de predios en condominio, la obligación recae en cada uno de los condóminos en la proporción que les corresponda, siempre que éste haya sido declarado en esa forma a la Municipalidad.
4.3. En el caso de predios que tengan la condición de Inafectos que son utilizados para fines distintos a los que motivan la inafectación al pago de los arbitrios, la obligación de pago recae en el propietario de los mismos.
4.4. Tratándose de predios de propiedad del Estado Peruano que hayan sido afectados en uso u otorgados en concesión al amparo del Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto Único Ordenando de las Normas con rango de Ley que regulan la entrega de concesión al sector privado de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, se consideran contribuyentes para efecto del pago de los arbitrios a los ocupantes de los mismos, durante el tiempo de vigencia de la afectación en uso o contrato.
Excepcionalmente, cuando no sea posible identificar al propietario, adquirirá la calidad de responsable para el pago de tributo el poseedor u ocupante del predio.
Artículo 5°.- CONDICIÓN DE CONTRIBUYENTE
La condición de contribuyente se adquiere desde el primer día calendario del mes al que corresponde la obligación tributaria. Cuando tenga lugar cualquier transferencia de dominio, la obligación tributaria para el nuevo propietario nacerá en el mes siguiente al que se adquirió la condición de propietario.
Artículo 6°.- PERIODICIDAD Y VENCIMIENTO
Los arbitrios municipales son de periodicidad mensual y el vencimiento de pago recae en el último día hábil de cada mes respectivo.
Artículo 7°.- INAFECTACIONES
Se encuentran Inafectos al pago de los arbitrios municipales los predios de propiedad de:
a) La Policía Nacional y Fuerzas Armadas, cuyos predios estén destinados a sus fines de seguridad, respecto al Arbitrio de Serenazgo.
b) Los propietarios de predios en condición de “Terrenos sin construir”, solo respecto de los arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos y de Parques y Jardines Públicos.
Artículo 8°.- EXONERACIONES
Se encuentran exonerados al pago de arbitrios municipales los predios de propiedad de:
a) La Municipalidad Provincial de Cañete.
b) Las entidades religiosas debidamente constituidas y acreditadas cuyos predios se encuentren destinados a templos, conventos, monasterios o museos.
c) El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, así como de los mismos que le hayan sido afectados en uso u otorgados en concesión, bajo cualquier modalidad, siempre que el uso de los mismos sea destinado para sus fines.
d) En el caso de propietarios que tengan la condición de pensionistas y que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 19° del TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, estos se encuentran exonerados del cincuenta por ciento (50%) del monto de la tasa de los arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.
e) En el caso de los propietarios que registren ante la municipalidad su condición de persona adulta mayor en el marco de lo normado por el Artículo 192° del TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156- 2004-EF, contarán con el beneficio de exoneración del cincuenta por ciento (50%) del monto de la tasa de los arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.
CAPÍTULO II
SOBRE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES
Artículo 9°.- SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
El servicio de Limpieza Pública comprende la organización, gestión y ejecución de los siguientes servicios:
Barrido de Calles: Comprende la limpieza y barrido de las vías, sitios públicos y mantenimiento del ornato público en general. Recolección de Residuos Sólidos: Comprende la organización, gestión y ejecución de las acciones de recolección domiciliaria, transporte y disposición final de los residuos sólidos generados por los predios del Distrito.
Artículo 10°.- SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
El servicio de parques y jardines comprende el mantenimiento de todas las áreas verdes del distrito, la misma que comprende parques, bermas, alamedas y otras áreas verdes públicas.
Artículo 11°.- SERVICIO DE SERENAZGO
El servicio de Serenazgo comprende las labores de organización, gestión y ejecución de actividades y acciones de patrullaje preventivo y disuasivo, y de video vigilancia, orientadas a la prevención y disuasión para mantener la seguridad ciudadana en el distrito.
Artículo 12°.- BASE IMPONIBLE
La base imponible de los arbitrios municipales regulados en la presente Ordenanza está constituida por el costo total de los Servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.
Artículo 13°.- ESTRUCTURAS DE COSTOS DE LOS SERVICIOS
Los costos involucrados con la prestación de los arbitrios municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2026, han sido determinados conforme al detalle contenido en los Cuadros de Estructuras de Costos que, como anexo, forma parte integrante de la presente Ordenanza, cuya publicación se realizara en el portal de la entidad: www.municanete.gob.pe.
