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NORMAS LEGALES
Lunes 23 de noviembre de 2015 /
El Peruano
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 30364
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
TÍTULO I
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS PARA LA
PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar
y sancionar toda forma de violencia producida en el
ámbito público o privado contra las mujeres por su
condición de tales, y contra los integrantes del grupo
familiar; en especial, cuando se encuentran en situación
de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las
niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y
personas con discapacidad.
Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y
políticas integrales de prevención, atención y protección
de las víctimas así como reparación del daño causado;
y dispone la persecución, sanción y reeducación de los
agresores sentenciados con el fin de garantizar a las
mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia
asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.
Artículo 2. Principios rectores
En la interpretación y aplicación de esta Ley, y en
general, en toda medida que adopte el Estado a través
de sus poderes públicos e instituciones, así como en la
acción de la sociedad, se consideran preferentemente los
siguientes principios:
1. Principio de igualdad y no discriminación
Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres.
Prohíbese toda forma de discriminación.
Entiéndese por discriminación, cualquier tipo
de distinción, exclusión o restricción, basada en
el sexo, que tenga por finalidad o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos de las personas.
2. Principio del interés superior del niño
En todas las medidas concernientes a las niñas
y niños adoptadas por instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos
legislativos se debe tener en consideración
primordial el interés superior del niño.
3. Principio de la debida diligencia
El Estado adopta sin dilaciones, todas las políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar
toda forma de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar. Deben imponerse
las sanciones correspondientes a las autoridades
que incumplan este principio.
4. Principio de intervención inmediata y oportuna
Los operadores de justicia y la Policía Nacional
del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia,
deben actuar en forma oportuna, sin dilación
por razones procedimentales, formales o de
otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las
medidas de protección previstas en la ley y otras
normas, con la finalidad de atender efectivamente
a la víctima.
5. Principio de sencillez y oralidad
Todos los procesos por violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar
se desarrollan considerando el mínimo de
formalismo, en espacios amigables para las
presuntas víctimas, favoreciendo que estas
confíen en el sistema y colaboren con él para una
adecuada sanción al agresor y la restitución de
sus derechos vulnerados.
6. Principio de razonabilidad y proporcionalidad
El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de
violencia, debe ponderar la proporcionalidad entre
la eventual afectación causada y las medidas de
protección y de rehabilitación a adoptarse. Para
ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de
acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo
decisiones que permitan proteger efectivamente
la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. La
adopción de estas medidas se adecúa a las fases
del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías
que presenta la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.
Artículo 3. Enfoques
Los operadores, al aplicar la presente Ley, consideran
los siguientes enfoques:
1. Enfoque de género
Reconoce la existencia de circunstancias
asimétricas en la relación entre hombres y mujeres,
construidas sobre la base de las diferencias de
género que se constituyen en una de las causas
principales de la violencia hacia las mujeres. Este
enfoque debe orientar el diseño de las estrategias
de intervención orientadas al logro de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.
2. Enfoque de integralidad
Reconoce que en la violencia contra las mujeres
confluyen múltiples causas y factores que están
presentes en distintos ámbitos, a nivel individual,
familiar, comunitario y estructural. Por ello se
hace necesario establecer intervenciones en
los distintos niveles en los que las personas se
desenvuelven y desde distintas disciplinas.
3. Enfoque de interculturalidad
Reconoce la necesidad del diálogo entre las
distintas culturas que se integran en la sociedad
peruana, de modo que permita recuperar, desde
los diversos contextos culturales, todas aquellas
expresiones que se basan en el respeto a la
otra persona. Este enfoque no admite aceptar
prácticas culturales discriminatorias que toleran
la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de
derechos entre personas de géneros diferentes.
4. Enfoque de derechos humanos
Reconoce que el objetivo principal de toda
intervención en el marco de esta Ley debe
ser la realización de los derechos humanos,
identificando a los titulares de derechos y
aquello a lo que tienen derecho conforme a
sus particulares necesidades; identificando,
asimismo, a los obligados o titulares de deberes
y de las obligaciones que les corresponden. Se
procura fortalecer la capacidad de los titulares de
derechos para reivindicar estos y de los titulares
de deberes para cumplir sus obligaciones.
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5. Enfoque de interseccionalidad
Reconoce que la experiencia que las mujeres
tienen de la violencia se ve influida por factores
e identidades como su etnia, color, religión;
opinión política o de otro tipo; origen nacional
o social, patrimonio; estado civil, orientación
sexual, condición de seropositiva, condición de
inmigrante o refugiada, edad o discapacidad;
y, en su caso, incluye medidas orientadas a
determinados grupos de mujeres.
6. Enfoque generacional
Reconoce que es necesario identificar las
relaciones de poder entre distintas edades
de la vida y sus vinculaciones para mejorar
las condiciones de vida o el desarrollo común.
Considera que la niñez, la juventud, la adultez
y la vejez deben tener una conexión, pues en
conjunto están abonando a una historia común y
deben fortalecerse generacionalmente. Presenta
aportaciones a largo plazo considerando las
distintas generaciones y colocando la importancia
de construir corresponsabilidades entre estas.
Artículo 4. Ámbito de aplicación de la Ley
Las disposiciones de la presente Ley se aplican a todos
los tipos de violencia contra las mujeres por su condición
de tales y contra los integrantes del grupo familiar.
CAPÍTULO II
DEFINICIÓN Y TIPOS DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES
DEL GRUPO FAMILIAR
Artículo 5. Definición de violencia contra las
mujeres
La violencia contra las mujeres es cualquier acción o
conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el
ámbito público como en el privado.
Se entiende por violencia contra las mujeres:
a. La que tenga lugar dentro de la familia o
unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o
haya compartido el mismo domicilio que la mujer.
Comprende, entre otros, violación, maltrato físico
o psicológico y abuso sexual.
b. La que tenga lugar en la comunidad, sea
perpetrada por cualquier persona y comprende,
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata
de personas, prostitución forzada, secuestro y
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como
en instituciones educativas, establecimientos de
salud o cualquier otro lugar.
c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes
del Estado, donde quiera que ocurra.
Artículo 6. Definición de violencia contra los
integrantes del grupo familiar
La violencia contra cualquier integrante del grupo
familiar es cualquier acción o conducta que le causa
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
y que se produce en el contexto de una relación de
responsabilidad, confianza o poder, de parte de un
integrante a otro del grupo familiar.
Se tiene especial consideración con las niñas,
niños, adolescentes, adultos mayores y personas con
discapacidad.
Artículo 7. Sujetos de protección de la Ley
Son sujetos de protección de la Ley:
a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña,
adolescente, joven, adulta y adulta mayor.
b.
Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como
tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes,
exconvivientes; padrastros, madrastras;
ascendientes y descendientes; los parientes
colaterales de los cónyuges y convivientes hasta
el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de
las condiciones antes señaladas, habitan en el
mismo hogar, siempre que no medien relaciones
contractuales o laborales; y quienes hayan
procreado hijos en común, independientemente
que convivan o no, al momento de producirse la
violencia.
Artículo 8. Tipos de violencia
Los tipos de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar son:
a) Violencia física. Es la acción o conducta, que
causa daño a la integridad corporal o a la salud.
Se incluye el maltrato por negligencia, descuido
o por privación de las necesidades básicas, que
hayan ocasionado daño físico o que puedan
llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que
se requiera para su recuperación.
b) Violencia psicológica. Es la acción o conducta,
tendiente a controlar o aislar a la persona contra
su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que
puede ocasionar daños psíquicos.
