PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD Y

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

2018-2021

ACRÓNIMOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

CAN ANTICORRUPCIÓN: Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

CCL: Cámara de Comercio de Lima

CGR: Contraloría General de la República

CNM: Consejo Nacional de la Magistratura

CONFIEP: Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas

GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit de la Cooperación Alemana.

G20: Grupo de los Veinte

INA: Iniciativa Nacional Anticorrupción

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

LA/FT: Lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo.

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego

MINAM: Ministerio del Ambiente

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

CULTURA: Ministerio de Cultura

MINDEF: Ministerio de Defensa

MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

MINEDU: Ministerio de Educación

MINEM: Ministerio de Energía y Minas

MININTER: Ministerio del Interior

MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

PRODUCE: Ministerio de Producción

RREE: Ministerio de Relaciones Exteriores

MINSA: Ministerio de Salud

MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones

VIVIENDA: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

MP-FN: Ministerio Público – Fiscalía de la Nación

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

ONA: Oficina Nacional Anticorrupción

OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PCM: Presidencia del Consejo de Ministros

PPEDC: Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción

PJ: Poder Judicial

PNP: Policía Nacional del Perú

PROÉTICA: Capítulo peruano de Transparencia Internacional

SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil

SGP: Secretaría de Gestión Pública

SNI: Sociedad Nacional de Industrias

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

II. MARCO METODOLÓGICO DE DESARROLLO DEL PLAN

2.1. Metodología de elaboración del plan

2.2. Procedimiento de clasificación y priorización de acciones

2.3. Acciones priorizadas en el plan

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES DEL PLAN

3.1. Acciones del Plan

3.2. Acciones, Indicadores, Metas y Responsables

IV. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

4.1. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Iniciativas anticorrupción y énfasis conceptual

Tabla 2: Documentos anticorrupción considerados para la elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción

Tabla 3: Articulación de enfoques, ejes y objetivos específicos

Tabla 4: Etapas, procedimientos y resultados del proceso de elaboración de acciones

Tabla 5: Áreas prioritarias, tipos de acciones, importancia, temporalidad

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Organización de la secuencia lógica de elaboración del plan

Ilustración 2: Tipos de medición por niveles de articulación en la lucha contra la corrupción

PRESENTACIÓN

Sin necesidad de acudir a estadísticas ni encuestas, todos los ciudadanos peruanos sabemos que la corrupción es uno de los principales problemas en el país si acaso no el principal. Lo vemos y lo vivimos todos los días de una u otra manera a través de los medios de comunicación que dan cuenta de la compra de voluntades políticas, de acuerdos para beneficiar ilegítimamente intereses particulares y de decisiones que no se fundamentan en el interés general sino en el interés de unos pocos. Pero también vivimos la corrupción cuando somos víctimas de un mal servidor público que exige algún pago o beneficio irregular para permitirnos acceder a servicios públicos básicos que por derecho nos corresponden como la salud y la educación.

Todas estas prácticas cuestionables que denominamos gran corrupción, mediana corrupción y pequeña corrupción, si bien tienen manifestaciones y características distintas, así como abordajes distintos, todas ellas son expresión del mismo problema que tiene como raíz la falta de valores, la débil institucionalidad, falta de meritocracia y la injerencia política en la administración pública.

Para entender el problema y plantear alternativas concretas de solución en nuestro país, desde el 2001, se han desarrollado espacios gubernamentales orientados a generar sinergias y definir acciones anticorrupción, los cuales, por diversos motivos, no lograron consolidarse en el tiempo. En la misma línea, en ese mismo período se adoptaron distintas medidas anticorrupción que -siendo necesarias como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley de Gestión de Intereses, Ley de Prohibiciones e Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, y Ley de Reforma del Servicio Civil, entre otras- no han tenido el impacto estructural y de largo plazo que esperábamos. Por el contrario, hemos corroborado en estos dos últimos años que la corrupción no sólo se ha mantenido presente, sino que cada vez más presenta evidencias de estar preocupantemente enraizada en los distintos segmentos y niveles de nuestra sociedad.

En este contexto, con no poca frecuencia los peruanos nos sentimos indignados y buscamos alternativas y respuestas inmediatas que nos permitan revertir las consecuencias nefastas que la corrupción genera en términos de institucionalidad, gobernabilidad, crecimiento económico y desarrollo. El problema, sin embargo, es que las respuestas inmediatas y sin planificación apelan erróneamente a la focalización de estrategias de represión, descuidando la prevención. Por esa razón, la lucha contra la corrupción en nuestro país se ha concentrado principalmente en desarrollar medidas que enfatizan el enfoque punitivo buscando la sanción y la reparación del daño con posterioridad a la comisión de un acto de corrupción.

Al respecto, si bien el enfoque punitivo es necesario, este constituye una perspectiva limitada, parcial e insuficiente que parte de la no comprensión de la corrupción como un fenómeno complejo, multicausal y multidimensional que requiere principalmente de medidas estructurales orientadas no sólo a construir una sólida gestión pública basada en valores, transparencia, rendición de cuentas y meritocracia, sino también de reformas institucionales conducentes a revertir los factores de vulnerabilidad socioeconómica y de género en la sociedad.

En línea con esta finalidad, resulta necesario e impostergable reconocer que la corrupción no es un fenómeno neutro y que, por el contrario, impacta de manera diferenciada a los miembros de una sociedad según, precisamente, los factores de vulnerabilidad socioeconómica y de género propiciando la profundización de esquemas de desigualdad y abuso de poder.

De ahí que debe interiorizarse que para el combate de la corrupción no existe una sola fórmula o única respuesta, ni una entidad que pueda afrontar sola este flagelo. Por el contrario, se requiere de una estrategia que articule al mismo tiempo acciones de prevención, detección, investigación y sanción, diferenciando los distintos niveles de corrupción que existen y la manera diferenciada de su impacto, así como de una estrategia de participación conjunta y articulada de las entidades y la sociedad en su conjunto.

Precisamente, es ese enfoque complementario, integral y articulador el que se plantea en el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, el cual, toma como punto de partida la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción aprobada mediante Decreto Supremo 092-2017-PCM, y se erige sobre las recomendaciones del Informe de la Comisión Presidencial de Integridad, del Informe de la OCDE sobre Integridad en el Perú y sobre el Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas. Este Plan también recoge la voz de ciudadanos, expertos, académicos y servidores públicos comprometidos con un Estado diferente y para cuyo desarrollo, se contó con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por GIZ. En ese sentido, el Plan que se presenta no sólo constituye un documento que tiene consenso y validez, sino, sobre todo, un documento que marca un camino que todos debemos seguir y cuidar.

