Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT

DECRETO SUPREMO

Nº 018-2017-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, establece que es atribución del Presidente de la República dirigir la política general del Gobierno;

Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo el diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno; asimismo, las políticas nacionales y sectoriales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas;

Que, el citado numeral señala que para la formulación de las Políticas Nacionales, el Poder Ejecutivo debe establecer mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades, según requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. Asimismo, dispone que las políticas nacionales y sectoriales se aprueban por decreto supremo, con el voto del Consejo de Ministros;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM se aprueba el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y se crea la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT, que tiene como objetivo coadyuvar en la coordinación y planificación de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir los delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como hacer el seguimiento de la implementación, cumplimiento y actualización del mencionado Plan Nacional;

Que, la CONTRALAFT, en el marco de sus funciones, identificó la necesidad de diseñar una Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la misma que ha sido elaborada a través de un proceso que incluyó la participación de diversas entidades públicas y privadas vinculadas a la materia, a través de la realización de siete (7) talleres de trabajo, en los que se compatibilizaron los intereses generales del Estado orientados a prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera eficiente, eficaz y articulada el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, para contribuir a la estabilidad económica, política y social del Perú;

Que, mediante Acuerdo Nº 05-2017-CONTRALAFT, adoptado en la Segunda Sesión realizada el 16 de marzo del 2017, los integrantes de la CONTRALAFT aprobaron por unanimidad la propuesta de Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo;

Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, a fin de contar con un instrumento que oriente la actuación del Estado a largo plazo en esta materia y sirva de base para elaborar los respectivos planes nacionales que permitan su implementación a corto y mediano plazo;

Que, asimismo, conforme a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), actualizadas en el 2012, y respecto de las cuales existe el compromiso del Perú de aplicarlas desde diciembre del año 2000, resulta necesario modificar el Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM, a fin de que la CONTRALAFT asuma también la coordinación y planificación de las acciones dirigidas a prevenir y combatir el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva; se fortalezcan sus funciones; así como, su conformación, para dotarla de mayor operatividad e institucionalidad;

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y los artículos 4 y 11 inciso 3 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación

Aprobar la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la misma que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

La Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es de aplicación obligatoria en los tres niveles de Gobierno y los diversos sectores y entidades vinculadas a la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Artículo 3.- Financiamiento

La implementación de lo establecido en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas acorde con sus competencias y en el marco de las Leyes Anuales de Presupuesto sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y conforme a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 4.- Publicación

El presente Decreto Supremo y su Anexo se publican en el diario oficial El Peruano y, en la misma fecha, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en los Portales Institucionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), así como de las entidades públicas que forman parte de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT).

Artículo 5.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Ministro de Defensa.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Aprobación del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

En un plazo máximo de noventa (90) días calendario posteriores a la publicación de la presente norma, mediante Decreto Supremo, a propuesta de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), se aprueba el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, como instrumento para la implementación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

MODIFICATORIA

Única.- Modificación de los artículos 2, 3, 4 y 7 del Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM

Modifíquense los artículos 2, 3, 4 y 7 del Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM, en los siguientes términos:

“Artículo 2- Creación, objeto y funciones de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Créase la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objeto será coadyuvar en la coordinación y planificación de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; y, que tiene a su cargo, las siguientes funciones:

a) Articular los esfuerzos dirigidos a prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

b) Realizar actividades destinadas al seguimiento de la implementación de la Política y el Plan Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

c) Emitir informes técnicos sobre los avances en la implementación de la Política y el Plan Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

d) Proponer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre la base de los resultados de sus informes técnicos u otros diagnósticos, la actualización de la Política y el Plan Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

e) Proponer su Reglamento Interno.

Artículo 3.- Conformación de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

3.1. La CONTRALAFT estará integrada por los siguientes miembros, quienes realizan tal labor ad honórem:

1. Un representante del Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

2. Un representante del Fiscal de la Nación.

3. Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores.

4. Un representante del Ministro del Interior.

5. Un representante del Ministro de Economía y Finanzas.

6. Un representante del Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

7. Un representante del Ministro de Transportes y Comunicaciones.

8. Un representante del Ministro de Defensa.

9. Un representante del Director General de la Policía Nacional del Perú.

10. Un representante del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

11. Un representante del Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

12. Un representante del Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.

13. Un representante del Superintendente del Mercado de Valores.

14. Un representante del Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

15. Un representante del Superintendente Nacional de los Registros Públicos.

16. Un representante del Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

Asimismo, podrán integrar la CONTRALAFT, el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Contraloría General de la República, designado para tal efecto a sus respectivos representantes.

Las entidades que integran la CONTRALAFT deben designar un miembro alterno por cada uno de los miembros titulares designados.

3.2. La Presidencia de la CONTRALAFT recae en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, la Vicepresidencia y Secretaría Técnica en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

3.3. Cuando lo requiera la CONTRALAFT, a través de su Secretaría Técnica, solicitará la participación de otras entidades públicas, las cuales participarán en calidad de invitados.

Artículo 4.- Designación de los representantes

Las designaciones de los representantes de las entidades del Poder Ejecutivo, se efectuarán mediante resolución ministerial del sector al que pertenecen o se encuentren adscritos, dentro de los cinco días hábiles, posteriores a la publicación del presente decreto supremo. Las demás entidades, en el mismo plazo, comunican por escrito las designaciones que realicen a la Presidencia de la CONTRALAFT.

(...)

Artículo 7.- Reglamento Interno

El Reglamento Interno de la CONTRALAFT se aprueba mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.”