Daño psíquico es la afectación o alteración
de algunas de las funciones mentales o
capacidades de la persona, producida por un
hecho o un conjunto de situaciones de violencia,
que determina un menoscabo temporal o
permanente, reversible o irreversible del
funcionamiento integral previo.
c) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza
sexual que se cometen contra una persona sin
su consentimiento o bajo coacción. Incluyen
actos que no involucran penetración o contacto
físico alguno. Asimismo, se consideran tales
la exposición a material pornográfico y que
vulneran el derecho de las personas a decidir
voluntariamente acerca de su vida sexual o
reproductiva, a través de amenazas, coerción,
uso de la fuerza o intimidación.
d) Violencia económica o patrimonial. Es la acción u
omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo
en los recursos económicos o patrimoniales de
cualquier persona, a través de:
1. la perturbación de la posesión, tenencia o
propiedad de sus bienes;
2. la pérdida, sustracción, destrucción,
retención o apropiación indebida de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores y derechos
patrimoniales;
3. la limitación de los recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades o
privación de los medios indispensables para
vivir una vida digna; así como la evasión
del cumplimiento de sus obligaciones
alimentarias;
4. la limitación o control de sus ingresos, así
como la percepción de un salario menor por
igual tarea, dentro de un mismo lugar de
trabajo.
CAPÍTULO III
DERECHOS DE LAS MUJERES
Y DEL GRUPO FAMILIAR
Artículo 9. Derecho a una vida libre de violencia
Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen
derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados y
educados, a estar libres de toda forma de discriminación,
estigmatización y de patrones estereotipados de
comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas
en conceptos de inferioridad y subordinación.
Artículo 10. Derecho a la asistencia y la protección
integrales
Las entidades que conforman el Sistema Nacional
para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia
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contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar
destinan recursos humanos especializados, logísticos
y presupuestales con el objeto de detectar la violencia,
atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus
derechos.
Los derechos considerados en este artículo son:
a. Acceso a la información
Las víctimas de violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar tienen derecho
a recibir plena información y asesoramiento
adecuado con relación a su situación personal,
a través de los servicios, organismos u oficinas
del Estado en sus tres niveles de gobierno y
conforme a sus necesidades particulares.
Es deber de la Policía Nacional del Perú,
del Ministerio Público, del Poder Judicial y
de todos los operadores de justicia informar,
bajo responsabilidad, con profesionalismo,
imparcialidad y en estricto respeto del derecho
de privacidad y confidencialidad de la víctima,
acerca de sus derechos y de los mecanismos de
denuncia. En todas las instituciones del sistema
de justicia y en la Policía Nacional del Perú, debe
exhibirse en lugar visible, en castellano o en
lengua propia del lugar, la información sobre los
derechos que asisten a las víctimas de violencia y
de los servicios de atención que brinda el Estado
de manera gratuita para las mismas. Para este
efecto, es obligatoria la entrega de una cartilla de
información a la víctima en su propia lengua. El
Ministerio del Interior verifica el cumplimiento de
esta obligación.
b. Asistencia jurídica y defensa pública
El Estado debe brindar asistencia jurídica,
en forma inmediata, gratuita, especializada
y en su propia lengua, a todas las víctimas de
violencia, debiendo proporcionarles los servicios
de defensa pública para garantizar el efectivo
ejercicio de sus derechos.
Es derecho de la víctima que su declaración
se reciba por parte de personal especializado
y en un ambiente adecuado que resguarde su
dignidad e intimidad.
La defensa de las víctimas de violencia a
la mujer e integrantes del grupo familiar, en
aquellos lugares donde el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables no pueda brindar el
servicio, lo presta las Unidades de Asistencia
a Víctimas y Testigos del Ministerio Público en
lo que corresponda y el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
promueven el involucramiento de los colegios de
abogados en la materia.
c. Promoción, prevención y atención de salud
La promoción, prevención, atención y
recuperación integral de la salud física y mental
de las víctimas de violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar es gratuita en
cualquier establecimiento de salud del Estado
e incluye la atención médica; exámenes de
ayuda diagnóstica (laboratorio, imagenología
y otros); hospitalización, medicamentos,
tratamiento psicológico y psiquiátrico; y cualquier
otra actividad necesaria o requerida para el
restablecimiento de su salud.
El Ministerio de Salud tiene a su cargo la
provisión gratuita de servicios de salud para la
recuperación integral de la salud física y mental
de las víctimas. Respecto de las atenciones
médicas y psicológicas que brinde, el Ministerio
de Salud debe resguardar la adecuada obtención,
conservación de la documentación de la prueba
de los hechos de violencia. Esta obligación
se extiende a todos los servicios públicos y
privados que atienden víctimas de violencia,
quienes, además, deben emitir los certificados
correspondientes de calificación del daño físico y
psíquico de la víctima conforme a los parámetros
médico-legales del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses del Ministerio Público.
d. Atención social
El Estado atiende a las víctimas de violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar en los programas sociales, garantizando
la confidencialidad de los casos y brindándoles
un trato digno, siempre que se cumplan con los
criterios y reglas establecidos en la normativa
vigente.
Artículo 11. Derechos laborales
El trabajador o trabajadora que es víctima de la
violencia a que se refiere la presente Ley tiene los
siguientes derechos:
a. A no sufrir despido por causas relacionadas a
dichos actos de violencia.
b. Al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible
y sin menoscabo de sus derechos remunerativos
y de categoría. Lo mismo se aplica para el horario
de trabajo, en lo pertinente.
c. A la justificación de las inasistencias y tardanzas
al centro de trabajo derivadas de dichos actos de
violencia. Estas inasistencias no pueden exceder
de cinco días laborables en un período de treinta
días calendario o más de quince días laborables
en un período de ciento ochenta días calendario.
Para tal efecto, se consideran documentos
justificatorios la denuncia que presente ante la
dependencia policial o ante el Ministerio Público.
d. A la suspensión de la relación laboral. El juez a
cargo del proceso puede, a pedido de la víctima
y atendiendo a la gravedad de la situación,
conceder hasta un máximo de cinco meses
consecutivos de suspensión de la relación
laboral sin goce de remuneraciones.
La reincorporación del trabajador o trabajadora
a su centro de trabajo debe realizarse en las
mismas condiciones existentes en el momento
de la suspensión de la relación laboral.
Artículo 12. Derechos en el campo de la educación
La persona víctima de la violencia a que se refiere la
presente Ley tiene, entre otros, los siguientes derechos:
a. Al cambio de lugar y horario de estudios sin
menoscabo de sus derechos.
b. A la justificación de inasistencias y tardanzas
derivadas de actos de violencia. Estas
inasistencias o tardanzas no pueden exceder
de cinco días en un período de treinta días
calendario o más de quince días en un período
de ciento ochenta días calendario.
c. A la atención especializada en el ámbito educativo
de las secuelas de la violencia, de modo que el
servicio educativo responda a sus necesidades
sin desmedro de la calidad del mismo.
Es obligación del Estado la formulación de medidas
específicas para favorecer la permanencia de las víctimas
en el ámbito educativo y, de ser el caso, favorecer su
reinserción en el mismo.
