Declaran barreras burocráticas ilegales determinadas exigencias contenidas en el servicio prestado en exclusividad denominado “Duplicado de Tarjeta de Identificación Vehicular” del TUPA de la SUNARP, aprobado mediante D.S.
Nº 008-2004-JUS y en el art. 131 de la Res. Nº 039-2013-SUNARP/SN
RESOLUCIÓN: 0478-2021/SEL-INDECOPI
AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas
FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN: 8 de julio de 2021
ENTIDADES QUE IMPUSIERON LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
NORMAS QUE CONTIENEN LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES: El servicio prestado en exclusividad denominado “Duplicado de Tarjeta de Identificación Vehicular” del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos aprobado mediante Decreto Supremo 008-2004-JUS.
El artículo 131 de la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 039-2013-SUNARP/SN
PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA: Resolución 0251-2020/CEB-INDECOPI del 6 de noviembre de 2020
BARRERAS BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES:
(i) La exigencia de presentar el “Formulario de seguridad del Colegio de Notarios con firma legalizada del propietario con derecho inscrito o de su representante”, materializada en el servicio prestado en exclusividad denominado “Duplicado de Tarjeta de Identificación Vehicular” del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos aprobado mediante Decreto Supremo 008-2004-JUS.
(ii) La exigencia de presentar la «Copia del documento de identidad del solicitante» para tramitar la “Autorización de regrabación de motor”, materializada en el artículo 131 de la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 039-2013-SUNARP/SN.
SUSTENTO DE LA DECISIÓN:
El literal d) del artículo 5 del Decreto Legislativo 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, dispone que las entidades de la administración pública no pueden solicitar la legalización notarial de firmas en el marco de un procedimiento o trámite administrativo, salvo que se exija por ley expresa.
Asimismo, el numeral 45.2.2. del artículo 45 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece que para la realización de cada procedimiento administrativo solamente serán exigidos aquellos requisitos que razonablemente sean indispensables.
Al respecto, del análisis realizado, no se advirtió la existencia de una ley que expresamente indique que el administrado que busque tramitar el “Duplicado de tarjeta de identificación vehicular” tenga que presentar un formulario de seguridad con una firma legalizada. Por otro lado, el formulario notarial no es indispensable, en tanto ha sido sustituido por un sistema de verificación biométrica.
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas determinó que la exigencia de presentar el “Formulario de seguridad del Colegio de Notarios con firma legalizada del propietario con derecho inscrito o de su representante” para tramitar el “Duplicado de Tarjeta de Identificación Vehicular” vulnera lo establecido en el literal d) del artículo 5 del Decreto Legislativo 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa y el numeral 45.2.2. del artículo 45 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Por otro lado, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas determinó que la exigencia de presentar la “Copia del documento de identidad del solicitante” para tramitar la “Autorización de Regrabación de Motor”, materializada en el artículo 131 de la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 039-2013-SUNARP/SN, contraviene lo dispuesto en el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, debido a que las entidades de la administración pública están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios, en el marco de un procedimiento o trámite administrativo, la copia del Documento Nacional de Identidad.
En tal sentido, las medidas impuestas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos constituyen barreras burocráticas ilegales.
GILMER RICARDO PAREDES CASTRO
Presidente
1980171-2