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI

Presidente del Consejo de Ministros y

Ministro de Economía y Finanzas

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS

Ministro de Comercio Exterior y Turismo

JORGE NIETO MONTESINOS

Ministro de Defensa

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS

Ministro del Interior

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO

Ministra de Justicia y Derechos Humanos

RICARDO LUNA MENDOZA

Ministro de Relaciones Exteriores

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE

Ministro de Transportes y Comunicaciones

POLÍTICA NACIONAL CONTRA

EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

ACRÓNIMOS

GLOSARIO

I. CONCEPTOS BÁSICOS

II. PROCESO PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL

III. FUENTES DE INFORMACIÓN EN QUE SE SUSTENTA LA POLÍTICA

3.1. MARCO NORMATIVO NACIONAL

3.2. ESTÁNDARES INTERNACIONALES

3.3. POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS NACIONALES RELACIONADAS

IV. DIAGNÓSTICO

V. POLITICA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINACIAMIENTO DEL TERRORISMO

5.1. OBJETIVO GENERAL

5.2. PRINCIPIOS

5.3. EJES DE LA POLÍTICA

5.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS, METAS, RESPONSABLES, LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EJE

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4

PRESENTACIÓN

Mediante Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM, del 1 de julio de 2011, se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y se creó la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), adscrita inicialmente a la Presidencia del Consejo de Ministros. Actualmente, conforme al Decreto Supremo Nº 061-2016-PCM, la CONTRALAFT está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recayendo la función de Vicepresidencia y Secretaria Técnica en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. De acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM, la función principal de la CONTRALAFT es “Hacer el seguimiento de la implementación, cumplimiento y actualización del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

En el 2014, en el marco de su labor de seguimiento del cumplimiento de las acciones previstas en el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la CONTRALAFT identificó la necesidad de diseñar una política de estado que defina los criterios que guíen la actuación de las instituciones y que trascienda a los gobiernos de turno y que permita focalizar la intervención estatal de manera permanente en ámbitos prioritarios para lograr resultados eficaces en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Es así que, luego de un amplio proceso de análisis y validación que ha contado con la participación de 34 entidades del sector público y sector privado y con el consenso de todas ellas, se ha diseñado la presente Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (en adelante, la Política Nacional) que constituye la primera política pública diseñada para enfrentar estas actividades ilícitas.

La Política Nacional contiene un objetivo general, siete principios, 3 ejes estratégicos (“Prevención”, “Detección”, “Investigación y Sanción”) y un (1) eje transversal “Articulación”. Asimismo, dentro de estos ejes se han fijado cuatro (4) Objetivos Específicos- OE, una meta por cada OE, los responsables por cada OE, dieciséis (16) lineamientos y dieciocho (18) estándares nacionales de obligatorio cumplimiento. A partir de la Política Nacional corresponde la elaboración de planes nacionales que, a través de la definición de acciones concretas, permitirán su adecuada implementación a corto y mediano plazo.

La presente Política no habría sido posible sin el compromiso y los valiosos aportes de los y las profesionales que participaron en su diseño, en particular del equipo de la Secretaría Técnica, que recae en la SBS y del Subgrupo 4 “Establecimiento de Políticas ALACFT”, integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Economía y Finanzas y la SBS, todos ellos en el marco de la CONTRALAFT. Nuestro especial agradecimiento a la Cooperación Alemana al Desarrollo implementada por GIZ por la asistencia técnica brindada para el desarrollo de esta política.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Presidencia de la CONTRALAFT

ACRÓNIMOS

ALA/CFT: Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.

APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

CAC: Cooperativas de Ahorro y Crédito.

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

CONTRALAFT: Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

FISLAAPD: Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

FT: financiamiento del terrorismo.

GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional.

GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (anteriormente Grupo de Acción Financiera de Sudamérica – GAFISUD).

GIZ (o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit): agencia del Gobierno Federal Alemán, especializada en la cooperación técnica para el desarrollo sostenible.

LA: lavado de activos.

LA/FT: lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo.

MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

OEA: Organización de Estados Americanos.

OSFL: Organizaciones sin fines de lucro.

PEP: Personas Expuestas Políticamente.

PNP: Policía Nacional del Perú.

PRONABI: Programa Nacional de Bienes Incautados del MINJUS.

ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas.

SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

SECO: Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la Cooperación Suiza.

SMV: Superintendencia del Mercado de Valores.

SO: Sujeto Obligado.

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

UIF-Perú: Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, unidad especializada de la SBS.

GLOSARIO

Beneficiario final: persona natural en cuyo nombre se realiza la transacción y/o que efectiva y finalmente posea o controle personas jurídicas o entes jurídicos.

Cultura de legalidad: es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que demanda de los ciudadanos una conducta de respeto a la ley, en armonía con las convicciones y tradiciones culturales; y, de no tolerancia a la ilegalidad1.

Decomiso: es una acción que permite recuperar los productos e instrumentos del delito para compensar a la víctima, ya sea el Estado o un individuo. Requiere una condena penal y es parte de la sentencia2.

Delito precedente: es el delito fuente generador de las ganancias o activos ilícitos, que posteriormente son blanqueados mediante el lavado de activos. En la legislación están previstos en el segundo párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106.

Financiamiento del terrorismo: delito tipificado en el artículo 4-A del Decreto Ley Nº 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, y sus normas modificatorias; así como el artículo 297, último párrafo, del Código Penal y sus modificatorias.

Involucrados: personas naturales y/o jurídicas investigadas y/o procesadas por LA/FT.

Lavado de activos: delito tipificado en el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, y sus normas modificatorias.

Operaciones sospechosas: son operaciones de naturaleza civil, comercial o financiera que tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual, o condiciones de complejidad inusitada o injustificada, que se presuma proceden de alguna actividad ilícita, o que, por cualquier motivo, no tengan un fundamento económico o lícito o aparente (artículo 11 de la Ley Nº 27693).