TÍTULO II
PROCESOS DE TUTELA FRENTE A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL
GRUPO FAMILIAR
CAPÍTULO I
PROCESO ESPECIAL
Artículo 13. Norma aplicable
Las denuncias por actos de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar se regulan
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por las normas previstas en la presente Ley y, de manera
supletoria, por el Código Procesal Penal, promulgado por
el Decreto Legislativo 957, y la Ley 27337, Código de los
Niños y Adolescentes.
Artículo 14. Competencia de los juzgados de
familia
Son competentes los juzgados de familia o los que
cumplan sus funciones para conocer las denuncias
por actos de violencia contra las mujeres o contra los
integrantes del grupo familiar.
Artículo 15. Denuncia
La denuncia puede presentarse por escrito o
verbalmente. Cuando se trata de una denuncia verbal, se
levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una
sucinta relación de los hechos.
La denuncia puede ser interpuesta por la persona
perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad
de tener su representación. También puede interponerla la
Defensoría del Pueblo. No se requiere firma del letrado,
tasa o alguna otra formalidad.
Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la
salud y educación deben denunciar los casos de violencia
contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que
conozcan en el desempeño de su actividad.
Cuando la Policía Nacional del Perú conozca de
casos de violencia contra la mujer o los integrantes del
grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del ámbito
nacional, debe poner los hechos en conocimiento de los
juzgados de familia o los que cumplan sus funciones
dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho,
remitiendo el atestado que resuma lo actuado.
Artículo 16. Proceso
En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes
a la interposición de la denuncia, el juzgado de familia o
su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en
audiencia oral la emisión de las medidas de protección
requeridas que sean necesarias. Asimismo, de oficio o a
solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia
sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones
de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión
o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen
patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios
para garantizar el bienestar de las víctimas.
Analizados los actuados, el juzgado de familia o su
equivalente procede a remitir el caso a la fiscalía penal
para el inicio del proceso penal conforme a las reglas
del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto
Legislativo 957.
Artículo 17. Flagrancia
En caso de flagrante delito, vinculado a actos de
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata
detención del agresor, incluso allanando su domicilio o el
lugar donde estén ocurriendo los hechos.
En estos casos, la Policía redacta un acta en la que
se hace constar la entrega del detenido y las demás
circunstancias de la intervención, debiendo comunicar
inmediatamente los hechos a la fiscalía penal para las
investigaciones correspondientes y al juzgado de familia o
su equivalente para que se pronuncie sobre las medidas
de protección y otras medidas para el bienestar de las
víctimas. Realizadas las acciones previstas en el artículo
16, el juzgado de familia o su equivalente comunica los
actuados a la fiscalía penal correspondiente.
Artículo 18. Actuación de los operadores de
justicia
En la actuación de los operadores de justicia, originada
por hechos que constituyen actos de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar, se evita la
doble victimización de las personas agraviadas a través
de declaraciones reiterativas y de contenido humillante.
Los operadores del sistema de justicia deben seguir
pautas concretas de actuación que eviten procedimientos
discriminatorios hacia las personas involucradas en
situación de víctimas.
Artículo 19. Declaración de la víctima y entrevista
única
Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o
mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de
entrevista única, la misma que tiene la calidad de prueba
preconstituida. La declaración de la víctima mayor de
edad, a criterio del fiscal, puede realizarse bajo la misma
técnica.
El juez solo puede practicar una diligencia de
declaración ampliatoria de la víctima, en los casos que
requiera aclarar, complementar o precisar algún punto
sobre su declaración.
Artículo 20. Sentencia
La sentencia que ponga fin al proceso por delitos
vinculados a hechos que constituyen actos de violencia
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar puede
ser absolutoria o condenatoria.
En el primer caso el juez señala el término a las
medidas de protección dispuestas por el juzgado de familia
o equivalente. Las medidas cautelares que resguardan
las pretensiones civiles que hayan sido decididas en
esa instancia cesan en sus efectos salvo que hayan sido
confirmadas en instancia especializada.
En caso de que se trate de una sentencia condenatoria,
además de lo establecido en el artículo 394 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo
957, y cuando corresponda, contiene:
1. La continuidad o modificación de las medidas de
protección dispuestas por el juzgado de familia o
equivalente.
2. El tratamiento terapéutico a favor de la víctima.
3. El tratamiento especializado al condenado.
4. La continuidad o modificación de las medidas
cautelares que resguardan las pretensiones
civiles de tenencia, régimen de visitas,
suspensión, extinción o pérdida de la patria
potestad, asignación de alimentos, entre otras.
5. Las medidas que los gobiernos locales o
comunidades del domicilio habitual de la víctima
y del agresor deben adoptar, para garantizar
el cumplimiento de las medidas de protección,
salvo que hayan sido confirmadas en instancia
especializada.
6. La inscripción de la sentencia en el Registro
Único de Víctimas y Agresores por Violencia
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar, a cargo del Ministerio Público.
7. Cualquier otra medida a favor de las víctimas o
de los deudos de estas.
En el caso de que las partes del proceso usen un
idioma o lengua diferente al castellano, la sentencia es
traducida. En los casos que no sea posible la traducción,
el juez garantiza la presencia de una persona que pueda
ponerles en conocimiento su contenido.
Artículo 21. Responsabilidad funcional
Quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo, en
los procesos originados por hechos que constituyen actos
de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del
grupo familiar comete delito sancionado en los artículos
377 o 378 del Código Penal, según corresponda.
CAPÍTULO II
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Artículo 22. Medidas de protección
Entre las medidas de protección que pueden dictarse
en los procesos por actos de violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo familiar se encuentran, entre
otras, las siguientes:
1. Retiro del agresor del domicilio.
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la
víctima en cualquier forma, a la distancia que la
autoridad judicial determine.
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía
epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía
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chat, redes sociales, red institucional, intranet u
otras redes o formas de comunicación.
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de
armas para el agresor, debiéndose notificar a
la Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar
sin efecto la licencia de posesión y uso, y para
que se incauten las armas que están en posesión
de personas respecto de las cuales se haya
dictado la medida de protección.
5. Inventario sobre sus bienes.
6. Cualquier otra requerida para la protección de la
integridad personal y la vida de sus víctimas o
familiares.
Artículo 23. Vigencia e implementación de las
medidas de protección
La vigencia de las medidas dictadas por el juzgado
de familia o su equivalente se extiende hasta la sentencia
emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento
fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por
resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos
sean impugnados.
La Policía Nacional del Perú es responsable de
ejecutar las medidas de protección dictadas, para lo cual
debe tener un mapa gráfico y georreferencial de registro
de todas las víctimas con las medidas de protección que
les hayan sido notificadas; y, asimismo, habilitar un canal
de comunicación para atender efectivamente sus pedidos
de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de
serenazgo a efectos de brindar una respuesta oportuna.
Artículo 24. Incumplimiento de medidas de
protección
El que desobedece, incumple o resiste una medida de
protección dictada en un proceso originado por hechos
que configuran actos de violencia contra las mujeres o
contra integrantes del grupo familiar, comete delito de
resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el
Código Penal.
Artículo 25. Protección de las víctimas en las
actuaciones de investigación
En el trámite de los procesos por violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar está prohibida
la confrontación y la conciliación entre la víctima y el
agresor. La reconstrucción de los hechos debe practicarse
sin la presencia de aquella, salvo que la víctima mayor
de catorce años de edad lo solicite, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 194, inciso 3, del Código Procesal
Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957.
