Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030

Decreto Supremo

Nº 008-2022-MIDIS

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 1 y 44 de la Constitución Política del Perú, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, siendo deberes primordiales de este último, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades de la Administración Pública en todos los niveles de gobierno;

Que, el numeral 22.2 del artículo 22 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas;

Que, mediante Ley Nº 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; asimismo, se dispone que el sector desarrollo e inclusión social comprende a todas las entidades de la Administración Pública, de los tres niveles de gobierno, vinculadas con el cumplimiento de las políticas nacionales en materia de promoción del desarrollo social, la inclusión y la equidad;

Que, la Ley Nº 29792 establece que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es el organismo rector de las políticas nacionales de su responsabilidad, ejerciendo competencia exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gobierno, en todo el territorio nacional para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materias de desarrollo e inclusión social, encaminadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal, regular, de competencia sectorial y tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades, en coordinación y articulación con las diversas entidades de la Administración Pública, el sector privado y la sociedad civil;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS se aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, que constituye para todos los efectos la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, según lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 003-2016-MIDIS;

Que, el numeral 6 de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, establece que las políticas nacionales vigentes se adecúan a sus disposiciones y para dicho fin, cada Ministerio aprueba mediante resolución de su titular la lista sectorial de políticas nacionales bajo su rectoría o conducción;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 163-2019-MIDIS se aprueba la lista sectorial de las Políticas Nacionales bajo la rectoría o conducción del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la que se incluye a la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y asimismo se precisa que la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS, que constituye para todos los efectos la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, se mantiene vigente hasta su actualización conforme a lo establecido en el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM;

Que, en ese sentido la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social requiere ser actualizada, tanto por los retos vinculados al contexto socioeconómico actual, como por las oportunidades de mejora identificadas, brindando acceso a servicios y/o bienes que contribuyan a que las personas alcancen su bienestar;

Que, el numeral 10.2 del artículo 10 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, establece que las políticas nacionales, previa opinión técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), se aprueban por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y el refrendo de el/la titular del sector o sectores competentes;

Que, mediante Oficio Nº D000186-2022-CEPLAN-PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) remite el Informe Técnico favorable Nº D000023-2022-CEPLAN-DNCPPN mediante el cual emite opinión técnica favorable sobre la propuesta de Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, señalando que la misma cumple con lo dispuesto en el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM y sus modificatorias; así como en la Guía de Políticas Nacionales;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial Nº 073-2021-MIDIS; y, el Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030

Aprobar la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, que como anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030

2.1 La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, es de cumplimiento obligatorio y aplica a todas las entidades de la Administración Pública, señaladas en el Artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en el marco de sus competencias; así como para las personas jurídicas de derecho privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.

2.2. Las entidades de la Administración Pública en todos los niveles de gobierno y en el marco de sus competencias asumen los roles, obligaciones y responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM.

Artículo 3.- Conducción de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030

La conducción de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en su calidad de ente rector en materia de desarrollo e inclusión social.

Artículo 4.- Implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030

Las entidades de la Administración Pública responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos, servicios y actividades operativas de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 están a cargo de su implementación y ejecución, conforme a sus funciones y competencias; ello a través de los diferentes planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN. Para tal efecto, dichas entidades coordinan con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la implementación de los lineamientos, servicios y actividades operativas identificadas, así como otras intervenciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030.

Artículo 5.- Seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030

5.1. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección General de Políticas y Estrategias (DGPE) en coordinación y con la asistencia técnica de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) y la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM), lidera el proceso de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030.

5.2. El proceso de seguimiento y evaluación se realiza de conformidad con las pautas metodológicas que establece el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN en materia de seguimiento y evaluación de políticas nacionales y aquellas que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social considere pertinentes.

5.3. Las entidades de la Administración Pública que son responsables del cumplimiento de los objetivos prioritarios y de los servicios de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, brindan oportunamente información al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a fin de que realice el seguimiento y evaluación de su implementación.

Artículo 6.- Financiamiento

La implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, se efectúa con cargo al Presupuesto Institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 7. - Publicación

El presente Decreto Supremo y su Anexo se publican en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), y en las sedes digitales de los Ministerios cuyos titulares lo refrendan, el mismo día de la publicación de la presente norma y del Resumen Ejecutivo de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 8. - Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro de Educación, la Ministra de Salud, el Ministro de Economía y Finanzas, la Ministra de Transportes y Comunicaciones, la Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, la Ministra del Ambiente, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Ministra de la Producción, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Energía y Minas y el Ministro del Interior.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

FINALES

Primera.- Normas complementarias para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprueba, mediante Resolución Ministerial, las normas complementarias necesarias para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030.