Organizaciones sin fines de lucro: aquellas personas naturales o jurídicas que recaudan, transfieren y desembolsan fondos, recursos u otros activos para fines o propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, científicos, artísticos, sociales, recreativos o solidarios o para la realización de otro tipo de acciones u obras altruistas o benéficas. Incluye la facilitación de créditos, microcréditos o cualquier otro tipo de financiamiento económico (artículo 3, numeral 3.2.2 de la Ley Nº 29038).

Personas Expuestas Políticamente: personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución (artículo 2 de la Resolución SBS Nº 4349 – 2016).

Pérdida de dominio (conocida como decomiso civil o decomiso sin condena): es una consecuencia jurídico-patrimonial a través de la cual se declara la titularidad de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito a favor del Estado por sentencia de la autoridad jurisdiccional, mediante un debido proceso (artículo 2, numeral 2.1, del Decreto Legislativo Nº 1104).

Política nacional: define los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollado de las actividades públicas y privadas (artículo 4, numeral 1, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo).

Recuperación de Activos: se refiere a los mecanismos legales, como el decomiso o la pérdida de domino, que permiten privar al delincuente de los bienes que ha utilizado para la ejecución del delito (instrumentos) o los productos obtenidos como consecuencia del delito (efectos y ganancias); y, lograr su restitución en favor del Estado.

Reparación civil: es el resarcimiento del bien o indemnización que debe otorgar quién produjo el daño como consecuencia del delito, en favor de la víctima [el Estado en los casos de LA/FT]; y, según el artículo 93 del Código penal, comprende: a) la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y b) la indemnización de los daños y perjuicios. Es solidaria si hay varios infractores y su cumplimiento es transmisible a los herederos3.

Reporte de Operaciones Sospechosas: documento de carácter reservado que es elaborado y comunicado por el sujeto obligado o por un organismo supervisor a la UIF-Perú, cuando se detecten indicios de LA/FT.

Sector privado: comprende a empresas de todo tipo, como las microempresas, pequeñas y medianas empresas, sociedades cooperativas, organizaciones de economía social, sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, compañías multinacionales o cualquier otra forma jurídica que se adopte para ejercer actividad empresarial4.

Sector real: se refiere a todas las actividades de nuestra economía, con excepción de aquellas que se desarrollan en el ámbito financiero.

Sociedad civil: se refiere a los ciudadanos en general, que de manera colectiva o no, participan en la vida pública y/o cumplen un rol de mediación entre los individuos y el Estado.

Sujeto Obligado: entidad pública, persona natural o jurídica obligada a proporcionar información a la UIF-Perú, designado como tal en el artículo 3 de la Ley Nº 29038.

I. CONCEPTOS BÁSICOS

El Lavado de Activos (LA): es un delito autónomo que tiene su origen en un delito precedente y que consiste en darle apariencia de legalidad a los fondos o activos ilícitos producto de dicho delito, a fin de que circulen sin problema en el sistema económico-financiero.

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El Financiamiento del Terrorismo (FT): es un delito autónomo que consiste en recaudar fondos lícitos o ilícitos, a fin de financiar terroristas, organizaciones terroristas o actos terroristas, conforme a la normativa vigente y los tratados internacionales.

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II. PROCESO PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL

La Política Nacional se ha elaborado en el marco de un proceso participativo en el que han intervenido diversas entidades públicas y actores del sector privado, cuyas competencias se circunscriben directa o indirectamente en la adopción de medidas para contrarrestar el LA/FT. Este proceso comprendió cuatro (4) fases:

FASE 1: IDENTIFICACIÓN Y RECOJO DE INFORMACIÓN

Permitió identificar y recoger fuentes de información.

Responsables: Presidencia y Secretaría Técnica de la CONTRALAFT.

Fecha: entre el 2 al 31 de enero del 2017.

FASE 2: Elaboración de la propuesta preliminar

Se analizaron las fuentes de información recogidas y, sobre el resultado de este análisis, se formuló una propuesta preliminar.

Responsables: Presidencia y Secretaría Técnica de la CONTRALAFT.

Fecha: entre el 2 al 10 de febrero del 2017.

FASE 3: FORMULACIÓN DE LA propuesta FINAL

La propuesta preliminar fue sometida a evaluación en siete (7) talleres, en los que participaron un total de 34 entidades del sector público y sector privado y 73 profesionales (ANEXO 1). Sobre la base de los aportes y comentarios recibidos se formuló la propuesta final de Política Nacional. Merece destacar durante esta fase la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ y los aportes metodológicos del CEPLAN.

Responsables: el sector público y el sector privado.

Fecha: entre el 13 de febrero al 13 de marzo de 2017.

FASE 4: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL POR PARTE DE LA CONTRALAFT

EL proyecto final de la Política Nacional fue presentado en la sesión de la CONTRALAFT, realizada el 16 de marzo del presente año, siendo aprobada de manera unánime (Acuerdo Nº 5-2017-CONTRALAFT); encargándose a la Presidencia y la Secretaría Técnica realizar su trámite ante el Poder Ejecutivo para su aprobación mediante Decreto Supremo.

Responsable: CONTRALAFT.

Fecha: 16 de marzo de 2017.

III. FUENTES DE INFORMACIÓN EN QUE SE SUSTENTA LA POLÍTICA

3.1. MARCO NORMATIVO NACIONAL

1. La Constitución Política del Perú.

2. Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

3. Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú (UIF-Perú), y sus normas modificatorias.

4. Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS.

5. Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1352, Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.

6. Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

7. Decreto Legislativo Nº52, Ley Orgánica del Ministerio Público.

8. Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.

9. Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, y sus normas modificatorias.

10. Decreto Legislativo Nº 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo.

11. Decreto Ley Nº 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, y sus normas modificatorias.

12. Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.

13. Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM, aprueba el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y crea la CONTRALAFT.

14. Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS, Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú

15. Normas de la SBS y la SMV.

3.2. ESTÁNDARES INTERNACIONALES

En el marco de la ONU el Perú ha ratificado 4 Tratados que establecen estándares de carácter vinculante que se deben implementar para fortalecer el combate contra el LA/FT. Estos tratados son los siguientes:

Asimismo, dentro de este marco, son vinculantes las resoluciones que emite el Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellas, la Resolución 1267 (1999) y la Resolución 1373 (2001) y las resoluciones que la sucedan, modifiquen o reemplacen, referidas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo.

En el ámbito de la OEA, el Perú ha ratificado 2 Tratados que establecen estándares vinculados a lucha contra el LA/FT: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Ambos instrumentos han sido ratificados por el Perú en los años 1997 y 2003, respectivamente.

Por otro lado, las 40 Recomendaciones del GAFI, actualizadas en febrero de 2012, y que se sustentan en las Convenciones ONU y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU antes señaladas, constituyen el estándar internacional en materia de LA/FT. El Perú, a través de un Memorando de Entendimiento, suscrito el ocho de diciembre del año 20005, reconoció dichos estándares y se comprometió a aplicarlos en su calidad de miembro fundador del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - GAFISUD (Hoy Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT). Merece destacar que si bien se trata de estándares internacionales que no se encuentran contemplados en convenios internacionales vinculantes, denominados Soft Law, en la práctica por las consecuencias que genera el no cumplir dichas recomendaciones se trata de Hard Law6. Actualmente el Perú se encuentra próximo a ser evaluado por el GAFILAT (septiembre 2017-2018) en el marco de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas y ya sido evaluado en los años 2003, 2005 y 2008.

3.3. POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS NACIONALES RELACIONADAS

La Política Nacional se enmarca dentro del Acuerdo Nacional (Política de Estado 26 y 30)7 y se encuentra alineada a las siguientes Políticas, Estrategias y Planes Nacionales que abordan temas vinculados al LA/FT:

1. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional-Perú hacia el 2021 (Eje Nº 3: Estado y Gobernabilidad).

2. Política Nacional Frente a los Delitos Patrimoniales (2014).

3. Política Nacional de lucha frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación (2015).

4. Política Nacional Penitenciaria (2016).

5. Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (2017)8.

6. Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el Perú 2011-2016

7. Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 (en actualización).

8. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018.

9. Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016.

10. Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal (2014).

11. Estrategia de Saneamiento de la pequeña minería y de la minería artesanal (2014)

12. Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2016-2020.

13. Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017-20219.

Cabe señalar que en siete (7) de los instrumentos señalados se hace referencia expresa al LA: en 3 a nivel conceptual y en los 4 restantes a nivel de acciones (Ver ANEXO 2).

IV. DIAGNÓSTICO

La Recomendación 1 del GAFI establece que “los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos”. Por su parte, la Recomendación 2 del GAFI establece que “los países deben contar con políticas ALA/CFT a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados, los cuales deben ser sometidos a revisión periódica y, deben designar a una autoridad o contar con un mecanismo de coordinación o de otro tipo que sea responsable de dichas políticas”.

En el caso del Perú la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT (noviembre, 2016), elaborada con la asistencia técnica del BID, identifica cinco (5) Amenazas10 y cuarenta y tres (43) Vulnerabilidades11; y, a partir de la evaluación de aquellas vulnerabilidades que facilitan la ocurrencia de dichas amenazas, se establecen cuarentaitrés (43) riesgos en materia de LA/FT, de los cuales treinta y dos (32) tienen un impacto directo en dichas materias12.

Dentro de los 32 riesgos antes mencionados, se pueden citar, entre otros: (i) debilidad del sistema sancionador en materia de LA/FT llevado a cabo sobre los sujetos obligados financieros; (ii) dificultad en el acceso por parte de la UIF-Perú a la información afectada por la regulación del secreto bancario y la reserva tributaria; (iii) sistema de control de movimiento de efectivo transnacional insuficiente e inexistencia de limitación sobre traslados internos; (iv) falta de conocimiento sobre la aplicación práctica de la reciente reforma de la tipificación de los delitos de LA/FT; (v) dificultad del Ministerio Público en la investigación y persecución del LA/FT; (vi) existencia de carencias en el Poder Judicial que afectan el sistema de represión penal; (vii) baja efectividad de la PNP en la investigación y persecución del LA/FT; (viii) dificultad en el intercambio de información entre instituciones públicas; y, (ix) falta de concienciación social sobre las consecuencias del LA/ FT.

Asimismo, a la fecha, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ, se han realizado evaluaciones sectoriales en los ámbitos minero y pesquero, que han permitido identificar los principales riesgos LA/FT en dichos sectores.

Finalmente, con relación a la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI, el Informe Final del Proyecto “Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI”, desarrollado con la asistencia técnica de SECO (22 de marzo de 2016), advierte como aspectos a mejorar o fortalecer en materia de LA/FT, entre otros, los siguientes: (i) las normas de prevención LA/FT; (ii) la asignación de recursos materiales, tecnológicos y humanos para desarrollar investigaciones criminales y patrimoniales; (iii) los procedimientos de intercambio de información; (iv) la generación y publicidad de estadísticas para demostrar efectividad del sistema; y, (v) la capacitación sobre todos los aspectos vinculados a la lucha contra LA/FT.

A partir de lo expuesto, conociendo la complejidad de la problemática que representa el LA/FT en el país, surge la necesidad de fortalecer el sistema nacional de lucha contra el LA/FT, para lo cual se requiere de una política nacional que establezca prioridades para el logro de resultados específicos en estas materias, así como fortalecer las acciones de las entidades vinculadas a la prevención, detección, investigación y sanción del LA/FT.