Artículo 26. Contenido de los certificados médicos
e informes
Los certificados de salud física y mental que expidan
los médicos de los establecimientos públicos de salud de
los diferentes sectores e instituciones del Estado y niveles
de gobierno, tienen valor probatorio acerca del estado de
salud física y mental en los procesos por violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Igual valor tienen los certificados expedidos por los
centros de salud parroquiales y los establecimientos
privados cuyo funcionamiento se encuentre autorizado
por el Ministerio de Salud.
Los certificados correspondientes de calificación del
daño físico y psíquico de la víctima deben ser acordes con
los parámetros médico-legales del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
Los certificados médicos contienen información
detallada de los resultados de las evaluaciones físicas y
psicológicas a las que se ha sometido a la víctima. De
ser el caso, los certificados de las evaluaciones físicas
deben consignar necesariamente la calificación de días
de atención facultativa así como la calificación de días de
incapacidad.
En el marco de las atenciones que brinden todos los
establecimientos de salud públicos y privados deben
resguardar la adecuada obtención, conservación y
documentación de la prueba de los hechos de violencia.
Los informes psicológicos de los Centros Emergencia
Mujer y otros servicios estatales especializados tienen
valor probatorio del estado de salud mental en los
procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar.
En el sector público, la expedición de los certificados y
la consulta médica que los origina, así como los exámenes
o pruebas complementarios para emitir diagnósticos son
gratuitos.
Para efectos de la presente Ley no resulta necesaria
la realización de la audiencia especial de ratificación
pericial; por lo que no se requiere la presencia de los
profesionales para ratificar los certificados y evaluaciones
que hayan emitido para otorgarles valor probatorio.
TÍTULO III
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA,
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS
Y REEDUCACIÓN DE PERSONAS AGRESORAS
CAPÍTULO I
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ATENCIÓN
Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS
Artículo 27. Servicios de promoción, prevención y
recuperación de víctimas de violencia
La protección de las mujeres y de los integrantes del
grupo familiar contra actos de violencia es de interés público.
El Estado es responsable de promover la prevención contra
dichos actos y la recuperación de las víctimas.
Es política del Estado la creación de servicios de
atención y prevención contra la violencia.
La creación y gestión de los hogares de refugio
temporal, programas dirigidos a varones para prevenir
conductas violentas y otros servicios de protección
a favor de las víctimas de violencia contra la mujer e
integrantes del grupo familiar estarán a cargo de los
gobiernos locales, regionales y del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables. Es función de dicho Sector
promover, coordinar y articular la implementación de
dichos servicios en cada localidad.
Artículo 28. Valoración del riesgo de víctimas de
violencia de pareja
En casos de violencia de pareja, la Policía Nacional
del Perú y el Ministerio Público aplican la ficha de
valoración del riesgo en mujeres víctimas de violencia
de pareja como medida de prevención del feminicidio. La
ficha sirve de insumo para el pronunciamiento sobre las
medidas de protección y debe ser actualizada cuando las
circunstancias lo ameriten.
Para el caso de otros integrantes del grupo familiar,
se aplica una ficha de valoración del riesgo que permita
identificar las vulnerabilidades y necesidades específicas
de protección.
Cuando la Policía Nacional del Perú conozca los
casos a través de sus comisarías, debe incluir entre sus
actuaciones la ficha de valoración de riesgo y remitirla al
juzgado de familia o equivalente, conforme al proceso
regulado en la presente Ley.
Artículo 29. Implementación y registro de hogares
de refugio temporal
Es política permanente del Estado la creación de
hogares de refugio temporal.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
implementa y administra el registro de hogares de refugio
temporal que cumpla con los estándares de calidad en
la prestación de servicio. La información de este registro
es confidencial y será utilizada para los procesos de
articulación, protección y asistencia técnica.
Los gobiernos locales, provinciales y distritales, y
los gobiernos regionales e instituciones privadas que
gestionen y administren hogares de refugio temporal
facilitarán la información y acceso al Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables para el cumplimiento de sus
funciones de monitoreo, seguimiento y evaluación.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
aprueba los requisitos mínimos para crear y operar los
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hogares de refugio temporal, así como los estándares
mínimos de calidad de prestación del servicio.
CAPÍTULO II
REEDUCACIÓN DE LAS PERSONAS AGRESORAS
Artículo 30. Reeducación de las personas
agresoras
Es política del Estado la creación de servicios de
tratamiento que contribuyan a la reeducación de personas
agresoras que han cometido actos de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar a fin de que el
agresor detenga todo tipo de violencia contra estos.
Artículo 31. Tratamiento penitenciario para la
reinserción social de las personas agresoras privadas
de libertad
El Instituto Nacional Penitenciario incorpora el eje
de prevención de la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar dentro de los distintos
programas de tratamiento penitenciario dirigidos a la
población penal.
El condenado a pena privativa de libertad efectiva
por delitos vinculados a la violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo familiar, previa evaluación,
debe seguir un tratamiento de reeducación de carácter
multidisciplinario y diferenciado, teniendo en cuenta los
enfoques consignados en esta Ley a fin de facilitar su
reinserción social. El cumplimiento del tratamiento es un
requisito obligatorio para el otorgamiento de beneficios
penitenciarios, de indulto y de la conmutación de la pena
a los que hubiere lugar, conforme al marco legal vigente,
los que no pueden ser concedidos sin el correspondiente
informe psicológico y social que se pronuncie sobre la
evolución del tratamiento diferenciado.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
presta asistencia técnica para el diseño del programa de
reeducación.
Artículo 32. Tratamiento para las personas
agresoras en medio libre
En los procesos por delitos vinculados a actos de
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar, el juez puede imponer al agresor tratamiento
psicosocial, psiquiátrico o de grupos de autoayuda
especializados en violencia a través de la asistencia
a terapias sobre violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar, utilizando los diversos
programas que desarrollan las instituciones de protección
a la familia. Esta medida puede aplicarse desde el inicio
del procedimiento.
Es obligación de los gobiernos locales implementar, en
coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, servicios de atención e intervención para
varones y personas agresoras.
En los procesos por delitos vinculados a actos de
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar, los juzgados penales deben pronunciarse
en la sentencia condenatoria acerca del tratamiento
especializado para el agresor que no cumpla pena
privativa de libertad efectiva.
El sometimiento a un servicio de tratamiento para
la reeducación de agresores en instituciones públicas o
privadas que el juzgado disponga, es considerado como
regla de conducta, sin perjuicio de la sanción penal que
corresponda.
TÍTULO IV
SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN,
SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL
GRUPO FAMILIAR
Artículo 33. Creación, finalidad y competencia del
sistema
Créase el Sistema Nacional para la Prevención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
y los Integrantes del Grupo Familiar, a fin de coordinar,
planificar, organizar y ejecutar acciones articuladas,
integradas y complementarias para la acción del Estado
en la prevención, atención, protección y reparación de la
víctima, la sanción y reeducación del agresor, a efectos de
lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar. Es un sistema funcional.
Artículo 34. Integrantes del sistema
Integran el Sistema Nacional para la Prevención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
y los Integrantes del Grupo Familiar las entidades que
integran la comisión multisectorial de alto nivel, que cuenta
con una secretaría técnica, y las instancias regionales,
provinciales y distritales de concertación para erradicar la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar.