Segunda.- Adecuación de instrumentos de planeamiento

Las entidades involucradas en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 adecúan progresivamente sus instrumentos de planeamiento, con el fin de concretar la articulación de los objetivos prioritarios, lineamientos, servicios y actividades operativas con los planes del SINAPLAN; lo cual se realiza de acuerdo a las disposiciones que establezca el CEPLAN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM.

Tercera.- Vigencia

La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación

Derogar el Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, así como la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 003-2016-MIDIS, modificada por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 002-2017-MIDIS.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA

Presidenta de la República

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA

Presidente del Consejo de Ministros

JULIO JAVIER DEMARTINI MONTES

Ministro de Desarrollo e Inclusión Social

OSCAR MANUEL BECERRA TRESIERRA

Ministro de Educación

ROSA BERTHA GUTIÉRREZ PALOMINO

Ministra de Salud

ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA

Ministro de Economía y Finanzas

PAOLA PIERINA LAZARTE CASTILLO

Ministra de Transportes y Comunicaciones

HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR LUBIENSKA

Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

NELLY PAREDES DEL CASTILLO

Ministra de Desarrollo Agrario y Riego

ALBINA RUIZ RÍOS

Ministra del Ambiente

GRECIA ELENA ROJAS ORTIZ

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

SANDRA BELAUNDE ARNILLAS

Ministra de la Producción

EDUARDO ALONSO GARCÍA BIRIMISA

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

JOSÉ ANDRÉS TELLO ALFARO

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

OSCAR ELECTO VERA GARGUREVICH

Ministro de Energía y Minas

VÍCTOR EDUARDO ROJAS HERRERA

Ministro del Interior

RESUMEN EJECUTIVO Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030

1. INTRODUCCIÓN

La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social articula el accionar multisectorial e intergubernamental con el fin de lograr el desarrollo y bienestar de las personas en las distintas etapas del ciclo de vida. Es así que la estrategia transversal de toda la política es la articulación de las acciones de las entidades del Estado para la provisión de servicios de calidad, generando eficiencia en el gasto público y permitiendo el logro de los resultados priorizados en cada etapa del ciclo de vida. Con ello, la PNDIS busca la reducción de la exclusión social y la pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas.

La actualización de la PNDIS al 2030 permite explicitar la óptica multidimensional con la que el MIDIS actualmente ya se aproxima a la problemática de la pobreza, así como para enriquecer la manera en la que el Estado entiende, evalúa y actúa para reducir la pobreza en todas sus dimensiones. En este sentido, se propone como población objetivo a aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza o en riesgo de caer en ella. Así, plantea como problema público a abordar la exclusión social que genera pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas”.

En el marco de la recuperación post-COVID-19, adoptar un enfoque de pobreza multidimensional como parte de la actualización de la PNDIS busca ayudar a imprimir un “sentido de urgencia” a la erradicación de un conjunto de privaciones en aspectos básicos del bienestar, pero que no son considerados actualmente de manera oficial y directa como “pobreza”. Esto se relaciona a la carga valorativa y simbólica que posee el término “pobreza” el cual, en países de ingresos bajos o medios como el Perú, remite a una situación intolerablemente severa de incumplimiento de mínimos básicos. Este es un aspecto central en la actualización de la PNDIS, en tanto el abordaje de la pobreza monetaria es insuficiente para diseñar políticas públicas que garanticen el bienestar de las personas; por ello busca posicionar la pobreza multidimensional como el enfoque a ser asumido por las entidades públicas del país.

En el contexto actual y considerando los efectos socioeconómicos de la pandemia por COVID-19 en los hogares peruanos, el MIDIS ha aportado al alivio de la situación socioeconómica de los hogares a través de la entrega de subsidios monetarios y adecuaciones de los programas sociales. Al respecto, se requiere de un Estado, con la capacidad de proveer a la población, de manera permanente y articulada, de los servicios necesarios para que se encuentren en mejores condiciones para enfrentar eventos adversos y recuperarse de los mismos; así como de poner en marcha estrategias de mitigación, de manera oportuna.