Para mayor detalle sobre los riesgos LA/FT en el país y los hallazgos que los sustentan, establecidos en la Evaluación Nacional de Riegos LA/FT y las Evaluaciones Sectoriales a las que se ha hecho referencia, ver el ANEXO 3. Y respecto al nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI, ver el ANEXO 4.

V. POLITICA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINACIAMIENTO DEL TERRORISMO

La presente Política Nacional, sobre la base del diagnóstico detallado en el punto III; y, luego de un proceso participativo, orienta la actuación del Estado para contrarrestar el fenómeno criminal del LA/FT que afecta al país, fijando el propósito que se busca alcanzar, los ámbitos prioritarios en que debe focalizar su intervención, las entidades que requieren asumir un rol, así como el conjunto de lineamientos que guían su actuación para alcanzar el propósito y los estándares de obligatorio cumplimiento.

5.1. OBJETIVO GENERAL

“Prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera eficiente, eficaz y articulada el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para contribuir a la estabilidad económica, política y social en el Perú”

Este objetivo plantea que, en el marco del Estado democrático y social de derecho13 que nos rige (artículos 3 y 43 de la Constitución Política del Perú); y, a partir de la participación activa y coordinada de todos los actores competentes, el Perú logre consolidar un sistema nacional de lucha contra el LA/FT adecuado.

5.2. PRINCIPIOS

PRINCIPIO 1: LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO

La actuación de todos los ciudadanos en la lucha contra el LA/FT debe desarrollarse con respeto y observancia de la Constitución Política del Perú, las leyes, los tratados internacionales ratificados por el Perú, las normas sectoriales y la jurisprudencia nacional e internacional vinculante.

PRINCIPIO 2. EFICIENCIA

Las entidades públicas y privadas involucradas en la lucha contra el LA/FT deben optimizar los recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo.

PRINCIPIO 3: EFICACIA

La actuación de las entidades públicas y privadas competentes en la lucha contra el LA/FT, debe orientarse al cumplimiento de metas y la obtención de resultados.

PRINCIPIO 4: COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La adopción de mecanismos que fomenten la ayuda mutua a nivel técnico y operativo entre las entidades públicas y privadas para fortalecer la lucha contra el LA/FT.

PRINCIPIO 5: COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Las entidades públicas encargadas de la prevención, detección, investigación y sanción del LA/FT deben utilizar y/o implementar mecanismos de colaboración mutua con sus entidades homologas y/o análogas en el extranjero; y, utilizar la cooperación judicial internacional, cuando corresponda.

PRINCIPIO 6: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Las normas, políticas, planes, procesos, acciones, así como los avances y resultados alcanzados en el ámbito de la lucha contra el LA/FT, deben ser comunicados de manera estratégica y oportuna, salvaguardando las reservas de ley, cuando corresponda.

PRINCIPIO 7: PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO

La sociedad civil y el sector privado deben contar con espacios que garanticen y promuevan su participación en la lucha contra el LA/FT.

5.3. EJES DE LA POLÍTICA

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EJE ESTRATÉGICO Nº 1: PREVENCIÓN

Comprende la identificación de los riesgos LA/FT, el funcionamiento del sistema de prevención LA/FT (regulación, supervisión y sanción) y la comunicación adecuada de operaciones sospechosas a la UIF-Perú.

EJE ESTRATÉGICO Nº 2: DETECCIÓN

Agrupa el análisis e investigación administrativa que se realiza para detectar o descartar un caso vinculado al LA/FT, el control administrativo que se debe ejercer para detectar dichos casos y su posterior comunicación a las autoridades competentes.

EJE ESTRÁTEGICO Nº 3: INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN

Comprende la investigación y sanción penal de los delitos de LA/FT, cuya responsabilidad recae en las entidades que integran el sistema de administración justicia, y que cuenta con la colaboración de otras entidades públicas.

EJE TRANVERSAL Nº 4: ARTICULACIÓN

Impacta en todo el sistema nacional de lucha contra el LA/FT y busca generar sinergias entre las entidades públicas que forman parte de la prevención, detección, investigación y sanción del LA/FT, la sociedad civil y el sector privado que juegan un rol en dicho ámbito.

5.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS, METAS, RESPONSABLES, LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EJE

La Política Nacional contiene cuatro (4) Objetivos Específicos- OE, una meta por cada OE, los responsables por cada OE, dieciséis (16) lineamientos y dieciocho (18) estándares nacionales de obligatorio cumplimiento (en adelante estándares), conforme al siguiente detalle:

eje ESTRATEGICO nº 1: prevención

objetivo especifico Nº 1:Identificar y controlar adecuadamente las actividades que posibilitan el LA/FT.”

META

El Perú cuenta con un sistema de prevención del LA/FT (regulación, supervisión y sanción) eficaz, diseñado sobre la base de un enfoque basado en riesgos.

RESPONSABLES

1. Sujetos obligados en materia de prevención LA/FT, detallados en el artículo 3 de la Ley Nº 29038.

2. Organismos supervisores en materia de prevención LA/FT, descritos en el artículo 9-A de la Ley Nº 27693.

3. Organismos reguladores en materia de prevención LA/FT: SBS y SMV.

LINEAMIENTOS

1. Realizar evaluaciones sectoriales en las actividades financieras o no financieras identificadas como pasibles de riesgos LA/FT.

2. Adoptar y/o proponer mejoras normativas que permitan la adecuada regulación de las actividades pasibles de riesgos LA/FT; así como la identificación del beneficiario final.

3. Adoptar y/o cumplir en forma efectiva las medidas de regulación, supervisión y sanción de lucha contra el LA/FT aplicables a los sujetos obligados financieros y no financieros.