Como Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y Presidente del Poder Judicial, me permito instar a todos los peruanos a estar atentos y vigilantes respecto de lo que pasa en nuestro país y de la actuación de nuestros gobernantes y autoridades, y a ejercer nuestro derecho y deber de denuncia frente a irregularidades y al no cumplimiento de las medidas que recoge el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021.

Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo

Abril 2018

I. INTRODUCCIÓN

La Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, aprobada mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, de fecha 14 de septiembre de 2017, establece en su Segunda Disposición Complementaria Final que “La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en un plazo máximo de cincuenta (50) días hábiles, en el marco de sus funciones, elaborará una propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción que presentará al Poder Ejecutivo, que permita la articulación y coordinación entre entidades para la implementación de la política”1.

En función a dicho mandato, la Comisión del Alto Nivel Anticorrupción, apoyada en la asesoría técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ, dio inicio al proceso de elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, teniendo en perspectiva, principalmente, la necesidad de dar respuesta a los condicionantes y al contexto en el que la falta de integridad y la corrupción viene afectando al país en los últimos años.

En virtud de ello, la CAN Anticorrupción estableció dos líneas de acción prioritarias para el desarrollo de la nueva estrategia de integridad y de lucha contra la corrupción. La primera de estas se relaciona a la profundización de acciones en el ámbito subnacional en consideración a que en los últimos años se han incrementado los casos de corrupción en Gobiernos Regionales y Locales, los cuales, además, desarrollaron peligrosas acciones delictivas incluso vinculadas al crimen organizado. De esta forma, el Plan Nacional propone acciones dirigidas a propiciar el conocimiento y la comprensión de la realidad local, así como, promueve la articulación de los mecanismos de control y supervisión permanente que se desarrollan al interior del país.

La segunda línea de acción prioritaria es la prevención. Sin duda, toda política anticorrupción y toda estrategia deben tener una mirada complementaria respecto de las acciones de prevención y sanción de la corrupción. Sin embargo, el enfoque punitivo, si bien corrige una situación irregular, no asegura el establecimiento de condiciones estructurales que a mediano y largo plazo permitan reducir la incidencia de dichas irregularidades. Resulta por tanto necesario implementar estructuras organizacionales y entornos laborales que permitan desarrollar una institucionalidad sólida que proteja al Estado frente a coyunturas adversas originadas por personas inescrupulosas y carentes de vocación de servicio público que por una u otra razón acceden a una posición pública. En ese sentido, gran importancia cobra el fortalecimiento del servicio civil basado fundamentalmente en la meritocracia, en la igualdad de oportunidades, en el interés general, la transparencia, la probidad y en la rendición de cuentas de la gestión. Todas ellas constituyen herramientas poderosas para reducir espacios a la corrupción tanto en el sector público como en el privado, así como en la interacción entre ambos. En esa medida, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de control interno a efectos de garantizar que las entidades consoliden la adopción de estas herramientas en aras de prevenir la corrupción e instaurar la integridad en la gestión.

Es de precisar que parte también del enfoque preventivo pasa por la incorporación de la ciudadanía en la lógica de acción pública y colectiva, y como actor fundamental del control social. Por ello, se plantea como presupuesto esencial de los mecanismos de prevención involucrar a la ciudadanía como principal interesada en que la gestión pública brinde servicios que satisfagan sus necesidades, para lo cual es indispensable generar desde el Estado las condiciones, espacios y herramientas para recuperar su confianza y convertirla en un aliado para la detección temprana de alertas frente a potenciales prácticas cuestionables.

Ahora bien, en la línea de priorizar acciones, se ha tomado como insumo y punto de partida la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, la cual, sobre la base de lecciones aprendidas recogidas en el Informe de Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, enfatiza en la necesidad de dotar de mayores capacidades al Estado en la lucha contra la corrupción, generar mayores mecanismos de articulación y coordinación, y reforzar la institucionalidad de las principales entidades involucradas en la prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción.

En efecto, conforme se detalla en el Capítulo II “Marco Metodológico de Desarrollo del Plan”, el proceso de elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021 considera como principal fuente los objetivos, metas, lineamientos y estándares de cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. De la misma manera, estando a la existencia de documentos que -sobre la base de diagnósticos previos- delinearon recomendaciones puntuales para asegurar una efectiva prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción, el proceso participativo e inclusivo de elaboración del presente Plan los ha acogido plenamente. Así, el Plan se erige sobre los siguientes documentos base:

• Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo (diciembre 2016).

• Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente (2017).

• 100 acciones propuestas por el Fiscal de la Nación para forjar un país sin corrupción (junio 2017).

• Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas

La decisión se basa en dos criterios. El primero radica en la legitimidad que dichos documentos alcanzaron entre expertos, académicos, funcionarios públicos y líderes de opinión, como es el caso de las 100 recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad y el Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. En esa línea, a la base del proceso de elaboración del Plan ha estado la convicción de no generar duplicidades y, por el contrario, se ha buscado el establecimiento de sinergias con esfuerzos previos realizados en la misma dirección a la que apunta el Plan.

Un segundo criterio para la adopción de los documentos reseñados como punto de partida del Plan es la necesidad que las legitimidades de dichas acciones sean incorporadas y asumidas por las entidades públicas a través de un marco legal que permita su implementación y presupuestación en sus planes operativos institucionales. Al respecto, se debe recordar que, pese a la validez y gran consenso que generaron los documentos base, particularmente, el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad, no hubo aprobación formal mediante norma ni mandato expreso que dispusiera la incorporación de sus recomendaciones en los respectivos documentos de planeamiento de las entidades públicas.

De esta manera, partiendo de un conjunto de propuestas y recomendaciones que gozan de validez y legitimidad, el presente Plan adopta una estrategia de priorización y calendarización que permite de manera ordenada su implementación. Ello, en tanto que las recomendaciones y propuestas de acción -siendo todas importantes y necesarias-, por la complejidad que muchas de ellas entrañan, no pueden ser implementadas en un corto plazo ni tampoco ejecutadas por una sola entidad. Es así que en el capítulo IV “Objetivos Estratégicos y Acciones del Plan” se detallan las medidas de corto, mediano y largo plazo de modo tal que se logre un orden en su ejecución y una definición de las entidades responsables y participantes en el proceso de implementación.

Ahora bien, es necesario puntualizar que el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021 en su alcance reconoce dos ámbitos. El primero vinculado a la implementación de medidas de alcance nacional orientadas a lograr un nivel de institucionalidad que asegure de modo global en el país prevenir y combatir la corrupción de manera eficiente. En esa medida, supone principalmente la actuación, participación y compromiso de las entidades mandatadas por ley para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción, como son, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Policía Nacional del Perú y la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.