El presente resumen ejecutivo de la actualización de la PNDIS se estructura de la siguiente manera: 1) introducción, 2) base normativa, 3) diagnóstico, 4) objetivos prioritarios, lineamientos y servicios, y 5) seguimiento y evaluación

2. BASE NORMATIVA

La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 se ha elaborado según lo dispuesto en el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº029-2018-PCM, así como en la “Guía de Políticas Nacionales” (CEPLAN, 2018).

2.1. Referentes normativos nacionales

- Constitución Política del Perú

- Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

- Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

- Ley Nº 26518, Ley del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y el Adolescente

- Ley Nº 27337, que aprueba el Código de los Niños y Adolescentes

- Ley Nº30490, Ley de la Persona Adulta Mayor

- Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad

- Ley Nº30021, Ley de promoción de alimentación saludable para niños niñas y adolescente

- Decreto Supremo Nº 010-2016-MIDIS, que aprueba los Lineamientos para la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientado a promover el desarrollo infantil temprano “Primero la Infancia” en el marco de la Política de Desarrollo e Inclusión Social.

- Decreto Supremo Nº 003-2019-MIDIS, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia de Gestión Territorial Primero la Infancia para la articulación de las Entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local en la promoción del Desarrollo Infantil Temprano

- Resolución Ministerial Nº 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

- Resolución Suprema Nº 023-2019-EF que aprueba el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano (PPoR-DIT).

2.2 Referentes normativos internacionales

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo De San Salvador”

- Convención sobre los Derechos del Niño

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo

- Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

3. DIAGNÓSTICO

3.1 Enunciado del problema público

“Exclusión social que genera pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas”

3.2 Modelo del problema público

La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) sostiene que el problema público que debe abordarse al año 2030 es la Exclusión social que genera pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas.

El modelo del problema público se fundamenta, entre otros, en dos enfoques principales: desarrollo humano y derechos humanos. El enfoque de desarrollo humano surgió en la década de 1970 con la propuesta de Mahbub ul Haq y Amartya Sen, partiendo del enfoque de necesidades básicas hacia una mirada integral de las distintas necesidades y capacidades de los seres humanos, buscando contrarrestar las miradas del desarrollo centrado en el crecimiento económico (Hirai, 2017). Mahbub ul Haq (1995) entiende que el principal objetivo del desarrollo es ampliar las elecciones de las personas, creando un ambiente propicio para que puedan llevar vidas largas, saludables y creativas. Para que este proceso sea significativo debe considerar la participación de los ciudadanos/as a lo largo de las distintas etapas de su vida y estar en sintonía con sus aspiraciones y/o necesidades (Hirai, 2017). Asimismo, son fundamentales las oportunidades disponibles para las personas (Nussbaum, 2011).

Respecto del enfoque de derechos humanos, tomamos dos pilares fundamentales reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: i) el Estado como garante de los derechos y responsable de su promoción, defensa y protección; y ii) las personas y grupos sociales como sujetos titulares de los mismos con la capacidad y el derecho de reclamar y participar (CIDH, 2018: 20)1.

La exclusión social es entendida de múltiples maneras puesto que en cada país presenta características propias que responden a cuestiones históricas y estructurales (Banco Mundial, 2013). La conceptualización de la exclusión como un conjunto de barreras2 en distintos ámbitos que impiden la participación es compartida por varios autores e instituciones (Fundación Europea, 1995 ubicado en De Haan 2000: 25-26; Figueroa, C. 2014; Rodgers, 1995). En este marco, la exclusión social se produce por la persistencia de múltiples barreras, que interactúan entre sí de forma sistemática y continua. Las barreras en la provisión de bienes y/o servicios pueden observarse en los siguientes ámbitos: 1) identidad, 2) salud, 3) educación, 4) servicios integrados 5) vivienda adecuada y a la tierra propia y comunal, 6) conectividad vial, 7) acceso al trabajo decente e inclusión económica, 8) protección social, 9) vida libre de violencia y acceso a la justicia. Cuando una persona se ve restringida en el acceso a servicios de estos ámbitos, de manera conjunta, continua y sistemática se produce exclusión social y pobreza.