Artículo 35. Comisión Multisectorial de Alto Nivel
Constitúyase la Comisión Multisectorial de Alto Nivel
con la finalidad de dirigir el Sistema Nacional para la
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y formular
los lineamientos y la evaluación de lo establecido en la
presente norma.
La Comisión está presidida por el titular o el
representante de la alta dirección del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables e integrada por los
titulares o los representantes de la alta dirección de las
instituciones que se determinen en el reglamento de la
presente Ley.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
es el ente rector en materia de prevención, protección
y atención de la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar y el responsable de la
coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación
efectiva y el cumplimiento de la presente Ley.
La Dirección General contra la Violencia de Género
del citado ministerio se constituye como secretaría
técnica de la Comisión, la cual convoca a especialistas de
diferentes sectores y representantes de la sociedad civil
con la finalidad de constituir un grupo de trabajo nacional.
El reglamento de la presente Ley regula el
funcionamiento de la Comisión.
Artículo 36. Funciones de la Comisión
Multisectorial
Son funciones de la Comisión Multisectorial, las
siguientes:
1. Aprobar y difundir el protocolo base de actuación
conjunta y los lineamientos para la intervención
intersectorial articulada en prevención, atención,
protección, sanción y reeducación para erradicar
la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar, teniendo en cuenta los
informes emitidos por el Observatorio Nacional
de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes
del Grupo Familiar.
2. Hacer el seguimiento y monitoreo de los planes
nacionales que aborden la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar,
teniendo en cuenta los informes emitidos por el
Observatorio Nacional de la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
3. Coordinar con el Ministerio de Economía y
Finanzas para la dotación de recursos a los
sectores comprometidos en la aplicación de la
presente Ley, previa planificación presupuestaria
intersectorial.
4. Garantizar
la
adecuación
orgánica
y
administrativa de las instancias responsables de
la implementación de los lineamientos dictados
por la Comisión para la mejor aplicación de la
presente Ley.
5. Promover la creación de observatorios
regionales de la violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar.
6. Promover la creación de las instancias
regionales, provinciales y distritales encargadas
de combatir la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.
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Artículo 37. Instancia regional de concertación
La instancia regional de concertación tiene como
responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y
evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar a nivel regional, y promover el cumplimiento de
la presente norma. Su composición se determina en el
reglamento de la presente Ley.
Artículo 38. Instancia provincial de concertación
La instancia provincial de concertación tiene como
responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y
evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar a nivel provincial, y promover el cumplimiento de
la presente norma. Su composición se determina en el
reglamento de la presente Ley.
Artículo 39. Instancia distrital de concertación
La instancia distrital de concertación tiene como
responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y
evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar a nivel distrital, y promover el cumplimiento de
la presente norma. Su composición se determina en el
reglamento de la presente Ley.
Artículo 40. Instrumentos y mecanismos de
articulación del sistema
Son instrumentos y mecanismos de articulación del
sistema:
a. El Protocolo Base de Actuación Conjunta.
b. El Registro Único de Víctimas y Agresores.
c. El Observatorio Nacional de la Violencia contra
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
d. El Centro de Altos Estudios contra la Violencia
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar.
Artículo 41. Protocolo Base de Actuación Conjunta
El Protocolo Base de Actuación Conjunta en
prevención, atención, protección, detección precoz e
intervención continuada, sanción y reeducación frente
a la violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar contiene los lineamientos de articulación
intersectorial y los procedimientos que aseguren la
actuación global e integral de las distintas administraciones
y servicios implicados. Constituye un instrumento de
obligatorio cumplimiento bajo responsabilidad.
El Protocolo debe considerar de forma especial la
situación de las mujeres que, por su condición de tal y
en cruce con otras variables, estén más expuestas a
sufrir violencia o mayores dificultades para acceder
a los servicios previstos en esta Ley, tales como las
pertenecientes a poblaciones indígenas, andinas
y amazónicas, las afrodescendientes, las que se
encuentran en situación de exclusión social y las mujeres
con discapacidad, entre otras. Similar consideración debe
contemplar el protocolo respecto de los integrantes del
grupo familiar desde el enfoque de derechos humanos,
generacional e intercultural.
Artículo 42. Registro Único de Víctimas y Agresores
Con el objeto de implementar un sistema intersectorial
de registro de casos de violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar, denominado Registro
Único de Víctimas y Agresores, el Ministerio Público,
en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el
Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, es el responsable del registro de dichos
casos, en el que se consignan todos las datos de la víctima
y del agresor, la tipificación, las causas y consecuencias
de la violencia, la existencia de denuncias anteriores y
otros datos necesarios.
Artículo 43. Observatorio Nacional de la Violencia
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar
El Observatorio Nacional de la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a cargo del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene
por objeto monitorear, recolectar, producir y sistematizar
datos e información haciendo seguimiento a las políticas
públicas y los compromisos internacionales asumidos por
el Estado en esta materia. Su misión es desarrollar un
sistema de información permanente que brinde insumos
para el diseño, implementación y gestión de políticas
públicas tendientes a la prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar.
El Observatorio elabora informes, estudios y
propuestas para la efectividad del Sistema Nacional para
la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
Artículo 44. Centro de Altos Estudios
El Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, bajo
la dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, tiene como objetivo contribuir a la intervención
articulada y multidisciplinaria a través de un sistema
integral continuo de especialización y perfeccionamiento
de los operadores en el rol que les compete en la lucha
integral contra la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar, para una atención oportuna
y efectiva, incluyendo la evaluación de su impacto.
El Centro de Altos Estudios tiene estrecha coordinación
con la Academia de la Magistratura, la Escuela del
Ministerio Público, el Centro de Investigaciones Judiciales
del Poder Judicial, el Centro de Estudios Constitucionales
del Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios en
Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, universidades y centros de
investigación para incidir en que se prioricen actividades
de capacitación e investigación sobre la violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Todas las acciones que realiza y promueve el Centro
de Altos Estudios deben incorporar los enfoques de
género, integralidad, interculturalidad, derechos humanos,
interseccionalidad, generacional y discapacidad que
subyacen a la presente Ley.
Artículo 45. Responsabilidades sectoriales
Los sectores e instituciones involucradas, y los
gobiernos regionales y locales, además de adoptar
mecanismos de formación, capacitación y especialización
permanente, de conformidad con sus leyes orgánicas y
demás normas aplicables, son responsables de:
1. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables
a) Promover y coordinar las acciones
de articulación multisectorial e
intergubernamental.
b) Asesorar técnicamente a las diferentes
entidades públicas para que desarrollen
acciones para erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar
conforme a sus competencias y funciones.
c) Promover en los niveles subnacionales de
gobierno políticas, programas y proyectos
de prevención, atención y tratamiento como
hogares de refugio temporal, servicios
de consejería, grupos de ayuda mutua,
Centros de Atención Residencial, Centros
Emergencia Mujer, Defensorías del Niño y
Adolescente y servicios de tratamiento de
personas agresoras, entre otros.
d) Supervisar la implementación de la política
de prevención, protección y atención de la
violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar.
e) Promover campañas de difusión sobre
la problemática de la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar
y de difusión de los alcances de la presente
Ley.
f) Promover el estudio e investigación sobre
las causas de la violencia contra las mujeres
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y los integrantes del grupo familiar y tomar
medidas para su corrección.
g) Promover la participación activa de
organizaciones dedicadas a la protección de
los derechos de las mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas adultas mayores
y personas con discapacidad, entre otras,
y del sector privado, con especial énfasis
en el sector empresarial, en programas de
prevención, atención y recuperación de la
violencia contra las mujeres e integrantes del
grupo familiar.
h) Disponer las medidas necesarias a fin
de implementar acciones de prevención
y atención de las víctimas de violencia
en las zonas rurales del país y respecto
de las víctimas en mayor situación de
vulnerabilidad.