El segundo ámbito involucra sin distinción a todas las entidades públicas, privadas, empresas, ciudadanía y colectivos sociales, los cuales deben implementar modelos de prevención, filtros en los procesos propios de la actividad que realizan, políticas orientadas a garantizar la transparencia y rendición de cuentas, así como mecanismos de control y supervisión.

En ese marco, se requiere entonces que las empresas desarrollen buenas prácticas corporativas alineadas al Modelo de Prevención contenido en la Ley N° 30424 y, su modificatoria, el Decreto Legislativo N° 1352, o a otros estándares más amplios como la ISO 37001. Bajo esa misma lógica, las entidades públicas también deben implementar herramientas que incorporen la integridad pública en la gestión, a través de la educación y la promoción de valores y el aseguramiento de mecanismos de investigación y sanción de la corrupción a través del establecimiento de modelos de integridad. Para tal efecto, en el Capítulo IV del Plan “Estrategia de Implementación” se proveen lineamientos para facilitar precisamente al interior de las entidades el desarrollo uniforme de dichos mecanismos de prevención siguiendo la experiencia y desarrollo teórico de la OCDE y del G20.

Finalmente, queda señalar que se presenta al país el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021 sabiendo que dicho período, no es suficiente para implementar todos los esfuerzos que deben hacerse en el país para combatir la corrupción. Sin duda, el esfuerzo es mucho más amplio de lo que se plantea además de permanente. No obstante ello, es importante que el país tenga una guía de actuación debidamente pensada, articulada y programada de modo que las estrategias no respondan a una reacción improvisada sino sean fruto del análisis técnico y la viabilidad política requeridas para la priorización de acciones.

De esta manera, se busca que el presente Plan sirva de piedra angular sobre la cual se erijan iniciativas en aras de consolidar una institucionalidad sólida que no permita lagunas de impunidad.

II. MARCO METODOLÓGICO DE DESARROLLO DEL PLAN

2.1. Metodología de elaboración del plan

La lucha contra la corrupción en el Perú ha generado diversas iniciativas estatales en el siglo XXI, que se han producido con objetivos y concentraciones diferentes entre sí, y que no siempre han utilizado los mismos conceptos y énfasis, conforme al siguiente detalle:

Tabla 1: Iniciativas anticorrupción y énfasis conceptual

Iniciativa anticorrupción	Creación	Objetivo	Énfasis conceptual
Iniciativa Nacional Anticorrupción	Resolución Suprema N° 160-2001-JUS (11 abril 2001) Tuvo vocación temporal	Realizar diagnóstico de las causas de corrupción en los 90	Integridad
Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y la Transparencia en la Gestión Pública	Decreto Supremo N° 120-2001-PCM (18 nov. 2001). Se modificó y se trasladó al Ministerio de Justicia el 17 de enero de 2006	Prevenir y Denunciar casos de corrupción	Política anticorrupción
Consejo Nacional Anticorrupción	Decreto Supremo N° 002-2006-JUS (17 enero 2006). Se desactivó el 19 de octubre de 2007.	Elaboración de Plan Anticorrupción	Política anti-corrupción
Oficina Nacional Anticorrupción	Decreto Supremo N° 085-2007-PCM (19 octubre 2007) Se desactivó el 15 de agosto 2008.	- Prevenir la corrupción - Promover la ética - Investigar y denunciar	Integridad y política anticorrupción
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	- Decreto Supremo N° 016-2010-PCM (28 enero 2010) - Ley 29976 (4 enero 2013)	- Proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y sancionar la corrupción. - Coordinar y articular acciones de prevención y sanción de la corrupción - Promover la Integridad	Integridad y política anticorrupción
Comisión Presidencial de Integridad	Resolución Suprema N° 258-2016-PCM (Nov. 2016) Tuvo vocación temporal.	- Proponer medidas para promover la integridad y el respeto a los principios éticos en la función pública con la finalidad de fomentar la transparencia y prevenir y sancionar la corrupción.	Integridad y política anticorrupción

Fuente: Elaboración propia

Como es de verse del cuadro precedente, desde el 2001, Perú ha realizado sendos esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción y, para ello, ha creado instancias gubernamentales que han tenido no sólo diferente composición, sino, sobre todo, distinta aproximación conceptual respecto del fenómeno de la corrupción. Así, por ejemplo, la Iniciativa Nacional Anticorrupción nació en el marco de la creación de un Programa Nacional Anticorrupción sólo con la finalidad de determinar las causas estructurales y proponer lineamientos de política para elevar los estándares de integridad en el país2. A diferencia de dicho objetivo, la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) tuvo un enfoque más punitivo y se le asignó como función la investigación y denuncia, lo cual generó desde el inicio colisión con las funciones que le corresponden a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público.

Estas distintas aproximaciones y falta de delimitación conceptual han llevado a que las entidades involucradas en la lucha contra la corrupción utilicen de manera indistinta los conceptos de integridad y anticorrupción, pese a que ambos entrañan significaciones y aproximaciones metodológicas distintas. En efecto, si bien los conceptos “anticorrupción” e “integridad” dialogan, estos no son equivalentes. De hecho, el concepto y la “operacionalización” del enfoque de integridad (OCDE, 2017) implica la idea de la anticorrupción, pero esta no abarca todos los componentes del concepto integridad.

En Perú, la respuesta gubernamental frente a la corrupción ha ido evolucionando. En efecto, se ha pasado de un enfoque reactivo -en donde la persecución del delito era lo central- hacia un enfoque más amplio en el que emerge la integridad como concepto que desarrolla aspectos vinculados a la prevención, la identificación y gestión de riesgos, complementando los esfuerzos iniciados a partir de la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Precisamente, en ese marco, se formula y aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual busca insertar en el ámbito nacional el enfoque de integridad (OCDE, 2017) entendiendo que este concepto (integridad), al ser un concepto lato y mucho más amplio, es el marco de enfoque de la lucha contra la corrupción.