La exclusión social y su persistencia en nuestras sociedades puede ser explicada por factores de diverso tipo: 1) por un lado, por la existencia de factores estructurales que se encuentran enraizados históricamente en la constitución de la Nación, el Estado y los grupos sociales3. 2) Además, deben considerarse los factores contextuales, entendidos como aquellos que se encuentran vinculados a un contexto histórico, social y/o geográfico específico, cuya ocurrencia depende de una determinada coyuntura y cuya magnitud puede afectar a una determinada sociedad4. En este sentido, los eventos adversos (o “shocks”) son situaciones no previstas que afectan negativamente a los hogares, principalmente a los más pobres, comprometiendo su capacidad de generar ingresos de manera sostenida, impactando negativamente en su bienestar (Hill y Torero 2009, Hoddinott 2009)5. 3) Existen también factores vinculados a la identidad de una persona y/o grupo. Sostenemos que en el país existen brechas para determinadas poblaciones que han sido excluidas históricamente de los procesos políticos, sociales y económicos6.

En este sentido, la delimitación del problema público requiere considerar la interrelación entre exclusión social y pobreza. Al respecto, la exclusión social genera pobreza, en tanto afecta el desarrollo humano, el bienestar y ejercicio pleno de la ciudadanía. En esta línea, diversos autores, como Amartya Sen, Sabine Alkire, Renos Vakis, Laís Abramo, entre otros, entienden la pobreza no sólo en términos monetarios, sino como una situación de múltiples privaciones7. Siguiendo el marco teórico de Sen sobre capacidades, Márquez et al (2008) muestran que la exclusión social limita los funcionamientos de ciertos grupos y/o personas, los mismos que impactan en su bienestar, entorpecen sus capacidades para desarrollarse y disminuyen su valor y empleabilidad en el mercado. Diversas instituciones enfatizan que la exclusión social genera la pobreza y obstaculiza las medidas para su superación a través de dos caminos: i) denegando el acceso a los recursos, mercados y servicios públicos, y ii) reduciendo la capacidad productiva, puesto que impide la eficiente operacionalización de las fuerzas del mercado y restringe el crecimiento económico. Con ello, ciertos grupos de personas pueden resultar excluidos del acceso al capital y de la posibilidad de iniciar nuevos negocios, o en el caso de participar, lo hacen en condiciones desiguales (DFID 2005: 5-6)8.

Por lo señalado, la actualización de la PNDIS enfatiza la apuesta del MIDIS por una óptica multidimensional de la pobreza a fin de enriquecer la manera en la que el Estado entiende, evalúa y actúa para reducir la pobreza en todas sus dimensiones. Adoptar un enfoque de pobreza multidimensional como parte de la actualización de la PNDIS permitirá relevar la importancia y priorizar la erradicación de un conjunto de privaciones en aspectos básicos del bienestar necesarios para abordar el problema público planteado.

Los principales efectos de la exclusión social que genera pobreza son los siguientes: 1) La transmisión intergeneracional de la pobreza; es decir, que de no resolverse los mecanismos que llevan a la exclusión social de forma múltiple, sistemática y continua se contribuirá a que la pobreza se siga transmitiendo de una generación a la siguiente (Vakis, 2015; Neidhofer, 2019; Bird, 2013; Mehta y Bhide 2018); 2) El debilitamiento del ejercicio de la ciudadanía, el cual implica una afectación a la participación en los procesos sociales, económicos, políticos y/o culturales, restringiendo las oportunidades y el desarrollo de capacidades (Olivera, 2009; Bermúdez, 2001; CIDH, 2017); 3) El incremento de la desigualdad, dado que se amplían las brechas entre aquellos que cuentan con oportunidades y acceso a servicios que les permiten el desarrollo de sus capacidades y aquellos que son excluidos de estos procesos (Bourguignon 2017; Stigtlitz 2012).

Representación del modelo

3.3. Conceptos claves

1) Barreras9: Son limitaciones que dificultan y/o impiden el acceso de las personas a los bienes y servicios para el efectivo ejercicio de sus derechos, ya sea porque no están disponibles, no son accesibles, no responden al contexto sociocultural o carecen de calidad. Pueden ser de tipo administrativo, económico, normativo, geográfico y/o cultural.

2) Factores explicativos: Los factores profundizan las barreras, potenciando el efecto negativo de estas sobre la exclusión social que genera pobreza.

3) Exclusión Social: Barreras o limitaciones estructurales y sistemáticas que limitan la participación e integración plena en la sociedad a lo largo del ciclo de vida.

4) Pobreza: Situación en la que las personas experimentan un conjunto de privaciones simultáneas en dimensiones básicas de su bienestar, las cuales limitan su capacidad real para llevar una vida digna, impiden el ejercicio de sus derechos y restringen su desarrollo humano.

5) Efectos: Son las consecuencias negativas derivadas de la persistencia del problema público.

