DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1743

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, mediante la Ley N° 32743, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño, publicada el 22 de octubre de 2026, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en las referidas materias por el plazo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la entrada en vigor de la referida Ley;

Que, en ese marco, el numeral 2.1.11 del párrafo 2.1 del artículo 2 de la citada Ley N° 32743 delega al Poder Ejecutivo a ejercer facultades para modificar el numeral 3 del artículo 20 del Decreto Legislativo N° 635, Código Penal, a fin de establecer que quien ejercite la legítima defensa goce de la presunción de haber actuado de modo racional frente a la agresión, la cual admite prueba en contrario, y que toda resolución judicial que la descarte requiera de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad, respetando la presunción de inocencia y la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público;

Que, el Decreto Legislativo N° 635, Código Penal, establece las reglas generales sobre la responsabilidad penal, así como el catálogo de delitos y faltas y las penas aplicables; asimismo, el numeral 3 de su artículo 20, el cual regula la legítima defensa como una causa de justificación siempre y cuando se cumplan de forma concurrente los presupuestos previstos, se excluye la antijuridicidad de la conducta y, con ello, exime de responsabilidad penal a quien actúa en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros;

Que, el ejercicio de la legítima defensa por parte de quienes protegen bienes jurídicos propios o de terceros conlleva investigaciones fiscales y procesos penales, en los que se les imputa la comisión de ilícitos por actuar frente a agresiones actuales, ilegítimas y reales, basados en la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y con ausencia de provocación suficiente de su parte hacia el agresor. Dicho tratamiento fiscal y judicial, por lo general, viene aparejado de impactos en determinados ámbitos de la vida del agredido (personal, familiar, económico y laboral), lo cual termina por desincentivar su empleo y desarrollo personal. Por ello, se advierte la necesidad de aprobar disposiciones que refuercen la protección de quienes así actúan y optimicen el ejercicio del derecho fundamental a la legítima defensa, contenido en el Código Penal;

Que, con el objeto de garantizar lo último, se busca instituir legislativamente que las autoridades correspondientes evalúen la necesidad racional del medio empleado desde la perspectiva de quien ejercita la legítima defensa, valorando la situación apremiante, incierta y de rápida evolución en la que se desarrollan los hechos, desde la percepción del agredido, siempre que se actúe para impedir o repeler una agresión actual, ilegítima y real; que dicha racionalidad se presuma, correspondiendo al Ministerio Público acreditar lo contrario; y que toda resolución judicial que descarte esa presunción cuente con motivación cualificada, bajo sanción de nulidad;

Que, asimismo se dictan disposiciones complementarias con el objetivo de articular la referida presunción y la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público con la decisión fiscal de calificación prevista en el numeral 1 del artículo 334 del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo N° 957, de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y las normas constitucionales y legales vigentes, además de prever la exigencia de motivación cualificada para desestimar la exención de responsabilidad penal por legítima defensa en aquellos casos que se encuentren en trámite;

Que, el párrafo 6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, dispone que el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante es obligatorio para todos los proyectos de disposiciones normativas de carácter general de las entidades del Poder Ejecutivo comprendidas en su ámbito de aplicación, y el párrafo 6.3 del mismo artículo remite a su reglamento la regulación de los supuestos de excepción;

Que, el literal j) del numeral 41.1 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por el Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, establece que las disposiciones normativas en materia penal o que regulan procesos en vía judicial se encuentran exceptuadas de presentar el expediente de Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante en la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, supuesto aplicable al presente caso, al modificar disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú; y en la Ley N° 32743, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Senado;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE LA PROTECCIÓN LEGAL DE LOS CIUDADANOS

QUE ACTÚAN EN LEGÍTIMA DEFENSA

FRENTE A LA DELINCUENCIA

Artículo 1.- Objeto

El presente decreto legislativo tiene por objeto el fortalecimiento de la protección de las personas frente a la criminalidad modificando el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, promulgado por el Decreto Legislativo N° 635 y establecer disposiciones orientadas a optimizar el ejercicio del derecho a la legítima defensa de los ciudadanos, y de esta manera dotar de mayor eficacia la aplicación de la causal de exención de responsabilidad penal prevista en el citado numeral 3.

Artículo 2.- Finalidad

El presente decreto legislativo tiene por finalidad defender a la ciudadanía de los criminales, garantizando la adecuada aplicación de la legítima defensa y así evitar la vulneración del derecho a la libertad y debido proceso de los ciudadanos que defienden su integridad y la de terceros, así como sus bienes frente a agresiones actuales, ilegítimas y reales.

Artículo 3.- Modificación del numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, promulgado por Decreto Legislativo N° 635.

Se modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, promulgado por Decreto Legislativo N° 635, en los siguientes términos:

“Artículo 20.- Inimputabilidad

Está exento de responsabilidad penal:

[...]

3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Agresión actual, ilegítima y real.

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se presume que quien ejerce la legítima defensa ha actuado de modo racional frente a la agresión, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario.

Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa, así como los bienes jurídicos que se protegen.

La racionalidad del medio empleado y su uso siempre deben valorarse desde la perspectiva de quien ejerce la defensa y conforme a las circunstancias existentes al momento de la agresión.

Toda resolución judicial que descarte esa presunción requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.

[...]”

Artículo 4.- Financiamiento

La implementación del presente decreto legislativo se financia con cargo al presupuesto de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 5.- Publicación

El presente decreto legislativo se publica en la Plataforma Digital Única del Estado peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), y en las sedes digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm) y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 6.- Refrendo

El presente decreto legislativo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Motivación judicial cualificada

Para aquellos casos que se encuentran en trámite en los que mediante una resolución judicial resulte desestimada la exención de responsabilidad penal por legítima defensa en el extremo referido a la presunción de racionalidad del medio empleado, la validez de la referida resolución judicial requiere de motivación cualificada bajo sanción de nulidad.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNICA. Incorporación del segundo párrafo al numeral 1 del artículo 334 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957

Se incorpora el segundo párrafo al numeral 1 del artículo 334 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957, en los siguientes términos:

“Artículo 334. Calificación

1. Si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al denunciado.

Para aquellos hechos en los que se investigue la posible actuación en legítima defensa, el fiscal deberá emitir una disposición en la cual se pronuncie de forma definitiva sobre el mismo, y de advertir la concurrencia copulativa de los supuestos previstos en los literales a), b) y c) del numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, declara que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, y ordena el archivo de lo actuado.

[…]”

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Senado de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de noviembre del dos mil veintiséis.

KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI

Presidenta de la República

LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE 

Presidente del Consejo de Ministros

ERNESTO JULIO ÁLVAREZ MIRANDA

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

2572858-1