Ahora bien, es necesario señalar que previo al proceso de elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, desde distintas instancias, se habían elaborado documentos importantes que contemplaban acciones y recomendaciones orientadas a prevenir y combatir la corrupción en el país, las cuales, por lo demás, tuvieron una importante acogida, aceptación y validación en la comunidad académica, en la opinión pública y de parte de expertos en la materia. Por tanto, resulta pertinente para el proceso de elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción considerar las recomendaciones contenidas en los siguientes documentos:

Tabla 2: Documentos anticorrupción considerados para la elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción3

Documento	Fecha	Entidad	Acciones
Plan de Gobierno	Julio 2016	Poder Ejecutivo	10
Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 – 2016	Noviembre 2016	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	34
Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo	Diciembre 2016	Comisión Presidencial de Integridad	100
Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente	Enero 2017	OCDE	81
100 Acciones propuestas por el Fiscal de la Nación para forjar un país sin corrupción	Junio 2017	Ministerio Público	100

Fuente: Elaboración propia

A partir de estas fuentes, se identificaron 325 recomendaciones y orientaciones, las que han sido clasificadas y organizadas en función de Enfoques, Ejes y Objetivos Específicos, cual es el marco metodológico definido en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Considerando la premisa respecto de la naturaleza y alcances conceptuales distintos de los instrumentos previos, para la elaboración del Plan se ha construido una secuencia lógica que organiza las diversas perspectivas y establece un marco analítico mínimo que articula aquellas aproximaciones considerando las limitaciones operativas existentes y la diversidad conceptual de los instrumentos precedentes.

Así, por ejemplo, como parte del proceso de análisis de las recomendaciones se identificaron las siguientes limitaciones vinculadas al complejo fenómeno de la corrupción:

a) Tiene muchas definiciones operativas (con enfoques económicos, de institucionalidad, de derechos, etc.),

b) Cuenta con varios niveles (gran corrupción, pequeña corrupción, etc.),

c) Concentra diversos actores (agentes de gobierno, funcionarios, empresas privadas, etc.),

d) Presenta manifestaciones diferentes (soborno, cohecho, colusión, tráfico de influencias, etc.),

e) Expresa distinta intensidad de acuerdo al nivel del fenómeno y el tipo de institución en el que aparece.

Estando a que los documentos analizados confluyen en cuatro temas recurrentes como espacios altamente vulnerables a la corrupción, los cuales, coinciden con la Estrategia de Integridad Pública que plantea la OCDE, el Plan ha definido como áreas prioritarias de intervención las siguientes:

i) Obras de infraestructura,

ii) Procesos de contrataciones y adquisiciones,

iii) Captura de la política pública por parte de intereses particulares, y

iv) Provisión de servicios públicos (pequeña corrupción).

Ahora bien, respecto a la estructura del Plan, se ha planteado el desarrollo de un método inductivo y emergente, en donde se construye un orden desde la reunión de partes diversas que se organizan en torno a tres clasificadores: i) enfoques teóricos, ii) ejes y iii) objetivos desarrollados en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Estos clasificadores tienen una doble función. Por un lado, permiten establecer una secuencia lógica entre los diversos enfoques diseñados por el Estado peruano en este siglo, en torno a la lucha contra la corrupción y la instauración de la integridad, por otro lado, funcionan como bolsas de clasificación de recomendaciones, iniciativas y acciones planteadas en los diversos instrumentos producidos.

Así, los dos enfoques (prevención y combate de la corrupción) provienen de la amplia literatura especializada sobre medidas de lucha contra la corrupción y que fueron introducidos por primera vez en el Perú a través del Plan Nacional de Lucha contra la corrupción 2012-2016 (CAN, 2012).

En base a esta experiencia y como parte del aprendizaje adquirido del desarrollo de estos enfoques clásicos, así como de la incorporación del enfoque de integridad, la actual Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (aprobada por el D.S. 092-2017-PCM) puso especial énfasis en la necesidad de dotar a la acción gubernamental de las condiciones necesarias para lograr mayor capacidad a la hora de emprender estrategias equilibradas para gestionar y enfrentar la corrupción, siendo este uno de los problemas públicos más complejos y diversos.

Este viraje tiene como principal finalidad acentuar la necesidad de que las medidas emprendidas resulten eficaces, legítimas y además se encuentren respaldadas en un amplio consenso social, pasando de la sola expresión de la voluntad al establecer el qué hacer hacia reflexiones más profundas mediante la determinación del cómo hacer y precisamente su debida implementación que conlleve a los resultados esperados que puedan ser comunicados y pasibles de procesos de rendición de cuentas.

Es por ello que la política enfatiza en fortalecer la capacidad del Estado para la toma de decisiones, implementación de medidas y logro de metas que conlleven a resultados esperados. De esta manera se plantean tres ejes de intervención, los dos primeros ejes propios del enfoque clásico de prevención, el cual se bifurca por un lado en el Eje 1. Fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción y el eje 2. Identificación y Gestión de Riesgos; y el último eje relacionado al enfoque de sanción el cual se desarrolla como Eje 3. Capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción.

A cada eje le corresponden objetivos específicos que provienen del mismo documento, conforme se detalla a continuación.

Tabla 3: Articulación de enfoques, ejes y objetivos específicos

Enfoques (CAN, 2012)	Ejes (PCM, 2017)	Objetivos específicos (PCM, 2017)
Prevención de la corrupción	1. Fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción.	1.1. Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en las entidades del Estado.
		1.2. Consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción en la administración pública.
		1.3. Impulsar y consolidar la reforma del sistema electoral en el Perú y de las organizaciones políticas
		1.4. Promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública, en los (las) servidores(as) civiles y en la ciudadanía.
		1.5. Instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en la Administración pública.
	2. Identificación y Gestión de Riesgos	2.1. Fortalecer el mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción
		2.2. Impulsar una carrera pública meritocrática
		2.3. Garantizar la Integridad en las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios
		2.4. Fortalecer la Gestión de Riesgo al Interior de cada Entidad Pública
Combate de la corrupción	3. Capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción	3.1. Reforzar el Sistema de Justicia Penal
		3.2. Reforzar el Sistema Disciplinario
		3.3. Reforzar el Sistema Nacional de Control
		3.4. Fortalecer los mecanismos para recuperación de activos y pérdida de dominio ante delitos agravados contra la administración pública.

Fuente: Elaboración propia

En el primero se propugna el desarrollo de una estructura organizacional basada en el compromiso de sus altas autoridades, en la definición clara de competencias y responsabilidades y en la existencia de reglas y valores que todo el personal e interlocutores conocen. Este Sistema de Integridad va de la mano con la generación de la Cultura de Integridad que tiene como sustento estrategias alineadas al liderazgo, la meritocracia, la transparencia y la capacitación constante. Ambos ejes del modelo que plantea la OCDE están presentes en los dos componentes del Plan que se articulan al enfoque de Prevención, en tanto, el eje de Rendición de Cuentas de la OCDE se articula al componente de sanción del Plan.

Además, es preciso tener en cuenta que estos tres ejes son desarrollados en nuestro país, a través de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y su herramienta de implementación que es el Plan Nacional 2018-2021.