2. El Ministerio de Educación
a) Supervisar el cumplimiento de los
lineamientos de política pública contra la
violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar, en el ámbito de su
competencia.
b) Fortalecer en todas las modalidades y niveles
educativos la enseñanza de valores éticos
orientados al respeto de la dignidad de la
persona en el marco del derecho a vivir libre
de violencia, eliminando los estereotipos que
exacerban, toleran o legitiman la violencia,
inferioridad o subordinación en el grupo
familiar, en especial los que afectan a la
mujer.
c) Supervisar que en todos los materiales
educativos se eliminen los estereotipos
sexistas o discriminatorios y, por el contrario,
se fomente la igualdad de los hombres y las
mujeres.
d) Promover y fortalecer los programas de
escuelas para padres; y de preparación para
la vida y la convivencia saludable en el grupo
familiar; estableciendo mecanismos para la
detección y derivación a las instituciones del
Sistema, de los casos de violencia hacia la
mujer y los integrantes del grupo familiar.
e) Implementar en las instituciones educativas
de la Educación Básica Regular (EBR)
y la Educación Básica Alternativa (EBA),
contenidos del Diseño Curricular Nacional
(DCN) sobre el respeto del derecho a una
vida libre de violencia, con metodologías
activas y sistemas de evaluación que se
adapten a los diversos contextos culturales,
étnicos y lingüísticos.
f) Implementar programas de fortalecimiento
de capacidades en la formación inicial y
permanente del profesorado en las temáticas
de lucha para erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo
familiar, incorporando en las guías, módulos
y programas de capacitación de docentes, y
tópicos como tipos de violencia, socialización
de género y violencia, identificación de
factores de riesgo relacionados con la
violencia y mecanismos de fortalecimiento
de redes de apoyo para la prevención.
g) Difundir la problemática del acoso sexual
entre el personal docente y administrativo,
así como los protocolos del sector.
h) Incorporar en las guías dirigidas a la población
escolar, contenidos sobre prevención del
acoso y abuso sexual en niñas y niños.
i) Implementar estrategias creativas y de
impacto sobre lucha contra la violencia
contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar, en espacios educativos no
formales como los mercados, espacios de
esparcimiento, terminales de buses, salas de
espera de instituciones públicas y privadas
entre otras.
3. El Ministerio de Salud
a) Promover y fortalecer programas para la
promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud, contribuyendo a
lograr el bienestar y desarrollo de la persona,
en condiciones de plena accesibilidad y
respeto de los derechos fundamentales, de
conformidad con las políticas sectoriales.
b) Garantizar atención de calidad a los casos de
violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar, incluyendo su afiliación en
el Seguro Integral de Salud para la atención
y recuperación integral de la salud física y
mental gratuita, lo que incluye la atención, los
exámenes, hospitalización, medicamentos,
tratamiento psicológico o psiquiátrico y
cualquier otra actividad necesaria para el
restablecimiento de la salud.
c) Desarrollar programas de sensibilización
y formación continua del personal sanitario
con el fin de mejorar e impulsar la adecuada
atención de las víctimas de violencia a que
se refiere la ley.
4. El Ministerio del Interior
a) Establecer, a través de sus órganos de línea,
apoyo y control, las pautas y lineamientos
técnicos para la adecuada ejecución,
supervisión y control de las disposiciones de
prevención, atención y protección contra la
violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar, en cumplimiento de las
funciones del sector interior, con especial
participación de la Dirección Ejecutiva
de Seguridad Ciudadana de la Policía
Nacional del Perú como el órgano técnico
especializado en la recepción de denuncias
e investigación de casos de violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo
familiar.
b) Promover, en la Policía Nacional del Perú,
la creación de la especialidad funcional en
materia de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar. La Dirección
Ejecutiva de Seguridad Ciudadana es el
órgano especializado responsable de la
organización, especialización y evaluación
de desempeño.
c) Implementar, en coordinación con el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los
Módulos de Atención a la Mujer Víctima de
Violencia Familiar y Sexual, previstos en el
Decreto Supremo 012-2013-IN como política
nacional del Estado peruano.
d) Garantizar en los servicios de comisarías
y áreas competentes la permanencia de
personal especializado y sensibilizado.
e) Brindar atención oportuna para la
implementación y cumplimiento de las
medidas de protección otorgadas por el
Ministerio Público a las personas afectadas
por violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.
f) Expedir formularios tipo para facilitar las
denuncias y regular los procedimientos
policiales necesarios para asegurar la
diligente remisión de lo actuado en las
denuncias recibidas a los juzgados de familia
o equivalente en el plazo establecido en la
presente Ley.
g) Elaborar cartillas y otros instrumentos de
difusión masiva para la atención adecuada
de las víctimas de violencia hacia la mujer
y los integrantes del grupo familiar en las
comisarías y dependencias policiales.
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5. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
a) Sistematizar y difundir el ordenamiento
jurídico del Estado en materia de lucha para
erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.
b) Brindar el servicio de defensa pública a las
víctimas de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.
c) Brindar, a través del Instituto Nacional
Penitenciario, tratamiento penitenciario
diferenciado para personas sentenciadas por
hechos de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.
6. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
a) Priorizar, en el marco de los programas,
estrategias y planes de actuación de
promoción del empleo y la empleabilidad, la
atención de las víctimas de violencia para su
incorporación en el mercado de trabajo por
cuenta ajena o a través del desarrollo de
autoempleos productivos y otras formas de
emprendimiento.
b) Coordinar con las instancias pertinentes a fin
de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Ley en cuanto a derechos
laborales del trabajador víctima de violencia.
7. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Velar por el cumplimiento estricto de las
obligaciones de los medios de comunicación
establecidas en la presente Ley.
8. El Ministerio de Economía y Finanzas
Asignar los recursos necesarios para el
cumplimiento de la presente Ley.
9. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
a) Incorporar, en los programas adscritos al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a
personas afectadas por violencia contra las
mujeres y a los integrantes del grupo familiar,
siempre que se cumplan con los criterios y
reglas establecidos en la normativa vigente.
b) Poner a disposición de la sociedad
información respecto a la ejecución de los
programas sociales que han beneficiado a
personas afectadas por violencia contra las
mujeres y a los integrantes del grupo familiar.
10. El Ministerio de Defensa
Incorporar en los lineamientos educativos de las
Fuerzas Armadas contenidos específicos contra
la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar de conformidad con los
enfoques previstos en la presente Ley, así
como en sus órganos académicos y organismos
públicos adscritos.
11. El Ministerio de Relaciones Exteriores
Formular, coordinar, ejecutar y evaluar la política
de protección y asistencia de los nacionales en el
exterior por casos de violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo familiar.
12. El Poder Judicial
Administrar justicia, respetando los derechos
al debido proceso y la economía y celeridad
procesal en los casos de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar. Todas
las actuaciones ante el Poder Judicial en materia
de violencia contra la mujer y los integrantes del
grupo familiar son gratuitas para las víctimas.
