Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-99-EM, y el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2007-EM
Decreto Supremo
Nº 018-2025-EM
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, establece que el Ministerio de Energía y Minas es el encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política del Sector, así como de dictar las demás normas pertinentes;
Que, el artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, señala que cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá construir, operar y mantener ductos para el transporte de Hidrocarburos y de sus productos derivados, de acuerdo a un contrato de concesión para el transporte, que se otorgará con sujeción a las disposiciones que establezca el reglamento que dicte el Ministerio de Energía y Minas; además, el artículo 79 de dicha norma dispone que la distribución de gas natural por red de ductos es un servicio público, y que esta actividad se rige por el régimen de concesiones;
Que, la Octogésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, dispuso que el Transporte de Hidrocarburos por Ductos es un servicio público, y se regula conforme a las disposiciones legales vigentes;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 042-99-EM, se aprueba el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, el cual contiene los aspectos que regulan la prestación del mencionado servicio público, incluyendo las normas de seguridad y fiscalización, obligaciones del concesionario, las disposiciones aplicables al crecimiento de las redes de distribución de gas natural, los procedimientos vinculados a la fijación tarifaria, entre otros aspectos;
Que, a través del Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, se aprueba el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, mediante el cual se norma la actividad de transporte de hidrocarburos por ductos, incluyendo los procedimientos para otorgar concesiones, autorizaciones, las tarifas, las normas de seguridad, las normas sobre protección del ambiente, las disposiciones sobre la autoridad competente de regulación, así como las normas vinculadas a la fiscalización;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 064-2010-EM, se aprueba la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, la cual tiene entre sus objetivos de política contar con un abastecimiento energético competitivo y el acceso universal al suministro energético; incluyéndose dentro de los lineamientos de política establecer un marco normativo que aliente el libre acceso, la competencia y minimice la concentración del mercado, favoreciendo la transparencia en la formación de precios, así como alcanzar la cobertura total del suministro de electricidad e hidrocarburos;
Que, a través de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente;
Que, de acuerdo con el literal a) del artículo 4 de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales; asimismo, de acuerdo al literal b) de dicha norma, la consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las circunstancias y características especiales de los pueblos indígenas u originarios involucrados;
Que, el artículo 9 de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios;
Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, dispone que son entidades promotoras, aquellas entidades públicas responsables de dictar medidas legislativas o administrativas que serán objeto de consulta, estableciendo que se encuentran en tal definición, la Presidencia del Consejo de Ministerios, los Ministerios y los Organismos Públicos a través de sus órganos competentes;
Que, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la resolución emitida dentro del proceso de Acción Popular Nº 29126-2018, dispuso la expulsión del ordenamiento jurídico y declaró nulo con efecto retroactivo la Décimo Quinta Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, que establecía que la construcción y mantenimiento de infraestructura necesaria para la provisión de servicios públicos no requerían ser sometidos al procedimiento de consulta previa;
Que, en el marco de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, corresponde al Ministerio de Energía y Minas establecer las medidas administrativas que serán objeto de consulta previa; para tal efecto es necesario incorporar el literal q) del artículo 42 y el artículo 42A en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-99-EM, así como el literal q) del artículo 36 y el artículo 36A en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, a efectos de incluir un procedimiento administrativo a través del cual se solicite autorización a la DGH antes de la ejecución de obras, lo que permitirá tener certeza respecto a la ejecución de la consulta previa, en caso identifique pueblos indígenas u originarios, de manera focalizada y ordenada;
Que, conforme al numeral 38.2 del artículo 38 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2025-PCM, la presente norma cuenta con el dictamen favorable del expediente del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante – AIR Ex Ante por parte de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria;
Que, de conformidad con el párrafo 54.2.2 del numeral 54.2 del artículo 54 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2025-PCM, la presente norma cuenta con la validación de dos procedimientos administrativos al tener el resultado favorable de la evaluación del expediente de Análisis de Calidad Regulatoria Ex Ante – ACR Ex Ante por parte de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria;
De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8 y 24 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas; el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos; y, el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas;
DECRETA:
Artículo 1.- Incorporación del literal q) del artículo 42 y del artículo 42A en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-99-EM
Incorporar el literal q) del artículo 42 y el artículo 42A en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-99-EM, en los siguientes términos:
“Artículo 42.- El Concesionario está obligado a:
(…)
q) Solicitar autorización de ejecución de obras a la DGH, en su condición de Concedente, antes de la ejecución de las obras para el cumplimiento de lo previsto en el Contrato de Concesión, Planes Quinquenales u otras obras que el Concesionario ejecute para la ampliación del Sistema de Distribución y prestación del Servicio, según corresponda.”