Figura 1: Organización de la secuencia lógica de elaboración del plan. Fuente: elaboración propia

2.2. Procedimiento de clasificación y priorización de acciones

Las 325 orientaciones y recomendaciones provenientes de las fuentes indicadas se analizaron a través de tres etapas. La primera etapa, consistió en la sistematización y clasificación de las unidades de análisis (recomendaciones y orientaciones). Estas se tomaron literalmente de cada uno de los documentos y se sistematizaron con un identificador de fuente de origen en una tabla excel y se organizaron creando columnas de clasificación y filtro según el enfoque, eje y objetivo específico al que correspondían. La segunda etapa estuvo destinada a la depuración de las unidades de análisis con tres criterios: se eliminaron las unidades que repetían contenido o se unificaron las unidades que tenían contenido similar; se eliminaron las unidades que no eran específicas, concretas o que tenían solo un contenido declarativo; y, se crearon grupos temáticos dentro de cada objetivo específico para organizar la secuencia de las unidades de análisis.

La tercera etapa implicó un proceso de priorización de las unidades de análisis clasificadas. Para ello se realizó un proceso participativo de estudio de cada unidad. En este se llevaron a cabo dos reuniones con los funcionarios designados como coordinadores de enlace de cada institución miembro de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y entidades claves. La primera tuvo como objetivo estudiar las unidades clasificadas en la segunda etapa del proceso para determinar cuáles requerían ser priorizadas (por importancia en relación al impacto que deberían tener para la lucha contra la corrupción, y por el orden temporal en función de si podían ser ejecutadas en corto, mediano o largo plazo). La segunda reunión propuso una lista acotada de las unidades de análisis, sobre la cual se trabajó en una redacción participativa de cada una de estas, para ser ordenadas en el formato de acciones que integrarían el plan.

De manera complementaria a la realización de los talleres de trabajo con los funcionarios de las entidades miembros de la CAN Anticorrupción, se realizaron dos reuniones de trabajo con líderes de opinión y con voceros políticos representantes de las bancadas del Congreso de la República, así como con los titulares de entidades claves, como son, la Contraloría General de la República, SERVIR y el OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado).

Finalmente, la cuarta etapa consistió en la integración de los aportes recibidos por las entidades miembros de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, incluido el Ministerio de Educación.

Tabla 4: Etapas, procedimientos y resultados del proceso de elaboración de acciones

Etapa	Procedimiento	Resultado
Etapa 1. Sistematización y clasificación	- Sistematización (lista literal de las fuentes organizadas en un tablero Excel). - Clasificación (creación de casillas de clasificación por enfoque, eje, objetivo, fuente y código).	Tabla de contingencia con 325 unidades de análisis.
Etapa 2. Análisis de contenido y creación de grupos temáticos	- Depuración (de unidades repetidas y de carácter declarativo). - Unificación (de unidades similares). - Creación de grupos temáticos dentro de cada objetivo específico.	Tabla de contingencia con 280 unidades ordenadas en 28 grupos temáticos.
Etapa 3. Priorización y elaboración de acciones	- -Proceso participativo para analizar las unidades clasificadas y priorizarlas (según relevancia y periodo de ejecución). - -Análisis de resultados de la priorización y organización de acciones	Tabla de contingencia con 69 acciones ordenadas en 24 grupos temáticos.
Etapa 4	- Priorización e integración de acciones según criterios de importancia y temporalidad.	Matriz con 69 acciones.

Fuente: elaboración propia

El resultado de las tres etapas produjo un marco de 69 acciones que se organizan en función de 12 objetivos específicos, los tres ejes de trabajo de la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y los enfoques que integran la lucha contra la corrupción, así como la perspectiva de integridad institucional.

Las 69 acciones seleccionadas fueron sometidas a dos procesos de análisis complementario: un análisis de la potencial eficacia de la acción en función de la reducción de riesgos de corrupción, y un análisis de priorización para determinar su relevancia. La metodología para el estudio de eficacia potencial se basó en un procedimiento simple de estudio de cada acción, contrastándolas con la literatura precedente, para conocer cuáles son las que han tenido experiencias exitosas o con impactos positivos, o son elementos necesarios en la construcción secuencial de procesos; y qué tipo de iniciativas reportan resultados negativos, no reportan impactos o son solamente declarativas.

Esto permitió reconstruir algunas de las acciones para organizarlas en la forma que pueda establecerse en un marco de medición de indicadores (y eliminar aquellas que tienen formas no mensurables o que no demostraban eficacia potencial o no demuestran ser parte de un proceso). Esto permite evitar acciones populistas o que responden a medidas reactivas coyunturales, que no necesariamente contribuyen a crear procesos de largo aliento. A su vez, las acciones se priorizan en función de su importancia, temporalidad y el tipo de indicador al que se les asocia. Se entiende la importancia de una acción en tanto esta es una herramienta, una estrategia o un resultado esperado, y se entiende la temporalidad en función del tiempo máximo de vigencia del plan (el año 2021). Así, hay acciones que pueden ser muy importantes, porque son un resultado central para la reducción de riesgos de corrupción, pero requiere plazos amplios para ser implementados y logrados y, por lo tanto, se asocian a herramientas que son menos relevantes pero realizables en un periodo más corto.

Aquello permite que la trama secuencial de acciones se pueda ordenar y sistematizar para generar un sistema de monitoreo; así, la mayor parte de acciones están construidas en función de procesos, cuyo impacto en la reducción de riesgos de corrupción requiere medidas sostenibles.

Tabla 5: Áreas prioritarias, tipos de acciones, importancia, temporalidad

Áreas prioritarias (OCDE, 2017)	Tipos de acciones	Importancia	Temporalidad	Secuencia	Indicadores
-Infraestructura -Contrataciones -Captura política de las instituciones -Microcorrupción	-Acciones de reforma normativa o institucional -Acciones de fortalecimiento institucional -Acciones de creación o fortalecimiento de instrumentos operativos y de información	-Muy importante (es la base de una reforma o iniciativa, o es la consecuencia final de una reforma) -Importante (es una estrategia para una reforma) -Medianamente importante (es una herramienta para una reforma	-Corto plazo (1 año) -Mediano plazo (2 años) -Largo plazo (4 años)	-Es una herramienta -Es una estrategia -Es un resultado	-De proceso -De producto -De resultado

Fuente: elaboración propia

2.3. Acciones priorizadas en el plan

Se han organizado las 69 acciones seleccionadas en un inventario en la que se componen 29 acciones para fortalecer la capacidad de prevención de la corrupción, 21 acciones asociadas a la identificación y gestión de riesgos, y 18 acciones asociadas al fortalecimiento de la capacidad sancionadora del Estado respecto a los casos de corrupción y otros fenómenos asociados. El plan desarrolla acciones de los 13 objetivos de la Política Nacional. Asimismo, si bien el eje de identificación y gestión de riesgos está asociado al enfoque de prevención de la corrupción, se ha mantenido como un eje propio debido a que se encuentra identificado así en la Política. Las acciones pueden reclasificarse en varios ejes, y hay algunas que pueden ser consideradas en más de uno, de manera que la estructura se organiza en función del énfasis de la acción y no es excluyente de acciones complementarias. Si bien el proceso ha implicado reconstruir algunas de las acciones propuestas, estas mantienen el contenido principal desde donde fueron producidas, sin embargo, se integran para establecer una lógica secuencial.