4. Garantizar reportes de operaciones sospechosas de calidad y la retroalimentación por parte de la UIF-Perú.

ESTÁNDARES

Para el debido seguimiento del Eje Estratégico 1 “Prevención” de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento:

1. Porcentaje de sectores de sujetos obligados con evaluación de riesgos de LA/FT.

2. Número de normas que regulan adecuadamente las actividades pasibles de riesgos LA/FT y permiten la identificación del beneficiario final.

3. Número de normas de prevención LA/FT que son aplicadas por los sujetos obligados y los organismos supervisores, respectivamente.

4. Porcentaje de ROS que sirven como insumo para la labor de detección de la UIF-Perú.

EJE estrátegico Nº 2: DETECCIÓN

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2:Detectar y comunicar oportunamente las actividades vinculadas al LA/FT”

META

El Perú cuenta con un proceso de detección administrativa eficiente y oportuno de casos vinculados al LA/FT y que permite comunicar los resultados de dicha detección a las autoridades responsables de su procesamiento en el ámbito penal.

RESPONSABLES

1. SBS, a través de la UIF-Perú.

2. SUNAT.

3. Ministerio del Interior - PNP.

4. Ministerio Público.

LINEAMIENTOS

1. Fortalecer el acceso oportuno de las entidades encargadas de la detección e inteligencia financiera a información confiable, resguardando su confidencialidad.

2. Mejorar el control a nivel nacional y en las fronteras para detectar las actividades ilícitas generadoras del LA/FT.

3. Garantizar la comunicación oportuna a las autoridades competentes de las actividades vinculadas a LA/FT, resguardando su confidencialidad.

ESTÁNDARES

Para el debido seguimiento del Eje Estratégico 2 “Detección” de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento:

1. UIF-Perú accede, dentro de los plazos de ley, a información amparada bajo el secreto bancario y la reserva tributaria.

2. Número de operativos de control de dinero en efectivo y/o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador”, realizados en puertos, aeropuertos y centros de atención en frontera.

3. Número de operativos conjuntos entre entidades nacionales para el control de dinero en efectivo y/o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador”, realizados en puertos, aeropuertos y centros de atención en frontera.

4. Número de protocolos o acuerdos suscritos que permitan el intercambio de información, resguardando su confidencialidad.

EJE ESTRÁTEGICO Nº 3: INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 3: Investigar y sancionar eficaz y oportunamente a los involucrados en los delitos de LA/FT, cometidos a nivel nacional y/o internacional”.

META

El Perú cuenta con un sistema de administración de justicia (investigación y sanción penal) fortalecido, a fin de evitar la impunidad de las personas naturales y/o jurídicas que cometen delitos de LA/FT con incidencia a nivel nacional y/o internacional, lo cual también exige fortalecer a aquellas entidades que brindan un apoyo clave al mencionado sistema.

RESPONSABLES

1. Ministerio del Interior - PNP

2. Ministerio Público

3. Procuradurías Públicas

4. Poder Judicial

5. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

6. Todas las entidades públicas que pueden brindar un apoyo clave al sistema de administración de justicia (Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras).

LINEAMIENTOS

1. Fortalecer las capacidades operativas y de gestión de las autoridades de investigación y sanción penal del LA/FT.

2. Garantizar el pago de la reparación civil y la recuperación de activos.

3. Promover mejoras normativas que permitan una adecuada administración, ejecución y distribución de la reparación civil y la recuperación de activos.

4. Fortalecer el sistema de cooperación internacional en los ámbitos policial, fiscal y judicial frente al LA/FT.

ESTÁNDARES

Para el debido seguimiento del Eje Estratégico 3 “Investigación y Sanción” de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento:

1. Porcentaje de incremento en recursos asignados a los órganos encargados de la investigación y sanción penal de los casos de LA/FT.

2. Porcentaje de investigaciones por casos LA/FT iniciados bajo el nuevo Código Procesal Penal.

3. Diseñar un sistema de información estadística que produzca indicadores sobre el cobro efectivo de la reparación civil y de los activos recuperados en casos de LA/FT.

4. Número de normas que permiten mejorar la administración, ejecución y distribución de la reparación civil y la recuperación de activos.

5. Número de canales o espacios de cooperación internacional en los ámbitos policial, fiscal y judicial frente al LA/FT.

EJE TRANSVERSAL: ARTICULACIÓN

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 4: Fortalecer la participación activa y articulada del Estado, de la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra el LA/FT”.

META

El Perú cuenta con un sistema nacional articulado para luchar contra el LA/FT que involucra la participación activa de las entidades públicas, la sociedad civil y sector privado a nivel nacional.

RESPONSABLES

Todos los actores del sistema nacional contra el LA/FT: entidades públicas, sociedad civil y sector privado competente.

LINEAMIENTOS

1. Fortalecer la coordinación entre las entidades competentes así como las diversas comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales vinculados al LA/FT.

2. Optimizar el intercambio de información confiable, oportuna y segura en materia de LA/FT así como el trabajo conjunto de las autoridades públicas competentes frente al LA/FT.

3. Promover una cultura de legalidad con la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado.

4. Fortalecer las capacidades de todos los actores en la lucha contra el LA/FT.

5. Adecuar la normativa a los instrumentos y/o estándares internacionales en materia de lucha contra el LA/FT.

ESTÁNDARES

Para el debido seguimiento del Eje Transversal 4 “Articulación” de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento:

1. Número de comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales existentes vinculados al LA/FT en los que la presidencia de la CONTRALAFT o sus miembros participan, colaboran o aportan.

2. Número de proyectos y/o actividades conjuntas ejecutadas entre CONTRALAFT y otras comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales existentes vinculados al LA/FT.

3. Número de acciones de difusión para fomentar una cultura de la legalidad con la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado.

4. Número de programas de capacitación dirigidos a los actores involucrados en la prevención, detección, investigación y sanción de LA/FT.