13. El Ministerio Público
Elaborar, a través del Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, guías y protocolos para
la actividad científico-forense y en los procesos
judiciales, siendo responsable de su difusión
a efectos de uniformar criterios de atención y
valoración.
14. Los gobiernos regionales y locales
a) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar,
promover, supervisar y controlar planes,
políticas y programas regionales, locales
y comunitarios, para sensibilizar, prevenir,
detectar y atender toda forma de violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar.
b) Los establecidos en la presente Ley.
15. Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC)
a) Solicitar declaración jurada de no registrar
antecedentes de violencia familiar en las
solicitudes de licencia de armas.
b) Incautar las armas que estén en posesión
de personas respecto de las cuales se
haya dictado la suspensión del derecho de
tenencia y porte de armas.
c) Dejar sin efecto la licencia de posesión y
uso de armas por sobreviniente registro de
antecedentes de violencia familiar.
d) Remitir de forma semestral información
actualizada al Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, correspondiente al
número de licencias canceladas y de armas
incautadas por hechos de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Artículo 46. Obligaciones generales de los medios
de comunicación
Los medios de comunicación, en la difusión de
informaciones relativas a la violencia sobre la mujer
garantizan, con la correspondiente objetividad informativa,
la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad
de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En
particular, tienen especial cuidado en el tratamiento
gráfico de las informaciones.
Los servicios de radiodifusión públicos y privados
permiten el uso de la franja educativa del 10% de su
programación para que, en el horario de protección
familiar, las instituciones públicas articuladas en el Sistema
Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del
Grupo Familiar desarrollen contenidos vinculados a la
sensibilización, prevención, atención, protección, sanción
y reeducación para la erradicación de la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Artículo 47. Intervención de los pueblos indígenas
u originarios
La intervención de los pueblos indígenas u originarios
en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar se sujeta a lo dispuesto en el artículo
149 de la Constitución Política.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES
PRIMERA. Reglamentación
El reglamento de la presente Ley se expide por el
Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a noventa días
calendario desde su entrada en vigencia. Para tal efecto,
se convoca a una comisión conformada por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior, el
Poder Judicial y el Ministerio Público.
SEGUNDA. Prevalencia normativa
Las disposiciones de esta Ley prevalecen sobre otras
normas generales o especiales que se les opongan. Los
derechos que reconoce la presente Ley a las víctimas de
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violencia hacia la mujer y contra los integrantes del grupo
familiar son irrenunciables.
TERCERA. Implementación del Observatorio
Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar y del Centro de Altos
Estudios
La implementación del Observatorio Nacional de la
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar y del Centro de Altos Estudios contra la Violencia
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a
que se refieren los artículos 43 y 44 de la presente Ley,
estará sujeto a la disponibilidad presupuestal que para tal
efecto disponga el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
PRIMERA. Procesos en trámite
Los procesos que se encuentren en trámite continuarán
rigiéndose bajo las normas con que se iniciaron hasta su
conclusión.
SEGUNDA. Comisión Especial
Créase la Comisión Especial para el diseño,
conducción, coordinación, supervisión y evaluación del
proceso de adecuación del Sistema Nacional para la
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar a la
presente Ley.
TERCERA. Integrantes de la Comisión Especial
La Comisión señalada en la disposición
complementaria transitoria segunda está integrada por
seis miembros:
-
El titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables o su representante, quien la
presidirá.
-
El titular del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos o su representante.
-
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas o
su representante.
- El titular del Ministerio del Interior o su
representante.
-
El titular del Poder Judicial o su representante.
-
El titular del Ministerio Público o su representante.
CUARTA. Atribuciones de la Comisión Especial
Las atribuciones de la Comisión Especial son las
siguientes:
1. Formular las políticas y objetivos para la
adecuación progresiva de la Ley.
2. Diseñar la propuesta del Plan de Adecuación
del Sistema de Justicia al Sistema Nacional
para la Prevención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del
Grupo Familiar.
3. Elaborar los anteproyectos de normas que sean
necesarios para la transferencia de los recursos
presupuestarios a que hubiere lugar.
4. Establecer, en coordinación con las entidades
vinculadas, los programas anuales de
adecuación, provisión de recursos materiales y
humanos que permitan la ejecución del Plan de
Adecuación del Sistema de Justicia a la Ley.
5. Concordar, supervisar y efectuar un seguimiento
y evaluación de la ejecución de los planes y
programas de adecuación a la Ley.
6. Elaborar informes semestrales, los cuales son
remitidos a la Comisión Multisectorial de Alto
Nivel.
QUINTA. Plazo
El plazo para la formulación del Plan de Adecuación
del Sistema de Justicia por la Comisión es de sesenta
días hábiles contados a partir de la instalación de la
misma. Asimismo, el plazo para que la citada comisión
culmine sus funciones es de ciento ochenta días hábiles a
partir de la instalación de la misma.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS
PRIMERA. Modificación de los artículos 45, 121-A,
121-B, 122, 377 y 378 del Código Penal
Modifícanse los artículos 45, 121-A, 121-B, 122, 377 y
378 del Código Penal en los siguientes términos:
"
Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y
determinar la pena
El juez, al momento de fundamentar y determinar la
pena, tiene en cuenta:
a. Las carencias sociales que hubiese sufrido
el agente o el abuso de su cargo, posición
económica, formación, poder, oficio, profesión o
la función que ocupe en la sociedad.
b. Su cultura y sus costumbres.
c. Los intereses de la víctima, de su familia o de
las personas que de ella dependan, así como
la afectación de sus derechos y considerando
especialmente su situación de vulnerabilidad.
Artículo 121-A. Formas agravadas. Lesiones
graves cuando la víctima es menor de edad, de la
tercera edad o persona con discapacidad
En los casos previstos en la primera parte del artículo
121, cuando la víctima sea menor de edad, mayor de
sesenta y cinco años o sufre discapacidad física o
mental y el agente se aprovecha de dicha condición
se aplica pena privativa de libertad no menor de seis
ni mayor de doce años.
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión
y el agente pudo prever ese resultado, la pena será no
menor de doce ni mayor de quince años.
Artículo 121-B.- Formas agravadas. Lesiones
graves por violencia contra la mujer y su entorno
familiar
En los casos previstos en la primera parte del artículo
121 se aplica pena privativa de libertad no menor de
seis ni mayor de doce años cuando la víctima:
1. Es mujer y es lesionada por su condición de tal
en cualquiera de los contextos previstos en el
primer párrafo del artículo 108-B.
2. Es ascendiente, descendiente, natural o
adoptivo, cónyuge o conviviente del agente.
3. Depende o está subordinado.
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión
y el agente pudo prever ese resultado, la pena será no
menor de doce ni mayor de quince años.
Artículo 122. Lesiones leves
1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en
la salud que requiera más de diez y menos de
treinta días de asistencia o descanso, o nivel
moderado de daño psíquico, según prescripción
facultativa, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.
2. La pena será privativa de libertad no menor de
seis ni mayor de doce años si la víctima muere
como consecuencia de la lesión prevista en el
párrafo 1 y el agente pudo prever ese resultado.
3. La pena será privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de seis años si la víctima:
a. Es miembro de la Policía Nacional del Perú
o de las Fuerzas Armadas, magistrado del
Poder Judicial, del Ministerio Público o del
Tribunal Constitucional o autoridad elegida
por mandato popular o funcionario o servidor
público y es lesionada en el ejercicio de sus
funciones oficiales o como consecuencia de
ellas.