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES DEL PLAN

3.1. Acciones del Plan

EJE 1. Capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	N°	ACCIONES
1.1. Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en las entidades del Estado	1.	Fortalecer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el fin de garantizar su autonomía y eficacia.
	2.	Mejorar el nivel de cumplimiento en la difusión de información a través de los Portales de Transparencia Estándar (PTE) de las entidades del Estado para garantizar la transparencia y facilitar el acceso a la información pública.
	3.	Implementar los Portales de Transparencia Estándar (PTE) en las entidades del Estado que, al año de la línea de base, no los hayan puesto en funcionamiento
	4.	Asegurar la publicación de las sanciones penales vinculadas a hechos de corrupción impuesta por los órganos de control superior, así como sanciones impuestas por vulneraciones a la ética en el Congreso de la República.
	5.	Promover instrumentos jurídicos que regulen la obligatoriedad de las audiencias de rendición de cuentas y promuevan la capacitación de la sociedad civil interesada en participar en las mismas.
	6.	Optimizar el proceso de rendición de cuentas de titulares de entidades contenido en la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD y fortalecer el ejercicio de control social, a través del mismo
	7.	Establecer el uso transversal de tecnologías digitales en las entidades de la administración pública en favor de la transparencia y rendición de cuenta, así como fortalecer la política de datos abiertos.
	8.	Promover el enfoque de Gobierno Abierto dentro de la administración pública a través del seguimiento al cumplimento del Plan de Acción de Gobierno Abierto y la implementación del Modelo y Estrategia de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú que coadyuve a la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
1.2. Consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción en la administración pública.	9.	Fortalecer la CAN mediante i) asignación de recursos humanos y presupuesto suficiente para el cumplimiento de las funciones de su Coordinación General, ii) articulación de las Comisiones Regionales Anticorrupción, y iii) asignación del mismo derecho de voz y voto a todos los miembros de la CAN.
	10.	Empoderar a las Oficinas de Integridad Institucional existentes en las entidades del Estado e impulsar la creación de oficinas de integridad en entidades que así lo requieran
	11.	Impulsar la creación del sistema funcional de integridad y Lucha contra la corrupción conformado por las Oficinas de Integridad Institucional o los funcionarios responsables de la integridad gubernamental de las entidades públicas bajo la rectoría de la CAN. El sistema tendría como funciones centrales: - Promover la ética en la función pública - Diseñar mapas de riesgos de corrupción y proponer herramientas para enfrentarlos en los distintos ámbitos de actuación - Generar y administrar información cuantitativa y cualitativa en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a fin de desarrollar indicadores que permitan el monitoreo y la adopción de políticas públicas. - Apoyar la promoción de una cultura de la integridad en la sociedad a través de los organismos del sector público, sector privado, universidades, medios de comunicación y sociedad civil.
	12.	Contar con mecanismos adecuados de monitoreo y seguimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y de los respectivos planes derivados (Plan Nacional, planes sectoriales e institucionales de integridad y Lucha contra la Corrupción) incorporados en los instrumentos de planificación estratégica; asimismo realizar evaluación de impacto que permitan determinar la efectividad de dichos planes.
	13.	Implementar una política de digitalización de los archivos de las entidades públicas del país, con el fin de cautelar la información y documentación que pueda ser materia de investigación de presuntos casos de corrupción.
	14.	Generar un espacio de trabajo virtual que permita la interconexión entre la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los funcionarios/as responsables de entregar información y los responsables del PTE, a nivel nacional
	15.	Implementar una plataforma de casos emblemáticos de corrupción
	16.	Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo de la implementación de las convenciones internacionales anticorrupción, así como de otros compromisos internacionales sobre la materia.
1.3. Impulsar y consolidar la Reforma del Sistema Electoral en el Perú y de las Organizaciones Políticas	17.	Promover el marco normativo que garantice el financiamiento público de las campañas de las agrupaciones política
	18.	Impulsar la aprobación de norma que establezca que los candidatos declaren en sus respectivas hojas de vida los procesos judiciales por delitos de corrupción en los que se encuentren comprendidos al momento de la postulación.
	19.	Asegurar periodicidad de los reportes financieros o económicos de las campañas por parte de las agrupaciones políticas.
	20.	Promover la penalización del financiamiento ilegal de las agrupaciones políticas en campañas electorales
	21.	Impulsar que, en el periodo de elecciones, los medios de comunicación transparenten información sobre contratos de publicidad con candidatos u organizaciones políticas a la ONPE.
	22.	Establecer régimen de sanciones administrativas, pecuniarias y políticas, además de penales, por la entrega de información falsa o incompleta a las autoridades del sistema electoral, aplicable a los candidatos, representantes o personeros de las organizaciones políticas.
1.4. Promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública, en los (las) servidores(as) civiles y en la ciudadanía	23.	Aprobar un currículo de educación básica que incorpore valores y principios éticos para propiciar y una cultura de integridad a través de enfoques trasversales y áreas curriculares (Desarrollo personal, ciudadanía y cívica)
	24.	Promover contenidos orientados a la promoción de principios éticos y valores ciudadanos en todos los centros de educación técnico productivo, institutos y escuelas de educación superior y universidades, tanto públicos como privado para la formación integral de sus estudiantes.
	25.	Implementar campañas de concientización, coordinadas desde la CAN, sobre valores, ética pública, transparencia y acceso a la información pública y promoción de la denuncia.
1.5. Instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en la Administración pública.	26.	Clarificar las funciones y responsabilidades de los organismos que participan en la gestión de la ética pública y las políticas de conflictos de intereses.
	27.	Elaborar guías de orientación y promover la reflexión a través de diversos medios, basados en casos, para la identificación y tratamiento de dilemas éticos que enfrentan los servidores civiles.
	28.	Garantizar la transparencia y el fácil acceso a los Registros de Visitas de entidades y Agendas Oficiales de los principales funcionarios, en los que debe consignarse los visitantes, incluidos los gestores de intereses, de acuerdo al Decreto Legislativo 1353.
	29.	Adecuar el marco normativo en materia de integridad pública de acuerdo a los estándares de la OCDE, a través del i) mejora del marco normativo sobre declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas; así como, fortalecimiento de la fiscalización patrimonial de los funcionarios y servidores públicos obligados a presentar la Declaración Jurada; ii) establecimiento de la obligatoriedad de la declaración jurada de intereses, y iii) establecimiento de un nuevo modelo de regulación de la gestión de intereses.