5. Número de estándares internacionales en materia de lucha contra el LA/FT implementados a nivel nacional.

ANEXO 1

ENTIDADES PARTICIPANTES

ANEXO 2

Políticas, Planes Y ESTRATEGIAS RelacionadAs14

ANEXO 3

LOS RIESGOS LA/FT EN EL PAÍS

1. Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT

La Evaluación Nacional de Riegos LA/FT, elaborada en el marco de un proceso participativo15 permitió identificar cinco (5) Amenazas16 y cuarenta y tres (43) vulnerabilidades17; y, a partir de la evaluación de aquellas vulnerabilidades susceptibles de colaborar a que dicha amenaza se haga realidad, se establecen cuarentaitrés (43) riesgos en materia de LA/FT, los cuales fueron clasificados en: (i) Riesgo muy alto: prioridad muy alta, necesidad de mitigación urgente; (ii) Riesgo alto: prioridad alta, necesidad de mitigación de manera menos urgente; (iii) Riesgo moderado: prioridad moderada, necesidad de mitigación media; (iv) Riesgo bajo: necesidad de mitigación residual.

A efectos de la elaboración de la Política Nacional y su respectivo Plan que permitirá su implementación, se toman en cuenta sólo 32 riesgos que tienen un impacto directo en materia de LA/FT. Los 11 riesgos restantes ya vienen siendo abordados por otras entidades públicas en el marco de otros instrumentos (políticas, planes y estrategias), por ejemplo, los que se detallan en el ANEXO 1.

Amenazas (5)

Vulnerabilidades (32):

Riesgos LA/FT (32)

2. Evaluación Sectoriales de Riesgos LA/FT en los ámbitos minero y pesquero

Estas evaluaciones sectoriales, realizadas con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ, han permitido identificar los principales riesgos LA/FT en los sectores minero y pesquero, así como sus respectivos lineamientos de política para mitigarlos.

En el sector minero, se han identificado en orden de prioridad siete (7) riesgos: la minería ilegal del oro, minería ilegal de otros minerales, fondos del contrabando que se invierten en el sector minero, fondos del narcotráfico que se invierten en el sector minero, otras actividades ilícitas que lavan sus ganancias en el sector minero, clientes sospechosos y actividades terroristas financiadas por empresas mineras. Mientras que en el sector pesquero los riesgos LA/FT que ascienden a igual número (7) son: extracción ilegal, procesamiento ilegal, comercialización ilegal, fondos del narcotráfico que se invierten en el sector pesquero, otras actividades ilícitas que lavan sus ganancias en el sector pesquero, clientes sospechosos y actividades terroristas financiadas por empresas pesqueras.

ANEXO 4

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI

El informe de evaluación mutua realizado al Perú en el marco de la III Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFISUD (actualmente GAFILAT) del 31 de julio del 2008 dio cuenta del grado de cumplimiento de las 49 Recomendaciones (hoy las 40 Recomendaciones de febrero del 2012). En efecto, el informe establece que 10 de ellas habían sido cumplidas; 14 mayoritariamente cumplidas; 24 parcialmente cumplidas y solo 1 no cumplida.

Como resultado de esta evaluación se determinó que en las Recomendaciones claves del GAFI, como son las Recomendaciones 5, 10, 13, y las Recomendaciones Especiales I, III y IV, el Perú obtuvo una calificación de Parcialmente Cumplido, lo cual motivó que sea sometido a un proceso de “Seguimiento Intensificado”18.

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Posteriormente, la SBS, con el objetivo de preparar al país para lograr una adecuada implementación de las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI y lograr una buena calificación en la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas, implementó el proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades del Perú para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica – GAFISUD” (marzo 2013 a enero 2014); y, sobre la base de las recomendaciones de éste, ejecutó el proyecto “Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI” (noviembre 2014 a marzo 2016). Ambos con el financiamiento de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la Cooperación Suiza – SECO.

En el marco del segundo proyecto, el 11 de marzo de 2016 se presentó el Informe Final. Entre los temas de cumplimiento técnico que consideró como prioritarios a ser abordados por el Estado, se señalaron los siguientes:

- La Evaluación Nacional de Riesgos y las Evaluaciones Sectoriales de Riesgo, con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR).

- Actualización del Plan Nacional de Lucha contra el LA/FT.

- Contar con un marco normativo adecuado, que establezca, entre otros aspectos, el acceso a la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria y la adecuada tipificación del LA/FT.

- Establecer la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por LA/FT.

- Debido cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

- Generar y publicar estadísticas para demostrar la efectividad LA/FT.

- Mejorar la capacidad de los operadores de justicia.

- Creación de una Mesa de Trabajo para implementar las R8 y R24.

- Procedimientos para intercambio de información.

- Capacitación en las materias recomendadas.

Para implementar parte de dichas recomendaciones se presentaron varios proyectos de ley ante el Congreso de la República; sin embargo, fue sólo a partir de la emisión de la Ley Nº 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana por un plazo de 90 días calendario, del 9 de octubre del 2016, que se emitieron los Decretos Legislativos que recogieron en casi su totalidad los cambios normativos sugeridos.

En tal sentido, a continuación se detallan las normas emitidas en el periodo abril 2016 a enero 2017, que han permitido cumplir la mayoría de las debilidades identificadas:

Leyes emitidas en el periodo abril 2016-enero 2017

En efecto, mediante la Ley Nº 30437 se otorga expresamente a la UIF-Perú la potestad para congelar activos y fondos de las personas vinculadas al terrorismo, el FT y a la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones del Consejo de Seguridad ONU Nº 1267, Nº 1373, Nº 1718 y Nº 2231. Se trata de una medida de carácter administrativa (no penal) y preventiva, sujeta a ratificación de un juez, quien debe pronunciarse en 24 horas.