Artículo 14°.- RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS
El rendimiento de los mencionados Arbitrios Municipales, constituyen rentas de la Municipalidad Provincial de Cañete y serán destinados únicamente a la ejecución, implementación y mantenimiento de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines Púbicos y Serenazgo.
Artículo 15°.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ARBITRIOS
El costo que demanda la prestación de los servicios de Limpieza Pública (Barrido y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, por el ejercicio 2026, se distribuirá entre los contribuyentes en función al número de predios y contribuyentes en el Distrito de San Vicente de Cañete, conforme se explica en el Informe Técnico Financiero que forma parte integrante de la presente ordenanza.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Primera.- APROBAR el Informe Técnico Financiero que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente Ordenanza y que contiene la Estructura de Costos de tos servicios, las Tasas de Arbitrios Municipales y la Estimación de Ingresos anuales de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines Públicos, y Serenazgo, para el ejercicio 2026, cuya publicación se realizará en el portal de la entidad: www.municañete.gob.pe.
Segunda.- PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
Los contribuyentes podrán presentar una declaración jurada sobre la cantidad de metros lineales del frontis de su predio y/o sobre la cantidad de ocupantes del mismo, información que la administración tributaria ha de considerar para efectos de ajustar su liquidación por los servicios de Barrido de Calles y/o de Recolección de Residuos Sólidos, según corresponda. Esta información declarada estará sujeta a fiscalización.
Tercera.- PRECISAR que la presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2026, previa publicación.
Cuarta.- FACULTAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañete, para que mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.
Quinta.- DISPONER se deje sin efecto las normas y/o disposiciones legales que se opongan a la presente ordenanza, respetando las finalidades de aquellas que por su contenido y fin tengan carácter permanente.
Sexta.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente ordenanza a la Gerencia Municipal, Oficina General de Administración y Finanzas, Gerencia de Administración Tributaria, Oficina de Imagen Institucional.
Séptima.- ENCARGAR a la Oficina General de Secretaria General, la publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano, y así como a la Oficina de Tecnología de la Información, Racionalización y Estadística la publicación en el Portal de la Municipalidad Provincial de Cañete. (www.municañete.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ TOMAS ALCÁNTARA MALASQUEZ
Alcalde
2471451-1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LLACANORA
2472752-1
Ordenanza Municipal que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA – 2025 de la Municipalidad Distrital de Llacanora
ORDENANZA MUNICIPAL
N° 007-2025-MDLL
Llacanora 9 de junio de 2025
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LLACANORA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de Llacanora, de conformidad con lo previsto en los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Perú; Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y sus modificatorias y, demás normas complementarias.
VISTO: En Acuerdo De Sesión De Concejo Ordinario de fecha 16 de mayo del 2025; el Informe Legal N° 55-2025-AL/MDLL de fecha 16 de mayo del 2025, la Carta N° 0027-2025-MDLL/GM, de fecha 15 de mayo del 2025, la Carta N° 0003-2025/DRAC de fecha 08 de mayo del 2025, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 30305 – “Ley de Reforma Constitucional”, precisa que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el inciso 4 del artículo 195º de la Constitución Política del Perú, estipula que; los gobiernos locales son competentes para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley;
Que, el numeral 3) del artículo 9 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local; lo cual resulta concordante con lo establecido en el artículo 40 de la acotada norma que señala que las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración, supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa;
Que, el numeral 8) del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades antes mencionada, establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;
Que, los artículos 43 y 44 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, disponen la obligatoriedad de las entidades de la Administración Pública de elaborar, aprobar y publicar el íntegro de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) cumpliendo los requisitos establecidos para tal fin;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1203, Decreto Legislativo que crea el Sistema Único de Trámites (SUT), establece que dicho sistema es una herramienta informática para la elaboración, simplificación y estandarización del TUPA. Asimismo, dicha norma crea el repositorio oficial de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, con su correspondiente información sustentatorios, formulados por las entidades de la Administración Pública; el cual es administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, como ente rector del Sistema de Modernización de la Gestión Pública;
Que, el artículo 9º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1203, Decreto Legislativo que crea el Sistema Único de Trámites (SUT), aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2018-PCM, señala que los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad a registrar en el SUT, son aquellos cuya tramitación es efectuada ante las entidades de la Administración Pública, y cumplen con lo regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS;