EJE 2. Identificación y Gestión De Riesgos

Objetivos específicos	Nº	Acciones
2.1. Fortalecer el mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción	30.	Implementar un mecanismo integrado de denuncias en la administración pública, asegurando la protección de los denunciantes de presuntos actos de corrupción.
	31.	Generar un mecanismo de reporte que facilite la puesta en conocimiento de irregularidades en el sector privado
	32.	Fortalecer los incentivos monetarios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector público.
2.2. Impulsar una carrera pública meritocrática	33.	Implementar de manera obligatoria mecanismos de inducción con contenidos homogéneos en ética pública e integridad para el desarrollo adecuado de las competencias laborales y profesionales de los servidores civiles, independientemente de su régimen laboral o contractual.
	34.	Delegar en SERVIR la regulación e implementación de los procesos de selección en los puestos directivos clave en el sistema de contrataciones, en entidades con presupuestos y proyectos de gran envergadura, y programas sociales.
	35.	Promover activamente que los gerentes públicos ingresen al régimen del servicio civil en la categoría de directivos públicos.
	36.	Mejorar los procesos de selección y ascenso para promover el ingreso y permanencia de los mejores efectivos dentro de la Policía Nacional del Perú, así como los mejores profesionales dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial.
	37.	Fortalecer la implementación de la gestión del rendimiento de los servidores civiles, así como capacitarlos para establecer y cumplir las metas institucionales orientadas principalmente al ciudadano
2.3. Garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios	38.	Fortalecer el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado a fin de promover y garantizar la supervisión estratégica basada en la gestión de riesgos, la optimización del proceso de contratación pública y la transformación digital de la institución.
	39.	Modernizar las plataformas tecnológicas del OSCE garantizando información desagregada de las contrataciones de bienes, servicios y obras que los proveedores hayan realizado con el Estado
	40.	Establecer a nivel de las entidades públicas mecanismos de identificación y gestión de riesgos en los procesos de contratación pública, examinando información consignada por las personas naturales y jurídicas que contratan con la entidad. Esta supervisión deberá contar con el asesoramiento técnico del Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE), entidad que deberá registrar las incidencias detectadas en los procesos de identificación de riesgos.
	41.	Fortalecer la Central de Compras Públicas (Perú Compras), para asegurar su autonomía y especialización suficiente de manera tal que cumpla con su función de estandarización de bienes y servicios de consumo regular a nivel de las entidades públicas que conlleve al proceso de centralización gradual de las compras corporativas.
	42.	Implementar en las entidades públicas programas permanentes de desarrollo de capacidades vinculadas a los procesos de contrataciones públicas para fortalecer la gestión del conocimiento, con el asesoramiento de OSCE
	43.	Fomentar la implementación de programas de prevención o compliance contra la corrupción y otras prácticas cuestionables en el sector empresarial independientemente del tamaño de la empresa y el rubro de negocio, asegurando la reglamentación de la Ley 30424 y su modificatoria.
	44.	Desarrollar y aprobar una política y plan nacional de infraestructura que garantice transparencia y predictibilidad en las decisiones públicas y privadas respecto al desarrollo de las obras emblemáticas a ser desarrolladas en el corto, mediano y largo plazo.
	45.	Fortalecer los procesos de planificación, programación y priorización de las carteras de proyectos de infraestructura económica (transporte, infraestructura de riego, energía, vivienda y saneamiento) para maximizar los impactos y la rentabilidad social, así como reducir los riesgos de la corrupción
	46.	Revisar la normativa de las asociaciones público-privadas a efectos de garantizar competencia, prohibir las excepciones en grandes obras y garantizar los estudios de ingeniería en detalle.
	47.	Establecer un marco normativo para el desarrollo de la vigilancia ciudadana de la gestión pública
2.4. Fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad pública	48.	Desarrollar una metodología específica de identificación y gestión del riesgo de corrupción, que incluya actividades de mapeo y evaluación adaptadas para apoyar a las entidades gubernamentales en sus esfuerzos por implementar controles para prevenir, detectar y responder eficazmente a la corrupción.
	49.	Sistematizar y analizar la información de los procedimientos administrativos disciplinarios vinculados a hechos de corrupción a través de la plataforma del REPRAC (Registro de Procedimientos Administrativos Disciplinarios Vinculados a Actos de Corrupción) para producir recomendaciones de mitigación de riesgos.
	50.	Fortalecer la simplificación administrativa en la administración pública a través del diseño e implementación del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) y la consolidación del Análisis de Calidad Regulatoria de los trámites y los procedimientos administrativos estandarizados