Posteriormente, mediante Decreto Legislativo Nº 1249 se dictaron medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del LA/FT. Entre las principales modificaciones se tiene:

Acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria de la UIF-Perú con autorización judicial: se concede a la UIF-Perú la potestad de solicitar en cada caso que investiga administrativamente al Juez Penal de Lima el acceso a las reservas tributaria y bancaria, quien cuenta con un plazo de 48 horas para resolver la solicitud, debiendo tramitarla en forma reservada, sin participación del afectado. Emitida la autorización judicial, las entidades financieras y la Administración Tributaria deben remitir la información a la UIF-Perú en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Incorporación de nuevos sujetos obligados: (i) procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito; (ii) empresas de préstamos; (iii) juegos y apuestas deportivas a distancia utilizando el internet u otro medio; (iv) empresas que otorgan financiamiento sin intermediación bancaria; (v) abogados y contadores que realicen de manera habitual actividades de asesoramiento financiero y servicios societarios en nombre de un tercero o por cuenta de este. A nivel del sector público se incorporan las Empresas del Estado, gobiernos regionales, municipios provinciales, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Incorporación del sistema de prevención LA/FT acotado: se establece que algunos sujetos obligados, teniendo en consideración sus especiales características, pueden implementar un sistema de prevención LA/FT acotado, a diferencia del sistema de prevención LA/FT general que ya viene siendo implementando. El sistema acotado implica, por parte del sujeto obligado, únicamente la obligación de designar un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva; y, prevenir, detectar y comunicar a la UIF-Perú, operaciones sospechosas a través de un ROS.

Modificaciones a la legislación penal sobre LA: se precisa que la autonomía del delito de LA no sólo comprende el ámbito de investigación y procesamiento, sino también el de la sanción; y, se incluye expresamente como delito precedente del LA al FT. Asimismo, se recoge dentro del tipo penal “Actos de ocultamiento y tenencia” la expresión “posee” y se elimina la referencia a la finalidad.

Modificaciones a la legislación penal sobre FT: se incluye expresamente que los fondos pueden tener origen lícito o ilícito y se sanciona a quienes proporcionan a los terroristas individuales o a los grupos terroristas financiamiento para asegurar su existencia.

Asimismo, mediante Decreto Legislativo Nº 1298 se modifica el artículo 264 del Código Procesal Penal, estableciéndose que la detención preliminar judicial en delitos complejos (entre ellos, el LA) pueden durar un plazo máximo de siete (7) días; y, cuando se trate de delitos cometidos por organizaciones criminales, puede durar un plazo máximo de diez (10) días.

Finalmente, se emitió el Decreto Legislativo Nº 1352 que establece la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas involucradas en casos de LA/FT, contemplándose medidas para sancionarlas en forma directa como la disolución o la multa. Asimismo, se prevé que las personas jurídicas que implementen programas efectivos de prevención podrán eximirse de responsabilidad.

Este marco normativo se ha reforzado con diversas normas sectoriales que ha emitido la SBS, aplicables a los sujetos obligados en materia de prevención LA/FT, durante el 2016.

Con relación a la mejora de la efectividad, entendida por el GAFI como “el grado en que se logran los resultados definidos”, el informe plantea las siguientes observaciones:

A fin de cumplir las observaciones formuladas en el ámbito de efectividad se han desarrollado las siguientes acciones:

Se culminó con la Evaluación Nacional de Riesgos en materia de LA/FT y las Evaluaciones Sectoriales de Riesgo en materia de LA/FT para el sector minero y pesquero, cumpliendo lo contemplado en la R 1.

Desde finales del 2015 a la fecha se viene desarrollando el Proyecto “Sistema de Información Estadística sobre LA/FT”, con el apoyo técnico de la Cooperación Alemana Implementada por GIZ, cuyo objetivo es el de generar información sobre los sistemas Anti LA/FT, mediante un mecanismo de automatización de producción de información, con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y la UIF-Perú; lo cual sería finalmente publicado por el Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y la Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Entre los temas más importantes que aún estarían pendientes de dar cumplimiento a fin de contribuir al componente de efectividad, se tienen:

- Norma que establezca un sistema de autorización (licenciamiento) para la constitución y funcionamiento de las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de divisas (RI2).

- Después de identificar los riesgos por sectores, se requerirá de una retroalimentación entre los diferentes sectores, para tener una comprensión general de los riesgos (RI4).

- Identificar, a través de una evaluación de riesgos, aquellos tipos societarios de mayor exposición al riesgo (RI5).

- Desarrollar un plan de capacitación que permita trasladar los conocimientos y experiencias en esta materia a las distintas autoridades competentes, a la comunidad, sobre los riesgos del mal uso de las personas jurídicas y fideicomisos (RI5).

- Mecanismos de coordinación y retroalimentación entre las distintas autoridades en el marco de una investigación penal, a fin de fomentar el trabajo interinstitucional y el desarrollo de equipos multidisciplinarios (RI6).

- Programa de capacitación amplio y profundo sobre todos los aspectos vinculados a la lucha contra el LA/FT. Asegurar la permanencia en los cargos de los funcionarios que reciben la capacitación (RI7).

- Dotar a las autoridades de campo de los recursos materiales, tecnológicos y humanos adecuados para desarrollar investigaciones criminales y patrimoniales (RI9).

- Fomentar el inicio de una investigación patrimonial cada vez que se desarrolle una investigación criminal por un delito precedente o por LA/FT, con el objeto de identificar todos los activos vinculados al hecho criminal (RI8).

Cabe resaltar que el Perú, producto del trabajo impulsado por la UIF, como coordinador nacional, salió del proceso de seguimiento intensificado el 5 de agosto del 2016, por decisión del Pleno del GAFILAT, al haberse constatado los avances realizados por el país y el compromiso político para superar las deficiencias detectadas en el 2008.

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