Que, con Resolución de la Secretaría de Gestión Pública Nº 004-2018-PCM/SGP, se aprueba el Nuevo Formato del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y se dispone que el mismo compendia y sistematiza los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad;
Que, los numerales 44.1 y 44.2 del artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que el TUPA es aprobado por Decreto Supremo del sector, por Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular del organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo;
Que, asimismo, el numeral 44.3 del artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que el TUPA y la norma de aprobación o modificación se publican obligatoriamente en el portal del diario oficial El Peruano,
Que, el numeral 41.1 del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, señala: “Mediante decreto supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades competentes para tramitarlos, las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos. Las entidades están obligadas a incorporar dichos procedimientos y servicios estandarizados en su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad. Las entidades solo podrán determinar: la unidad de trámite documentario o la que haga sus veces para dar inicio al procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad, la autoridad competente para resolver el procedimiento administrativo y la unidad orgánica a la que pertenece, y la autoridad competente que resuelve los recursos administrativos, en lo que resulte pertinente”;
Que, el artículo 12º de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 005-2018-PCM-SGP Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), señala que el Sistema Único de Tramites (SUT) es la herramienta informática regulada por el Decreto Supremo Nº 031-2018-PCM, de implementación obligatoria de todas las entidades del estado que permite registrar, integrar y optimizar los procesos para la elaboración, aprobación y publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), mejora la eficiencia y oportunidad de los procedimientos administrativos y servicios exclusivos y, con ello, la calidad del servicio al ciudadano;
Que, mediante Carta N° 0003-2025/DRAC, de fecha 08 de mayo de 2025, se ha remitido a la Municipalidad Distrital de Llacanora la documentación correspondiente a la elaboración de los instrumentos de gestión: el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de dicha entidad, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de su gestión institucional y al cumplimiento de los marcos normativos vigentes.
Que, mediante Carta N° 0027-2025-MDLL/GM, de fecha 15 de mayo de 2025, el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Llacanora solicitó la emisión de opinión legal respecto a la aprobación de los instrumentos de gestión: el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), a fin de garantizar su adecuación normativa y procedimental.
Que, en atención a lo solicitado, con fecha 16 de mayo de 2025, se emitió el Informe Legal N° 55-2025-AL/MDLL, a través del cual se concluye la viabilidad legal de dichos instrumentos, recomendando su evaluación y aprobación en sesión del Concejo Municipal.
Que, en ese mismo sentido, en Sesión de Concejo Ordinario realizada el 16 de mayo de 2025, el Concejo Municipal acordó aprobar los mencionados instrumentos de gestión y dispuso se inicien los trámites correspondientes para su publicación oficial, conforme a la normativa vigente y en aras de fortalecer la institucionalidad y la transparencia administrativa de la entidad.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 9, inc. 8 y el art. 116 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), con dispensa del trámite de aprobación del Acta, el pleno del Concejo Municipal, por unanimidad, ha dado la siguiente:
“ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA – 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA”
Artículo Primero.- Derogatoria normativa
Derogar la Ordenanza Municipal N° 037-2021-MDLL, de fecha 29 de noviembre de 2021, y toda disposición que se oponga o contradiga lo establecido en la presente Ordenanza, en aras de mantener la coherencia y vigencia normativa de los instrumentos de gestión institucional.
Artículo Segundo.- Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
Aprobar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de Llacanora, el cual contiene los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, conforme a la normativa vigente en materia de simplificación administrativa.
Artículo Tercero.- Implementación y coordinación interinstitucional Encargar al Gerente Municipal la adopción de las acciones necesarias para la implementación efectiva del TUPA aprobado, en coordinación con las diferentes unidades orgánicas de la entidad, a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal.
Artículo Cuarto.- Disposición para publicación oficial y adecuación administrativa Disponer que la Gerencia Municipal y las demás áreas competentes de la entidad, realicen las acciones correspondientes para la adecuada implementación del TUPA, así como su publicación en el Diario Oficial El Peruano, requisito indispensable para su entrada en vigencia conforme al marco normativo aplicable.
Artículo Quinto.- Publicación en el Portal Institucional Encargar a la Unidad de Tecnología de la Información y Sistemas de la Municipalidad Distrital de Llacanora la publicación de la presente Ordenanza Municipal en el Portal Web Institucional, a fin de garantizar su difusión, transparencia y acceso a la ciudadanía.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
José W. Quiliche Quiroz
Alcalde
2472752-1