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NORMAS LEGALES
Lunes 23 de noviembre de 2015 /
El Peruano
b. Es menor de edad, mayor de sesenta y
cinco años o sufre de discapacidad física o
mental y el agente se aprovecha de dicha
condición.
c. Es mujer y es lesionada por su condición de
tal, en cualquiera de los contextos previstos
en el primer párrafo del artículo 108-B.
d. Es ascendiente, descendiente, natural o
adoptivo, cónyuge o conviviente del agente.
e. Depende o está subordinada de cualquier
forma al agente.
4. La pena privativa de libertad será no menor
de ocho ni mayor de catorce años si la víctima
muere como consecuencia de la lesión a que se
refiere el párrafo 3 y el agente pudo prever ese
resultado.
5. El juez impone la inhabilitación correspondiente
a los supuestos previstos en el párrafo 3.
Artículo 377. Omisión, rehusamiento o demora de
actos funcionales
El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa
o retarda algún acto de su cargo será reprimido con
pena privativa de libertad no mayor de dos años y con
treinta a sesenta días-multa.
Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos
funcionales esté referido a una solicitud de garantías
personales o caso de violencia familiar, la pena será
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de
cinco años.
Artículo 378. Denegación o deficiente apoyo
policial
El policía que rehúsa, omite o retarda, sin causa
justificada, la prestación de un auxilio legalmente
requerido por la autoridad civil competente, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
dos años.
Si la prestación de auxilio es requerida por un particular
en situación de peligro, la pena será no menor de dos
ni mayor de cuatro años.
La pena prevista en el párrafo segundo se impondrá,
si la prestación de auxilio está referida a una solicitud
de garantías personales o un caso de violencia
familiar".
SEGUNDA. Incorporación de los artículos 46-E y
124-B al Código Penal
Incorpóranse los artículos 46-E y 124-B al Código
Penal en los siguientes términos:
"
Artículo 46-E. Circunstancia agravante cualificada
por abuso de parentesco
La pena es aumentada hasta en un tercio por
encima del máximo legal fijado para el delito cuando
el agente se haya aprovechado de su calidad de
ascendiente o descendiente, natural o adoptivo,
padrastro o madrastra, cónyuge o conviviente de la
víctima. En este caso, la pena privativa de libertad
no puede exceder los treinta y cinco años, salvo que
el delito se encuentre reprimido con pena privativa
de libertad indeterminada, en cuyo caso se aplica
esta última.
La agravante prevista en el primer párrafo es
inaplicable cuando esté establecida como tal en la ley
penal.
Artículo 124-B. Determinación de la lesión
psicológica
El nivel de la lesión psicológica es determinado
mediante valoración realizada de conformidad
con el instrumento técnico oficial especializado
que orienta la labor pericial, con la siguiente
equivalencia:
a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño
psíquico.
b. Lesiones leves: nivel moderado de daño
psíquico.
c. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de
daño psíquico".
TERCERA. Modificación del artículo 242 del
Código Procesal Penal
Modifícase el artículo 242 del Código Procesal Penal,
promulgado por el Decreto Legislativo 957, el cual queda
redactado en los términos siguientes:
"
Artículo 242. Supuestos de prueba anticipada.-
1. Durante la Investigación Preparatoria, a solicitud
del Fiscal o de los demás sujetos procesales,
podrá instarse al Juez de la Investigación
Preparatoria actuación de una prueba anticipada,
en los siguientes casos:
a) Testimonial y examen del perito, cuando
se requiera examinarlos con urgencia
ante la presencia de un motivo fundado
para considerar que no podrá hacerse en
el juicio oral por enfermedad u otro grave
impedimento, o que han sido expuestos a
violencia, amenaza, ofertas o promesa de
dinero u otra utilidad para que no declaren
o lo hagan falsamente. El interrogatorio al
perito, puede incluir el debate pericial cuando
éste sea procedente.
b) Careo entre las personas que han declarado,
por los mismos motivos del literal anterior,
siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 182.
c)
Reconocimientos, inspecciones o
reconstrucciones, que por su naturaleza y
características deben ser considerados actos
definitivos e irreproducibles, y no sea posible
postergar su realización hasta la realización
del juicio.
d) Declaración de las niñas, niños y
adolescentes en su calidad de agraviados
por delitos comprendidos en los artículos
153 y 153-A del Capítulo I: Violación de la
libertad personal, y en los comprendidos en
el Capítulo IX: Violación de la libertad sexual,
Capítulo X: Proxenetismo y Capítulo XI:
Ofensas al pudor público, correspondientes
al Título IV: Delitos contra la libertad, del
Código Penal.
Las declaraciones de las niñas, niños
y adolescentes serán realizadas con la
intervención de psicólogos especializados
en cámaras Gesell o salas de entrevistas
implementadas por el Ministerio Público.
Las declaraciones y entrevistas serán
filmadas y grabadas a fin de evitar la
revictimización de los agraviados.
2. Las mismas actuaciones de prueba podrán
realizarse durante la etapa intermedia".
CUARTA. Modificación del artículo 667 del Código
Civil
Modifícase el artículo 667 del Código Civil, aprobado
por el Decreto Legislativo 295, el cual queda redactado en
los términos siguientes:
"
Exclusión de la sucesión por indignidad
Artículo 667.- Son excluidos de la sucesión de
determinada persona, por indignidad, como herederos
o legatarios:
1. Los autores y cómplices de homicidio doloso
o de su tentativa, cometidos contra la vida del
causante, de sus ascendientes, descendientes
o cónyuge. Esta causal de indignidad no
desaparece por el indulto ni por la prescripción
de la pena.
2. Los que hubieran sido condenados por delito
doloso cometido en agravio del causante o de
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alguna de las personas a las que se refiere el
inciso anterior.
3. Los que hubieran denunciado calumniosamente
al causante por delito al que la ley sanciona con
pena privativa de libertad.
4. Los que hubieran empleado dolo o violencia para
impedir al causante que otorgue testamento o
para obligarle a hacerlo, o para que revoque total
o parcialmente el otorgado.
5. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren
el testamento de la persona de cuya sucesión se
trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un
testamento falsificado.
6. Los que hubieran sido sancionados con sentencia
firme en más de una oportunidad en un proceso
de violencia familiar en agravio del causante.
7. Es indigno de suceder al hijo, el progenitor
que no lo hubiera reconocido voluntariamente
durante la minoría de edad o que no le haya
prestado alimentos y asistencia conforme a sus
posibilidades económicas, aun cuando haya
alcanzado la mayoría de edad, si estuviera
imposibilitado de procurarse sus propios recursos
económicos. También es indigno de suceder al
causante el pariente con vocación hereditaria o
el cónyuge que no le haya prestado asistencia
y alimentos cuando por ley estuviera obligado a
hacerlo y se hubiera planteado como tal en la vía
judicial".
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DEROGATORIAS
PRIMERA. Derogación de los artículos 122-A y
122-B del Código Penal
Deróganse los artículos 122-A y 122-B del Código
Penal.
SEGUNDA. Derogación de la Ley 26260, Ley de
Protección frente a la Violencia Familiar
Deróganse la Ley 26260, Ley de Protección frente a la
Violencia Familiar, y las demás leyes y disposiciones que
se opongan a la presente Ley.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los seis días del mes de noviembre de dos
mil quince.
LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República
NATALIE CONDORI JAHUIRA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós
días del mes de noviembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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