“Artículo 42A.- Respecto a la autorización para la ejecución de las obras señalada en el literal q) del artículo 42 del presente reglamento, se aplica lo siguiente:
a) El Concesionario, con frecuencia anual, presenta a la DGH una solicitud para la emisión de la autorización de ejecución de obras que contenga razón social del Concesionario, domicilio legal, identificación de su representante legal, adjuntando para ello el plano y memoria descriptiva de los polígonos del área donde realizará la construcción de obras en formato Shapefile y PDF, así como el cronograma correspondiente. De manera excepcional y adjuntando la debida justificación, el Concesionario puede presentar solicitudes adicionales.
b) Si la solicitud presentada no reúne los requisitos señalados en el literal precedente, esta es observada por la DGH. El Concesionario cuenta con dos (2) días hábiles para subsanar las observaciones, en caso el Concesionario no cumpla con lo anterior dentro del plazo, la solicitud se considera inadmisible.
c) De no haber observaciones o una vez que estas se hayan absuelto, la DGH, en un plazo de cinco (5) días hábiles, remite la solicitud a la Oficina General de Gestión Social del MINEM (OGGS), o la que haga sus veces o la sustituya, a fin de que proceda a evaluar si corresponde la realización de la consulta previa. La OGGS emite su opinión dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles.
d) Si la OGGS opina que no corresponde realizar la consulta previa, la DGH otorga la autorización para la ejecución de obras al Concesionario mediante Resolución Directoral en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de recibida la opinión de la OGGS.
e) En caso la OGGS opine que se debe realizar la consulta previa, el plazo del procedimiento se suspende hasta que culmine el proceso de consulta previa. Una vez que se reanude el procedimiento, la DGH otorga la autorización mediante Resolución Directoral en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haberse concluido el proceso de consulta previa, de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente.
f) En cualquiera de los supuestos señalados en los literales d) y e), la DGH debe emitir la autorización para la ejecución de las obras en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud. En caso se realice la consulta previa, el plazo del procedimiento se suspende hasta que culmine el proceso de consulta previa.
El procedimiento de la autorización para la ejecución de las obras materia del presente artículo está sujeto a silencio administrativo negativo.
La vigencia de la autorización para la ejecución de obras será hasta el término del plazo del Contrato de Concesión. Asimismo, la mencionada autorización no exime al Concesionario de la obtención de otros permisos, autorizaciones y/o licencias; así como del cumplimiento de otros trámites que deba realizar para la ejecución de obras, conforme a lo previsto en la normativa vigente.
Si durante la ejecución de las obras autorizadas por la DGH el Concesionario advierte la presencia de pueblos indígenas u originarios que no fueron identificados al momento de la tramitación de la autorización, debe informarlo al MINEM en un plazo de cinco (5) días hábiles, contado desde la fecha en que tomó conocimiento, para la evaluación pertinente.”
Artículo 2.- Incorporación del literal q) del artículo 36 y del artículo 36A en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM
Incorporar el literal q) del artículo 36 y el artículo 36A en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, en los siguientes términos:
“Artículo 36.- Obligaciones del Concesionario
El Concesionario está obligado a:
(…)
q) Solicitar autorización de ejecución de obras a la DGH, en su condición de Concedente antes de la ejecución de las obras para el cumplimiento de lo previsto en el Contrato de Concesión u otras obras que el Concesionario ejecute para la ampliación del Sistema de Transporte y prestación del Servicio, según corresponda.”