Asimismo, debe considerarse que existe una retroalimentación permanente entre exclusión social y pobreza. De esta manera, la persistente exclusión social que genera pobreza conlleva otros efectos de largo plazo como son la transmisión intergeneracional de la pobreza, el debilitamiento del ejercicio de la ciudadanía y el incremento de la desigualdad.

Enfoques transversales

El abordaje del problema público requiere tomar en cuenta distintos enfoques que guíen el diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la PNDIS al 2030, siendo los siguientes:

3.4. Situación Actual

La situación actual del problema público muestra información respecto a; la pobreza en las distintas etapas del ciclo de vida, la situación de la exclusión social expresada en términos de barreras10 y los efectos de la persistente exclusión social.

En la sección sobre la situación actual de la pobreza en las distintas etapas del ciclo de vida, cabe precisar que si bien se reconoce la relevancia de la Pobreza Multidimensional, y se considera que su diagnóstico y abordaje debe ser prioridad desde la política pública, a la fecha no se cuenta con fuentes oficiales de medición, por lo que los datos presentados en esta sección se refieren a la pobreza monetaria, cuya medición realizada por el INEI es periódica y confiable y se complementa con medidas de vulnerabilidad y de necesidades básicas insatisfechas (NBIs), permitiendo dimensionar la magnitud del problema público.

La sección sobre la situación de la exclusión social muestra información sobre las principales barreras para acceder a bienes y servicios identificados en esta política.

Situación de la exclusión social

En esta sección se analiza la situación actual de la exclusión social. Es importante señalar que no existe un indicador o forma de medir directamente la exclusión social, por lo que el diagnóstico de este problema público se aproximará a través del análisis de la situación actual de las barreras (equiparables a las causas directas) que originan y perpetúan la exclusión social que genera pobreza en las personas a lo largo de su ciclo de vida.

Efectos de la Exclusión Social

La persistencia de la exclusión social que genera pobreza conlleva a efectos como son la transmisión intergeneracional de la pobreza, el debilitamiento del ejercicio de la ciudadanía y el incremento de la desigualdad.

3.5 Situación futura deseada

Al 2030, la exclusión social que genera pobreza habrá disminuido en la población de las distintas etapas del ciclo de vida. Si bien no existe un indicador de exclusión social que pueda reflejar la situación de esta al 2030, esta podría aproximarse de manera provisional a través de la pobreza monetaria, teniendo en cuenta que esta refleja solo una parte del concepto de pobreza que rige en la PNDIS, que tiene un enfoque multidimensional. Es así como se espera que, al 2030, el porcentaje de población en situación de pobreza monetaria sea de 15%.

La situación futura deseada se alcanzará al asegurar la provisión de servicios a toda la población, con énfasis en la que se encuentra excluida, con la finalidad de disminuir las 9 barreras asociadas a la exclusión social. Para lograr esto, el MIDIS asumirá su rol de entidad articuladora de la política social, a través de la coordinación e integración de las intervenciones provistas por distintos sectores y niveles de gobierno.

4. OBJETIVOS PRIORITARIOS

En base al diagnóstico desarrollado y a la situación actual del problema público planteado, se encuentran barreras (equiparables a las causas directas) que limitan el desarrollo de las personas a lo largo de su ciclo de vida, los datos presentados evidencian que en cada una de dichas barreras persisten brechas significativas, en donde la política pública cumple un rol fundamental para reducirlas. Es así que los objetivos prioritarios buscan asegurar la inclusión social de las personas en cada etapa del ciclo de vida. Tal como se señala en la ENDIS (2013), la inclusión social es entendida como la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio.

Matriz de objetivos prioritarios y lineamientos.

Las fichas de indicadores de cada uno de los objetivos prioritarios se presentan en el Anexo 7 de la PNDIS al 2030.

4.4. Provisión de servicios

Identificación de servicios y estándares de cumplimiento

Los objetivos prioritarios permiten solucionar el problema público de la PNDIS. Estos a su vez, se especifican en un conjunto de lineamientos, los mismos que se implementan a través de los servicios que se prestan a la población. Como parte del diseño de la PNDIS y en base a las evidencias analizadas se han identificado los servicios vinculados a los lineamientos de cada uno de los objetivos prioritarios.Para ello, previamente, con el fin de alcanzar la situación futura deseada de cada objetivo prioritario, se identificaron alternativas de solución en base a evidencia, y para cada una de las mismas se buscó sustento nacional e internacional sobre su efectividad para responder a cada problema identificado.