EJE 3. Capacidad Sancionadora del Estado Frente a los Actos de Corrupción

Objetivos específicos	Nº	Acciones
3.1. Reforzar el sistema de justicia penal.	51.	Consolidar el marco normativo penal a efectos de evitar toda laguna de impunidad a través de: i) ampliación de los supuestos de separación de la función pública de condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos; ii) tipificación del delito de corrupción privada; y, iii) simplificación del procedimiento de extradición.
	52.	Consolidar el registro nacional de sanciones contra servidores civiles, incluyendo a las fuerzas armadas y policiales.
	53.	Reglamentar la Ley 30424 y su modificatoria sobre la responsabilidad de personas jurídicas.
	54.	Fortalecer el sistema de justicia penal anticorrupción a través de i) la implementación de órganos especializados en todos los distritos judiciales y fiscales, ii) asignación de recursos necesarios, iii) reducción del porcentaje de provisionalidad de jueces y fiscales vinculados a la lucha contra la corrupción; iv) implementación de mecanismos para garantizar la integridad en el sistema de justicia penal anticorrupción; y v) impulso de condiciones institucionales necesarias (operativas, normativas y financieras) para la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción a nivel nacional.
	55.	Implementar el Expediente Judicial Electrónico en el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
	56.	Implementar una unidad de gestión de información en la CAN Anticorrupción que centralice data estadística de procesos penales por delitos de corrupción.
	57.	Fortalecer e incrementar el uso de herramientas procesales especiales para la investigación de casos de corrupción cómo "agente encubierto", "escuchas telefónicas", "colaboración eficaz", "levantamiento del secreto bancario" y otros, en el marco del debido proceso.
	58.	Establecer espacios de articulación y protocolos de coordinación operativa en los procesos de investigación penal por delitos de corrupción.
	59.	Reformar la institucionalidad del Consejo Nacional de la Magistratura para fortalecer su autonomía y la selección de sus integrantes, así como para asegurar que los procesos de selección y ratificación garanticen la idoneidad e integridad de los jueces y fiscales que coadyuven al fortalecimiento del sistema de administración de justicia.
	60.	Fortalecer a la Procuraduría Especializada de Delitos de Corrupción a través de la adecuada asignación de recursos que aseguren su pleno funcionamiento e independencia a nivel nacional.
	61.	Fortalecer la participación de la Procuraduría en el Proceso de Colaboración Eficaz
3.2. Reforzar el sistema disciplinario	62.	Promover un trabajo articulado con miras a delimitar las jurisdicciones y responsabilidades institucionales, y establecer un único inventario de infracciones y sanciones.
	63.	Fortalecer la capacidad operativa de sanción disciplinaria en las entidades mediante mecanismos que garanticen la eficiencia, celeridad e inmediatez en la respuesta administrativa para sancionar faltas a la ética pública y casos de corrupción.
3.3. Reforzar el Sistema Nacional de Control	64.	Fortalecer de manera progresiva y sujeto a un plan de implementación, la autonomía y descentralización de los OCI, a través de: i) Incorporar a los OCI de las entidades del nivel nacional, gobiernos regionales y locales a la Estructura administrativa de la CGR; y, ii) Ejecutar servicios de control a los gobiernos locales de manera descentralizada, mediante OCI itinerantes.
	65.	Intensificar las tecnologías de la información para optimizar el control gubernamental.
3.4. Fortalecer los mecanismos para recuperación de activos y perdida de dominio ante delitos agravados contra la Administración Pública	66.	Implementar protocolos de actuación que aseguren los procesos de asistencia judicial mutua y recuperación de activos
	67.	Fortalecer la autonomía del proceso judicial de pérdida de dominio y su capacidad operativa
	68.	Articular acciones para evitar la prescripción y caducidad en el cobro de la reparación civil a los condenados por delitos de corrupción.
	69.	Implementar el registro de beneficiarios finales en consonancia con las recomendaciones del GAFI para efectos de contar con una estrategia efectiva para evitar el ocultamiento de fondos ilícitos.

3.2. Acciones, Indicadores, Metas y Responsables

EJE 1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PREVENTIVA DEL ESTADO FRENTE A LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN
Nº	Acciones	Estado actual	Indicador	Línea de base	Metas en el periodo (Año)	Responsable
OE 1.1. Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en las entidades del estado.
1.	Fortalecer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, creada mediante Decreto Legislativo N° 1353, con el fin de garantizar su autonomía y eficacia.	La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es el órgano de línea encargado de ejercer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entró en funciones el 14 de septiembre de 2017. Con el fin de que cumpla un rol central en la lucha contra la corrupción, requiere fortalecer su autonomía y ampliar sus funciones para fiscalizar y sancionar.	I1. Propuesta legislativa presentada al Congreso de la República.	Sin línea de base	2018: Propuesta legislativa presentada ante el Congreso de la República	• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
2.	Mejorar el nivel de cumplimiento en la difusión de información a través de los Portales de Transparencia Estándar (PTE) de las entidades del Estado para garantizar la transparencia y facilitar el acceso a la información pública.	Los portales web de las entidades de las entidades del gobierno central cuentan con un enlace de fácil acceso a los Portales de Transparencia Estándar. No ocurre lo mismo con los gobiernos subnacionales, los cuales no cuentan con portales web y/o PTE, debido a limitaciones presupuestarias y/o falta de capacitación.	I2. Porcentaje de entidades de la administración pública que han mejorado su nivel de cumplimiento en la difusión de información a través del PTE.	Sin línea de base	2018: Determinación de la línea de base 2019: 100% de las entidades públicas de los Poderes del Estado han mejorado su nivel de cumplimiento en la difusión de información a través del PTE. 2019: 100% de los Organismos Constitucionales Autónomos han mejorado su nivel de cumplimiento en la difusión de información a través del PTE. 2020: 100% de los Gobiernos Regionales han mejorado su nivel de cumplimiento en la difusión de información a través del PTE. 2021: 100% de las Municipalidades capitales de departamento han mejorado su nivel de cumplimiento en la difusión de información a través del PTE.	Asistencia, seguimiento y Supervisión: • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Datos Personales Implementación: • Entidades de la Administración pública
3.	Implementar los Portales de Transparencia Estándar (PTE) en las entidades del Estado que, al año de la línea de base, no los hayan puesto en funcionamiento	No todas las entidades del Estado han implementado su PTE	I3. Porcentaje de entidades de la Administración Pública que implementan su PTE.	Sin línea de base	2018; Determinación de la línea de base 2019: 30% de las entidades de la Administración Pública implementan PTE 2020: 50% de las entidades de la Administración Pública implementan PTE 2021: En 100% de las entidades de la Administración Pública implementan PTE	Asistencia, seguimiento y Supervisión: • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Datos Personales • Presidencia del Consejo de Ministros – Secretaría de Gobierno Digital. Implementación: • Entidades de la Administración Pública
4.	Asegurar la publicación de las sanciones penales vinculadas a hechos de corrupción impuesta por los órganos de control superior, así como sanciones impuestas por vulneraciones a la ética en el Congreso de la República.		I4. Porcentaje de entidades que cumplen con la publicación periódica de información	Sin línea de base	2019: 100% de las entidades cumplen con la publicación periódica	Asistencia, seguimiento y Supervisión, según corresponda: Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República. Implementación: Entidades de la Administración pública

1 Se debe señalar que debido a que la Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 092-2017-PCM señala que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción debía presentar la propuesta al Poder Ejecutivo para su aprobación, se debía necesariamente contar con un Acuerdo del pleno de la CAN que apruebe dicho documento de trabajo. En tanto ello, por razones ajenas a la Presidencia de la CAN, no se pudo concretar en los meses de noviembre y diciembre una sesión en la que se someta a consideración del Pleno, lo cual ha retrasado considerablemente su aprobación final.

2 Iniciativas Anticorrupción en el Estado Peruano 2001-2010. Defensoría del Pueblo. Serie de Documentos Defensoriales. Documento N° 14. Lima, 2011.

3 Además de los documentos contenidos en la Tabla 2, también se tomaron como insumo las acciones contenidas en el Compromiso de Lima suscrito por Perú y los países del americanos el 14 de abril del 2018 en el marco de la Cumbre de las Américas.