“Artículo 36A.- Respecto a la autorización para la ejecución de obras señalada en el literal q) del artículo 36 del presente reglamento, se aplica lo siguiente:
a) El Concesionario, con frecuencia anual, presenta a la DGH una solicitud para la emisión de la autorización de ejecución de obras que contenga razón social del Concesionario, domicilio legal, identificación de su representante legal, adjuntando para ello el plano y memoria descriptiva de los polígonos del área donde realizará la construcción de obras en formato Shapefile y PDF, así como el cronograma correspondiente. De manera excepcional y adjuntando la debida justificación, el Concesionario puede presentar solicitudes adicionales.
b) Si la solicitud presentada no reúne los requisitos señalados en el literal precedente, esta es observada por la DGH. El Concesionario cuenta con dos (2) días hábiles para subsanar las observaciones, en caso el Concesionario no cumpla con lo anterior dentro del plazo, la solicitud se considera inadmisible.
c) De no haber observaciones o una vez que estas se hayan absuelto, la DGH, en un plazo de cinco (5) días hábiles, remite la solicitud a la Oficina General de Gestión Social del MINEM (OGGS), o la que haga sus veces o la sustituya, a fin de que proceda a evaluar si corresponde la realización de la consulta previa. La OGGS emite su opinión dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles.
d) Si la OGGS opina que no corresponde realizar la consulta previa, la DGH otorga la autorización respectiva al Concesionario mediante Resolución Directoral en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de recibida la opinión de la OGGS.
e) En caso la OGGS opine que se debe realizar la consulta previa, el plazo del procedimiento se suspende hasta que culmine el proceso de consulta previa. Una vez que se reanude el procedimiento, la DGH otorga la autorización mediante Resolución Directoral en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haberse concluido el proceso de consulta previa, de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente.
f) En cualquiera de los supuestos señalados en los literales d) y e), la DGH debe emitir la autorización para la ejecución de las obras en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud. En caso se realice la consulta previa, el plazo del procedimiento se suspende hasta que culmine el proceso de consulta previa.
El procedimiento de la autorización para la ejecución de las obras materia del presente artículo está sujeto a silencio administrativo negativo.
La vigencia de la autorización de ejecución de obras será hasta el término del plazo del Contrato de Concesión. Asimismo, la mencionada autorización, no exime al Concesionario de la obtención de otros permisos, autorizaciones, y/o licencias; así como del cumplimiento de otros trámites que deba realizar para la ejecución de obras, conforme a lo previsto en normativa vigente.
Si durante la ejecución de las obras autorizadas por la DGH el Concesionario advierte la presencia de pueblos indígenas u originarios que no fueron identificados al momento de la tramitación de la autorización, debe informarlo al MINEM en un plazo de cinco (5) días hábiles, contado desde la fecha en que tomó conocimiento, para la evaluación pertinente.”
Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en la sede digital del Ministerio de Energía y Minas (www.gob.pe/minem), el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Energía y Minas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Incorporación en el Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EM
Lo previsto en el artículo 1 del presente Decreto Supremo es incorporado en el Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EM.
Segunda.- Aplicación de la norma
Lo dispuesto en el literal q) del artículo 42 y en el artículo 42A del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-99-EM; así como, lo señalado en el literal q) del artículo 36 y en el artículo 36A del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, no es aplicable a las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.
En caso se realice una modificación de un contrato de concesión suscrito con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo que contemple la ampliación del Área de Concesión, lo dispuesto en el presente Decreto Supremo es aplicable solo para el área adicional materia de la ampliación.
Tercera.- Plazo de aprobación de las medidas administrativas objeto de consulta previa
En un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, contado a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial modifica lo previsto en la Resolución Ministerial Nº 209-2015-MEM/DM en relación a las medidas administrativas objeto de consulta previa en el Subsector Hidrocarburos, la oportunidad del proceso de consulta previa y el órgano del Ministerio de Energía y Minas a cargo de su implementación.
A los veinticinco días del mes de setiembre del año dos mil veinticinco.
DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República
JORGE LUIS MONTERO CORNEJO
Ministro de Energía y Minas
2442778-1