Matriz de servicios de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

5.1 Seguimiento

El seguimiento de la PNDIS se realizará acorde a lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de políticas nacionales y planes de SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 00015-2021/CEPLAN y de acuerdo con las disposiciones que el CEPLAN emita para dicho fin.

5.2 Evaluación

Durante su vigencia, la PNDIS será evaluada en cuanto a su implementación y resultados. De esta forma, el contenido de los informes de evaluación es el establecido en la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes de SINAPLAN” aprobada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 00015-2021/CEPLAN.

1 En tanto garante de derechos, los Estados deben adoptar los principios y las normas que reconocen los derechos fundamentales en instrumentos internacionales, en las constituciones y en normas nacionales (CIDH, 2019: 20.)

2 De acuerdo al modelo aplicado para la PNDIS y según el método seguido, las barreras pueden ser equiparables a las causas directas del problema público. Asimismo, dada la evidencia revisada y la complejidad del problema público a abordar, las barreras también constituyen la expresión de la exclusión.

3 Por ejemplo, son factores estructurales: 1) los patrones históricos de discriminación, 2) la débil institucionalidad del Estado, 3) la desigualdad estructural (Basadre, 1968; Cotler, 1977; PNUD, 2010; Vergara, 2015; Acemoglu et al.2002; Figueroa, 2002; Banco Mundial, 2005; Thorp y Paredes, 2010).

4 Para la presente Política Nacional son factores contextuales: 1) la violencia, 2) las crisis económicas, 3) los conflictos sociales, 4) la migración, 5) el cambio climático y desastres, 6) pandemias, entre otros.

5 A fin de brindar herramientas que permitan enfrentar y sobreponerse a dichos eventos adversos, se plantean los modelos de Protección Social Adaptativa (PSA). Los modelos de PSA tienen sus bases conceptuales en la discusión teórica sobre la gestión social de riesgos (Hallegatte et al 2016). Una de las ideas centrales de los mismos es el reconocimiento de que dichos eventos adversos, además de afectar con mayor énfasis a las poblaciones en pobreza, debilitan el soporte que estas suelen recibir de sus grupos familiares y comunales, del sistema financiero y del Estado. En este escenario, los Estados deben garantizar mecanismos de protección social que reduzcan el impacto en los hogares (Hallegatte et al 2016).

6 Por ello, entendemos como factores relacionados con la identidad aquellos vinculados con el género, la etnia, la religión, ocupación, orientación sexual, estatus de discapacidad, ciudadanía, migración, entre otros. Resaltamos que la identidad se modifica en el tiempo y que lo importante es combatir toda forma de discriminación.

7 Si bien existen diversas aproximaciones a la pobreza multidimensional, se identifican 5 características transversales a las mismas: (i) énfasis en la centralidad de la experiencia de vida humana, (ii) utilización explícita de enunciados normativos relacionados a lo “mínimo”, “básico”, “razonable”, “decente”, “grave”, “desventajoso”; (iii) referencia a conceptos de connotación positiva tales como “dignidad”, “bienestar”, “libertad”, o “capacidades”; (iv) mención explícita a privaciones no monetarias como componentes de la pobreza; y (v) reconocimiento de la simultaneidad de la experimentación de privaciones entre las personas en pobreza.

8 “A las personas socialmente excluidas a menudo se les niegan las oportunidades disponibles para que otros puedan aumentar sus ingresos y escapar de la pobreza por sus propios esfuerzos. Por lo tanto, a pesar de que la economía puede crecer y los niveles de ingresos generales pueden aumentar, es probable que las personas excluidas se queden atrás y constituyan una proporción cada vez mayor de quienes permanecen en la pobreza. Las políticas de reducción de la pobreza a menudo no las alcanzan a menos que estén específicamente diseñadas para hacerlo” (DFID 2005: 5 y 6).

9 De acuerdo al modelo aplicado para la PNDIS y según el método seguido, las barreras pueden ser equiparables a las causas directas del problema público. Asimismo, dada la evidencia revisada y la complejidad del problema público a abordar, las barreras también constituyen la expresión de la exclusión.

10 De acuerdo al modelo aplicado para la PNDIS y según el método seguido, las barreras pueden sr equiparables a las causas directas del problema público. Asimismo, dada la evidencia revisada y la complejidad del problema público a abordar, las barreras también constituyen la expresión de la exclusión.

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